Un vecino denuncia una construcción en Aduana Vieja, junto a Kelibia

Hace unos días, IU denunciaba al ayuntamiento por permitir la extracción de agua del acuífero mediante bombeo. Ahora nos llega una carta de un vecino en que, además de incidir en el tema del ataque al acuífero, se hacen otras observaciones acerca de la construcción prevista. El Área de Urbanismo de IU está estudiando todos los datos expuestos por este vecino y haciendo las consultas pertinentes en el ayuntamiento. Los extremos denunciados por el vecino afectado son los siguientes:

1. Parte de la parcela está incluida como zona verde en el P.G.O.U DE ALMUÑECAR  en la aprobación inicial.

2. La vivienda está dentro del conjunto histórico de Almuñécar y tiene una normativa que especifica  en el plan de 1987 (aún vigente) que las condiciones relativas a la altura, tamaño de parcela, porcentaje de ocupación, separación de lindes, fachada mínima y en su caso construcción de edificios auxiliares serán iguales a los existentes. Los proyectos de nuevas edificaciones contendrán un croquis detallado y fotografías DE LA FACHADA DE LA EDIFICACIÓN COLINDANTES con el fin de garantizar la unidad, integración y coherencia entre los diferentes volúmenes y elementos arquitectónicos, de modo que no resulten alteradas las características que se pretenden conservar.

3. La volumetría de este nuevo proyecto no es adecuada y es incompatible con la Ordenación vigente. Los vuelos del nuevo proyecto superan los establecidos contemplándose un número excesivo de plantas para una calle tan estrecha.

4. Se contemplan nuevos sistemas constructivos, así como acabados no acordes con las características tradicionales del área, no cumple las normas genéricas del conjunto histórico.

5. Se apropian de parte de vía pública para el disfrute del mismo proyecto.

6. Se está llevando a cabo en el solar situado extracción de agua dulce proveniente del acuífero de Río Verde, con utilización permanente de bombas de extracción para achicar el agua que invade la obra. El resultado es ecológicamente desastroso pues se está sacando agua del acuífero para tirarla al mar.

El art. 20.3 de la Ley 16/1985 de junio, de Patrimonio Histórico Español, establece: " Hasta la aprobación definitiva del Plan Especial, El  otorgamiento de licencias precisará resolución favorable de la administración competente.."

El articulo 22 citado texto legal dice: "Cualquier obra o remoción del terreno que se proyecte realizar en un Sitio Histórico o en una Zona Arqueológica declarados Bien de Interés Cultural deberá ser autorizada por la Administración competente para la protección de dichos bienes, que podrá, antes de otorgar la autorización, ordenar la realización de prospecciones y, en su caso, excavaciones arqueológicas, de acuerdo con lo dispuesto en el Titulo V de la presente Ley".

El articulo 23 de dicha Ley dice: "1. No podrán otorgarse licencias para la realización de obras que, conforme a lo previsto en la presente Ley, requieran cualquier autorización administrativa hasta que ésta haya sido concedida. 2. Las obras realizadas sin cumplir lo establecido en el apartado anterior serán ilegales y los Ayuntamientos o, en su caso, la Administración competente en materia de protección del patrimonio Histórico podrán  ordenar su reconstrucción o demolición con cargo al responsable de la infracción en los términos previstos por la legislación urbanística.

IU da un nuevo impulso a la Ley de Dependencia

El Grupo Parlamentario de IU-ICV ha logrado que el Pleno del Congreso apruebe una propuesta de resolución que insta al Gobierno a establecer un crecimiento no inferior al 25 por ciento sobre la previsión de la memoria económica de la Ley de Dependencia  para el próximo año (678,6 millones de euros).

De esta forma, como señala la iniciativa, debe haber "mayor compromiso económico en los Presupuestos de 2008 para la aplicación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia".

El CGPJ suspende a un juez de Marbella investigado en el caso Malaya

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial acordó hoy por unanimidad la suspensión cautelar en sus funciones al titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Marbella (Málaga), Francisco Javier de Urquía, investigado en el "caso Malaya" por delitos de prevaricación y cohecho.

La Comisión Permanente acordó estudiar el caso después de recibir el auto del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en el que se abría un procedimiento penal a este magistrado a raíz de la investigación abierta contra él por su compañero Miguel Ángel Torres, instructor del "caso Malaya", en el que se trata de esclarecer la trama de corrupción en el Ayuntamiento de Marbella.

Francisco Javier de Urquía es instructor entre otros casos de la llamada "operación Hidalgo" contra el blanqueo de capitales. En la "operación Hidalgo", en la que se investiga un presunto delito de blanqueo de capitales a gran escala, hasta el momento se han practicado 23 detenciones, entre ellas las de varios abogados y notarios, y se han intervenido unos 92 millones de euros depositados en 632 cuentas de 22 entidades bancarias y 553 propiedades inmobiliarias.

NOTICIAS RELACIONADAS CON ESTE JUEZ

20 de abril de 2006

El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Marbella, Francisco Javier de Urquía, dictó el pasado miércoles una orden de detención contra el multimillonario Rifaat al Assad, tío del presidente de Siria, Bachar al Assad, y responsable de una lujosa comunidad de propietarios de Puerto Banús que supuestamente habría recibido tratos de favor por parte del Ayuntamiento marbellí. La denuncia la interpuso el presunto traficante internacional de armas sirioargentino Monzer Al Kassar, residente desde hace más de 10 años en Marbella, que también acusó a Al Assad de utilizar el dinero de la comunidad de propietarios para realizar unas obras de embovedado de un río en terrenos ajenos a la urbanización. Ante el juez De Urquía ya han declarado Manuel M., vicepresidente de la comunidad de propietarios en 2003, 2004 y 20005; y Manuel F. I., secretario administrador durante el mismo periodo de tiempo. Están acusados de estafa y apropiación indebida.

7 de febrero de 2007

El titular del Juzgado número 2 de Marbella (Málaga), Francisco Urquía, dejó este martes en libertad con cargos y sin fianza a los cuatro policías locales detenidos tras la muerte de un hombre mientras era reducido por los agentes y que fueron suspendidos del servicio de forma cautelar mientras se realiza la investigación judicial. El juez ya dejó en libertad sin cargos a los dos ciudadanos que ayudaron a los agentes a reducir al hombre, ambos de nacionalidad española y que trabajan en la zona donde se produjeron los hechos.

19 de abril de 2007

Los tres notarios detenidos el pasado martes en el marco de la 'operación Hidalgo' quedaron anoche en libertad con cargos tras prestar declaración ante el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Marbella. El juez les ha imputado un presunto delito de blanqueo de capitales. A M.P.M. le impuso una fianza de 50.000 euros, mientras que a los dos restantes, J.M.C.C. y M.A.B.M., que comparten despacho y que ya habían sido detenidos hace dos años en el marco de la 'operación Ballena Blanca', les fijó sólo la obligación de comparecer en el juzgado cada quince días. En las mismas condiciones recuperaron la libertad las otras cuatro personas que ayer comparecieron ante el juez. Se trata de dos empleadas del bufete de abogados Cruz-Conde, en el que se centran las investigaciones; la secretaria del despacho de asesoría fiscal Santa Ana, vinculado al anterior, y de una cuñada de Rafael Cruz-Conde, el principal implicado. A todas ellas, el juez les ha imputado también por un presunto delito de blanqueo de capitales, aunque las ha dejado en libertad sin fianza.

El PSOE propone un pacto sobre los sueldos de ediles para no “atracar” al contribuyente

El PSOE ha planteado un acuerdo con el resto de partidos para “evitar los atracos” que se producen con la subida arbitraria de los sueldos por parte de los alcaldes y concejales de las nuevas corporaciones locales. Para ello, propone fijar la remuneración en función de la situación económica de los municipios, el número de habitantes y el grado de liberación, responsabilidad y carga de trabajo de los representantes políticos.

La propuesta lanzada por el secretario de Política Municipal del PSOE, José García Giralte, se produce después de las denuncias que han aparecido sobre subidas salariales desmesuradas por parte de algunos alcaldes, una práctica que, al no estar regulada, “supone un atraco a los bolsillos de los contribuyentes”. A juicio del responsable socialista, los honorarios de los munícipes deben ser “dignos pero adecuados” a las características del municipio y a la situación personal de los representantes. “No renunciamos a homogeneizar los sueldos en los ayuntamientos de Andalucía”, puntualizó García Giralte  quien considera que los incrementos deben ser decisiones discretas.

La iniciativa del PSOE tuvo ayer respuesta inmediata de IU que considera positiva la equiparación de sueldos partiendo de criterios razonables. El coordinador de Comunicación y Prensa, Francisco Puentedura, explicó que, a la hora de fijar los honorarios de  los alcaldes y concejales de IU con dedicación exclusiva, aplican sus estatutos. “Un concejal o alcalde liberado no puede cobrar más dinero de lo que venía percibiendo con su anterior trabajo”, aseguró Puentedura quien, no obstante, aclaró que aquellos que superan su anterior salario deben reembolsar la diferencia al partido.

Los que no quisieron pronunciarse sobre la propuesta del PSOE fueron los dirigentes del PP que están recopilando información sobre las retribuciones que perciben  los alcaldes socialistas. Ya en su día, cuando se cuestionó la subida pactada con el PSOE del sueldo de los corporativos de Granada capital,  los populares echaron mano de los honorarios que percibían algunos alcaldes socialistas, según ellos, mayores que el de José Torres Hurtado. Entre los ejemplos que citaron estaban el del alcalde de Loja, Miguel Castellanos, en torno a 60.000 euros y el ex alcalde de Motril, Pedro Álvarez, que, según su sucesor Carlos Rojas, cobraba 120.000.

IU-ICV saca adelante en el Congreso una importante resolución para luchar de manera efectiva contra la corrupción urbanística

IU-ICV ha logrado sacar adelante hoy en el Pleno del Congreso en el que se han votado las propuestas de resolución con el que ha finalizado el debate sobre el estado de la Nación seis de las que había presentado. Entre estas está una que este grupo parlamentario valora como “muy importante y fundamental para los próximos meses” sobre la lucha contra la corrupción urbanística.

A través de esta resolución se logra que antes del final de legislatura llegue a la Cámara un proyecto de ley para reformar el Código Penal y endurecer las penas para toda una batería de delitos relacionados con la corrupción urbanística. Además, se mejorarán los recursos materiales y humanos de todas Fiscalías de los Tribunales Superiores de Justicia de las CC.AA encargados de estos delitos, así como reforzar a la Agencia Tributaria para investigar y perseguir los incrementos de patrimonio carentes de justificación.

La resolución aprobada recoge también el próximo envío a la Cámara de un proyecto de ley que endurezca el régimen de incompatibilidad de cargos públicos en toda la Administración, así como otro proyecto de ley para la financiación de las Haciendas Locales que garantice el principio de suficiencia financiera.

Todas estas medidas se acompañan con otras para desarrollar con la mayor urgencia las medidas preventivas contempladas en la nueva Ley del Suelo frente a la especulación y la corrupción, así como para reforzar el Pacto Antitrasfuguismo y velar para que se cumpla el compromiso de que no se formen gobiernos municipales o autonómicos con quienes hayan abandonado sus formaciones.

El texto íntegro y definitivo de la resolución, tras la enmienda aceptada, señala que:

Sobre la lucha contra la corrupción urbanística

Los delitos vinculados a la corrupción urbanística confluyen de modo creciente con la corrupción política, atentan contra el patrimonio público, debilitan la credibilidad de las instituciones democráticas y vulneran derechos fundamentales como el derecho a la vivienda y al medio ambiente.

El Pacto Antitransfuguismo suscrito en su día por los partidos políticos no se aplica con el debido rigor y se ha mostrado insuficiente para evitar la proliferación de candidaturas “independientes” y de “partidos de constructores” que persiguen su acceso a las instituciones para hacer prevalecer los intereses particulares sobre el interés público.

El modelo de crecimiento de nuestro país, especialmente en la última década, se ha asentado de forma creciente y desproporcionada en el sector inmobiliario, propiciando el incremento de los casos de corrupción empresarial y política, todo ello en detrimento de la buena imagen y honradez de la inmensa mayoría de los empresarios y cargos públicos locales.

Todavía queda mucho por hacer para atajar este tipo de delitos. Por ejemplo, en los últimos 15 años de existencia de la Agencia Tributaria el número de efectivos sólo ha crecido un 6% hasta alcanzar un total de 6.000, de los que sólo una parte está asignada al cumplimiento de la Ley de Prevención del Fraude Fiscal.

Si bien es cierto que en la presente legislatura se han puesto en marcha medidas de prevención y represión de este tipo de delitos –como la nueva ley de Suelo, el robustecimiento de la Fiscalía Anticorrupción y de las Fiscalías especializadas en delitos contra el Medio Ambiente y el Urbanismo- las normas actuales se han revelado insuficientes para contrarrestarlos, para lo que se requiere una batería de medidas urgentes y ejemplares.

En la presente iniciativa se proponen, entre otras, una serie de medidas orientadas al endurecimiento del Código Penal; el fortalecimiento del la Agencia Tributaria; la necesidad de una nueva ley de financiación de las Haciendas Locales; la transparencia de los procedimientos urbanísticos y la participación ciudadana; la aprobación de un Código Ético suscrito por las formaciones políticas para separar de las instituciones a las personas imputadas o condenadas por delitos de corrupción.

Por todo ello,

El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a liderar un Pacto de Estado contra la Corrupción que, en particular, contenga las siguientes medidas:

1) Traer con la mayor urgencia al Parlamento un conjunto de reformas legales previamente consensuadas:

a) proyecto de ley de reforma del Código Penal que contenga un endurecimiento adecuado de las penas por delitos contra la ordenación del territorio, malversación de caudales públicos, prevaricación con fines de lucro, cohecho, tráfico de influencias, enriquecimiento injusto con recursos públicos o privados, blanqueo de dinero y otros que concurren en este fenómeno, con el fin de garantizar su efectividad en la lucha contra la corrupción ligada al urbanismo.

b) proyecto de ley de financiación de las Haciendas Locales que garantice el principio de suficiencia financiera.

c) proyecto de ley que endurezca el régimen de incompatibilidad de cargos públicos en las distintas esferas de la Administración que tuvieren relación con la planificación del territorio y de las infraestructuras. En particular, se regulará la incompatibilidad de los altos cargos de gobierno municipales y de los miembros de las Comisiones provinciales y autonómicas de Urbanismo, en relación con responsabilidades empresariales o profesionales de nivel directivo vinculadas a la construcción y el urbanismo.

2) Desarrollar con la mayor urgencia las medidas preventivas contempladas en la nueva ley de Suelo frente a la especulación y la corrupción, con especial atención a la transparencia, información pública y participación ciudadana en los acuerdos e instrumentos de planeamiento urbanístico, incluyendo los convenios municipales

3) Incrementar y mejorar los recursos humanos y materiales de las Fiscalías de los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas, especialmente en aquellas más afectadas por este tipo de delitos

4) Reforzar la Agencia Tributaria, con mayor dedicación de sus efectivos a la aplicación de la Ley de Prevención del Fraude Fiscal, intensificando la investigación y persecución de los incrementos desmesurados del patrimonio carentes de justificación.

5) Reforzar el Pacto Antitransfuguismo y velar por el cumplimiento del compromiso de no formar gobiernos municipales o autonómicos con quienes hayan abandonado sus respectivas formaciones políticas firmantes.

6) Impulsar un “Código Ético” suscrito por las formaciones políticas, que trasladarán a sus respectivos estatutos y recogerá el compromiso de denunciar ante la Fiscalía cualquier dato de corrupción que conozcan y a separar de las instituciones a las personas imputadas o condenadas por delitos de corrupción.”

Un centenar de afganos mueren en un bombardeo aéreo de EEUU

Morgan 

Nadie ha muerto en Inglaterra pero ha bastado que aparezcan dos coches con explosivos para que la noticia ocupe las primeras páginas de todos los periódicos y abra todos los informativos. Ayer han matado a más de cien personas en Afganistán. La mayoría eran ciudadanos normales, lo que se llama civiles. Eran niños, mujeres, hombres. Iban a la escuela, o venían de comprar leche. Alguno estaría rezando. Otro leía. Quizá alguno arreglaba un grifo que goteaba. Eran seres humanos, y quizá con eso debería bastar. Pero esos cientos de seres humanos no cabían en las portadas de los periódicos. No vienen en las portadas de Ideal, ni en El País, ni en El Mundo ni en ningún otro medio de comunicación. Si busca uno en páginas interiores, encontrará una breve reseña hablando de talibanes y de provocación. Quizá hoy den una breve información en el telediario, no sin antes aclarar que previamente al bombardeo hubo un ataque al glorioso ejército de los Estados Unidos. Asco me da. La noticia es ésta:

Hasta 130 personas, entre ellas insurgentes y unos 30 civiles afganos, podrían haber muerto en un bombardeo aéreo del Ejército estadounidense en el sur de Afganistán, informaron ayer fuentes oficiales.

El suceso ocurrió en la noche del viernes en el distrito de Gerishk, de la conflictiva provincia de Helmand, cuando tropas conjuntas afganas y estadounidenses cayeron en una emboscada de un grupo de rebeldes talibanes.

Cuando las tropas respondieron al fuego, los atacantes huyeron al pueblo cercano de Haidarabad, que fue bombardeado posteriormente por las fuerzas aéreas de la coalición, lo que causó la muerte de al menos 120 personas, entre ellas unos 30 civiles, según dijo el gobernador del distrito de Gerishk, Dur Alishah.

"Las fuerzas de la Coalición bombardearon el pueblo y mataron a unas 130 personas, entre civiles y hombres armados", aseguró Alishah, quien confirmó que al menos 30 civiles murieron y cinco viviendas quedaron destruidas.

Alishah aseguró que los funcionarios enviados sobre el terreno informaron de que entre los muertos había mujeres y niños, pero que los lugareños estaban tan enfadados que no permitieron a los oficiales comprobar el número exacto de fallecidos.

¡Qué cruz, Señor!

Miguel Ángel Santos Guerra

Los obispos están empeñados en que los católicos ejerciten la objeción de conciencia ante la asignatura Educación para la ciudadanía. Una asignatura que ya tienen, como obligatoria, 14 países europeos y que es fruto de una sabia y oportuna sugerencia de la Unión. El argumento fundamental que utilizan es que el Estado no puede inmiscuirse en la educación de los alumnos, ya que los padres y madres tienen la responsabilidad única de la educación. El Estado no, pero la Iglesia sí. La contradicción en la que entran no puede ser más clamorosa. Si nadie debe decirles a los hijos cómo han de comportarse, los obispos tampoco. Pero claro, ellos son el bien y el Estado es el mal. O mejor dicho, el gobierno socialista es el mal. Y ¿cómo puede salir el bien del mal?

Tienen su gracia los señores obispos. Y no me refiero a la gracia divina, precisamente.Dicen que la ministra “amenaza” a los objetores (qué mala, qué cruel, dicen) cuando lo que hace es exigir el cumplimiento de la ley: los alumnos no obtendrán la titulación sin completar el curriculum. Lógico. Sensato. Justo. Porque se trata de una asignatura imprescindible impuesta a través de una ley sancionada por los representantes del pueblo. Puede que una ley no sea justa pero hombre, no precisamente ésta que pretende ayudarnos a vivir en democracia.

Curiosamente la Federación Española de Religiosos de la Enseñanza acepta (no sé si de buen grado) la asignatura, aunque tiene que añadir la coletitlla de que la impartirá conforme a su ideario. Y es que el “ideario” es consustancial a los centros religiosos. Monseñor Antonio Cañizares ha dicho al respecto que “la LOE es un mal” y que colaborar con la LOE es colaborar con el mal. Y se queda tan ancho.

Resulta que lo que pretende la asignatura es enseñar a vivir en democracia, a convivir con los demás. ¿No están de acuerdo con este planteamiento los señores obispos? Comparar esta asignatura con la Formación del Espíritu Nacional es una solemne torpeza. Porque aquella era una asignatura nacida en y para la dictadura y ésta es una asignatura de y para la democracia. Claro que con aquella asignatura sí estaban de acuerdo los señores obispos y a nadie pidieron que ejerciera su derecho a la objeción de conciencia. ¿Estaban de acuerdo con los planteamientos de aquella asignatura, estaban de acuerdo con su implantación en el curriculum? ¡Qué calladitos estaban! ¡Y con qué fervor la aplaudían!

Según esa tesis, los obispos deberían pedir que se ejerciese el derecho a la objeción en la asignatura de Filosofía. O en la de Historia. ¿Cómo van a oír hablar los niños de Marx o de Hegel? ¿Cómo van a escuchar la doctrina de Lutero? Sólo los padres y las madres tienen el derecho de elegir la educación que quieren dar a sus hijos. Qué celo el de los señores obispos. No sé si estarán tan decididos a defender el mismo derecho de los padres o madres comunistas, ateos, agnósticos o librepensadores. Claro que eso ya es harina de otro costal. Esas ovejas están fuera del redil. Están descarriadas.

Dicen que la asignatura Educación para la ciudadanía es indoctrinación. Creo que aquí se puede aplicar el conocido refrán: “cree el ladrón que todos son de su condición”. Lo que ellos propugnan en las clases de religión en las escuelas no es indoctrinación, es formación, es educación. Estoy totalmente de acuerdo en que hay que distinguir entre educación e indoctrinación. Pero la diferencia no depende del contenido de la información que se transmite sino de la libertad que se deja a quien la recibe.

Si los obispos hubieran cursado y aprobado una asignatura como la que se propone entenderían ahora que hay que respetar el pensamiento de todos, que no todos los que piensan algo distinto a nosotros están equivocados y que hay muchas opciones respetables a la hora de definir qué es matrimonio y homosexualidad y nacionalismo y…

El deber de la escuela es enseñar a pensar y también el de enseñar a convivir. Y eso no depende de qué partido se halla en el gobierno. Claro que debe explicarse a los niños qué es la familia (no necesariamente la familia cristiana, sino la familia), claro que debe explicárseles lo que es la sexualidad (la que dice la ciencia. no el Vaticano), lo que es la homosexualidad… Resulta que cuando alguien explica estas cosas a los niños indoctrina, pero cuando la Iglesia explica que… entonces educa y salva.

Como profesor, tengo el deber de explicar mi materia y el deber de formar en unos valores que cimentan la convivencia democrática. No a inculcarles mis ideas, pero sí a proponerles unos valores que se pueden consensuar en una sociedad democrática. Si un alumno falta al respeto a otro, ¿debo callarme porque sólo los padres pueden intervenir en la educación de los hijos? ¿Si un alumno golpea a otro, debo dejarle que siga haciéndolo porque sólo los padres y las madres tienen el sacrosanto derecho de educar a sus hijos e hijas? No me hagan reír, por favor.

¿Por qué tenemos que escuchar la opinión de los obispos sobre todo lo que sucede en el país? ¿Qué nos importa a muchos lo que piensan? ¿Por qué no se limitan a predicar en sus iglesias o a enseñar en sus catequesis? ¿Por qué no se oye la opinión de las demás religiones? El que haya una mayoría de católicos no justifica el desprecio de la minorías. ¿Por qué los señores obispos no se ocupan de esas minorías cuando son mayoría y por qué utilizan el derecho de las minorías cuando ellos lo son? ¡Qué cruz, Señor!

Prisión para el ex edil de Obras de San Bartolomé de Tirajana

Malaya, Troya, Paraíso...

Francisco Guedes, concejal del Centro Canario Nacionalista (CCN) y el constructor Alejandro Navarro Miñón ingresaron en prisión provisional sin fianza en la madrugada de este domingo acusados de delitos de corrupción cometidos en el ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, en la isla de Gran Canaria.   

La jueza mantuvo los cargos de cohecho, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias para Guedes, ex concejal de Vías y Obras del PSC-PSOE, y el de cohecho para Navarro, propietario de la constructora Mazzoti.

Los otros cuatro detenidos en el marco de la 'Operación Paraíso' fueron puestos en libertad con cargos. Se trata del hijo del edil, Jonás Guedes López, acusado de cohecho y blanqueo de capitales; el secretario municipal del ayuntamiento, Antonio Muñiz González; y los empresarios Antonio Hernández Rodríguez y su hijo Antonio Esteban Hernández Perera, estos tres últimos imputados por cohecho, revelaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

Los socialistas expulsaron a Guedes, conocido como 'Pacuco', el año pasado por su polémica gestión municipal, que le hizo acumular varias denuncias por irregularidades. Por su parte, Navarro ya fue imputado en 2006 en el 'Caso Faycán' por presunta corrupción urbanística en el ayuntamiento de Telde.

Con la Iglesia hemos topado

Davox 

Siempre han estado ahí, en la sombra, hasta que encuentran el momento para escupir veneno; siempre colocados a la derecha del poder, arremetiendo contra éste si no se arrodilla ante sus oscuros intereses que anteponen a todo. Otra cosa es que pensemos lo contrario, pero la Iglesia no se ha modernizado ni se ha adaptado a la sociedad actual ni un ápice. Esa modernización queda muy lejos cerrando iglesias que sustituyen las hostias por rosquillas o las sotanas por pantalones vaqueros, negándose a aceptar la variedad de inclinaciones sexuales u obstaculizando la asignatura de educación cívica.

“La división del hombre”, “adoctrinar ideológicamente”, ”totalitarismo radical”, “colaborando con el mal”… Estas frases valdrían perfectamente para recordar el pasado reciente de la Iglesia en España pero, paradójicamente, quienes las han pronunciado son el Arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco y el vicepresidente de la Conferencia Episcopal, Antonio Cañizares, refiriéndose a la asignatura propuesta por el gobierno de Zapatero, Educación para la ciudadanía. Estos “jefes” de la Iglesia española están realizando una campaña por la objeción de conciencia hacia dicha asignatura desde que fue aprobada por el Parlamento.

Quizás lo que le haga falta a esta Iglesia reaccionaria, estancada aún en su época pletórica del franquismo, es ahogarla con sus propias palabras y no hace falta irse mucho tiempo atrás: tan sólo hace 3 años, en 2004, la Iglesia defendió, como ha corroborado el diario El país, que “es el Estado el que decide las asignaturas que estudian los alumnos. Los que no estén de acuerdo con alguna, que vayan a los tribunales. Lo que no se puede hacer es dejar la decisión en manos de los particulares, alumnos o padres”; hoy dicen que no ven bien que el Estado ocupe “la tarea de educador”.

¿Quién si no?, ¿Los catequistas?; el hecho de que una asignatura eduque a los ciudadanos de un país sobre los derechos humanos y el civísmo no solo es posible sino necesario. Los libros de Educación para la ciudadanía no adoctrinan a los alumnos como sí lo hacen los de Religión, que inculcan creencias en las escuelas cuando deberían hacerlo en las iglesias.

La única explicación que se me viene a la cabeza al ver que la Iglesia arremete contra una asignatura que para nada se opone a la propia Iglesia es que teman que peligre su propia doctrina, tan bien protegida durante muchos años. Lo que ellos quisieran sería acaparar un monopolio de la educación pero la realidad es bien distinta: la educación es el pilar que puede cambiar el mundo y ha de ser pública y laica. No debe haber más concesiones: Educación para la ciudadanía será una asignatura obligatoria, y todo lo que sea no impartirla será incumplir la ley

GASPAR LLAMAZARES, ES PARTIDARIO DE QUE EL GOBIERNO RETIRE LAS SUBVENCIONES A LA IGLESIA CATÓLICA, TRAS EL DESACATO DE LOS OBISPOS AL DECRETO DE CONTRATACIÓN DE PROFESORES

Gaspar Llamazares, animó ayer al Gobierno a replantearse la relaciones con la "jerarquía eclasiástica" para acabar con las ayudas económicas del Estado hacia la Iglesia católica y para que la religión quede "fuera" de las escuelas. Llamazares se quejó - en declaraciones a la agencia de prensa SERVIMEDIA - de la continua "injerencia" de la Conferencia Episcopal en la vida democrática, a propósito de la última ofensiva iniciada por la Iglesia española contra la asignatura de Educación para la Ciudadanía, aprobada por las Cortes.

España es un estado aconfesional, dice la Constitución. "Todas las concesiones del Gobierno, no sólo no han definido los campos de la Iglesia y del Estado, como debería ocurrir en un Estado aconfesional, sino que la jerarquía eclesiastica continúa con su injerencia en la vida democrática", recalcó el dirigente de IU. Además, alertó ante la pretensión de la Iglesia católica de detentar el monopolio de la moral y la ética, para negarle al Estado "la propia ética democrática".

Llamazares recordó que España es un estado aconfesional, de acuerdo con la Constitución, y ese principio debería llevar al Gobierno a replantearse las relaciones con la Iglesia católica, "las relaciones financieras y, en particular, en el seno de la escuela".

“La religión en las parroquias, la formación en las escuelas”. A juicio de Llamazares, la "insumisión" de la jerarquía eclesiástica merece una respuesta adecuada, basada en situar a "la religión fuera de las escuelas. Si la Iglesia católica no sabe respetar el espacio religioso y el espacio civil, lo mejor es que la religión esté en las parroquias y la formación en las escuelas".

Más Malaya: Condenan a Julián Muñoz a dos años de inhabilitación

En Almuñécar no ocurren cosas así. En Almuñécar aún no se nos han entregado a IU los documentos del PGOU. Pero es que cuando se convocó el anterior pleno que hizo la aprobación provisional del PGOU, tampoco se los habían dado al PSOE, según afirmó su portavoz. ¿Qué ocurre? Pues que ahora se condena a Julián Muñoz por algo que hizo en el año 2000. Pues así andamos. Claro que condenarán al alcalde de Almuñécar por incumplir la ley. En este y en otros muchos casos, pero eso será demasiado tarde.

El ex alcalde de Marbella Julián Muñoz ha sido condenado por el Juzgado de lo Penal número 4 de Málaga a dos años de inhabilitación en el cargo como autor de un delito contra los derechos cívicos, por negar información a la oposición relativa a la revisión del Plan General de Ordenación Urbana.

En la sentencia, se dictamina que Muñoz firmó un sábado la convocatoria de un pleno extraordinario en el que se iba a tratar el texto refundido de la revisión del plan urbanístico, pese a que sabía que las dependencias municipales estaban cerradas y los ediles no podían revisar la documentación.

El juez considera que "no se justificó la urgencia de la convocatoria", que se anunció el sábado 2 de diciembre de 2000, para el pleno que se celebró el lunes 4, pues los ediles de la oposición no tuvieron tiempo para examinar los documentos, "menoscabando los derechos de información".

Durante el juicio del pasado 21 de junio, Muñoz declaró que él solo se limitó a firmar la convocatoria como alcalde accidental, pero la decisión de convocar la sesión fue del fallecido Jesús Gil.

Sin embargo, el juzgado sostiene que Julián Muñoz "tenía absoluta conciencia de que con su actuación estaba impidiendo a otros el ejercicio de su derecho" y señala que como alcalde accidental debía cumplir los derechos y obligaciones de su cargo. Añade que si la actuación era no conforme a la normativa vigente, Muñoz podría no haber firmado la convocatoria, ni intervenir en los hechos, pues "era lo procedente".

IU DENUNCIA UNA VEZ MÁS LA EXTRACCIÓN DE AGUA DULCE DEL ACUÍFERO DE RIO VERDE

IU ha comprobado la denuncia efectuada por varios vecinos del municipio acerca de la extracción de agua dulce proveniente del acuífero de Río Verde. Efectivamente, esta extracción se está llevando a cabo en un solar situado en la esquina de la Plaza Kelibia.

El tema, por desgracia, no es nuevo. Una denuncia similar efectuamos cuando se construía el parking del paseo del Altillo, el parking de la Avenida. Juan Carlos o, ya más tiempo atrás, el cine Coliseo.

En todos estos casos, observamos la utilización permanente de bombas de extracción para achicar el agua que invade la obra. El resultado es ecológicamente desastroso pues se está sacando agua del acuífero para tirarla al mar.

Nos parece lamentable que un pueblo que se va gastar una fortuna en construir una desaladora permita que el agua del acuífero se vaya directamente al mar con la complicidad del ayuntamiento, que tendría que velar para que este tipo de atentados no ocurriese.

Desde IU queremos recordar a todos los vecinos que, además de cometerse un atentado ecológico importante, estamos permitiendo una barbaridad desde el punto de vista económico. Para que unas empresas abaraten costes en su construcción, los vecinos tenemos que dedicar una parte cada vez mayor de nuestros recursos a pagar depuradoras, acometidas de agua o desaladoras, por no hablar de ese proyecto tan surrealista de construir con cargo a los recursos municipales una presa en Río Verde.

Desde IU exigimos al ayuntamiento que tome las medidas necesarias para que cese de inmediato la extracción de agua del acuífero. Igualmente, pedimos que se elabore una normativa para que este tipo de actuaciones se prohíban de manera radical en el futuro.

Otro caballo de Troya

La policía detuvo ayer, 27 de junio, en Alhaurín el Grande al propietario de la empresa Conextran, Manuel M.M., por su presunta relación con la trama de corrupción urbanística del pueblo del Guadalhorce. Así mismo, el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Coín ordenó practicar tres registros, uno de ellos en las oficinas de la asesoría fiscal de la mujer del alcalde, María Teresa Santos.

El propio alcalde confirmó a La Opinión las actuaciones y declaró que su mujer "no ha sido detenida ni imputada" pese a tratarse del segundo registro que la policía realiza en dicho despacho. Como se recordará, el día de la detención del alcalde y del concejal de urbanismo, el 18 de enero pasado, fueron hallados 62.000 euros en dicho despacho, que la mujer del regidor justificó alegando que eran provisiones de fondos para el pago de impuestos de los clientes de la asesoría.

Manuel M.M. fue trasladado a última hora de ayer a los calabozos de la comisaría provincial, en cuyas puertas se concentraron unos 30 vecinos de Alhaurín para apoyarle.

Se da la circunstancia de que el empresario detenido, Manuel M.M., era el segundo suplente de la lista de Martín Serón en las elecciones municipales del año 2003. Su empresa, Conextran S.L., fue fundada hace más de 20 años, aunque comenzó a realizar obras municipales en 2001. Entre los proyectos que ha ejecutado se encuentran el recinto ferial Antonio Solano, la urbanización de calles del centro histórico, las infraestructuras básicas de varias urbanizaciones privadas, así como la ejecución de proyectos urbanísticos en los sectores UE-14 y UE-19 del PGOU de Alhaurín el Grande.

El primer edil alhaurino se acercó ayer noche a la asesoría fiscal de su mujer y aseguró que las nuevas actuaciones de la policía "tratan de completar el expediente para justificar las detenciones de los 19 pequeños empresarios arrestados en la segunda fase de la operación" y abundó en su denuncia de la existencia de "una conspiración política".

IU pide que se aclaren las responsabilidades en el vertido de aguas fecales

Aguas y Servicios y la Delegación de Medio Ambiente se culpan mutuamente del vertido de aguas fecales a la playa de Fuentepiedra. Pero esto no ha sido un accidente, ni un fallo provocado por circunstancias fortuitas. No ha sido un imprevisto achacable al fallo humano o a circunstancias climáticas excepcionales. 

Las causas hay que buscarlas en una suma de incompetencia en el diseño, negligencia a la hora de corregir deficiencias y mantenimiento inadecuado de las instalaciones. De hecho, el mal olor del colector no es algo coyuntural, sino que persiste todo el año, aumentando, como es lógico, cuando hay más visitantes.

Izquierda Unida considera que Benavides cometió una torpeza al recepcionar las obras sin plenas garantías de funcionamiento, y posteriormente, al no agilizar las medidas correctoras en los meses de invierno cuando el riesgo es menor.

Un ayuntamiento que presume de tener dinero para pagar la presa de Otívar debería solucionar este problema en un santiamén.

Si el expediente abierto por la Delegación de Medio Ambiente termina en sanción, ¿quién la pagará? Mucho nos tememos que sean los mismos de siempre: los ciudadanos con sus impuestos. Además de sufrir los olores nauseabundos que este colector genera de forma permanente, ahora tendremos que dedicar otra parte de nuestros ingresos para solucionar un problema que no sólo amenaza al turismo sino que es un atentado a la salud y a la calidad de vida de miles de almuñequeros.

El eurodiputado de IU, Willy Meyer critica que la sobreexplotación del atún rojo puede llevar al colapso de la pesquería

A menos atún. más medusas. A menos tortugas, más medusas. A más 'comida' que llega a las playas, más medusas. A más temperatura del agua, más medusas. Hay quien sigue defendiendo que se urbanice todo, que se pesque todo, que se destruya todo. Luego se quejan de que la playa está llena de medusas, pero son incapaces de ver la relación entre unas cosas y otras. Como decía mi abuela, teta y sopa no cabe en la boca.

Y viene esto a propósito porque un diputado de IU ha denunciado la sobreexplotación del atún rojo. Es un problema que preocupa, directa o indirectamente a todos los ciudadanos.

La denuncia de Willy Meyer ha tenido lugar en la Comisión de pesca del Parlamento Europeo. El eurodiputado de Izquierda Unida Willy Meyer ha explicado que el problema más importante a que está sometido el sector del atún rojo es la sobreexplotación a la que está sometido por la propia flota profesional, y ha criticado el mantenimiento por una parte del sector pesquero que niega la grave situación del stock, incluso en contra de los informes científicos. Esta grave situación de disminución de la población afecta especialmente, ha señalado Meyer, al sector de la almadraba al tratarse de un arte de pesca fijo.

Meyer ha recordado las conclusiones del informe del ICCAT: grave problema de sobreexplotación y flota sobredimensionada, lo que conlleva un grave riesgo de colapso de la pesquería.

El eurodiputado ha saludado la adopción del plan de recuperación para el atún rojo propuesto en Dubrovnik, porque, ha reconocido "se consensuaron una serie de medidas entre los diferentes actores implicados en la pesca del atún rojo". A pesar de ello, continuó "queda mucho por hacer, sobre todo en cuanto a las medidas de control del plan, porque en los últimos años se ha comprobado cómo se sobrepasa sistemáticamente la cuota establecida."

Rubalcaba “olvida” que “su plan” anunciado hoy para financiar el pago del carné de conducir a jóvenes es una propuesta de IU que el Congreso aprobó en 2005

Navarro, autora de la iniciativa, recuerda al ministro de Interior que “tras tardar dos años en aplicar nuestra iniciativa esperamos que cumpla el límite que se marca para que vaya dirigida a jóvenes desempleados y de escasos recursos, y no haga electoralismo con ella a costa del dinero público”

La diputada de Izquierda Unida Isaura Navarro ha recordado hoy al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, que la medida anunciada hoy a bombo y platillo ofreciendo créditos de hasta 1.000 euros para que los jóvenes hasta los 25 años “es una proposición no de ley de Izquierda Unida presentada en marzo de 2005 y aprobada por el Congreso ya en octubre de ese año”.

La parlamentaria del Grupo de IU-ICV critica al Gobierno por “haber tardado dos años en poner en práctica esta medida que nuestro grupo sacó adelante y que ahora piensan aplicar a partir del próximo mes de noviembre”.

Además, Navarro recuerda y destaca que “el texto aprobado instaba al Gobierno a configurar el plan ahora presentado. Nos parece bien que se fije finalmente que abarque a jóvenes a partir de los 17 años, pero establecía claramente que estas medidas fueran dirigidas a jóvenes desempleados y de escasos recursos. Este es un matiz importante que ahora parece que quiere saltarse el Gobierno socialista”.

En efecto, el texto final de la proposición no de ley de IU-ICV, aprobado en 2005 en la Comisión no permanente sobre Seguridad Vial y Prevención de Accidentes de Tráfico tras recoger algunas enmiendas presentadas, señalaba textualmente que el Congreso insta al Ejecutivo a “estudiar y configurar un plan dirigido a la financiación de la formación para la obtención del carné de conducir a jóvenes desempleados y de escasos recursos económicos de 18 a 25 años, a través de las oportunas negociaciones con las entidades bancarias y autoescuelas”.

Esperamos que el Gobierno no quiera hacer electoralismo a costa de esta medida, y mucho menos con dinero público, y que, al final, entre los 80.000 ó 100.000 jóvenes a los que se calcula que puede beneficiar este plan estén también aquellos con importantes ingresos o pertenecientes a familias adineradas, con lo que se desvirtuaría sus objetivos iniciales.

La diputada de IU considera “positivo que se exija a los perceptores de estas ayudas el esfuerzo de acudir a 10 horas adicionales de clases teóricas sobre seguridad vial para mejorar su formación. Es una buena medida para hacer frente a la alta tasa de accidentabilidad entre los conductores más jóvenes”.

Un vertido de mierda obliga al cierre de la playa de Fuentepiedra

Un fallo en las instalaciones del sistema de depuración en la Estación de Bombeo de Aguas Residuales, EBAR, ha causado durante los últimos tres días  vertidos de aguas fecales al río Verde, que han llegado a la playa Puerta del Mar. Aguas y Servicios  ya está trabajando para subsanar la deficiencia.

Técnicos de la Delegación de Medio Ambiente realizaron una inspección en la zona, tras lo cual dieron aviso a la Delegación de Salud para que tomase las medidas oportunas. A su vez, Salud envió técnicos a tomar muestras, aunque, como medida preventiva, recomendó al Ayuntamiento que prohibiese el baño en Puerta del Mar. La Policía Local acordonó entonces unos 500 metros de playa.

El problema viene generado por una avería en la estación de bombeo de la depuradora, situada en el entorno de la urbanización Las Góndolas. Las aguas fecales se están desbordando directamente all río Verde, a través de cuyo cauce las aguas contaminadas llegan a la playa.

Aguas y Servicios atribuyó los fallos que provocan estos vertidos a un mal diseño de las infraestructuras, pues una vez construida la estación de bombeo se descubrieron unas deficiencias que requerían distintas mejoras, aunque todavía no se han ultimado. Éstas consisten en conexiones de colectores y la ejecución de un arenero que evite los atranques de las bombas de elevación. Sin embargo, fuentes de la Delegación de Medio Ambiente explicaron que los vertidos se produjeron por un accidente que podría estar motivado por el mal mantenimiento de las instalaciones, al tiempo que confirmaron que Egmasa está realizando las obras del arenero. 

Así que, entre todos la mataron, y ella sóla se murió. Y es por eso que los vecinos de Las Góndolas llevan varios años de calvario apestados día y noche, invierno y verano sin que nadie tenga la culpa.

Izquierda Unida renueva su Consejo Local

La Asamblea Local de Izquierda Unida ha decidido esta semana una renovación casi total de su Consejo Local con nuevas Áreas de Trabajo -Formación y Movimiento Obrero- y la reorganización de las tareas para atender adecuadamente los retos que plantea la reciente incorporación al Consistorio.

Antonio Leyva volverá a coordinar un equipo que trabajará en estrecha colaboración con el Grupo Municipal y en el que destacan nuevas incorporaciones.

La revista informativa de Izquierda Unida también ha sido enteramente renovada en su diseño y saldrá a la luz muy pronto con la nueva cabecera "Nuestra ciudad", con la aspiración de convertirse en eficaz herramienta de comunicación con los ciudadanos.

Asimismo, la asamblea local debatió las propuestas y documentos que IU piensa llevar a los primeros plenos de trabajo de la nueva Corporación, y que, como ya avanzó en el discurso de investidura de su concejal, abordará asuntos económicos y problemas sociales.

En los próximos días, IU tiene previsto solicitar en el Ayuntamiento a través de su Concejal la documentación necesaria para ir analizando todos los asuntos y preparar iniciativas.

Por último, la asamblea acordó mostrar su satisfacción por la decisión judicial que obliga al Ayuntamiento a restituir a su estado original un tramo de acequia perteneciente a la Comunidad de Regantes de Río Verde. Esta acequia fue embovedada sin hacer caso de los argumentos de los propietarios. Ahora el Juzgado de lo Contencioso da la razón a la Comunidad de Regantes.

Izquierda Unida urge al gobierno para que “adopte medidas urgentes para paliar el brutal aumento del euribor en el coste hipotecario”

El coordinador ejecutivo de Economía y Mundo del Trabajo de Izquierda Unida, Javier Alcázar, a raíz de la nueva subida del euribor en junio -que situará este índice en el 4,5%, tras 21 aumentos consecutivos-, estima que “se está a punto de llegar a unos niveles de tipos de interés que pueden colapsar el desarrollo económico de nuestro país. Un gran número de familias van a tener graves problemas al haberse endeudado enormemente tras la situación original de fuerte especulación en el mercado inmobiliario unida a los antiguos tipos de interés ya superados. Además, el incremento de los niveles de morosidad bancaria que ya se aprecia también se agravará aún más, añadiéndose así nuevos riesgos a nuestro sistema financiero”.

Para Alcázar, “frente a la frialdad de las estadísticas, un Ejecutivo que se dice progresista debe tener muy en cuenta que las variaciones en el euribor no afectan por igual a los distintos ciudadanos. Los niveles de renta entre los distintos colectivos a comparar son muy distintos. Por ello, es necesario que el Gobierno adopte las medias oportunas para dar respuesta clara y apoyar a los segmentos de la población más modestos, entre ellos las familias formadas por jóvenes, desempleados o colectivos de rentas bajas, que puedan haberse visto afectados por esta evolución.”

En la misma dirección, el dirigente federal de IU hace un llamamiento explícito a las entidades financieras para que “tras los elevadísimos niveles de beneficios que lleva logrando en los último años, buena parte de ellos por el crecimiento de la contratación de los créditos hipotecarios, tengan un gesto hacia sus clientes y hacia el conjunto de la sociedad modificando su política bancaria de renovación de créditos, aumentando su flexibilidad y disminuyendo los costes de renovación”.

Alcázar analiza que “en el sector de la construcción de vivienda residencial han convergido en un plazo de tiempo relativamente corto una serie de factores que desataron un fuerte proceso especulativo: unos precios de alquileres inaccesibles para un gran conjunto de la población, un incremento sustancial de la población por el flujo migratorio, así como unos tipos de interés especialmente reducidos hasta hace algo más de un año”.

“La experiencia práctica –señala- es que estos factores animaron al unísono a un gran conjunto de la población a comprar una vivienda. Buena parte de ellos ven ahora cómo mes a mes se les pone cuesta arriba poder llegar a fin de mes tanto por la significativa elevación del precio de las viviendas, en buena medida debido a la pura y dura especulación, como por la evolución que tiene el euribor en los tres últimos años, pasando del 2,2 % de septiembre de 2005 al 4,5 actual, lo que lleva hasta incrementos de más de 150 euros mensuales para una hipoteca de tipo medio”.

Manifiesto de IU en el día internacional por los derechos del colectivo de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales

Txema Gonzalo

Coordinador Federal del Area por la Libertad de Expresión Afectivo-Sexual de Izquierda Unida  

El 28 de junio se celebra en muchos países del mundo el Día Internacional por los Derechos de Gays, Lesbianas y Transexuales. Es una fecha de celebración y de reivindicación, según los países y situaciones.

En España salimos a las calles de muchas ciudades para ambas cosas, celebrar lo que hemos conseguido hasta la fecha, y reivindicar lo que aun nos falta. La igualdad formal la hemos conseguido tras años de lucha gracias a unas reformas legislativas que dejan de discriminar a las parejas del mismo sexo, por un lado, y permiten la adecuación de nombre y sexo a las personas transexuales, por otro.

Ambas conquistas se han logrado gracias a la lucha de muchos años de los colectivos de gays, lesbianas y transexuales, y al apoyo de algunos partidos y sindicatos, y a pesar de las trabas y obstáculos que las mentalidades conservadoras de siempre han puesto, primero a la aprobación y después a la ejecución de estas reformas.

En el terreno de lo negativo tenemos que señalar y denunciar que se han defraudado una vez más las expectativas creadas por numerosas promesas hechas desde el Gobierno a los colectivos de ex-presos sociales, que han visto cómo se echa para atrás la aprobación de la norma que permitía indemnizar y reparar económicamente la injusticia cometida con muchas personas que fueron privadas de libertad y sometidas a tratos degradantes por la mera sospecha, muchas veces, de homosexualidad, en aplicación de las leyes franquistas de vagos y maleantes y de peligrosidad social, en vigor hasta bien entrada la democracia.

Tenemos que denunciar, asimismo, que dentro de las fronteras de la Unión Europea se sigue practicando la homofobia, la lesbofobia y la transfobia de forma abierta y grosera, sin que las autoridades europeas hagan nada o casi nada para impedirlo y sancionarlo. Nos habían hecho creer que la discriminación por razón de orientación sexual estaba prohibida en los países de la Unión, pero la realidad, sin embargo, es otra, especialmente en algunos de los países recientemente incorporados, como Polonia, donde se están produciendo atentados gravísimos contra los derechos humanos de gays y de lesbianas, promovidos desde los propios poderes públicos, sin que intervengan las instituciones europeas.

Y si nos vamos al Tercer Mundo o a países de otras órbitas culturales (la mayoría), nos encontramos con realidades auténticamente demoledoras: criminalización de las relaciones homosexuales, persecuciones y un total ocultamiento para poder sobrevivir en medio de la homofobia más hostil. Incluso sigue existiendo la pena de muerte para los homosexuales en nueve países.

Se puede decir que aquí, en nuestro entorno más cercano, la principal forma de homofobia es la que podemos denominar “ocultamiento forzoso”, un ocultamiento que tiene su razón de ser en la percepción que tienen gays y lesbianas de que la realidad que les rodea sigue siendo hostil para ellos y ellas, indicio claro y suficiente de que las cosas han cambiado pero no lo suficiente. Y aun está pendiente la inclusión de los procesos completos de reasignación de sexo entre las prestaciones gratuitas de los sistemas públicos de salud para las personas transexuales, el colectivo que padece un mayor riesgo de exclusión social.

Hay que seguir, por tanto, trabajando, para consolidar los logros obtenidos, y para hacer frente a la discriminación social, que persiste y tardará en desaparecer, dado su arraigo profundo en la mentalidad colectiva después de siglos de homofobia y transfobia. Por eso tiene pleno sentido seguir celebrando y reivindicando con ocasión del 28 de Junio, el Día Internacional por los Derechos de Gays, Lesbianas y Transexuales. Hasta que consigamos una sociedad de personas plenamente libres e iguales.