Marbellécar

Los amigos de Benavides no pagan en Peña Escrita

Izquierda Unida denuncia al alcalde de Almuñécar por utilizar de forma gratuita los servicios que cuestan dinero a todos los ciudadanos.

En la última reunión de la Junta de Gobierno Local, el equipo de gobierno ha aprobado una petición que presentaba Convergencia Andaluza para que se les permitiera entrar gratis a Peña Escrita con motivo de la denominada Romería Nacionalista.

Según consta en el acta de esta reunión, Don Rafael Contreras, en nombre de Convergencia Andaluza, solicita que, con motivo  de la celebración de la XIII Romería a Peña Escrita, se declare por el Ayuntamiento el día referenciado de “jornada de puertas abiertas” y se les conceda principalmente la ocupación de las instalaciones de mesas del chiringuito Los Bañuelos y la utilización de la piscina y la colaboración de Protección Civil entre las 12 y las 21 horas. La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes, acordó acceder a lo solicitado.

 

Para Izquierda Unida, esta es una muestra más de la utilización privada y partidista de las instalaciones públicas. Mientras todos los vecinos y visitantes tienen que pagar 2,30 euros por persona y 5 euros por coche, a los afiliados del partido de Benavides se les permite entrar gratis y utilizar gratis las instalaciones y la piscina. Pero lo más grave es que Rafael Contreras pide la colaboración de Protección Civil para la fiesta del partido de Benavides: Protección Civil no tiene que cubrir actos privados y mucho menos los que organizan partidos políticos. Si Benavides o Rafael Contreras organizan una comilona política, que paguen ellos la seguridad o las ambulancias.

 

El concejal de IU critica pues la forma de proceder más propia de un cacique que de un alcalde democrático. Si Convergencia quiere invitar a sus afiliados y simpatizantes a una romería que ellos llaman nacionalista, lo lógico es que el partido corra con los gastos y la seguridad y pague al ayuntamiento la tarifa establecida como se le exige a cualquier visitante.

Benavides cobra más que Griñán: 80.667 euros brutos

EUROPA PRESS. El alcalde de Almuñécar, Juan Carlos Benavides (CA), cobra anualmente 80.667 euros brutos, una cantidad muy por encima a la que recibe el presidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán, fijada en 68.982 euros. A pesar de las recomendaciones de la Federación Española de Municipios (FEMP) y la Federación andaluza (FAMP) se niega no obstante a reducir su nómina, según IU, que ha enviado escritos a PP y a PSOE para acordar conjuntamente instar al regidor sexitano a que se sume a la tendencia general en todos los ayuntamientos españoles.

En un comunicado, el concejal de IU en Almuñécar Fermín Tejero recordó que según el acuerdo de la FAMP ningún alcalde, por muy grande que sea el municipio, debe cobrar por encima del sueldo de un consejero de la Junta, algo que consideró "lógico y razonable". En la actualidad, este sueldo está, según datos de la propia FAMP, en 67.892 euros anuales brutos, y apenas mil euros más cobra el presidente del Gobierno andaluz.

El acuerdo de la FAMP hace una propuesta concreta de salarios en base al tamaño de los municipios. En los de 100.000 habitantes y hasta 500.000, el sueldo tope es el del viceconsejero (ahora, de 63.704). En los municipios de entre 20.000 y 100.000 se identifica con el de un director general (54.540) y en los de alrededor de 20.000 habitantes en el de un delegado provincial (44.861 euros). La FAMP propone asimismo que el sueldo de los concejales sea un 90% del que tenga el alcalde.

En opinión del concejal de IU, la propuesta de la FAMP es muy parecida a la que presentó el grupo municipal de IU en el Ayuntamiento de Almuñécar en el pasado pleno municipal, en el que se debatían los presupuestos municipales, y en el que la formación de izquierdas propuso fijar un sueldo de 50.000 euros brutos para el alcalde y 40.000 para los concejales, iniciativa que fue rechazada por los votos de PSOE, PP y Convergencia Andaluza.

Por ello, Fermín Tejero ha pedido a los portavoces del PSOE y del PP en el Ayuntamiento de Almuñécar, Francisco Prados y Trinidad Lorente, que analicen "serenamente" el sentido de su voto en aquel pleno y que lo que planteó IU sea "reconsiderado".

"Si el alcalde de Granada, una ciudad con 234.325 habitantes, va a cobrar 61.840 euros anuales, no se puede mantener un sueldo de más de ochenta mil euros en una localidad que no alcanza los 30.000 habitantes. De igual manera, es injustificable que los concejales de Almuñécar cobren 53.292 euros, bastante más que un delegado provincial", señaló Tejero.

La queja de IU, en opinión del edil, "es doblemente razonable si atendemos al alto grado de absentismo del alcalde de Almuñécar". "No existe ninguna situación equiparable en ninguno de los ayuntamientos españoles.

Aunque no existe un control horario de los alcaldes y concejales, ya que su trabajo se resiste bastante a la aplicación de horarios rígidos, no hay ningún municipio en el que un alcalde acumule una media de una semana de vacaciones injustificadas al mes". No hay ninguna norma legal que regule este tema pero, para el concejal de IU, "no cabe duda de que se trata de una actitud inmoral".

IU considera ilógico que Benavides cobre veinte mil euros más que el alcalde de Granada

El grupo municipal de IU se ha dirigido por escrito a los responsables de PP y PSOE en Almuñécar para que reconsideren su postura acerca de los sueldos del alcalde y los concejales, contraria a la tendencia general de todos los ayuntamientos.El concejal de IU opina que el acuerdo de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias en torno a los salarios de alcaldes y concejales respalda la iniciativa de IU, que pedía bajar el sueldo del alcalde desde los 80.667 actuales a 50.000 euros.

Según el acuerdo de la FAMP, ningún alcalde, por muy grande que sea el municipio, debe cobrar por encima del sueldo de un consejero de la Junta, algo que el concejal de IU considera lógico y razonable. En la actualidad, este sueldo está, según datos de la propia FAMP, en 67.892 euros anuales brutos. Y apenas mil euros más, 68.982, cobra el presidente de la Junta.

El acuerdo de la FAMP hace una propuesta concreta de salarios en base al tamaño de los municipios. En los de 100.000 habitantes y hasta 500.000, el sueldo tope es el del viceconsejero (ahora, de 63.704). En los municipios de entre 20.000 y 100.000 se identifica con el de un director general (54.540) y en los de alrededor de 20.000 habitantes en el de un delegado provincial (44.861 euros).  La FAMP propone asimismo que el sueldo de los concejales sea un 90% del que tenga el alcalde.

En opinión del concejal de IU, la propuesta de la FAMP es muy parecida a la que presentó el grupo municipal de IU en el ayuntamiento de Almuñécar. La propuesta de IU en el Pleno que debatía los presupuestos fue la de fijar un sueldo de 50.000 euros brutos para el alcalde y 40.000 para los concejales. Esta propuesta fue rechazada por los votos de PSOE, PP y Convergencia.

IU pide a Paco Prados y Trinidad Lorente que analicen serenamente el sentido de su voto en aquel Pleno. Tras la reunión de la FAMP y el acuerdo pactado por PSOE, IU y PA, esta propuesta que planteó IU debe ser reconsiderada porque es bastante coherente con la tendencia general que se está dando en todos los ayuntamientos.

Si el alcalde de Granada,  una ciudad con 234.325 habitantes, va a cobrar 61.840 euros anuales, no se puede mantener un sueldo de más de ochenta mil euros en una localidad que no alcanza los 30.000 habitantes. De igual manera, es injustificable que los concejales de Almuñécar cobren 53.292 euros, bastante más que un delegado provincial.

La queja de IU es doblemente razonable si atendemos al alto grado de absentismo del alcalde de Almuñécar. No existe ninguna situación equiparable en ninguno de los ayuntamientos españoles. Aunque no existe un control horario de los alcaldes y concejales, ya que su trabajo se resiste bastante a la aplicación de horarios rígidos, no hay ningún municipio en el que un alcalde acumule una media de una semana de vacaciones injustificadas al mes. No hay ninguna norma legal que regule este tema, pero para el concejal de IU no cabe duda de que se trata de una actitud inmoral.

El colapso en el Juzgado de lo Penal de Motril (Granada) retrasa hasta el 2011 un juicio contra Juan Carlos Benavides

La sobrecarga de trabajo que soporta el Juzgado de lo Penal 1 de Motril (Granada) ha provocado el retraso hasta 2011 de un nuevo juicio previsto contra el alcalde de Almuñécar, Juan Carlos Benavides, acusado de un delito de alzamiento de bienes por fingir su separación para evitar una condena millonaria por el caso 'Tropical Fruit', del que finalmente fue absuelto por el Tribunal Supremo, informaron fuentes judiciales.

 

El regidor sexitano se enfrenta a un total de dos años y medio de prisión, multa de 27.000 euros e inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo en una causa en la que también están procesados su esposa, el secretario local de Convergencia Andaluza, Rafael Contreras -también coordinador del gabinete de Alcaldía en Almuñécar-, y su mujer, para los que el fiscal solicita la misma pena.

 

Según señala el Ministerio Público en su escrito de calificación provisional, los dos matrimonios acordaron "en connivencia" y de mutuo acuerdo iniciar sendos procedimientos judiciales en el mes de julio de 2005 con el ánimo de eludir las responsabilidades civiles derivadas de la ejecución de la sentencia del Juzgado de Primera Instancia 3 de Motril, que los condenaba por las supuestas irregularidades en la gestión de la empresa de hortofrutícolas 'Tropical Fruit', controlada por el Ayuntamiento, al pago de una indemnización de más de 1,4 millones de euros, más los intereses y las costas -unos 3,4 millones de euros en total-. Así, según el fiscal, los procesados se aseguraban "obligaciones inembargables" que aminoraran su patrimonio en detrimento de los acreedores.

 

Concretamente, los dos matrimonios presentaron en los Juzgados de Almuñécar y en la misma fecha, el 22 de julio de 2005, la demanda de separación, que establecía la necesidad de pasar una pensión alimenticia a los hijos, a pesar de que éstos eran en los dos casos "mayores de edad, estaban emancipados, vivían de forma independiente y poseían recursos económicos suficientes". Así, Contreras y su esposa tendrían que consignar 1.000 euros mensuales a sus hijos (500 por cada uno de ellos) y Benavides y la mujer un total de 2.300 (1.150 para cada uno), trámites que, para el fiscal, tenían una "finalidad defraudatoria".

 

No habían transcurrido dos meses cuando los abogados de las ya ex esposas, también el mismo día, el 9 de diciembre de 2005, solicitaron una retención judicial de la pensión alimenticia, si bien las peticiones no llegaron a hacerse efectivas al acordarse la suspensión del procedimiento en ejecución por "prejudicialidad penal".

 

Así, para el Ministerio Público, los cuatro acusados actuaron "en connivencia" y establecieron una pensión "de forma ficticia". Además, las esposas solicitaron "la retención en origen de los emolumentos que percibían y su ingreso en una cuenta bancaria" con la "última finalidad" de "detraer la referida cantidad mensual de las responsabilidades civiles a que estaban obligados, generando así nuevas obligaciones inembargables para impedir la eficacia de un procedimiento ejecutivo de previsible iniciación a la fecha de los hechos".

 

El fiscal no cree que los hijos de los acusados participaran en la "maniobra defradautoria" de sus padres, si bien los cita a declarar como testigos en el juicio, que se celebrará finalmente en 2011.

Convocatoria clandestina de 5 plazas de auxiliar de ayuda a domicilio

Después de dejar tiradas a las trabajadoras de la empresa Adhara, el ayuntamiento va a contratar a otras mujeres para llevar la ayuda a domicilio de forma directa. A pesar de que la ley obliga al ayuntamiento a hacerse cargo de estas trabajadoras, ha decidido castigarlas por algo tan escandaloso como reivindicar su modesto salario.

En el momento en que se pusieron en huelga, el alcalde decidió que, además de cargarse a la empresa, se cargaría a las trabajadoras.

Ahora ha sacado en el Boletín de la Provincia una convocatoria para cinco plazas de auxiliar de ayuda a domicilio. Hay un plazo de diez días para echar la solicitud (contando desde el día 11 de mayo). Es evidente que todas estas prisas son para que echen los papeles aquellas personas que ya están avisadas y nadie más pueda ni enterarse. Por supuesto, esta convocatoria no se ha difundido en los medios informativos del ayuntamiento a pesar de que la Resolución de Alcaldía está firmada el 26 de abril, hace ya casi un mes.

Curiosamente, no se convoca ni una plaza de titular, todas son de auxiliar para así tener que pagarles menos. La contratación será hasta final de año. Como estamos en crisis, las personas que quieran participar en la convocatoria tendrán que pagar 49,85€ de tasas.

Para seleccionar a las aspirantes habrá un concurso de méritos en el que los diplomas valdrán tanto como la experiencia, un punto cada apartado, y la entrevista que valdrá tres puntos. Una cacicada más de las muchas a las que nos tiene acostumbrados.

Como cinco personas son pocas, en breve tendrá que convocar más plazas. Para hacerlo aún más clandestino, ha dispuesto en la resolución de alcaldía 1426 que las próximas convocatorias ni siquiera aparecerán en el Boletín Oficial de la Provincia sino que las va a poner en el tablón de anuncios del ayuntamiento.

Resumen de las Bases de la convocatoria.

Los/las aspirantes presentarán instancia junto con fotocopia del DNI, dirigida al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Almuñécar, y se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento en la forma que determina el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en el plazo de 10 días naturales, a partir de que aparezca publicada la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada. Las sucesivas convocatorias se publicarán en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Los/las aspirantes deberán adjuntar a su solicitud Curriculum-Vitae acompañado de los documentos justificativos de la titulación académica requerida y demás documentos que acrediten los méritos a valorar en la convocatoria.

Trabajo sanciona al Ayuntamiento de Almuñécar por contratos fraudulentos

EUROPA PRESS

El Ministerio de Trabajo e Inmigración ha abierto un expediente por infracción grave al Ayuntamiento de Almuñécar por vulnerar la normativa incluida en el Estatuto de los Trabajadores en lo que se refiere a las modalidades de contratación temporal por obra y eventual, detectando contratos de "carácter fraudulento", tal y como consta en el informe de la inspección.

La investigación abierta por Trabajo se inició a raíz de una denuncia presentada por la Secretaría General de UGT Granada sobre la posible ilegalidad del uso por parte del Consistorio de la figura de colaborador social, que pueden utilizar las Administraciones Públicas para contratar con carácter temporal a parados que estén cobrando el desempleo siempre y cuando el trabajo sea "de utilidad social y redunde en beneficio de la comunidad" y que dure el periodo que le falte al desempleado por percibir la prestación.

Así, Trabajo detectó sólo tras el análisis de las nóminas del mes de enero de 2010 que el Ayuntamiento sexitano había contratado bajo la modalidad de esta figura a un total de 96 personas y que el histórico de altas y bajas de trabajadores muestra que "se vienen cubriendo de forma permanente con este tipo de personal" puestos de trabajo como mensajero, limpiadora, albañil para servicio de mantenimiento, monitor de guarderías, mantenedor de piscinas, electricista, fontanero, pintor, delineante, administrativos, o bomberos, entre otros. La sanción puede costar a las arcas municipales entre 8.196 y 24.490 euros.

Por ello, aunque el Ministerio reconoce que "nada obsta a un ayuntamiento" a ocupar a este tipo de personas en puestos de "gestión ordinaria", lo que "no puede admitirse" es que "el periodo en que un trabajador se haya encontrado presentado servicios en régimen de colaboración social sirva para convalidar una práctica de contratación fraudulenta consistente en la concatenación de sucesivos contratos temporales sin solución de continuidad con el mismo trabajador teniendo todos ellos por objeto el desempeño de una prestación laboral que responde a actividades de carácter permanente e indefinidas" de la entidad local inspeccionada.

En cuanto a los contratos eventuales, "existen trabajadores que vienen desempeñando ininterrumpidamente funciones que no podemos sino calificar como permanentes y ordinarias y en ningún caso sujetas a nota alguna de incertidumbre sobre la fecha de terminación ni a una punta de producción", incide el inspector de Trabajo, quien, en suma, señala que por ello este tipo de contrataciones están "carentes de los requisitos exigibles" por la normativa laboral al respecto.

Asimismo, ve mayor "reproche" en la conducta del Ayuntamiento cuando los trabajadores en cuestión vienen también a realizar esas funciones bajo la modalidad de colaboración social, ya que "han generado derecho a prestaciones por desempleo en el transcurso del tiempo exigido legalmente para ello".

Al margen de esta infracción, el Ministerio también levanta al Consistorio acta de infracción por obstrucción a su labor inspectora, ya que, tras exigirle que se presentara y aportara toda la documentación al respecto, no lo hizo.

Benavides presenta a la Junta dos documentos de Convergencia como si fueran del Pleno Municipal

El 5 de abril terminó el proceso de exposición pública abierto por la Junta para que los ayuntamientos presentaran sus alegaciones al Plan de Ordenación del Territorio del Litoral de Granada (POTLG). Como ya denunciamos anteriormente, el alcalde de Almuñécar se negó a convocar el Pleno, con lo que nuestro pueblo no pudo presentar alegaciones a dicho Plan.

 

Sin embargo, Benavides ha enviado a la Junta dos documentos de alegaciones presentándolos como si fueran del ayuntamiento, lo que constituye un engaño a la Junta y una estafa a los ciudadanos del municipio. Es un delito presentar como alegaciones de un pueblo las particulares de su alcalde y su partido. Por muchas competencias que la legislación reserva a los alcaldes, todavía no hemos llegado al punto de que el alcalde opine en lugar del Pleno.

 

No contento con intentar colar como colectivas unas alegaciones elaboradas por el partido del alcalde, ahora protagoniza una nueva muestra de arbitrariedad al enviar fuera de plazo un documento con nuevas alegaciones al que ha llamado ‘addenda’ a las alegaciones.

 

El plazo para presentar alegaciones finalizó el cinco de abril y no tiene sentido aprobar unas nuevas alegaciones en la Junta de Gobierno del 26 de abril. De ahí nuestra sorpresa cuando el viernes 7 de mayo fuimos convocados a una Junta de Portavoces para informarnos de esas segundas alegaciones que se presentaban como documento del ayuntamiento y que veíamos ese día por primera vez. 

 

En el fondo de esta torpe actuación está la incapacidad de Benavides para negociar unas alegaciones consensuadas, no ya con el conjunto de los grupos políticos que formamos el Pleno, sino con ninguno de ellos.

 

Acta de la Junta de Gobierno del 26 de abril:

Se da cuenta de ADDENDA a la alegación realizada por el Ayuntamiento de Almuñécar al Plan de Ordenación del Territorio Litoral de Granada y su Informe de Sostenibilidad Ambiental, acordando la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes, aprobar dicha ADDENDA y su remisión a la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio

El TSJA ratifica la demolición de dos plantas de un edificio de Velilla

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha resuelto la demolición de las dos últimas planas de un edificio construido en la playa de Velilla desestimando así el recurso de apelación interpuesto por el Ayuntamiento de Almuñécar contra una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 2 de Granada. Dictada el 27 de junio de 2005, esa medida judicial declaró ilegal la licencia de obras concedida por el Ayuntamiento en marzo de 2001 para la ejecución de un proyecto de 17 apartamentos y garajes.

La sentencia ahora ratificada por el TSJA obliga al Ayuntamiento a "demoler las dos últimas plantas de la edificación construida" por la mercantil Construcciones Oeste S.A., debido a que "sobrepasa la altura de las edificaciones colindantes". El tribunal estima que "la edificación de que se trata contraviene el planeamiento urbanístico de Almuñécar en dos aspectos: la parcela mínima edificable y la altura máxima permitida".

En cuanto al primer punto, el juzgado concluye que conforme al PGOU vigente la parcela mínima edificable es de 1.000 metros cuadrados, mientras que la edificación sólo tiene una extensión de 618,97 metros. Respecto a la altura máxima permitida conforme a la Ordenanza Municipal, no debía superar los 35 metros, "sin que pueda rebasarse nunca la cornisa natural del terreno", aunque la sentencia considera acreditado que la edificación sobrepasa la cornisa en al menos dos plantas.

La resolución del TSJA -de carácter firme, por lo que no cabe recurso alguno- establece que "procede anular la licencia de edificación impugnada" y acuerda la "demolición de las dos últimas plantas" por sobrepasar las alturas máximas de las edificaciones colindantes, "al ser las causantes de perjuicio", constituyendo una "ilegalidad no subsanable".

Asimismo, condena al Ayuntamiento, como apelante, a hacerse cargo de las costas.

El ayuntamiento deja abandonados a los vecinos de Punta de la Mona

Izquierda Unida de Almuñécar denuncia la actitud del alcalde en relación a los vecinos de la Punta de la Mona. Después de llevar varios años sin tomar decisión alguna en un problema que va a más, el alcalde intenta echar el muerto a la concesionaria del puerto y, en un segundo momento, a las comunidades de propietarios. La cuestión es que el ayuntamiento, que es el que ha dado las licencias no quiere asumir responsabilidad de ningún tipo y así, el deslizamiento del terreno continúa creando una gran inseguridad en los vecinos de la zona.

 

Benavides ha dirigido escritos a varias comunidades de propietarios en los que les exige que proporcionen información acerca de diversos extremos y lleven a cabo unos estudios técnicos que tenían que haber sido efectuados por el propio ayuntamiento por razones de eficacia y de urgencia.

 

Cuando una comunidad ha pedido copia de los informes elaborados por los técnicos municipales para mejor conocer el problema, se le ha respondido que no se los daban porque no estaba acreditada la representatividad de la persona que los pedía. Así se puede leer en el acta de la Junta de Gobierno del 12 de abril. Esta respuesta es una falta de respeto intolerable a una comunidad que tiene un problema importante y que en vez de encontrar ayuda en su ayuntamiento se encuentra con una respuesta como esta.

 

Para colmo, cuando la comunidad dirige un segundo escrito pidiendo copia del proyecto técnico que existe para frenar el deslizamiento del terreno, se le responde que ese proyecto no está en el ayuntamiento. La respuesta literal que da el equipo de gobierno es la siguiente:

 

‘la Junta de Gobierno Local acordó: Comunicar a Don Luis Villata Franco que la solicitud de copia de documentos obrantes en un expediente requiere la acreditación de la representación. No obstante, se le comunica que el proyecto de contención de deslizamiento en la zona de Marina del Este redactado por Don José María Rodríguez Ortiz no consta en los archivos municipales.’

 

Esta respuesta demuestra una grave irresponsabilidad o una cara dura increíble porque no se puede sostener que sea verdad que un proyecto elaborado hace tres años no está en el ayuntamiento. Sobre todo cuando el ayuntamiento y la concesionaria del puerto deportivo llevan varios años pleiteando por ver quien es el que tiene que ejecutar el proyecto.

 

Por último, en esta larga serie de actuaciones lamentables, se dice a los vecinos de esta comunidad que, aunque no esté clara la representación del vecino que presenta, y recibe, los escritos, tienen que hacer lo que se les ordena porque para eso da igual quien sea el representante. El acta recoge literalmente el siguiente acuerdo:

 

‘Requerir a las CC.PP ABENCERRAJES III, 1 FASE Y 2 FASE la subsanación de la cumplimentación del requerimiento efectuado por Resolución de Alcaldía 913/2010 al objeto de que informen en un plazo improrrogable de 5 días a este Ayuntamiento sobre el origen de su acometida para agua de riego y llenado de piscinas, en el caso de que dicho suministro no sea realizado por Aguas y Servicios. La falta o insuficiente acreditación de la representación que DON LUIS VILLATA FRANCO ostenta, no impide que se tenga por realizado el acto que se trata, debiendo subsanar el defecto que adolece en el plazo de diez días’

 

IU cree que el alcalde debería pedir perdón a los propietarios de esta comunidad por esta forma tan grosera de tratar a unos vecinos que deberían haber tenido todo el apoyo humano y técnico de su ayuntamiento en lugar de ser tratados de esta manera.

 

Unas gradas vacías como siempre

Se está celebrando en Almuñécar un Campeonato de Fútbol Alevín. Como puede verse en las imágenes, las gradas primeras que se hicieron al construir el estadio tienen huecos más que suficientes para colocar todavía a varios centenares de espectadores.

Enfrente, unas gradas completamente vacías. Jamás se han abierto al público porque son completamente innecesarias.

Las gradas no hacían falta. Eran sólo la excusa para poder regalar a un promotor amigo una gasolinera, la única gasolinera española construida en suelo público bajo un estadio de deportes y junto al cauce de un río.

Esta es la política de nuestro ayuntamiento. Y mientras tanto, no hay dinero para construir el Centro de Día que se prometió hace ya cuatro años y que el municipio necesita para atender dignamente a las personas mayores.

IU denuncia al alcalde por comprar parcelas muy por encima del precio de mercado

El Pleno del 19 de abril estudiará dos propuestas del equipo de gobierno para ratificar unos polémicos contratos firmados por el alcalde con dos vecinos de este pueblo.

El origen de esta polémica está en la decisión del alcalde de construir una pista polideportiva en Torrecuevas y otra en La Herradura por métodos poco ortodoxos. Dado que el ayuntamiento ha adquirido la costumbre de vender todo el suelo que consigue por los desarrollos urbanísticos en lugar de reservarlo para pistas deportivas o colegios, cuando se plantea una necesidad de este tipo, hay que comprar una parcela. La compra se puede hacer expropiando a precio de mercado o pagando cuatro o cinco veces el precio de mercado. Da la impresión de que se elige una u otra fórmula en función de criterios que no están nada claros.

En el asunto de Torrecuevas, el alcalde firmó un convenio con el propietario de los terrenos por el cual este cedía al ayuntamiento tres mil metros. A cambio el ayuntamiento modificaría el PGOU para permitirle edificar en una zona que está catalogada como no urbanizable de alta protección.

Además, le permitía pasar toda la edificabilidad de esos tres mil metros a la parcela que le quedaba, con lo cual todo era beneficio. En el caso de que el ayuntamiento no pudiera modificar el PGOU en el plazo de tres años, le pagaría la parcela al propietario. Esa parte del acuerdo es completamente razonable. Lo que no es razonable es que una parcela de suelo rústico se haya valorado a 100 euros el metro, casi 17.000 pesetas.

El plazo fijado en el convenio para que el ayuntamiento pudiera modificar el planeamiento en esa parcela acabó el 12 de febrero, así que ahora tocaba pagar. Como no hay dinero, el alcalde lleva a Pleno una propuesta para prorrogar el convenio dos años más con lo que se traslada una deuda de 300.000 euros a la corporación siguiente.

Dado que el suelo del que hablamos es de especial protección, va a resultar imposible hacer ahí el polideportivo con lo cual tendremos una parcela de tres mil metros abandonada varios años, con los chirimoyos ya cortados y con una deuda de 50 millones de pesetas. Total, un mal negocio para el ayuntamiento.

En La Herradura, el convenio era parecido. La propietaria cedía 2.300 metros de suelo urbanizable no programado para construir una pista deportiva en La Rambla del Espinar a cambio de que el resto de la finca se pasara a suelo urbano y se le permitiera edificar con una edificabilidad de 0,80.

Al tratarse de suelo urbanizable no programado, la pista se pudo construir, pero el alcalde no fue capaz de aprobar el planeamiento de la zona en el plazo previsto. Desde que venció el convenio, han pasado varios años en que la propietaria del terreno se quejaba de que ella había cumplido su parte pero el ayuntamiento no. Ahora el alcalde lleva a Pleno otra nueva prórroga del convenio para que sea igualmente la siguiente corporación la que se haga cargo de una deuda cercana a los 140.000 euros.

Así que Benavides coge las parcelas, acuerda pagar un precio muy elevado por ellas y luego que venga otro detrás a pagar.

Curiosamente, en el caso de La Herradura el precio pactado para la parcela es muy inferior al que se ha firmado para la de Torrecuevas. Mientras en Torrecuevas se ha acordado pagar cien euros el metro, en La Herradura se acordó pagar a sesenta. Es cierto que el convenio de La Herradura se hizo tres años antes, pero también es cierto que la parcela de La Herradura era urbanizable y la de Torrecuevas no.

En el caso de La Herradura hay un informe del arquitecto justificando que, aunque el valor del suelo en los alrededores es de 40 euros el metro, se valora a 60 por las expectativas creadas. En el caso de Torrecuevas ni siquiera hay una explicación. Simplemente se decide pagar el metro a cien euros y ya está.

Adhara: otra empresa más que se ha cargado Benavides

En su obsesión por acabar con toda persona, negocio o partido discrepante, Benavides ha conseguido por fin arruinar a la empresa de Ayuda a Domicilio. No hace tanto que consiguió cargarse al Mirlo para que la limpieza quedara en manos de una multinacional como Fomento de Contratas y Construcciones. Ahora se ha cargado Adhara.

Adhara es una pequeña empresa local en la que todos los trabajadores y los empresarios (la gran mayoría mujeres) son de nuestro municipio. Tras obligarle a coger cada día más y más servicios, sin pagárselos a pesar de cobrar puntualmente de la Junta de Andalucía, Benavides ha conseguido acabar con la economía de esta empresa y, de camino, dejar sin servicio de ayuda a domicilio a decenas de personas mayores durante varios meses.

A cambio, el ayuntamiento se ahorra todo el dinero que no va a pagar a la empresa por los servicios que se han dejado de prestar por la huelga. Además, como debe varios meses, que sí los ha cobrado de la Junta, ha podido dedicar ese dinero a tapar otros agujeros. Finalmente, agobiada por las deudas, la empresa ha tenido que renunciar.

Pero ocurre que una nueva empresa se había presentado a un concurso para quedarse con este servicio y sustituir progresivamente a Adhara. Esta nueva empresa se llama Arquitempo y, como es lógico, se tenía que hacer cargo de la plantilla de Adhara. La ley así lo establece. Se llama mecanismo de sucesión de empresas. Sin que sepamos los motivos reales, esta nueva empresa se ha retirado y ahora mismo no hay ninguna empresa que lleve el servicio de ayuda a domicilio en la localidad.

De este desastre, de esta mala gestión y de esta despreocupación por los ciudadanos el mayor responsable es el alcalde, ese señor que vive en vacaciones permanentes y que dedica unas horas de vez en cuando para ver cómo van los aparcamientos y poca cosa más. A cambio cobra más de ochenta mil euros al año, algo que no llegan a cobrar ni cuatro mujeres juntas de esas que se hartan de trabajar ocho horas al día sin fallar para cuidar a los mayores que tanto lo necesitan.

Ahora dicen desde el ayuntamiento que este va a gestionar de forma directa el servicio. Y entonces, queremos que se nos responda por qué se mintió en el Pleno cuando se le dijo al concejal de IU que si el ayuntamiento se quedaba con el servicio de limpieza los trabajadores quedarían en la calle. La única respuesta es que son tan mentirosos como inútiles gestionando.

51 viviendas de Ávila Rojas en Los Pinos: la licencia de primera ocupación la dio Benavides

En un comunicado de prensa, el PP ha informado que las licencias de primera ocupación de las 51 viviendas de Los Pinos las concedió el equipo de gobierno  de Juan Carlos Benavides (agosto y septiembre de 2.003 y diciembre de 2.004), por lo que también ellos podrían “haber avisado a los compradores de los problemas que podrían tener, si es que creían que iban a tener algún problema”.

La licencia de primera ocupación es el último acto administrativo necesario para la venta de las viviendas, y sin ella no se puede hacer la escritura pública. Si al momento de conceder dichas licencias de primera ocupación, los miembros de Convergencia Andaluza creían que el procedimiento judicial (que llevaba en marcha año y medio), podía perjudicar a los compradores “tenían que haberles avisado, o haberlas denegado, simple y llanamente”.

Pero si las concedieron, es porque saben perfectamente que dichas licencias de obra se concedieron con todos los informes favorables, y en cumplimiento de los términos del Plan General de 1.987, por lo que ellos también estaban convencidos de que los procedimientos judiciales los iba a ganar el Ayuntamiento. Desde luego, si pensaban que la Junta y los otros demandantes tenían razón, no debían haber permitido que las viviendas se vendieran”.

Las urbanizaciones de Cerro Gordo con deslizamientos reclamarán a la constructora

IDEAL

La lluvia no ha sido el origen, pero desde luego los temporales de este invierno no han favorecido en absoluto al complejo residencial Cármenes del Mar, afectado por deslizamientos del terreno.

 

Los propietarios de seis urbanizaciones del mencionado complejo residencial, que abarca unas 400 viviendas, han acordado iniciar los trámites jurídicos pertinentes para reclamar a la promotora 'Comarex' y a las aseguradoras las obras para que se haga cargo de la reparación de los daños que sufren viviendas, viales y zonas comunes de dicho complejo.

 

Según informaron los vecinos que participaron en la reunión, este pasado sábado, las obras de contención del terreno necesarias para combatir los deslizamientos están valoradas en unos 80.000 euros.

 

El concejal de Izquierda Unida de Almuñécar, Fermín Tejero, se refirió ayer a este problema y acusó al alcalde, Juan Carlos Benavides (CA) de «dejar pasar el tiempo sin hacer nada». Según IU, las primeras grietas que se detectaron en la urbanización, promovida por Comarex se remontan a 2004 «y desde entonces los representantes de las distintas comunidades de propietarios están exigiendo a la promotora que solucione el problema».

 

Estudios geotécnicos

«Comarex ha comprado varios chalets para evitar el escándalo, la mala imagen y las denuncias que a buen seguro le van a llover. A otros propietarios les ha permutado la casa por una vivienda en otra zona de Andalucía. Sin embargo muchos propietarios no quieren irse o bien no les convence el precio que les ofrece la promotora», aseguró el edil.

 

El concejal de Izquierda Unida insistió en que «no han aparecido por ningún lado, por más que hemos preguntado» los informes geotécnicos que debían de haberse presentado antes de urbanizar esta ladera. «Lo que sí aparece es la memoria del pueblo. Es curioso que a uno de los salientes de Cerro Gordo se llame 'La piedra que anda'. El único que no sabía que ese terreno andaba, es el alcalde», recriminó Tejero.

 

Por otro lado, afirma que cuando ya eran más que evidentes los indicios de corrimientos del terreno, el día 22 de noviembre de 2007, se ultimó un proyecto de estabilización de la zona. «Todavía hoy, casi tres años después, ni la promotora lo ha llevado a cabo ni el Ayuntamiento ha tomado las medidas para obligarla a hacerlo», sentenció.

IU critica el pasotismo del alcalde de Almuñécar ante el peligro de hundimientos en la urbanización Cármenes del Mar

En la urbanización Cármenes del Mar de La Herradura, los propietarios están viendo día a día el gravísimo deterioro de sus casas. Decenas de chalets construidos en una zona que era considerada de lujo han visto como, tanto en las paredes como en las estructuras, aparecían enormes grietas que han llegado a provocar pánico a sus ocupantes. Las grietas se han extendido a los muros y a las calles de la lujosa urbanización.

 

Al igual que en la Punta de la Mona, el alcalde deja pasar el tiempo sin hacer nada. Las primeras grietas que se detectaron en la urbanización, promovida por Comarex, se remontan a 2004 y desde entonces los representantes de las distintas comunidades de propietarios están exigiendo a la promotora que solucione el problema. Comarex ha comprado varios chalets para evitar el escándalo, la mala imagen y las denuncias que a buen seguro le van a llover. A otros propietarios les ha permutado la casa por una vivienda en otra zona de Andalucía. Sin embargo muchos propietarios no quieren irse o bien no les convence el precio que les ofrece la promotora.

 

Hasta la fecha, por más que hemos preguntado, los informes geotécnicos que supuestamente se tenían que haber presentado antes de urbanizar en una zona como esa no aparecen por ningún lado. Lo que sí aparece es la memoria del pueblo. Es curioso que uno de los salientes de Cerro Gordo se llame ’La piedra que anda’. El único que no sabía que ese terreno ’andaba’ es el alcalde, que se empeñó a toda costa durante varios años en declarar Cerro Gordo urbanizable, para que se construyera en una zona altamente inestable y de un enorme valor ecológico. Ahora, el problema que lo resuelvan los compradores.

 

Cuando ya eran más que evidentes los indicios de corrimiento del terreno, el día 22 de Noviembre de 2007 se ultimó un proyecto de estabilización de la zona. Todavía hoy, casi tres años después, ni la promotora lo ha llevado a cabo ni el ayuntamiento ha tomado las medidas que la ley pone en su mano para obligarle a hacerlo. Esta demora supone una negligencia por parte de Comarex y dejación de funciones por parte del alcalde. Es por ello que los afectados han valorado poner este asunto en manos de la justicia para depurar responsabilidades.

 

El contenido del Proyecto de Estabilización determina claramente que hay un peligro potencial para la seguridad pública. Si bien el arquitecto municipal matiza en su valoración del proyecto que en ninguno de sus apartados se dice que dicha situación sea inminente. En cualquier caso y considerando, además, la situación pluviométrica, absolutamente excepcional por la que estamos atravesando, procede reiterar la ejecución con carácter urgente del Proyecto, indica el arquitecto municipal.

 

Recientemente, en la Junta de Gobierno del 23 de marzo se ha aprobado reiterar a Cerro Gordo, S.L. que aborde, de forma inmediata y urgente, las obras, con advertencia de ejecución subsidiaria a costa del obligado y a la imposición de las correspondientes multas coercitivas.

 

Es lamentable que estemos así, hablando de unas obras que se tenían que haber llevado a cabo hace tres años mientras la zona continúa deteriorándose día a día. Hay que tener en cuenta, además, que no es que le haya entrado prisa de repente al alcalde por solucionar el tema, sino que se ha visto desbordado por los reiterados escritos y denuncias presentadas  por las Comunidades de Propietarios de Los Cármenes del Mar, Atarazanas, Halcón, Las Terrazas, Los Altos y Pueblo en los que se detallaban todas las deficiencias que han aparecido en la urbanización.

 

Nunca se debió haber permitido construir en esa zona. La pena es que se han cargado uno de los más bellos parajes del municipio para enriquecer a los Rodríguez Acosta y ahora, como suele ocurrir, nadie quiere asumir los gastos de las costosas obras que habrá que realizar para paliar, que no solucionar, los problemas de los compradores. Actuaciones como esta dejan dinero fácil en pocas manos pero salen muy caras a los incautos compradores y a la larga a la propia sociedad; trasladando una pésima imagen de nuestro litoral.

Crímenes del mar, con grietas que dan miedo

Desde 2004 en que apareció la primera raja en Los Cármenes del Mar, hasta hoy, el tema sigue sin resolverse, y. lo que es peor, va en aumento. Las rajas en chalets, muros y calles son impresionantes. Hay un proyecto de estabilización con fecha de 2007 y a estas alturas el ayuntamiento está reiterando, ordenando que se haga... ¿Que se haga cuándo? ¿En 2020?

A algunos propietarios de chalets la empresa se los ha comprado para que no líen escándalo. A otros se los ha cambiado por viviendas en otras partes de Andalucía. Otros no quieren irse y a otros no les convence el precio.

Los informes geotécnicos de la zona no aparecen por ningún lado. Lo que sí aparece es la memoria del pueblo. Es curioso que uno de los salientes de Cerro Gordo se llame ’La piedra que anda’.

El único que no sabía que ese terreno ’andaba’ es el alcalde, al parecer.

En la última reunión de la Junta de Gobierno (23 de marzo), estuvieron tratando este tema que les quema pero seguimos sin solución porque a lo mejor no la hay y es que en ese sitio no se debía haber dado nunca permiso para construir. Este es el acta de la reunión del alcalde con sus concejales:

Informe del Arquitecto Municipal de fecha 22-03-2010:

“Con fecha 25 de enero de 2010, recibo traslado de acuerdo de la Junta de Gobierno Local en relación con escritos presentados por la CC.PP. Pueblo de Los Cármenes del Mar, Atarazanas, Halcón, Las Terrazas, Los Altos y Pueblo, con fecha 30 de diciembre de 2009 y 11 de enero de 2010, respectivamente, respecto de deficiencias en la Urbanización Cármenes del Mar en Cerro Gordo.

En los antecedentes obrantes en este Ayuntamiento se constata la existencia de un PROYECTO DE ESTABILIZACIÓN DE LADERAS EN LA URBANIZACIÓN “CÁRMENES DEL MAR”, CERRO GORDO, de fecha 22 de noviembre de 2007, proyecto presentado por la mercantil CERRO GORDO, S.L. y cuya ejecución ha sido ordenada a esta mercantil por este Ayuntamiento mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 20 de enero de 2010.!!

Del contenido de dicho Proyecto, se puede claramente determinar que nos encontramos ante una posible situación de peligro para la seguridad pública, si bien dicho proyecto, en ninguno de sus apartados, señala que dicha situación sea inminente.

En cualquier caso y considerando, además, la situación pluviométrica, absolutamente excepcional por la que estamos atravesando, procede reiterar la ejecución con carácter urgente del Proyecto.

En caso de nuevo incumplimiento de dichas órdenes de ejecución dadas por el Ayuntamiento, en aplicación del artículo 158 de la LOUA procedería iniciar el correspondiente Expediente Administrativo de Ejecución subsidiaria a costa del obligado, así como la imposición de las correspondientes multas coercitivas.

La Junta de Gobierno Local acuerda:

1). Reiterar a Cerro Gordo, S.L. que aborde, de forma inmediata y urgente, las obras, con advertencia de ejecución subsidiaria a costa del obligado y a la imposición de las correspondientes multas coercitivas.

2). Requerir a las Comunidades de Propietarios que se mencionan en el informe para que en el plazo de 10 días aporten a este Ayuntamiento informe sobre el estado de las edificaciones e instalaciones de su propiedad.

 

Algunos cierres de negocios en 2008 y 2009 por no tener licencia de apertura y/o actividad

En un breve repaso de las actas de la Junta de Gobierno hemos encontrado estos cierres y precintos de negocios que no tenían los papeles en regla

 

27-4-09

El local sito en Avd. Juan Carlos I, esquina Mariana Pineda, denominado “Bar Zanzibar”, se encuentra abierto, ejerciendo la actividad y careciendo de la preceptiva Licencia Municipal de Apertura. La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes, acordó: Cierre y precinto del local de referencia por carecer de Licencia Municipal de Apertura, llevándose a cabo dicho precinto por la Policía Local.

 

1-12-08

El establecimiento del que es titular Dª Mª Teresa Páramo Pérez, situado en Avda. Costa del Sol núm. 8, viene desarrollando la actividad de Café Bar, local denominado “Por qué no te callas”, se encontraba abierto desarrollando dicha actividad, sin la preceptiva Licencia Municipal de Apertura. La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes, acordó precintar dicho local por carecer de Licencia Municipal de Apertura, llevándose a cabo dicho precinto por la Policía Local.

 

6-10-08

El local destinado a Café-Bar con música y cocina, sito en Paseo Andrés Segovia, Bahía 1, del que es titular Aicha Laasiri Lamea, se encuentra abierto, haciendo caso omiso a la orden administrativa que se lo impide, (Resolución de fecha 5.2.08). La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes, acordó precintar dichas obras por carecer de Licencia Municipal, llevándose a cabo dicho precinto por la Policía Local.

 

22-9-08

El local del que es titular D. Miguel Ángel Tapia Domínguez, situado en Avda. Príncipe de Asturias, Bajo, viene desarrollando la actividad de Taller de carpintería metálica, y en fecha 16 de septiembre de 2008, sigue abierto y desarrollando su actividad. La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes, acordó precintar dichas obras por carecer de Licencia Municipal de Apertura, llevándose a cabo dicho precinto por la Policía Local.

 

15-9-08

La nave de la que es titular D. Sergio Justo Díaz, situada en Polígono Industrial de Taramay, Nave 2, viene desarrollando la actividad de carpintería, local denominado como “Carpintería KIKI”, en fecha 10.9.08 sigue abierta y desarrollando su actividad. La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes, acordó precintar dichas obras por carecer de Licencia Municipal, llevándose a cabo dicho precinto por la Policía Local.

 

15-9-08

La nave de la que es titular EDALMIJE, S.L., situada en Polígono Industrial de Taramay, Nave 8, viene desarrollando la actividad de Almacén de Materiales para la Construcción, en fecha 10.9.08, sigue abierta y desarrollando su actividad. La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes, acordó precintar dichas obras por carecer de Licencia Municipal, llevándose a cabo dicho precinto por la Policía Local.

Otra más de corrupción

El Club Náutico no tiene licencia de apertura. Esta mañana del lunes 5 de abril, al menos, no la tenía. Y, sin embargo, ha estado abierto en Semana Santa haciendo competencia desleal a otros establecimientos que sí cumplen con la ley. Pero no pasa nada. Es amigo del régimen. 

No le han hecho como al bar '¿por qué no te callas?' que fue precintado y estuvo cerrado varios meses hasta que le dieron la licencia de apertura. No le ha pasado lo mismo que al bar 'Sanzíbar' que estuvo precintado y bien cerrado hasta que los nuevos propietarios consiguieron el permiso del señor alcalde.

A este negocio del señor Betoret no se le aplica la normativa legal. No se la aplicaron cuando abrió Salud y Natura sin licencia. Para más inri, alí estaba el señor alcalde y su señora bebiendo buen vino en la inauguración. Inauguración sin licencia. Tiene perejiles.

Habrá motivos para que este señor pueda abrir sin licencia, pero seguro que no se pueden decir en público. 

Hace dieciocho años

En Abril de 1992, la revista de Benavides ya escribía las mismas demagogias que ahora: la paralización, el gobierno, la Junta... Hablaban entonces de esas barbaridades que ellos llaman progreso y que tienen uno de sus mejores exponentes en lo que algunos almuñequeros llaman ’Los Crímenes del Mar’.

 

Ahora que los Cármenes del Mar han quedado en una montón de chalets agrieteados, con rajas por las que cabe un puño, y sin que veamos por ningún lado los hoteles, los restaurantes o eso que llaman club... ahora, ¿quién devuelve a este municipio uno de los parajes más bonitos del litoral?

 

Esto es lo que decía la revista de Benavides hace ya dieciocho años:

 

Todos los proyectos que iban conformando a Almuñécar como una ciudad próspera y dinámica y con grandes expectativas de futuro, van pasando a convertirse en un recuerdo de lo que pudo haber sido y no fue. Ahora le ha tocado el turno al importante proyecto urbanístico de los Cármenes del Mar en Cerro Gordo. Una inversión de más de seis mil millones para una oferta turística de lujo, con hoteles, restaurantes, club, villas turísticas, etc., ha sido rechazada por la Comisión Provincial de Urbanismo.

Claro que nos queda saber por qué motivos, por qué PODEROSOS motivos, finalmente Comarex (esto es, los Rodríguez Acosta de toda la vida) acabaron consiguiendo que la Junta desbloqueara todo y se hiciera aquel crímen del mar.

El alcalde impide que Almuñécar presente sus propuestas como municipio al Plan de Ordenación del Territorio

IU denuncia la actitud del alcalde al impedir que el Pleno del Ayuntamiento discuta el Plan de Ordenación del Territorio del Litoral de Granada (POTLG) para enviar a la Junta de Andalucía las propuestas del municipio.

 

El lunes 5 de abril termina el plazo para presentar alegaciones al documento de planeamiento elaborado por la Junta. Todos los ayuntamientos han preparado sus alegaciones para que el Plan recoja la voluntad mayoritaria de los distintos municipios. En Almuñécar, el alcalde se ha negado a convocar un Pleno en marzo con lo que somos el único municipio que no va a presentar alegaciones a este Plan.

 

La razón de esta actitud del alcalde está en la incapacidad de Benavides para negociar unas alegaciones consensuadas, no ya con el conjunto de los grupos políticos que formamos el Pleno, sino con ninguno de ellos.

 

En el último pleno celebrado, IU presentó una moción de urgencia para que el Pleno se manifestara en contra del campo de golf de Río Verde previsto en el POTLG. El PP pidió que el tema se dejara para el pleno de marzo por su complejidad y el alcalde pidió también que se dejara para ser discutido en el Pleno de marzo junto al resto de propuestas que presentaran otros grupos.

 

Era evidente que el alcalde tenía miedo de que saliese apoyada la moción de IU pidiendo la retirada del campo de golf de Río Verde y, en esa tesitura, ha decidido no convocar Pleno, con lo que el municipio de Almuñécar no ha podido presentar sus propuestas ante la Junta.

 

Al mismo tiempo que Benavides niega a los representantes democráticos de los ciudadanos la discusión y aprobación de las propuestas que hubiéramos considerado de interés, ha ordenado a los servicios técnicos que elaboren un informe avalando las propuestas que Convergencia considera de interés.

 

Usurpando la representación institucional, que corresponde al Pleno, Benavides ha enviado a la Junta un documento que no representa a nadie en el que se pide la modificación del POTLG con diversas propuestas que no han sido aprobadas por el ayuntamiento.

 

Ante esta situación, el concejal de IU se ha dirigido por escrito a la Junta de Andalucía poniendo de manifiesto la irregularidad de este procedimiento y criticando a la vez el contenido de esas propuestas que insisten en llevar al municipio por un camino que ya se ha demostrado como equivocado.