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Almuñécar contra la corrupción

Marbellécar

Un vecino de Almuñécar es condenado a prisión por continuar las obras de una finca sin autorización

Un vecino de Almuñécar es condenado a prisión por continuar las obras de una finca sin autorización

Un hombre que no ha respetado la legalidad pagará por ello. Hasta ahí, todo correcto. La ley está para cumplirla. ¿Pero por qué en este pueblo sólo tienen que cumplir la ley algunos? ¿No tienen que ser derribados los grandes hoteles cuando el Tribunal Supremo ha dicho que son ilegales? ¿Es normal que el alcalde vaya a la 'inauguración' de un hotel que el Tribunal Supremo ha dicho que es ilegal? ¿Está sólo la justicia para cargar contra los débiles y que los poderosos se rían de ella? ¿Es normal que un arquitecto con una casa ilegal sea el que decida lo que es legal y lo que no lo es?

Un hombre ha sido condenado a seis meses de prisión en Almuñécar por un delito de desobediencia al continuar como promotor y constructor de las obras de una nave almacén en una finca de su propiedad pese a que el Ayuntamiento le había ordenado la paralización de los trabajos.

Según la sentencia de un juzgado de Motril, a la que ha tenido acceso Efe, queda demostrado que el acusado comenzó la construcción en 2006 de una nave almacén de 42 metros cuadrados, la ejecución de un muro de hormigón armado para la contención de tierras, una piscina, un depósito de agua, y la colocación de una alambrada de 100 metros lineales, todo ello sin licencia de obras.

El 10 de octubre de 2006 el consistorio le notificó la paralización y precinto de las obras, aunque no hizo caso de la orden, como queda demostrado por una inspección realizada el 2 de febrero del 2007.

IU pide al alcalde que explique a los vecinos el verdadero problema en que se encuentra la Punta de la Mona y censura la pasividad del ayuntamiento en este grave problema

IU pide al alcalde que explique a los vecinos el verdadero problema en que se encuentra la Punta de la Mona y censura la pasividad del ayuntamiento en este grave problema

Para IU, es un verdadero escándalo que el ayuntamiento haya dejado pasar tres años sin resolver el problema de Marina del Este, a pesar de la gravedad del mismo. No es sólo que tengamos la carretera bloqueada por un desprendimiento y que podamos estar ante otro inminente en la zona del Gallo. Lo más preocupante es que podría haber un colapso total de la montaña que ha quedado seriamente afectada por los cientos de obras que se han realizado.

 

El 9 de marzo de 2010, el equipo de gobierno ha acordado ‘Reiterar con carácter de urgencia a la empresa concesionaria del puerto, Marina del Mediterráneo Este, S.L., el cumplimiento del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria de fecha 10 de abril de 2007, para que en un plazo improrrogable de 10 días proceda a su ejecución, con advertencia de ejecución subsidiaria por el Ayuntamiento.’

 

Es decir, tres años antes, la Junta de Gobierno ya había analizado este problema y acordó ‘instar del concesionario del puerto para que acometa las obras de adecuación y puesta en funcionamiento de la galería de drenaje… Dichas obras se determinan en la Propuesta para reparación de galería en puerto deportivo con un importe de 309.316,55 €.  El equipo de gobierno acordaba asimismo, ‘conceder un plazo máximo de un mes a Marina del Mediterráneo Este SL para el inicio de las actuaciones’.

En este tiempo, el equipo de gobierno ha descargado toda la responsabilidad sobre la empresa concesionaria del puerto deportivo Marina del Este a la que lleva años pidiéndole que resuelva el problema porque, según se afirma desde el ayuntamientoha sido y es responsabilidad única y exclusiva del concesionario del puerto el mantenimiento de las obras de estabilización de la ladera, y entre ellas el mantenimiento de la galería drenante, puesto que fue ejecutada como consecuencia del movimiento de tierras efectuado para la construcción del puerto deportivo Marina del Este…’.

Pero pasó un mes, y treinta y cuatro meses más sin que la concesionaria del Puerto haya hecho nada y, lo que es más grave, sin que el ayuntamiento haya tomado medidas. El ayuntamiento tenía que haber iniciado esas obras de forma subsidiaria antes del verano de 2007 y habérselas facturado a la empresa concesionaria del puerto. En vez de estar discutiendo en los tribunales quién acomete las obras, lo que debería estar discutiéndose es quién paga unas obras que ya tenían que haberse ejecutado porque estamos ante un caso de urgencia verdadera en el que cualquier día puede pasar una desgracia..

Es sorprendente que, ante una inundación del acuario que no tiene peligro para el edificio ni para las personas, el equipo de gobierno decida acometer las obras de impermeabilización por vía de urgencia, y en un tema como este, en el que está en juego la estabilidad de varias vías de acceso, hoteles, comercios y viviendas, así como un hipotético peligro para las personas, se hayan pasado tres años sin que se haga nada.

El ayuntamiento no ha movido ficha a pesar del peligro que hay en la zona hasta que ha llegado a su poder un informe encargado por la Agencia Pública de Puertos. En su elaboración han participado Jean Carlo García Núñez, Ingeniero Civil, magíster en Geotecnia, Ginés Aparicio Soto, Ingeniero de Caminos y Práxedes Jiménez Jiménez, Ingeniero de Caminos.

Las conclusiones de este informe son altamente preocupantes y deberían haberse divulgado a la sociedad almuñequera y, al menos, a los vecinos de la Punta de la Mona. Según el informe, ‘la galería de drenaje no está cumpliendo adecuadamente su función y, por tanto, puede producirse su colapso total. Esto podría ocasionar un hundimiento del terreno que alcanzase la superficie y afectase a algunas de las viviendas. Asimismo, al no estar drenando la ladera suficientemente, podría producirse un nivel de saturación que provocase la inestabilidad global del deslizamiento, provocándose una verdadera catástrofe.’

Asimismo, el informe asegura que las medidas de contención no han sido mantenidas adecuadamente y, o se encuentran destruidas, como es el caso de la pantalla de micropilotes, o se encuentran en un estado en que han dejado de ser eficientes, como es el caso de los anclajes de las costillas mediante cables de acero pretensado, de muy alta resistencia, muy sensibles a la corrosión.’

Los autores del informe dicen que ’existe constancia fehaciente de que se están produciendo movimientos’. Para hacer esta afirmación, explican que ‘hay grietas con indicios de ser recientes, el colapso de la galería ha evolucionado significativamente y hay testigos colocados en Octubre de 2008, en grietas de las fachadas de las viviendas, que se encuentran rotos.’

Finalmente, el informe resalta que ‘estamos en una zona de las más sísmicas de España, con coeficiente de aceleración de 0,16, según la Norma NCSE-02, lo que añade una cota superior de riesgo a tener en cuenta.’

Para remediar esta situación, el informe propone una serie de trabajos urgentes, entre los que señala los siguientes:

1.- Reparación de la galería  y colocación de nuevos drenajes en la misma.

2.- Se estudiará la conveniencia de prolongar el extremo Norte de la galería colapsada, hasta garantizar que se cruza la zona de deslizamiento.

3.- Ejecución de pozos profundos en diferentes zonas de la ladera para mejorar su drenaje y complementar el de la galería. Los pozos anteriores se unirán entre sí y el agua extraída se pasará a la galería para su extracción al exterior por las vías dispuestas.

4.- Puesta a punto y mantenimiento posterior de los bombeos de los pozos situados en las galerías.

5.- Ejecución de nuevos anclajes en las costillas existentes procediendo a las reparaciones necesarias de las mismas.

6.- Revisión y reparación de las redes de abastecimiento de la urbanización, de saneamiento y de riego, para reparar posibles fugas.

7.- Sellado de las grietas existentes y revisión del drenaje superficial para asegurar que se minimizan las zonas de infiltración del agua de escorrentía.

En paralelo a lo anterior, se desarrollará un proyecto de construcción que por razón de urgencia se irá elaborando simultáneamente a la realización de las obras. Dicho proyecto incluirá un estudio geológico-geotécnico detallado, un análisis de toda la información existente y, con los resultados obtenidos, la cuantificación de todas las medidas referidas.

A la vista de este informe, que nosotros consideramos altamente preocupante, el Ingeniero Municipal asegura que ‘nos encontramos ante una posible situación de peligro para la seguridad pública, si bien dicho Informe, en ninguno de sus apartados, señala que dicha situación sea inminente… del reconocimiento organoléptico efectuado “in situ” en la mañana de hoy, no se han observado circunstancias que hagan suponer un riesgo inminente... Sin embargo, con carácter general, en el preciso instante en que se observe cualquier indicio que haga suponer una reactivación del deslizamiento que pueda comprometer el equilibrio existente y la seguridad de personas y/o bienes, debe procederse al desalojo y clausura inmediatos de todas y cada una de las instalaciones del Puerto (tanto las ubicadas en tierra como las ubicadas en el agua), así como de las edificaciones ubicadas sobre dicho deslizamiento y sus inmediaciones.’

Para IU, hechos como este dan la razón a quienes alertan sobre los peligros que tiene construir donde no se debe. Ahora el equipo de gobierno dice que la Punta de la Mona está en peligro por la construcción del puerto deportivo pero insisten en ampliarlo y construir otro. Olvidan, además, que ellos han dado de forma alegre cientos de licencias de obra para construir viviendas, comercios y algún hotel sin que se establezcan unos adecuados sistemas de recogida de pluviales y sin que, aún hoy, esa zona tenga una adecuada red de saneamiento. Y lo grave es que todo eso se ha hecho en una zona en la que todos los informes técnicos decían que había riesgo de movimiento del terreno.

De problemas como este debemos aprender y dejar intactas aquellas partes del municipio que son inestables geotécnicamente, o que tienen problemas de inundación, o que forman parte del equilibrio ecológico de la comarca. Por eso, insiste en que es irracional plantear puertos deportivos que acaben dejando sin arena las playas, o planes de urbanismo que permiten construir en zonas que se inundan para que luego toda la sociedad tenga que hacer un gasto ingente en solucionar unos problemas que nunca se debieron dar.

El Supremo declara ilegal el Proyecto de Plaza de Toros también conocido como El Coso

El Supremo declara ilegal el Proyecto de Plaza de Toros también conocido como El Coso

Acta de la Junta de Gobierno del 15 de marzo en la que se da cuenta del auto del Supremo declarando firme la sentencia del TSJA contra el Proyecto de Plaza de Toros también conocido como El Coso.

Se da cuenta de AUTO del Tribunal Supremo declarando la inadmisión del recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de Almuñécar contra Sentencia de 29 de junio de 2009, de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que se declara firme, con imposición a la parte recurrente de las costas.

La sentencia del TSJA decía: “Estima en parte el recurso contencioso administrativo interpuesto por la representación procesal de D. Enrique José Abascal Altuzarra, contra el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Almuñécar, de fecha 21 de junio de 2001, que desestimando las alegaciones formuladas por el recurrente frente a la aprobación inicial del Proyecto de Plaza de Toros en los espacios E-16 y E-17 del Plan Parcial 4 del PGOU de Almuñécar, aprobó definitivamente dicho Proyecto, con un presupuesto de ejecución material de 377.938.559 pesetas, y en consecuencia, se anula el acto impugnado por no ser ajustado a derecho”, acordando la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes, dar traslado a la Asesoría Jurídica par la adopción de medidas para su cumplimiento.

IU pregunta sobre la sentencia de las viviendas de Los Pinos

IU pregunta sobre la sentencia de las viviendas de Los Pinos

La Opinión. La reciente sentencia del TSJA declarando la ilegalidad de 51 viviendas en Los Pinos inquieta al grupo de Izquierda Unida en Almuñécar.

En este sentido, el concejal de IU de la localidad sexitana pide al portavoz de Convergencia que explique públicamente los motivos que llevaron a su grupo a votar en contra de aquella operación urbanística de Los Pinos, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía haya ha estimado el recurso de la Junta considerando que deben anularse los permisos de construcción concedidos y ahora tendrá que ser el ayuntamiento el que estudie la forma de acabar con esa ilegalidad en lugar de pretender ampararla.

Desde IU han querido denunciar la incapacidad del ordenamiento legal para acabar con la corrupción urbanística ya que entre las primeras denuncias y las sentencias definitivas pasan ocho o diez años. Dicho lo cual, Izquierda Unida estima que no se puede acusar a la Junta de actuación tardía ya que la licencia se otorgó en enero de 2002 y la denuncia de la Junta se puso dos meses después, en marzo.

Tras varias sentencias que han ido dando la razón a la Junta en todos los casos, el ayuntamiento y la promotora han recurrido una y otra vez. Ese es el motivo de que este tema se haya dilatado ocho años y aún puede que más si se recurre al Tribunal Supremo.

IU pregunta al alcalde qué medidas va a tomar en relación a la sentencia de Los Pinos

IU pregunta al alcalde qué medidas va a tomar en relación a la sentencia de Los Pinos

La reciente sentencia del TSJA declarando la ilegalidad de 51 viviendas en Los Pinos es una más de una larga serie que no tiene visos de parar, sino todo lo contrario. Lo más lamentable de esta situación es que al final son los ciudadanos de a pie los paganos de todo. Si hay que demoler edificios, van a ser perjudicados los propietarios de esos edificios y los contribuyentes, que tendremos que pagar más impuestos para poder indemnizar a estos propietarios a los que se ha estafado.

En el tema de las viviendas de los Pinos habrá, sin duda, varios culpables; entre ellos, los concejales que votaron a favor de esa ilegalidad. Pero está claro que en ese expediente había unos informes técnicos que avalaban la legalidad de la operación. Es necesario que el alcalde explique qué medidas va a tomar en relación al autor o autores de estos informes.

Por los datos de que disponemos en estos momentos, el tema no estaba claro desde el principio. Al conocer el alcance de lo que se pretendía hacer, algunos ciudadanos presentaron alegaciones razonadas, pero los técnicos que informaron esos proyectos las desestimaron, argumentando que "pretenden invalidar una escrupulosa tramitación urbanístico-administrativa con apelaciones a la ética".

El lenguaje es el mismo que se sigue utilizando cada vez que desde IU alegamos en contra de algún proyecto que consideramos contrario a la legalidad. También en aquella ocasión, el informe terminaba asegurando que el procedimiento seguido "se ajusta plenamente a la legislación urbanística". Pues está claro que no se ajustaba a la legalidad, según todas las sentencias que ha habido sobre este tema, que no son pocas.

En el mismo sentido, IU pide al portavoz de Convergencia que explique públicamente los motivos que llevaron a su grupo a votar en contra de aquella operación urbanística de Los Pinos. Es de suponer que algo raro verían si votaron en contra. Pues lo que deben hacer ahora es explicarlo en lugar de decir que la Junta quiere echar de su casa a unos ciudadanos. Es el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía el que en defensa de la legalidad, ordena poner las cosas en su sitio, y ahora tendrá que ser el ayuntamiento, que para eso es el máximo responsable de la legalidad urbanística, el que estudie la forma de acabar con esa ilegalidad en lugar de pretender ampararla.

Desde IU volvemos a denunciar la incapacidad del ordenamiento legal para acabar con la corrupción urbanística ya que entre las primeras denuncias y las sentencias definitivas pasan ocho o diez años. Dicho lo cual, en este tema, no se puede acusar a la Junta de actuación tardía ya que la licencia se otorgó en enero de 2002 y la denuncia de la Junta se puso dos meses después, en marzo. Tras varias sentencias que han ido dando la razón a la Junta en todos los casos, el ayuntamiento y la promotora han recurrido una y otra vez. Ese es el motivo de que este tema se haya dilatado ocho años y aún puede que más si se recurre al Supremo.

Ya está bien de engañar a las víctimas de la crisis

Ya está bien de engañar a las víctimas de la crisis

De nuevo se reabre en Almuñécar el debate sobre el campo de golf de Río Verde. Cuando ya creíamos que ese tema estaba zanjado porque todos los informes de impacto ambiental lo consideraban altamente destructivo, la Junta coloca este proyecto dentro del Plan Subregional de la Costa granadina. Da igual que recibiera miles de alegaciones en contra. Da igual que todos los instrumentos de planeamiento consideren ese terreno como de alta protección. Eso da igual, al parecer. Y de nuevo, quienes viven de la mentira y la especulación, vuelven a poner en funcionamiento su poderosa red de propaganda, desinformación y manipulación para hacer lo blanco negro y jugar con las ilusiones de tantas personas que están en paro gracias a una economía capitalista que genera estas crisis periódicamente para engrasar la maquinaria, apretar las tuercas a los trabajadores y volver a empezar.

De nuevo, asociaciones de todo tipo, líderes políticos de todos los colores, y empresarios con intereses económicos y políticos, salen a la palestra para decir a los parados almuñequeros que si están en paro es porque no tenemos uno o dos o tres campos de golf, y porque sólo tenemos un puerto deportivo cuando podíamos tener dos o tres, y porque nos falta un centro comercial que genere cincuenta puestos de trabajo, los mismos que se van a perder en el pequeño comercio.

Cuando algunos embusteros bien trajeados, muy bien situados y con la cartera bien llena de billetes de quinientos euros nos hablan de la imperiosa necesidad de tener campos de golf para crear riqueza, para estimular el turismo y luchar contra el paro, hay que insistir en las cifras, que esas no mienten.

El golf, hay que decirlo clarito, es un camelo más que se han inventado los especuladores y los que viven de la corrupción para seguir engañando al ciudadano mientras engrosan su cuenta de resultados.

En la ciudad de Marbella, con 16 campos de golf, cuatro puertos deportivos (Cabopino, La Bajadilla, Banús y Marbella) y varios centros comerciales, el paro no deja de crecer. Según el Servicio Andaluz de Empleo, el número parados en Marbella en enero de 2010 ha sido de 15.187.

Quienes dicen que en Almuñécar hay paro porque está paralizado un hotel (que el Tribunal Supremo ha declarado ilegal) o porque no se hace el campo de golf de Río Verde, o porque sigue sin construirse un centro comercial que no cumple la legalidad urbanística, saben que están mintiendo.

Quieren ocultar sus negocios bajo la excusa de un futuro que nunca acaba de llegar y que siempre está relacionado con una nueva promesa que acabará con el desempleo y repartirá el maná entre todos los almuñequeros.

Cuando tengamos un campo de golf, dirán que el problema es que necesitamos tres. Y cuando los tengamos, que hacen falta cuatro puertos deportivos. Cuando estén hechos, dirán que hace falta una segunda autovía de ocho carriles. Si el paro sigue, nos dirán que hay que hacer un aeropuerto en Torrecuevas. Y siempre la misma cansina historia.

En Marbella, el paro ha crecido el doble que en el resto de la provincia. ¿De qué les han valido todos sus campos de golf y sus bonitos hoteles en primera línea de playa cerrados medio año?

Nadie habla, sin embargo, de que la agricultura está resistiendo mejor que ningún otro sector los efectos de la crisis. No se trata de convertir Almuñécar en un pueblo que dependa sólo de la agricultura o sólo del turismo. Tenemos que hacer de Almuñécar un municipio con una economía diversificada para que cuando vengan vacas flacas para un sector haya otro en el que defenderse.

Pero es que, además, las reivindicaciones y demandas de esos empresarios supuestamente independientes son parciales y partidistas. Están todas enfocadas a criticar a los rivales políticos del alcalde de Almuñécar.

Si se trata de poner de manifiesto todas aquellas actuaciones y proyectos que podían generar empleo, vamos a hablar de todas.

Hablemos por ejemplo del Hotel Picadilly, más conocido como el hotel del Medina. También este hotel podía haber creado unos cuantos puestos de trabajo. No hay ninguna sentencia en contra y, sin embargo, sigue paralizado. Estaba en estructura cuando el actual equipo de gobierno llegó al poder en 2003 y una de sus primeras decisiones fue ordenar su paralización. Hay motivos más que sobrados para ordenar la paralización de ese mamotreto. Pero el tema está nuevamente en las dos varas de medir. El Hotel Gran Cortijo ha sido declarado ilegal por el Supremo, y sin embargo, las fuerzas vivas de este pueblo, con el alcalde al frente, insisten en que abrir este hotel es un paso necesario para el progreso del municipio. Nadie protesta, sin embargo porque siga paralizado el Hotel Picadilly. Repito. No hay sentencia judicial alguna contra este hotel. Su paralización ha sido decidida, única y exclusivamente, por el equipo de gobierno, con Benavides al frente. Si estos empresarios fuesen independientes y defendieran a todos los empresarios, también deberían estar defendiendo la apertura inmediata de este hotel, que, puestos a comparar, será menos ilegal que el Gran Cortijo.

Hablemos del Hotel Mayoral. Una sentencia de los tribunales frustró este proyecto. Y bien frustrado está porque se pretendía construir en una parcela en la que la edificabilidad ya estaba agotada. En aquel caso, Benavides estuvo en contra de ese hotel. Los empresarios y Benavides no hablan de los puestos de trabajo que podría haber generado ese hotel, pero insisten en que la salvación del municipio viene de la mano del Coso (centro comercial, cines, bares, plaza de toros). Lo que no dicen a los ciudadanos es que ese proyecto se pretende construir, como el Hotel Mayoral, en una zona que ya tiene la edificabilidad gastada. Quizá el promotor del Hotel Mayoral se equivocó al buscar sus aliados.

También debemos hablar del Hotel Fuerte. Durante varios años, la Junta se negó a su construcción porque se había previsto en una zona no urbanizable. Hace dos años, la Junta cedió (sería bueno saber el motivo sin que nada hubiese cambiado) y desde entonces, nada se oponía a la construcción del hotel. Pero el hotel no se ha hecho. La promotora culpa al ayuntamiento. El ayuntamiento culpa a la promotora. Lo cierto es que el ayuntamiento ha terminado anulando la licencia de obras por caducidad. ¿Por qué no dicen nada de este tema desde la Asociación de Hoteleros o desde la Federación de Asociaciones de Empresarios?

Pero es que, además, los hoteles de la ciudad están despidiendo a sus trabajadores. El hotel Almuñécar Playa ha dejado la plantilla reducida a la mitad en los últimos tres años. Los beneficios siguen subiendo. La ocupación no baja, pero cada vez se recurre más a contratos eventuales y a subir el ritmo de trabajo. Cumplir el convenio se ha convertido en una reivindicación revolucionaria. ¿Qué tienen que decir de eso los empresarios almuñequeros?

El hotel Playacálida y Los Fenicios están cerrados media temporada desde hace años. En 2010, también el hotel Bahía Tropical se ha sumado a la moda.

En esta situación, ¿cómo se puede ser tan cínico afirmando que este municipio necesita más hoteles? Lo que necesitamos es que abran todo el año los que ya tenemos y que en el resto dejen de despedir al personal apretando las clavijas en busca de un incremento permanente de la tasa de beneficio empresarial.

Cerrado está el camping Carambolo en lo que supone una de las mayores cacicadas del equipo de gobierno. En los anteriores casos, los tribunales han declarado la ilegalidad de todo o de parte de lo proyectado (Coso, Hotel Cortijo, Bahía, Bahía Tropical…) En el caso del camping, es justo al revés. El camping ha ganado varias sentencias y, sin embargo, ahí sigue ese negocio cerrado.  Como cerrado ha estado varios meses, por decisión del alcalde, el camping de La Herradura. ¿No tienen nada que decir sobre estos temas las asociaciones de empresarios?

Cerrado está el Restaurante Horno de Cándida y cerrado está, con lo caro que nos ha salido, el Hotel Escuela llamado antes Palacete del Escamado y ahora del Corregidor. ¿Cuántos puestos de trabajo podrían estar generando estas dos infraestructuras municipales cerradas por la incapacidad del equipo de gobierno?

Cerrada está la estación Náutica, y en una grave crisis todo el sector empresarial relacionado con el turismo de buceo de La Herradura. Nadie más que el actual equipo de gobierno es responsable de esta situación a la que se ha llegado igualmente a base de venganzas políticas y abusos de poder. Sería bueno oír la voz de los representantes de los empresarios acerca de este tema.

Cerrado ha estado igualmente varios años el Picadero Municipal sin que oyéramos una palabra sobre este lamentable episodio. Ahora se ha adjudicado recientemente y estamos a la espera de que esta infraestructura se ponga en marcha y aporte su granito de arena a la maltrecha economía del municipio.

Los cooperativistas de Hercofrut quieren poner una gasolinera en los terrenos que tienen junto a la salida de la autovía. A primera vista, parece que esa ubicación es más adecuada que en los bajos de un estadio de fútbol. En el equipo de gobierno opinan lo contrario así que esa gasolinera está bloqueada. Es posible que el único problema de esa frustrada gasolinera sea que uno de los cooperativistas es concejal de IU.

Abierto está Peña Escrita. Es incalculable la cantidad de dinero público que se ha tirado en esta locura del señor Benavides. Los beneficios para la localidad son ridículos pero el gasto que hemos de soportar desmesurado. Ni una palabra sobre el particular.

Abiertos están también los dos hoyos que han arruinado la economía de decenas de comerciantes en Velilla y San Cristóbal. Silencio y tímidos balbuceos se han escuchado ante el golpe más serio que el alcalde ha propinado a la economía del municipio. Con cualquier otro equipo de gobierno, las quejas de estos empresarios habrían llegado al cielo. Ellos sabrán por qué se muestran tan cobardes y tan sumisos con este alcalde.

Dicen que necesitamos como el comer otro puerto deportivo. Aparcamiento para nuestros coches, no, pero aparcamiento para las limusinas del mar, sí. Dicen que es imprescindible para nuestro bienestar. Antes de hacer un puerto se nos dice que van a generar trescientos o cuatrocientos puestos de trabajo. Es por eso que hay que cargarse la Sandovala para hacer una enorme piscina donde ahora hay miles de chirimoyos creando empleo y riqueza de forma modesta. Vayan a Marina del Este y cuenten los puestos de trabajo generados por el puerto. Vayan a Marina del Este si la carretera lo permite, porque la especulación y la corrupción urbanística han terminado por cargarse la estabilidad de una ladera que ya era inestable, pero a la que se ha metido mano por todos lados convirtiendo un paraje tan hermoso como ese en un mamotreto de bloques. Los listillos ya se han llevado el beneficio. Ahora nos queda a los ciudadanos el coste, el importante coste de reparar una y otra vez, aquí y allá, esa carretera, esos muros, esas galerías de drenaje, esas viviendas agrietadas.

Es el lenguaje de la especulación, el mismo de siempre, el que llevan años repitiendo como un sonsonete en Marbella, en Estepona, en Fuengirola, en Benidorm o en la Manga del Mar Menor. El resultado es bien conocido: municipios arruinados, paisajes destrozados, calidad de vida reducida, empleo de baja calidad y escasa retribución. Para hacer de contrapeso, millonarios surgidos de la nada que han acertado comprando y vendiendo en el momento adecuado.

No es eso lo que queremos para Almuñécar. No es eso lo que entendemos por progreso. Y por esas razones, vamos a seguir trabajando, con nuestras escasas fuerzas, pero con enorme ilusión y constancia, contra el campo de golf de Río Verde y contra todos aquellos proyectos que, con la excusa de crear empleo, sólo pretenden llenar la cartera de cuatro listillos que nos toman por tontos.

EL TSJA DECRETA ILEGALES 51 VIVIENDAS DE LOS PINOS

EL TSJA DECRETA ILEGALES 51 VIVIENDAS DE LOS PINOS

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha dictado sentencia contra el acuerdo adoptado por la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Almuñécar el 14 de enero de 2002, que daba a la mercantil “Playa Costa Tropical S.L.” licencia para la construcción de 51 viviendas en la Urbanización Los Pinos.

Según el TSJA, la licencia concedida por el Tripartito, incumplía las previsiones del PGOU en cuanto a zonificación y edificabilidad, pues, mediante la aprobación del Estudio de Detalle aprobado por el Ayuntamiento de Almuñécar el 20 de diciembre de 2001, a cuyo amparo se concedió la licencia, se ha producido una diferente zonificación de la zona verde privada y de la zona residencial, así como un aumento de la edificabilidad prevista en el PGOU, lo que supone una modificación del Planeamiento General que no está permitida al Estudio de Detalle. En consecuencia, el TSJA anula la licencia.

La licencia fue otorgada por el gobierno PP-PSOE-PILH. El Pleno en que se aprobó rechazó las alegaciones presentadas argumentando que pretenden invalidar una escrupulosa tramitación urbanístico-administrativa con apelaciones a la ética. El acuerdo adoptado en su momento añadía que el procedimiento seguido se ajusta plenamente a la legislación urbanística vigente, a la normativa del PGOU vigente y a la forma de aplicarla.

Curiosamente, el partido que más barbaridades urbanísticas ha perpetrado en este municipio, el partido que nos gobierna en la actualidad, votó en contra de aquellas viviendas y ahora pretende dar lecciones de algo de lo que no han oido hablar.

Duro comunicado de Marinas del Mediterráneo: La empresa que gestiona el Puerto de Marina del Este acusa al ayuntamiento de mentir acerca del deslizamiento de la ladera en la Punta de la Mona

Duro comunicado de Marinas del Mediterráneo: La empresa que gestiona el Puerto de Marina del Este acusa al ayuntamiento de mentir acerca del deslizamiento de la ladera en la Punta de la Mona

Según Marinas del Mediterráneo, concesionaria del Puerto Deportivo de Marina del Este, las declaraciones del Ayuntamiento de Almuñécar sobre el mantenimiento de la galería de drenaje de la ladera (masificada de urbanizaciones) situada en Marina del Este, son totalmente falsas y basadas en la desinformación interesada.

Desde la concesionaria del Puerto Deportivo se preguntan si oculta algo el Ayuntamiento. Parece que sí porque los hechos verdaderos rebaten la acusación.

Marina del Mediterráneo Este S.L. obtuvo la concesión del puerto deportivo en 2001 mientras que la urbanización de la ladera data de 1987. De los 150 metros de longitud de la galería, sólo la salida (10 metros) está dentro de la concesión. El objetivo de la galería es el drenaje de la ladera ocupada por urbanizaciones y no por el puerto deportivo, que está a nivel del mar y no necesita drenaje. ¿Por qué tiene que asumir el puerto el drenaje de las urbanizaciones?.

En 1987, Los Berengueles y otras promotoras pagaron al Ayuntamiento las correspondientes licencias de obras y urbanización con sus requerimientos técnicos que, imaginamos, incluirían las medidas oportunas para evitar el deslizamiento de la ladera. Entre otras, la mencionada galería. Además, depositarían los exigibles avales que garantizaran dichos requerimientos técnicos.

Esos requerimientos de estabilización no sólo incluían a la famosa galería, sino otras medidas importantes para la estabilización de la ladera que, también, se las han saltado a la torera, según denuncia el Puerto Deportivo.

Marinas del Mediterráneo Este denuncia al Ayuntamiento de ser responsable y total conocedor de la desestabilización de la ladera.

Al cobrar las licencias, el ayuntamiento daba por buenas las obras, ya que, con total y absoluto desprecio hacia la estabilización de la ladera, devolvía a los urbanizadores los avales que garantizan que las obras cumplieron con todos los requerimientos técnicos.

Se han tapado pozos de ventilación, cortado muros de contención, eliminados anclajes de esos muros y destruido pantallas de micropilotes, con el visto bueno de los técnicos municipales. ¿Es culpa de la galería lo que está pasando?.

El peligro de deslizamiento no es nuevo, ya estaba ahí hace muchos años, por muy inusuales que hayan sido las últimas lluvias, afirman desde la concesionaria.

IU insiste en que hay dos varas de medir en Almuñécar

IU insiste en que hay dos varas de medir en Almuñécar

El ayuntamiento de Almuñécar aplica distintos criterios ante idénticas situaciones. El equipo de gobierno saca de contexto el escrito de la Fiscalía en relación a la licencia del Eroski. Este escrito no avala la actuación del ayuntamiento sino que descarta que las irregularidades cometidas tengan relevancia penal.

El 18-6-2009 se inauguró el supermercado Eroski tras varios meses de obras en los que, además, se  cambió la actividad, pasando de club náutico a supermercado. Cuando abrió sus puertas no tenía licencia de actividad ni de obras ni de apertura. El 22 de junio, la Junta de Gobierno Local abrió un expediente por haber hecho las obras sin licencia pero no tomó ningún acuerdo en relación a la falta de licencia de apertura y actividad y dejó que el supermercado siguiera abierto. El 13 de julio, el equipo de gobierno concedió la licencia de obras. En el expediente de esa infracción se recuerda que el establecimiento aún no tiene licencia de apertura, pero se deja que siga abierto.

Con un criterio completamente distinto, el 10-8-2009, la JGL acuerda precintar un despacho de pan, golosinas y refrescos en la calle Colombia. El motivo del precinto, según consta en el acta, es que ‘no tiene licencia de apertura’.

Meses antes, el 27 de abril, el equipo de gobierno había decidido el cierre y precinto del bar Zanzíbar. El motivo, el mismo: ‘no tiene licencia de apertura’.

El 1-12- 2008 había sido cerrado el Bar ¿Por qué no te callas? El motivo era también el no tener licencia de apertura.

Estos son sólo tres ejemplos de negocios cerrados porque no tenían licencia de apertura, pero hay muchos más.

La cuestión es que hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. A unos se les permite todo tipo de irregularidades y a otros se les aplica la ley a rajatabla o se interpreta de manera forzada para castigar a sus propietarios. También abrieron sin licencia de apertura el Club Náutico y el Centro Salud y Natura. Se da la paradoja de que el Centro Salud y Natura fue inaugurado en presencia del alcalde y no tenía licencia de apertura. 

La ley está para cumplirla tratando a todos los ciudadanos por igual. En Almuñécar eso no se cumple. En opinión de IU, y así se lo trasladamos a la Fiscalía, es aplicable a esta actuación el artículo 404 del Código Penal, según el cual A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años.

Según la Fiscalía, esas irregularidades deben denunciarse en los tribunales de lo contencioso administrativo y no por la vía penal. Ahí es donde discrepamos. Si este tipo de actos fueran castigados por vía penal, ya se guardarían los alcaldes y otros funcionarios públicos de actuar con discrecionalidad haciendo favores a unos y amargando la vida a otros. Denunciar estos hechos por la vía contenciosa sirve para poco porque, en el mejor de los casos, se obtiene, a los seis o siete años, una sentencia que no viene a resolver nada ya que no se castiga de verdad al que ha incumplido la legalidad.

En relación a las amenazas del equipo de gobierno acerca de una posible denuncia por parte del ayuntamiento hacia Fermín Tejero, el concejal de IU manifiesta no sentirse extrañado. En este país, comenta Tejero, se ha puesto de moda que los que incumplen la ley denuncien a los que intentan defenderla. Ha pasado varias veces en Seseña. Allí el alcalde de IU ha recibido decenas de denuncias por parte de un promotor acostumbrado a un trato más favorable por el anterior equipo de gobierno. Pero el caso más reciente y polémico lo tenemos en el caso Gurtel, en que los acusados de corrupción se permiten el lujo de denuncian al juez Garzón.

Los lectores comentan la noticia de que la Punta de la Mona se mueve

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Propietario Marina 17.03.2010, 11:13

Que cara más dura tiene el Sr. Benavides. El informe tecnico lo ha solicitado el puerto y se lo ha remitido al Ayto. Las casas afectadas estan en un terreno altamente inestable, sobre el cual el ayuntamiento dio licencias para construir. Y ahora el ayuntamiento construye, tras ganar un litigio con la Junta de Andalucia, justo en medio del terreno deslizable una residencia de ancianos.

IRRESPONSABLES¿Cómo se puede llegar a acabar por declarar urbanizable todo lo que quedaba libre de esta inestable ladera cuando ya había precedentes de deslizamientos que habían agrieteado a muchos chalés de la parte más alta? Entre Sevilla, Granada y Almuñécar anda el juego

urbanismoEl ayuntamiento muy preucupado él pero,, hace un mes se vanagloriaba de que no se concedieron las medidas provisionales para la suspensión de la construcción de 76 viviendas mas en esta ladera cuando la denuncia es precisamente por la inestabilidad del suelo. ¿Qué quiere el señor alcalde, cobrar comisiones por la construcción de las viviendas y responsabilizar al puerto de que se caiga la montaña?. Mas coherencia por parte del ayuntamiento que por una parte sigue dando permiso para construir en la montaña y por otra parte se muestra asombrado de que la montaña se caiga

la mano que mece la laderaLos técnicos municipales son los responsables del problema. El interés personal de enriquecerse de todos los de urbanismo, y los políticos municipales que como han dicho en algún comentario estampan su firma previa propina para terminar sus distintos palacetes en nuestro territorio y en territorios marroquíes. Todos los informes que llegan a la Junta son informes hechos por técnicos. Allí se basan en esos informes. Algunos miembros de urbanismo todos sabemos cómo viven

mileuristas

LA NATURALEZA ESTA HACIENDO EL TRABAJO QUE LA LEY NO CONSIGUE HACER, POSIBLEMENTE SEA QUIEN ESTE JUZGANDO A LOS CORRUPTOS Y DESVELANDO DONDE ALGUNOS MILEURISTAS HAN INVERTIDO SUS COMISIONES.

pepe luis

El proyecto original de marina del este, aún hay folletos de entonces, era un urbanismo blando, casitas aisladas, zonas verdes, una urbanizacion idilica, pero el resultado final es otro muy distindo, no hace falta que lo explique. La gente mayor de La herradura sabe perfectamente que los terrenos de marina son inestables como algunos del sector poniente de la punta de la mona. El exceso de edificabilidad existente aporta una presion mayor sobre la ladera, y si no se han hecho los drenajes como indicaron los tecnicos peor que peor. Dificil solucion. Todo por optar en una zona de gran belleza e irrepetibe, por la cantidad en vez de por la calidad, pero para eso los ayuntamientos dan toda clase de facilidades a los promotores, con tal de llenar sus arcas. Asi nos vá, una pena .

Propietario Marina

Marina del Este no tiene luz pública, ni otros muchos servicios públicos básicos y de obligado cumplimiento por un Ayuntamiento. Por el contrario, paga el IBI más alto del municipio y probablemente de Granada. Impuesto que sirve para financiar los servicios de aquellas zonas del municipio donde el voto si da la alcaldia. En Marina del Este, todas las casas son segunda residencia, nadie está empadronado, nadie por lo tanto puede votar, con lo cual, no tiene lógica electoral para el Ayuntamiento gastar ni un euro enta urbanización...que más da si se cae la ladera. Eso sí, para otorgar licencias urbanisticas sobre la misma, previo untado del politico correspondiente, si están los primeros.

mirando debajo de la alfombraTodos sabemos cómo siendo mileuristas municipales tienen un nivel de vida inexplicable, ahora empieza a desvelarse donde algunos del ayuntamiento han invertido algunas de las millonarias comisiones, en zonas verdes, que curioso no creeis? . TODOS ESTOS SINVERGUENZAS SON LOS MISMOS QUE DISEÑARON EL FAMOSO MUEVO PGOU DE BENAVIDES, para seguir destruyendo La Herradura a cambio de enriquecerse ellos y los palmeros de Benavides. En vez de tantas asociaciones fantasmas con intereses políticos patapolleros que se cree una para destapar la mafia de urbanismo.

Iu pedirá que se elimine el proyecto de campo de golf previsto en la vega de Río Verde

Iu pedirá que se elimine el proyecto de campo de golf previsto en la vega de Río Verde

Granada Hoy

Izquierda Unida de Almuñécar se mostró sorprendida por la inclusión en el documento del Plan de Ordenación del Litoral Granadino de un campo de golf en la vega del río Verde, por lo cual va a pedir en el pleno la eliminación de este proyecto. Su desarrollo supondría, para la formación, "un duro golpe al paisaje, a los recursos hídricos y a la agricultura de la localidad".

El portavoz municipal de IU, Fermín Tejero, considera que existe una contradicción en el propio Plan Subregional, que por una parte autoriza la iniciativa, pero por otra "clasifica toda la vega del río Verde de Almuñécar como Zona de Protección Paisajística". Destacó además que esta zona está dentro del Plan de Protección del Medio Físico de Granada AG-10, y figura como zona de protección de cultivos. "No se puede jugar a dos barajas: o es zona de protección o es zona de especulación", aseveró.

IU enumeró diversos argumentos normativos que impedirían la ejecución de un campo de golf en el río Verde, como la resolución aprobada por el Parlamento de Andalucía para "incluir las laderas de cultivos subtropicales de la costa granadino malagueña como unidad paisajística prioritaria"; o que esta vega "es una zona inundable", y que "según la Consejería de Medio Ambiente, será preciso establecer como Suelo No Urbanizable Protegido las zonas comprendidas dentro de las previsiones de avenidas con retorno de cien años".

Tejero afirmó por otra parte que según la Ley de Aguas "los usos próximos a los cauces naturales estarán sujetos en toda su extensión a una zona de servidumbre de 5 metros de anchura para uso público y a una zona de policía de 100 metros, lo que hace imposible la ubicación de un campo de golf en río Verde". Y añadió que en esta vega "hay una Cañada Real aún no deslindada que se vería afectada".

IU pide que se busque un terreno a precio razonable para el polideportivo de Torrecuevas

IU pide que se busque un terreno a precio razonable para el polideportivo de Torrecuevas

El concejal de IU ha presentado al Pleno una propuesta para resolver satisfactoriamente el problema creado con el polideportivo de Torrecuevas. La construcción de un polideportivo en Torrecuevas es un objetivo compartido por todos los concejales del ayuntamiento y, sin embargo, consideramos un mal negocio el convenio firmado por el alcalde con un particular.

 

El convenio concede al ayuntamiento una finca que tiene varios problemas urbanísticos entre los que cabe destacar la ubicación de la misma en terrenos protegidos de la vega, lo que ha dado lugar a una oposición frontal, más que justificada, por parte de la Junta de Andalucía. Esa circunstancia hace que el proyecto nazca con un futuro lleno de interrogantes y problemas parecidos a los que tiene el polideportivo de La Herradura y ello podría significar que los vecinos se quedaran sin el polideportivo mientras se utiliza esta frustración para atizar una guerra política que no conduce a nada.

 

El convenio concede al promotor determinadas compensaciones para construir en el resto de la parcela que difícilmente van a poder materializarse dada la catalogación de la finca como no urbanizable de alta protección. En caso de que el proyecto no pueda llevarse adelante por circunstancias ajenas al propietario, el ayuntamiento tendría que pagar una cantidad desorbitada de dinero por la finca. Estamos, pues, ante un mal negocio pues es posible que acabemos pagando por la finca mucho más de lo que vale.  

 

Antes de seguir adelante con la tramitación de una actuación urbanística como la que nos ocupa, entendemos que procede evitar el gasto innecesario de 300.000 euros en una parcela de 3.000 metros que no vale a precio de mercado ni la quinta parte de esa cantidad.

 

El convenio firmado entre el alcalde y el propietario de la finca es lesivo para el ayuntamiento y por ese motivo, lo que procede anular ese convenio para que el ayuntamiento pueda buscar una finca que no tenga los problemas urbanísticos que tiene ésta y sobre todo, que se pague a un precio razonable.

 

Con esas razones, IU presentó al Pleno una enmienda para que en lugar de seguir adelante con una modificación puntual que está viciada desde el principio, se hagan las cosas bien, se evite un perjuicio económico al ayuntamiento y se consiga una pista de verdad y no una explanada de tierra con una pancarta de protesta. La enmienda de IU fue rechazada.

 

Esto es lo que se proponía:

Primero.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 102 de la Ley 30/92, incoar expediente para la declaración de oficio de nulidad de pleno derecho del convenio suscrito el 12 de febrero de 2007 entre el alcalde y Don Rafael Bellido Navas.

 

Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a los que puedan resultar afectados por la resolución que eventualmente se adopte, para que por plazo de 15 días puedan presentar las alegaciones, documentos y justificaciones que estimen oportunos para la defensa de sus derechos, a tenor de lo establecido en el artículo 84.2 de la Ley 30/92.

 

Tercero.- Que una vez instruido el expediente, se formule propuesta de resolución y que sea sometida a este Pleno, previo informe de los servicios jurídicos de la Corporación.

 

Cuarto.- Suspender la ejecución del acto objeto del presente procedimiento, a tenor de lo establecido en el artículo 104 de la Ley 30/92, por cuanto el mismo puede causar perjuicios de imposible o difícil reparación.

 

Quinto.- Suspender la tramitación de la Modificación Puntual prevista hasta que se disponga de una finca adecuada para construir el polideportivo.

Nuevo Varapalo al sentido común

Nuevo Varapalo al sentido común

Izquierda Unida considera un atentado al sentido común el auto de la Audiencia Provincial absolviendo a Benavides de un delito de coacciones.

 

Es un hecho probado que le tele fue cerrada saltándose el procedimiento legal. Es un hecho probado que se cambió la cerradura y se cortó la señal de emisión. Y ante todos estos hechos probados se alega que no se puede demostrar que fuese Benavides el responsable. Es una gran falacia, que atenta contra el sentido común, pensar que estas decisiones se pudieron tomar al margen o en contra del criterio del alcalde. En ningún ayuntamiento, y menos en este, se puede pretender que actos como los aquí juzgados se lleven a cabo al margen del alcalde.

 

Este auto supone una profunda decepción porque priva a la sociedad civil de su derecho a defenderse frente a las actuaciones irregulares del poder. En Almuñécar había una empresa que gestionaba la televisión tras haber ganado un concurso público y lo cierto es que esa empresa fue echada a patadas del local donde trabajaban, siendo sustituida en menos de una semana por otra empresa que emitía con la misma frecuencia de señal, sin que ningún procedimiento administrativo o concurso legal se hubiera llevado adelante.

 

Bastaría con echar mano de las hemerotecas, ver diez minutos seguidos de emisión de la nueva tele en los días posteriores al golpe de estado, o buscar en el Registro Mercantil para comprobar que la nueva televisión estaba totalmente controlada por el entorno de Benavides. Afirmar lo contrario es hacer lo blanco negro, por mucho que sea un órgano judicial el que lo haya dicho. Una cosa es que tengamos que acatar las sentencias y otra que sean infalibles.

 

En todo caso, desde Izquierda Unida pedimos que no se confunda absolución con inocencia. El auto judicial declara que no se ha podido probar la culpabilidad de Benavides. Pero lo que no podrá afirmar ningún auto es que Benavides es inocente, ya que aquellos hechos no fueron adoptados por decisiones unilaterales de un empleado o de un concejal que, por otro lado, podían haber sido acusados de perjuros por faltar a la verdad.

El recurso número 51 de Almuñécar

El recurso número 51 de Almuñécar

Ideal

El jueves 21 el alcalde de Almuñécar, Juan Carlos Benavides, firmó uno de esos escritos tan comunes en los que delega en su segundo para marcharse de viaje. Volverá el día 29.

Casualmente, ese mismo día la Audiencia Provincial estudiará el recurso por la condena en primera instancia por supuestas coacciones a la antigua televisión local. Un juez sustituto -como lo infravaloró Benavides- le condenó en el verano a 28 meses y 16 días de prisión e inhabilitación. La decisión de la Audiencia será definitiva. O se salva -como otras veces- o tendrá que dejar la Alcaldía.

Pero si en algo tiene habilidad el alcalde sexitano es en escapar de las situaciones límites. Por ahora, los tribunales -en las instancias superiores- les han sido favorables. Más en el plano personal que en las decisiones tomadas por su Ayuntamiento, sobre las que ya existe alguna sentencia firme contraria en algún pleito.

La cadena de contenciosos no para. A pesar de que el municipio tiene el PGOU bloqueado y aparentemente no hay mucho más por construir. Es como si cada licencia que se moviera se topara con la Junta en contra -y presuntamente con la legislación-.

El último que ha trascendido es del pasado 9 de diciembre. La Consejería de Vivienda ha pedido al juzgado de lo Contencioso que anule la licencia concedida por la junta de gobierno local el 5 de octubre para construir una residencia de mayores de 76 apartamentos en Marina del Este. «La licencia en la que se ampara la construcción puede ser ilegal, con la consecuencia que ello conllevaría de demolición de lo construido», advierte el recurso.

La Junta solicita además que se paralice la obra -que empezó el 5 de noviembre- mientras se resuelve el pleito, algo que puede tardar años. Esta semana se ha visto un ejemplo de lo que puede hacerse de rogar la Justicia, el del Hotel Cortijo de Almuñécar. Un contencioso que arrancó hace una década y que todavía no está resuelto al cien por cien.

En esta ocasión, el origen de la parcela afectada en este contencioso está en 1977. El PGOU de aquella época contemplaba el solar como zonas verdes y jardines a ceder al Ayuntamiento, sostiene la Junta. En el plan de 1987 se pasó a equipamiento administrativo pero manteniendo -defiende la Junta- el uso públicoo.

Según la Consejería de Vivienda, no se puede excusar la operación urbanística en la declaración de interés social para cambiar la calificación del suelo. Además, la licencia concedida excede en una planta la altura permitida, según el contencioso presentado.

Por todo esto, la Junta considera que el Ayuntamiento de Almuñécar ha incurrido en una infracción urbanística «muy grave».

El recuento

Un contencioso más y van -al menos- 51. Cuando la Junta hizo recuento en septiembre había medio centenar de pleitos interpuestos por la administración autonómica contra el Consistorio, en distintas etapas. Hay que sumar los que hayan presentado particulares.

Detrás suele haber presuntos excesos en la altura de los edificios -más plantas de la cuenta-, exceso de volúmenes o falta de previsión de espacios libres. En definitiva, macizar todo lo que haya libre.

Al margen de estos contenciosos, la Junta ha remitido 35 solicitudes de revisión de oficio al Ayuntamiento por decisiones que, a su juicio, no se ajustaban a derecho.

Para redondear estas cifras, la Consejería de Vivienda había realizado en septiembre 15 informes a petición del Ministerio Fiscal. Una muestra gráfica de la judicialización que atenaza al Ayuntamiento de Almuñécar. Ahora que Benavides tiene que jugar otra bola de partido. Será el día 29. Está acostumbrado.

El Tribunal Supremo declara ilegal el hotel Cortijo

El Tribunal Supremo declara ilegal el hotel Cortijo

El Tribunal Supremo, en un auto del 21 de mayo de 2009, ha confirmado la sentencia dictada un año antes por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Culmina así un largo conflicto judicial que empezó en el año 2000.

 

El 3 de agosto de 2000, el ayuntamiento de Almuñécar autorizó la construcción de un hotel residencia geriátrica en una parcela de 9.090 metros cuadrados situada en el paraje del Cercado. Dado que se trataba de terrenos no urbanizables, el ayuntamiento declaró esa construcción como una obra de utilidad pública e interés social. Esta es una figura que se viene utilizando de forma irregular una y otra vez para permitir grandes pelotazos urbanísticos ya que los agraciados construyen como si fuera suelo urbano en unos terrenos que han costado un precio ridículo justamente porque en ellos no se podía construir.

 

Ante ese acuerdo del ayuntamiento, la Junta de Andalucía interpuso un recurso el 24 de octubre de 2000. Tras un largo camino judicial en el que los Tribunales siempre han venido dando la razón a la Junta, ocho años después, el TSJA dictó sentencia el 9 de junio de 2008.

 

La sentencia es clara y establece que no hay ‘justificación de los requisitos para autorizar el emplazamiento en suelo no urbanizable de una instalación destinada a hotel geriátrico, actividad de vocación claramente residencial y asistencial para la que es idóneo el suelo urbano, como se pone de manifiesto en el hecho de que el emplazamiento propuesto es precisamente un suelo no urbanizable colindante con suelo urbanizable… Se trata, con evidencia, de uno de los casos en que no existen razones objetivas que amparen la necesidad de que la instalación se ubique en suelo no urbanizable’.

 

Sigue la sentencia diciendo que ‘no hay ninguna razón que justifique la autorización de esta construcción en suelo no urbanizable’. En consecuencia, dice el Tribunal que ‘el recurso ha de ser estimado, siendo rechazable la alegación de que con ello se vulnera la autonomía municipal, por cuanto la protección del suelo no urbanizable de los usos indebidos es una actuación que sin lugar a dudas cabe reconocer en el ámbito de intereses y competencias de la Administración autonómica’.

 

El concejal de IU critica que habiendo transcurrido casi dos años desde la sentencia del TSJA y ocho meses de la del Supremo, el ayuntamiento haya ocultado este dato a los ciudadanos y haya asistido recientemente a la farsa de inauguración de un hotel que ha sido construido de forma ilegal. Siendo el alcalde el encargado de velar por la legalidad parece indecente que su actitud en este tema esté siendo la que es. Le guste más o le guste menos, la obligación del alcalde de Almuñécar ha de ser la de acatar una sentencia del Tribunal Supremo y reponer la realidad física alterada.

Piden 10 años de inhabilitación para Benavides por el caso del camping

Piden 10 años de inhabilitación para Benavides por el caso del camping

Ideal

El alcalde de Almuñécar, Juan Carlos Benavides, se enfrenta a un nuevo procedimiento judicial por un supuesto delito de prevaricación por promover y ejecutar varias resoluciones administrativas en contra del Centro de Educación Ambiental 'Karanda S.L'. y el camping Carambolo, de los que es representante el edil de IU en el Consistorio, Fermín Tejero, toma de decisiones por la que la acusación particular, que ejerce el propio concejal, le solicita diez años de inhabilitación.

Asimismo, Tejero solicita la misma pena para el ex concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Almuñécar, Emilio González Pavesio, y, para un administrativo de la entidad local, F.O., pide siete años de inhabilitación, según consta en el escrito de acusación. Asimismo, y porque el camping ha permanecido cerrado desde 2005, el concejal solicita 60.000 euros por cada año de perjuicio y 10.000 euros más en concepto de daño moral, con el Ayuntamiento de Almuñécar como responsable civil subsidiario.

Según informaron fuentes del caso, la Fiscalía, sin embargo, no ha visto relevancia penal en los hechos, que la juez titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Almuñécar sí consideró que eran «motivos suficientes» para atribuir un delito de prevaricación al alcalde. En su auto, que transformaba las diligencias abiertas en procedimiento abreviado, la juez vio además los mismos indicios de delito en la actuación de González Pavesio, y en la del administrativo de la entidad local, aceptando así la denuncia del edil de la formación de izquierdas que motivó la apertura de la investigación.

Así, de las diligencias practicadas se desprende, según consta en la resolución judicial, facilitada a Europa Press, que las citadas resoluciones se promovieron y ejecutaron «a sabiendas de su injusticia», por lo que puede considerarse «a prima facie» que existen indicios de prevaricación por parte de los imputados, que se sitúan a un paso de la apertura de juicio oral, que aún no tiene fecha.

Al respecto, el edil Fermín Tejero ya señaló el pasado mes de que abril que Benavides «le ha acosado y presionado institucionalmente» desde 2005 por mostrarse contrario al planeamiento urbanístico que proyecta para la ciudad y, concretamente, por negarse a que se otorgara la máxima edificabilidad a los terrenos donde se encuentra el centro 'Karanda S.L.', que son de su propiedad.

Relató entonces que el centro fue objeto de hasta cuatro inspecciones en un sólo día, un procedimiento que además consideró «infrecuente», al ser efectuado por «auxiliares administrativos y no por técnicos cualificados». Estas inspecciones, según explicó, finalizaron con un acuerdo de la Junta de Gobierno Local para del cese de la actividad del centro y el corte de suministros, asunto que Tejero denunció.

Fue en el momento en que Tejero se negó a la destrucción de vegas agrícolas en el municipio y en el que dio a conocer una nota de la CGT criticando el campo de golf de la vega Río Verde cuando, según dijo, comenzó la situación que ha sido llevada ahora a los tribunales. Cuenta Tejero que al día siguiente de mandar esa nota de prensa, se presentaron cuatro inspecciones en el camping. «Eso fue un sábado, el martes ya me habían precintado las instalaciones que llevaban diez años abiertas». «No me podía defender porque no pude ver las actas hasta pasado un mes».

Los motivos por los que cerraron el camping, según Tejero son que a los extintores les faltaba un letrero, por unas cabañas «que tenían licencia de turismo que era la que antes se pedía» y por tres actuaciones de una escuela taller «gestionada por el Ayuntamiento y el Inem».

Un «castigo»

«Todo esto ha sido un castigo. El camping sigue cerrado. Es un acoso descarado, les he dicho por activa y por pasiva que me digan lo que tengo que hacer para que el camping pueda volver a abrirse, que si hay que demolerlo entero que me lo digan, porque siento indefensión y las instalaciones se van deteriorando», explica el concejal de IU.

El edil también puso de manifiesto que durante este largo proceso de casi cuatro años, el expediente se perdió del Ayuntamiento durante mas de un año sin que pudieran consultarlo, lo que constituye, a su juicio, «una clara ilegalidad», ya que los expedientes «no pueden salir del Ayuntamiento y porque los afectados tienen el derecho de conocer todas las incidencias del proceso». «Ante todas estas decisiones del gobierno local, tenemos que defendernos y ante el silencio del Ayuntamiento hemos tenido que iniciar seis contenciosos administrativos, la mayor parte de ellos tramitándose, así como una querella criminal», dice Tejero.

Un hotel de Almuñécar se ve forzado a tirar lo que se ha construido ilegalmente o a pagar

Un hotel de Almuñécar se ve forzado a tirar lo que se ha construido ilegalmente o a pagar

Ideal

El Hotel Bahía Tropical de Almuñécar, un cuatro estrellas entre las playas sexitanas de El Pozuelo y El Tesorillo, lleva ocho años abierto. El día de su estrenó -el 14 de julio de 2001- pasaron por allí peloteros famosos vinculados al Real Madrid y, desde aquel momento, al establecimiento se le bautizó popularmente como el hotel de los futbolistas.

Para entonces, dos ciudadanos anónimos -Manuel Hidalgo y su madre- habían comenzado un pulso en los tribunales que acaba de terminar. El fallo final anula la tramitación que se hizo desde 1998, la licencia de obras del 24 de mayo de 1999 y manda demoler «la construcción efectuada a su amparo en la parte que no resulte legalizable».

Es lo que dice la sentencia del Tribunal Superior de justicia de Andalucía (TSJA) del 12 de febrero de 2007 y que, después de agotar todas las posibilidades en la justicia ordinaria, se ha hecho firme. El Tribunal Supremo ya dio validez a ese fallo en noviembre de 2008, cuando no admitió a trámite el recurso de casación interpuesto por las dos partes codemandadas -el Ayuntamiento de Almuñécar y la empresa-. Lo que vino a concluir el Supremo fue que la jurisdicción máxima para dirimir ese tipo de conflictos era el TSJA.

Aún quedaba un último movimiento para intentar frenar el pleito. Empresa y Ayuntamiento presentaron sendos incidentes de nulidad contra el auto del Supremo al entender que se vulneraban derechos constitucionales y se generaba indefensión. En un auto fechado en el mes de octubre el Supremo rechaza la petición al entender que ya existe una «respuesta motivada» en su resolución de noviembre de 2008.

Cita también alguna sentencia del Tribunal Constitucional (TC) donde viene a decir que la justicia ordinaria es la competente para decidir qué recursos admite y cuáles no. Se apunta así al único camino que queda por recorrer: el recurso de amparo ante el TC, que en cualquier caso no paralizaría la ejecución de la sentencia.

Se abren básicamente dos alternativas. Legalizar lo que nunca debió construirse: pagar. O tirarlo. La demolición no sería inmediata. La ejecución de la sentencia tendría que resolverla otro juez.

Hasta ahora, lo que ha dicho el contencioso es que la tramitación no fue correcta pero no ha cuantificado cuál es la parte ilegal. Según la sentencia del TSJA, para levantar el hotel se utilizó una parcela de 10.300 metros cuadrados que estaba dividida en tres partes. En una (5.707 metros) el PGOU sólo permitía construir pequeños bloques aislados. En otra (3.633 metros), chalecitos de dos plantas separados cinco metros entre sí. Y quedaban 959 metros cuadrados de zona verde privada. El PGOU sólo autorizaba «cierto uso hotelero» en un trozo y estaba prohibido en el resto.

A través de un estudio detalle -una figura menor que no necesita pasar por el filtro de la Junta- se mezcló todo, se suprimió la separación entre edificios y se fijaron tres plantas de altura máxima. Además de dotar al solar de uso exclusivo hotelero.

Dos informes periciales

¿Qué sobra? En el transcurso del pleito se han manejado dos informes periciales aportados por la parte actora. Uno de ellos recoge que hay siete plantas sobre rasante, con 16.440 metros cuadrados construidos. Según este informe esto representaría 10.487,83 metros cuadrados de exceso y 7.430,49 sobre lo aprobado en el propio estudio detalle.

El segundo estudio aportado se mueve en cifras similares. Dice que el edificio se compone de planta sótano, baja y seis alturas, con 3.633,35 metros cuadrados en sótano y garaje y 16.440,18 en el resto. Este informe cifra el exceso de edificabilidad en 9.583,80 metros cuadrados sin contar los viales.

La segunda posibilidad es menos drástica y tiene un protagonista añadido: la Junta. El pleito puede tener una salida económica que, de momento, sólo pasa por la negociación con los particulares. Por sorprendente que parezca, la Junta también presentó un contencioso por idéntico motivo pero lo perdió. El argumento fue el mismo y la Sala del TSJA que emitió la sentencia también. La diferencia fue que la Junta llevó su recurso un día fuera de plazo. Por eso no puede pedir que se ejecute una sentencia en la que no es parte.

Cabría una tercera posibilidad 'bordeando' la propia sentencia: que el futuro PGOU de Almuñécar dé cobertura legal a lo que se ha construido. Pero el fallo no admite esas ambigüedades que algunas veces se dan: «(...) demoler la construcción efectuada en la parte que no resulte legalizable de acuerdo con las previsiones del PGOU de Almuñécar vigente en el momento de concesión de la licencia». Es decir, en 1999.

La empresa siempre ha defendido que construyó el hotel con los permisos que tenía del Ayuntamiento. La propiedad del Bahía Tropical -consultada ayer por este periódico- ha manifestado estar muy «tranquila» pese a la última decisión del Supremo y cree que todo esto se «solventará satisfactoriamente».

IU denuncia otra burla a la ley en la adaptación del PGOU a la LOUA

IU denuncia otra burla a la ley en la adaptación del PGOU a la LOUA

IU critica duramente la actitud del equipo de gobierno y el PP al aprobar un documento denominado 'Adaptación del PGOU a la LOUA' violando la normativa que rige este proceso y el fin mismo de los procesos de adaptación.

Tal y como se explicaba en las alegaciones presentadas por Izquierda Unida el 15 de julio, la adaptación parcial debe integrar las disposiciones que garanticen el suelo suficiente para cubrir las necesidades de vivienda protegida. Pues bien, en todo el documento de adaptación no se incluye ni un solo documento parcial de planeamiento en el que se establezca la reserva del 30% para vivienda protegida.

El borrador inicial había recibido un informe negativo de la Junta que fue realizado el 26 de octubre y obligaba al ayuntamiento a subsanar múltiples deficiencias de todo tipo que resumían en siete grandes apartados. En sintonía con las alegaciones de IU, el informe de la Junta señalaba que ‘debe incluirse, en el suelo urbano no consolidado, la reserva de vivienda protegida al no quedar justificada en el documento la exención de dicha reserva en estos suelos.'

En consecuencia, el ayuntamiento ha rehecho supuestamente el documento inicial y estaba obligado a esperar la contestación de la Junta. En concreto, el escrito de la Junta dice textualmente que ‘deben corregirse las deficiencias que se exponen y que, previamente a la aprobación, debe enviarse a la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente el documento corregido con el fin de verificar el cumplimiento de estas consideraciones.'

Sin esperar esa verificación por parte de la Junta, el alcalde ha llevado a Pleno ese punto incumpliendo de manera grave las normas procedimentales, ya que el acuerdo plenario no tiene valor si no se ha recibido antes la conformidad de la Junta.

Además, el alcalde ha hecho caso omiso de las quince alegaciones que presentó Izquierda Unida. Ninguna de ellas ha sido respondida y se ha presentado al Pleno un informe absolutamente inaceptable del arquitecto municipal en el que se limita a responder de forma genérica que todas las deficiencias señaladas por IU ya han sido subsanadas en el documento. Esta respuesta demuestra una falta de respeto al procedimiento y constituye una falsedad ya que ninguna de las deficiencias puestas de relieve por las alegaciones de IU ha sido realmente subsanada.

IU espera que la Junta actúe con prontitud y obligue al alcalde a dar marcha atrás, ya que si se permite que este acuerdo salga adelante, la Junta será cómplice de las aberraciones urbanísticas que se puedan dar en el municipio a lo largo de los próximos años. IU recuerda que este trámite de adaptación a la LOUA se hace con la finalidad de que los planes de urbanismo antiguos puedan incorporar modificaciones sustanciales a cambio de que se haga una reserva del 30% del suelo para VPO. Tal y como aparece en el documento de Almuñécar, no se consigue ese objetivo de destinar el 30% del suelo para VPO pero sí que se va a dejar las manos libres al ayuntamiento para seguir aprobando modificaciones puntuales que alteren el diseño del plan en beneficio de algunos promotores.  

Antecedentes del problema de las viviendas en El Faro

Antecedentes del problema de las viviendas en El Faro

1.

Los propietarios de las viviendas se quejaban hace más de un año en un escrito enviado al ayuntamiento ya que ‘la sentencia ordena a ese ayuntamiento la reposición de la legalidad sin que hasta la fecha esta parte tenga conocimiento de que esa corporación haya iniciado trámite alguno tendente a dar cumplimiento a la sentencia. La inactividad de esa corporación sólo está causando indefensión a los propietarios que, como nosotros, nos hemos visto afectados, además de agravar y prolongar en el tiempo los perjuicios producidos.’

El escrito de los propietarios concluye solicitando del ayuntamiento ‘que adopte las medidas necesarias para, dando cumplimiento a la sentencia del TSJA de 12 de marzo de 2007, reponer la legalidad de nuestra vivienda de la forma menos lesiva posible’ y solicitando que ‘se fije un plazo para el cumplimiento de la sentencia como única forma de no permanecer en la indefensión en la que nos ha colocado la actuación de ese ayuntamiento y de poder determinar el alcance de los daños y perjuicios ocasionados con el otorgamiento de una licencia que ha quedado sin efecto por no ser acorde a Derecho’.

2.

Ante los escritos de los vecinos y del juzgado, el equipo de gobierno ya trató el tema en la Junta de Gobierno del 8 de septiembre de 2008 y volvió a dar largas al asunto acordando pedirle al tribunal que explicase cómo se tenía que ejecutar la sentencia.

La respuesta del tribunal fue clara y taxativa: ’Primero. Ordenar a la administración demandada a que, previo proyecto redactado por el Arquitecto Municipal o por Arquitecto contratado al efecto con arreglo a las normas de la contratación administrativa, proceda a la demolición de lo indebidamente construido. Dicho encargo deberá de efectuarse en el plazo de diez días.  Segundo. Elaborado y aprobado el proyecto, por la brigada municipal de obras, por la unidad administrativa competente o por una empresa contratada alefecto, bajo la dirección técnica que redacte el proyecto, se procederá a la demolición de las obras indebidamente ejecutadas, debiendo, en caso de ser necesario, solicitar al juzgado la entrada a domicilios particulares.’

Ante este escrito, la JGL acordó el 24 de noviembre de 2008; Dar traslado al negociado de contratación para la contratación urgente del proyecto referente a la sentencia y así proceder a la demolición

Esa urgencia se ha concretado en que doce meses después, aún no tenemos empresa para hacer las obras.

3.

La sentencia es fruto de un recurso interpuesto por la Comunidad de Propietarios de Marina del Este y las actuaciones se remontan a unas licencias de obras concedidas diez años antes, en 1997, a la empresa Doble Cote SL.

El TSJA anuló las licencias de obras y también las licencias de primera ocupación al entender que se vulneró el PGOU otorgando a las parcelas más edificabilidad de la que se permitía en la zona. En concreto, la sentencia dice que de los cuatro mil metros cuadrados construidos, mil de ellos superan lo previsto en el Plan de Urbanismo. Asimismo, la sentencia concluye que las viviendas no se han retranqueado los tres metros que indica la norma urbanística para la zona.

El fallo criticaba duramente al ayuntamiento por haber dado la callada como respuesta a los escritos que le ha presentado la Comunidad de Propietarios de Marina del Este. La sentencia establecía con claridad además que en las pocas ocasiones en que el ayuntamiento se expresó sobre el tema fue para justificar la legalidad de las obras.

El TSJA desestimó todas las objeciones del ayuntamiento y acabó fallando contra éste, considerado como el único culpable al haber dado unas licencias que incumplen el PGOU.

Benavides dice que no encuentra una empresa para ejecutar una sentencia de demolición parcial en Marina del este

Benavides dice que no encuentra una empresa para ejecutar una sentencia de demolición parcial en Marina del este

El ayuntamiento está burlándose de la justicia y de los ciudadanos al retrasar con distintas estratagemas la ejecución de una sentencia que declaró ilegales 32 viviendas de Marina del Este autorizadas por Benavides en 1997 y obligaba a la demolición de aquellos elementos de la construcción que estaban fuera de la legalidad.

Los propietarios de esas casas de la Urbanización El Faro están indignados con Benavides al que consideran responsable de la situación de ilegalidad en que se encuentran sus viviendas.

Hace ya dos años y medio, el 12 de marzo de 2007, el TSJA dictó sentencia obligando al ayuntamiento a demoler el exceso de edificación construido en la urbanización. Pues bien, desde esa fecha están los vecinos esperando que la sentencia se ejecute mientras sus viviendas siguen en una situación de total ilegalidad. De nada han valido los escritos de los vecinos ni las órdenes terminantes del Juzgado para que proceda de forma inmediata a la demolición parcial de la obra.

La última estrategia de Benavides en este tema, después de una larga serie de informes y contrainformes que sólo pretendían dejar pasar el tiempo, ha sido la de sacar las obras de demolición parcial a concurso. En lugar de hacer un concurso público, Benavides acordó sacar las obras a concurso negociado sin publicidad. Invitó al concurso a las empresas siguientes:

  • HNOS. GARCÍA MOTRIL S.L.
  • EXCAVACIONES Y CONTRATAS DE ALMUÑÉCAR S.L.
  • MARTÍN CECILIA RIVAS
  • ANTONIO BARNET LIGERO
  • CONSTRUCCIONES SANTA COLINA S.L.

El concurso ha quedado desierto porque ninguna de estas empresas ha querido hacer las obras. Resulta increíble que no haya ninguna empresa que quiera hacer esta obra. Es evidente que si el alcalde quisiera llevar adelante esta obra habría encontrado, no una sino cuarenta empresas dispuestas a hacer la obra.

El caso recuerda bastante a lo ocurrido a los vecinos del bloque Tropicana que han tenido que esperar cinco años para que se construya un simple muro de protección que habían ganado en los tribunales. También en este caso el ayuntamiento se encontraba con que no había empresas dispuestas a hacer la obra.

Para seguir perdiendo el tiempo, el acuerdo de la última Junta de Gobierno no ha sido el de sacar las obras a concurso público o acometerlas directamente sino el de pedir a los servicios técnicos un informe sobre qué empresas podrían hacer ese trabajo. La resolución es de una desfachatez total, pues esta petición de informe ya la podía haber hecho el alcalde el mismo día que supo que ninguna empresa de las invitadas se iba a quedar con la obra.

Es lamentable que actuaciones como esta queden impunes cuando suponen un evidente desacato a la justicia y una tomadura de pelo a los vecinos que piden una solución al problema de sus viviendas.