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Almuñécar contra la corrupción

Noticias 2009

La avenida de Andalucía, cerrada de nuevo por obras

La avenida de Andalucía, cerrada de nuevo por obras

Granada Hoy

IU acusa a Benavides de perjudicar a los comerciantes al alargar la reforma de la vía

Tras su reapertura temporal con motivo de la temporada estival, el lunes volverá a cerrarse al tráfico la avenida de Andalucía, cuyas obras de reurbanización quedaron pendientes en el tramo sur. La intención es ejecutar las obras a lo largo de noviembre, con el objetivo de que la céntrica arteria esté operativa de cara a las fiestas navideñas.

El tráfico se cortará entre las calles Jaén y Sevilla, aunque también quedará cerrada temporalmente desde Sevilla hasta Lonja para depositar los materiales. El acceso a la calle Muller queda habilitado para los garajes y aparcamientos existentes en la zona.

Una vez cortado el tráfico en este tramo, los vehículos podrán entrar desde la avenida de Andalucía por la calle Sevilla hasta la avenida Juan Carlos I, y de allí volver a incorporarse por Jaén o Granada. Según informó la concejal de Seguridad Ciudadana, María Dolores Sánchez Montes, "la empresa adjudicataria prevé que las obras concluyan a finales de noviembre".

Por su parte, IU de Almuñécar manifestó que el hecho de que esta nueva fase de la obra dure un mes "pone de manifiesto que el alcalde fastidió sin necesidad a los comerciantes de esa calle al comenzar la primera fase en Semana Santa".

Una huelga dejará sin cuidadores a 90 personas dependientes de Almuñécar

Una huelga dejará sin cuidadores a 90 personas dependientes de Almuñécar

IDEAL

Los 33 trabajadores de ayuda a domicilio llevan cuatro meses sin cobrar porque el Ayuntamiento no paga a su empresa

«No nos tiembla el pulso a la hora de convocar huelgas en la basura o en cualquier otro sector cuando son necesarias, pero en este caso, la situación es más delicada que nunca. Estamos hablando de personas dependientes que están en una cama, humanamente es muy duro dejarles solos».

El secretario general de actividades diversas de Comisiones Obreras, José Miguel Sánchez, reconoce que plantear una huelga en el servicio de ayuda a domicilio de Almuñécar supone un auténtico dilema ético tanto para los cuidadores, los trabajadores de la empresa local Adhara, como para el sindicato que les defiende, Comisiones Obreras.

Por eso mismo los trabajadores llevan aguantando cuatro meses desde que comenzaron los problemas y dejaron de cobrar. Pero la situación personal de los 33 empleados de la empresa -que tienen cuatro nóminas pendientes- ya es asfixiante y «no les queda más remedio» que convocar una huelga indefinida que comenzará el próximo 15 de noviembre.

Según CC OO, la empresa Adhara no ha cobrado las correspondientes cantidades del Ayuntamiento, que tiene contratado este servicio, y al que culpan de la situación. Adhara, concesionaria del servicio de ayuda a domicilio, tiene 33 trabajadores -31 mujeres y dos hombres- la mayoría de Al muñécar.

«Somos muy sensibles con este tema, sabemos que esta no es una huelga normal, por eso no hemos querido ir a saco y dejar de trabajar ya. Antes nos vamos a reunir con los familiares de los usuarios para avisarles y que estas personas dependientes no se queden desasistidas», apunta el portavoz de CCOO. Además, aseguran que intentarán darles orientaciones para que se las arreglen lo mejor posible mientras dura la huelga. «La pena es que hay personas que dependen totalmente de sus cuidadores, no tienen familia», lamenta.

Los trabajadores son conscientes de que necesitan presionar con la huelga, «ellos también han llegado a un límite». «A una de las trabajadores le han cortado la luz en la casa, ya no pueden aguantar más en esta situación», apunta Sánchez. Sin embargo, confían en que aún se esté a tiempo de reconducir la situación. La próxima semana los trabajadores tienen una cita en el Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos de la Junta, el SERCLA, con la empresa y a ella han invitado al Ayuntamiento, aunque no confían en que asista.

«Ni siquiera demandamos que ingresen los cuatro meses que deben a los trabajadores, solo queremos compromisos de pago, que digan cómo y cuándo se les va a ingresar», añade CC OO.

En la última junta de gobierno, el equipo del alcalde Juan Carlos Benavides (CA) acordó pagar facturas pendientes a la empresa, aunque los trabajadores aún no saben de qué cantidad se trata. «Han dicho que podría ser para una nómina pero no nos informan. Nos ha llamado toda la oposición y ellos nada», reprocha al gobierno.

En la inauguración de una plaza en La Herradura, esta semana, representantes de los trabajadores colocaron una pancarta alusiva a los meses sin cobrar que llevan en Ardha. El alcalde se limitó a señalar la pancarta y asegurar que era mentira.

El alcalde fastidió sin necesidad a los comerciantes al comenzar las obras de la Avenida Andalucía en Semana Santa

El alcalde fastidió sin necesidad a los comerciantes al comenzar las obras de la Avenida Andalucía en Semana Santa

El anuncio por parte del ayuntamiento de que la segunda parte de las obras en la Avenida Andalucía va a durar apenas mes y medio pone de manifiesto que el alcalde fastidió sin necesidad a los comerciantes de esa calle al comenzar las obras de la primera fase en Semana Santa.

En aquella ocasión, el Pleno aprobó que las obras comenzaran después de Semana Santa para no perjudicar de forma innecesaria a los comercios de la zona. El alcalde incumplió de forma antidemocrática ese acuerdo del Pleno y mintió a los ciudadanos afirmando que si no se comenzaban las obras en ese momento las calles estarían levantadas en verano y en navidad porque tenían un plazo de ejecución de diez meses aunque intentarían acortarlo.

Dado que era imposible que las obras terminasen para el verano, se dividió la obra en dos partes. La primera parte se terminó a primeros de julio y ahora queda una segunda parte que supuestamente iba a comenzar el 15 de septiembre según anunció la concejal de Tráfico a principios del verano.

Habría bastado con que las obras de la primera fase se hubiesen acortado unos metros, alargando un poco la segunda fase; con ello se habría conseguido que las obras no afectaran a los comercios y a la circulación rodada en las épocas de verano y Semana Santa. De esta manera, y respetando el comienzo de las obras el 15 de Septiembre, las obras de la Avenida de Andalucía podrían concluir bastante antes de Navidad. Más incluso si, como ahora se afirma, el periodo de ejecución de la segunda fase se va a reducir de dos meses a mes y medio.

IU lamenta que en vez de comenzar el 15 de septiembre, como se prometió, se vaya a empezar en noviembre, con lo que se corre el riesgo si hay algún pequeño imprevisto, de esos que suelen darse cuando se levantan calles, de que también se vea la Avenida Andalucía en obras a principios de navidad.

La concejala de Tráfico debe explicar los motivos de este retraso de mes y medio en el comienzo de la segunda fase de las obras para que todos los ciudadanos y comerciantes puedan valorar si es un retraso justificado o se debe a la improvisación y un nuevo desatino en su gestión.

IU denuncia la complicidad y pasividad de la Junta con la situación de Peña Escrita

IU denuncia la complicidad y pasividad de la Junta con la situación de Peña Escrita
El concejal de IU en el Ayuntamiento de Almuñécar, Fermín Tejero, ha criticado la «pasividad» de la Junta de Andalucía respecto a Peña Escrita ya que, «a pesar de tener constancia de que buena parte del recinto no cumple las condiciones legales que ellos tienen que supervisar, permite que siga abierto; por lo que estamos ante un caso claro de indolencia, dejación de funciones y complicidad con actuaciones ilegales».
Desde Izquierda Unida de Almuñécar señalan que «no sólo han permitido que el parque esté abierto varios años sin permiso de ningún tipo, sino que incluso cuando dieron el permiso para abrir la zona ya en funcionamiento, la Junta incumplió con sus obligaciones».
Tejero recuerda que el permiso de apertura del parque zoológico se concedió el 10 de septiembre de 2007 «a pesar de admitirse en la misma orden que el parque no reunía los requisitos legales que se exigen a todos estos recintos, por lo que la propia resolución emitida por la Dirección General de Gestión del Medio Natural, daba un plazo de seis meses para subsanar las múltiples deficiencias encontradas en el parque», subraya.
Sorprendente
Para el concejal de IU es «absolutamente sorprendente» que se dé este permiso sin que las deficiencias estén subsanadas, y que, además, pasen nueve meses más, y los técnicos que visitan el parque comprueben que sigue habiendo numerosas «deficiencias tanto en la documentación aportada como en las instalaciones, recintos de animales y dependencias del parque y sin embargo, éste siga abierto porque la Junta lo permite».
Por otro lado, Tejero se hace eco del informe de Medio Ambiente que también «constata que el parque ha efectuado numerosos cambios en sus instalaciones, con la creación de nuevos recintos y la introducción de numerosos animales, sin que se comunicase ni solicitase la ampliación del recinto, incumpliéndose así lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 31/2003, de 27 de octubre, de conservación de la fauna silvestre en los Parques Zoológicos».
«Pero la Junta no cierra y tampoco denuncia ni multa al que se salta la ley a la torera», reprocha el concejal.
El 21 de julio de 2008, la delegación provincial emite un informe preceptivo que propone «no autorizar la apertura al público del parque, debido a las deficiencias encontradas y al alto porcentaje (57%) de recintos para los que se propone el cierre».
«En contra de dicho informe, la consejería autoriza cuatro meses después, la apertura parcial del parque. En esa resolución se daba permiso para abrir aquellos recintos que cumplían la ley y aquellos que tenían deficiencias leves», informa IU.

Fructifica una denuncia de IU contra el alcalde de Atarfe

Fructifica una denuncia de IU contra el alcalde de Atarfe

La Opinión. ÁLVARO CALLEJA

El juez de Instrucción 6 de Granada, Miguel Ángel del Arco, ha iniciado el trámite de procedimiento abreviado contra Víctor Sánchez, alcalde de Atarfe, y el empresario Francisco Espartero, por su presunta participación en un delito de estafa contra los consumidores e infracción a la Hacienda pública.

El caso, cuya instrucción está a punto de cerrarse, guarda relación con la operación urbanística que permitió a la promotora Espartero adquirir unos terrenos de dominio público a bajo precio que no fueron desafectados y donde se construyó el residencial de mayores La Estrella, con 116 apartamentos.

El asunto tiene su origen en una denuncia presentada por IU y otros colectivos sociales que cuestionan que el consejo de administración de Proyecto Atarfe, una sociedad instrumental con participación del cien por cien del Ayuntamiento, aprobara en febrero de 1998 la venta de los terrenos dedicados a equipamientos a 1.500 pesetas (9 euros) el metro cuadrado.

La concatenación de irregularidades, según los denunciantes, no se limitó sólo a la tramitación administrativa sino al posterior proceso de construcción puesto que, en opinión de los peritos que han intervenido en la instrucción, hubo un exceso de edificabilidad y no se respetó el compromiso para la instalación de servicios comunes dirigidos a los mayores. Es más, muchas de las viviendas se vendieron a vecinos con diferentes edades, incluso jóvenes.

Los denunciantes han presentado un recurso de reforma al auto dictado por el juez instructor para que se incluyan también como imputados al arquitecto y al secretario municipales, a los que atribuye los presuntos delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio.

En contra de la actuación del gobierno municipal de Atarfe se ha pronunciado también el jefe del Servicio de Ordenación del Territorio y Urbanismo que entiende que en ningún caso debió producirse la venta de la parcela por ser un bien de dominio público; en todo caso, debió otorgarse una concesión administrativa.

Un informe pericial aportado también a la causa consideraba asimismo "abusiva" la edificabilidad del residencial. En concreto, sostenía que el exceso equivalía a la superficie de 44 viviendas de 60 metros cuadrados.

El arquitecto se permite incluso hacer observaciones al margen del objeto pericial donde refleja que los patios no cumplen con las normas subsidiarias; existen variaciones en el proyecto como los centros de transformación y la clínica; se ha deteriorado la edificación por las humedades y no existen zonas ajardinadas proyectadas. Incluso le resulta "inquietante" que se denomine residencial de mayores cuando "no dispone de ningún tipo de instalación de apoyo orientada a la tercera edad, ni terapéutica, ni social ni vigilancia".

El Ejido: Alemán no tiene ninguna propiedad

El Ejido: Alemán no tiene ninguna propiedad

NI tan siquiera una moto. El interventor del ayuntamiento, que por lo visto hasta ahora es el cerebro gris, o el pájaro, no tiene nada a su nombre, ni siquiera una humilde moto.

IDEAL

La trama económica que José Alemán pergeñó desde su despacho de la Intervención Municipal en El Ejido no se conocerá totalmente hasta que finalice el juicio que seguirá a la instrucción sumarial que lleva a cabo la juez Montserrat Peña, titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Almería y que durante la última semana ha tomado decisiones que afectan a las 20 personas que, en principio, están imputadas en el caso destapado por la Operación Poniente y en el que se estima un posible fraude superior a los 100 millones de euros, cantidad acumulada en los últimos seis años. Se habla incluso de que el movimiento económico investigado ahora por la justicia está más cerca de los 200 que de los 100 millones de euros.

Con el sumario aún en fase de elaboración y, además, manteniéndose en secreto, lo que más llama la atención es el tinglado de empresas que los implicados habían constituido. La relación existente entre las mismas es lo que parece que tanto el fiscal anticorrupción como la juez han podido establecer ya a lo largo de los más de 15.000 folios de los que consta el sumario, fruto de un trabajo de prácticamente dos años.

Asimismo, es también sorprendente que a la hora de recabar información sobre las personas implicadas en este caso, aparezca José Alemán, considerado como el cerebro de la trama, en una amplia relación de empresas y, sin embargo, sin propiedades inmobiliarias a su nombre, lo que hace pensar que ha podido utilizar a terceros o son algunas de las sociedades de las que forma parte las que pueden ostentar la titularidad de los bienes que pueda estar usando.

El nombre de José Alemán Bracho aparece en el registro Mercantil como consejero, administrador o apoderado de al menos 13 sociedades que cubren diversos sectores de actividad, ocupando en ellas cargos de responsabilidad, incluso el de presidente. Sectores como el inmobiliario y de la construcción, pasando por transportes, gestión urbanística... diseño técnico, ingeniería y hasta el deportivo ­-es secretario del Polideportivo Ejido, equipo de fútbol que milita en 2ªB- están presentes en esa amalgama de empresas que aparecen relacionadas con él y entre las que se encuentra la Empresa Mixta de Servicios Municipales de El Ejido, Elsur, que inició sus operaciones el 17 de noviembre de 1994 y que parece ser el núcleo de toda la trama y la sociedad desde la que se ha podido activar y desarrollar el fraude que presuntamente ha 'dado con sus huesos en la cárcel.

Pero si la personalidad profesional de José Alemán queda a la vista en su carrera mercantil, en la personal nada trasciende. No dispone de una sola propiedad a su nombre. Ni casa, ni local, ni apartamento... Nada de nada. Pese a ello, quienes lo conocen, aseguran que es un hombre rico, amante de los lujos y que siempre lleva dinero encima. Mucho debía tener cuando celebró su boda con Isabel Carrasco Simón por todo lo alto en el Hotel Ritz de Madrid en el otoño de 2007 y con no menos de 200 invitados a los que costeó hasta el viaje. Calificado también como sibarita, vecinos de la Urbanización de Almerimar, donde tiene una casa, contaron que solía transportar la basura de su casa al contenedor en un carrito de golf.

El embrollo de esta trama lo despeja poco a poco la juez Montserrat Peña, que ya ha mandado a prisión a ocho de los implicados en la Operación Poniente y mantienen en libertad con cargos a los otros 12, familiares de algunos de los encarcelados.

Tirar del hilo es aparentemente complicado y a la justicia le está llevando dos años, el tiempo transcurrido desde que un particular -antiguo colaborador externo del Ayuntamiento de El Ejido- presentara una denuncia en Anticorrupción y ante la Agencia Tributaria. A partir de ese momento, la denuncia llega a Almería a manos del fiscal Jesús Gázquez y se pone en marcha la investigación. Del denunciante se conoce su antigua vinculación profesional con el Ayuntamiento de El Ejido y, se supone que con la empresa Elsur, participada por la Corporación. Personas allegadas al mismo, han contado que con anticipación grabó una confesión que tiene depositada en una Notaría, por temor a que pudiera ocurrirle una desgracia. Esa declaración se entregaría en su momento a la justicia, de ser necesario.

Fue esta denuncia la que inició todo el proceso, si bien más tarde tanto Izquierda Unida como el Partido Popular, llevaron a cabo una iniciativa similar.

Con domicilio en la Plaza Mayor de El Ejido, la Empresa Mixta de Servicios Municipales de El Ejido SA (Elsur) inició sus operaciones a finales de 1994 con el fin de gestionar los distintos servicios municipales que se venían prestando desde el Área de Mantenimiento y Servicios del Ayuntamiento de El Ejido. Sin embargo, la privatización de los servicios no se hace efectiva hasta el 1 de diciembre de 1995.

La nueva empresa acapara los servicios municipales, encargándose del abastecimiento y distribución de agua potable, la recogida de aguas residuales y transporte a depuradora, el mantenimiento del alumbrado público, la conservación de parques, jardines y zonas verdes, conservación de la red viaria, aceras y señalización y la conservación y mantenimiento de edificaciones de propiedad municipal.

Con un capital social de algo más de 72.000 euros, desembolsado al cien por cien es la sociedad sobre la que se apoya supuestamente esta trama. Fue creada para gestionar los servicios municipales, tiene al Ayuntamiento como socio con un 30% de participación, correspondiendo la mayoría, el 70% a Agua y Gestión de Servicios Ambientales -que pertenece a Befesa (Abengoa), Cajasol, CajaSur e Itsmo 94. Tanto Agua y Gestión y el Ayuntamiento como las propias Cajasol y Befesa tienen consejeros en la cúpula de Elsur.

Con una empresa de estas características, el negocio estaba a la vuelta de la esquina. Bastaba con seguir el curso de la normalidad municipal. Es decir, todos los servicios controlados por una empresa y, alrededor de ellas, otras empresas a las que subcontratar para realizar los trabajos.

Los mismos que tenían que velar por la economía ciudadana, derrochaban los caudales públicos. Conocida es la factura para el arreglo de una baldosa en la Plaza Mayor y la de la reposición de una bombilla en la taquilla del campo de deportes de Santa María del Águila (La Aldeílla).

A partir de la privatización de servicios, El Ejido se convierte en terreno abonado para la proliferación de empresas especializadas en mantenimiento, curiosamente todas ellas en manos de algunas de las personas imputadas por este caso. Así, Alseconsa, Carfama Gestión, Carseal Servicios, Fracenta Servicios, Jarbauros Obras, Mafran Obras y Servicios, Merfaosán Servicios y Merfaros Alarire Servicios, son las empresas de mantenimiento general: fontanería, electricidad y lo que se presente monta desde el clan Amate.

Alberto Amate Ávila es el administrador único en la inmensa mayoría de estas sociedades que se reparten en cuanto a sede entre El Ejido y Sevilla. Demasiadas empresas dedicadas a lo mismo. Se apunta que podrían haber servido para cumplir con el trámite administrativo de contar con varias ofertas antes de decidir la adjudicación de la obra o contrato de servicios.

IU critica la pasividad de la Junta respecto a Peña Escrita

IU critica la pasividad de la Junta respecto a Peña Escrita

IU critica la actuación de la Junta, ya que, a pesar de tener constancia de que buena parte del recinto no cumple las condiciones legales que ellos tienen que supervisar, permiten que siga abierto. Estamos ante un caso claro de indolencia, dejación de funciones y complicidad con actuaciones ilegales.

No sólo han permitido que el parque esté abierto varios años sin permiso de ningún tipo, sino que incluso cuando dieron el permiso para abrir la zona ya abierta, la Junta incumplió con sus obligaciones. Ese permiso de apertura del parque zoológico se concedió el 10 de septiembre de 2007 a pesar de admitirse en la misma orden que el parque no reunía los requisitos legales que se exigen a todos los parques. La resolución, emitida por la Dirección General de Gestión del Medio Natural, daba un plazo de seis meses para subsanar las múltiples deficiencias encontradas en el parque.

Es absolutamente sorprendente que se dé este permiso sin que las deficiencias estén subsanadas, y que, además, pasen nueve meses más, y el 2 de junio de 2008, los técnicos que visitan el parque comprueben que sigue habiendo numerosas ‘deficiencias tanto en la documentación aportada como en las instalaciones, recintos de animales y dependencias del Parque'. Pero el parque sigue abierto porque la Junta lo permite.

El informe de  Medio Ambiente también ‘constata que el Parque ha efectuado numerosos cambios en sus instalaciones, con la creación de nuevos recintos y la introducción de numerosos animales, sin que se comunicase ni solicitase la ampliación del recinto, incumpliéndose así lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 31/2003, de 27 de octubre, de conservación de la fauna silvestre en los Parques Zoológicos'. Pero la Junta no cierra y tampoco denuncia ni multa al que se salta la ley a la torera.

El 21 de julio de 2008, la Delegación Provincial emite un informe preceptivo que propone no autorizar la apertura al público del Parque, debido a las deficiencias encontradas y al alto porcentaje (57% sobre el total de los existentes) de recintos para los que se propone el cierre'.

En contra de dicho informe de la Delegación Provincial, la Consejería autoriza mediante escrito del 18 de noviembre de 2008, cuatro meses después, la apertura parcial del Parque. En esa resolución se daba permiso para abrir aquellos recintos que cumplían la ley y aquellos que tenían deficiencias leves, dándoles un nuevo plazo de doce meses para subsanar las deficiencias. Los recintos con deficiencias graves tenían que estar cerrados en el plazo de tres meses.

Según esa resolución, la mitad de los recintos de Peña Escrita tenían que estar cerrados desde febrero, pero a día de hoy, Peña Escrita sigue abierta sin que la Junta ejerza su autoridad y cumpla con sus obligaciones.

Es una tomadura de pelo a la legalidad y a los ciudadanos esta forma de actuar. La actitud de la Junta en este tema sólo puede dar lugar a que personas que actúan habitualmente al margen de la ley, como el alcalde de Almuñécar, puedan seguir riéndose de la justicia, de las instituciones y de los ciudadanos.

Los flecos del ´caso Marchelo´

Los flecos del ´caso Marchelo´

La Opinión. ÁLVARO CALLEJA

Pese a los cinco asuntos de investigación con "suficientes" indicios de criminalidad en los que se centra el auto de procesamiento del ´caso Marchelo´ –el polígono industrial, las viviendas de FRAi, la gasolinera, la adjudicación del parque público y la violación de la servidumbre de la base aérea de Armilla–, el juez de Instrucción 2 de Santa Fe, Miguel Ángel Gómez Torres, deja fuera algunos asuntos que en su día resultaron controvertidos.

1. Patrimonio. El Ayuntamiento de Alhendín, que ejerce la acusación popular tras cambiar de signo político en las últimas elecciones municipales, ha fracasado, por el momento, en su intento de que se rastree el patrimonio de los imputados. Su reclamación ha caído en saco roto pese a la existencia de un informe de la Brigada de Delincuencia Económica de la Policía Nacional que desvelaba el número de cuentas bancarias de los principales políticos implicados –el ex concejal de Urbanismo, Manuel Fernández, y el entonces alcalde José Guerrero, ambos del PP–, un total de 50 entre los dos pero sin precisar las cantidades; así como numerosos pagos de promotoras (FRAi entre ellas), cancelaciones de préstamos y participaciones en sociedades.

Dicho informe también aludía a las trece empresas creadas por los familiares del alcalde y otras por Fernández; la mayoría de ellas dedicadas a la promoción inmobiliaria, construcción de viviendas, compraventas de terreno y gestión medioambiental, cuya actividad creció en época del gobierno del PP.

Los reveses sufridos por el Ayuntamiento de Alhendín para tratar de que se investigue el patrimonio de los principales imputados no le han hecho desistir de su propósito pero el juez ha estimado conveniente no demorar más la instrucción con independencia de la resolución que adopte la Audiencia Provincial sobre los recursos de apelación presentados por el municipio. En concreto, el alcalde Miguel Ángel Gamarra (PSOE) quiere que se indague en la contratación de obras y pagos realizados por el Ayuntamiento, entonces gobernado por el PP, a las empresas García Delgado y Ocovi; y en todos aquellos datos de índole económico, fiscal y bancarios de Manuel Fernández y su esposa.

El actual gobierno está convencido de que hubo enriquecimiento ilícito y los principales responsables políticos obtuvieron dádivas por favorecer a los empresarios. Las conversaciones intervenidas por la Policía revelan detalles que podrían constituir un delito de cohecho pues se habla de dinero en B, entrega de pisos y otros regalos.

El ex concejal, a través de su letrado, ha solicitado que se desestime la petición del Ayuntamiento bajo el argumento de que ya se aportó un informe patrimonial de los imputados, al tiempo que acusa al actual gobierno de "perjudicarle a ultranza" para obtener "réditos políticos". "Propugna una investigación universal", arguye la defensa del ex concejal, "para seguir atacando la imagen personal y profesional de nuestro representado".

Fuentes judiciales señalaron a este periódico la posibilidad de que si la Audiencia estima el recurso presentado por el Ayuntamiento el auto judicial de procesamiento podría quedar en papel mojado, obligando a profundizar en la investigación patrimonial. Sin embargo, el juez considera que su admisión a trámite no suspende el curso del procedimiento. En tal caso, podría investigarse en una pieza separada.

2. Planta asfáltica. Tampoco se menciona en el auto nada acerca de la decisión del entonces gobierno municipal de declarar de interés público la instalación de una planta de asfalto en terrenos protegidos que eran propiedad de los hermanos Guerrero. La instalación que promovía Pérez Jiménez Construcciones, del grupo UCOP, se situaba en suelo urbanizable de especial protección. Aunque el ex regidor se ausentó de la votación por razones obvias, un concejal, sobrino del regidor, incumplió la ley al votar el proyecto.

Con frecuencia, los asuntos urbanísticos que tramitaba el gobierno municipal del PP estaban vinculados a propiedades o sociedades del alcalde y de otros de sus familiares. Un ejemplo más es la polémica en torno a los terrenos de la gasolinera que, en este caso, sí está siendo materia de investigación judicial. En lo concerniente a la planta de asfaltos, la declaración de interés social de los terrenos propiedad de Guerrero levantaba suspicacias al existir una frontera difusa entre los intereses públicos y los privados.

3. Oposiciones. El hijo del secretario accedió a la plaza de funcionario cuando el alcalde accidental era ya el sobrino del alcalde, Francisco Rodríguez, que asumió las riendas del gobierno tras la dimisión de su tío José Guerrero. El joven logró en el primer ejercicio prácticamente la misma nota que vaticinó el ex edil de Urbanismo en una conversación mantenida con una empleada municipal un día antes del primer ejercicio.

Lo que se deduce del diálogo intervenido por la Policía, en ocasiones soez por el uso de insultos y descalificaciones, es que Fernández ideó una "estrategia" y para ello habló con algunas de las personas que formaban parte del tribunal de las oposiciones, del que él mismo iba a ser el presidente.

El entonces concejal de Urbanismo pretendía en aquella época acelerar los trámites de un segundo plan parcial para la construcción de más viviendas a cargo de la empresa FRAi. Sin embargo, el secretario municipal se mostraba por aquel entonces remiso. Fernández decidió presuntamente favorecer en las oposiciones al hijo como herramienta de presión al objeto de que suavizara su actitud.

4. Colegio. Otra polémica urbanística en época del PP fue el intento de trasladar el colegio público de Enseñanza Primaria ´Sagrado Corazón de Jesús´ para construir viviendas en dicho solar. Para lograr ese propósito, el equipo de gobierno aprobó inicialmente la revisión parcial del plan de urbanismo con la idea de cambiar el uso de la parcela, de equipamiento docente a residencial. La recalificación contaba con el informe desfavorable de la Consejería de Obras Públicas y de un técnico municipal.

Miles de personas protestan en Londres contra la misión en Afganistán

Miles de personas protestan en Londres contra la misión en Afganistán

Unas 5.000 personas se manifestaron en Londres contra la intervención de tropas británicas en la guerra de Afganistán. La manifestación, organizada por un grupo llamado Stop the War Coalition (Coalición para el fin de la guerra), contó con la presencia de un soldado que sirve en Afganistán y familiares de las tropas.

El grupo dijo que se trata de la primera protesta contra las operaciones militares en Afganistán tras el comienzo del conflicto hace ocho años. Los manifestantes marcharon por el centro de Londres hasta Trafalgar Square.

El soldado Joe Glenton aseguró que no podía seguir sirviendo con la conciencia tranquila en Afganistán mientras mueren más y más soldados. Ahora podría enfrentarse a un proceso ante un tribunal militar por deserción. A las protestas asistió también la más anciana activista antibélica del país, Hetty Bowyer. "No le encuentro sentido a que continúen las muertes. He estado en cada una de las manifestaciones contra la guerra (...) Mientras mis piernas aguanten, continuaré haciéndolo", dijo Bowyer, de 104 años.

Entre tanto, la emisora Channel 4 TV dio a conocer los resultados de una encuesta que revela que el apoyo a la intervención de soldados británicos en el país asiático disminuye. La gran mayoría, un 62 por ciento de los encuestados, exige la retirada de las tropas de inmediato o para el próximo año. Casi la mitad de los encuestados (48 por ciento) estaba convencida de que es imposible obtener una victoria militar, a diferencia de un 36 por ciento que opinaba eso en 2007.

Reino Unido tiene unos 9.000 soldados estacionados en Afganistán. Hasta ahora han perdido la vida ya 222 efectivos británicos en el conflicto.

Izquierda Unida exige al Ayuntamiento que pague el servicio de Ayuda a Domicilio

Izquierda Unida exige al Ayuntamiento que pague el servicio de Ayuda a Domicilio

Costadigital

El concejal de Izquierda Unida, Fermín Tejero, ha exigido al Ayuntamiento que se pague a la empresa Adhara, concesionaria del servicio de ayuda a domicilio en Almuñécar, cuyas empleadas llevan cuatro meses sin cobrar.

“La empresa no puede hacer frente a los pagos porque lleva varios meses sin cobrar del ayuntamiento. La situación está así desde hace varios meses y podría acabar en una huelga y lo que es peor la desasistencia de los ancianos usuarios del servicio”, señalaba el portavoz de izquierdas.

Para Tejero, se esta produciendo la misma situación con estas trabajadoras, que ya sufrieron durante dos años los trabajadores del Mirlo. “El ayuntamiento cobraba la tasa de basura pero no pagaba a la empresa. Ahora, el ayuntamiento cobra puntualmente la subvención que envía la Junta de Andalucía pero desvía el dinero hacia otras urgencias y tiene a la empresa asfixiada, al igual que ocurre con otras pequeñas empresas almuñequeras”.

“El problema con el Mirlo” continúa Tejero, “lo solucionó el alcalde sustituyendo a esta pequeña empresa por otra de mayor tamaño que puede aguantar meses y años sin cobrar. De hecho, la empresa nueva de limpieza, FCC lleva sin cobrar casi un año, lo que significa que estamos acumulando más deuda para el futuro. Igual el objetivo de Benavides es forzar a Adhara a retirarse para que coja el servicio otra empresa más potente que pueda hacer de banco para un ayuntamiento cada vez más endeudado”.

Pero sus críticas van dirigidas directamente al alcalde al afirmar que “esta falta de sensibilidad sólo se puede entender si partimos del hecho de que una trabajadora de ayuda a domicilio apenas gana mil euros al mes mientras el señor alcalde cuesta al contribuyente 80.354€ al año a los que habría que añadir los 36.675 que nos cuesta su esposa”.

Según Fermín Tejero, se trata de un problema muy grave “porque quienes lo están padeciendo ahora son trabajadoras con salarios bajos y dificultades para sacar adelante su familia, y quienes lo van a padecer si la huelga se realiza serán las personas que cada día son ayudadas por estas trabajadoras”.

El concejal de IU afirma que es una vergüenza que haya dineros para simposiums y jornadas de todo tipo pero se regatee para el pago de algo tan importante como es la ayuda a domicilio.

Prisión sin fianza para el alcalde de El Ejido

Prisión sin fianza para el alcalde de El Ejido
La jueza que instruye las diligencias de la Operación Poniente, que investiga una presunta trama de corrupción en el Ayuntamiento de El Ejido, ha decretado prisión sin fianza para el alcalde, Juan Enciso, y el interventor municipal, José Alemán.
Según han informado fuentes judiciales, la titular del juzgado de Instrucción número 2 de Almería, Montserrat Peña, imputa a Enciso y Alemán los delitos de blanqueo, malversación, falsedad, cohecho y tráfico de influencias. Además, la jueza ha ordenado prisión sin fianza para el representante de la empresa Gestora Ejidense, Ambrosio Cuevas.
Los mismos cargos se les imputan al cuñado del alcalde y hermano de su mujer, Francisco Javier A.C., al hermano de Alemán, Enrique Alemán, y al empresario vinculado a la sociedad Gestora Ejidense Jesús Aragón, aunque para ellos la jueza ha decretado prisión eludible con fianza de 50.000 euros. En prisión incondicional sin fianza están también desde ayer el empresario José Amate, administrador de las empresas Arborimar y Maviroad, su hijo y sus dos yernos, con lo que suman siete de los 20 detenidos en la Operación Poniente.
Jornada maratoniana
Tras una jornada maratoniana de declaraciones en los juzgados, que comenzaron a las 10.00 horas y, con un breve intervalo para comer, continuaron hasta las 22.00 horas, para mañana sólo queda por declarar uno de los 20 detenidos en la Operación 'Poniente', el empresario vinculado a la trama madrileña José Antonio Galán.
Por otra parte, ha quedado en libertad Yolanda Galán, hija del empresario madrileño Juan Antonio Galán, tras hacer efectivo el ingreso de 50.000 euros de la fianza que la jueza le impuso.
En la operación desarrollada el pasado martes fueron detenidas 20 personas y registrados sus domicilios, así como las sedes de doce sociedades y de la Empresa Mixta de Servicios Municipales SA (El Sur).
A los detenidos se les imputan los delitos continuados de blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias y falsedad en documento mercantil, según informó la Fiscalía Anticorrupción.

IU exige al ayuntamiento que pague el servicio de Ayuda a Domicilio

IU exige al ayuntamiento que pague el servicio de Ayuda a Domicilio

Las trabajadoras de la empresa Adhara, concesionaria del servicio de ayuda a domicilio en Almuñécar llevan cuatro meses sin cobrar.

La empresa no puede hacer frente a los pagos porque lleva varios meses sin cobrar del ayuntamiento. La situación está así desde hace varios meses y podría acabar en una huelga.

La situación de las trabajadoras es la misma que ya sufrieron durante dos años los trabajadores del Mirlo. El ayuntamiento cobraba la tasa de basura pero no pagaba a la empresa. Ahora, el ayuntamiento cobra puntualmente la subvención que envía la Junta de Andalucía pero desvía el dinero hacia otras urgencias y tiene a la empresa asfixiada, al igual que ocurre con otras pequeñas empresas almuñequeras.

El problema con el Mirlo lo solucionó el alcalde sustituyendo a esta pequeña empresa por otra de mayor tamaño que puede aguantar meses y años sin cobrar. De hecho, la empresa nueva de limpieza, FCC lleva sin cobrar casi un año, lo que significa que estamos acumulando más deuda para el futuro. Igual el objetivo de Benavides es forzar a Adhara a retirarse para que coja el servicio otra empresa más potente que pueda hacer de banco para un ayuntamiento cada vez más endeudado.

Esta falta de sensibilidad sólo se puede entender si partimos del hecho de que una trabajadora de ayuda a domicilio apenas gana mil euros al mes mientras el señor alcalde cuesta al contribuyente 80.354€ al año a los que habría que añadir los 36.675 que nos cuesta su esposa.

Estamos hablando de un problema muy serio porque quienes lo están padeciendo ahora son trabajadoras con salarios bajos y dificultades para sacar adelante su familia, y quienes lo van a padecer si la huelga se realiza serán las personas que cada día son ayudadas por estas trabajadoras.

Es una vergüenza que haya dineros para simposiums y jornadas de todo tipo pero se regatee para el pago de algo tan importante como es la ayuda a domicilio.

El juez confirma la trama corrupta de Alhendín con quince imputados

El juez confirma la trama corrupta de Alhendín con quince imputados

En este caso están imputados Luis, Rafael y Mariano Alonso Polo. Estos hermanos son los dueños de la empresa que lleva la recaudación en Almuñécar. En su momento, IU repartió un dossier demostrando que estos hermanos han sido denunciados y condenados en varios sitios por los pufos que han ido dejando allá donde se quedaban con la recaudación. El caso más sonoro fue el de Burgos, pero no es el único. Esos argumentos, lógicamente, no fueron tenidos en cuenta por el PP ni por la secta de Benavides. Y es lógico. Posiblemente, todo lo que IU denunciaba, ya lo sabían ellos más que de sobra.

Según se desprende del auto, hay delitos evidentes que el juez instructor ha pasado por alto porque no los considera relevantes. Por desgracia, es algo a lo que estamos acostumbrados. Aún así, son tantos los delitos cometidos que puede ser que paguen por alguno de ellos. Y tal y como está el patio judicial, parece que con eso ya tendremos que darnos por satisfechos.

La Opinión

P.MARISCAL / A. CALLEJA Dádivas en especie, contratos ficticios, ilegalidades urbanísticas y administrativas, pasividad dolosa de cargos públicos, prevaricaciones, favoritismos, dejaciones maliciosas de funciones y mucho lucro. Estas son algunas de las consideraciones que realiza el juez del ´caso Marchelo´ acerca de la actuación de los 15 imputados sobre los que considera que hay indicios más que suficientes como para sentarlos en el banquillo.

En un auto de fecha 21 de octubre, el juez Miguel Ángel Gómez Torres acuerda convertir en procedimiento abreviado la investigación que durante tres años ha intentado destapar una trama continuada de corrupción urbanística en el municipio de Alhendín consolidada por el gobierno del PP y un buen número de empresarios.

El ex alcalde José Guerrero, tres ex concejales –Manuel Fernández, Salvador Nogueras y María José Garrido–, nueve empresarios –Juan Leocadio y Fernando Muñoz Tamara, Fernando Muñoz Nogueras, Luis, Rafael y Mariano Alonso Polo, Alejandro Alonso Ramírez, Manuel Melguizo, Fernando Rodríguez-Acosta y Rafael Tallón– y el arquitecto municipal José Manuel Zambrano deberán responder por los cinco episodios de supuesta corrupción que el juez ha estimado con relevancia penal: La urbanización Novosur, la servidumbre de vuelo de la Base Aérea, la tramitación de la gasolinera en terrenos del ex alcalde, el parque municipal y Marchalhendín. Cuatro de estos cinco casos fueron desvelados por La Opinión.

Novosur y el 'pisico'. El juez considera que el ex edil de Urbanismo y el dueño de FRAi, Fernando Rodríguez-Acosta, se aliaron para sacar la máxima tajada el uno del otro. El auto califica como "dádiva en especie" el piso de la urbanización Altos de Vista Nevada donde fue detenido Fernández en marzo de 2007. Esta propiedad – un "pisico" valorado en 340.000 euros– era de Fernando Rodríguez-Acosta y acabó, según el auto, siendo una "entrega espuria" por parte de éste al concejal a modo de "dádiva" para sacar adelante las mil doscientas viviendas de Novosur que el juez califica como "una ilegalidad del ordenamiento administrativo evidente, patente, flagrante y clamorosa".

El instructor ve indicios de delito en la entrega del piso y en la "modificación del planeamiento para que el promotor pudiera construir en Novosur edificios de seis plantas más ático" cuando en la propuesta de convenio se habían estipulado cuatro plantas más ático.

También considera una "pasividad dolosa del concejal de Urbanismo" no haber frenado las obras de encauzamiento y desvío del barranco la Calera realizadas por FRAi sin licencia de la CHG. La intención de Manuel Fernández era "favorecer" a Rodríguez-Acosta "haciendo una dejación manifiesta y maliciosa de sus funciones de inspección urbanística".

El juez no ve relevancia penal en asuntos como la merma en la cesión de los aprovechamientos urbanísticos, la bonificación del 30% en las licencias de obras para los bloques de Novosur o la aprobación por parte de la junta de gobierno del convenio urbanístico de planeamiento.

Servidumbre aérea. El instructor considera que el exceso de altura en los bloques de FRAi es una cuestión administrativa que "carece de trascendencia penal". Sin embargo decide continuar adelante tras conocer la sentencia de la Audiencia Provincial en la que "no descartaba la relevancia penal de los hechos investigados" tras un recurso presentado por el Ayuntamiento de Alhendín. "A tal criterio debe someterse el proveyente", concluye el juez. Los encausados aquí son Manuel Fernández y Fernando Rodríguez-Acosta.

La gasolinera. El auto recuerda que José Guerrero compró en 1989 junto con sus hermanos una finca rústica por 9.000 euros. Diez años después, siendo ya alcalde, "revisó las NNSS y reclasificó la zona pasando a suelo urbano directo con la calificación de agrupación intensiva de vivienda unifamiliar". En 2002 vendió la finca. En ese momento recibió 60.000 euros y el resto quedó "condicionado a la concesión de la correspondiente licencia de apertura para una estación de servicio". El juez cree que Guerrero "pudo prevalerse de su condición de alcalde" para obtener del arquitecto municipal "un informe favorable a la concesión de la licencia", como finalmente ocurrió en 2003. Todo a pesar de que esa concesión "contravenía injustamente las NNSS del municipio en cuanto a los usos permitidos en esa clase de suelo". El precio final que logró el entonces alcalde y sus hermanos fue de 180.303 euros.

Los ex concejales Manuel Fernández, Salvador Nogueras y María José Garrido "votaron injustamente a favor de la concesión de la licencia " o, lo que es lo mismo, cometieron una presunta prevaricación "influidos por el alcalde y con la finalidad de favorecerle". El juez recuerda que José Guerrero no se abstuvo en esta comisión de gobierno, junto con los ediles del PP, "a pesar de ser conscientes también de la ilegalidad urbanística manifiesta que entrañaba la concesión de la licencia de obras". En el auto se añade que en las obras de construcción de la gasolinera se podría haber "invadido un camino público".

El parque municipal. Los pinchazos telefónicos demuestran, según el juez, que el ex concejal y los hermanos Muñoz Tamara adecuaron las condiciones del concurso público de la obra de urbanización del parque público de la Plaza de España por 1,8 millones de euros para adjudicársela a Tarje, la empresa de los empresarios sevillanos. Según el instructor, existen indicios de que se quebrantó el principio de libre concurrencia y el de igualdad. Además, el ex edil recortó el presupuesto de la obra con la finalidad de hacerlo "menos apetecible y desincentivar" a otras empresas.

Corrupción en el Ejido: Los concejales del PAL confían en la honradez del detenido Enciso y piden celeridad a la Justicia

Corrupción en el Ejido: Los concejales del PAL confían en la honradez del detenido Enciso y piden celeridad a la Justicia
Es la costumbre: arropar al líder, hablar de la presunción de inocencia y quizá, si viene a pelo, hablar de una conspiración.
IDEAL
El alcalde en funciones y concejal de Obras Públicas del Ayuntamiento de El Ejido (PAL), Ignacio Berenguel, compareció hoy arropado por el resto de ediles de su partido en el salón de plenos del Consistorio ejidense para hacer público un comunicado oficial que expresa que el grupo de concejales del PAL "confía plenamente en la honradez de su alcalde y pide a la justicia que actúe con celeridad" y pide a los ciudadanos y funcionarios "respeto" para Enciso.
Durante la lectura del comunicado, Berenguel pidió y exigió la presunción de inocencia para todas las personas sujetas a la investigación y apuntó su nuevo cargo como alcalde accidental tras la detención de Juan Enciso, toda vez que también ocupa el cargo de primer teniente alcalde en el equipo de gobierno local.
En su exposición, el alcalde en funciones aclaró que el equipo de gobierno "continúa trabajando con toda normalidad de acuerdo con la confianza que los vecinos nos depositaron en las urnas" y trasladó a los funcionarios la "tranquilidad y serenidad que requieren estas situaciones".

El Ejido: la Marbella chica

El Ejido: la Marbella chica
Quizá dentro de poco leamos algo parecido cuando hablen de la Marbella granadina, un municipio de la costa tropical en el que muchos ciudadanos esperan ansiosos que la JUSTICIA haga de una vez su trabajo. 
El PP dice que Enciso es socio del PSOE en la Diputación y el PSOE dice que Enciso fue militante del PP toda su vida hasta que creó su propio partido. Esas son las guerras que les interesan.
Mientras tanto, también en El Ejido tuvo que ser IU quien empezara un duro y lento trabajo de denuncia en la calle y en los tribunales. Ahora se empieza a ver la luz y todos dirán que ellos encendieron la fogata o la linterna. Una mentira más que añadir a la larga historia del oportunismo.
IDEAL
Conforme la mañana transcurría, cada vez eran más los ejidenses que se acercaban hasta la puerta de la Casa Consistorial ejidense para comprobar con sus propios ojos qué estaba sucediendo realmente, si lo que habían escuchado en las emisoras de radio (no en la municipal, Radio Ejido, que no prestó servicio ante la presencia policial) o visto en las cadenas de televisión era verdad o simplemente era un rumor.
Llegados a las inmediaciones del Ayuntamiento, los ciudadanos no podían salir de su asombro aunque en su mayoría manifestaron que «esto se veía venir».
«Es una vergüenza lo que está pasando, no sólo aquí, sino en todos los ayuntamientos. Esto es un escándalo. Se han llevado todo el dinero y nos tienen a nosotros así», declaró Fernando Gómez.
Después de 18 años al frente de la Alcaldía, se ve envuelto en lo que se ha venido a denominar ’Operación Poniente’ y más después de haber declarado en un medio de comunicación local el propio Enciso que no había nada de nada, que todo era una invención de la oposición.
Para otros, de esta forma se viene a hacer justicia. Así lo explicó un vecino que permaneció durante varias horas frente al Consistorio al declarar que «cuando llevas tantos años viendo las infamias que ha llevado a cabo este hombre en el pueblo llega un momento en que crees que nunca va a llegar la justicia y yo me pensaba que al final este hombre quedaría indemne pero parece que una vez, al final se va a hacer justicia en este pueblo».

ARDA devuelve al Ayuntamiento de Almuñécar la subvención

ARDA devuelve al Ayuntamiento de Almuñécar la subvención

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La Junta Directiva de la Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Almuñécar y La Herradura (ARDA) ha decidido devolver los 500 euros que les ha concedido el Ayuntamiento sexitano como subvención anual por considerarla «injusta».
ARDA «que es una de las asociaciones que presta mayor labor social en el municipio» ha recibido una tercera parte de la ayuda que han recibido los demás colectivos subvencionados en el apartado de Bienestar Social.
Las demás asociaciones han recibido 1.500 euros, como recuerda ARDA, por lo que ellos aspiraban a la misma cantidad. «Con 500 euros no cubrimos ni un mes la factura de los técnicos, ya que la cantidad mensual para este apartado asciende a 1.250 euros. Vemos una burla la subvención concedida, al tiempo que habrá que despedir a algún técnico ya que no podemos cubrir los gastos», señalan.
Por otro lado, desde ARDA aclaran que no están en contra de ninguna de las demás asociaciones subvencionadas «lo que pensamos es que estas ayudas deben ir acorde con la labor y actividad de cada una y ARDA no merece que le den solo 500 euros ya que tenemos muchos gastos y esto no nos saca de ningún apuro». «Pensamos -añaden- que hemos sido discriminados, ya que en años anteriores percibíamos 5.500 euros. En el año 2008 no recibimos ninguna ayuda y este año solo 500 euros».
La Asociación ARDA trabaja desde 1990 y cuenta actualmente con 350 socios «y cada día llegan enfermos nuevos, desgraciadamente muy jóvenes ya que comienzan a muy temprana edad a beber». Realizan, entre otras actividades durante todo el año, las Jornadas de alcoholismo.

El ayuntamiento modifica de forma unilateral las condiciones de compra de las plazas de aparcamiento en Velilla y San Cristóbal

El ayuntamiento modifica de forma unilateral las condiciones de compra de las plazas de aparcamiento en Velilla y San Cristóbal

La Junta de Gobierno Local ha aprobado cambiar el criterio para fijar el precio de las plazas de aparcamiento en Velilla y San Cristóbal.  El equipo de gobierno ha acordado que se pague en función de la superficie de cada plaza. Esta decisión se ha tomado en la Junta de Gobierno del 5 de octubre, con posterioridad al sorteo celebrado para elegir las plazas.

En principio, la medida sería razonable si así se hubiera recogido en el pliego inicial para la venta de las plazas de garaje, pero no parece legal por cuanto que en el polémico pliego de condiciones se fijaba un precio único cuyo coste final dependía sólo del coste total de las obras. Variar los criterios de fijación de los precios cuando se tienen vendidas más de la mitad de las plazas no es ajustado a derecho salvo que se consensúe con los compradores.

Por otro lado, las plazas más grandes, las que se reservan para minusválidos, son las que suelen tener mayores problemas de accesibilidad, algo que no se ha tenido en cuenta al aplicar sólo el criterio de superficie.

Es significativo que el alcalde tampoco asistiera a esa Junta de Gobierno, en la que se tomaron bastantes acuerdos polémicos. Todo parece indicar que Benavides se va de viaje para evitar acudir a Plenos, Comisiones y Juntas de Gobierno en las que se han de tomar acuerdos de dudosa legalidad y así endosarle las responsabilidades a otros. 

En lo relativo al número de plazas vendidas, el ritmo sigue siendo muy lento. Si en agosto se habían vendido 108 plazas, en el mes de septiembre se han vendido 17: cuatro en Velilla y trece en San Cristóbal. Eso quiere decir que aún quedan por vender 349 plazas.

En otro orden de cosas, IU informa que la empresa Telefónica ha presentado una reclamación al ayuntamiento por rotura de la instalación en las obras del aparcamiento de Velilla. El ayuntamiento ha dicho a Telefónica que no tiene nada que ver en este tema y que dirija la reclamación contra la Cooperativa Los Gladiolos, que era la promotora de las obras en esa fecha. Dado que el ayuntamiento ha aprobado subrogarse en todo lo referente a los aparcamientos, suponemos que este será uno de los múltiples problemas que vamos a tener que afrontar.

Vecinos de La Carrera protestan por la instalación de contenedores soterrados

Vecinos de La Carrera protestan por la instalación de contenedores soterrados
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Los vecinos del bloque cinco de la urbanización La Carrera de Almuñécar protestaron ayer porque el Ayuntamiento sexitano ha fijado la instalación de contenedores soterrados «delante de la puerta de salida y debajo de las ventanas de dormitorios», según la presidenta de la comunidad, Gertrudis Carmona.
Huecos
La protesta se inició a primera hora de la tarde de ayer cuando, tras la retirada de vehículos y el vallado de la zona, una máquina empezó a excavar lo que será el hueco que albergue los contenedores para servicio de las distintas comunidades del entorno.
«Han excavado dos hoyos grandes en una zona alejada de los bloques más próximos al río Seco y el Empedraillo y, sin embargo, este tercer contenedor lo quieren instalar a la entrada del Bloque 5 y justo debajo de dormitorios, cuando hay espacio más que suficiente para instalarlo junto a los otros y que no moleste a nadie», comentó Carmona.
Para la representante del Bloque 5, que junto a la Comunidad del Bloque 8 acaban de ganar un juicio sobre la ocupación de los porches, la instalación de los contenedores frente al portal «tiene toda la pinta de un acto de venganza contra nuestra comunidad, porque espacio, repito, hay para instalarlos sin que moleste a ningún bloque, tal y como ya han hecho con los otros dos», señaló.

Hercofrut exige al Ayuntamiento que no mezcle a esa empresa con la política

Hercofrut exige al Ayuntamiento que no mezcle a esa empresa con la política

El Presidente de la Cooperativa de Frutas Hercofrut, Timothy Fear, en un escrito remitido a los medios de comunicación, lamenta profundamente la manipulación que se está haciendo con motivo de la solicitud para instalar una gasolinera en el recinto de la cooperativa, “lamentablemente todo éste procedimiento se ha convertido en un ataque personal contra el vicepresidente de la misma”.

Ante ésta situación, el presidente de la cooperativa quiere dejar claro que su empresa es ajena “a las guerras políticas entre los partidos que conforman la corporación municipal, no tenemos porque aguantar acusaciones que no tienen nada que ver con la marcha cotidiana de una cooperativa de frutas. De puertas hacia fuera, todos los miembros de Hercofrut pueden hacer lo que estimen oportuno y lo que les permita la ley.”

Timothy Fear señala en su escrito que “el Sr. Tejero ha sido elegido democráticamente por unanimidad de los socios reunidos en asamblea, como miembro del Consejo Rector de la Cooperativa, siendo uno más de los 150 cooperativista que conforman Herco-Frut, por lo que  la solicitud para la instalación de la gasolinera no es una decisión personal del Sr. Tejero, sino que es una solicitud que presento yo como presidente del Consejo Rector con el apoyo de los socios de la cooperativa.”

Igualmente se ha querido dejar claro que “Herco-frut se pudo construir en la ubicación actual porque la Comisión de Gobierno de 3 de febrero de 1987, acordó declarar de “interés social y utilidad pública” las instalaciones, suelo calificado de no urbanizable en el PGOU del 87. Curiosamente la actual ubicación de Hercofrut, ha sido calificada por el propio ayuntamiento en la aprobación provisional del PGOU que está en trámite como suelo comercial, estando pendiente de la aprobación definitiva.”
   
Según Fear, “desde 2005 las cooperativas agrícolas pueden vender combustible a sus socios y al público en general, ya que una modificación de la ley lo permite al tener la declaración de interés social y utilidad pública, por lo cual y disponiendo de ella desde el 87 solicitamos al Ayuntamiento la correspondiente licencia de obras”.

Para el Presidente de la Cooperativa ha querido resaltar que “una cooperativa es una organización sin ánimo de lucro, y dentro de lo que permite la contabilidad y las leyes del cooperativismo de la Junta de Andalucía, toda la ganancia que pudiera generar la estación de servicio deberá ser reinvertida en las instalaciones de la cooperativa, beneficiando directamente a todos los agricultores, y por supuesto generando alrededor de 15 puestos de trabajo.”

Para finalizar, Timothy Fear, quiere dejar muy claro que “el Consejo rector no tiene ningún tipo de remuneración, siendo todos los miembros del consejo elegidos en Asamblea como cargos que no pueden rechazar y todos realizan un trabajo altruista por el bien de un proyecto cooperativo, del cual el Sr. Tejero es el vicepresidente, no teniendo ninguna relación su labor como concejal de IU fuera de la cooperativa.”

IU considera una falta de respeto a la ciudad la ausencia del alcalde al Pleno de hoy

IU considera una falta de respeto a la ciudad la ausencia del alcalde al Pleno de hoy

La ausencia del alcalde al pleno de hoy 3 de octubre constituye una falta de respeto a la ciudad de Almuñécar. Al parecer, el alcalde se encuentra de vacaciones, otra vez, en Marruecos. Después del esfuerzo de responsabilidad hecho por la corporación en pleno para sacar adelante el tema del Aquatropic, no es de recibo que el alcalde presidente falte al Pleno sin dar una sola explicación.

Un alcalde que cuesta al pueblo de Almuñécar la friolera de 80.354€ al año no puede quedarse de vacaciones en Marruecos en un tema de vital importancia para el municipio y que no se había resuelto hasta ahora debido, también, a su falta de dedicación.