Noticias 2009

Granada: Clece desmantela la ayuda a domicilio ante la pasividad del Ayuntamiento

Clece es la empresa que previsiblemente se va a quedar con el contrato de ayuda a domicilio en Almuñécar. Y si no, al tiempo. El conflicto que viven en Granada es el mismo que se va a reproducir en Almuñécar donde también ha sacado la Junta de Gobierno Local dos contratos distintos con dos precios distintos, de tal manera que unos servicios se van a pagar a trece euros la hora y otros a diez. El conflicto está servido.

Granada Hoy

El servicio de ayuda a domicilio del Ayuntamiento de Granada no pasa por sus mejores momentos. Según los trabajadores, la empresa Clece, concesionaria municipal de este servicio en la capital, está realizando un ERE encubierto pues en un año el servicio cuenta con un centenar de trabajadores menos. De los 300 empleados que había cuando empezó la Ley de Dependencia, quedan unos 200. Ya han prescindido de todo el personal eventual (el 20% de la plantilla) y ahora han empezado con los fijos. La semana pasada despidieron a diez trabajadores indefinidos y ya hay otra lista de una decena de trabajadores que también serán despedidos.

Y todo, como denuncian, ante la pasividad del Ayuntamiento de Granada, que se mantiene en su postura de considerar esta situación un "problema" de la empresa con los trabajadores en el que no debe intervenir.

Los trabajadores iniciarán el 9 de diciembre un calendario de paros parciales y concentraciones a las que están llamados también los usuarios y sus familiares.

Según el secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT Granada, Antonio Camacho, el 19 de noviembre se despidió a una trabajadora indefinida y el 20 a nueve más, "todos con antigüedad en la empresa. Ahora se anuncian otros diez. Es una forma de encubrir un despido colectivo que sería objeto de un expediente de regulación de empleo". Por esta "artimaña", el sindicato ha puesto en conocimiento de la Inspección de Trabajo la situación para investigue estos despidos, "totalmente nulos", y ha interpuesto la obligatoria papeleta de conciliación en el CMAC, previa a la denuncia ante la jurisdicción social. De hecho, según Camacho, la empresa Clece "reconoce que son despidos improcedentes y da una indemnización de 45 días por año trabajado".

En esta situación interfieren tres actores: la empresa, el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía.

El Ayuntamiento de Granada, como titular del servicio de ayuda a domicilio y responsable de la Ley de Dependencia en la capital, "ha cometido el error de contratar con Clece dos tipos de precio para un servicio que debería ser el mismo". Así, se produce la paradoja de que la empresa despide a los trabajadores de la ayuda a domicilio por una bajada de servicios al pasar los usuarios a recibir las prestaciones por la ley de dependencia, y por otro lado contrata a personal "sin formación" -y con menos salario- para prestar el servicio por la dependencia ya que es la misma empresa la que los presta los dos. Le piden que no prorrogue el contrato con Clece y abra otro concurso pero manteniendo el personal.

A la Junta de Andalucía también reclaman actuación. "La Junta y la Delegación de Igualdad son responsables también por omisión ya que no obligan al Ayuntamiento a dar un servicio de calidad".

La responsable del sector de la Dependencia de UGT, Dolores Ocaña, denuncia que los trabajadores "cobran sueldos bajos y tienen contratos precarios, por lo que el servicio se está deteriorando. Además, muchos usuarios se quejan del continuo cambio de personas que acuden a sus domicilios a realizar las tareas de ayuda". No en vano, hay más de 2.000 usuarios en la capital y quedan unos 200 trabajadores, por lo que tocan a diez usuarios por trabajador al día y no dan abasto.

La empresa argumenta que no entran servicios nuevos pero "los horarios los tenemos completos y no falta el trabajo, que asumen otras compañeras". Entre las despedidas, Isabel Tercero, a la que avisaron dos días antes de incorporarse de vacaciones; Francisca Sánchez, Pilar Arranz, Noelia Fernández, Isabel Ruiz, Gracia Esteban y Amalia Carricondo. Estuvieron una semana en casa "sin trabajo para después decirnos que estábamos despedidas".

Las plazas de aparcamiento siguen sin venderse y algunos compradores se echan atrás

En la Junta de Gobierno del 16 de noviembre, nuestros gobernantes han tomado varios acuerdos relacionados con el enrevesado asunto de los aparcamientos de Velilla y San Cristóbal

Resolución de contrato por impago

Han acordado resolver dos contratos por impago. Se trata de dos compradores de plazas que adeudan una parte del dinero que se les ha pedido. La JGL acuerda imponer las penalizaciones que procedan pero no las especifica.

• JESUS JIMENEZ FERNÁNDEZ 
• ALEJANDRO LÓPEZ RUIZ (3 plazas)

Conceder plazo extraordinario a los que no pagan

La JGL acuerda conceder un plazo extraordinario de 5 días hábiles a distintos  adjudicatarios  para que procedan al pago de las cantidades requeridas, advirtiéndoles que en caso de impago la adjudicación no se elevará a definitiva y se tendrá por desistida su petición. La lista de adjudicatarios provisionales que aún no han pagado es la siguiente:

Aparcamiento de Velilla

• NICOLAS BOLAÑOS MOLINA
• CARMEN FERNÁNDEZ SELFA
• MERCEDES GARCÍA-GALÁN MOLINA
• ANGEL GIL RAMÓN
• MARIA ROSA GÓMEZ RAMÍREZ
• JESUS GUZMÁN MOLINA
• FEDERICO HITA ROMERO
• FRANCISCO HUESO MARTÍNEZ
• JESÚS MARIA MADARIAGA FERNÁNDEZ
• MARIA DOLORES MARTINEZ ESPINAR
• JOSE FRANCISCO ONIEVA AMEZCUA
• MANUEL ORTEGA PUGA
• JUAN PADILLA COBOS
• FRANCISCO REGIDOR BALLESTER
• ISIDORO RUIZ GARCÍA
• JOSÉ SAMPEDRO DELGADO
• PABLO MANUEL SUAREZ BUENO.
• JULIO TREVIÑO SANZ

 Aparcamiento de San Cristóbal

• JUAN CARLOS DEL BARRIO GARROTE
• JOSE RAMÓN CARA JIMÉNEZ.
• CIRILO AGUSTO CARRIEDO MENEZO
• ARSENIO GONZALEZ CASADO
• HOTEL COSTA TROPICAL S.A.
• ELADIO MAESTRE HOLGADO
• JOSE MOLINA MOLINA
• ANTONIO MONTES GARCIA
• MARIA ANGELES MORALES GARCIA
• MANUELA REYES REQUENA
• MIGUEL RIBERA MARTÍNEZ
• MARÍA ISABEL VALDIVIA PIZCUETA

Renuncias

La Junta de Gobierno informa de la renuncia de varios compradores que formaban parte de la cooperativa pero que no han querido seguir adelante con las condiciones impuestas por el ayuntamiento. La Junta de Gobierno Local acuerda devolver las cantidades aportadas por estas personas hasta la fecha. La lista de personas que han renunciado es la siguiente:

Aparcamiento Paseo de Velilla

• MANUELA GARCÍA ESPEJO
• ENRIQUE GARCÍA JARA
• ROSA LUQUE GARCÍA

Aparcamiento Paseo de San Cristóbal

• MARÍA DEL MAR GARCÍA JARA
• MARTA GARCÍA LUQUE
• MANUEL PÉREZ ROMANO
• ANTONIO PÉREZ SAEZ

Nuevos compradores

La Junta de Gobierno toma nota de la lista de nuevos compradores, entre los que podemos encontrar a Don Rafael Contreras, que invierte en San Cristóbal, no sabemos si haciendo caso de las peticiones que le hemos formulado desde Izquierda Unida o porque no le queda otra salida. Si él pensara que es una buena inversión, ya lo habría hecho antes. Hacerlo ahora no parece que sea un acto muy libre.

Nuevas ventas en Velilla

• CIPRIANO RIVERO ROMERO                                                             
• ANTONIO LUIS CANO GARCIA                                                           
• JOSE CARBONELL CERVILLA                                                              
• LUIS MORENO VIGO                                                                            
• MARIA MUÑOZ CURIEL                                                                       
• VICTORIA EKMAN                                                                                 

Nuevas ventas en San Cristóbal

• MANUELA ROCHA NAVIDAD
• RAFAEL CONTRERAS FERNANDEZ
• RAIMUNDO MOYA FUENTES

Son, en total, 9 plazas vendidas, algo que se antoja realmente pobre si tenemos en cuenta que en esta misma Junta de Gobierno se han anulado cuatro contratos por impago, siete por renuncia voluntaria y que hay 30 en el alero a los que se ha dado un plazo extra porque tampoco habían pagado un céntimo desde que solicitaron una plaza.

En conclusión, aún quedan más de trescientas plazas por vender, lo que explicaría en parte la crisis financiera del ayuntamiento que alega tener problemas de tesorería para pagar a las pequeñas empresas, pero este dato no es del todo correcto ya que el ayuntamiento tampoco está pagando a las empresas que han trabajado en los aparcamientos, al menos, no a todas, como demuestra la última manifestación de un pequeño empresario que exigía unos cuarenta mil euros que se le deben por sus trabajos en los aparcamientos.

Estamos ante un negocio oscuro, ruinoso y que nos va a salir muy caro a todos: compradores, algunas empresas que han trabajado en la construcción de los aparcamientos y contribuyentes. Quien no va a tener ningún problema es la empresa sevillana que montó las cooperativas y que se ha quitado del medio con un acta aprobada por los ingenuos cooperativistas en la que se dice que la gestión de esta empresa (GI25) fue impecable.

Mientras tanto, los motores siguen bombeando al mar cada día miles de litros que, tal y como decía el ingeniero municipal en un informe fechado en junio de este año, están haciendo un daño irreparable al acuífero.

Sale a subasta la Ayuda a Domicilio

Acta de la Junta de Gobierno Local del 9-11-09

Expediente 329/09 de contratación incoado para la adjudicación del contrato de SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO PARA PERSONAS DEPENDIENTES

   

El presupuesto máximo para cada anualidad es la consignación presupuestaria de la partida en cada ejercicio económico de vigencia del contrato, estableciéndose el tipo de licitación a la baja en 13,00 Euros por hora. Las proposiciones económicas de los licitadores no podrán exceder de este presupuesto.

 

El presupuesto consignado para el segundo semestre del ejercicio 2009 es de 286.650,00 Euros, existiendo una retención de crédito por este importe en la partida 3230022712.  El gasto anual estimado es de 423.939,51 Euros.

 

Anualmente y con la entrada en vigor del Presupuesto, se notificará al prestador del servicio la cantidad consignada en el mismo para ese ejercicio.

 

El plazo de duración del contrato será de DOS AÑOS, susceptible de prorrogarse por igual periodo.

 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes, acordó::

1)    Aprobar los pliegos de Cláusulas Administrativas y Prescripciones Técnicas, que habrán de regir en el concurso público para la prestación del Servicio de de Ayuda a domicilio para personas dependientes.

2)    Aprobar el gasto por importe de 423.939,51  Euros/ anuales IVA incluido.  

Ex-trabajadores de las obras de los parkings reclaman el dinero que todavía se les debe

Desesperado. Así esta Rafael Carmona por algo más de 40.000 euros que le deben de las obras de la primera fase de construcción de los aparcamientos de Velilla y San Cristóbal de Almuñécar. Está en riesgo la pérdida de su casa por falta de pago de la hipoteca y ya no puede más.

Rafael es un pequeño empresario motrileño de la ferralla que trabajó para la empresa Goypesa, adjudicataria de la construcción de los aparcamientos por parte de las cooperativas promotoras. Ayer se personó en las obras junto a otros empleados para reivindicar, por tercera vez, que se le abone su deuda. Minutos más tarde hicieron acto de presencia varios agentes de la Guardia Civil tanto en el aparcamiento de San Cristóbal como en el de Velilla. Precisamente, fue en este último donde «se subió un poco más el tono entre los obreros y agentes de la Guardia Civil, aunque al final no llegó la sangre al río», según testigos presenciales.

Estos trabajadores se encargaron de hacer la ferralla de las pantallas laterales y la loza de los mencionados aparcamientos en la primera fase de la obra. Desde que la citada empresa constructora dejó los trabajos Rafael y sus empleados se han personado hasta en tres ocasiones en las obras en demanda de que le abonen la deuda que mantiene con su empresa.

«Las obras la han retomado pero a mí no me pagan y mi trabajo por valor de más de 40.000 esta depositado en esos dos proyectos. Me propusieron abonar con pagarés a seis meses pero yo no puedo con eso. También me prometieron que se pondrían en contacto con mi abogado y en la oficina de contratación del Ayuntamiento me informaron que entre el 15 y el 30 del pasado mes de octubre se resolvería el importe de la deuda, pero nada de nada. Ya no puedo más porque me van a quitar mi casa por esa deuda al no poder pagar la hipoteca», manifestó Rafael Carmona.

Por otro lado, Carmona recuerda que hace año y medio se reunió con el alcalde, Juan Carlos Benavides les dijo que iban a cobrar y hasta seguir con la obra para no traer a nadie de fuera «ya que nosotros la habíamos iniciado». «A día de hoy, nada de eso se ha cumplido; sino que nos dieron una pata en el culo».

Este empresario echa de menos que el Ayuntamiento no hubiera actuado antes como lo esta haciendo ahora, «porque todo esto no hubiera ocurrido». Por cierto, que ante la situación que vive afirmó que ya no le queda otra escapatoria que manifestarse en las obras en demanda de abono de la deuda a partir de este viernes.

IU acusa a Benavides de asfixiar a propósito a la empresa de Ayuda a Domicilio

La actuación de Benavides de dejar de pagar a la empresa Adhara terminará consiguiendo la renuncia de esta pequeña empresa, y que sea una de gran tamaño la que se quede con este servicio de asistencia.

Esta es la intención de Benavides al retrasar de manera totalmente injustificada el pago por el trabajo de Adhara. Las palabras del alcalde en el último Pleno son una mezcla de mentiras, demagogia y cinismo. No se puede alegar que hay problemas de tesorería para pagar una actividad que ha recibido de la Junta una subvención muy superior a la que factura la empresa. Puede faltar dinero para muchas cosas, pero nunca para algo que tiene una subvención finalista, máxime si se trata de la asistencia a personas mayores con problemas económicos o minusvalías.

Esta actitud del alcalde podría considerarse un delito de malversación de fondos ya que las cantidades recibidas tienen un destino finalista y, sin embargo, el alcalde está gastando este dinero en otras cosas. IU va a poner en conocimiento de la Fiscalía esta actuación del alcalde.

Igualmente pedimos a la Junta que exija el pago inmediato de la subvención concedida o bien que revise la forma de abono de la subvención y la pague directamente a la empresa, resolviendo de manera excepcional un conflicto que no se ha dado en ningún otro pueblo de Andalucía.

Está claro que la intención del alcalde al forzar esta situación es hacer con Adhara lo mismo que hizo con El Mirlo. Desde que esta empresa fue sustituida por FCC, la limpieza no ha mejorado, pero el ayuntamiento ha conseguido lo que quería, retrasar el pago de este servicio. Según los datos de IU, FCC aún no ha cobrado en el más de un año que lleva trabajando para el ayuntamiento, lo que está generando una deuda que ya supera los cuatro millones de euros sólo en este concepto.

Cuando Benavides quería acabar con El Mirlo utilizó los mismos argumentos que barajó el lunes 16 en el Pleno acusando a la empresa de mala gestión. Los mismos empresarios que durante años han sido buenos gestores se convierten de la noche a la mañana en incapaces e ineptos que no saben llevar una empresa adelante. En el caso de Adhara, como en el caso de El Mirlo, el problema no lo han creado los empresarios, sino que lo ha creado de manera voluntaria el alcalde al retrasar los pagos de manera caprichosa dejando a las empresas en una situación de ruina.

La falta de sensibilidad que está mostrando el alcalde en este tema sólo se puede entender si partimos del hecho de que una trabajadora de ayuda a domicilio gana menos de mil euros al mes mientras el señor alcalde cuesta al contribuyente 80.354€ al año. Si quitamos la Seguridad Social nos sale que el alcalde cobra 15 pagas de 4.549 euros. A eso habría que añadir los 36.675 € que nos cuesta su esposa. El alcalde sí cobra puntualmente todos los meses. Para eso no hay problemas de tesorería. Y a juzgar por los días que se pasa de vacaciones, trabaja menos que estas mujeres.

No es decente que el alcalde despache la amenaza de huelga diciendo que eso es un problema entre la empresa y los trabajadores, que a él no le incumbe y que no ha ido al Servicio de Mediación  ni irá. Le da igual que haya treinta personas sin cobrar desde hace varios meses y que ahora puedan quedar sin sus servicios las personas mayores del municipio, esas que tanto necesitan la ayuda de la sociedad.

Desde IU mostramos todo nuestro apoyo a estas trabajadoras y a la empresa Adhara y exigimos al alcalde que cumpla con el acuerdo que el Pleno tomó el lunes 16 en el sentido de pagar de forma inmediata a la empresa para que las trabajadoras puedan cobrar y se desconvoque la huelga.

IU denuncia otro nuevo gasto derivado del cambio en la empresa de recaudación

La Junta de Gobierno Local del 9 de noviembre ha aprobado adjudicar a una empresa privada la gestión y tramitación de los expedientes catastrales ante la Gerencia Territorial del Catastro. La empresa adjudicataria se llama Servicios Catastrales Arevalta y va a cobrar 69.571 euros en seis meses por este servicio.

IU considera que este nuevo gasto no se habría producido si la recaudación siguiera en manos de la Diputación, ya que los funcionarios de la APAT están realizando esta tarea de forma gratuita en todos los municipios en que la recaudación está a su cargo.

Tal y como avisó IU, la recaudación nos va a salir bastante más cara que antes de privatizarla. Es cierto que la comisión que percibe la empresa privada a la que se le ha adjudicado la recaudación, es algo inferior a lo que cobraba la Diputación de Granada, pero no es menos cierto que esta empresa no puede hacer, y de hecho no está haciendo, muchas gestiones que antes realizaba la Agencia Tributaria de la Diputación. Al no tener funcionarios en su plantilla, la mayor parte de las gestiones de recaudación las tienen que hacer los empleados públicos del ayuntamiento. Actualmente, esto se está concretando en una sobrecarga de trabajo de los funcionarios municipales de esa área que se ven desbordados.

Para realizar gestiones que antes llevaba a cabo la Agencia Tributaria de la Diputación, el Ayuntamiento ha tenido que ampliar la plantilla creando cinco plazas que en conjunto van a costar al contribuyente 179.961,46€ cada año. Las plazas ya incluidas en los presupuestos son las de Notificador, Auxiliar de Inspección Fiscal, Jefe del Servicio de Rentas, Jefe de Contabilidad y un Técnico de Administración Financiera.

A estos costes hay que añadir el servicio de gestión de las multas. Recordemos que la empresa que gestiona las multas cobra cada año 155.440 euros, y este trabaja se hacía antes entre los empleados del ayuntamiento y la Apat, así que, redondeando, entre la empresa de las multas, los nuevos empleados del ayuntamiento y la empresa que hará las gestiones ante el catastro, estamos hablando de un gasto nuevo e innecesario por más de cuatrocientos mil euros al año.

En su día, el Partido Popular de Almuñécar alababa la privatización del servicio de recaudación, porque, según las cuentas que manejaba, esa medida iba a suponer un ahorro al municipio. Ahora se demuestra que mentían para justificar una decisión tan injusta como desastrosa, y que el único fin perseguido ha sido el de intercambiar determinados puestos en la mancomunidad y el Ayuntamiento de Almuñécar, a costa, claro, de los impuestos de los almuñequeros.   

Esta torpeza caprichosa de Benavides, que fue apoyado por los cinco concejales del Partido Popular, ha empeorado el servicio a los ciudadanos, ha bajado de forma estrepitosa los porcentajes de recaudación y, para colmo, ha disparado el gasto que va a suponer al Ayuntamiento de Almuñécar la gestión de la recaudación. Pero los despropósitos no se quedan ahí, ya que Benavides y los que lo han apoyado han creado unos empleos precarios y mal pagados en la nueva empresa privada, en la que el único beneficiado es el gerente, que a la sazón es concejal del Partido Popular. Es decir, todo inconvenientes y ninguna mejora en este cambio a peor.

Zafarraya recupera el cultivo tradicional al aire libre

La cooperativa Hortoventas-Tres Marías cultiva todo tipo de hortalizas sin necesidad de utilizar maquinaria industrial ni invernaderos

El valle de Zafarraya acoge la primera empresa granadina que cultiva todo tipo de hortalizas al aire libre de "modo tradicional", sin necesidad de utilizar maquinaria industrial ni invernaderos, lo que se traduce en más calidad y mayores aportaciones saludables.

Así lo ha asegurado a Efe el gerente de la cooperativa Hortoventas-Tres Marías, Jesús Javier Palma, que ha explicado que esta empresa es una de los pocas de este tipo que existen en España y que utiliza tan sólo la tierra y las semillas para conseguir hortalizas frescas.

El tomate, ha dicho, es su producto estrella, pero su producción abarca otras hortalizas como las alcachofas, la coliflor, el pimiento, el pepino, la col y el apio.

Este año la producción de tomate ha sido de más de 20 millones de kilos y la campaña ha finalizado durante este mes debido a las favorables temperaturas registradas.

Los beneficios de estos productos con respecto a los producidos de manera industrial o en invernadero, ha asegurado el gerente, son bastantes, ya que cuentan con más calidad y mayores propiedades.

"Un kilo de tomate tiene más calcio que un litro de leche", ha apuntado Palma, que ha explicado que el inconveniente que tienen estas hortalizas son las condiciones meteorológicas y las plagas de insectos.

Según Palma, este año el tomate se ha visto afectado por la plaga de la "tuta absoluta", una especie de polilla, y ha explicado que su control ha sido difícil, ya que no se pueden utilizar en exceso productos fitosanitarios debido a la normativa vigente.

En cuanto a los precios medios de este tipo de tomate, el gerente de la empresa ha señalado que se encuentran en torno a 0,50 euros el kilo.

Con más de 400 socios, un millar de asociados y una facturación media anual de hasta 30 millones de euros, esta cooperativa ha logrado hacerse un hueco dentro del mercado nacional como la mejor alternativa al producto almeriense y murciano, ya que el cultivo al aire libre permite completar y cerrar el ciclo de comercialización de las hortalizas.

Denuncian el abandono de un albergue para animales en Almuñécar

Costadigital

El PSOE de Almuñécar ha denunciado que el albergue para animales construido por la Asociación SOS Animales Abandonados en 2007 tras la firma de un acuerdo con el Ayuntamiento en el que éste se comprometía a sufragar las obras a cambio de la cesión de los terrenos, continua cerrado.

El secretario general de los socialistas sexitanos, Francisco Prados, ha explicado que el Consistorio adeuda a ASOSA 800.000 euros, una cifra que la propia Asociación ya adelantó para acometer las obras de construcción de unas modernas instalaciones con capacidad para 200 animales. El incumplimiento del convenio por parte del Gobierno de Benavides está suponiendo, además, la asfixia económica de ASOSA, que ha hipotecado todo su patrimonio para dotar a Almuñécar de un centro para la acogida de animales abandonados, asegura el socialista

Francisco Prados ha explicado que en enero de 2005 la asociación ASOSA cedió al Consistorio una parcela de 31.728 m2 en el Pago de Cantalobos con la única condición de que estos terrenos se destinaran a un fin social y de servicio público como es la acogida de animales abandonados. En septiembre de 2006, el Ayuntamiento de Almuñécar y ASOSA firman un convenio según el cual el Consistorio cede a la asociación 16.000 m2 en la misma finca para la construcción de un albergue. Benavides se compromete a subvencionar a la asociación con de 200.000 euros anuales desde  2006 a 2009.

“Y es que el costo de construcción del albergue ha sido de 805.913, 78 euros más los honorarios de los técnicos, que ascienden a 15.425,68 euros. ASOSA cumplió escrupulosamente su parte y, tras diez meses de obras, en julio de 2007 concluyen las obras. Así pues, tenemos que la asociación ha aportado el solar, ha adelantando los fondos y ha afrontado el coste de las obras de unas instalaciones que, finalmente, pasarán a ser de titularidad municipal, teniendo la asociación su uso en precario. Es increíble cómo el alcalde puede engañar a una asociación que realiza un bien social”, ha lamentado Francisco Prados

El secretario general de los socialistas sexitanos ha indicado que ASOSA se ha dirigido al alcalde en varias ocasiones para intentar dar salida a la situación sin que hasta el momento haya sido posible. La asociación, incluso, ha propuesto al Ayuntamiento resolver el convenio y quedarse ellos con el albergue, para lo cual están dispuestos a renunciar a las subvenciones. También han pedido licencia de apertura del recinto y  firmar un nuevo acuerdo.

“La respuesta que han obtenido por parte del Consistorio es que ASOSA tendría que abonar primero 60.000 euros para la obtención de la licencia municipal de obras”, ha comentado Prados, quien ha advertido que ASOSA se encuentra en la ruina total por causa de los desembolsos que ha tenido que hacer para la construcción del albergue y les es imposibles abonar dicha cantidad.

La Iglesia dice que quien propaga la Ley del Aborto caerá en pecado público

El secretario general de la Conferencia Episcopal, Juan Antonio Martínez Camino, afirma que el que "colabore directamente" en un aborto será excomulgado.

El secretario general de la Conferencia Episcopal Española, el obispo auxiliar de Madrid, Juan Antonio Martínez Camino, sostiene que quien propaga la Ley del Aborto caerá en "pecado público", mientras que quien defiende el texto legislativo o quien le da voto está en "situación objetiva de pecado". Y es que la Iglesia "no puede juzgar su subjetividad". La excomunión sería para quien "colabore directamente" en un aborto realizado.

En este sentido, dice que lo que digan los partidos políticos "no cuenta", hay que situarse "por encima" de los dirigentes políticos en esta cuestión. No en vano, a su entender, la afirmación "quitar la vida a un ser inocente" no puede ser legítima y quien afirme esto se halla "en contradicción con la ley Divina y católica" y caería en herejía.

Por otra parte, el prelado animó este miércoles a las mujeres que han abortado a celebrar el Sacramento de la Confesión.

"Aunque hay pecado rojos como la púrpura, quedarán blancos como la nieve". Con esta oración el secretario general del Episcopado dejó constancia -en el transcurso del primer encuentro de Los Desayunos Informativos CEU hoy en Madrid, en el Club Social Centro Colón-  del "aliento y la acogida" de la Iglesia en lo que se refiere a mujeres tentadas de abortar o las que han pasado por esta tragedia".

Monseñor Martínez Camino se refirió al "perdón" de Dios, que "las quiere acoger en su seno". "Las que no (se han acercado al confesionario) que se animen a hacerlo porque Dios quiere la solución y la paz plena de las persona", aseveró. Y es que la Iglesia, que "defiende los derechos de los inocentes" y es "consciente del problema que envuelve (el aborto)",  "no se muestra inmisericorde con quien caiga en el pecado".

Según el secretario general de la Casa de la Iglesia, con la actual ley del aborto se decía que se iba a reducir el número de abortos y con la que actualmente se encuentra en trámite parlamentario "tenemos que prever que se van a incrementar".

Martínez Camino, que agradeció a los profesionales sanitarios y de otros campos que ejerzan el derecho a la objeción de conciencia en esta materia con "coraje cívico y moral", advirtió de la "grave manipulación" que supone incluir el proyecto legislativo como acto médico, ya que "el aborto nunca es curar porque el embarazo no es una enfermedad* es lo contrario del acto médico".

Finalmente, el obispo dijo no tener constancia de que haya habido contactos entre la Iglesia y el Gobierno sobre la futura ley del aborto, pero, a renglón seguido añadió que "el derecho fundamental a la vida no es negociable". 

Huelga de Ayuda a Domicilio el 20 de noviembre

El sindicato Actividades Diversas de CCOO de Granada ha anunciado que el próximo 20 de noviembre los trabajadores de la empresa Adhara, concesionaria del servicio de ayuda a domicilio en Almuñecar, irán a la huelga para denunciar que llevan tres meses sin percibir sus salarios. La decisión se ha adoptado después de que el Ayuntamiento sexitano no se haya presentado al acto de conciliación que tuvo lugar ayer en el Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales (SERCLA), según manifestaciones del secretario provincial de Actividades Diversas de CCOO, José Sánchez Cano.

A esta situación se ha llegado, tras el aviso realizado hace un mes por Adhara de que no podía hacer frente al pago de nóminas de sus 35 trabajadores, debido a que el Ayuntamiento no le pagaba desde hacía tres meses, y que según manifestó CCOO, en la reunión del Sercla, la empresa adjudicataria ha presentado las facturas adeudadas.

Desde CCOO esta misma semana se repartirá una nota para informar a las familias de los dependientes sobre la huelga, con el objeto de que puedan hacerse cargo de sus familiares. No obstante, el sindicato ha realizado un llamamiento para que el Ayuntamiento «recapacite y se siente a negociar», criticando la falta de sensibilidad social demostrada en el tema por el alcalde Juan Carlos Benavides.

Horno de Cándida, Palacete del Escamado y Picadero: tres negocios cerrados

Oportunidades ante la crisis

En el pleno en el que se trató el asunto de los proyectos turísticos cerrados, IU pidió explicaciones por el cierre del restaurante escuela municipal Horno de Cándida el pasado mes de febrero. «En un momento de aumento del paro, creemos que no es una buena medida cerrar el restaurante escuela en el que tanto dinero ha invertido el Ayuntamiento», declaró el concejal Fermín Tejero.

Además recordó «el retraso» en la apertura del hotel escuela del Palacete del Escamado, cuya apertura estaba prevista hace ya más de dos años. «Es demencial que el equipo de gobierno apueste por el turismo como principal, y única, fuente de ingresos para el municipio y sin embargo cierran el restaurante y no abren el hotel», señaló Tejero.

Según explicó el edil de IU, el empresario que tenía la concesión del Horno de Cándida renunció a la concesión, entre otras razones, «porque el Ayuntamiento no había cumplido con el compromiso de abrir el hotel escuela del Palacete del Escamado, que iba en el mismo lote».

La gente escribe en Ideal estos comentarios cuando leen que hay varios negocios cerrados porque ningún empresario se quiere quedar con ellos:

Pero bueno, qué poca memoria tenemos. Cuando el Horno de Cándida lo tenía Jesús Montes, funcionaba, se enseñaba a los alumnos y el restaurante iba bien; pero había que quitárselo porque no era de la cuerda, y había que dárselo a otro al que se le debieran favores. Cuando el Picadero lo tenía Rafael, funcionaba, había escuela hípica, y un atractivo turístico interesante. Pero como no entraba por el aro, se le echó de mala manera y se trajo al hijo de un histórico militante del anterior partido de Huetor Vega (ahora está cerrado). El Hotel Escuela se le adjudicó a uno que no sabe de hoteles, y que ha tenido todos los negocios municipales (Horno de Cándida, Peña Escrita, Casa Morgan y Hotel Escuela); todo para el mismo. Y ahora dicen que está arruinado. Así no se llega a ningún sitio, Benavides.

SÍ Y CUANDO EMPIECEN A FUNCIONAR SE LO QUITARÁN PARA DÁRSELO AL PAVESIO DE TURNO

AQUI TODO ES IGUAL, A JORGE BAREA LE PASO IGUAL LLEGO A TRAER A CASI 9000 PERSONAS DESPUES DE ESTAR TODA LA VIDA NIMANDO A SU PUEBLO CON CARRERAS DE MOTOS I Y ZAS COMO NO ERA DE SU GRUPO LE QUITARON EL SUPERCROOS EL NOEL Y SU PADRE ANTONIO DIAZ Y OTRO EVENTO DEPORTIVO A FREIR ESPARRAGOS SE LO CARGARON EN DOS AÑOS, EL DICHO ES ASI TIENES QUE SER UN BRIVOM Y PONERTE GORDO SI NO TE DAN.

La UE investiga cinco muertes producidas después de recibir la vacuna contra la gripe A

El Confidencial 

Cinco europeos han muerto poco tiempo después de ser vacunados contra la gripe A. La alarma se disparó cuando uno de ellos falleció apenas unos minutos después de recibir la dosis.

El viceministro de Salud del Parlamento ha sido quien ha alertado a la Unión Europea de estos casos –fuentes no oficiales apuntan a que se trata de cuatro suecos y un suizo- y el de 190 enfermeras más que han presentado reacciones alérgicas “demasiado complicadas” tras haber recibido la vacuna contra el virus H1N1. Para quitarle hierro al asunto, el viceministro barajó una posibilidad: “Podrían haber muerto por otras complicaciones”.

A lo que no ha hecho mención el mandatario pero sí le ha preguntado la ministra polaca de Sanidad, Ewa Kopacz, es si las vacunas se han fabricado tan rápido que tal vez no hayan pasado los controles que necesita cualquier vacuna que llegue al mercado y si se han verificado los efectos secundarios que podría provocar su administración.

 

Kopacz no ha perdido el tiempo para lanzar a la Unión Europea, una a una, las razones por las que Polonia todavía no ha comprado vacunas contra el nuevo virus: “¿Por qué no se especifica la composición de estas vacunas? ¿Por qué no se ha facilitado un informe con sus efectos secundarios, como tienen todas las vacunas? ¿No los tiene o es que tal vez no se han comprobado? ¿Por qué los fabricantes no quieren lanzar ellos mismos la vacuna al mercado si es tan maravillosa?

Los distribuidores que compran la vacuna no disponen de ningún estudio que detalle meticulosamente la composición de estas dosis”. Asimismo, Kopacz pregunta a la UE por qué autorizó la distribución de tres vacunas como válidas y cada una de ellas muestra una cantidad de sustancias activas distintas. “¿Cuál es mejor? ¿Las tres producen la misma inmunidad frente al virus? ¿Cómo pueden producir el mismo efecto si no tienen la misma cantidad de sustancias activas?”.

 

Polonia ha optado por prevenir antes que curar. "Vamos a utilizar el tiempo para examinar cuidadosamente si la vacuna es fiable o no". Kopacz pone de ejemplo a su país vecino, Alemania, que compró 50 millones de dosis y sólo ha usado diez. "¿Es realmente necesario comprar tantas dosis?", deja en el aire. 

Fuentes no oficiales dicen que Suecia ya ha restringido el acceso a las vacunas a la espera de que se administre en otros países europeos y se puedan comparar los resultados. El Parlamento europeo dice que analizar el caso de las enfermeras podría ayudar a desentrañar este extraño misterio médico.

En España, la mitad de los médicos no quieren vacunarse y una monja benedictina de Barcelona dio la vuelta al país en forma de video que desmontaba, de forma científica y divulgativa, todo el negocio montado en torno a este virus. 

 

El calendario de vacunación está fijado para dentro de diez días. ¿Quién se atreverá a vacunarse el primero?

LAB pide el regreso a puerto seguro de los barcos que están faenando

"Exigimos a los armadores y gobiernos la inmediata retirada de barcos que estén faenando en esas aguas hasta que definitivamente se den las condiciones necesarias para que conflictos como el del ‘Alakrana’ no se vuelvan a repetir", reclama LAB.

El sindicato ha dado a conocer un comunicado ante "la alarmante situación" en la que "incluso peligran vidas de trabajadores-arrantzales por la fatal gestión " por parte de "los gobiernos de turno con la ayuda y complicidad de las empresas armadoras".

Se dirige a los trabajadores-arrantzales que se encuentran en la zona para que reclamen el regreso a puerto seguro de los barcos en solidaridad con la tripulación del "Alakrana" y demanden a los ejecutivos de Madrid y Lakua, así como a los armadores, "una vía eficaz de negociación inmediata" y descarten "la vía armada del intervencionismo militar puro y duro".

LAB considera necesario realizar una "profunda reflexión sobre las causas del conflicto si queremos que no se vuelvan a producir situaciones" como la actual.

"Comprendemos que son momentos de tensión y de angustia para quienes necesitan buenas noticias, pero los auténticos responsables de esta situación deben adquirir compromisos en ese sentido".

Dos ex alcaldes son juzgados hoy por una presunta prevaricación

Dos ex alcaldes de Monachil se sentarán hoy en el banquillo por una presunta prevaricación relacionada con la construcción de un edificio en Sierra Nevada, en una causa en la que también están imputados un ex concejal de Urbanismo del municipio y el arquitecto municipal.

El juicio, que se celebrará en el Juzgado de lo Penal 1 de Granada, ya sufrió un aplazamiento el pasado 9 de octubre debido a la incomparecencia de dos letrados y a la ausencia de uno de los cuatro acusados -el ex concejal de Urbanismo, Benjamín Rodríguez (PP)-, que alegó una cardiopatía.

Los ex alcaldes acusados son Francisco Lara (PSOE), que se enfrenta a una petición del fiscal de 10 años de inhabilitación, y Antonio Trinidad (PP), para quien la Fiscalía pide dos años de cárcel, otros diez de inhabilitación y multa de 57.600 euros.

Los otros dos imputados se enfrentan a una petición del Ministerio Público de dos años de cárcel, 20 de inhabilitación y la misma multa.

El origen del asunto está en el cambio de uso, de equipamiento sociocultural a residencial, y el aumento de edificabilidad de una parcela en la que se ha construido un bloque de 82 apartamentos.

Esa modificación se hizo mediante un estudio de detalle, lo que para los denunciantes -la comunidad de propietarios de un edificio colindante- vulnera la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, que impide cambiar el uso e incrementar la edificabilidad mediante esa figura.

Estrasburgo considera los crucifijos en las escuelas una violación de los derechos de los padres

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, en Francia, consideró que la presencia obligatoria de crucifijos en las aulas constituye "una violación" de los derechos de los padres a la educación de sus hijos.

El alto tribunal de derechos humanos, que no es una institución de la UE, considera que la presencia de ese símbolo de la religión católica es una violación de la libertad de credo de los alumnos, según reza la sentencia. La presencia de crucifijos supone "una violación del derecho de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones", afirma la sentencia. El texto agrega que la presencia de ese símbolo religioso supone "una violación de la libertad de religión de los alumnos".

El caso se inició en 2002 cuando la ciudadana italiana nacida en Finlandia Soile Lautsi presentó una demanda ante los jueces de Estrasburgo al considerar que la escuela pública donde estudiaban sus dos hijos, de 11 y 13 años, en Abano Terme, el norte de Italia, violaba sus derechos como madre, al imponer a sus hijos una determinada presencia religiosa.

La corte de Estrasburgo -establecida en 1950 en el marco de la Convención Europea de los Derechos Humanos- dictaminó contra la escuela en cuestión por no considerar la libertad de padres y alumnos en este tema. Las autoridades de ese centro escolar se habían negado a quitar el crucifijo a pesar de un dictamen en contra de la Corte Suprema de Italia, de 2000, en el que se afirmaba que la presencia del crucifijo "viola el principio de Italia como Estado laico".

La mayoría de los municipios congela el IBI ante la crisis

La Opinión. ROCÍO S. NOGUERAS

La actual situación económica obliga al ciudadano a hacer un auténtico ejercicio de cálculo para cuadrar las cuentas a final de mes. A los gastos mensuales de hipoteca o alquiler, agua, luz, comunidad, alimentación y gasolina, se añaden otros recibos con carácter anual o semestral que convierten la economía doméstica en un verdadero caos. Un ciudadano que tenga una vivienda en propiedad y esté pagando un vehículo deberá afrontar los gastos de la hipoteca y el coche cada mes, así como de los seguros de automóvil y hogar, la tasa de circulación y el impuesto de bienes inmuebles cada año. Si además cuenta con algún seguro de vida o un plan de pensiones (a los que muchas entidades financieras obligan a acogerse para conceder el préstamo hipotecario), las cifras se disparan.

Pero los impuestos no son iguales en todos los municipios. En el caso del la Contribución (IBI), que grava la propiedad de los bienes inmuebles, ya sean rústicos o urbanos, y se devenga con carácter anual, las cifras varían considerablemente de un municipio a otro. La cuota tributaria se calcula a partir de una base imponible que parte del valor catastral del inmueble y un tipo de gravamen que viene establecido por cada ayuntamiento.

En Granada, los tipos impositivos más altos se dan en Almuñécar (con un diferencial del 1 para bienes de naturaleza urbana y del 0,75 para los de carácter rústico) y en Santa Fe (con un gravamen del 0,74 y el 0,9). En la misma línea se encuentra Atarfe (con un 0,73 y un 0,75 para inmuebles urbanos y rústicos, respectivamente) y Huéscar (con un 0,7 y un 0,65). En el otro lado de la balanza se sitúan Jun y Dílar, ambos con los tipos impositivos mínimos (0,4 para urbano y 0,3 para rústico), así como Alhendín, Cájar, Gójar, Ogíjares, Monachil, Pulianas o Cúllar Vega, cuyos valores oscilan entre el 0,4 y el 0,65.

El término medio lo ocupan Peligros, Albolote, Armilla, Churriana de la Vega, Las Gabias, La Zubia, Otura, Pinos Puente, Huétor Vega y Vegas del Genil.

Las previsiones para el próximo ejercicio se inclinan, fundamentalmente, por la congelación del impuesto como una medida orientada a ayudar al ciudadano a afrontar la crisis. Así lo hará el Ayuntamiento de La Zubia, según anunció su alcaldesa, Mercedes Díaz (PSOE). Aunque la propuesta aún no ha pasado por pleno, el equipo de gobierno baraja la posibilidad de congelar la Contribución e incluso plantea el fraccionamiento del pago y la introducción de nuevas bonificaciones destinadas a las familias con todos sus miembros en paro. Además, este período será el último en que se aplique la subida del valor catastral por diez años que se aprobó hace una década en el municipio.

Tampoco Jun, Santa Fe, Armilla, Dílar, Churriana, Güéjar Sierra, Maracena, Cúllar Vega, Vegas del Genil, Atarfe o Gójar tienen previsto actualizar al alza la tasa, dada la actual situación económica.

En el caso de Huétor Vega, la intención del gobierno local es incrementar el tipo impositivo a aquellos propietarios que no estén empadronados en el municipio. Ésta es la propuesta que se debatirá en el próximo pleno y con ella se pretende motivar el empadronamiento con el fin de ajustar las transferencias de capital de otras administraciones a la población real del municipio.

La misma medida se adoptará en Salobreña, donde el tipo impositivo que se aplica sobre los bienes de naturaleza urbana pasará del 0,65 al 1,10 en 2010 para gravar las segundas residencias, si bien los valores se mantendrán para los ciudadanos empadronados en la localidad costera. Pese al incremento, según señalaron fuentes municipales, "la subida tampoco será excesiva". Además, el equipo de gobierno estudia la aplicación de un aplazamiento de cinco años y sin intereses en el pago del recibo e incluso plantea eximir de este impuesto a un máximo de diez familias que mantengan decoradas sus fachadas a lo largo de todo el año.

Por su parte, el Ayuntamiento de Dílar, que en la actualidad tiene fijadas las cargas impositivas en el mínimo, pretende introducir una bonificación del 25% para familias numerosas y viudos o personas mayores que viven solas.

Al otro lado de la balanza se encuentran aquellos municipios que prevén incrementar el impuesto en 2010. Entre ellos figuran Alhendín, que actualizará al alza todas las ordenanzas, o Loja, que subirá el tipo impositivo pero ampliará a seis años la bonificación del 50% de la que se benefician los titulares de VPO. En la misma línea, Cájar, que cuenta con uno de los valores más bajos de la provincia, aumentará los índices del 0,42 al 0,44 en inmuebles urbanos y del 0,35 al 0,37 en bienes rústicos para que la subida "no sea demasiado acusada" cuando se realice la revisión catastral pendiente, según explicó el alcalde del municipio, Fidel Prieto (PP). Las tasas se mantendrán, no obstante, entre las más bajas, y el Ayuntamiento plantea aplicar bonificaciones a jubilados y pensionistas.

En el caso de Ogíjares, el Ayuntamiento establecerá una subida de seis centésimas en el gravamen de los bienes inmuebles urbanos (del 0,44 al 0,50), dentro del plan de estabilidad financiera aprobado por el municipio, "que llevaba seis años sin actualizar la tasa", según apuntó la alcaldesa, Herminia Fornieles (PSOE). Por su parte, Almuñécar, gobernada por Convergencia Andaluza (CA), actualizará los valores en función del IPC.

De otro lado, Motril y Guadix, ambas ciudades gobernadas por el PP, proyectan reducciones en el recibo de la Contribución en 2010. En el caso de la localidad costera, el descenso supondrá un 12% en el recibo, al pasar de 0,58 a 0,51, aproximadamente, el tipo de gravamen que se aplica sobre los bienes de naturaleza urbana.

En la ciudad accitana, la transición será del 0,64 actual al 0,59, lo que supondrá que el Consistorio deje de percibir en torno a 200.000 euros el próximo año por este concepto, según anunció el equipo de gobierno.

Los datos actuales del impuesto y las previsiones para el próximo ejercicio demuestran que la tasa no entiende de colores políticos y no existe una tendencia de partido a la hora de establecer los tipos impositivos que deben fijar los gobiernos locales.

La privatización del servicio de multas costará 155.000 euros a los almuñequeros

Ideal

El concejal de Izquierda Unida, Fermín Tejero, ha denunciado que la privatización del servicio de cobro de multas le costará a los almuñequeros 155.000 euros anuales.

El acuerdo, adoptado en la Junta de Gobierno Local, adjudica a una empresa privada de origen gallego el servicio de gestión de multas. La adjudicación se ha hecho por dos años. La empresa que va a encargarse de estos trabajos se llama 'Jesús Foráneas Teijeiro' y va a cobrar por sus servicios 155.440 euros anuales.

IU mostró su rechazo frontal «a esta nueva privatización porque estamos en contra de dar datos confidenciales de los ciudadanos a una empresa privada». En opinión de Fermín Tejero esta nueva privatización de un servicio público «genera inseguridad jurídica porque pone en manos de empleados particulares y empresarios privados acciones y documentos que le ley reserva para los funcionarios públicos».

Daño a la hacienda

Por otro lado, el concejal de IU denuncia «el daño a la hacienda pública» que supone este acuerdo porque la empresa, que se ha quedado con este servicio va a cobrar «casi 26 millones de las antiguas pesetas al año». «Con este dinero hay más que suficiente para que el Ayuntamiento, contratando el personal necesario gestione de forma eficaz y legal el trámite de las notificaciones, archivo y cualquier tarea relacionada con las multas de tráfico», señala.  

Alcaldes detenidos por corrupción

La detención este martes del alcalde de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz, del PSC, eleva a dieciocho el número de primeros ediles en ejercicio detenidos por implicación en delitos de corrupción urbanística desde la Operación Malaya, en Marbella, en abril de 2006.

Marisol Yagüe (GIL): Ex alcaldesa de Marbella (Málaga), detenida en marzo de 2006, en la denominada "Operación Malaya", imputada por cohecho, prevaricación y maquinación para alterar el precio de las cosas, en abril de 2006 ingresó en prisión, de la que salió en septiembre, tras satisfacer una fianza de 60.000 euros.

Francisco Valido (PP): Ex alcalde de Telde (Gran Canaria), detenido en noviembre de 2006, en el "Caso Faycan", por el presunto cobro de comisiones por licencias de obras. Imputado por cohecho, quedó en libertad tras abonar una fianza de 80.000 euros. El PP suspendió cautelarmente su militancia, pero después levantó la suspensión.

Eugenio Hidalgo(PP): Ex alcalde de Andratx (Mallorca), detenido en noviembre de 2006, en la "Operación Voramar". Fue condenado en dos juicios a cuatro años de cárcel primero y a 7 años de inhabilitación después por construir un chalet ilegal y por prevaricación. Fue expulsado del PP.

Juan Martín Serón (PP): Alcalde de Alhaurín El Grande (Málaga), detenido en enero de 2007, quedó en libertad bajo fianza de 100.000 euros. La Fiscalía le acusó en 2009 en el "caso Troya" de corrupción urbanística. Sigue al frente de la alcaldía.

José Francisco González (PP): Alcalde de Mogán (Gran Canaria), detenido en la "Operación Góndola" en enero de 2007, imputado por malversación de caudales públicos y cohecho. En libertad sin fianza, se reincorporó a su puesto.

José Martínez Andreo (PP): Alcalde de Totana (Murcia), detenido en noviembre de 2007 en la "operación Totem", de corrupción urbanística. En febrero de 2008 quedó en libertad bajo fianza de 70.000 euros y se reincorporó a la alcaldía. El caso sigue siendo objeto de investigación judicial.

Cándido Trabalón (PA): Alcalde de Zurgena (Almería), detenido en abril de 2008, en la "Operación Costurero". En libertad con cargos está imputado por un presunto delito de prevaricación por permitir la obtención de licencias urbanísticas ilegales.

Daniel García Madrid (PP): Alcalde de Torre Pacheco (Murcia), detenido en abril de 2008, en relación a la permuta de una parcela municipal destinada a dotaciones deportivas a cambio de cuatro fincas de naturaleza rústica. En libertad con cargos se reincorporó a la alcaldía.

Antonio Barrientos (PSOE): Alcalde de Estepona (Málaga), detenido en junio de 2008 junto a otras 24 personas en la "operación Astapa". En libertad bajo fianza de 150.000 euros. Barrientos abandonó la alcaldía y el PSOE.

Juan Cardona (Independiente): Alcalde Benitatxell (Alicante), detenido en julio de 2008 por un supuesto delito de prevaricación y cohecho en relación a una recalificación de terrenos. En libertad provisional, abandonó la alcaldía en febrero de 2009.

Juan José Rubio (Independiente): Alcalde de Zarra (Valencia), detenido en octubre de 2008. En libertad bajo fianza de 18.000 euros, había sido expulsado del PSOE tras una denuncia de la Fiscalía en 2006 por varios delitos de prevaricación, falsedad, fraude y estafa.

José Joaquín Moya (PSOE): Alcalde de Bigastro (Alicante), detenido en octubre de 2008, acusado de malversación, prevaricación, delito contra la ordenación del territorio y falsedades por una permuta de terrenos en suelo industrial. En enero de 2009 salió en libertad sin fianza. Suspendido cautelarmente de militancia por el PSOE.

José Martínez García (PP): Alcalde de Librilla (Murcia), detenido en noviembre de 2008 por el supuesto cobro de comisiones ilegales. En libertad, aunque inicialmente renunció a la alcaldía, actualmente se mantiene al frente del Consistorio. El PP lo expulsó junto a los tres ediles que le apoyaron.

Fernando Muguruza (No adscrito): Alcalde de Castro Urdiales (Santander), fue detenido en febrero de 2009, acusado de prevaricación, falsedad documental y malversación de fondos públicos en relación con la construcción de unas viviendas. En libertad con cargos.

José Manuel Martín Alba (PSOE): Alcalde de Alcaucín (Málaga), detenido en febrero de 2009, acusado de cohecho, blanqueo de capitales, prevaricación, falsedad documental y prevaricación urbanística. Dimitió como alcalde y fue expulsado del PSOE.

María Victoria Pinilla (PAR): Alcaldesa de La Muela (Zaragoza), detenida en marzo de 2009, acusada de un delito de corrupción urbanística, blanqueo de capitales, cohecho y tráfico de influencias.

Juan Enciso (PAL): Alcalde de El Egido (Almería), detenido el pasado 20 de octubre de 2009 en una operación contra el blanqueo de capitales.

Juan José Díaz Valiño (PSOE): Alcalde de Castro de Rei (Lugo) fue detenido el 26 de octubre de 2009 por prevaricación y tráfico de influencias.

Bartomeu Muñoz (PSC): Alcalde de Santa Coloma de Gramanet (Barcelona), y vicepresidente primero de la Diputación de Barcelona, detenido este martes en el marco de una operación relacionada con la presunta adjudicación de obras y servicios vinculadas a la construcción, que fue ordenada por el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón.

El ayuntamiento pagará 155 mil euros por gestionar las multas

La junta de gobierno local del 19 de octubre ha aprobado adjudicar a una empresa privada el servicio de mecanización, grabación y tratamiento informático de la captación y emisión de datos y documentos, así como del registro y archivos de los generados por el Servicio de multas y de cualquier otra tarea similar o complementaria.

La adjudicación se ha hecho por dos años. La empresa que va a gestionar este servicio se llama Jesus Forneas Teijeiro y va a cobrar por sus servicios 155.440 euros al año.

IU se opone frontalmente a esta nueva privatización porque estamos en contra de dar datos confidenciales de los ciudadanos a una empresa privada. Esta nueva privatización genera inseguridad jurídica porque pone en manos de empleados particulares y empresarios privados acciones y documentos que le ley reserva para los funcionarios públicos.

Por otro lado, IU denuncia el daño a la hacienda pública que supone este acuerdo porque la empresa que se ha quedado con este servicio va a cobrar casi 26 millones de las antiguas pesetas al año.

Con 26 millones de pesetas hay más que suficiente para que el Ayuntamiento, contratando el personal necesario, gestione de forma eficaz y legal el trámite de las notificaciones, archivo y cualquier tarea relacionada con las multas de tráfico.

Las obras de urbanización de la Avenida Andalucía se retomarán el próximo martes

Ideal

Las obras volverán a la avenida de Andalucía de Almuñécar a partir del próximo martes. Tras el amplio paréntesis previsto para el verano y que se ha alargado hasta noviembre ahora se retomará el proyecto de rehabilitación del centro comercial, que esperan tener listo a finales de noviembre «para que todo quede operativo de cara a la Navidad», según informó la concejala de Tráfico y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento sexitano, María Dolores Sánchez Montes.

El tráfico se cortará en la en el tramo comprendido desde la salida de la calle Sevilla hasta la calle Jaén, que quedarán libres.

Por su parte el concejal de IU, Fermín Tejero, lamentó ayer el retraso del reinicio de las obras «ya que en vez de comenzar el 15 de septiembre, como se prometió, va a reiniciarse en noviembre, con lo que se corre el riesgo, si hay algún imprevisto de los que son habituales, de que también se vea la avenida Andalucía en obras a principios de Navidad».