El País
El juez Baltasar Garzón, magistrado reconocido internacionalmente por la instrucción de casos relacionados con crímenes contra la Humanidad, el terrorismo etarra y las redes del narcotráfico, enfilará mañana la escalinata del Tribunal Supremo hacia el que previsiblemente será el último acto de su trayectoria judicial: se sentará en el banquillo de los acusados para ser sometido a juicio por supuesta prevaricación al haber intervenido las comunicaciones en prisión de los jefes de la red Gürtel, a los que encarceló, con sus abogados. La red Gürtel es la mayor trama de corrupción política de España vinculada al PP.
La acusación, sustentada por los jefes corruptos, Francisco Correa y Pablo Crespo, además de por el abogado Ignacio Peláez, que representa al empresario vinculado a la trama José Luis Ulibarri, reclaman entre 10 y 17 años de inhabilitación para Garzón por haber vulnerado su derecho de defensa al haber intervenido sus comunicaciones en prisión, incluidas las mantenidas con sus abogados. Correa y Crespo, que supuestamente repartieron millones entre cargos del PP para conseguir sustanciosos contratos, siguen en prisión desde que los encarceló Garzón, pero han dispuesto de medios sobrados para pagar unos abogados muy caros que han conseguido sentar al juez Garzón en el banquillo y, muy posiblemente, acabar con su carrera para siempre. Entre esos letrados, hay dos antiguos colegas de Garzón en la Audiencia: el exjuez José Antonio Choclán, abogado de Correa, y el exfiscal Ignacio Peláez, que promovió la querella inicial. Si Garzón es condenado, será expulsado de la carrera judicial.
El pesimismo sobre la suerte del magistrado, que lleva casi dos años suspendido de funciones, pesa en su entorno. El desarrollo de la instrucción, en paralelo con otras dos causas que tiene abiertas —por investigar crímenes del franquismo y por cobros de dos cursos jurídicos impartidos en Nueva York y en los que otro juez lleva más de dos años buscando un supuesto cohecho— dejan pocos resquicios, según su entorno, sobre las intenciones de la Sala Penal del Supremo. Y la arremetida final del instructor del caso de las escuchas, Alberto Jorge Barreiro, cierra virtualmente cualquier especulación sobre un resultado distinto al de culpable, según las mismas fuentes. Garzón, según Barreiro, al ordenar las escuchas a los abogados lesionó “uno de los principios básicos del sistema penal, retrotrayéndonos a un estatus procesal anterior al Estado de derecho”. Las escuchas a los abogados fueron anuladas por la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Dos antiguos compañeros de Garzón son ahora sus acusadores
Aunque la fiscalía solicitó desde un primer momento el sobreseimiento y ahora reclama la absolución asegurando que Garzón no cometió ningún delito, los distintos fiscales que han intervenido en los tres procesos han visto rechazadas una y otra vez todas sus peticiones.
La defensa de Garzón, a cargo del abogado Francisco Baena Bocanegra en este proceso, ha visto rechazadas por el Supremo sus principales peticiones de prueba: la declaración del juez del Tribunal Superior de Madrid Antonio Pedreira, que tras suceder a Garzón en la instrucción prorrogó las escuchas, y la de las dos fiscales Anticorrupción que las validaron. El testimonio de Pedreira era clave para la defensa, dado que este juez no solo prorrogó las escuchas sino que desestimó los recursos de los imputados y resolvió sobre las propuestas de las fiscales respecto a qué escuchas debían incorporarse a la causa.
El juicio se desarrollará en principio en tres sesiones de mañana, que son las que el Supremo considera suficientes para liquidar el asunto. Se trata de un proceso técnico, basado en la prueba documental, y sin poder contar con la versión del juez Pedreira y la de las dos fiscales Anticorrupción el interés de las sesiones queda restringido a las explicaciones que el propio Garzón exponga durante su interrogatorio. A renglón seguido, a Garzón le espera nuevamente el banquillo el próximo día 24, en que afrontará su segundo juicio por la investigación de los crímenes del franquismo, hasta mediados de febrero.
El testimonio del juez que prorrogó las escuchas ha sido rechazado
Durante los dos años que ha durado el proceso del Supremo a Garzón, sus abogados han conseguido que la Sala Especial del alto tribunal reconociese que los mismos magistrados que abrieron los procesos y que después planeaban juzgarle estaban contaminados. Por primera vez en la historia del Supremo, la Sala Especial declaró que el presidente de la Sala Penal, Juan Saavedra, y otros ocho magistrados carecían de la necesaria apariencia de imparcialidad para juzgar a Garzón.
Pero esa única victoria procesal pronto se demostró ineficaz y hasta contraproducente. La Sala Penal sustituyó a los jueces iniciales de un tribunal por los contaminados del otro y viceversa. Así, tras la remoción de los cinco jueces iniciales de las escuchas a Gürtel, en el tribunal definitivo figuran tres magistrados que abrieron la causa contra Garzón por investigar el franquismo. Y a estos se han sumado los jueces instructores de los otros dos procesos: Luciano Varela, el juez que procesó a Garzón por su investigación del franquismo, y Manuel Marchena, que lleva dos años investigando las ganancias del juez.
El tribunal de las escuchas a Gürtel ha quedado definitivamente configurado por Joaquín Giménez, como presidente; Miguel Colmenero, ponente de la sentencia; y los magistrados Andrés Martínez Arrieta, Francisco Monterde, Juan Ramón Berdugo, Luciano Varela y Manuel Marchena. Ideológicamente, son tres progresistas (Jiménez, Arrieta y Varela) y cuatro conservadores, pero en este caso alguno de los progresistas, como Varela, puede ser más letal para Garzón que cualquiera de los conservadores, según fuentes del entorno del encausado.
En cuanto a Marchena, será seguramente el primer magistrado de la historia que juzgue a un imputado por las mañanas (por las escuchas a Gürtel) e instruya una causa contra el mismo por las tardes (el caso de sus honorarios en Nueva York). Y ambos asuntos, por presuntos delitos de prevaricación. El intento de última hora del defensor de Garzón de apartar a ambos jueces del tribunal ha fracasado.
Garzón ha explicado hasta la saciedad que los cabecillas de la trama corrupta, Francisco Correa y Pablo Crespo, disponían de un conglomerado de sociedades en paraísos fiscales creadas por testaferros a través de despachos de asesoramiento jurídico y fiscal. Su detención retrasó varias operaciones en marcha, entre ellas la relativa al blanqueo de fondos de una cuenta en Suiza de más de 20 millones de euros. A la vista de que los imputados iban a continuar el blanqueo de fondos a través de terceros que les visitasen en prisión, Garzón ordenó la grabación de todas sus conversaciones, incluidos sus abogados, aunque después expurgó las que afectasen a la estrategia de defensa.
Frente a esta versión de Garzón, el instructor Alberto Jorge Barreiro ha preferido la de los cabecillas de la trama y sostiene que Garzón quiso conocer “indebidamente” la estrategia de defensa de sus abogados. Barreiro considera a Garzón autor de un delito continuado de prevaricación y otro de uso de artificios de escucha y grabación con violación de las garantías constitucionales.
