Opinión

Banqueros fariseos

Alberto Montero Soler

Rebelión

El pasado martes, 11 de noviembre, se reunían nuevamente en La Moncloa el presidente del Gobierno y el ministro de Economía y Hacienda con los cuatro principales banqueros de este país: Emilio Botín (Santander), Francisco González (BBVA), Isidro Fainé (La Caixa) y Miguel Blesa (Caja Madrid).

De entrada, es sintomático que en el mismo día se reúna por la mañana con los banqueros y por la tarde lo haga con los representantes sindicales (UGT y CCOO) y los del resto del sector empresarial (CEOE y Cepyme).

Habida cuenta de que en política el orden de los factores sí que altera el producto, la expresión de las preferencias gubernamentales por los diferentes sectores afectados por la crisis se puso de manifiesto de forma palmaria ese mismo día. Circunstancia que, por otra parte, no tiene nada de novedosa: sólo hay que revisar la cronología y monto de las medidas anticrisis aprobadas durante las últimas semanas para refrendar con mayor intensidad la anterior afirmación.

En todo caso, lo que quería poner de manifiesto en este artículo no es el orden de preferencias de este gobierno, que bastante se retrata ya él solito, sino la hipocresía del discurso de los banqueros de este país, que no tienen en ningún reparo en alabar ahora lo que hace unos meses clamaban por eliminar. Me explico.

Desde el años dos mil, el Banco de España obliga a bancos y cajas de ahorro a dotar provisiones genéricas para, en caso de que se produjera un aumento de la morosidad, la posición financiera de las instituciones no se viera afectada. Esas reservas, que a principios de año ascendían a más de 30 mil millones de euros, son las que en estos momentos están permitiendo que la morosidad no haya dañado, aún más, sus balances y que su posición de solvencia parezca envidiable en un contexto como el actual.

Evidentemente, esta medida nunca fue del agrado de los banqueros quienes a principios de este año lanzaron una ofensiva para tratar de conseguir que el Banco de España levantara la obligación de mantener esos recursos inmovilizados. Ya entonces escribí sobre ello y advertía de que no tenía ningún sentido esa reclamación con una perspectiva de crisis como la que se avecinaba.

Es más, y de ello también escribí, los ocho principales bancos sí que consiguieron que se redujera la supervisión del Banco de España sobre sus niveles de riesgo y la provisión de reservas que hubieran de realizar en relación con los mismos.

Pues bien, todo esto viene al caso en estos momentos en los que se ensalza el modelo de supervisión del Banco de España sobre el sistema bancario y el presidente del Gobierno trata de exportarlo al resto del mundo en la cumbre del G-20 a donde, ingenuamente, cree que ha ido a contribuir a la conformación de un nuevo orden financiero internacional.

Y es que, por un lado, las tendencias del sistema de supervisión financiera español iban en la misma línea desreguladora que rige en el resto del mundo. Tan sólo que la crisis llegó justo a tiempo para frenarlas y, al menos, ha ofrecido la posibilidad de replantearse que una supervisión estricta sigue siendo del todo punto necesaria. Guste o no guste a los banqueros.

Pero, fundamentalmente, lo que todo esto viene a poner de manifiesto es la hipocresía de nuestros banqueros que no dudan ahora en deshacerse en elogios hacia un sistema de supervisión que han denunciado y tratado de eludir y desarmar en todo momento y que ahora, cuando de apuntarse méritos y de reclamar ayudas públicas se trata, pasan a defender.

Así que donde dije digo digo Diego y todos tan contentos. Como si en este país nadie tuviera memoria.

  Alberto Montero Soler ([e-mail]) es profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga (España). Puedes leer otros textos suyos en su blog "La otra economía".

Ética y política: El veredicto de un tribunal no invalida el juicio moral que los ciudadanos podemos y debemos hacer sobre las actuaciones de los cargos públicos

María Vacas Sentís

Rebelión

Quizás un tanto ingenuamente me sorprende cómo de forma cotidiana y generalizada, cuando se trata de valorar el grado de decencia o indecencia de la actividad política, se confunde la responsabilidad ética con el derecho a la presunción de inocencia que explicita el artículo 24.2 de la Constitución Española, derecho esgrimido cual bandera al viento por todos los imputados en los incontables casos de corrupción que uniformizan el territorio patrio. Sin embargo, estar acusado por cargos englobados en el cajón de sastre de la corrupción y, por tanto, tener que esperar lógicamente al veredicto de los Tribunales para ser condenado por la legalidad o ilegalidad de unas determinadas actuaciones no equivale en ningún caso a que estemos obligados a desechar el juicio moral que todos los ciudadanos podemos y debemos hacer sobre la responsabilidad pública del cargo político que se comporta de manera inadecuada o inmoral en el ejercicio del cargo.

Sin tener que irnos muy lejos en el espacio ni en el tiempo, tenemos el ejemplo del vicepresidente del Gobierno de Canarias, José Manuel Soria, quien podrá ser declarado culpable o no por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) de los cargos de prevaricación y cohecho por los que se le imputa en el llamado “caso salmón”; y podemos escuchar –casi ya perdida la capacidad de asombro- al consejero de Presidencia, José Miguel Ruano, defendiendo en el Parlamento de Canarias la inocencia de su compañero del Ejecutivo autonómico. Pero nadie puede dudar, sobre todo porque el propio Soria así lo ha reconocido, que el entonces presidente del Cabildo de Gran Canaria viajó a Noruega en el año 2005 a pescar salmón, invitado por el empresario Bjorn Lyng, propietario del complejo turístico Anfi Tauro , poco antes de que la institución insular diese el visto bueno a la habilitación de 3.600 camas hoteleras para el citado grupo, acogiéndose a las excepciones de la moratoria turística.

Este comportamiento político será considerado finalmente delictivo o no, legal, ilegal, simbiótico o fronterizo; el presidente del Partido Popular podrá aportar o no las supuestas facturas de parte o incluso de la totalidad de los gastos de su periplo; podrá llegar a demostrarse -o quizás no- ante los Tribunales la presunta relación causa-efecto en el proceso que dio lugar al otorgamiento de las plazas hoteleras al empresario noruego. Pero no albergo la menor duda de que este viaje y la decisión política que lo siguió en el tiempo constituye una actuación execrable y criticable desde un punto de vista ético. Lo mismo que son absolutamente soeces las relaciones de continuo trasvase que se producen entre los mundos político y empresarial, sin que prácticamente nadie cuestione su flagrante inmoralidad, como ya muestra un largo listado de representantes públicos de todos los colores que han dado el gran salto a las empresas, respetando o no los plazos de la Ley de incompatibilidad, tras tomar decisiones que han beneficiado en muchos casos a las mismas firmas de las que pasan a formar parte.

La reiteración y la costumbre –también la cortedad de miras- han conseguido desplazar del ojo público el antiguo parámetro del “deber ser” que ha de regir el comportamiento político decente, provocando que este criterio se haya visto sustituido gradualmente por una valoración de la actividad pública basada solamente en si los actos son o no constitutivos de delito y, por tanto, sólo criticables si de ellos se desprende condena judicial.

La ética determina qué debe hacerse, a qué se está obligado. Para Victoria Camps el discurso ético existe antes y después de la práctica política: antes, porque fija horizontes; después, porque critica sus fallos, desviaciones y omisiones. Rousseau sostenía que el modo de garantizar la coincidencia del interés general y el particular es la negación del individuo y de sus fines personales. El Estado no escapa a la jurisdicción del bien, opinaba Platón, porque tiene como uno de sus fines principales el perfeccionamiento de sus miembros, y esto no es posible sin la ética. La política debe estar al servicio de la moral, sobre todo porque la sociedad ha de poder confiar en sus políticos y valorar sus acciones; y no hay duda de que los comportamientos carentes de ética no sirven al objetivo fundamental de la credibilidad democrática.

[e-mail]

¿Por quéno te callas?

Amadeo Inglés

Con lo guapa (es un decir) que había estado calladita todos estos años y va ahora, a punto de cumplir sus setenta primaveras, y se pone a largar desaforadamente por vía oral, sola o en compañía de otra (la tiburón mediática, señora Urbano, que tras este golpe mediático zarzuelero se está haciendo de oro), contra todo lo que se mueve en el panorama político y social de este país y de parte del extranjero.

Y eso que esta señora, que llegó a España en los años sesenta de la mano de su joven esposo (el golferas del cadete Juanito) tapándose con las manos sus vergüenzas económicas helénicas y hasta sin apellido oficial que llevarse a las tarjetas de visita en papel cuché porque la propietaria histórica del suyo, la Casa Real danesa, se negó en redondo a que lo utilizara en público (el dictador Franco salió del paso enseguida echando mano del habitual procedimiento testicular del régimen, regalándole el que ahora lleva: “de Grecia”), tiene fama de ser la lista de la casa (real), la prudente, la callada, la culta, la educada, la previsora, la argamasa familiar que desde siempre ha mantenido unido el cotarro borbónico, una profesional como la copa de un pino, en una palabra.

Porque si en lugar de todo eso la regia partenaire en los cafetitos zarzueleros de la Urbano es una tonta del culo, una imprudente, una inculta, una insensata, una centrifugadora familiar a mil doscientas revoluciones y una mujer sin experiencia alguna en asuntos de la realeza… en estos momentos (con la que está cayendo por la necesaria revisión histórica del franquismo y la posible petición de responsabilidades por genocidio flagrante) estábamos los españoles tirándonos de nuevo los trastos guerracivilistas a la cabeza; con los “generales” Zapatero y Rajoy al frente de sus respectivos Ejércitos partidarios, el colectivo gay combatiendo en vanguardia del primero, el asimismo colectivo “pro vida” haciendo lo propio en la del segundo, los guerrilleros republicanos atacando en todos los frentes, los nacionalistas, vascos, gallegos y catalanes amagando por los flancos y Gaspar Llamazares ejerciendo de coordinador general del desastre.

Porque, desde luego, la larguísima perorata que esta especie de “salomón con bragas” que tenemos los españoles en La Zarzuela le ha susurrado a la insigne periodista a la que le gusta ver amanecer haciendo manitas con el juez Garzón, es de antología. Se le ha visto el plumero, desde luego, pero no ha dejado títere con cabeza. Ha repartido leña a diestra y siniestra: a los homosexuales por casarse entre ellos y montar en carroza en lugar de ir en utilitario; a las feministas por serlo; a los diputados por hacer leyes inconvenientes; al PP por ser de derechas y aliarse con los yanquis; al PSOE por ser de izquierdas y alentar el aborto y la eutanasia; al presidente Bush por ser un tipo vengativo (y no un ladrón de petróleo) en Irak…y hasta a los dos últimos monarcas marroquíes (“hermano” y “sobrino” de su regio esposo) por permitirse reivindicar esporádicamente su soberanía sobre Ceuta y Melilla; unas ciudades muy españolas, según ella.

Por cierto, señora soberana consorte y distinguida conferenciante: usted que sabe tanto de todo, me podría decir por qué la “provincia africana española” (según la patriótica denominación con la que el generalísimo que usted tanto adoraba bautizó al Sahara Occidental bajo administración española) fue entregada por su amante esposo, en funciones de dictador por enfermedad del titular, al rey Hassan II de Marruecos, en noviembre de 1975, sin disparar un solo tiro y después de pactar en secreto con los norteamericanos y los servicios secretos alauíes la, sin paliativos, rendición española.   

Bueno, pues la mudita de La Zarzuela habló por fin. Y a mí desde luego, y me atrevería a asegurar que al 90% de los ciudadanos españoles, sus declaraciones me han producido gran sorpresa y dosis letales de vergüenza ajena. El estilo, la forma en que han sido presentadas sus opiniones, es de beata meapilas, de abuelita centenaria, de analfabeta funcional con ínfulas, simplón y ramplón donde los haya Y el fondo, todavía peor, propio más bien de análisis de recreo en colegio de monjas preconciliares o de partida de cartas sabatina en bar de pueblo.

La verdad es que esta descarnada confesión de la hasta ahora prudente consorte griega no se comprende muy bien. O esta mujer, tan amada por sus súbditos españoles (los griegos hace tiempo que le dieron la patada a ella y a toda su familia mandándoles al exilio dorado, como a toda monarquía que se precie), recibió, en los cafetitos que le sirvió la periodista Urbano, una dosis de caballo del llamado suero de la verdad o de alguna otra droga alucinógena, o la pobre está desquiciada con tanta quema de fotos y tanto cachondeo que se traen últimamente los ciudadanos de este país con la Institución que ella representa, o está ya muy mayor, vive en otro mundo (finales del siglo XIX o quizá antes) y arrastra una depresión de caballo ante una próxima jubilación forzosa.

De todas formas, Dª Sofía, está usted mucho mejor calladita, sin tener por ello que convertirse en bandera patria como recomienda el portavoz del PP. Los españoles la tenemos ahí y le pagamos millones de euros al año, obedeciendo disciplinadamente a su amado dictador muerto, para que, representando a España, vaya a conciertos, regatas, bodas, bautizos reales, olimpiadas en Pekín, inauguraciones en Tokio…etc, etc,  pero no para que piense y, encima, nos dé luego la matraca con sus chorradas de vieja gruñona a diecinueve euros el ejemplar. Sea buena, haga caso al “golfus de Roma” que tiene todavía por esposo y   que, seguramente a estas alturas, ya le ha gritado con todas sus fuerzas: ¿Por qué no te callas?

Y si no tiene bastante con mis humildes recomendaciones, recuerde estos dos bellos refranes del acervo común español: “En boca cerrada… no habría entrado la mosca cojonera Urbano” y este otro: “Por la boca… mueren los reyes”. Aunque la verdad, este último no se ha cumplido siempre a lo largo de la historia mundial. En 1793, por ejemplo, los de Francia no murieron por la boca sino por el cuello gracias a la mente privilegiada de un tal monsieur Guillotin.        

La descomposición de la Universidad

José Luis Pardo

Como sucede a menudo en política, la manera más segura de acallar toda resistencia contra un proceso regresivo y empobrecedor es exhibirlo ante la opinión pública de acuerdo con la demagógica estrategia que consiste en decirle a la gente, a propósito de tal proceso, exclusivamente lo que le agradará escuchar. Así, en el caso que nos ocupa, las autoridades encargadas de gestionar la reforma de las universidades que se está culminando en nuestro país -sea cual sea su lugar en el espectro político parlamentario- han presentado sistemáticamente este asunto como una saludable evolución al final de la cual se habrá conseguido que la práctica totalidad de los titulados superiores encuentren un empleo cualificado al acabar sus estudios, que los estudiantes puedan moverse libremente de una universidad europea a otra y que los diplomas expedidos por estas instituciones tengan la misma validez en todo el territorio de la Unión.

Una vez establecido propagandísticamente que el llamado "proceso de Bolonia" consiste en esto y solamente en esto, nada resulta más sencillo que estigmatizar a quienes tenemos reservas críticas contra ese proceso como una caterva de locos irresponsables que, ya sea por defender anacrónicos privilegios corporativistas o por pertenecer a las huestes antisistema del Doctor Maligno, quieren que siga aumentando el paro entre los licenciados y rechazan la homologación de títulos y las becas en el extranjero por pura perfidia burocrática. Vaya, pues, por adelantado que el autor de estas líneas también encuentra deseables esos objetivos así proclamados, y que si se tratase de ellos nada tendría que oponer a la presente transformación de los estudios superiores.

Sin embargo, lo que las autoridades políticas no dicen -y, seguramente, tampoco la opinión pública se muere por saberlo- es que bajo ese nombre pomposo se desarrolla en España una operación a la vez más simple y más compleja de reconversión cultural destinada a reducir drásticamente el tamaño de las universidades -y ello no por razones científicas, lo que acaso estuviera plenamente justificado, sino únicamente por motivos contables- y a someter enteramente su régimen de funcionamiento a las necesidades del mercado y a las exigencias de las empresas, futuras empleadoras de sus titulados; una operación que, por lo demás, se encuadra en el contexto generalizado de descomposición de las instituciones características del Estado social de derecho y que concuerda con otros ejemplos financieramente sangrantes de subordinación de las arcas públicas al beneficio privado a que estamos asistiendo últimamente.

Habrá muchos para quienes estas tres cosas (la disminución del espacio universitario, la desaparición de la autonomía académica frente al mercado y la liquidación del Estado social) resulten harto convenientes, pero es preferible llamar a las cosas por su nombre y no presentar como una "revolución pedagógica" o un radical y beneficioso "cambio de paradigma" lo que sólo es un ajuste duro y un zarpazo mortal para las estructuras de la enseñanza pública, así como tomar plena conciencia de las consecuencias que implican las decisiones que en este sentido se están tomando. De estas consecuencias querría destacar al menos las tres que siguen.

1. La "sociedad del conocimiento". Este sintagma, casi convertido en una marca publicitaria que designa el puerto en el que han de desembarcar las actuales reformas, esconde en su interior, por una parte, la sustitución de los contenidos cognoscitivos por sus contenedores, ya que se confunde -en un ejercicio de papanatismo simpar- la instalación de dispositivos tecnológicos de informática aplicada en todas las instituciones educativas con el progreso mismo de la ciencia, como si los ordenadores generasen espontáneamente sabiduría y no fuesen perfectamente compatibles con la estupidez, la falsedad y la mendacidad; y, por otra parte, el "conocimiento" así invocado, que ha perdido todo apellido que pudiera cualificarlo o concretarlo -como lo perdieron en su día las artes, oficios y profesiones para convertirse en lo que Marx llamaba "una gelatina de trabajo humano totalmente indiferenciado", calculable en dinero por unidad de tiempo-, es el dramático resultado de la destrucción de las articulaciones teóricas y doctrinales de la investigación científica para convertirlas en habilidades y destrezas cotizables en el mercado empresarial. La reciente adscripción de las universidades al ministerio de las empresas tecnológicas no anuncia únicamente la sustitución de la lógica del saber científico por la del beneficio empresarial en la distribución de conocimientos, sino la renuncia de los poderes públicos a dar prioridad a una enseñanza de calidad capaz de contrarrestar las consecuencias políticas de las desigualdades socioeconómicas.

2. El nuevo mercado del saber. Cuando los defensores de la "sociedad del conocimiento" (con Anthony Giddens a la cabeza) afirman que el mercado laboral del futuro requerirá una mayoría de trabajadores con educación superior, no están refiriéndose a un aumento de cualificación científica sino más bien a lo contrario, a la necesidad de rebajar la cualificación de la enseñanza superior para adaptarla a las cambiantes necesidades mercantiles; que se exija la descomposición de los saberes científicos que antes configuraban la enseñanza superior y su reducción a las competencias requeridas en cada caso por el mercado de trabajo, y que además se destine a los individuos a proseguir esta "educación superior" a lo largo de toda su vida laboral es algo ya de por sí suficientemente expresivo: solamente una mano de obra (o de "conocimiento") completamente descualificada necesita una permanente recualificación, y sólo ella es apta -es decir, lo suficientemente inepta- para recibirla. Acaso por ello la nueva enseñanza universitaria empieza ya a denominarse "educación postsecundaria", es decir, una continuación indefinida de la enseñanza media (cosa especialmente preocupante en este país, en donde la reforma universitaria está siguiendo los mismos principios seudopedagógicos que han hecho de la educación secundaria el conocido desastre en que hoy está convertida): como confiesa el propio Giddens, la enseñanza superior va perdiendo, como profesión, el atractivo que en otro tiempo tuvo para algunos jóvenes de su generación, frente a otros empleos en la industria o la banca; y lo va perdiendo en la medida en que el profesorado universitario se va convirtiendo en un subsector de la "producción de conocimientos" para la industria y la banca.

3. El ocaso de los estudios superiores. No es de extrañar, por ello, que el "proceso" -de un modo genuinamente autóctono que ya no puede escudarse en instancias "europeas"- culmine en el atentado contra la profesión de profesor de bachillerato que denunciaba el pasado 3 de noviembre el Manifiesto publicado en este mismo periódico: reconociendo implícitamente el fracaso antes incluso de su implantación, la administración educativa admite que los nuevos títulos no capacitan a los egresados para la docencia, salida profesional casi exclusiva de los estudiantes de humanidades; pero, en lugar de complementarlos mediante unos conocimientos avanzados que paliarían el déficit de los contenidos científicos recortados, sustituye estos por un curso de orientación psicopedagógica que condena a los profesores y alumnos de secundaria a la indigencia intelectual y supone la desaparición a medio plazo de los estudios universitarios superiores en humanidades, ya que quienes necesitarían cursarlos se verán empujados por la necesidad a renunciar a ellos a favor del cursillo pedagógico.

Todos los que trabajamos en ella sabemos que la universidad española necesita urgentemente una reforma que ataje sus muchos males, pero no es eso lo que ahora estamos haciendo, entre otras cosas porque nadie se ha molestado en hacer de ellos un verdadero diagnóstico. Lo único que por ahora estamos haciendo, bajo una vaga e incontrastable promesa de competitividad futura, es destruir, abaratar y desmontar lo que había, introducir en la universidad el mismo malestar y desánimo que reinan en los institutos de secundaria, y ello sin ninguna idea rectora de cuál pueda ser el modelo al que nos estamos desplazando, porque seguramente no hay tal cosa, a menos que la pobreza cultural y la degradación del conocimiento en mercancía sean para alguien un modelo a imitar.

José Luis Pardo es catedrático de Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid.

Récord histórico en el presupuesto militar de 2008: El Estado español gasta 50 millones de euros diarios para financiar la guerra

En el Día Internacional para la prevención de la explotación del medio ambiente en la guerra y en los conflictos armados, Ecologistas en Acción denunció los costes sociales y ambientales del negocio de la guerra. La inversión en la construcción de bases militares, armamento y tecnología punta es una cuestión de vida o muerte para miles de personas y para los espacios naturales. Ecologistas en Acción aseguró defender una política sostenible e igualitaria y pidió el cierre de todas las bases militares en España.

El 6 de noviembre, Día Internacional para la prevención de la explotación del medio ambiente en la guerra y los conflictos armados (instituido por la ONU en 2001), Ecologistas en Acción denunció que el presupuesto para las inversiones militares del Estado español en el año 2008 ha sido el más alto de la historia, representando el 16,71% del total de las inversiones del Estado y las CC AA. En España cada día se gastan alrededor de 51,85 millones de euros para financiar la guerra y el militarismo nacional e internacional.

Según el grupo ecologista, el caso de la invasión en Iraq evidencia una vez más, que las guerras, aunque tengan lugar a miles de kilómetros de distancia, se planifican y se empiezan desde Europa. Se utilizan las carreteras, los puertos, los aeropuertos y las vías férreas públicas para desplazar a las tropas hacia la “zona de guerra”. También se construyen bases militares gigantescas, destruyendo entornos naturales de uso común, para estacionar tropas nacionales e internacionales.

En este sentido, es llamativo el caso del País Valencia donde las instalaciones militares de carácter netamente intervencionista y ofensivo han brotado como setas letales: en Rabasa (Alacant), los “Rambos” de las operaciones especiales, en Marines, la base de blindados y en Bétera, la base de la Fuerza de Respuesta de la OTAN. Esta Fuerza de Respuesta de la OTAN (NRF) fue una iniciativa de EE UU en la cumbre de Praga de 2002. Se basa en la doctrina de la "guerra preventiva", la excusa usada para bombardear y ocupar Afganistán e Iraq. Por estas razones desde 2001 está en marcha una campaña por el desmantelamiento de esta base y la devolución de sus terrenos para darles un uso social y ecológico.

Durante el primer semestre de 2009 el Cuartel General Terrestre de Bétera estará nuevamente al mando de las fuerzas terrestres de la OTAN. Las tropas están en permanente estado de alerta para reaccionar frente a cualquier eventualidad que exija una rápida intervención militar. Todas las bases militares de la OTAN, pensadas para actuar en lugares como Oriente Próximo o África, demuestran la situación de lanzadera de nuestro Estado en el intervencionismo internacional.

Ecologistas en Acción consideró que el militarismo, y por lo tanto la OTAN, trabajan por la insostenibilidad del planeta, ya que ningún ejército defiende la paz. Y abogó por la abolición de todo tipo de militarismo y los ejércitos, sean nacionales o internacionales.

Además, exigió que las bases de la OTAN y de EE UU en territorio español deben desaparecer total e inmediatamente. Y consideró que para la regulación de los conflictos se deben adoptar, como paso imprescindible, políticas que vayan encaminadas hacia la creación de una seguridad común, universalizando la vivienda y la alimentación adecuada, la educación y la salud básica, con la abolición de las jerarquías y con un medio ambiente limpio.

Alquileres sin paquete

José Manuel Naredo

Público

El paquete de ayudas a los parados con problemas de pagos por vivienda, que hoy se aprueba en el Consejo de Ministros, muestra un olvido significativo: los parados que viven en pisos de alquiler. Lo que es grave, cuando el colectivo de inquilinos en paro alberga muchas veces situaciones más precarias que el de los que se han comprometido a acceder a la propiedad de sus viviendas y dista mucho de ser despreciable en las grandes ciudades.

Dos razones pueden explicar este olvido. Una, que el apoyo a las personas sea sólo una coartada para apoyar de nuevo a las entidades financieras, rebajando la morosidad que se les viene encima, cuando estas entidades ya se habían visto bien inyectadas, avaladas y arropadas por el Estado. Lo que no pasa con las pobres personas que viven en alquiler, por muy necesitadas que estén. La otra razón sería el mero continuismo de una política que ve en la vivienda en propiedad el único modelo digno de ser apoyado, aunque cuente ya con muy notables apoyos. Pues las desgravaciones fiscales por compra de vivienda superaron en 2007 los seis mil millones de euros, afectando a seis millones y medio de declarantes (casi el 40%).

La creación franquista de un Ministerio de Vivienda orientado a promover la vivienda en propiedad como vacuna contra la inestabilidad social dio buenos frutos. Con la retórica falangista del momento, el entonces ministro de Vivienda e ideólogo de Franco José Luis Arrese, decía que para hacer “gente de orden” y asegurar el conformismo de la población, había que facilitar su acceso a la propiedad de la vivienda, atándola, además, con responsabilidades de pago importantes. Se desplazó, así, el régimen de tenencia de las viviendas desde el alquiler hacia la propiedad. Pues el alquiler era entonces aplastantemente mayoritario en las ciudades. Según datos del Censo 1950, en Barcelona, sólo el 5 % de las viviendas estaba ocupado por sus propietarios, en Madrid el 6%, en Sevilla el 10 %, en Bilbao el 12 %, etc.

El empeño de promover la vivienda en propiedad vino a culminar medio siglo después de haberse iniciado y un cuarto de siglo después de muerto Franco. Si algo quedó bien atado después de su muerte, fueron la política de vivienda y la práctica del “pelotazo” inmobiliario. Un continuismo digno de mejor causa permitió no sólo cambiar la cultura de alquiler a favor de la propiedad, sino convertir a España en líder europeo en este campo y hacer del negocio inmobiliario la verdadera industria nacional. Solamente se abandonó la promoción pública de “alquileres baratos” vinculada al paternalismo franquista, hasta el extremo de hacer de España el último país europeo en porcentaje de vivienda social.

Pero si la situación se forzó en un sentido, también podría reorientarse en sentido contrario. Cuando la avidez de “invertir en ladrillos” se apuró hasta el final, generando un stock de viviendas sobredimensionado que nuestra población no alcanza ya a comprar, ni a habitar, es el momento de invertir el modelo y no de persistir en él. La regulación y el fomento del alquiler y la vivienda social son el medio razonable de paliar la delicada situación actual. Son la única salida razonable para rebajar la presión financiera a la que se ven sometidos los propietarios de ese enorme stock actual de viviendas invendidas, desocupadas o infrautilizadas. A la vez esta opción resolvería la contradicción que supone el hecho de que siga habiendo graves necesidades de vivienda en España, cuando es el país que cuenta con más viviendas per cápita de toda la UE.

José Manuel Naredo se doctoró en economía en la Universidad Complutense de Madrid y se formó también en Estadística e Historia de la estadística, campo en el que desarrolló una labor considerable. Antes de jubilarse, fue director del programa Economía y naturaleza de la Fundación Argentaria. También dirigió el servicio de Análisis de Coyuntura del Instituto Nacional de Estadística y la sección de Estudios y publicaciones del Crédito Agrícola. Luego de su retiro, fue nombrado profesor honorario en el Departamento de Urbanismo de la Universidad Politécnica de Madrid y la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Complutense. En el año 2000 se le concedió el Premio Nacional de Economía y Medio Ambiente y, en enero del 2008, el Premio internacional Geocrítica por el conjunto de sus trabajos. Exiliado en Francia entre los años 1960-1970, había trabajado en la OCDE, al tiempo que colaboraba bajo diversos seudónimos con la revista Cuadernos de Ruedo Ibérico, que reunía diversas corrientes de la izquierda antifranquista no ligadas al Partido Comunista y, en particular, una corriente anarquista con tradición en España. En esta revista inició su colaboración con el economista catalán Joan Martínez Alier, profesor de economía en la Universidad Autónoma de Barcelona y uno de los fundadores de la Economía ecológica.

A Convergencia tampoco le gustaba mucho como iba la Mancomunidad

En el boletín oficial de convergencia, un individuo que pone como foto una silueta negra y del que tan solo sabemos que no sabe escribir, insertó hace varias semanas un articulito de opinión en el que, a pesar de lo difícil que resulta leer esta serie de frases inacabadas y mal construidas, se dejan entrever unos celos tremendos del señor Benavides hacia el señor Rojas. Igual el futuro nos depara alguna sorprensa acerca de la actuación del vicepresidnete de la Mancomunidad. Incluimos aquí este articulito de la silueta anónima para conocimiento de nuestros lectores. Suponemos que refleja bien la confusa opinión del alcalde de este pueblo hacia un presidente que votó pero que cuenta poco con él. 

Despropósito mancomunado

La tan desprestigiada administración comarcal como consecuencia de los anteriores y sucesivos mandatos con inoperantes gobiernos presididos por el PSOE, que desde su existencia se ha limitado a la administración del ciclo integral del agua, de forma indirecta, pues es una empresa privada (Aguas y Servicios) quién en realidad la gestiona, y con la única excepción de la consecución por parte del área de Turismo (al frente del cual entonces se encontraba el actual alcalde de Almuñécar) de 960 millones de las antiguas pesetas, para el desarrollo de su Plan de Excelencia, cofinanciado por la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía (tampoco gobernada entonces por los socialistas, y estando al frente de la delegación de Granada precisamente una almuñequera) entre los años 2000 y 2005, tampoco levanta cabeza con la ¿presidencia? del P. P.

Una presidencia que cuestionada desde el mismo momento de su elección no ha permitido hasta ahora que se visualice un gobierno fuerte y efectivo que permita que esta administración comarcal tenga un verdadero sentido practico para los ciudadanos, más allá de una mera representatividad política sin contenido. No parece de recibo que un presidente cuya elección fue impugnada y sobre la que existe una sentencia en primera instancia en contra de su validez, que posteriormente anuncia a todos los medios de comunicación su dimisión o auto suspensión de funciones (no quedó muy claro el procedimiento pero sí el concepto) hasta que se produjera sentencia firme sobre aquella esperpéntica doble elección, en la que hay que recordar que en la primera votación secreta se "fugó" un voto popular a las filas socialistas, que fue "recuperado" por los populares en la segunda votación al hacer voluntariamente públicos los votos, lo que imposibilitaba el anonimato del autor del voto traidor; siga ejerciendo la presidencia sin contar con sus teóricos socios de gobierno incluso organizando jornadas de tamaña trascendencia como las del Plan Subregional de la Costa Tropical bajo el amparo de la propia Mancomunidad, pero con la participación única y exclusiva en sus ponencias de los técnicos municipales del Ayuntamiento de Motril, lo que demuestra su preocupación por el resto de la comarca.

Creemos que el Sr. Rojas, seguramente mal  aconsejado por su jefe de gabinete en la Mancomunidad, el todavía (!inverosímil!) portavoz del grupo popular en el Ayuntamiento de Almuñécar y tradicional aliado del PSOE en los plenos de la localidad sexitana, actúa a la espalda de sus leales compañeros de gobierno de Almuñécar y Salobreña, y por lo tanto cometiendo el grave error de no aglutinar a los tres municipios principales de la Costa Tropical a la hora de poner encima de la mesa planteamientos conjuntos para la ordenación comarcal del territorio en lo que se refiere a infraestructuras de comunicación, abastecimiento de servicios, y todos aquellos planteamiento que pudieran ser objeto de recogerse en el Plan Subregional de nuestra costa entre los que cabe destacar los tan deseados puertos deportivos y campos de golf. No debería el Sr. Rojas perder una oportunidad de consenso de este calibre por dejarse llevar por las supuestas intrigas de alguien cuyo objetivo principal es poner trabas al desarrollo de Almuñécar, anteponiendo sus intereses políticos (ni siquiera los de su partido) a los de los ciudadanos, utilizando todos los medios a su alcance y en este caso su cargo en la Mancomunidad y la candidez del presidente que le mantiene su confianza. Un voto "traidor" en el Pleno y un "garbanzo negro" en el equipo de gestión pueden dar al traste con la esperanza de que una administración comarcal, por fin no gobernada por el PSOE,  pueda resultar útil a los ciudadanos. Y sino al tiempo.

Los dichos de la reina Sofía

Osvaldo Bazán

Cuestionó las marchas del orgullo gay y rechazó el matrimonio entre personas de un mismo sexo. Viaje histórico al origen (sanguinario) de su discurso.

El martes 6 de noviembre de 1658, don Cotita de la Encarnación, y trece hombres más, entre quienes se encontraban don Correa (pareja de Cotita por casi cuarenta años), un español enfermero de casi 80 años al que conocían como Señora la Grande, un tal Zangarriana, otro apodado Estampa, la Conchita, la Luma, las Rosas, el indio Martín (conocido como "Martina de la Luna") y un negro al que todos conocían como "La Morosa", fueron metidos en un bracero, molidos a palos y, una vez desmayados de dolor, prendidos fuego. Ardieron toda la noche.

Fueron sólo catorce de una lista multitudinaria de la que aún nadie se hizo cargo. Hace de esto sólo 350 años. En términos históricos, 350 años son nada. Ayer, por decirlo de alguna manera. El crimen cometido contra Cotita y sus amigos, obligados a pasear bajo los escupitajos y los golpes por la Calle del Reloj en la ciudad de México, en un tenebroso "acto de fe", era por –con la distancia que da la época– lo que hoy podría denominarse ser gay, que en ese momento ni tenía nombre. Era un pecado nefando (nefando: aquello de lo que no se puede hablar) el derramar el semen en un lugar improductivo, porque eso iba contra el plan sagrado de Dios. Se castigaba con la hoguera, en el mejor de los casos.

La Inquisición, si bien institución católica, apostólica y romana, tuvo en España un desarrollo especial, porque además de la episcopal y la pontificia que funcionó en el resto de la cristiandad, existió la inquisición española, establecida por los reyes Isabel de Castilla y Fernando de Aragón a partir de 1478, independiente y diferente de las demás.

La corona española, con la espada y la cruz, destrozó la vida de millones de personas al llegar a América. Y creó un enemigo a su medida: los indígenas eran –según contaron con desparpajo cronistas de Indias como López de Gómara, Pietro Martire d'Anghiera, Fernández de Oviedo y Valdés, José de Parras, entre otros– herejes, sodomitas y caníbales. O sea, no eran humanos. Si no eran humanos, les podían hacer cualquier cosa. Y cualquier cosa les hicieron.

De esa institución real viene doña Sofía, tan escandalizada ahora porque los gays españoles están orgullosos de serlo. Si la institución que ella representa no hubiera usado la sexualidad de la gente para matar y robar un continente entero, uno no tendría motivo para sentirse orgulloso.

Enorgullecerse, doña Sofía, de aquello que gente como usted y mucho peor que usted quiere que nos avergoncemos es el primer paso para decirles que no tienen derecho a matarnos, a humillarnos o a discriminarnos. Que en la dinámica de relación entre mayorías y minorías debe prevalecer el respeto. Que el mundo es ancho y ajeno y usted no es mejor que yo y yo no soy mejor que usted. En todo caso, yo nunca le di la mano al general Videla, cabeza visible de la dicatadura argentina, como hizo usted en 1978. Y de eso sí, majestad, no tiene cómo sentirse orgullosa.

Igual, hace 350 años nos quemaban vivos. Ahora sólo nos insultan un poquito. Aunque no parezca, hasta usted puede aprender con el tiempo. Dentro de 350 años, sus descendientes ya sabrán respetarnos.

Deportistas fuera de juego (fiscal)

F. Javier Aguayo

Diagonal

El traslado de residencia a un paraíso fiscal se ha convertido en algo habitual entre los deportistas de élite. En ocasiones en los límites de lo legal, y de dudosa ética, diversas voces se han alzado para denunciar esta práctica.

Son los denominados ‘deportistas off-shore’, el mejor ejemplo de cómo maximizar los beneficios de una carrera corta pero económicamente intensa, aquellos profesionales del deporte que han decidido cambiar su residencia más allá de las fronteras del Estado español con objeto de reducir la presión fiscal. “Se trata de una situación generalizada en algunos deportes profesionales”, afirma Francisco de la Torre, portavoz de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda (IHE), colectivo de funcionarios que en 2007 presentó el informe Fraude, Corrupción y Blanqueo de Capitales en España, en el que llamaba la atención sobre esta práctica, cada vez más extendida.

Se trata de profesionales de carrera muy corta, de no más de 15 años, que tratan de exprimir al máximo en lo económico. “La vida del deportista de élite es breve, pero intensa en lo que al dinero se refiere, hecho que provoca que ese mundo se haya convertido en un mercado abierto a intereses mercantiles y especulativos”, afirma Joan Herrera, diputado de Iniciativa per Catalunya (IC), cuyo grupo parlamentario presentó una proposición no de ley el pasado mes de septiembre, para la elaboración de un plan de comprobación de deportistas con residencia en paraísos fiscales.

Competencia internacional

Para hacer un traslado de residencia a un país mucho más generoso fiscalmente “basta con tener una vivienda y contrato de trabajo en el país de residencia y por supuesto, residir efectivamente donde se afirma hacerlo”, confirma De la Torre. No obstante, en el Estado español el deportista cuenta con grandes ventajas fiscales, exigencia histórica de este grupo de privilegiados, al amparo de lo efímero de sus carreras. Exención fiscal a las becas, ampliación de planes de pensiones o cobros en derechos de imagen, sometidos a mucho menor gravamen, son sólo algunos ejemplos.

En la medida que las actividades deportivas tienen un peso cada vez mayor en la economía de los países económicamente más fuertes (en España ya suponen un 7% del PIB), varios estados europeos se han lanzado a una competición encarnizada para tratar de ofrecer las mejores condiciones a las grandes fortunas deportivas. En el Estado español, hace cinco años se aprobó la llamada ley de los ‘impatriados’, que permite tributar a deportistas españoles o extranjeros a un 24% durante seis años (cuando la tributación por IRPF para cualquier persona es del 43% a las rentas que sobrepasen los 53.407 euros anuales), con la única condición de que no haya tenido residencia en el Estado durante los últimos diez años. En el Reino Unido, destino habitual de profesionales del motor, sólo se tiene en cuenta las rentas obtenidas dentro de la isla. Las condiciones son aún más ventajosas en Suiza y Mónaco, paraísos fiscales paradigmáticos en Europa. En Suiza, los residentes que no trabajan allí sólo tributan los gastos. Y en el caso de Mónaco, los impuestos a la persona física son del 0%. No obstante, a pesar de lo grueso de estas cifras, “no se trata de un problema cuantitativo, puesto que la recaudación fiscal no se ve apenas afectada a nivel general”, confirma el portavoz de IHE. Según De la Torre, el problema es más de carácter ético, “supone un pésimo ejemplo para la sociedad, porque son personas que los medios, los políticos, la sociedad en general... consideran como ejemplo a seguir”. De ahí que dicha organización reclamara un endurecimiento del castigo a estos ‘deportistas off-shore’ : “El régimen sancionador debe ser el mismo que el del resto de ciudadanos, con un pequeño matiz, no se debe permitir competir bajo la bandera de España ni recibir subvenciones oficiales a aquellos deportistas que residen en paraísos fiscales o acogidos a regímenes privilegiados de tributación”, afirma el portavoz de dicho colectivo. La proposición no de ley de IC, iba aún más allá al exigir “establecer un censo permanente de deportistas que tributen fuera y hacer pública la información relativa a su residencia fiscal declarada y comprobada”.

El carácter especial del fútbol

En el denominado deporte rey, sus protagonistas deben agudizar el ingenio para tratar de pagar lo menos posible. Al tratarse de una actividad donde no existe la movilidad permanente, el profesional está obligado a tributar en el Estado. No obstante, figuras como los derechos de imagen o la creación de fundaciones representan una manera diferente de reducir el agobio del fisco. Los futbolistas tienen derecho a cobrar hasta un máximo del 15% de su salario en derechos de imagen, que en muchas ocasiones son pagados por el club a una sociedad situada en alguno de los paraísos fiscales existentes. En estos casos, el deportista tributa este porcentaje en esa sociedad, con retenciones máximas del 25%, de la cual no se puede comprobar quién es el titular, al tratarse de Estados demasiado opacos económicamente. Las inversiones inmobiliarias, gran mercado de inversión de los futbolistas en los últimos diez años, han sufrido un parón en los últimos tres años, según la consultora Garrigues.

Legales o no, se trata de prácticas muy extendidas en el deporte profesional, cuyo único objetivo es sacar el máximo rendimiento a una carrera que apenas dura entre 10 y 15 años, al más alto nivel. No obstante, la sombra del fraude las sigue persiguiendo. Según el barómetro fiscal de 2000, elaborado por el Instituto de Estudios Fiscales, organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, “el 92% de los funcionarios de Hacienda cree que hay colectivos que son habitual y sistemáticamente defraudadores, entre los que destaca el de los deportistas”.

La burbuja y sus cómplices en el Reino de España

José Manuel Naredo

Que la presente crisis estalló sin previo aviso, inopinada e insospechadamente, es cosa que no se cansan de repetir los peritos en legitimación de lo existente y los intelectuales del establishement en sus distintas variantes. Lo contrario es lo cierto; muchos anticiparon, con argumentos bien fundados, la presente crisis financiera: basta repasar los artículos de Michael Krätke, Michael Hudson, Walden Bello y tantos otros. En lo tocante al estallido de la burbuja inmobiliaria en España, nadie lo predijo con tanta claridad y fundamento como el economista José Manuel Naredo.

La larga duración de la fase alcista del presente ciclo inmobiliario indujo a la población a habituarse a ella como si de algo normal y permanente se tratara. Los diez años de auge crearon hábitos de vida y de negocio muy arraigados. Se presuponía que la continuidad de las subidas de precios de los inmuebles haría siempre interesante su compra, aunque fuera a crédito, reforzando la presión compradora que hacía realidad las revalorizaciones previstas. Sobre estas bases se desarrolló a sus anchas la espiral de revalorizaciones y compras, cada vez más apalancadas con créditos, que caracteriza a las llamadas burbujas bursátiles o inmobiliarias.

Pero la experiencia demuestra que ni los árboles pueden crecer hasta el cielo, ni el auge puede ser permanente, porque genera desequilibrios que en algún momento lo hacen declinar, normalmente, por un estrangulamiento financiero que acaba cortando la mencionada espiral y haciendo que los promotores y compradores más endeudados sufran las consecuencias.

Así, desde hace más de un lustro he venido advirtiendo que "cuanto más se prolongue la burbuja inmobiliario-constructiva actual, más inquietantes pueden ser sus resultados, habida cuenta del peso anormalmente alto que tienen los activos [y el endeudamiento] inmobiliarios en el patrimonio de los hogares". Pues, a mi juicio, lo más fácil era prever el desenlace crítico al que conducía el auge inmobiliario; lo verdaderamente difícil era imaginar que el auge podía llegar hasta donde ha llegado, al disponer la economía española –amparada en el euro— de una financiación externa tan inusualmente copiosa y barata. Pero esa misma financiación externa que prolongó tanto el auge fue la que, a la postre, lo acabó estrangulando. Pues España, al erigirse en líder del auge inmobiliario, acabó erigiéndose también en líder del riesgo inmobiliario y desanimando dicha financiación.

Hace ya más de un año, tras constatar en un estudio que la exposición de la economía española al riesgo inmobiliario superaba en todos los aspectos al de los otros países de nuestro entorno, incluido EEUU, concluíamos diciendo que "la suerte ya estaba echada": no cabía evitar la crisis, solo gestionarla lo mejor posible. Pero nada se hizo, y esta gestión resulta hoy más difícil cuando, como preveíamos, el superávit presupuestario se ha desinflado con una rapidez pasmosa sin que antes se hubiera orientado a promover un relevo de actividades que de momento no se vislumbra. Si a esto añadimos que la política económica, al no poder devaluar la moneda, no cuenta ya con este medio tradicional de hacer que la economía española recupere posiciones competitivas que faciliten el relanzamiento de su actividad exportadora, concluíamos que todo "hacía presagiar un estancamiento de larga duración".

Debería ser responsabilidad de gobiernos y analistas evitar con medidas y advertencias que las burbujas alcancen dimensiones que se revelan social y económicamente amenazantes. Pero en España no han predominado la prudencia y la finura en las políticas ni en los pronósticos: los gobiernos han sido tan irresponsables, como raros los analistas que hemos venido advirtiendo desde hace tiempo sobre los peligros del evidente desenlace del ciclo. Como botón de muestra de ambas irresponsabilidades resulta a la vez sorprendente y penoso escuchar a todo un ministro de Economía confesar que la crisis le había pillado desprevenido, haciendo gala ya sea de un cinismo a prueba de bomba o –no se sabe qué es peor– de una incompetencia supina.

En mi opinión, los fallos no han venido tanto de errores de diagnóstico, como de la censura implícita que impedía comunicar que se creía que podía crear "alarma social". Pues me resisto a creer que cualquier analista mínimamente experimentado no supiera que el pulso de la coyuntura económica acostumbra a ser cíclico y que la magnitud del auge y de los desequilibrios originados presagian la magnitud del declive. Y me consta que, entre los economistas más próximos al poder político y/o empresarial, estaba mal visto reconocer públicamente la propia existencia de la burbuja inmobiliaria como no fuera para afirmar, a modo de mantra o conjuro repetitivo, que el "aterrizaje sería suave" a fin de no desanimar a los compradores de inmuebles, ni siquiera en la fase final y más comprometida del ciclo. Así, ni los avisos esporádicos del Banco de España, ni los trabajos de algunos analistas aislados pudieron romper el coro de complacencia entonado por los profesionales, empresarios y políticos de un sector y de un país que acostumbran a premiar la obediencia servil y a despreciar la inteligencia.

Pero la coyuntura económica no se controla con campañas de imagen que nieguen la crisis, ensalcen la solidez de la economía española y refuercen la confianza de los inversores, cuando las cifras dicen todo lo contrario, pues estas mandan más que las campañas. Si la capacidad de financiación de los hogares ya está exhausta de tanto "invertir en ladrillos", si la inversión extranjera en inmuebles ya empezó a decaer hace cuatro años y si ya no se puede obtener, como antes, en el exterior financiación barata y abundante, no hay campañas de imagen que valgan.

La gran irresponsabilidad de los gobiernos no solo estriba en haber negado o soslayado la burbuja inmobiliaria, sino en haberla seguido alimentando hasta el final con potentes desgravaciones fiscales y ocultaciones consentidas de plusvalías, que desembocaron en casos tan sonados como el de Marbella, forzando así el lamentable monocultivo inmobiliario de este país. Todo ello cuando deberían de haberla identificado y gestionado desde hace tiempo para evitar un desenlace tan poco recomendable como al que estamos asistiendo. Situación que además pide a gritos el cambio del actual modelo inmobiliario que, para colmo, nuestros "avanzados" políticos ni siquiera se han planteado.

El gran error político del presidente Zapatero fue, en suma, no tomar conciencia y ni plantear con claridad el horizonte de crisis al que llevaba el auge inmobiliario e iniciar su controlada reconversión cuando ganó sus primeras elecciones, hace ya cinco años. Entonces sí que hubiera sido posible planificar con tiempo el añorado "aterrizaje suave" y la necesaria reconversión "del sector". También entonces hubiera podido culpar a quienes le precedieron de la comprometida situación a la que se veía abocada la economía española. Habría podido esquivar, entonces, la burbuja que le acabó explotando en la cara. Con el agravante de que, al hacer suyo el "España va bien" de Aznar, dio pie a que ahora lo señalen como culpable.

José Manuel Naredo se doctoró en economía en la Universidad Complutense de Madrid y se formó también en Estadística e Historia de la estadística, campo en el que desarrolló una labor considerable. Antes de jubilarse, fue director del programa Economía y naturaleza de la Fundación Argentaria. También dirigió el servicio de Análisis de Coyuntura del Instituto Nacional de Estadística y la sección de Estudios y publicaciones del Crédito Agrícola. Luego de su retiro, fue nombrado profesor honorario en el Departamento de Urbanismo de la Universidad Politécnica de Madrid y la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Complutense. En el año 2000 se le concedió el Premio Nacional de Economía y Medio Ambiente y, en enero del 2008, el Premio internacional Geocrítica por el conjunto de sus trabajos. Exiliado en Francia entre los años 1960-1970, había trabajado en la OCDE, al tiempo que colaboraba bajo diversos seudónimos con la revista Cuadernos de Ruedo Ibérico, que reunía diversas corrientes de la izquierda antifranquista no ligadas al Partido Comunista y, en particular, una corriente anarquista con tradición en España. En esta revista inició su colaboración con el economista catalán Joan Martínez Alier, profesor de economía en la Universidad Autónoma de Barcelona y uno de los fundadores de la Economía ecológica.

Que ahora opine el rey

Jaime Richart

Ahora le toca al rey replicar a la señora; que nos diga cómo piensa acerca de todas esas cuestiones. Esas sobre las que su pareja se ha despachado a gusto,  Confiamos en  que ésta, a partir de ahora y después de  la nefasta confesión pública, cumpla su inútil función sólo para los que piensan como ella.  Para el resto, mejor que  nos olvide. Los que no profesan su catolicismo ni la retahíla del ultraconservador antes la ignoraban, pero es que ahora la odiarán.

  España estaba partida: acaba de aparecer otro fragmento. ¡A quien se le ocurre! Sólo a una lenguaraz. Y el caso es que esta mujer había venido siendo una de esas figuras hiperrealistas del cuadro a las que sólo les falta hablar. Lo ha hecho después de 30 años, pero para dejar a medio país estupefacto por el atrevimiento y la insolencia mil veces más propios de una plebeya que del tacto del que blasonan las estirpes regias.

  No sabíamos qué pensaba. Nunca se la oyó más que alguna observación escueta y aislada de protocolo. No se sabía de sus ideas personales, aunque se suponían. Suponíamos que no debía ser muy partidaria de los toros al no estar presente en corrida alguna, y que es vegetariana. Pero ha bastado la visita a su casa de una periodista para hacer un libro de la conversación, para saber quién es realmente esta inmigrante de 70 años que tras 30,  no ha perdido el acento extranjero. Lo que le faltaba a la consorte por descubrir  es justo su mentecatez. Los mentecatos lo son porque atribuyen su estulticia también a los demás. ¿Acaso pueden llamarse "privadas", como dice la Zarzuela, a declaraciones  hechas para ser publicadas?

  Esta gente de postín no sabe ni representar su papel. Y es porque en realidad no tiene sitio en el siglo XXI. El uno, hace un año, mandó callar a un jefe de Estado, y la otra infringe la regla más elemental de la diplomacia: la prudencia. No se discute su derecho a pensar como le plazca porque negaríamos el nuestro a hacerlo. Lo que es incalificable y torpe es vocear ideas particulares cuando se supone que quien reina para todos ha de pensar para todos. Esta señora injuria y defrauda al pueblo. La injuria está en hacer ostentación de ideas íntimas que nunca deben salir de la intimidad, y menos por voluntad propia. Sin embargo, lo que ha hecho esta necia es predicar. Por mucho que se escude en el derecho de expresión, ese derecho no es de ella.

  Todos los que detestamos la monarquía soportábamos al personaje, como a su parentela, pensando que entre todos esos vividores ella era el más discreto. Pero sus declaraciones han echado por tierra esa impresión; uniéndose a partir de ahora a la inquina que tiene la inmensa mayoría a la institución monárquica, como se la tiene al Vaticano y a sus arzobispos…

  Si el menosprecio de otro por su condición sexual, porque aborta o porque exige la eutanasia hoy es una abyección, ¡qué condición miserable no tendrá si quien propala su homofobia y se manifiesta contra el aborto y la eutanasia sin matices vive a cuerpo de reina a costa de homosexuales, de quienes se ven obligadas a abortar y de los que deseamos bien morir! Total, una necia despreciable que se escuda en la inviolabilidad constitucional de su persona.

  Y la necedad es el rasgo más grave de un político. En este caso ha aflorado en una consorte extranjera incapaz de callar sus opiniones, pese a que cobra por callar y para transmitir la sensación a la nación de que reina para todos y no para un sector.

  A partir de ahora las declaraciones sobre la renta deberían llevar una casilla donde se pueda indicar que no deseamos costear a la Corona. Al menos, antes de remover a esta pandilla de necios para proclamar la restauración de la República.

De reinas y bufones

Alberto Montero Soler

Rebelión

A nuestra reina (¡Dios la guarde muchos años!) le ha dado por ponerse a opinar sobre la sociedad española, imagino que para tratar de pasar a la historia no sólo porque fue reina sino también porque tenía sus propias opiniones.

Así nos hemos enterado que en, su opinión, es bueno estudiar religión en las escuelas de un estado laico porque “los niños necesitan una explicación del origen del mundo y de la vida” –al mejor estilo Bush and friends -; o que a las uniones entre personas del mismo sexo no se les debe llamar matrimonio (“a eso que no le llamen matrimonio porque no lo es”) cuando el Parlamento de este país así lo ha establecido; o que se muestre a favor de una muerte digna pero en contra de la eutanasia (ella sabrá como se conjugan ambas posiciones porque a mí no se me ocurre).

En cualquier caso, que la reina de este país tenga opiniones de ese tipo no debería sorprender a nadie. Si las tuviera de otra naturaleza haría tiempo que hubiera abdicado. ¿O es que alguien puede creer que se puede ser rey o reina y tener ideas progresistas?

Lo que sí es para echarse las manos a la cabeza es la posición de la clase política española que, al parecer, han decidido no hacer valoraciones sobre tan reales declaraciones.

Así, la dirección del PSOE “recuerda que el criterio permanente es no valorar las opiniones de los miembros de la Casa Real”; mientras la del PP dice que “respetamos y nunca valoramos las palabras de los miembros de la familia real”.

Tanto a unos como a otros habría que recordarles que esa misma actitud podían haber mantenido hace un año cuando, en un ataque de “espontaneidad”, al monarca español le salió el gen del absolutismo colonialista y mandó callar a un mandatario latinoamericano elegido democráticamente por su pueblo.

En aquel entonces los mismos que ahora callan se dedicaron a reír la gracia, la valentía, la españolidad del rey. Ahora, cuando la que hace pública sus conservadoras opiniones es la reina, todo el mundo calla porque no se deben valorar las opiniones de los miembros de la Casa Real.

¡Qué poco hemos avanzado! Seguimos teniendo una clase política que solo se atreve a reírle las gracias a los reyes pero no a enmendarles la plana. ¡Panda de bufones! 

Alberto Montero Soler ([e-mail]) es profesor de Ecomía Aplicada de la Universidad de Málaga (España). Puedes leer otros textos suyos en su blog "La otra economía".

Sofía, ¿por qué no te callas?

Javier Parra

La República

Cada vez que abre la boca un Borbón se pone de manifiesto la naturaleza antidemocrática de la institución que representa. Primero fue el rey (cada vez con más minúsculas), cuando mandó callar a un Presidente elegido democráticamente, algo que aunque aplaudido por los bufones de la Corte evidenció el poco respeto de las monarquías hacia las democracias plenas.

Ahora le ha tocado el turno a la reina (también con minúsculas) Sofía, quien se ha atrevido a abrir la boca para opinar de política en un país en la que no está sometida a ningún control democrático. Se manifiesta contra los matrimonios homosexuales, contra el aborto, contra la eutanasia y a favor de la religión en las escuelas. Sin duda esta señora es la "joya de la Corona".

Ya lo ha dicho Antonio Romero: "la reina muestra su verdadera ideología, reaccionaria, conservadora y prácticamente filo fascista". Y no está sola en la Corte, y esa ha sido la razón del silencio discreto de los Borbones durante tres décadas. Hablar suponía ponerse en evidencia y eso era peligroso en una Monarquía sin monárquicos.

La Historia empieza dar la razón a los republicanos, es decir, a los demócratas. La institución caduca que supuestamente nos representa tiene los años contados en España, así que, Sofía, ¿por qué no te callas?. O aún mejor, sigue hablando.

Esto no lo publica El País

DISCURSO PRONUNCIADO POR GERVASIO SANCHEZ (PERIODISTA Y  FOTÓGRAFO) DURANTE LA ENTREGA DE LOS PREMIOS ORTEGA Y GASSET ESTE 7 DE MAYO.

EN EL ACTO ESTABAN PRESENTES LA VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO , VARIAS MINISTRAS Y MINISTROS, EX MINISTROS DEL PARTIDO POPULAR, LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD DE MADRID, EL ALCALDE DE MADRID, EL PRESIDENTE DEL SENADO Y CENTENARES DE PERSONAS.

Estimados miembros del jurado, señoras y señores:

Es para mí un gran honor recibir el Premio Ortega y Gasset de Fotografía  convocado por El País, diario donde publiqué mis fotos iniciáticas de América Latina en la década de los ochenta y mis mejores trabajos realizados en diferentes conflictos del mundo durante la década de los noventa, muy especialmente las fotografías que tomé durante el cerco de Sarajevo.

Quiero dar las gracias a los responsables de Heraldo de Aragón, del Magazine de La Vanguardia y la Cadena Ser por respetar siempre mi trabajo como periodista y permitir que los protagonistas de mis historias, tantas veces seres humanos extraviados en los desaguaderos de la historia, tengan  un espacio donde llorar y gritar.

No quiero olvidar a las organizaciones humanitarias Intermon Oxfam, Manos  Unidas y Médicos Sin Fronteras, la compañía DKV SEGUROS y a mi editor  Leopoldo Blume por apoyarme sin fisuras en los últimos doce años y  permitir que el proyecto Vidas Minadas al que pertenece la fotografía premiada tenga vida propia y un largo recorrido que puede durar décadas.

Señoras y señores, aunque sólo tengo un hijo natural, Diego Sánchez, puedo  decir que como Martín Luther King, el gran soñador afroamericano asesinado hace 40 años, también tengo otros cuatro hijos víctimas de las minas  antipersonas: la mozambiqueña Sofia Elface Fumo, a la que ustedes han  conocido junto a su hija Alia en la imagen premiada, que
concentra todo el dolor de las víctimas, pero también la belleza de la vida y, sobre todo, la incansable lucha por la supervivencia y la dignidad de las víctimas, el camboyano Sokheurm Man, el bosnio Adis Smajic y la pequeña colombiana  Mónica Paola Ojeda, que se quedó ciega tras ser víctima de una explosión a los ocho años.

Sí, son mis cuatro hijos adoptivos a los que he visto al borde de la muerte, he visto llorar, gritar de dolor, crecer, enamorarse, tener hijos, llegar a la universidad.

Les aseguro que no hay nada más bello en el mundo que ver a una víctima de la guerra perseguir la felicidad.

Es verdad que la guerra funde nuestras mentes y nos roba los sueños, como se dice en la película Cuentos de la luna pálida de Kenji Mizoguchi.

Es verdad que las armas que circulan por los campos de batalla suelen fabricarse en países desarrollados como el nuestro, que fue un gran exportador de minas en el pasado y que hoy dedica muy poco esfuerzo a la  ayuda a las víctimas de la minas y al desminado.

Es verdad que todos los gobiernos españoles desde el inicio de la transición encabezados por los presidentes Adolfo Suarez, Leopoldo Calvo Sotelo, Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero  permitieron y permiten las ventas de armas españolas a países con  conflictos internos o guerras abiertas.

Es verdad que en la anterior legislatura se ha duplicado la venta de armas españolas al mismo tiempo que el presidente incidía en su mensaje contra la guerra y que hoy fabriquemos cuatro tipos distintos de bombas de racimo  cu yo comportamiento en el terreno es similar al de las minas antipersonas.

Es verdad que me siento escandalizado cada vez que me topo con armas españolas en los olvidados campos de batalla del tercer mundo y que me avergüenzo de mis representantes políticos.

Pero como Martin Luther King me quiero negar a creer que el banco de la justicia está en quiebra, y como él, yo también *tengo un sueño*: que, por fin, un presidente de un gobierno español tenga las agallas suficientes para poner fin al silencioso mercadeo de armas que convierte a nuestro país, nos guste o no, en un exportador de la muerte.

Muchas gracias.
 
El discurso de Gervasio no fue publicado ni comentado por El País, ni por Heraldo de Aragón (diario donde se publicaron las fotos)

Justicia y corrupción

Pascual Serrano

Rebelión

La diputada autonómica de EUPV, Marina Albiol, comparecerá en el juzgado el próximo día 13 de noviembre como imputada por un delito de injurias contra el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra. El motivo es la difusión de un pegatinas con el texto “Fabra a prisión”, repartidas por los jóvenes de su organización en unas fiestas patronales el año pasado.

Esta diligencia judicial contrasta con los cinco años y nueve jueces que llevan paseando por los tribunales los procesos por un presunto tráfico de influencias y delito fiscal contra Fabra. Este presidente de Diputación, que se ha puesto un sueldo de 92.400 euros anuales y tiene 33 cargos de libre designación, está acusado, sólo en 1999, de un supuesto fraude fiscal de 149.000 euros y posee, con 94 cuentas bancarias conocidas, ingresos de seis millones de euros sin justificar entre 1999 y 2004.

Fabra gastó en 2004 el doble en pagar préstamos de lo que se supone que ingresó. Según su declaración de la renta, entre su mujer y él ganaron ese año 185.229. Les cunde tanto el dinero que pudieron amortizar dos créditos por valor de 355.000 euros y les llegó para poder comer. Está también acreditado que ingresó 841.000 euros por asesorar a varias empresas privadas siendo presidente de la Diputación. Además, está acusado de un delito contra la salud pública por maniobrar en el Ministerio de Agricultura, durante el gobierno del PP, para que aprobaran la comercialización de un insecticida de uso agrícola sin haberse descartado su toxicidad para las personas.

Pero quien se las verá en el juzgado será la diputada de la organización que difundió unas pegatinas denunciando esto. Sería paradójico que haya antes una sentencia contra la diputada que contra el presidente de la Diputación.

Mientras tanto, la Fiscalía Anticorrupción estuvo dos años, desde que recibió los 500 folios de Izquierda Unida donde relataban los hechos que consideraban constitutivos de delito, sin iniciar ningún proceso contra la trama de construcción en la localidad toledana de Seseña del PAU del promotor Paco El Pocero, quien tenía en marcha 13.508 viviendas sin un plan general urbanístico y a cuatro kilómetros del casco urbano. Un pelotazo que supondrían 800 millones de euros para El Pocero.

Izquierda Unida apreció en su investigación aportada a la fiscalía delitos de prevaricación, cohecho, malversación de fondos públicos, falsedad en documento público y delitos contra la hacienda pública.

En cambio, el alcalde de la localidad Seseña y sus por entonces cuatro concejales de IU han debido pagar una fianza de 133.000 por una querella del Pocero por un artículo de prensa donde denunciaban la trama, mientras el constructor ni ha sido llamado a declarar por la Fiscalía pero sí ha recibido del anterior gobierno una medalla al mérito laboral .

El propio constructor afirmó también que realizó unos trabajos en una empresa familiar de José Bono que le fueron pagados por “empresas patrocinadoras”. La Fiscalía tampoco ha citado a ningún cargo de la Junta de Comunidades a pesar de que desde el gobierno autonómico permitieron que ninguna de esa viviendas fuese de protección oficial ni de precio tasado como establece la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha (LOTAU).

Hasta ahora siempre pensábamos que en España sólo eran condenados los desgraciados sin recursos y nunca los poderosos, pero la realidad parece que todavía es más preocupante, junto a los indigentes se sientan en los banquillos los políticos honestos que denuncian la corrupción. Al final habrá más justicia con los jueces en huelga.

José María Cuevas

Javier Ortiz

Cantaba el francés Georges Brassens con mucha coña que “los muertos son siempre gente estupenda”. No es un vicio específicamente hispano: basta con que alguien se muera para que los mismos que lo ponían en vida cual chupa de dómine se dediquen a decir (ante el gran público, claro) que era una gran persona, un benefactor, un prócer, un pilar de la democracia, un adalid de la libertad y ni sé cuántos ditirambos más.

Se cuentan con los dedos de una mano los que ayer tuvieron el valor de mantener sus opiniones de siempre, recordando algunas peculiaridades de la biografía del ex presidente de la CEOE. Por ejemplo, que fue un falangista convicto y confeso, muy colega de Rodolfo Martín-Villa, con quien trabajó codo con codo en los sindicatos verticales del franquismo, cosa de la que, al igual que su amigo, jamás se autocriticó. Por ejemplo, que nunca fue empresario, por mucho que dirigiera la organización del gremio: fue, eso sí, burócrata de varias empresas, antes de convertirse en el principal burócrata del empresariado. Por ejemplo, que durante la Transición se dedicó a poner zancadillas a todos los ministros de Economía de Adolfo Suárez, a los que consideraba perversos socialdemócratas, porque a él lo que le iba era la derecha pura y dura. Por ejemplo, que se pasó la vida tratando de recortar los derechos de los trabajadores. Por ejemplo, que nunca tragó el autonomismo del Estado español y que llegó incluso a reclamar que se suspendiera la autonomía de la Comunidad Autónoma Vasca, sometiéndola a un estado de excepción. Sólo le conocí en su larga trayectoria una decisión feliz: la de jubilarse.

Se suele manejar en estos casos un argumento que me parece especialmente bobo: “No  digas esas cosas de él, porque ahora no puede defenderse”. ¡Pero si se las dije decenas de veces cuando estaba vivo y nunca mostró el menor deseo de desmentir ninguna de ellas! ¿Qué debería hacer ahora yo, si no? ¿Desdecirme?

La conversión de los muertos en tabú (de los muertos recientes, porque pasados unos cuantos años hay ya de nuevo libertad de despotrique) representa uno de los fenómenos más hipócritas de nuestra cultura. Es detestable.

Botín, el moralista

Javier Ortiz

Público

El presidente del Banco Santander Central Hispano, Emilio Botín, ha dicho en una conferencia internacional organizada por él mismo que la crisis económico-financiera actual se debe en buena medida a los excesos que cometieron los banqueros avariciosos y desaprensivos durante los tiempos de las vacas gordas, cuando todo les iba viento en popa.

¿Qué es eso? ¿Una crítica o una autocrítica? Puestos a hablar de excesos, él comete uno hasta en el nombre de su empresa: la llama “Santander”, como puede verse en los anuncios de sus sucursales, sin ni siquiera avisar de que se trata de un banco, como si fuera el dueño de la capital de Cantabria (cosa que, por otra parte, tampoco me atrevería yo a discutir: lo mismo lo es).

¿De qué excesos habla este financiero de tan sugestivo y evocador apellido? ¿Pretende que su banco está libre de toda culpa? ¿Puede jurar que ni él ni ninguno de sus directivos tienen sustanciosas cuentas refugiadas en paraísos fiscales? ¿No será un exceso que él mismo presente declaraciones de renta que le permiten pagar a las arcas del Estado menos que yo? A lo que parece, si un millonetis se deja un dineral en la compra de unas cuantas obras de arte –que quedan de su propiedad, por supuesto–, se deduce un pastón en impuestos y se queda tan ancho. Eso, por lo visto, no es un exceso. Sólo el orden natural de las cosas.

Este caballero de tan acendrados y estrictos principios morales no sólo se permite pontificar sobre lo que debe o no debe hacer el mundo financiero. También tiene opinión, y muy sólidamente respaldada, sobre lo que se puede decir y lo que no se puede decir en los medios de comunicación, en varios de los cuales tiene vara muy alta, como accionista, como contratante de publicidad o como ambas cosas a la vez. Sus mandados actúan con sorprendente rapidez (tuve amarga ocasión de comprobarlo en persona hace algunos años) en cuanto atisban la posibilidad de que alguien señale en público alguna de sus múltiples vergüenzas. Descuelgan el teléfono visto y no visto. Y con éxito total.

Bueno, supongo que no estoy contando nada que ustedes no supusieran. Sólo me proponía confirmárselo.

Zapatero se equivoca

Juan Torres López

Rebelión

Las declaraciones de Rodríguez Zapatero en relación con la crisis financiera internacional son francamente lamentables. No solo no aportan nada a la hora de explicar a los ciudadanos lo que está pasando sino, lo que es peor, apuntan en direcciones completamente diferentes a las que señalan los análisis más progresistas.

Primero, apoyó sin reflexión alguna el Plan de Bush, que los economistas que el propio presidente español contrató como asesores en la pasada campaña electoral enseguida criticaron por inútil e incluso corrupto.

Ahora, los medios de comunicación anuncian que Zapatero entiende que la gran reforma que el líder conservador francés propone para "refundar el capitalismo" debe llevarse a cabo "en el seno del FMI y del Banco Mundial".

De nuevo Zapatero se equivoca de cabo a rabo.

Se equivoca, en primer lugar, porque es una barbaridad confiar a estos organismos una reforma de tal calado. Tanto el Fondo Monetario Internacional como el Banco Mundial están sujetos al poder de veto de Estados Unidos. En ellos, la voz de los países más pobres está prácticamente ausente y se trata, para colmo, de organismos poblados de funcionarios tan bien pagados como ciegos, cargados de prejuicios ideológicos y con una trayectoria de errores y pifias que harían avergonzarse a quienes no vivieran sino del poder imperial del que viven.

Estos organismos forman parte de la trama que ha provocado la crisis que ahora sufre la economía mundial, de modo que creer que en su seno se puede no ya solucionar sino incluso generar fórmulas alternativas, por muy reformistas que sean, es sencillamente utópico.

Se equivoca, pues, Zapatero, como se equivocó expresando su apoyo, no entiendo para qué, al programa de Bush. El mismo plan que, cuando el Reino Unido presentó el suyo mucho más acertado, ha sido modificado por la propia administración estadounidense, la administración corrupta que dio luz verde a los "chanchullos" que han provocado la crisis.

Es una pena que Zapatero esté manifestándose constantemente a base de bandazos, sin ideas nuevas, sin soluciones alternativas y sin propuestas cercanas al ideario socialdemócrata que se supone trata de defender.

Los socialistas podrían ser hoy día los baluartes más firmes para hacer frente a la crisis. Los que podrían proponer soluciones realistas, efectivas y eficientes ante la debacle que vivimos. Pero para ello sería necesario que líderes como ZP fueran capaces de ir un poco más por delante que los banqueros y los líderes de la derecha, todo lo contrario de lo que están haciendo.

Desgraciadamente, Zapatero sigue siendo esclavo de sus compromisos con los grupos de presión económicos liberales que lo auparon en su día y está renunciando a manifestarse como el líder socialdemócrata que España necesitaría en estos momentos.

Zapatero tiene la gran oportunidad de ofrecer respuestas alternativas, serias, moderadas, efectivas y resolutivas pero, en lugar de ello, aparece como un político sin ideas propias, sin un equipo al día de lo que se está planteando en el mundo más avanzado y que se deja llevar por los que no saben sino tocar una misma melodía que, para colmo, es la que la realidad está mostrando como completamente inadecuada para devolver el vigor a las economías.

Alguien tendría que decirle a Zapatero que es mucha la responsabilidad que tienen entre manos y que en una situación crucial para España no puede vivir de palabras y de conceptos que incluso tienen connotaciones tan reaccionarias como esos de "reformas estructurales" que les ha ofrecido para pactar al Partido Popular.

Alguien está confundiendo al presidente español. Lo mismo que le confundieron para que dejara fuera de su gobierno a los ministros de corte más comprometido y socialdemócrata, ahora lo quieren vincular a propuestas que no hacen sino reproducir de mala manera lo males que venimos sufriendo. No es normal que el líder de un partido de izquierda como el PSOE se esté convirtiendo en el portavoz de los proyectos más reaccionarios que se proponen a nivel mundial frente a la crisis económica.

Alguien debería llamarle la atención, alguien debería indicarle que a su izquierda hay un camino mucho más favorable para los desfavorecidos… Alguien debería decirle que con su actual discurso económico Zapatero se aleja del perfil progresista que le aupó al gobierno y que está desdibujando el proyecto que puede proporcionar a la sociedad española el bienestar y la equidad que tanto necesita.

Juan Torres López es catedrático de Economía Aplicada (Universidad de Sevilla). Su web personal: www.juantorreslopez.com

El huevo de Liliput

Con este sugerente y bien buscado título nos presenta un períódico digital de la comarca una reflexión interesante acerca del famoso referéndum. Partiendo, creo, de una valoración positiva del documento de aprobación inicial, el autor del escrito llega a una conclusión bastante similar a la que sostenemos en estos momentos desde IU. Da igual lo que pueda pensar cada ciudadano del documento que Benavides presentó arropado por decenas de asociaciones que no se habían leído el PGOU. Da igual la opinión que hace tres años pudo tener cada uno de los almuñequeros acerca de un proyecto para construir 30.000 viviendas, cuatro campos de golf y un puerto deportivo en la Sandovala. Da exactamente igual, porque como bien dice el autor de 'El huevo de Liliput', el PGOU, con referéndum o sin él, será el que dictaminen los técnicos de la Junta de Andalucía, como así ya viene siendo. Y es que no puede ser de otra manera. La ley es clara al respecto. Para Benavides es tentador organizar un plebiscito con el doble objetivo de estrechar aún más los lazos con el PP y convencer a parte de la población de que las grúas estarían funcionando y el pueblo sería Jauja si ese PGOU ya estuviera en marcha. Él sabe que eso es mentira y que las grúas han dejado de funcionar porque ya no tenemos dinero para comprar casas a 200.000 euros. Eso lo sabe perfectamente, porque de tonto no tiene un pelo, pero el referéndum es una buena excusa para distraer la atención de la gente y hacerles creer que este pueblo tendría pleno empleo si no fuera por los obstáculos de la Junta (y ya de pasada, de Izquierda Unida y los ecologistas).

Este es el editorial titulado: El huevo de Liliput 

Cuenta Jonathan Swift en Los viajes de Gulliver que los habitantes del reino Liliput y los de sus vecinos de Blesfuscu venían ensalzados en “una guerra obtinadísima” de por cual polo debía de abrirse un huevo, si por el más ancho o por el más estrecho. A cuenta de su práctica se habían sucedido entre ambos reinos distintas guerras con el consiguiente número de víctimas.

 

Ahora que sabemos que el PGOU sexitano no llevará tantos y cuantos campos de golf, que no habrá puertos y la famosa marina seca de Vila Moura será dique seco en nuestras latitudes, el Tribunal Supremo ha decidido que los sexitanos pueden votar en referéndum cual es el modelo de ciudad que desean, que, como apuntamos, en el trámite actual del PGOU no es ni sombra de aquel que se aprobara inicialmente.

 

Que la decisión del Supremo anule la decisión del Consejo de Ministros de prohibir la propuesta de referéndum que era perfectamente legal y en la que muchos ciudadanos creyeron, es por una parte un apoyo a las políticas municipales y por otro una manera salomónica de tener a todos contentos, puesto que en la practica es decir que cada cual abra el huevo por la parte que le sea más conveniente.

 

Pero, no obstante, el huevo en este caso se abrirá por la parte señalada por la Ley y el PGOU con referéndum o sin él será el que dictaminen los técnicos de la Junta de Andalucía, como así ya viene siendo.

 

En este momento de euforia el alcalde de Almuñécar ha señalado que tiene intención de celebrar dicho referéndum en los primeros meses del 2009, aunque el asunto a estas alturas ya no decida nada y sólo la satisfacción para el equipo de Gobierno de haberse enfrentado a Goliat y vencerlo.

 

Pero cabe otra probabilidad: tal como se presenta el horizonte, con una galerna económica de impredecibles consecuencias, el plantear en esta circunstancias un referéndum, que únicamente halagará el ego pues que el resultado no determinará nada más, supone un gasto que no creo que las arcas municipales estén en situación de permitirse y puede ser perjudicial para el partido gobernante, pues no se puede pedir a nadie que vote por una opción que, si en su momento fue factible y combativa, en estos momentos es incorregible. Hemos ganado a la arbitrariedad del ejecutivo, pero pírrica victoria que llega demasiado tarde. Que no cueste más dinero ni más tiempo.

Sobre la solvencia del sistema financiero español

Pedro Montes

Rebelión

El presidente del gobierno, Rodríguez Zapatero, ha declarado que el sistema financiero español es uno de los más sólidos del mundo. No cabe dudar de sus palabras teniendo en cuenta la manifiesta competencia del presidente en los asuntos económicos.

Pero, en buena lógica, si la crisis financiera desatada en Estados Unidos ha afectado ya a importantes bancos europeos, es bastante probable que en algún momento sea una caja o un banco español el que se declare insolvente. Rumores, desde luego, no faltan. Puede que sea verdad que el conjunto del sistema bancario español tenga una mejor relación que la media de los europeos entre los recursos propios - capital y reservas- y los depósitos, o que estén mejor provisionados ante futuras pérdidas, pero esas diferencias no harán más resistentes los diques cuando se declare una bancarrota. Malos tiempos aquellos, se suele decir, cuando hay que explicar lo obvio, pues tiempo incierto debe ser éste cuando el gobierno, los gobiernos en general, se han visto obligados a tratar de evitar más que lo obvio, lo esencial en el sistema financiero: que la confianza en el sistema no se pierda, que no cunda el pánico, declarando que garantizan los depósitos bancarios.

Por otra parte, los orígenes de la crisis, como se sabe, son las hipotecas “subprime” en Estados Unidos, o hipotecas de alto riesgo. Por lo que se sabe, el sistema crediticio español ha sido más cuidadoso a la hora de conceder créditos hipotecarios a los particulares (otra cosa son los créditos a promotores), pero en nuestro país todos los aspectos relacionados con la cuestión inmobiliaria - viviendas construidas, especulación, precios, créditos hipotecarios sobre crédito total- son comparativamente más exagerados que en los Estados Unidos y sin parangón con los principales países europeos. No es descartable por tanto, sino más bien altamente probable, que nuestro país sufra su propia crisis “subprime”, porque las hipotecas sanas que se dieron en el pasado pueden convertirse muy rápidamente en hipotecas intoxicadas, por emplear el lenguaje al uso, en cuanto la situación económica y el paro se agraven. Ya esta sucediendo: la morosidad está aumentando vertiginosamente y es uno de los hechos que más inquietan de la evolución financiera.

También es cierto que la economía española sufre de un enorme déficit exterior por cuenta corriente –se importa mucho mas que se exporta- , ya más del 10% del PIB, una de cuyas secuelas es que exige una financiación exterior excepcional, tanto en el sentido de su volumen, más de 100.000 millones de euros anuales, como en comparación con los más importantes países europeos. Con los mercados de capitales obturados y los mercados monetarios inoperantes, conseguir esa financiación se ha convertido en un problema. En la última nota informativa del Banco de España sobre la evolución de la balanza de pagos hasta julio, puede leerse “ ...se registró una necesidad de financiación de 62.009 millones de euros en los siete primeros meses de 2008, superior a la del mismo periodo de 2007, de 59.049 millones. Por su parte, la cuenta financiera, excluido el Banco de España, acumuló entradas netas por valor de 39.364 millones de euros, inferiores a las del período enero-julio de 2007, de 77.060 millones. En consecuencia, los activos netos del Banco de España frente al exterior disminuyeron por valor de 18.815 millones de euros, frente al incremento de 21.503 millones registrados en el mismo periodo de 2007”. En resumen y todo entendible: el déficit aumentó, la financiación exterior disminuyó, y el Banco de España tuvo que correr con la diferencia perdiendo reservas.

Claro que, además, como el déficit exterior es creciente y se viene arrastrando desde hace bastantes años, su acumulación se ha traducido en que la economía española es una de las más endeudadas del mundo. Al final de 2007, la deuda neta exterior representaba el 70% del PIB cuando en 1998, antes de la implantación del euro, era del 29 %. Ningún país importante (Francia, Italia, Gran Bretaña) tiene una posición que sobrepase el 25% del PIB, y países como Alemania y Japón tienen una posición acreedora, que supera el 50% del PIB en el caso alemán y se acerca al 30% en el nipón.

Por lo demás, para complicar un poco mas el panorama, el aumento de la deuda neta entre 1998 y 2007 ha sido de 573.000 millones de euros, pero tal aumento es el resultado de un incremento de los activos frente al exterior de 1.030.000 millones de euros y de un aumento de los pasivos de 1.603.000 millones –sí, eso es, 1,6 billones de euros-, con lo cual los pasivos exteriores de la economía española sobrepasaron al final de 2007 los 2 billones de euros, el doble del PIB en ese año. De esta última cantidad, el 80% es deuda externa, que tal como la define el Fondo Monetario Internacional comprende los saldos de todos los pasivos frente a no residentes que dan lugar a pagos por amortización, por intereses o por ambos conceptos.  

Una parte sustancial de esa deuda figura en el pasivo de las entidades financieras. Esa deuda, aparte de pagarse en los plazos previstos, debe renovarse para que la actividad crediticia de bancos y cajas no se hunda, y ello debe lograrse en las condiciones de crisis financiera global existente, con los mercados paralizados y la desconfianza generalizada, y por las entidades de un país cuya situación suscita bastante recelo, como lo ponen de manifiesto los tipos de interés extras que ya tienen que pagar las emisiones españolas en los mercados internacionales.  

El complejo y monstruoso entramado financiero que la globalización neoliberal ha construido encierra en su seno una alta inestabilidad y muy serios riesgos de hundimiento. Cada billón, cada millón, o mejor, cada euro de cada activo y pasivo tienen sus propios acreedores y sus propios deudores, de modo que todo incumplimiento en la cadena financiera encierra el peligro de propagarse, como se comprueba dramáticamente en la actualidad, dando pleno valor a la expresión de que el sistema financiero es un castillo de naipes.

Por supuesto, nada de lo dicho invalida la autorizada opinión del presidente del gobierno, pero hay razones para temer que la realidad lo contradiga y que si todo se complica estemos a las puertas de una catástrofe financiera que a su vez desencadenará una crisis económica de consecuencias invalorables.

Pedro Montes es economista y miembro de la Presidencia Federal de Izquierda Unida