Opinión

Nacionalismo económico en la UE

Juan Francisco Martín Seco

Público

La crisis económica no sólo pone al descubierto los fallos del mercado; también los del proyecto llamado Unión Europea. Está sacando a flote todas sus contradicciones, algo comprensible si tenemos en cuenta que se ha diseñado exclusivamente sobre la integración de los mercados, sin crear al mismo tiempo instituciones que puedan compensarlos, ordenarlos y regularlos.

La reunión del pasado fin de semana entre los cuatro grandes muestra la incapacidad de Europa para intentar una solución adecuada y unitaria. Ya es de por sí significativo que se convoque únicamente a cuatro países de los veintisiete que conforman la Unión. Pero es que ni siquiera esos cuatro lograron alcanzar un acuerdo de contenidos.

Es evidente la asimetría: mientras los mercados, incluso el financiero, están integrados, los agentes, las instituciones y los mecanismos de control, no, por lo que la respuesta a la crisis solo puede hacerse desde cada Estado. Pocas horas después de la reunión, uno de los países participantes, Alemania, actuaba por su cuenta, al margen de toda coordinación, cayendo en la misma postura de Irlanda que todos habían criticado. Sálvese quien pueda.

El problema radica en saber si las soluciones nacionales pueden ser suficientes cuando se juega con mercados globales y si, por otra parte, no ponen en solfa las escasas reglas de juego y principios sobre los que descansa de forma precaria la UE.

Todos los dogmas de estos años están a punto de quebrarse. En un mercado único, las ayudas que los Estados miembros prestan a sus bancos garantizando, por ejemplo, sus depósitos, violan la concurrencia, ya que los colocan en mejor situación que a las entidades financieras de los países vecinos.

¿Podrán, por lo demás, los Estados pequeños, o más débiles económicamente, afrontar las posibles quiebras de gigantes financieros nacionales? Y, si es así, ¿podrán mantener el déficit público por debajo del 3% del PIB, a efectos de cumplir el Pacto de Estabilidad, o será necesario flexibilizar de forma generalizada este pacto?

Ante las primeras dificultades graves, la Unión se resquebraja y reaparece lo que en realidad siempre ha estado presente, no ya el nacionalismo político, sino también el económico.

La moneda, el crédito y el capital financiero

José Luis Fiori

Sin Permiso

"Todas las monedas son símbolos, y su peso o composición no tiene mayor importancia. Lo que de hecho importa es el nombre o el poder de quien la emite". Mitchell Innes, What is money, Banking Law Journal 1913, mayo, p. 32

Para sorpresa de los ideólogos, los Estados Unidos acaban de dar una clase, corta, sintética y brillante, sobre la naturaleza del capitalismo y sobre el funcionamiento de sus mercados. Con pocas palabras, el gobierno norteamericano anunció, en esta última semana, la estatización de las dos mayores empresas de financiamiento hipotecario de los Estados Unidos – la Fannie Mae y la Freddie Mac – creadas por el Estado norteamericano, en 1938 y 1970, y después privatizadas, con el objetivo de disminuir los gastos públicos y aumentar la competencia sectorial. Al anunciar su decisión, el secretario del Tesoro norteamericano prometió inyectar hasta 200 mil millones de dólares de los contribuyentes, en las dos empresas que controlan la mitad del mercado de las hipotecas en los Estados Unidos, estimado en 12 billones de dólares. Pero no es sólo esto: en los últimos meses, la Fed (Reserva Federal) financió la compra del Bear Stearns por el J.P. Morgan; creó una nueva línea de financiamiento para firmas externas del sector bancario; y puso a sus "inspectores" a controlar los bancos de inversión. Mientras tanto el Congreso norteamericano aprobaba, el pasado 30 de julio, la Ley para la "Recuperación de la Economía y el Sector Inmobiliario", y discutía una nueva reglamentación rigurosa y detallada del mercado financiero norteamericano, Y ahora, más recientemente, el ex presidente de la Fed, Alan Greenspan, propuso directamente la creación de una nueva agencia estatal de análisis de riesgo de las empresas privadas. O sea, de todos lados está llegando la misma señal: como dice el diario Financial Times: "en el conflicto perenne entre la política y el mercado, no hay duda, que en este momento, la política está ganando". (1)

En cuanto a esto, los analistas económicos se estrujan la cabeza hace más de un año, sin conseguir explicar la naturaleza, la extensión y el futuro de la crisis hipotecaria norteamericana. Tal vez porque todos comparten, de una forma u otra, la misma tesis del Financial Times: la idea equivocada de que existe un "conflicto perenne" entre la Política y el Mercado. A pesar de que la historia de la formación de los mercados y del capitalismo, apunte en la dirección opuesta, de una solidaridad esencial y originaria entre el poder, el mercado y los capitales privados. Una historia que comienza a mediados del Siglo XIV, con el poder arbitrario de los príncipes que definían de forma soberana el valor de los tributos que tenían que ser pagados por sus súbditos, y al mismo tiempo, definían el valor de la moneda que acuñaban para el pago de sus propios tributos. Asimismo cuando circulaban otras monedas y títulos privados, dentro de su "principado", ellos siempre eran referidos, en última instancia, al valor de la moneda soberana. Este "circuito" inicial se complicó con la expansión de las guerras y la necesidad de los príncipes a recurrir al endeudamiento, creando la deuda pública negociada por los comerciantes-banqueros, en un mercado cada vez más extenso de títulos y monedas. Fue así que nació el capital financiero a través del señoreaje entre las monedas y títulos de las unidades soberanas del mundo Medieval.

El paso siguiente de esta historia ocurrió en los Siglos XVII y XVIII, con el nacimiento de los primeros estados nacionales, y con la "revolución financiera" que cambió el rostro del capitalismo europeo. Esta revolución comenzó en Holanda, en el siglo XVII y se completó en Inglaterra en el Siglo XVIII. Los dos países centralizaron sus sistemas de tributación y crearon bancos públicos responsables de la administración conjunta de la deuda soberana, en la forma de un bono del Estado, y de la deuda privada, en la forma de letras de cambio, que se transforman en la base de un sistema de crédito cada vez más elástico, creativo y diversificado, aunque siempre referido, en última instancia, a la moneda de cuenta nacional. Y no hay duda que la fusión entre esta nueva finanza holandesa e inglesa, a partir de 1689, tuvo un papel decisivo en el fortalecimiento de la victoria colonial de Inglaterra y en la proyección internacional de la moneda inglesa, la Libra, que fue hegemónica en todo el mundo hasta su "casi-fusión" con el Dólar norteamericano, durante el Siglo XX. En una especie de sucesión de "hereditaria", que partió de Holanda y de Inglaterra y se prolongó en los Estados Unidos, manteniendo la supremacía monetario-financiera anglo-sajona, incuestionable durante los cuatro siglos de historia de este sistema mundial, que fue creado a partir de la expansión política y económica de Europa.

Durante el período en que la "moneda internacional" tuvo una base metálica, la Libra y el Dólar también tuvieron una restricción financiera intraspasable, impuesta por la necesidad del equilibrio del Balance de Pagos del país emisor de la moneda de referencia. Pero después del fin del Sistema de Bretton Woods, en 1973, esta restricción desapareció con el nuevo sistema monetario internacional "dólar-flexible", que no tiene ningún tipo de patrón metálico de referencia. En este sentido, se puede decir que hubo una nueva "revolución financiera" – en la década de 1980 – que provocó una especia de retorno a los orígenes de la relación entre el poder, la moneda y el crédito. Los Estados Unidos volvieron a definir, de manera soberana y aislada, el valor de su moneda, pese a que ella ya era la moneda internacional, y también el valor de sus títulos de la deuda pública, no obstante de que ellos se habían transformado en la base de referencia de la propia moneda. Además de esto, el gobierno norteamericano desreguló sus mercados financieros, y con ello liberó la expansión casi infinitamente elástica del crédito, lejos del mundo de las mercancías y del "valor-trabajo", y limitado apenas por la capacidad de tributación y endeudamiento del propio Estado norteamericano, que todavía es un poder en expansión y que gana más poder con el fortalecimiento de su crédito internacional y de su capital financiero.  En este sistema, por lo tanto, no existe un "conflicto perenne" entre la política y el mercado, como piensa la teoría económica convencional. Lo que existe y siempre existió es una "memorable alianza" entre el poder y las finanzas, que estuvo en el origen del capitalismo y del "milagro europeo", según Max Weber, y que sigue moviendo la frontera expansiva del sistema inter-estatal capitalista en este inicio del Siglo XXI.


(1) Plender, J. en Financial Times, 21 de agosto de 2008

 José Luis Fiori, profesor de economía y ciencia política en la Universidad pública de Río de Janeiro, es miembro del Consejo Editorial de SINPERMISO.

Financiación autonómica: un debate con trampa neoliberal

Juan Torres López

Rebelión

Desde hace meses los ciudadanos contemplamos, yo creo que bastante atónitos, una puesta en escena verdaderamente lamentable entre las diversas comunidades autónomas. Casi todas contra todas, pugnan entre ellas para tratar de llevarse la mayor parte posible de la tarta de la financiación autonómica.

Además, al coincidir esa batalla con una crisis de tanta envergadura como la que vivimos los planteamientos se desdibujan, las reivindicaciones se radicalizan e incluso algunos generalmente lúcidos como Felipe González proponen que se retrase el asunto, olvidando que hay compromisos constitucionales y estatutarios que nunca es bueno que nazcan para ser incumplidos.

Lo más lamentable quizá sea que los argumentos tienden a territorializarse, olvidándose a menudo que la equidad, la solidaridad y la justicia más auténticas no son las que se dan o dejan de darse entre espacios sino entre personas. Y, sobre todo, que tal y como se está planteando el asunto es inevitable que todos veamos en el debate una contienda sin sentido del Estado, muy disgregadora y simplista.

Ahí está, por ejemplo, el desgraciado recurso de las balanzas fiscales, un instrumento de análisis que en sí mismo constituye una preclara expresión de lo imperfecto a la hora de evaluar la contribución de unos y otros, toda vez que, como foto fija que es, no permite nunca contemplar las realidades dinámicas, el peso de los factores históricos y, por supuesto, los idiosincráticos, las condiciones de entorno que unos han provocado sobre otros y que tanta importancia han tenido y siguen teniendo.

Pero lo que en mi opinión constituye el verdadero meollo de la cuestión es que el debate de la financiación autonómica se está planteando como un juego de suma cero que no puede resolverse sino en términos de ganadores y perdedores. Por eso estamos continuamente entrando en el discurso estúpido y peligroso de quién debe a quién, de quién se aprovecha del otro o de quién recibe más ayuda de los demás, es decir, en una espiral de juicios comparativos (como digo, generalmente a través de instrumentos de análisis bastante imperfectos y casi siempre concebidos ad hoc para demostrar lo que quiere ser demostrado) que no pueden crear sino sentimientos de insolidaridad y una suma de agravios entre comunidades que terminarán por erosionarnos a todos.

¿Y por qué me parece que este es un planteamiento falseado?

Lo que está ocurriendo es que las políticas económicas neoliberales que se vienen aplicando orientadas a controlar el gasto y especialmente el social están provocando un continuo deterioro en el fondo de recursos que las comunidades necesitan para afrontar la consolidación de un auténtico estado de bienestar en España.

La trampa del debate sobre la financiación autonómica, su falseamiento, consiste en que se obliga a las comunidades a luchar por el reparto de fondos insuficientes cuando lo que se precisa sería un aumento sustancial del tamaño de la tarta.

Esa es la cuestión. Los gobiernos vienen reduciendo el porcentaje del gasto social sobre el PIB español desde 1993, lo que significa que en lugar de converger con la Europa avanzada, se incrementa nuestro déficit social. Ni siquiera con el gobierno de Zapatero se ha logrado romper de modo sustantivo la tendencia que ya inició el último de Felipe González (en parte por la crisis de 1992 y en parte por el peso de las corrientes más liberales dentro del PSOE) y que se exacerbó de modo extraordinario en el mandato de Aznar.

Aunque Zapatero ha manifestado su voluntad de romper la tendencia anterior, la realidad es que su supeditación a un dogma tan reaccionario, injustificado, sin base científica y socialmente tan dañino como el de la estabilidad presupuestaria, le está impidiendo conseguir que las series estadísticas cambien como sería necesario para acercarnos a los estándares europeos.

Estamos entrando en un pelea de vecinos entre las comunidades no porque éstas sean insolidarias, o porque nuestro estado de las autonomías sea intrínsecamente perverso. No es por eso. Lo que está provocando esta situación es la insistencia en una política de gasto público antisocial e insuficiente que beneficia a los ricos (de unas comunidades y de otras) y que perjudica a los pobres (de unas comunidades y de otras).

Los dirigentes socialistas que están gobernando deberían tener la inteligencia de abordar el asunto con realismo y el valor para enfrentarse a dogmas sin fundamento científico, sin rigor y sin efectos positivos contrastados sobre la estabilidad económica y el bienestar. Ahí está la crisis abriendo las tripas de todas las economía para que quien quiera ver a dónde llevan las desregulaciones, las privatizaciones, la renuncia de los gobiernos a gobernar y la demonización de lo público lo vea sin dificultades. ¿Dónde está la eficacia de todo eso para lograr estabilidad?

Lo que se debería hacer ahora que estamos en crisis no es ahuecar la cabeza debajo del ala dejando para otro momento un problema fundamental. Todo lo contrario, si queremos que la crisis se convierta en una oportunidad para iniciar un camino diferente, lo que hemos de pensar es el modo en que podemos hacer que nuestra economía descanse sobre otras bases. Podemos aumentar la tarta del gasto público, como demanda nuestra sociedad y como es necesario para parecernos cada vez más a nuestro entorno más. Claro que para ello hemos de empeñarnos en hacer que nuestra sociedad sea más justa y, sobre todo, en evitar que los ricos (que son los que no necesitan gasto público social) tengan cada vez más privilegios. En ese contexto, cuando las comunidades dispongan de los recursos que necesitan, el debate sobre financiación sería sin lugar a dudas de otra forma.

El cáncer de Almuñécar se extiende y se vuelve contagioso

Francisco Fernández. Responsable de Información de Izquierda Unida de Almuñécar

En las últimas semanas se oye en sitios muy distintos un mensaje idéntico. El Mirlo es un desastre de empresa. La solución está en buscar una buena empresa, una empresa que aguante aunque el ayuntamiento no le pague, una empresa que cumpla con sus trabajadores, una empresa que gestione bien... y algunos dicen que esa empresa es Fomento de Contratas y Construcciones (FCC).

Lo dice incluso el mismo personaje que el año pasado calificó al comité de empresa como un cáncer que había que extirpar. Estoy seguro de que ese señor no ha cambiado de idea. Pero ahora no le conviene decirla. Ahora carga contra la empresa, y dice que el empresario es indigno, ineficaz, un desastre... Si la jugada le sale, con algunas complicidades extrañas, algunos lo van a lamentar... y no muy tarde. Corremos el riesgo de que el cáncer se extienda por todo el cuerpo.

Tengamos memoria, y tengamos un poco de dignidad. No sólo llamó cáncer al comité, sino que organizó un piquete para cargarse la huelga. Tengamos memoria y no perdamos el norte. Cuidado con el cáncer. 

Nosotros tenemos una idea bastante clara de lo que es una empresa y parece que algunos lo han olvidado. Una empresa es una institución dedicada a ganar dinero para su dueño o sus dueños. No hay ninguna empresa que pueda aguantar mucho tiempo gastando diez e ingresando nueve. Ni el Mirlo ni ninguna otra.

La crisis de la empresa El Mirlo la ha provocado en exclusiva el señor del cáncer. Los ciudadanos que han pagado un recibo de basura y tienen hasta el 20 de noviembre para pagar tres recibos más junto al segundo recibo del IBI, deben saber que el ayuntamiento adeuda en estos momentos a la empresa de limpiezas la factura de mayo, junio, julio y agosto.

Además, esta empresa ha cobrado 600.000 euros en concepto de multas. Y además, el ayuntamiento no le ha subido lo que sería lógico subir para que afronte la subida que a la empresa le ha supuesto el convenio provincial. La tasa de basura ha subido una barbaridad a todos los almuñequeros, pero ese dinero no ha ido a parar a la empresa que recoge la basura. Ese dinero es un extra que el señor del cáncer necesitaba para tapar sus múltiples agujeros creados por una nefasta gestión basada en el despilfarro.

En unas declaraciones recientes, el alcalde de este pueblo decía: 'esta empresa no tiene ni capacidad económica ni de gestión para realizar el servicio, no cumple con el pago a sus trabajadores y así no se puede llevar una empresa de este tipo. Su deber es el de pagar las nóminas sin estar pendiente de lo que cobre o deje de cobrar, aún más si tenemos en cuenta que el Ayuntamiento ha abonado regularmente sus pagos en los plazos establecidos'

Las declaraciones no tienen desperdicio. Muestran un nivel de indecencia preocupante. Para empezar, en agosto de 2007 este señor declaraba todo lo contrario: la empresa cumple y los trabajadores son un cáncer. Para acabar, miente. Porque el ayuntamiento no está abonando regularmente sus pagos en los plazos establecidos. Y en medio de su discurso, demuestra tener una caradura tremenda. Pero qué es eso de que su deber es pagar las nóminas sin estar pendiente de lo que cobre o deje de cobrar. ¿Qué nóminas pagaría usted a sus empleados y a sus concejales, a su señora, y a usted mismo si nosotros los contribuyentes, o la Junta de Andalucía, o el Gobierno Central, dejáramos de hacer nuestros ingresos? ¿Pero cómo puede decir esa majadería un señor alcalde?

Dice el señor del cáncer que la empresa no cumple con sus obligaciones. No dudo de que algo de razón habrá en eso. Ninguna empresa cumple al cien por cien y supongo que parte de las multas estarán justificadas. Supongo que las empresas que limpian las playas también han tenido algunos fallos este verano. Pero supongo yo que el alcalde o el concejal de turno habrán hecho lo propio: llamar a la empresa y solucionar el tema. Y me imagino que las empresas que limpian los colegios pueden haber dejado algunos días las clases peor de lo que debían. Y supongo que los autobuses también habrán llegado tarde algún día en alguna línea. Lo que es seguro es que ninguna empresa ha tenido encima un inspector de manera casi exclusiva. Y lo que sí es seguro es que no tiene sentido detectar fallos en el servicio y negarse a hablar con el empresario. Pero eso, justamente, es lo que ha hecho el señor del cáncer.

La falta de decencia en este tema, como en tantos otros, está en que se utilizan criterios y métodos distintos para situaciones similares. Es evidente que la actuación sancionadora del ayuntamiento respecto a esta empresa en el último año no tiene precedentes.

Y es evidente que esta empresa ha cometido el error de no cumplir algo que venía en el contrato muy clarito: pagar el 1% del contrato para publicidad en medios locales. El anterior empresario sí que cumplía con esa parte del contrato. Y éste, sin saber lo que hacía, no ha pagado. ¿Cómo se pueden mantener medios de comunicación locales (menudo eufemismo) si los empresarios no pagan?

Pero hablemos del futuro. Hablemos de la empresa que algunos presentan como la salvación. FCC, como cualquier empresa, cuando no ingresa, no paga. Hay una diferencia evidente. FCC es una gran empresa con múltiples contratos y concesiones por todo el estado español. FCC puede aguantar bastante más que el Mirlo. Pero eso es otra indecencia. El ayuntamiento no ha contratado un banco, sino una empresa que limpie las calles y recoja la basura. Y esa empresa tiene que cobrar para poder pagar.

Desde luego, el alcalde sí nos cobra los impuestos para poder él cobrar su sueldo. ¿Qué sueldo cobraría el alcalde de Almuñécar si nosotros no pagáramos el IBI, y la basura, y el impuesto del coche, y la zona azul?

Pero es que, además, FCC ha tenido en los meses de febrero y marzo 53 días de huelga en los vertederos de la provincia. Y FCC llegó a un acuerdo con los trabajadores. Y FCC no ha cumplido ese acuerdo, de tal manera que en la prensa del 28 de julio venía la noticia de que FCC debe una media de 2.700 euros a cada trabajador de los vertederos. Y es por eso que el 26 de septiembre, hace dos días, Rafael Hueso, secretario provincial de Comisiones Obreras de Limpieza declara que algunas empresas, como FCC, se empeñan en obstaculizar los derechos de los trabajadores. Y ese mismo día, explica que CCOO va a  denunciar a FCC ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Y semanas antes, UGT había interpuesto conflicto colectivo por lo mismo.

Así que esa no es la solución ni para los ciudadanos ni para los trabajadores. Una vez retirado El Mirlo, asifixiado e impotente para resistir por más tiempo, hay que hablar de gestión pública. Una empresa pública controlada directamente por el ayuntamiento tiene indudables ventajas para todos. Por lo pronto, ya sabremos lo que cuesta la recogida de la basura y el alcalde no podrá cobrar lo que le dé la gana como tasa de basura. Además, podemos controlar directamente la calidad del servicio. Se trata de poner un buen encargado, tener una plantilla suficiente y comprar buena maquinaria. Los trabajadores, por su parte, cobrarían a primeros de mes, el mismo día que el señor alcalde, aunque menos, por supuesto.

Optar por una empresa privada, la que sea, es seguir en la misma historia de siempre. Y con el peligro de que los trabajadores se la están jugando si se producen cambios de empresa de dudosa legalidad. Porque parece ser que la intención del alcalde es sustituir al Mirlo por la nueva empresa antes de que el Consejo Consultivo de Andalucía se pronuncie, antes de que el expediente de rescisión que previsiblemente se va a aprobar, llegue a su término. Ojo a la jugada porque si la plantilla del Mirlo pasa a FCC y luego ocurre que el Mirlo recurre y gana, los trabajadores pueden quedar en una situación complicada.

Atención al cáncer porque a lo mejor, detrás de toda esta maraña, se esconde un peligro a medio plazo para unos trabajadores que pueden confundir el enemigo y equivocar la estrategia. 

Un Rey en un país de desagradecidos

Julio Ortega Fraile

Este es un País de desagradecidos. Los menos se dedican en cuerpo y alma a servir a sus semejantes, con un altruismo y un compromiso que van más allá de de la capacidad que tenemos el común de los ciudadanos y que sólo están reservados a unos pocos espíritus, dotados de una generosidad y entereza para el sacrificio de la que carecemos el resto y sin embargo, lejos de expresar constantemente nuestra admiración y agradecimiento por su actitud desinteresada y solícita todavía nos permitimos, en una muestra de indignidad lamentable, criticarlos y manifestar nuestro descontento por las humildes y más que merecidas satisfacciones que pueden encontrar en sus abnegadas existencias.

Y creo que el ejemplo más notable y valioso de seres dedicados por absoluto a una labor social incansable que podemos encontrar es el de la Familia Real. Unas personas que debido a sus legítimas prebendas podrían y merecerían vivir haciendo aquello para lo que fueron encomendados por el Invicto en la persona de D. Juan Carlos y refrendado con la aprobación de la Constitución: reinar, como hecho asumido y validado por el voto popular aunque viniese incluido en el “lote”, porque aceptar que “España es una Monarquía Parlamentaria…”, que “El rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia…”, así como que “la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad…” eran y son artículos de la Norma Fundamental de nuestro Estado y de obligada asunción si también queríamos disfrutar de aquellos que hablaban de “derecho a la vida y a la integridad…”, “libertad de pensamiento…”, “derecho al trabajo y a la vivienda…”, etc., después de haber salido, en parte, de una dictadura y empezar a disfrutar de la vida en democracia. Y digo en parte porque quedó tendido un nexo soberano entre ambas formas de gobierno que hoy, cuando han pasado más de treinta años, seguimos manteniendo por imperativo legal.

Comenzaba hablando del desagradecimiento y continuaba haciéndolo del papel magnífico y volcado en sus súbditos de la Familia Borbón. Y el motivo de mi atribulación es comprobar cómo buscamos cualquier disculpa, aún rayando en lo absurdo, para intentar echar tierra encima de sus cabezas, sin darnos cuenta de que no hay envidia plebeya que pueda soterrar tan merecidas coronas. Sus ingratos vasallos, tan pronto acudimos a hechos inocentes y nimios como que el Rey estaba cazando osos borrachos en Rusia, como a que se secuestra por parte del Estado una revista por mostrar a los Príncipes en actitud poco decorosa; y la última con la que la hemos tomado, que si la Infanta Doña Elena va a cobrar doscientos mil euros anuales por su trabajo en la Fundación Mapfre.

Vamos a ver. La cuestión no es que paguemos cacerías ni yates; no es que sufraguemos operaciones o que mantengamos los ciudadanos de este País Marivent; tampoco es la cuestión que costeemos viajes, recepciones, banquetes o regalos. Da exactamente igual los gastos que suponga a la hacienda pública la Casa Real. Lo único importante, lo que cuenta, lo que tiene valor, es que son simpáticos, campechanos, risueños y cercanos al populacho.

Ya está bien de quejarse tanto diciendo que es un gasto superfluo, que no necesitamos una Monarquía, que nos fue impuesta por el Caudillo y que no tuvimos opción de aceptarla o rechazarla como una realidad por sí misma y no integrada en una Constitución. Lo que ocurre es que no somos capaces de pagar la hipoteca, la letra del coche es cada mes un obstáculo casi insalvable, vamos llenado menos el carro en el supermercado y nos vamos dejando más dinero en la caja, los bancos no dan préstamos, los sueldos no suben, el poder adquisitivo mengua a ritmo agigantado, la capacidad de ahorrar se ha perdido y empezamos a carecer de bienes esenciales por no poder sufragarlos. Pero por culpa de todo eso, los morosos y los que están a punto de serlo, cargan llenos de rencor contra la Corona y escuchar como dicen que sobra, que no la queremos, es muy mezquino y propio de hijos desnaturalizados; un agravio para una Familia ejemplar y que sin duda está padeciendo la crisis como el que más.

No tenemos ningún derecho a criticar al Rey porque cace cuando le venga en gana bisontes en Polonia pagando miles de euros por ello, desplazándose en su avión y acompañado por todo un servicio de seguridad, porque sonríe como nadie a las cámaras y sabe mandar callar a un Jefe de Estado vulgarmente elegido en las urnas, no como él, con derecho inalienable al cargo o su hijo, con legitimidad sucesoria; tampoco podemos reducir a un hecho sucio y chabacano la cópula principesca, como hizo una revistilla humorística con mal gusto y que recibió su merecido siendo retirada de la venta e incautado el molde de la denigrante viñeta, que una cosa es la libertad de expresión y otra atreverse a insinuar que Felipe y Leticia follan, como si fuesen unos ordinarios conejos. Además, que dónde vamos a encontrar un Príncipe más alto, una Princesa mejor operada y unos hijitos de ambos más encantadores; todavía vendrá algún descastado diciendo que Leonor oposite como todo hijo de vecino y es que la animosidad ante la virtud ajena es muy peligrosa. Y Doña Elena, ¿qué va a ganar doscientos mil?, como si son dos millones; no hay sueldo que haga justicia a la labor que va a realizar, ayudando a integrar laboralmente a personas con discapacidad y a que reciban educación niños con problemas de exclusión. Vale, de acuerdo que hay ONGs, cooperantes y misioneros que hacen lo mismo sin medios, con pagas de miseria y que muchas veces se dejan la vida en un rincón perdido de algún País deprimido, pero aunque la Infanta vaya a llevar a cabo su trabajo desde un despacho de la Fundación en las oficinas de Pozuelo de Alarcón (Madrid), ha pasado por una ruptura matrimonial recientemente y eso hay que valorarlo, que es muy duro.

No podemos seguir con este debate y ni tan siquiera iniciarlo, es indignante poner en duda la necesidad y continuidad de la Monarquía. Los Reyes están ahí porque, porque… porque están y tienen derecho absoluto a permanecer en el mismo lugar porque, porque…porque lo tienen. Y ya está, que si tanto hablar de lo que nos cuestan, que si el Rey no tiene responsabilidad penal en caso de cometer un delito o que si llevan un vida regalada entre regatas, fiestas, coches de lujo, aviones para uso y disfrute propio y cacerías a veces amañadas. Pues no, todo eso no son más que compensaciones ínfimas para una vida muy, muy dura. Seguro que se cambiarían sin dudarlo por un obrero de treinta años en paro, que vive con los padres, que no se puede permitir tener hijos y que se desplaza en autobús urbano.

Que no me quiten a mis Reyes, que yo doy gustoso lo que haga falta de mis ingresos para que a ellos no les falte de nada. Estoy encantado de pagarles Palacio de invierno y la residencia de verano. Seguro que cuando mis hijos no tengan para comer y me quiten la casa, Don Juan Carlos entre montería y montería me dedicará una sonrisa y con eso para mí, es más que suficiente. ¡País de desagradecidos!

Bolivia en la Prensa Empresarial Española

Jubenal Quispe

Rebelión

Para cuantos no hemos hipotecado nuestra capacidad de asombro, ni somos consumidores acríticos de la información difundida por las empresas de comunicación, nos ofende que estas empresas nos vendan informaciones falsas o incompletas sobre los hechos que ocurren en la cotidianidad.

Ofende a la inteligencia y al sentido común la abierta manipulación que la gran mayoría de las empresas de información española realizan sobre los delicados sucesos en Bolivia. Lo más preocupantes es que esta manipulación genera una opinión pública lejana a la realidad en una sociedad deficitaria de sentido crítico.

Titulares sensacionalistas como: 'Evo Morales coloca a Bolivia al borde de la guerra civil', 'El totalitarismo de Morales ahuyenta la inversión extranjera', 'La Bolivia indígena de Morales se enfrenta a las cinco regiones autonomistas', etc., se repiten en los últimos tiempos casi mecánicamente en la prensa escrita y televisiva. Lo cierto es que la confrontación nunca fue, ni es entre Occidente y Oriente boliviano, sino entre ricos y empobrecidos. Los terratenientes y los patrones masacran a los campesinos porque éstos han despertado y ya no aceptan seguir siendo los peones de siempre.

El periódico La Vanguardia, el día de ayer, 17 de septiembre, pone como titular en su primera página 'Morales vuelve a la ofensiva', y en su contenido realiza una defensa cerrada a favor del ex prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, imputado como principal autor intelectual de la vergonzante masacre última de los 30 campesinos en el mismo Departamento en días pasados, y, ahora, detenido en el marco del absoluto respeto del orden constitucional.

El periódico La Razón, de la misma fecha, dedica un espacio grande para hablar de la 'supuesta masacre' en Bolivia, siempre en defensa de los terratenientes autonomistas.

El periódico El País, que no pierde oportunidad para cargar tinta en contra de Morales y desprestigiar a los movimientos sociales bolivianos desde los espacios de sus columnistas, nunca publica en su verdadera magnitud hechos históricos como el consenso y contundente apoyo que UNASUR brindó al democrático proceso boliviano el pasado lunes en Santiago de Chile.

Estos medios nunca mencionan que Bolivia es el segundo país del mundo en el que sus más altos representantes electos se someten al voto popular para que el pueblo los ratifique o los revoque. Nunca publican que Evo Morales en menos de 2 años y medio derrotó a sus opositores en las urnas con más del 50% del respaldo popular. Aquí, ningún periódico publicó el histórico 67% de votos con el que el Presidente Morales fue ratificado en el último plebiscito del pasado 10 de agosto.

¿Por qué será que los escribanos de estos medios son complacientes y permisivos con los independentistas violentos en Bolivia e implacables y agresivos con los movimientos políticos independentistas en España?

¿Por qué será que en éstos periódicos los etarras (miembros del ETA) son sancionados y descalificados, mientras los terroristas terratenientes que asesinan a mansalva a los campesinos en Bolivia son defendidos por los corresponsales de los mismos periódicos?

¿Por qué será que la recuperación de la propiedad de los hidrocarburos y la injerencia del Estado en la economía boliviana es vista como una obra maléfica y retrógrada, mientras en los mismos espacios de información se aplaude y se difunde, como actos heroicos, las nacionalizaciones de los bancos en los países del norte?

Comprendemos que en el teatro de los medios de 'comunicación' de los países del sur ángeles y demonios intercambian roles, pero en una sociedad como la española que dice ser 'altamente civilizada y desarrollada' ¿será permisible semejante subdesarrollo moral?

Comprendemos también que los sueldos de los gerentes y directores de redacción de estas empresas dependen de las utilidades de REPSOL, ENDESA, TELEFONICA, etc. cuyas exacerbadas ganancias económicas han sido retenidas, en algunos casos, por pueblos como Bolivia. Pero, ¿el histórico patrimonio intelectual y moral de medios tan importantes se puede dilapidar por un plato de lentejas?

Ante una dura dictadura mediática de alcance global urge, pues, el ejercicio pleno y responsable de nuestra ciudadanía social y cultural. No es posible que los supuestos 'profetas de la verdad' nos vendan, como verdades, mentiras fabricadas en las salas de redacción a la medida de los intereses de los amos del planeta.

Ahora es nuestro tiempo. Tenemos la poderosa arma para contrarrestar a cuantos nos mientan. Y esa arma es nuestra voluntad de decidir qué periódicos comprar y cómo utilizar lo que compramos. Ahora es tiempo de la comunicación alternativa para democratizar nuestro derecho a la palabra y a la información.

El fascismo se hace con el poder. Morales protesta.

James Petras

Rebelión

Los fascistas bolivianos se han hecho con el poder en cinco de los estados más ricos de Bolivia, derrocando enérgicamente a todos los dirigentes nacionales, asesinando, hiriendo y agrediendo a los líderes, activistas y votantes que han respaldado al gobierno nacional, con total impunidad. Desde que Evo Morales fue elegido presidente hace ya casi tres años, la extrema derecha boliviana se ha aprovechado de cada concesión, compromiso y gesto conciliador realizado por parte del ejecutivo de Morales para expandir su poder político, bloquear incluso las reformas sociales más benignas y paralizar el funcionamiento del gobierno, por medio de maniobras legales y bandas de violentos gamberros callejeros.

Mientras que el gobierno boliviano utilizaba la represión estatal contra los ocupantes del campo y los mineros en huelga, permaneció como un espectador pasivo e impotente de la toma derechista de la Asamblea Constitucional, el mayor aeropuerto de Santa Cruz (forzando al presidente a huir hasta su palacio), suspendiendo todo el transporte público, la recaudación del impuesto federal e inversiones públicas y proyectos. Y peor aún, las brigadas de paramilitares fascistas han insultado, pegado, desnudado y obligado a desfilar repetidamente a los campesinos de raza india, partidarios del presidente Morales, por las calles y plazas principales de las capitales de las provincias que controlan.

A pesar de ganar casi el 70% del escrutinio nacional en las elecciones de destitución del 10 de agosto de 2008, Morales no ha tomado ninguna medida para responder a la toma fascista del poder regional, sino que aboga por el diálogo y el compromiso, mientras que la extrema derecha se fortalece y prepara para entrar en una violenta guerra civil contra los indígenas y pobres de Bolivia. El gobierno boliviano expulsó al embajador estadounidense, Phillip Goldberg, después de que la Embajada de los EE.UU. apoyara activamente la toma del poder regional por parte de la ultraderecha tras casi 3 años de clara financiación y colaboración pública con los separatistas. Como el gobierno de Morales no rompió las relaciones con Washington, es probable que un nuevo embajador vuelva pronto para continuar con la conspiración activa de Goldberg con la extrema derecha.

El contraste entre la ignominiosa pasividad del presidente y el agresivo y violento golpe de estado político de la derecha fascista es sorprendente. El eje del violento levantamiento y la exitosa toma del poder fascista se localiza en cinco departamentos regionales: Santa Cruz, Pando, Beni, Tarija y Chuquisaca, agrupados en una masiva organización regional, el Consejo Nacional Democrático (CONALDE). Aquí están agrupados prefectos locales, alcaldes, líderes empresariales y directores de organizaciones terratenientes apoyadas por bandas de gamberros armados de ultraderecha en distintas organizaciones, siendo la más importante la Unión Juvenil Cruceñista, especializada en degradar, pegar e incluso matar a los indios desarmados que apoyan a Morales.

Preludio de la guerra civil y toma del poder

La guerra civil y la toma del poder por parte de los derechistas en los cinco departamentos siguen una secuencia de eventos resultante en un restablecimiento gradual del poder político y social y la posterior puesta en marcha de una gran diversidad de movimientos ofensivos desde dentro de instituciones gubernamentales y cada vez más a través de la acción directa extraparlamentaria. Esto ha desembocado en una escalada desde los ataques esporádicos hasta la violencia sistemática contra individuos, organizaciones, instituciones públicas y recursos económicos estratégicos. En esta etapa más reciente, la oposición se ha despojado de su fachada institucional «legalista» y ha abrazado la toma violenta de instituciones estatales declarando abiertamente su separación del gobierno central, desafiando la autoridad del ejecutivo a gobernar y ejerciendo su monopolio legal sobre el poder policial.

Desde el poder popular a la toma de poder neofascista

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  1. El punto de partida de la sublevación separatista y neofascista empieza en 2005 cuando, a efectos prácticos, un levantamiento masivo de trabajadores del campo y mineros indios derrocó al régimen neoliberal en ejercicio y dominó las calles, presentando todos los ingredientes para un nuevo gobierno revolucionario.
  2. Bajo el liderazgo de Evo Morales y el antiguo organizador de ONG, García Linera, y su partido electoral, Movimiento al Socialismo (MAS), el movimiento de masas se apartó de las calles, de la actividad autónoma y la revolución social hacia la política electoral. Evo Morales fue elegido presidente en diciembre de 2005 y procedió a firmar pactos políticos con partidos de la derecha para compartir el poder institucional en pos de un programa político-económico centrista. Esto supuso la colaboración con todas las compañías multinacionales de extracción mineral (sin incluir expropiaciones y nacionalización), programas simbólicos minimalistas de reforma agraria (jamás llevados a la práctica) y fuertes políticas fiscales (excepto la redistribución de la renta, la limitación de los sueldos y aumentos del salario hasta la tasa de inflación).
  3. Para mediados de 2006, la extrema derecha ya se había recuperado de su derrota electoral y por medio de su presencia en la recién elegida Asamblea Constitucional maniobró con eficacia para bloquear el trámite de la nueva Constitución. El gobierno se centró exclusivamente en las reformas políticas más importantes, consolidó su colaboración con las principales multinacionales del gas y el petróleo, renovó desfavorables contratos sobre el gas con Brasil (pagando Bolivia muy por debajo de los precios del mercado mundial) y desmovilizó los movimientos de masas a través del control del partido MAS por encima de los líderes urbanos y rurales (con la excepción de los mineros).
  4. Comenzando a finales de 2006 e incrementándose durante 2007, la derecha neofascista contó con sus tropas de asalto para agredir a los diputados pro-gobierno en la Asamblea Constitucional, para organizar bloqueos de carreteras y afirmar su independencia («autonomía») del gobierno nacional. El gobierno boliviano rechazó cualquier recurso para la movilización popular demandada por los sectores más radicales de los mineros en Oruro y Potosí. En lugar de eso, se retiró haciendo frente a la presión institucional de la derecha neofascista, ofreciendo concesiones en la redacción de la Constitución. Morales realizó una serie de concesiones sobre las dimensiones de las tierras exentas de reforma agraria, cediendo poderes judiciales y fiscales a los gobernantes fascistas de las regiones y les concedió el control de las carreteras, las autopistas y las plazas a bandas de neofascistas bien armados.
  5. Durante 2008, la derecha neofascista continuó su «avance por las instituciones» consolidando su control de los gobiernos locales y regionales y las reivindicaciones sobre los ingresos de sectores económicos estratégicos, los cuales se encuentran en las regiones en contienda. A mediados de 2008, la derecha afirmó abiertamente sus reivindicaciones separatistas y procedió a crear un cuerpo de policía paralelo, una aduana y una agencia fiscal entre otras. El régimen separatista concedió licencia al comercio, a los terratenientes y a la élite urbana de la clase media. Por medio del liderazgo de las autollamadas «organizaciones cívicas» y sus secuaces armados, procedieron a intimidar y agredir a cientos de seguidores del gobierno, campesinos, activistas indios, propietarios de negocios pro-gobierno, vendedores ambulantes, profesores de colegio, trabajadores sanitarios y otros empleados públicos. La estrategia neofascista para hacerse con el poder estatal estaba basada en la acumulación de fuerzas a través de manifestaciones públicas de poder, reuniones masivas y cierres patronales para paralizar el comercio de las ciudades. Todos los partidarios del gobierno nacional que no respetaran los llamamientos a la huelga sufrirían crueles castigos públicos, incluyendo palizas y la humillación pública de indios y campesinos seguidores de Morales en las plazas metropolitanas, donde eran desnudados y azotados para burla de la mayoría blanca, de la multitud de origen europeo.

De las protestas a la toma de poder

Tras experimentar solamente suaves protestas sin importancia desde el régimen de Morales y García, en agosto de 2008, los neofascistas lanzaron un importante ataque sorpresa, dando rienda suelta y apoyo financiero y político a las agresiones a gran escala sobre las principales instalaciones federales, agencias, sindicatos y oficinas de asociaciones de campesinos en los cinco departamentos que controlaban. Éstos se hicieron con el control de los aeropuertos negando el derecho a aterrizar a cualquier directivo del gobierno o relacionado con éste, incluyendo al presidente Morales y al vicepresidente García y cualquier dignatario que estuviera de visita.

El acontecimiento que motivó el inicio de la «guerra civil» neofascista desde los altos cargos y la violenta toma del poder fue la victoria electoral de Morales y García en el referéndum del 8 de agosto, en el que Morales consiguió el 67% de los votos. El resultado dejó claro que la derecha no podía volver al poder nacional por medio de las elecciones, ya que su única mayoría electoral se encontraba en los departamentos que gobernaba. Pero incluso en los cinco departamentos gobernados por la derecha, Morales obtuvo aproximadamente el 40% de los votos, una fuerte minoría en las ciudades y una mayoría en muchas áreas rurales entre el campesinado.

La clase capitalista, como en otros lugares a lo largo de la historia, cuando se veía frente a algunas reformas de la propiedad moderadas, pero sobre todo frente a un régimen cobarde, que se retira y conciliador, ha descartado métodos de oposición constitucionales. Se unieron a los dirigentes locales neofascistas, líderes «cívicos» e incluso a las violentas bandas de jóvenes ricos de Santa Cruz. Morales rehusó ordenar a la policía y al ejército que defendieran los edificios públicos haciendo frente a los violentos ataques incendiarios, que destruyeron servicios públicos, telecomunicaciones, oficinas portuarias, de contabilidad, de mensura de tierras, archivos oficiales y registros estatales. Por el contrario, Morales les obligó a retirarse.

En Pando y Tarifa hicieron estallar los oleoductos y gaseoductos, causando importantes daños y costando millones de dólares en pérdidas de ingresos estatales. Finalmente el 11 de septiembre de 2008, más de cien campesinos pro-Morales fueron muertos o heridos en Pando en una emboscada organizada por vigilantes armados apoyados por el departamento del prefecto Leopoldo Fernández y sus seguidores de las organizaciones «cívicas».

La destrucción sistemática de todos los símbolos y rastro de autoridad del gobierno federal y el asesinato e intimidación de los campesinos seguidores de Morales marcaron el comienzo de la etapa final de este proceso de secesión que ya dura 3 años, la represión étnico-racial y la imposición de un nuevo orden político fascista.

Mientras la guerra civil dirigida por los neofascistas continuaba sin una oposición del gobierno nacional en las cinco provincias, los ministros de Morales adoptaban posiciones muy extrañas: García-Linera racionalizó la impotencia del régimen descartando la toma de poder por el aparato neofascista de los cinco departamentos como «actos vandálicos llevados a cabo por una banda de 500 gamberros». Mientras Bolivia ardía, el ministro del Interior, Alfredo Rada, y el ministro de «Defensa», Walker San Miguel, intentaron en vano minimizar la toma ilegal de poder de los neofascistas de casi la mitad del país con el 80% de la renta nacional reduciendo la inminente guerra civil a actos de «violento vandalismo delincuente en diferentes regiones del este y sur del país».

El 12 de septiembre de 2008 Morales, al parecer ajeno al ataque masivo y continuo y la toma de poder, llegó a convocar una reunión con los prefectos neofascistas para un «diálogo sin precondiciones». En otras palabras, Morales les absolvió de la masacre y trato brutal de más de cien campesinos e ignoró el sabotaje económico, que acompañaron a su toma de poder y la destrucción del petróleo, el gas y otros sectores esenciales productores de ingresos. Huelga decir que los neofascistas se reunieron con Morales sin conceder nada. De hecho, la única razón por la que accedieron a reunirse es porque Morales se vio finalmente forzado a declarar un «estado de sitio» en Pando –posterior al asesinato de 30 campesinos a manos de vigilantes armados bajo el control del prefecto de Pando, Leopoldo Fernández.

Las tropas tuvieron que despejar el aeropuerto de gamberros derechistas, quienes antes habían impedido el aterrizaje de un avión del gobierno. Los otros cuatro departamentos bajo control neofascista no se vieron afectados por la declaración del estado de sitio. En Pando, con militares ahora custodiando edificios públicos e instalaciones de petróleo y gas, el gobierno decidió por fin arrestar al prefecto de derechas por su colaboración en las masacres.

¿Un giro hacia el buen gobierno?

El presidente Morales ordenó finalmente al embajador estadounidense Phillip Goldberg que abandonara el país tras dos años de intervención directa en la planificación, financiación y apoyo de la lucha de clases neofascista organizada y la toma del poder regional. Con más de 125 millones de dólares en fondos de ayuda financió casi exclusivamente a las organizaciones «cívicas» neofascistas, y a través de éstas a los vigilantes raciales armados de la Unión Juvenil de Santa Cruz. La tan esperada declaración del estado de sitio de Morales se produjo bajo presión de sus descontentos seguidores entre los movimientos masivos del campesinado y la población ciudadana, quienes empezaron a organizarse y armarse independientemente del impotente gobierno federal. Morales también respondió a la presión desde Brasil, Argentina, Venezuela y otros países para acabar con la violencia. Brasil y Argentina se vieron afectados por la interrupción de importantes envíos de gas natural desde Bolivia. Incluso regímenes constitucionales de derechas, como el de Bachelet en Chile y Alain García en Perú, apoyaron a Morales e indirectamente le instaron a actuar por temor al precedente de que una exitosa toma del poder regional de carácter separatista y violento impulsado por la derecha pudiera reflejarse en sus países.

Conclusión

El estado de sitio y la expulsión del embajador norteamericano pueden verse como medidas positivas muy retrasadas para reiterar la soberanía boliviana y defender el orden constitucional, pero, ¿qué será lo siguiente?

Los neofascistas se han hecho con el poder gubernamental de la región. Aún controlan el 80% de los recursos económicos claves de Bolivia. La mayoría de la población bajo gobierno derechista no cuenta con la protección del gobierno central. Tan solo unos pocos oleoductos y gaseoductos naturales han sido temporalmente protegidos por las tropas federales. Morales ha contado con el ejército para defender su régimen, dejando fuera, marginando y desmovilizando a los emergentes movimientos populares de autodefensa. La fiabilidad del ejército boliviano no está garantizada. Tras convertirse en clave para la defensa del régimen de Morales contra la derecha neofascista, las fuerzas armadas pueden asumir poderes mayores, como árbitros del futuro del país. Morales está relativamente a salvo, refugiado en los Andes; pero sus partidarios de los cinco departamentos del este continúan enfrentándose al gobierno represivo de los neofascistas y sus bandas de vigilantes organizados. Igualmente importante, Morales, enfrentado con la violenta resistencia de la extrema derecha, muestra la firme intención de hacer nuevas concesiones sobre la renta y división del poder a la élite gobernante. Está abierto a realizar incluso mayores concesiones a los cien terratenientes, los magnates de los medios de comunicación, los banqueros y los agroexportadores, quienes han luchado por la secesión.

Repetidamente, durante los pasados 3 años, los indios, los campesinos, los mineros, los residentes de los barrios bajos y los empleados públicos se han organizado y luchado por una reforma agraria, la nacionalización de las minas controlada por los trabajadores, los yacimientos petrolíferos y sueldos y salarios decentes. Lo que han conseguido de Morales es un gobierno de autoridad fiscal, acuerdos económicos con empresas multinacionales extranjeras de extracción y enormes complejos industriales intocables. A pesar de tener un mandato que finalizar, Morales ha llevado a cabo una sucesión de esfuerzos fallidos para reconciliarse con las antagónicas élites económicas y regionales. Si hay una lección que Morales puede aprender de los campesinos que han sido degradados y azotados en las calles de Santa Cruz, los sindicalistas que tuvieron que abandonar sus sedes y casas por los incendio en Pando y los vendedores ambulantes que han sido llevados a los mercados en Tarija, es que no se puede «llegar a acuerdos» con los fascistas. Al fascismo no se le derrota con elecciones y concesiones a sus grandes pagadores terratenientes.

Nuevo réquiem por las libertades políticas

Editorial Gara

Con la misma celeridad con la que zanjó las deliberaciones sobre la ilegalización de ANV, el Tribunal Supremo acordó ayer por unanimidad colocar fuera de la legalidad a EHAK. Bastaron apenas unas horas para que el Alto Tribunal español decidiera la disolución de esta formación política, cubriendo sin sorpresas un nuevo capítulo de la ofensiva judicial contra la izquierda abertzale y dejando patente que la lectura y análisis de las alegaciones de los abogados -si realmente se produjo- no hizo perder horas de sueño a sus señorías. Se cumplieron, punto por punto, los augurios del grupo parlamentario de Ezker Abertzalea, que ayer mismo daba por segura la ilegalización y, más significativamente, los que días antes de hacerse público el fallo realizaba el portavoz parlamentario del PSOE, José Antonio Alonso, sobre el signo de la decisión judicial.

La semana que ahora se cierra ha puesto negro sobre blanco la determinación del Estado en su estrategia para intentar hacer desaparecer del mapa político a la izquierda abertzale. No ha tenido reparos -ni democráticos ni judiciales- a la hora de ilegalizar un partido político histórico como ANV, con el que el propio PSOE llegó a compartir lucha política en aquel Bloque Antimonárquico hace más de setenta años y posteriormente trinchera en la cruenta guerra del 36. Tampoco le ha causado ningún embarazo ilegalizar el movimiento pro- amnistía y condenar a doscientos años de cárcel a 21 ciudadanos vascos que si por algo se han destacado ha sido por dedicar su labor de militancia para sacar a la luz la represión de los estados francés y español y hacer llegar su solidaridad y apoyo a centenares y centenares de represaliados políticos.

A falta de conocer los ropajes de su redacción, la sentencia de ayer no se desvía un ápice de la amplia autopista de atropellos judiciales encaminados a desbaratar la disidencia política en Euskal Herria. «Quien no acepte la Constitución quedará fuera de la vida política», manifestaban ayer fuentes del Gobierno español al valorar la ilegalización. Olvidan, omiten, de nuevo, que esa Constitución nunca fue aceptada por este pueblo. Y que el déficit democrático con el que se inició aquello a lo que llamaron transición no ha hecho sino degenerar en estas tres últimas décadas hasta desembocar en un estado de excepción que hoy apesta en Euskal Herria.

Prohibir la realidad

Javier Ortiz

Público

Se declara contento el presidente del Gobierno porque, en aplicación de las últimas sentencias judiciales ilegalizadoras, dejará de haber miembros de la izquierda abertzale que estén presentes en las instituciones “representando a siglas” (sic) inaceptables.  

En este caso me coinciden la objeción jurídica y la política.

Objeción jurídica: las actas que reciben los electos les son otorgadas a título personal, con independencia del partido al que pertenezcan (si es que pertenecen a alguno), de modo que su cargo no depende de la situación legal de ninguna organización política. Precisamente por eso pueden cambiar de bando o crear el suyo propio y seguir ocupando su escaño. Ilegalizados ANV y el PCTV-EHAK, quienes resultaron elegidos en sus listas seguirán ocupando sus cargos hasta la convocatoria de nuevas elecciones.

Objeción política: los electos no representan a siglas, sino a votantes. Los partidarios de la izquierda abertzale no asientan sus reales en un buen puñado de ayuntamientos de Euskal Herria y en el Parlamento de Vitoria porque tal o cual sigla esté inscrita en el registro del Ministerio del Interior, sino porque decenas de miles de ciudadanas y ciudadanos vascos los han respaldado con sus votos.

Y ahí está el fondo de la cuestión. Lo que el Estado español está haciendo a través de todos sus poderes, incluido el cuarto, no es sólo prohibir siglas, sino también tratar por todos los medios de dejar sin representación política a una parte de la sociedad vasca (cada vez más difícil de cuantificar, precisamente por las prohibiciones). ¿Qué demócrata puede felicitarse por haber contribuido a tapar la boca al 10%, al 12% o al 15% de una sociedad?

Un refrán francés dice: “Chassez le naturel, il revient au galop”. Traducido a nuestro lenguaje coloquial: no te empeñes en negar la realidad; te volverá al instante.

El generalísimo Franco sacó un decreto por el que prohibió la lucha de clases. Como no le gustaba que existiera, decidió encarcelarla. Su actitud parece que no deja de hacer prosélitos. Siguen siendo muchos los que se empeñan en cambiar la vida por decreto.

Una curiosidad: a veces lo consiguen.

Crisis del sistema, no de las inmobiliarias

Miguel Ángel Llana

Rebelión

Esta es una historia equívoca porque, en primer lugar, se abusa de los efectos de la crisis y se eluden, una y otra vez, las causas que ni siquiera se mencionan y sobre las que no se están tomando medidas, sino al contrario, intentan resolverlo con la mismas políticas que han causado el actual problema y, en segundo lugar, porque la crisis lo es sobre todo para los millones de ciudadanos a los que realmente les toca padecerla y, además, pagarla. La pregunta es: ¿Quién está, realmente, en crisis, desde cuando, porqué y cuál es la causa?. Ni Gobierno, ni oposición ni los medios responden a nada de todo esto.

Resulta que unas promotoras inmobiliarias, que durante años han amasado fortunas, diseñaron a su medida la ley del suelo y un sistema crediticio que ahora entra en problemas cuando no en quiebra. Con toda la Administración a su servicio, acapararon y recalificaron más de 20.000 hectáreas de suelo urbanizable cada año para terminar imponiendo su ley, pero no en el teórico terreno de un "libre mercado" inexistente, sino ante unos compradores atados de pies y manos a un salario que, de un modo o de otro, es condicionado por las propias promotoras y entidades financieras como parte que son del poder político-económico.

Pero, ahora resulta que son las promotoras las que están en crisis, es decir, ya no pueden seguir hinchando su negocio por la sencilla razón de que la acumulación de recursos y de dinero ha vaciado los bolsillos y las posibilidades de los ciudadanos, incluyendo la de hipotecarse de por vida. Estas promotoras han entrado en crisis porque ya no hay clase media a quien vender y porque tanto han apretado a lo que ellos denominan "libre mercado" que lo han asfixiado.

Mientras, millones de españoles de a pie no pueden ni siquiera pensar en comprar o alquilar una vivienda aunque, en cambio, millones también de viviendas permanecen vacías y así continuarán. Semajante despilfarro de recursos no es mayor que la tozudez neoliberal de los políticos del Gobieno. Pero, así las cosas, resulta que la crisis es para el promotor que tiene las viviendas en barbecho y, en cambio, no hay crisis ni problema para quien no tiene vivienda y ni siquiera puede iniciar o mantener su vida familiar.

Sigue siendo crisis para el promotor que no sabe qué hacer con tanto piso vacío que ahora no tiene modo de vender pero, su drama aumenta porque no puede seguir construyendo más y más viviendas, desocupadas, aunque en cambio, para los dos millones y medio de parados -¿Quién se acuerda de ellos?- no hay crisis ni problema porque ni siquiera existen, de hecho, o sólo como pura estadística que España encabeza, y casi duplica, la tasa de paro de la UE, sin mencionar el liderazgo en la precariedad del empleo, los contratos basura, accidentes laborales y un largo etc.

Los promotores inmobiliarios están en crisis de oferta, de abundancia, es decir, han construido a destajo, tienen demasiado y no pueden venderlo; han apilado una fortuna. Pero, sería mejor decir que más bien es una crisis de demanda porque la gente no puede comprar, sin olvidar, además, que están con problemas económicos, o en paro, por causas directas y debidas, precisamente, a esta nefasta política neoliberal.

Así las cosas, al Gobierno, para resolver el problema, opta por subvencionar y solidarizarse con los promotores y abre una línea de crédito de 3.000 millones de euros. Es decir, salvemos a los promotores y ayudemos a las inmobiliarias en su crack de ahora para que puedan seguir construyendo más pisos vacíos que nadie puede comprar. Y, ¿Qué pasa con la crisis social derivada de la inflación, la precariedad, el empleo y los servicios sociales cada vez más escasos y más privatizados?

Siguiendo con el lenguaje neoliberal del Gobierno, si hay saturación de la oferta, si sobran pisos a este precio y en estas condiciones ¿Porqué y para qué subvencionar más a los promotores que nunca han repartido beneficios?. ¿No sería más lógico subvencionar a la demanda que no puede comprar lo que además sobra y está ocioso? Ni siquiera, el gobierno y patronal, se comportan conforme a las leyes de su mercado al que dicen atenerse. Porque, sucede que no hay "libre mercado", ni más falso, ni más artificial que el existente que sobrevive gracias a la coacción y al apoyo de los recursos públicos. Bien sea directamente o mediante una política urbanística, fiscal o económica en perjuicio, y a costa claramente, de los ciudadanos.

Desde los años noventa, el valor astronómico de los terrenos recalificados sumaba, cada año, más del 20% del PIB y más de un tercio de la masa salarial bruta de los españoles. Estas recalificaciones a favor de los promotores las hacía, y las continua haciendo, la Administración (Local, Autonómica o del Estado) de modo que un terreno que no vale nada o casi nada, su valor se multiplica por decenas o centenas por el hecho de poner una firma o "programar" una actuación urbanística que crea una plusvalía absolutamente artificial, ficticia, que es la esencia de la especulación en estado puro. Y, al lado, la corrupción sistemática.

El gravísimo problema es el social, precisamente del que menos se habla, y que es consecuencia directa de esta política económica y fiscal que favoreció el "libre mercado" de la especulación y del dinero fácil. Pero, ahora, la situación se agrava al suprimir el Impuesto sobre el Patrimonio porque va a contribuir de inmediato a un mayor fraude fiscal que, como fácilmente se adivina, va de la mano de la especulación. Conviene recordar que, aunque la recaudación del impuesto sobre el patrimonio fuera especialmente ridícula, servía al menos, para conocer el patrimonio y su evolución. Ahora ya ni esto.

Pretenden y esperan activar el sector pero, con las medidas que no se toman por ningún lado, continuarán sin resolver nada, salvo el ajuste por quiebra y ruina de los ciudadanos que han de pagar el parón inmobiliario a cambio de nada. A estos precios y en estas condiciones ¿Más pisos para qué, si los que hay no son asequibles y los que se construyan tampoco lo serán?

Nada ha cambiado. La crisis es del sistema y de los políticos del gobierno noeliberal de turno.

La infanta Elena cobrará 200.000 euros para ayudar a los niños de Latinoamérica

Carlos Martínez

Rebelión

Ayer hemos conocido que la Infanta Elena tendrá un nuevo “trabajo” y cobrará por él unos 200.000 euros anuales, casi 24 veces el salario mínimo interprofesional español, pero lo que más llama la atención es que sus funciones según el diario “El País” serán “en España de integrar laboralmente a personas discapacitadas. En Suramérica colabora en dar educación a niños con problemas de exclusión”. Este diario, servil hasta la vergüenza ajena con la monarquía, justifica esta contratación: “Ambos cometidos están directamente relacionados con actividades por las que la Infanta se ha interesado en el pasado. Doña Elena estudió magisterio y hasta ahora daba clases de inglés en un colegio del que es propietaria junto con un grupo de amigos”.

Cualquier ciudadano con un mínimo de sentido crítico se preguntará ¿No habrá personas con más formación y con salarios más económicos para este empleo? ¿Qué sabrá la infanta de integrar laboralmente a personas discapacitadas que no sean miembros de la realeza? ¿Que tendrá que ver tener un colegio para ricos con los niños pobres? Pero lo realmente vergonzoso es que se ha convertido en asesora para dar educación a niños con problemas de exclusión en Latinoamérica. Con el salario que recibe la infanta se podría pagar a 100 maestros en Perú durante un año, algo que los niños peruanos agradecerían mucho más que el asesoramiento de Doña Elena. Siempre he tenido la percepción (este es un ejemplo claro) que todo el dinero que las estados presupuestan para servicios sociales, al final y en su mayor parte, se destina a sueldos de altos cargos, funcionarios y gasto corriente, y que sería mucho más practico, barato y rápido hacer un simple reparto del presupuesto entre los necesitados.

La otra cara del asunto es el fraude de ley que cometen las grandes empresas españolas con la creación de fundaciones. Estas instituciones tienen que tener fines benéficos y por ello estas corporaciones no pagan impuestos por el dinero que invierten en ellas. La realidad nos dice que las fundaciones se utilizan para pagar sueldos vitalicios a familiares, amigos y amantes sin necesidad, ni siquiera, de disimular que no trabajan nada. En este caso, el grupo asegurador Mapfre se asegura una buena relación con la Casa Real. Son 200.000 euros anuales de gasto que una empresa considera rentable.

"Yo también soy culpable"

Dentro de la estrategia de criminalización impulsada desde Colombia por su presidente Álvaro Uribe, de todas aquellas personas que trabajan por la búsqueda de una resolución pacífica del conflicto colombiano, conforme a los principios del Derecho Internacional Humanitario, el pasado mes de Junio fue detenida Remedios García Albert, acusada de ser la dirigente de las FARC en Europa. García Albert está en libertad bajo fianza.

Mientras tanto, se suceden las muestras de solidaridad con la detenida. Una de las últimas, un texto de "autoinculpación" firmado inicialmente por Rosa Regàs, Carlos Taibo, Martín Medem, Santiago Alba Rico, Antonio Romero y Paco Frutos.

Yo también soy culpable

Señor Juez, no podía más con los cargos de mi conciencia y he venido a presentarme personal y voluntariamente. No podía dormir. Tampoco comer y casi ni respirar. Mis crímenes y delitos tenían mi cabeza hecha un infierno.

Por eso vengo a confesar.

Que cometí el horrendo crimen de pensar que la paz en Colombia era posible. Me declaré en rebelión contra la guerra y contra la muerte y en concierto para delinquir participé en conferencias, seminarios y encuentros junto a otros y otras tan horrorosamente culpables como yo.

Tuve la desvergüenza de denunciar los justos asesinatos de los sindicalistas, los indígenas, estudiantes y campesinos. El descaro de repudiar el genocidio contra la Unión Patriótica. Apostrofé de la tortura, de las desapariciones forzadas y hasta de los descuartizamientos con motosierra hechos por los héroes paramilitares con la patriótica ayuda de Generales, terratenientes y parlamentarios. Dudé de la santidad de un hombre tan extraordinario como Álvaro Uribe. Pequé, lo confieso, al pensar que tenía nexos con narcotraficantes y paramilitares.

Y para rematar, Señor Juez, y por favor que esto no quede en el prontuario, me hice cómplice de la vida, testaferro de la esperanza y colaborador de la utopía.

Condéneme, Señor Juez.

Por favor, condéneme

Primeros firmantes: Rosa Regàs, José Manuel Martín Medem, Carlos Taibo, Santiago Alba Rico, Antonio Romero, Francisco Frutos

Adhesiones: [e-mail] (indicar DNI)

El Tribunal Constitucional y las dos Españas

Javier Ortiz

Público

La Transición española se realizó aplicando una norma que en su momento a muchos pareció astuta y eficaz, pero cuya fragilidad se ha ido evidenciando más y más con el paso del tiempo. La norma en cuestión fue, por decirlo a la pata la llana, el pasteleo. Cada vez que se les presentaron dos posibilidades antagónicas en su tarea de reorganizar el Estado, los padres de la Patria, encargados de reconvertir el franquismo en un régimen parlamentario, asumieron las dos, y se quedaron tan anchos. Eso dio como resultado muy diversas anomalías, entre ellas la que supuso establecer que existe una sola nación española pero, en cambio, diversas nacionalidades, a algunas de las cuales se las consideró además depositarias de derechos históricos.

El texto del Estatuto de Autonomía vasco, aprobado en tanto que Ley Orgánica en 1979, arranca diciendo: “El Pueblo Vasco o Euskal-Herria, como expresión de su nacionalidad…” Sin embargo, el Tribunal Constitucional, en su resolución de anteayer sobre la Ley vasca de Consulta, ha decidido que no cabe presuponer la existencia de una entidad jurídica denominada “el Pueblo Vasco” (tal cual: entre comillas). Veamos. Si el pueblo vasco ha sido reconocido por la ley española como tal pueblo, con o sin mayúsculas, y si se admite que constituye una nacionalidad, merecerá que se le reconozcan los derechos que los acuerdos y tratados internacionales asignan a los pueblos y nacionalidades. Pero también cabe dar la vuelta a la moneda y decir: si la ley española establece que por estos pagos sólo hay un titular de soberanía, que es el Pueblo Español (también con mayúsculas, pero sin comillas, por si acaso), entonces “el Pueblo Vasco” ni es pueblo, ni es nacionalidad, ni es nada que tenga capacidad para decidir por su cuenta.

Las dos tesis son defendibles, porque las dos tienen apoyatura jurídica en un régimen que decidió dictar leyes a gusto de todos, fueran militares golpistas o nacionalistas de cualquier procedencia.

Lo significativo es que las máximas instancias del Estado estén dando ahora prioridad a las normas que se aprobaron en su día para calmar a los herederos del franquismo.

Una flor con el tallo verde

Miguel Ángel Santos Guerra

Comienza un nuevo curso escolar. Abren de nuevo sus puertas los Colegios e Institutos, que son talleres de aprendizaje laboratorios de ciudadanía. El profesorado se incorpora a sus puestos de trabajo, agrupado en equipos que multiplican la eficacia de la acción educativa. Los alumnos y alumnas acuden con sus mochilas llenas de libros, de nostalgia y de nerviosismo. Los papás, que en los veranos descubren de nuevo la importancia y la dificultad de estar ininterrumpidamente con los hijos, los llevan a los Colegios preocupados por la suerte que van a correr.

- ¿Quién va a ser su tutor este curso?, preguntan inquietos.

La respuesta (si ya conocen al profesorado) los llenará de satisfacción o de graves preocupaciones. Qué buena noticia es para un profesional de la educación que los padres y madres, cuando conocen que su hijo va a estar en sus manos, se llenen de alegría.

Todos a pensar. Todos a trabajar. Todos a convivir. Cada uno en la parte que le corresponde para que ese proyecto compartido tenga éxito. Si una de las partes no cumple con su función, el fracaso está asegurado. Por eso brindo a cada uno de los integrantes de la comunidad este sencillo eslogan: por mí que no quede.

¿Qué es lo que se pretende? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se consigue? No basta con repetir las rutinas. No es suficiente diseñar y desarrollar un curriculum en el que se explicitan los objetivos y los métodos. No basta la buena voluntad. Hay que preguntarse por los efectos subrepticios que lleva consigo una manera determinada de actuar.

Hace unos años llegó a mis manos un sencillo e interesante relato de una profesora argentina llamada Helen E. Buckley. En su extrema simplicidad encierra una carga abrumadora de interrogantes. El texto no necesita comentario alguno. Su pretensión didáctica es tan contundente que nos aboca inexorablemente a la reflexión y al debate. Dice así:

Una vez un niño fue a la escuela. El niño era muy pequeño y la escuela muy grande. Cuando el niño descubrió que podía ir a su aula con sólo andar en línea recta, se sintió feliz. Y ya no siguió pareciéndole que la escuela fuera tan grande. Una mañana, cuando el niño ya llevaba un rato en la escuela, la maestra dijo:
- Hoy vamos a hacer un dibujo.
- Muy bien, pensó el niño. Porque a él le gustaba dibujar. Podía pintar leones y tigres, gallinas y vacas, trenes y barcos... Y sacó sus lápices de colores y se puso a dibujar. Pero la maestra dijo:
- Esperad. Aún no es el momento de empezar.
Y esperó a que todos estuvieran dispuestos.
- Ahora, dijo la maestra. Vamos a dibujar flores.
- Qué bien, pensó el niño Porque a él le gustaba pintar flores. Y empezó a dibujar bonitas flores, con sus lápices rosados, amarillos, azules y verdes. Pero la maestra dijo:
- Esperad, que yo os mostraré cómo se hacen.
- Así, dijo la maestra.
Y dibujó sobre la pizarra una flor roja con el tallo verde.
- Ya, dijo la maestra. Ahora ya podéis empezar.
El niño miró la flor de la maestra y después miró la suya. A él le gustaba más su flor que la de la maestra, pero no lo dijo. Y se limitó a dar la vuelta a la hora para hacer una flor como la de la maestra: era roja con tallo verde.
Otro día, cuando el niño había abierto él solo la puerta de entrada, la maestra dijo:
- Hoy vamos a trabajar con plastilina.
- Bien, pensó el niño. Porque a él le encantaba la plastilina. Podía hacer con ella toda clase de objetos: serpientes y muñecos, elefantes y ratones, coches y trenes... Y empezó a amasar un puñado de plastilina. Pero la maestra dijo:
- Esperad, no es hora de comenzar.
Y él esperó hasta que todos estuvieron dispuestos.
- Ahora, dijo la maestra. Vamos a hacer una víbora.
- Qué bien, pensó el niño. Porque a él le gustaba hacer víboras. Y empezó a hacerlas de distintos colores y tamaños. Pero la maestra dijo:
- Esperad a que yo os enseñe.
Y entonces les enseñó a hacer una viborita larga.
- Ahora, les dijo, ya podéis empezar.
El niño miró la viborita que había hecho la maestra y después la suya. Las suya le gustaba más que la de la maestra, pero no reveló nada de eso. Y se limitó a amasar la bola de plastilina y a hacer una viborita como la de la maestra.
Así, poco a poco el niño aprendió a esperar y a observar y a hacer las cosas igual que la maestra. Y muy pronto dejó de hacer las cosas por sí mismo.

Entonces sucedió que el niño y su familia se mudaron a otra casa en otra ciudad y el niño tuvo que ir a otra escuela. Una escuela aún más grande que la anterior. Tenía que subir unos grandes escalones y caminar por un pasillo largo para llegar a su aula. Y el primer día de clase, la maestro, dijo:
- Hoy vamos a hacer un dibujo.
- Bien, pensó el niño. Y se quedó esperando a que ella le dijera lo que tenía que hacer. Pero la maestra no dijo nada. Se paseaba entre los niños y las niñas por el aula. Cuando llegó junto al niño le preguntó si no quería dibujar.
- Sí,. dijo él. Pero, ¿qué vamos a hacer?
- Yo no sé hasta que tú lo hagas, dijo la maestra.
- Pero, ¿cómo tengo que hacerlo?
- Como a ti te guste, dijo la maestra.
- ¿Y de qué color?, preguntó el niño.
- De los que tú quieras Si todos hicieseis el mismo dibujo y usaseis los mismos colores, ¿cómo iba a saber yo cuál era de cada uno?
- Yo no sé, dijo el niño. Y comenzó a hacer una flor roja con el tallo verde.

Pues bien, yo quisiera que en todas las escuelas estallase con el nuevo curso una primavera incontenible de flores variadas, irrepetibles y multicolores.

Un escandaloso error judicial: el caso de la Fundación Joxemi Zumalabe

Ramón Zallo

Rebelión

El 19 de diciembre de 2007 se hizo pública la sentencia de la Audiencia Nacional sobre el sumario 18/98. Las irregularidades del 18/98 (contra 64 personas imputadas) llamaron la atención a los expertos internacionales por su falta de garantías y por otros motivos: tamaño descontrolado del macro sumario con más de 11 piezas separadas y 300 tomos; denuncias de vulneración de derechos fundamentales a lo largo de todo el procedimiento afectando a los principios de igualdad de las partes o manteniendo de forma injustificada el secreto de sumario; impulso político y policial en la instrucción de la causa; descontrol del Tribunal sobre el sumario instruido y las pruebas…. La sentencia pretendió la represión de la izquierda abertzale desde una justicia políticamente instrumentalizada, tal y como lo explicó en Rebelión el periodista Mariano Ferrer.

El caso Zumalabe

Pero dentro del sumario había una pieza contra la Fundación Joxemi Zumalabe, un movimiento social autónomo partidario de la Desobediencia Civil (DC) cuyas condenas están también recurridas en casación a la espera del señalamiento de la vista en el Tribunal Supremo.

Tres miembros de la FJZ se encuentran hoy en prisión provisional, otros cinco en libertad bajo fianza (el profesor Mario Zubiaga, el periodista Sabino Ormazabal, Alberto Frías, Olatz Altuna, y Fernando Olalde) y uno en paradero desconocido. Sus condenas rondan de los 9 a los 13 años. La incoherencia en este caso llega al summum al condenar a los miembros de la Fundación por coincidir discursivamente en un solo objetivo –la desobediencia civil- con ETA, aunque no conste relación alguna ni siquiera ideológica con ella. Bajo esa premisa podrían condenar a todos los partidos nacionalistas por coincidir con ETA en nacionalismo y pretender subvertir el orden constitucional, o a todos los partidos de izquierda que lo sean por coincidir con el GRAPO y pretender el socialismo.

La sentencia de 1.182 folios es un caso de desorden lógico, afirmaciones sin base probatoria, interpretaciones infantiles o interesadas y de manipulación de los hechos. La crítica de “Euskal Herria Watch” (300 juristas observadores) ha sido demoledora como una quiebra de la Justicia -y añado- se trata de una sentencia que es un monumento a la incompetencia y falta de lógica del Tribunal juzgador –no distingue entre discursos y realidades ni entre la fantasía policial y los hechos probados- y, sobre todo, es un atentado a la libertad de organización para cambiar el sistema por vías pacíficas y legítimas próximas a las tesis de Gandhi. Una vergüenza. Ver el “3º Informe. La Audiencia Nacional contra la Desobediencia Civil en Euskal Herria. Juicio oral, sentencia y recurso”(Junio 2008). 

Todos los imputados explicaron la total ausencia de relación de la actividad desarrollada en el marco de la Fundación Joxemi Zumalabe no ya con ETA sino ni siquiera con KAS, ASK o Batasuna, para lo que aportaron como prueba documental los veinte volúmenes que recogen la literal totalidad de los documentos generados en la vida de la Fundación (escrituras notariales, certificaciones institucionales en relación con las obligaciones fiscales y laborales o las subvenciones recibidas, actas de sus 25 reuniones, documentación de cada una de las actividades; los encuentros de los movimientos sociales (años 1999 a 2002), Foro Social de Euskal Herria; todos los boletines mensuales publicados y los documentos de debate internos, la revista Ezpala, un ejemplar de la Guía de los movimientos sociales de Euskal Herria, revistas monográficas sobre la desobediencia civil de diferentes colectivos (Gesto por la Paz, Herria 2000 Eliza, Hika..)

La prueba testifical fue, asimismo, exhaustiva. Más de 60 personas comparecieron en el juicio para ofrecer su testimonio, entre ellas el Rector de la Universidad y el abajo firmante atestiguando a favor del profesor Zubiaga.

Asimismo se presentó como prueba pericial, un informe sociológico–politológico elaborado por profesores de la UPV y firmado por: Pedro Ibarra, Imanol Zubero, Rafael Sainz de Rozas y Xabier Aierdi. El informe pericial no puede ser más explícito en sus conclusiones, desestimando las tesis policiales, desvinculando de ETA las actividades realizadas en torno a la desobediencia civil, describiendo el papel jugado por la Fundación en cuanto a apoyo de movimientos y no instrumentalización de los mismos e interpretando el significado de la ponencia Piztu como absolutamente alejada de las tesis y los métodos defendidos por ETA.

Conclusiones textuales del informe pericial

Sobre La Fundación Joxemi Zumalabe, el MLNV y ETA dice:

“A) No cabe integración o pertenencia inconsciente a un movimiento social o a un conglomerado de movimientos sociales. No cabe adjudicar desde fuera identidades, objetivos o fines, sin tener en cuenta que los que el propio movimiento afirma como suyos abonan, a la luz de los hechos de los que se tiene constancia, una hipótesis notablemente más sólida. Tampoco cabe establecer “vinculaciones genéricas” de una organización social concreta con un entramado movimentista más amplio sin un análisis riguroso de los datos que arroja la instrucción en torno a sus documentos, sus actividades internas y externas, sus relaciones, las redes en las que desarrolla su trabajo y sus discursos ideológicos.

B) Las familias de movimientos sociales, los movimientos y las organizaciones de los movimientos, así como sus relaciones con otros agentes u organizaciones políticas y sociales deben por ello distinguirse, habida cuenta de que el repertorio de acción que cada uno utiliza es definitorio de su identidad, y no permite englobar genéricamente a todo el sector “movimiento social vasco” en una misma identidad colectiva, pretendidamente definida además por la identidad y características de una sola organización, ETA, que por sus características de radicalidad, clandestinidad y práctica violenta en ningún caso puede nuclear un sector social tan amplio, variado y complejo.

C) El MLNV en su conjunto no es un instrumento de una organización, cualquiera que sea su naturaleza, sino una familia de movimientos en sintonía ideológica. El MLNV como tal no ha estado en ningún momento bajo la dirección y control de KAS, ni, por supuesto, de ETA.

D) El estudio de la realidad de los movimientos sociales, en general, y el MLNV, en particular, a lo largo de los años nos lleva a corroborar que las estructuras de los movimientos sociales no son susceptibles de instrumentalización, control y dirección por parte de una sola organización. Dadas sus relaciones características y su filosofía no es posible establecer relaciones organizativas instrumentales en el seno de las familias de movimientos sociales.

E) La relación de la Fundación Joxemi Zumalabe con los movimientos sociales no ha hecho sino responder a una demanda previa de esos mismos movimientos, básicamente en los ámbitos de la formación, la reflexión teórica o el debate público. La Fundación Joxemi Zumalabe no responde a los parámetros de vanguardia socio-política que pudiera haber tenido la organización ASK, por lo que en ningún caso puede ser su heredera.

F) Así las cosas, analizada la actividad que de la Fundación consta en este sumario, así como su estructura y funcionamiento interno, es evidente que su actividad no ha consistido en transmitir, trasladar o hacer cumplir ninguna clase de orden o instrucción disciplinadora a los movimientos sociales vascos”.

Sobre la “Fundación Joxemi Zumalabe y la Desobediencia Civil” dicen los peritos:

“A) Las conductas que son objeto de enjuiciamiento se inscriben en un amplio conjunto de iniciativas surgidas en el País Vasco en torno a la Desobediencia Civil desde principios de la década de los ochenta, cuyos valores y reivindicaciones han venido siendo ajenos e incluso contrarios al mayor o menor interés que ETA, en momentos determinados, haya podido mostrar por esta forma de participación política.

B) Desde el punto de vista de la ciencia política, las acciones y campañas cuya promoción se imputa a los acusados relacionados con la Fundación Joxemi Zumalabe vienen claramente orientadas desde los principios de la Desobediencia Civil: son actividades públicas, consecuentes y no violentas.

C) Aunque habida cuenta de que la actividad de la Fundación está simplemente dirigida a fomentar el debate sobre la cuestión, dicha actividad ni siquiera puede caracterizarse como desobediencia civil, al no tratarse de comportamientos ilegales en sí mismo considerados. No se trata de un grupo que lleve a cabo ni promueva directamente acciones de DC, sino de un ámbito de reflexión teórica y de fomento del debate público en torno a la historia y las potencialidades de esta forma de acción política.

D) El hecho de que los fines últimos de las campañas de DC llevadas a cabo en el País Vasco vengan formulados en términos de transformación radical de la realidad, incluso desde una perspectiva soberanista, no las sitúa necesariamente en una perspectiva unificante, ni con los medios, ni tampoco con los fines de ETA. Al contrario, la dinámica de movilización social que les es propia no interactúa con la actividad violenta en clave de complementariedad sino de alternativa, no sólo en el plano instrumental sino también en el teleológico, y ello con independencia de cuáles puedan ser los deseos o las manifestaciones de ETA al respecto.

E) Del mismo modo que hay reivindicaciones en el ámbito laboral, ecologista, educativo o de la justicia social en general que ETA dice hacer suyas, pero es incapaz de condicionar porque cuentan con actores y dinámicas sociales con entidad propia, tampoco tiene posibilidades reales de condicionar –mucho menos de “diseñar” ni potenciar”- el contenido de conceptos como “transformación social” o “construcción nacional”, especialmente cuando las iniciativas políticas que los tienen por objetivo reúnen, como es el aquí el caso, las características propias de la desobediencia civil.

F) Cuanto venimos diciendo ha estado presente en la teorización sobre DC realizada o fomentada por los acusados, por ello, no es creíble que la Fundación Joxemi Zumalabe haya podido ser un instrumento de ETA para implementar la orden de trabajar la DC como complemento a la lucha armada en el marco de un proceso compartido de construcción nacional.”

Se puede decir más alto pero no más claro. El resultado en una sentencia inicua y absurda que debe revisarse por el Tribunal Supremo. 

Bolivia: la historia señala

Jordi Oriola i Folch y Mónica Vargas Collazos

Rebelión

El mismo día que se hacen públicos documentos clasificados del Archivo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos que dejan aun más clara la implicación de este país en el golpe de Estado que derrocó al presidente Allende en Chile, Evo Morales denuncia la injerencia de los EEUU en Bolivia y expulsa al embajador estadounidense por conspirar contra la democracia boliviana.

Algunos medios de comunicación nos explicarán quizás la situación como aquella de un gobierno populista y autoritario que busca limitar la libertad de opinión e, injustificadamente, impedir contactos entre EEUU y líderes políticos de la oposición democráticamente elegidos en las regiones del oriente. Pero afirmar ésto implicaría vendarse irresponsablemente los ojos ante la historia latinoamericana y las evidencias.

Quien encabeza la oposición en Bolivia son los grupos de mayor poder económico, grandes propietarios de tierras (donde aún mantienen regímenes de semi-esclavitud), que incumplen las normativas de repartición agrarias y que se oponen a las políticas de redistribución de los recursos, en uno de los países más empobrecidos del continente.

Cuentan con el apoyo de los Estados Unidos, y además disponen de un grupo de choque, la “Unión Juvenil Cruceñista” que siembra el terror atacando violentamente a los que no piensan como ellos. Sus últimas acciones: la toma, asalto y saqueo del Instituto Nacional de la Reforma Agraria, de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, de los escasos medios de comunicación televisivos y radiofónicos no controlados por la oposición, de aeropuertos, aduanas y de oficinas de organizaciones de la sociedad civil. El objetivo es de volver ingobernable el país.

La historia se repite, y el peligro de un intento de golpe de Estado se insinua. Cuando el gobierno de Estados Unidos se reune con los responsables políticos de estas acciones, hace un flaco favor a la democracia boliviana. ¿Tendremos que esperar la desclasificación de los archivos de la administración Bush dentro de 35 años para darnos cuenta? Evo Morales ha tomado una decisión que muchos gobiernos deberían atreverse a tomar, pero que no lo hacen por temor a las repercusiones económicas (y hasta militares) que ello conllevaría. Por ello, hoy celebramos una acción valiente, que se sustenta en la soberanía de un estado y la dignidad un pueblo.

Los economistas de La Moncloa

Juan Torres López

Diagonal

A finales de julio, el Gobierno convocaba a un grupo de conocidos economistas. Analizamos la trayectoria neoliberal de los llamados a buscar salidas ante la crisis. Da la impresión de que el presidente del Gobierno no tiene mucha suerte con los economistas que le rodean. O que no elige bien.

No me voy a referir a las ideas liberales de quienes forman parte de su Oficina Económica, porque al fin y al cabo eso es resultado de una preferencia. Lo que me extraña ahora es que el presidente recurra a economistas que se equivocan en sus análisis y previsiones.

Así, el informe que le preparó David Taguas como director de la Oficina para 2007 decía nada más y nada menos que “el escenario de riesgo caracterizado por una desaceleración brusca de la actividad como consecuencia del comportamiento del mercado hipotecario y del déficit por cuenta corriente de EE UU tiene una probabilidad bastante reducida” (Informe Económico del Presidente 2007).Y me temo que algo parecido le vuelva a ocurrir al presidente a la vista de los “destacados economistas”, en expresión de los medios de comunicación, a los que ha convocado para que le analicen la crisis y sus repercusiones.

Veamos. Ángel Laborda es el director de coyuntura y estadística de Funcas y en noviembre de 2006 decía : “Las condiciones que determinan la demanda, la oferta y el precio no van a cambiar drásticamente en los próximos dos o tres años como para que se produzca un pinchazo (...) La previsión es que el BCE (...), como mucho, los siga subiendo hasta el 4% en el próximo año” (El Mundo, 24 de noviembre de 2007).

Otro de los economistas convocado por el presidente es Juan Iranzo, director del Instituto de Estudios Económicos, que en abril del año pasado opinaba que “la construcción sigue teniendo buenas perspectivas en España” (ABC, 25 de abril de 2007).

También asesorará a Rodríguez Zapatero, Juan José Toribio, ex director ejecutivo del FMI. En febrero de 2007 se informaba que en su opinión “la inflación está suficientemente controlada y que no es necesario subir tipos”.

Aunque es cuestión de apreciaciones sobre lo que se entiende por suave, también cabe destacar que lo que en marzo de 2007 apreciaba otro de los convocados, Carlos Maravall, de Analistas Financieros, era que el sector inmobiliario “ha entrado en una fase de aterrizaje suave”.

Y no deja de ser una opinión algo sorprendente sobre la evolución del sector inmobiliario la de José Luis Escrivá, director del Servicio de Estudios del BBVA, que en diciembre decía que “El escenario de riesgo” (...) era “una probabilidad bastante reducida”. Sobre el informe económico de Moncloa de 2007 del año pasado opinaba que registra una “convergencia ordenada entre oferta y demanda de vivienda” y en esa misma fecha señalaba como ejemplo “de la robustez” del sector de la construcción el hecho de que no se hayan sucedido muchos más casos de quiebras y suspensiones de pagos de empresas (Europa Press, 20 de diciembre de 2007).

Tampoco suele ser muy acertado en sus previsiones José Antonio Herce. En 1995 pronosticaba que la Seguridad Social tendría un déficit del 0,77% del PIB en 2005, en otro trabajo de 1996 aventuraba que sería del 1,80%, en otro trabajo con Alonso en 1998 lo estimó en el 1,17% y en su último estudio de 2000 en el 0,03%. La realidad fue que en 2005 se registró un 1,1% de superávit.

En fin, una simple búsqueda a través de Google permite comprobar que los economistas que ha convocado el presidente del Gobierno no son precisamente los mejores adivinos del Reino y por eso cabe preguntarse entonces qué otra cualidad común les ha podido llevar a la Moncloa. Quizá la respuesta sea que son todos de querencia liberal y que están vinculados a organismos bastante poderosos. La respuesta y al mismo tiempo el problema.

Financiación universitaria: una ministra con prejuicios liberales

Juan Torres López

Sistema Digital

Hoy día no hay ya nadie con dudas sobre la necesidad de disponer de un buen sistema de generación y aplicación del conocimiento para garantizar el desarrollo y el bienestar. Y precisamente por ello es fundamental que el sistema educativo (y muy especialmente el de la enseñanza superior) sea de gran calidad, lo cual demanda, a su vez, tres grandes requisitos: una concepción integral de la formación, la enseñanza y la aplicación del conocimiento, un entorno sociocultural que lo sienta como propio y lo respete y, por supuesto, financiación suficiente.

Requisitos de los que España ha carecido, históricamente e incluso en el presente.

El primero no se ha podido dar en toda su necesaria integridad porque no se ha querido o no se ha sido capaz de generar un verdadero sistema de educación superior. Es decir, el que integra la dedicada a la formación profesional de alto nivel, por un lado, y la estrictamente universitaria que combina docencia e investigación, por otro. Hoy día no solo seguimos sin ello sino que incluso hemos ido hacia atrás al separar la administración universitaria de la del resto del sistema educativo.

Tampoco puede decirse que el entorno social mime a la universidad. Basta haber tenido alguna experiencia en el gobierno educativo para saber hasta qué punto es difícil lograr que otras administraciones, incluso otros ministerios o responsables dejen de ver a la universidad y al sistema educativo en general como una simple unidad de "mucho gasto". Por no hablar del escaso apego que en los hechos muestra el conjunto de los ciudadanos hacia maestros, profesores o investigadores de cualquier tipo, que a menudo suelen ser reconocidos sola y muy equivocadamente como los funcionarios que tenemos más vacaciones.

La insuficiencia financiera de nuestro sistema educativo e investigador creo que también es bien conocida. Actualmente, de los países de la UE-15, España (4,23%) solo supera a Grecia (3,9%) y Luxemburgo (3,8%) en porcentaje de inversión educativa sobre el PIB, un porcentaje, además, que ha caído desde 1995, lo que ha hecho que nos vayamos alejando incluso de la media de la UE-27 (5,03%), como consecuencia de la política anti social que llevó a cabo el gobierno de Aznar.

Insuficiencia que también afecta de modo especial a las universidades, y que limita nuestro avance social porque hoy día es materialmente imposible que un país se desarrolle integralmente y alcance estándares de bienestar social elevados sin un sistema universitario de altísima calidad (y no solo con algún que otro centro o campus "de excelencia", como ahora gusta decir).

Precisamente por todo ello me han resultado verdaderamente sorprendentes y preocupantes unas recientes declaraciones de la Ministra de Ciencia e Innovación (EL PAIS (29-08-2008).

Sorprendentes porque, a mi modesto modo de ver, suponen una renuncia explícita a la concepción socialdemócrata que cabría esperar de este gobierno. Y preocupantes porque, para colmo, creo que se basan simplemente en viejos prejuicios ideológicos liberales y no en hechos objetivos.

Afirma la Ministra que "la financiación privada la tenemos que promover porque es el único camino que nos va a llevar a una financiación suficiente".

Eso es falso y se trata de un mero prejuicio ideológico por varias razones. Primero, porque España está lejos del porcentaje de financiación pública al sistema universitario de otros países de nuestro entorno. Lo que significa que no hay razón alguna para que no podamos avanzar nosotros por la vía que ha hecho fuertes a economías como Francia, Alemania, Suecia u otras naciones avanzadas a las que constantemente tomamos (y debemos tomar) como referencia para tantas cosas.

Segundo, porque incluso aunque ya dedicásemos a ello un porcentaje de nuestro PIB semejante al de nuestro entorno, también se podría seguir aumentando si se considerase necesario (y seguramente lo sería siempre) incrementando al mismo tiempo la vía que hasta ahora se ha demostrado como la más eficiente y equitativa (por no decir la única) para financiar las políticas sociales más avanzadas y aumentar así el bienestar social: la de los impuestos progresivos.

En tercer lugar porque la Ministra olvida, o desconoce, o no quiere mencionar un doble hecho crucial. Por un lado, que en España no hay recursos privados suficientes y capaces de financiar un sistema universitario de calidad. Es más, solo podrá haber bastantes recursos privados para ello cuando antes se haya hecho un esfuerzo público mayor que el que ahora se hace en financiación universitaria y educativa en general. Y, por otro, que los recursos privados que ahora se ponen a disposición de las universidades (y con los que parece que sueña la Ministra) son muy selectivos y dedicados casi exclusivamente a exprimir algunos yacimientos de negocio en el área de las nuevas tecnologías o de la investigación aplicada. Lo que claramente indica que no contribuirán a desarrollar el sistema que necesitamos sino solo a sus ámbitos más rentables para el capital privado. Algo con lo que la Ministra ya parece contar, sin que le importe, cuando dice que "la financiación pública se destinará entonces a la investigación más básica y a disciplinas que no tengan una aplicación tan inmediata".

Se deberían discutir más estas propuestas de la Ministra porque si el gobierno va por ahí se harán algunos buenos negocios en los campus pero no se podrá consolidar el sistema universitario que tanto necesita nuestra sociedad.

Se acabó la fiesta

Michael R. Krätke
Freitag

Durante años, la especulación inmobiliaria fue el deporte popular de millones de españoles; ahora, un millón de viviendas están vacías. El volumen de la deuda empresarial española representa el 106% del PIB (en Alemania, sólo el 58%). El 96% de los créditos hipotecarios españoles están contratados a interés variable (en EEUU, sólo el 12%).

Cuatro países de la eurozona se hallan sin disputa aguas abajo, económicamente hablando: Italia, Francia, Irlanda y España. En Gran Bretaña y Dinamarca se palpa ya también la crisis; Bélgica y Holanda están estancadas. La máquina exportadora alemana depende, para su salida, de esos y otros vecinos europeos en casi un 70%.

No son sólo síntomas, son los indicios clásicos de una recesión que, en el caso español, se traduce desde comienzos de año en cifras. La tasa de crecimiento cayó desde un promedio del 3,9% antes de fin de año al 0,8% en el primer trimestre de 2008 y al 0,1% en el segundo. El desencadenante principal ha sido el fin de un boom inmobiliario aparentemente sin fin.

Desde diciembre vienen cayendo las acciones de las empresas inmobiliarias y constructoras; algunas jornadas, la bolsa de Madrid ha perdido más del 4%. En julio, el número uno del sector inmobiliario, la constructora Martinsa-Fadesa, anunció insolvencia. Tras pérdidas de más del 15%, la cotización de sus acciones fue suspendida. Más de 170.000 viviendas y cerca de 29 millones de metros cuadrados de terreno edificable –que llegaron a valer diez mil millones de euros— pertenecen a la empresa.

Cuando estalló la burbuja y se esfumaron miles de millones, el mundo bancario español dejó caer a esta empresa, endeudada por 5,2 mil millones de euros, con resuelta impavidez. Todo un indicio, según habría de verse a no tardar: poco después, las acciones de las grandes empresas constructoras Ferrovial y Sacyr Vallehermosa quedaban tocadas, y enseguida vinieron las pérdidas de todos los principales bancos acreedores de Martinsa-Fadesa.

España ha vivido diez años de boom, siendo el motor de sus tasas de crecimiento anual, superiores al 3% en promedio, el sector inmobiliario y de la construcción. Se construía vivienda a un ritmo enloquecido: más de 5 millones sólo desde 2003, algo más que todo lo construido en ese tiempo en Alemania, Francia y Gran Bretaña tomadas de consuno. El producto de ese sector creció, entre 1996 y 2006, un 190%. Lo que ingresaba en el mercado inmobiliario, tenía salida fácil. El grueso de los españoles no quiere vivir de alquiler y prefiere la propiedad de casas, apartamentos y segundas residencias veraniegas. Extranjeros adinerados de los países de la UE pusieron de su parte invirtiendo en segundas residencias o en vivienda para la jubilación, proporcionando a su vez a la construcción en España un fuerte impulso.

Lo mismo que en los EEUU y en Gran Bretaña, tampoco para los empresarios y gestores inmobiliarios en España parecía haber freno alguno, tanto más cuanto que los intereses nominales cayeron a un nivel inauditamente bajo. De modo que los españoles compraron inmuebles como posesos, y como posesos se endeudaron. Bancos y cajas de ahorros otorgaron regularmente créditos hipotecarios a la gente, la mayoría de los cuales, empero, no conforme a los precios de mercado del momento, sino fundados en estimaciones de todo punto sobrevaloradas realizadas por peritos (es decir, por agentes de la propiedad inmobiliaria). Muchos españoles se hicieron con casas y apartamentos a crédito, para, poco después, venderlos con beneficio. La especulación inmobiliaria se convirtió en un deporte popular, estimulando, de pasada, una fiebre consumista. En el sector inmobiliario se podía hacer una fortuna: todos esperaban precios cada vez más altos.

La otra cara de la medalla de la euforia: las empresas inmobiliarias llegaron a acumular, en sus negocios especulativos con edificios viejos y nuevos, unos 300 mil millones de euros de deuda. También las empresas ajenas al sector querían participar, y se libraron a la compra de inmuebles. Por consecuencia de lo cual, las deudas de las empresas españolas se dispararon hasta alcanzar la cifra de un 106% del PIB (en Alemania, ese valor es del 58%). En total, en los años del boom, un buen billón de euros fluyó en forma de créditos a los inversores, a los compradores de vivienda y a los empresarios de la construcción.

Desde comienzos de 2008, la Fiesta terminó para siempre. La crisis financiera internacional, la política de intereses altos del Banco Central Europeo (BCE) y el celo ahorrador, inducido por la crisis, de los bancos españoles gravitan pesadamente sobre los hipotecados. Nada menos que el 96% de la deuda por ellos contraída lo fue a interés variable (en los EEUU, sólo el 12%), de modo que habrá revisiones anuales de los intereses. Desde enero pasado, así pues, las cargas reales para millones de propietarios de vivienda españoles se han más que doblado. La morosidad y el volumen de impagados se disparan, lo que pone en aprietos, además de a la banca mediana, a las cajas de ahorros, las cuales, confiadas en una ventajosa evolución de los precios inmobiliarios, facilitaron créditos hipotecarios sin preguntar por la liquidez de sus deudores.

Apenas si puede sorprender que el número de permisos de construcción haya bajado desde enero en un 40%. Más de un millón de pisos y casas están vacíos, aparentemente invendibles o inalquilables, lo que representa un 4% de toda la vivienda en España. En varias zonas de un emporio del boom como fue Cataluña, más de la mitad de los inmuebles están a la venta, de modo que los precios de las casas, más que caer, se desploman. De promedio, el propietario de vivienda español tiene ahora una deuda de 140.000 euros.

Se está en puertas de un difícil, por no decir accidentado, aterrizaje de un sector de la construcción que había llegado a significar el 18% del PIB y que empleaba al 13% de la población activa. Cuando se haga balance a finales de 2008, dicen los expertos, se habrán perdido 85.000 empleos. Beneficiarios del auge de una década como los agentes autónomos de la propiedad inmobiliaria se sienten también gravemente amenazados: en 2007 tuvieron que echar el cierre 700 agencias inmobiliarias, y este año el número será sin duda mayor.

No es casualidad que la cifra oficial de desempleo, con un 10,5%, sea la mayor de la UE. Para 2009, algunos pronósticos llegan a dar incluso la cifra del 13%, lo que significaría 3 millones de españoles sin puesto de trabajo, un resultado que golpeará, sobre todo, a los 600.000 inmigrantes norteafricanos, que serán los primeros despedidos.

En marzo pasado, el gobierno Zapatero, dirigido por los socialistas españoles del PSOE, consiguió, aun si con apretado margen, imponerse en las elecciones parlamentarias y mantenerse en el poder. La crisis era perceptible, aun cuando todavía no figuraba en las estadísticas oficiales. Entre tanto, el jefe de gabinete se ha visto forzado a un programa de coyuntura. El Estado va a poner 60 mil millones de euros, y por lo pronto 20 mil millones para un programa de urgencia en 14 puntos que ha de servir preferentemente para la construcción de vivienda social: hasta ahora, la mayor inyección pública coyuntural de la UE. Se diría que, a diferencia de los dogmáticos ojizarcos de la bancada del gobierno berlinés, los españoles han comprendido al menos las urgencias del momento.

Michael Krätke, miembro del Consejo Editorial de SINPERMISO , es profesor de política económica y derecho fiscal en la Universidad de Ámsterdam e investigador asociado al Instituto Internacional de Historia Social de esa misma ciudad.

Traducción para www.sinpermiso.info: Amaranta Süss

Don Juan Carlos de Borbón se pasa la crisis por la popa

Juan Torres López
Rebelión

Cuando trabajadores y empresarios dedicados a crear riqueza soportan una grave crisis, el Rey de España, por lo que él mismo se encarga de mostrar, vive como Dios, sin crisis ni problemas presupuestarios.

Las administraciones públicas tienen que limitar sus gastos, los poderosos, con el el Banco Central Europeo y el de España a la cabeza, reclaman a los desfavorecidos austeridad y dicen que hay que bajar el gasto público y reducir los salarios.

Pero al rey de España no parece que le importen esas gaitas.

Mientras que la inmensa mayoría de los ciudadanos están jodidos con esto de la crisis, al rey de la fortuna de origen insondable no se le ocurre otra cosa que ir pavoneándose de puerto en puerto con su nueva embarcación.

Según Diario de Mallorca "la nueva embarcación del Rey, una nave de gran eslora con motores Seatek, una firma dedicada a la propulsión de grandes prestaciones, con cabina incorporada, en la que destaca una gran pantalla GPS colocada sobre el cuadro de mandos para permitir la navegación por satélite, hizo las delicias del monarca, que se mostró especialmente sonriente y no puso reparos en que la fotografiaran a bordo".

Yo me pregunto si era necesario hacer ostentación de esa nueva nave en estos momentos de crisis en la que se está pidiendo sacrificios a los asalariados, si las vacaciones a todo plan de la familia real no son sino una grosera provocación. Si hay que soportar callados todo esto.

Y solo se me ocurre una respuesta: ¡Viva la República!

Juan Torres López es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga (España). Su web: http://www.juantorreslopez.com