Opinión

La ilegalidad de Bono y la bandera republicana en el homenaje a los represaliados antifranquistas

Pascual Serrano

Rebelión

El presidente del Congreso, José Bono recibió en la Cámara Baja a unos 300 ex prisioneros o familiares de presos políticos que a lo largo de todo el día recibieron diversos homenajes -una comida en Rivas y un concierto en el Palacio de Vistalegre- organizados por la Asociación de Ex-presos y Represaliados Políticos Antifranquistas (AERP). El presidente del Congreso subrayó que, aunque la entrega de estas personas "no está olvidada, a veces es menester recordarla", y apuntó que precisamente una de las "paradojas" de la Transición fue que "el protagonista principal quedó olvidado".

Sin embargo, el presidente del Congreso no guardaba igual amabilidad para la causa democrática por la que lucharon los homenajeados: la II República. Cuando uno de ellos sacó una bandera republicana José Bono reaccionó indignado con estas palabras: “Con la misma fuerza con la que estoy defendiendo lo que pienso, en esta casa son invitados del Congreso de los Diputados y de la legalidad, y la legalidad es la que marca la Constitución y no otra, y por tanto no puedo aceptar manifestaciones que no son legales en este momento”.

El presidente del Congreso ha de saber que exhibir banderas republicanas está amparado por los artículos de la Constitución que consagran la libertad ideológica y la libertad de expresión, según una sentencia de la Sección Novena de la Sala de Lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

La sentencia, fechada el 15 de diciembre de 2003 y notificada el 14 de enero de 2004 a las partes, daba la razón a Izquierda Unida, que denunció una resolución del Ayuntamiento de Torrelodones (Madrid), gobernado por el PP, que ordenó retirar la enseña tricolor de un chiringuito montado por la coalición de izquierdas durante las fiestas patronales de julio de 2002.

El tribunal estimó que la citada resolución municipal fue "contraria al ordenamiento jurídico, en cuanto vulnera los derechos fundamentales previstos en los artículos 16.1 y 20.1,a de la Constitución Española".

Por tanto la ilegalidad corresponde a José Bono cuando afirmó “no puedo aceptar”. Más cínico todavía es el hecho de que se pretenda homenajear a un colectivo pero se le obligue al silencio respecto al mismo asunto por el que la institución dice estar ofreciéndoles el reconocimiento público. De ahí que los asistentes, con la dignidad y coherencia que han manifestado en toda su vida, aplaudieran y gritaron vivas a la República durante la exhibición de la bandera republicana y respondieran con despectivo silencio a los comentarios de Bono. Setenta años después los veteranos republicanos nos siguen dando lecciones.

Un teócrata nombra a la “virgen" alcaldesa honoraria del Ayuntamiento de Morón de la Frontera

FIdA

El Ayuntamiento de Morón de la Frontera, ciudad de la provincia de Sevilla de casi 30.000 habitantes, nombró el pasado 24 de mayo alcaldesa honoraria de la localidad a la “virgen María Auxiliadora”.

El acuerdo se tomó en un pleno extraordinario en esa fecha, festividad de la citada advocación. El alcalde, don Manuel Morilla, que presidía el acto oficial, se burló repetidamente de los dos únicos representantes del pueblo (Izquierda Unida) que se opusieron a la adopción de tan estrafalaria medida, “le pese a quien le pese”.

Además intentó silbar, sin conseguirlo, a dichos representantes cuando abandonaban el salón de plenos del Ayuntamiento, esbozando un gesto patibulario y agresivo que disimuló al son de una tonadilla devota. Los miembros de su partido y el público asistente cantaban un himno dedicado a esa virgen salesiana, que comienza con el verso “Rendido a tus plantas”.

Por la tarde tuvo lugar una procesión, y durante ella, en la plaza del Ayuntamiento, el pío representante de todo el pueblo entregó el bastón de mando de la ciudad, sin rubor alguno, a una efigie barroca de madera.

En opinión del sociólogo Gerhard Steingress, el nombramiento de María Auxiliadora "es una devaluación de la democracia, una sinrazón y una forma de burlarse de las instituciones" (El País, 01.06.08).

A día de hoy, y ya han pasado dos semanas, el Partido Popular no ha expulsado de sus filas a ese fervoroso militante, ni le ha abierto expediente disciplinario, ni se ha pronunciado en un sentido o en otro. ¿A qué están esperando?

Hasta aquí los hechos. Los miembros de la Federación Internacional de Ateos (FIdA) -y estamos seguros de que con nosotros muchos ciudadanos del Estado-, ante este siniestro sainete, nos hacemos varias preguntas.

¿Cabe deducir de la ausencia de reacción del Partido Popular que acepta y comparte la conducta chulesca, antidemocrática, zafia, bárbara, ridícula y cateta de este miembro de su partido?

Con este peligroso precedente, ¿cualquier alcalde del Partido Popular podrá actuar a partir de ahora de igual manera? ¿Para ser ciudadano de Morón de la Frontera habrá que ser necesariamente católico y devoto de la Auxiliadora? ¿El Partido Popular se muestra entonces en contra de la aconfesionalidad que proclama la Constitución vigente?

¿Debemos deducir que su modelo de Estado, a partir de este momento, es el teocrático, habida cuenta de que las instituciones civiles se confunden de ese modo con las religiosas? ¿Es lícito imponer a todos, creyentes de esa confesión, de otras o de ninguna, una servidumbre mágica de ese tipo?

Si el día de mañana, en una ciudad española cualquiera, los musulmanes son mayoría y el alcalde adopta una medida similar, con Alá o con Mahoma o con el burro volador que le trasportó a Jerusalén, ¿el Partido Popular también estará a favor de esa medida? ¿Callará también, escudándose en el respeto debido a la irracionalidad surrealista de la devoción popular? ¿Secundará otras nuevas violaciones del principio de laicidad de las instituciones públicas? Y, por último: la ausencia de los concejales socialistas en el dichoso pleno, ¿responde quizá a un callado colaboracionismo?

Muchos ciudadanos de este país pensamos que un Ayuntamiento debe representar a todos sus vecinos, y que la religión es un asunto privado que no debe ser impuesto a la fuerza por nadie, y menos aún por las instituciones públicas. Incluso existen personas en este país que no ansían estar rendidas a las plantas de un icono de madera, y que desean vivir en un clima de convivencia donde impere la razón, el respeto al prójimo y la libertad de conciencia. Nosotros no queremos imponer nada a nadie. Sólo pedimos respeto y que se cumpla la ley.

¿Dónde se sitúa el Partido Popular, en la democracia o en la teocracia? El alucinado alcalde de Morón se ha incapacitado a sí mismo, por su delirante medida, para seguir ejerciendo el cargo. Expúlsenle. O fuércenle a dimitir. Y, por favor, no permitan que asuma la plaza vacante esa recién nombrada Auxiliadora, santísima honoraria de la Frontera. Demasiado olor a incienso tenemos ya en nuestra raquítica democracia.

El silencio de los sindicatos

Fermín Bocos

Diario Siglo XXI

Soplan malos vientos en la economía. La inflación -que roza el 5%- y el desempleo -que se acerca al 10%-, son los heraldos negros de una crisis que el Gobierno Zapatero ha decidido disimular echando mano del diccionario y coleccionando eufemismos. No está solo. Los sindicatos, antaño llamados de clase, le acompañan con su silencio.

Y es ese silencio el que se torna perplejidad si anotamos que en lo que llevamos de año: trescientos mil trabajadores han perdido el empleo; el sector de la construcción está parado: seiscientas mil casas tienen colgadas las llaves en la puerta y nadie pregunta por ellas; los bancos no dan créditos; los pescadores están en pie de guerra porque no pueden soportar la subida brutal del precio del gasóleo -más de un 40 % en un año-; otro tanto pasa con los camioneros y los taxistas, y, hablando de incremento de precios: las amas de casa se han convertido en expertas en el "sudoku" de los productos-oferta, el último invento de las grandes superficies para animar un poco las ventas.

Cuando está pasando todo eso y más: ¿qué decir del subidón -casi un 10%- de las tarifas eléctricas por parte de unas compañías que hace solo dos meses confesaban beneficios "históricos"...cuando, como digo, todo eso está pasando y el principal partido de la oposición (el PP del señor Rajoy) sigue ausente, lamiéndose las heridas de la "dulce derrota" del 9 M, la gente con la que hablo por la calle, la que llama a las emisoras, entre otras, se hace esta pregunta: ¿dónde están los sindicatos? ¿cómo hay que interpretar su clamoroso silencio? Los ciudadanos Mendez y Fidalgo, ¿no tienen nada que decir sobre la crisis que afecta y angustia a millones de trabajadores?

El impuesto religioso

Juan Francisco Martín Seco

Los obispos están estos días de campaña; no se trata de ninguna misión ideológica, sino tan sólo de una operación publicitaria. Han descubierto el marketing. Tratan de convencer al personal de que ponga la cruz en la casilla correspondiente a la Iglesia en la declaración de la renta. Hasta el embajador español en la Santa Sede se ha puesto a la tarea. El empeño se basa, por una parte, en persuadir del gran servicio que la Iglesia presta a la sociedad —¿será por la COPE?—, y, por otra, en transmitir la creencia de que al contribuyente no le cuesta nada.

El obispo de Alcalá de Henares ha afirmado que, desde enero, el Estado no aporta ni un euro a la Iglesia, y para mayor aclaración insiste: “La Iglesia no está pidiendo a la gente un euro más, tan sólo que ponga una cruz, y no por eso les va a suponer más dinero”. Todo este tema se basa en una gran mentira y en cierto espejismo. Es la misma confusión que subyace en casi todos los sofismas que se utilizan en economía: olvidarse del coste de oportunidad, es decir, de que los recursos empleados en una finalidad no podrán ser utilizados en otro objetivo.

La aportación a la Iglesia, sea por el procedimiento que sea, consume fondos que no podrán destinarse a otras aplicaciones. Al final, el Estado precisará crear nuevos impuestos o elevar los existentes si quiere acometer tales gastos. En definitiva, todos, hayamos o no hayamos puesto la cruz, terminaremos afrontando un mayor gravamen. Aquí precisamente se encuentra la trampa del actual procedimiento: en que no sólo van a pagar más aquellos que señalen la casilla de la Iglesia, sino todos los contribuyentes, ya sean católicos o infieles. Una minoría dispone de lo que es de la totalidad. Cosa muy distinta sería si la aportación, aun cuando el Estado hiciera de recaudador, fuese adicional a la cuota del impuesto sobre la renta, y recayese exclusivamente sobre los que la aceptasen voluntariamente.

El mismo razonamiento se podría aplicar a la casilla de las ONG. La aportación tampoco es gratuita y los recursos canalizados hacia ellas no podrán utilizarse en aplicaciones alternativas.

Se argumenta que tanto la Iglesia como las ONG acometen obras benéficas de gran valor social. Aquí también existe una confusión, al menos en cuanto a la Iglesia, porque es mínima la parte de la aportación que se dedica a estos menesteres. La casi totalidad de los recursos se destina a lo que en otros tiempos se llamaba “sostenimiento de culto y clero”. Las obras sociales o las asociaciones eclesiales dirigidas a esta finalidad, incluyendo Cáritas, tienen otras fuentes de financiación y reciben otras subvenciones del Estado, entre las que se encuentran las procedentes de la casilla del impuesto sobre la renta dirigida a las ONG de las que ahora estamos hablando.

Habría que preguntarse, además, por qué tareas sociales que van a financiarse por el Estado deben ser gestionadas por asociaciones y organizaciones, entre ellas la Iglesia, privadas, a las que se está concediendo un poder delegado difícil de controlar.

El colmo de la distorsión sucede cuando monseñor Catalá, prelado de la diócesis de Alcalá, desconfiando de las cuentas públicas, se queja de que no existen controles para conocer con certeza y objetividad la cantidad que resulta de las señales realizadas en las declaraciones del IRPF, y que debe aportarse a los obispos. Monseñor Catalá considera tal cantidad como recursos propios de la Iglesia, cuando, se disfrace como se disfrace, es una donación que la Hacienda Pública, y por tanto todos los españoles, realizan a aquélla, lo cual no parece muy acorde con un Estado aconfesional. En todo caso, es el Estado el que debería controlar de qué modo utilizan, tanto la Iglesia como las ONG, dichos recursos.

Monseñor Catalá se ha jactado de que los obispos y sacerdotes son mileuristas, y puede ser que tenga razón, pero la causa habrá que buscarla seguramente en su reticencia a incorporarse a la vida civil con una actividad profesional normal y a que los creyentes parecen no estar dispuestos a financiar sus servicios, con lo que es preciso interrogarse sobre si el número de fieles de verdad no es mucho más reducido que el de las estadísticas oficiales. La jerarquía eclesiástica quiere vivir en una ficción, la de que la mayoría de los españoles son católicos; son tan católicos que los obispos saben que sólo mediante la coacción del impuesto religioso están dispuestos a sostener económicamente a la Iglesia, por eso recurren al Estado.

El capitalismo, estúpidos

Julio Anguita

Los bancos y las cajas piden al Gobierno que use el Fondo de Reserva de las pensiones contra la crisis crediticia. Los jefes de gobierno de la UE han pedido recientemente y de manera unánime que las demandas salariales se atemperen a fin de combatir la inflación. Desde todos los foros y ámbitos de análisis económico se viene advirtiendo que esta crisis es de una extraordinaria dimensión y tendrá consecuencias muy negativas, especialmente en España.

Por lo pronto algunas cajas de ahorros comienzan a sentir el dogal de la falta de liquidez, producto de sus alegrías inversionistas en el ladrillo y la subsiguiente especulación urbanística. En Diciembre del año pasado Javier Gómez- Navarro antiguo Ministro de Felipe González y actual Presiente de las Cámaras de Comercio de España declaraba sin ambages que los recursos del Estado deberían provenir en su mayoría de los impuestos indirectos (fundamentalmente el IVA) porque los pudientes tenían mecanismos de sobra para burlar a la Hacienda española en lo concerniente a sus rentas de capital.

Los impuestos sobre Patrimonio, Transmisiones y Beneficios empresariales comienzan a ser eliminados del horizonte impositivo español alegando que esas medidas promoverán la inversión y la "consecuente creación de empleo". El Gasto fiscal representado en deducciones, exenciones y bonificaciones al capital no sólo se mantiene sino que aumenta "a fin de que se creen riqueza y puestos de trabajo". El crecimiento económico medido a través del PIB (siglas mágicas para los gurús de la economía capitalista) sigue en un constante declinar previsión tras previsión. La precariedad avanza, el paro aumenta, las hipotecas siguen ahorcando a las economías familiares y los mileuristas son ya considerados unos privilegiados por colectivos cada vez más numerosos; es el cuento del hombre pobre que comía altramuces.

Las mujeres, en situación de paridad en los Consejos de Ministros y otras administraciones no perciben en infinidad de casos el mismo salario que los hombres en condiciones laborales semejantes.

Sobre los inmigrantes sin papeles se ha decretado desde toda la UE la caza, captura y deportación consecuente tras internamientos o confinamientos ante el silencio total de la inmensa mayoría.

La crisis es triple: económico-financiera, energética y alimentaria. El monto monetario global multiplica por cinco el valor de los bienes que se supone debe representar. La inflación en estos y en los demás pagos tiene como componente fundamental el auge desmesurado de los beneficios empresariales y no los incrementos salariales. Sentencias de tribunales ya dan por buena y aplicable la directiva Bolkenstein. Y así casi hasta el infinito.

Las explicaciones que se están dando abundan en la idea de que el aumento del nivel de consumo de China e India está produciendo el desfase energético y alimentario. Ese argumento expresa, por otra parte, que el concepto de calidad de vida instalado por el capitalismo es incompatible con los Derechos Humanos aplicados a los 6.300 millones de habitantes del planeta Tierra.

El propio concepto del PIB como medidor universal de lo que llamamos crecimiento sostenido comienza a ser cuestionado y en algunos trabajos de prospectiva se plantea ya el concepto de Decrecimiento aplicado a determinadas variables en la producción de bienes y servicios.

Ante este panorama la izquierda no puede realizar sus análisis en función de los espacios electorales y sus techos máximos. El lenguaje edulcorado obvia una realidad en la que la radicalización del conflicto Capital - Trabajo viene expresada por la realidad insoslayable y también por las descarnadas declaraciones y propuestas de los administradores gubernativos de la Globalización.

Ante la Asamblea Federal de IU estas son las cuestiones que deben centrar el debate y la voluntad de organizar la respuesta. No hagamos más brindis al sol; el Capitalismo, estúpidos.

Optimismo para vacas flacas

Una anónima mano escribió en una pared un noche de lúcida inspiración: «Dejemos el pesimismo para tiempos mejores». La frase es del escritor uruguayo Eduardo Galeano y es un alegato a la continuidad de un postura: la de la constante crítica. En especial cuando las cosas van realmente mal.

Santiago Alba Rico (Madrid, 1960) la hizo suya el viernes. El filósofo, escritor y guionista del famoso programa de televisión 'La bola de Cristal' ofreció una charla en la asociación Cambalache titulada 'Capitalismo, democracia y Estado de Derecho'. «Europa vive un momento de crisis insospechada», analizó. Si no son tiempos sencillos para nadie, tampoco iban a serlo para el capital.

A la crisis inmobiliaria y al desasosiego de los partidos políticos se suman las incoherencias propias de un sistema que compagina hambre con excedentes alimentarios. Ejemplificó que «tanto en Cuba como en España, los jóvenes no pueden acceder a una vivienda, pero las lógicas son diferentes». La primera es «razonable» si se piensa que no hay suficientes casas para todos. La segunda es la que habría que replantearse teniendo en cuenta el medio millón de viviendas vacías que existen solamente en Madrid. Este filósofo expuso ayer una visión del capitalismo como un sistema «incompatible» con la democracia y con el Estado de Derecho. Discordancias que ha quedado en evidencia, en particular tras el 11-S en 2001, dijo

El recorte de libertades justificado por la lucha contra el terrorismo y la «agresión» de este sistema a principios tan básicos de las relaciones humanas como «la solidaridad o la idea de comunidad», son algunos de los argumentos que esgrimió este madrileño -que actualmente vive en Túnez- para ilustrar su postura. «Las concesiones que se hicieron al Estado de Derecho tras la Guerra Fría fueron una ilusión que se desmaterializa ante una política de privatizaciones», continuó el editor de Rebelión.org, una de las plataforma de contrainformación con mayor peso de la red.

Esta misma tendencia a privatizarlo todo fue la que acabó con unos Electroduendes que, al grito de '¿Viva el mal! ¿Viva el capital!', despertaron la conciencia de una sociedad voraz de cambios. «Fue un programa chapucero que hicimos pensando en que continuaría», recordó su guionista. Pero no lo hizo. Y no tuvo descendencia porque en el pacto del país con la Europa de mercado «no había sitio para algo parecido». No hay revulsivo como aquel en una sociedad a la que la realidad encontrará dormida cuando llegue. Tampoco ninguna posibilidad de redención para una televisión que Alba aconseja apagar directamente. Pero como los malos tiempos no permiten pesimismos, el autor de 'Volver a pensar' y 'Leer con niños' (Caballo de Troya, 2007) ve «ganas de ruptura aunque fragmentadas». La alternativa está en un modelo que integre sostenibilidad y desarrollo, «con el nombre que sea». En boca de Alba, socialismo.

¿Será verdad que la vicepresidenta del Gobierno fue quien salvó de ir a la cárcel al banquero más rico de España?

Juan Torres López

Hace unos meses escribí un artículo (El Ministerio Fiscal trata de evitar que el banquero más rico de España se siente en el banquillo) en el que explicaba que el Ministerio Fiscal estaba tratando de evitar que el banquero más rico de España, Emilio Botín, diera cuenta de “un presunto delito fiscal derivado de la comercialización de un producto de ahorro llamado cesiones de crédito, de carácter opaco” (Cinco días, 23-11-2006).

Lo que ocurrió fue que “durante los años 1988 y 1989, el Santander manejó cerca de medio billón de pesetas de dinero negro, que provenía de fuentes financieras más o menos inconfesables, mediante la comercialización de un producto destinado a captar esa cuantiosa bolsa de dinero que circulaba fuera de los cauces legales, a cuyos dueños se aseguraba que iba a seguir siendo tan ‘negro’ como antes [...]

El banco entregó al Fisco información falsa sobre 9.566 operaciones formalizadas que representaban 145.120 millones de pesetas. Y, al mismo tiempo, puso en marcha una operativa por la cual los empleados, mediante instrucciones directas de los acusados, procedieron a simular contratos mercantiles de cesiones de crédito, así como resguardos provisionales y documentación contable de diverso carácter, con el fin de aparentar que esas operaciones se habían realizado por terceras personas y no por los verdaderos titulares. A tal efecto, no dudó en declarar como titulares de las cesiones a personas fallecidas, emigrantes no residentes en España, ancianos desvalidos, trabajadores en paro, familiares de empleados del banco, antiguos clientes que ya no mantenían relación alguna con la entidad, etcétera” (El Confidencial, 21 de septiembre 2006) ”.

Como consecuencia del descubrimiento de esa serie de irregularidades, la acusación solicitó para el presidente del Santander “un total de 170 años de prisión y una multa de 46.242.233,92 euros (7.694.060.334 pesetas), además de una responsabilidad civil de 84.935.195,86 euros (14.132.027.499 pesetas), que es el perjuicio causado con su actuación a la Hacienda Pública” (El Confidencial, 21 de septiembre 2006).

En mi artículo, informaba de que la Abogacía del Estado, en representación de la Agencia Tributaria, había pedido el sobreseimiento de la causa en siete ocasiones y el Ministerio Fiscal en quince (El País, 23 de noviembre de 2006). En el artículo de entonces, yo me preguntaba si el Ministerio Fiscal estaría siguiendo órdenes del Gobierno y ahora puede que ya sepamos la respuesta.

Resulta que el ex Ministro de Economía del Gobierno de Aznar, Rodrigo Rato, está imputado junto a su hermano Ramón Rato, el presidente del Santander, Emilio Botín, el consejero delegado del banco, Alfredo Sáenz, y otros directivos del grupo (¡Dios santo, qué tropa!) en el caso de la compra de Aguas de Fuensanta, por la que Banesto pagó unos 1.000 millones de pesetas (6 millones de euros) a la familia Rato, un precio considerado desorbitado por la acusación particular por tratarse de una sociedad en "quiebra técnica" (El País, 27 de mayo de 2008).

Y, para defenderse, lo que se le ha ocurrido a Rato no es otra cosa que decir que los favores políticos al banquero más rico de España no comenzaron con él, sino que venían de antes, más exactamente de cuando desde el gobierno se dio órdenes al Abogado del fiscal para que no actuara contra el banquero en el caso de las “cesiones de crédito”.

Lo bueno es que, al parecer, aporta un escrito de la entonces Secretaria de Estado de Justicia y ahora Vicepresidente del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, “en la que ésta pidió el 25 de abril de 1996 que se cursaran al Abogado del Estado 'instrucciones' sobre su actuación en el caso de las cesiones de crédito".

En este sentido, pidió que no se dirigiera "acción penal alguna por presunto delito contra la Hacienda Pública, contra la citada entidad bancaria o sus representantes" por las retenciones "no practicadas o no ingresadas" por el banco, basándose en un informe de la Agencia Tributaria.

Además, exigió al Abogado del Estado que solicitara la remisión a los Juzgados de Instrucción que en cada caso correspondieran de las actuaciones contra los clientes que se hubieran beneficiado de la fiscalidad opaca de las cesiones de crédito, "sin exigencia de responsabilidad en las presentes diligencias al Banco Santander o a sus representantes" “(El País 27 de mayo de 2008).

¿Será esto así?

¿Fue realmente la actual vicepresidenta del Gobierno la que impidió que se juzgara al banquero más rico de España por unos hechos que, de haberse probado (si es que necesitaran ser probados), le hubieran costado docenas de años de cárcel por los perjuicios millonarios que causó al Estado?

¿Alguien le dio órdenes a ella o actuó por propia iniciativa?

Y, con independencia de todo ello, ¿qué tendrá que ver que antes de Rato le hubieran hecho favores a Botín con los 6 millones de euros que logró cobrar de Botín y su gente por una empresa en “quiebra técnica”?

Es evidente que lo que ha hecho es poner el ventilador, pero lo que hay que procurar es pedir responsabilidades a todos y que la porquería les salte solo a ellos.

¿Hacia una “confesionalidad progresiva”?

Comité Ejecutivo de la Federación Internacional de Ateos (FIdA)

Nada nuevo bajo el sol

. Nada extraño. Nada que contradiga el histórico temor reverencial del Partido Socialista hacia la Iglesia católica. Nada que objetar, por otra parte, cuando se nos acostumbra a interpretaciones del laicismo y de las libertades falseadas, mutiladas o forzadas hasta el extremo. Nada que deba sorprender, si recordamos las simplezas interesadas del empresario Vázquez o las beaterías mojigatas del beato Bono o del beato Ibarra. O los latinajos agustinianos de la Vicepresidenta Fernández, en su romano encuentro con la cúpula vaticana. O el caldito solidario del “compañero” Presidente con el nuncio papal.

La votación del PSOE en contra de una ley que obligue a retirar los símbolos religiosos en las ceremonias constitucionales responde a una estrategia conocida: propaganda pseudolaicista a grandes voces, y consolidación programada de los privilegios eclesiásticos y de la financiación multiconfesional. Pánico a la pérdida de un dudoso porcentaje electoral. Socialismo de confesionario. Laicismo de opereta.

Habló Ramón Jáuregui de “prácticas aconfesionales progresivas”, como intentando colocar a la ciudadanía unos anteojos de oferta, en seráfico ejemplo de manipulación lingüística. El experimento laicista del Gobierno ha muerto antes de iniciarse, porque eliminar una Biblia y un crucifijo no era más que un avance simbólico hacia la restauración de una normalidad democrática que se rompió en el 39, hacia la derogación del Concordato franquista y hacia el pluralismo como herramienta de disuasión frente al avance fundamentalista. No han dado este tímido paso, lo que implica que no darán ninguno más, o que seguirán la estela de un juego político encaminado a engañar a los imbéciles y a tranquilizar a los devotos de la romanidad católica. Un juego con el que quiere demostrar, el PSOE, su independencia frente a la izquierda social, recurriendo a la prudencia jesuítica que les caracteriza.

Seguirá la religión institucionalizada, las llamadas a misa en los aeropuertos, el catecismo en la escuela, la financiación pública del anacronismo, los curas en los hospitales y en el ejército, la recaudación confesional por los impuestos, los alcaldes que reciben reliquias alborozados, los presidentes que exaltan llorosos a la Virgen, la censura ideológica sobre el arte, la Constitución arrodillada ante la cruz, los obispos terroristas y las mafias subvencionadas. Todo un modelo de Estado socialista, plural y democrático.

Un buen motivo para movilizarse. Una buena excusa para revisar nuestro compromiso con las libertades públicas. El PSOE, esta tarde, se ha hundido en la pura gloria. Cayó, finalmente, del caballo mucho antes de llegar a Damasco. Extra ecclesiam nula salus ...

¿Y ahora, qué?

Guantánamos europeos

Rafael Fernando Navarro

La Unión Europea quiere expulsar de su territorio a ocho millones de inmigrantes ilegales. No importa el ser humano. No importan las causas de su venida. No importa el trauma que significa la lejanía. No importa la nostalgia, el recuerdo negro de una Africa cercana o el calor de un poncho americano. Está por encima de todo la ilegalidad. El hombre tiene una unión hipostática con sus papeles.

No es fácil repatriar ocho millones de inmigrantes. Y mientras esa meta se alcanza, hay que legislar en el Parlamento europeo (para darle visos de legalidad a lo inhumano del gesto) la forma de aglutinarlos en recintos donde permanezcan aislados sin contaminar la elegancia europea, sin que a nadie le roce el hedor que produce el hambre, sin que nuestra posición de aventajados economicamente se vea perturbada por la presencia siempre incómoda de los sin techo. Nosotros sabemos fabricar nuestra propia miseria sin necesidad de importarla. Vamos a encarcelarlos (aglutinar le llaman ahora) sin derechos, sin concesiones al grito, sin oportunidad a la autodefensa. Vamos a construir nuestros guantánamos europeos.

España -dice el Gobierno- va a votar a favor de la medida, pero no va a aplicarla nunca. Ultimamente se da un paso adelante: "aunque tengamos que acudir a esa reclusión, siempre respetaremos los derechos humanos" ha dicho Rubalcaba.

Europa siempre cristiana. Defensora siempre de los valores de Occidente. Madre y maestra de pueblos conquistados, convertidos al cristianismo, tatuadora de cruces. A esta Europa, vividora de esas conquistas y parásito frecuente de sus colonias, le estorban los inmigrantes. Superamos nuestros campos de concentración tan recientes y ya estamos añorando el modelo de Guantánamos americanos.

Deberíamos recobrar la memoria. Hemos olvidado las alpargatas de esparto, ahora que calzamos mocasines italianos. Delante de nuestros platos mediterráneos nos repugna el calor de la sopa de castañas que comíamos ayer. Ante las grandes catedrales del consumo preferimos sacudirnos el auxilio social, y las cartillas de racionamiento y el estraperlo. ¿Hace tanto que fuimos pobres? ¿Hace tanto de Alemania, de Bélgica, de Suiza, de Argentina, de México? ¿Fuimos siempre "legales"? Rotundamente no. Pero teníamos que huir de una guerra, de una dictadura atroz. Y eso justificaba la fuga -legal o ilegal- de nuestros poetas (Alberti, Machado), de nuestros albañiles, de nuestros campesinos. Y cuando viajábamos nos encontrábamos lágrimas españolas, morriña española, añoranza de sevillanas y jazmines. Algunos volvieron con el sudor chorreado de su frente. Otros sembraron Galicia, Cantabria o Guadalajara bajo la sombra de un quebracho.

Pero lo hemos olvidado. Nos hemos construido un presente prometedor de futuro. Somos ricos. Lo tenemos todo. Dentro de poco incluso -qué alegría- hasta disfrutaremos de nuestros propios guantánamos.

La tortura y la ficción

Javier Ortiz

¿Quieren acabar de raíz con estas polémicas? Lo tienen fácil. Legislen que todos los interrogatorios sean grabados en vídeo y que sólo lo grabado y firmado por el detenido pueda ser remitido al juez correspondiente.

Son ganas (y muchas) de enredar. El Parlamento vasco no ha apoyado ninguna denuncia falsa de torturas. Lo que el Parlamento vasco ha constatado, porque es así, y no tiene vuelta de hoja, es que ningún gobierno español, ni éste, ni el anterior, ni ninguno de sus antepasados, ha aceptado jamás que en algunas comisarías y cuartelillos de España se producen torturas. Y no lo ha aceptado no ya cuando lo han señalado taxativamente los informes anuales de Amnistía Internacional, poco sospechosa de connivencia con ETA, ni cuando lo ha constatado el relator de la ONU, sino ni siquiera cuando los propios tribunales españoles han pronunciado sentencias firmes contra tales o cuales policías torturadores.

No sólo los agentes condenados han sido mantenidos en su empleo y se las han arreglado para no ingresar en prisión, sino que, en algunas ocasiones y para más recochineo, han sido condecorados. O ascendidos, como Rodríguez Galindo (astuta idea de Belloch). Pasó un corto periodo entre rejas, pero ya está también en la calle.

Claman con aire ofendido nuestros gobernantes y sus acólitos que hablar de torturas es hacer el juego a ETA. En primer lugar: las denuncias de torturas no se refieren sólo a miembros de ETA. Según los informes existentes, la mayoría de los malos tratos afectan a detenidos por presuntos delitos de derecho común. En segundo término: es el encubrimiento de las torturas lo que más beneficia a ETA, porque la rabia resultante nutre sus filas.

¿Quieren acabar de raíz con estas polémicas? Lo tienen fácil. Legislen que todos los interrogatorios sean grabados en vídeo y que sólo lo grabado y firmado por el detenido pueda ser remitido al juez correspondiente.

¿No les dice nada que haya habido detenidos que se han confesado autores de crímenes que luego se ha sabido que habían sido cometidos por otros? A lo peor fueron sutilmente animados a ello. En tiempos del franquismo se decía: “Tras un hábil interrogatorio…”. Pregunten en la Audiencia Nacional: allí sí que lo saben, aunque no les guste hablar de ello.

Es todo un juego de imposturas y ficciones. Aquí hay mucha gente que engaña, pero nadie se engaña.

En plena alianza con la extrema derecha, la jerarquía católica dice que en España no hay libertad religiosa

Juan Torres

El cardenal de Toledo, Antonio Cañizares, ha vuelto a realizar manifestaciones completamente estrambóticas y reaccionarias, a las que se suma el jefe de la jerarquía eclesiástica, el cardenal Rouco Varela. En la fiesta del Corpus Christi ha declarado que en España “no hay libertad religiosa” y una vez más se ha vuelto a quedar tan tranquilo.

Estos poderosos mitrados olvidan que su Iglesia goza desde hace decenios (gracias a su connivencia con un régimen que anuló las libertades y que asesinó y encarceló a cientos de miles de ciudadanos) de privilegios financieros e institucionales que son radicalmente impropios de cualquier estado democrático.

Aquí, en contra del más mínimo respecto a los ciudadanos que no tienen creencias religiosas, los ministros toman posesión de sus cargos delante de un crucifijo y de los Presupuestos Generales del Estado se destinan más de 5.000 millones de euros anuales a financiar a la Iglesia Católica:

- 170 millones de euros en aplicación de la opción de los contribuyentes al hacer la declaración de la renta.

- 517 millones de euros para pagar los sueldos de los más de 15.000 profesores de religión en la enseñanza pública.

- 3.200 millones de euros para la financiación de la enseñanza concertada religiosa.

- 800 millones de euros en concepto de cesiones de terrenos, exenciones y bonificaciones fiscales.

- 200 millones de euros para mantenimiento del patrimonio inmobiliario eclesiástico.

- 30 millones de euros para sueldos de capellanes en el ejército, hospitales y prisiones.

De modo vergonzoso, y paralelamente a esta financiación privilegiada, trece organizaciones religiosas participaron en actividades financieras ilegales destapadas en el llamado “caso Gescartera” y la jerarquía controla la empresa SICAV para invertir en acciones de empresas como Pfizer, que fabrica anticonceptivos de los que luego impide utilizar a sus fieles, en fabricantes de licores o en las que explotan o en otras que han explotado a mujeres y niños o el medio ambiente como Inditex o Endesa.

Y por si todo eso es poco, los jerarcas de la Iglesia católica española financian con el dinero de todos los ciudadanos una cadena de radio en la que insultan a los gobernantes que no sean de extrema derecha (como incluso ahora está pasando con Mariano Rajoy), se difunden mensajes racistas y xenófobos, se lanzan proclamas ultraderechistas y se crea un clima de maniqueísmo totalitario que no hace sino dividir a la población y crear odio y enfrentamiento.

Dirigentes católicos como Calizañes y Rouco son los responsables de todo esto, creo yo que en contra de millones de fieles católicos que viven sus creencias al margen de esta deriva hacia la extrema derecha de sus jerarcas pero que desgraciadamente permanecen demasiado callados.

Yo no creo que tengamos que permanecer en silencio. No podemos hacerlo. Es preciso levantar la voz y exigir a la jerarquía católica respeto a los valores constitucionales y sometimiento estricto a los principios de la democracia, siquiera sean tan débil como la nuestra. Ni Cañizares, ni Rouco y compañía son más que los demás, ni los demás debemos estar dispuestos a aceptar que ellos actúen y disfruten de privilegios como si fueran portadores de derechos vedados al común de los ciudadanos. Ya está bien. Están en su derecho de organizarse y actuar en las filas de la extrema derecha más radical pero deberán entonces someterse a la misma prueba de representatividad que otros políticos y partidos. El Estado democrático debería ser rotundo y decirle muy claramente a estos dirigentes de la extrema derecha que hasta aquí hemos llegado.

Cuánta caradura, Benavides, y señores de la Asociación de Comerciantes

Ernesto Ruiz

¿A quién representan los señores que dirigen la Asociación de Comerciantes?

Dice Benavides que la Asociación de Comerciantes se encuentra satisfecha con la regulación de los aparcamientos y que no están de acuerdo con extender la tarjeta de residentes a los empleados y comerciantes. Pues así será si así lo dice el alcalde. A no ser que pase como en La Herradura, donde los asociados se mosquearon y la Directiva tuvo que aclarar que ellos sólo habían pedido zona azul en un par de zonas y se la habían colocado en medio pueblo.

Pero es que, además, nuestro señor alcalde dice el otro día en el Pleno que tenemos un aparcamiento en el paseo de Blas Infante donde aparcar no cuesta nada. Lo primero, señor alcalde, es que eso es un parque. Y sin mediar acuerdo urbanístico alguno, usted lo ha convertido en un aparcamiento, pero que quede claro que nos ha robado un parque a los vecinos. Y lo segundo, y más importante, teniendo ahí el P4 ¿por qué tenemos que pagar los ciudadanos un puñado de plazas de garaje reservadas en el parking Leo para que usted y algunos concejales aparquen ahí su coche? Cuando los trabajadores del ayuntamiento vamos a nuestro trabajo, no podemos dejar nuestro coche de gorra en el parking Leo, y el sueldo de ustedes es más alto que el nuestro.

Deje usted ya de hacer demagogia con esto de los aparcamientos y deje de sangrarnos que ya no tenemos más sangre para chupar.

Fiasco nuclear en Finlandia

Ecologistas en Acción

 

Finlandia — La central nuclear de Olkiluoto-3, en construcción en Finlandia, el buque insignia del tan cacareado “renacimiento” nuclear, hace aguas por todos lados: oficialmente se reconoce que acumula ya 2 años de retraso sobre el calendario previsto y un sobrecoste de 1.500 millones de euros sobre lo inicialmente presupuestado. Y eso que lleva sólo 2 años de construcción…

El EPR (European Pressurized Reactor), el modelo de reactor que la multinacional francesa AREVA, de titularidad pública, está construyendo en Finlandia, es un clarificador ejemplo de lo caro y arriesgado que resulta invertir en energía nuclear.

En el 2001, AREVA hizo grandes promesas sobre el proyecto del reactor EPR de Olkiluoto-3. De acuerdo a estas promesas, el reactor iba a ser construido en un tiempo récord de 4 años (el tiempo medio de construcción de los reactores nucleares terminados entre 1995 y 2000 fue de 116 meses, es decir cerca de 10 años). Y se aseguró que el coste que tendría el reactor de Olkiluoto-3 sería de 2.500 M€, y que además no se necesitaría recurrir a apoyos estatales ni a subsidios de ningún tipo. La industria nuclear hablaba entonces del “renacimiento nuclear”: el EPR de Olkiluoto-3 sería su buque insignia.

Pero la realidad pinta muy diferente en 2008, 7 años después del lanzamiento público del “renacimiento nuclear”. La construcción del reactor empezó en 2005, y tan sólo 2 años más tarde, en 2007, la propia AREVA anunciaba oficialmente en su página web que la terminación del reactor de Olkiluoto-3 se retrasaría por 2 años. Mientras tanto, el coste de la construcción del reactor se ha ido a más allá de los 4.000 M€.

A pesar de las declaraciones previas de la industria nuclear de que el reactor no requeriría apoyos financieros estatales, los bancos públicos de Suiza y Francia han tenido ya que realizar fuertes préstamos para la construcción del reactor. Y, por si fuera poco, lo que agrava aún más la situación, es que se han detectado ya más de 1.500 defectos de diseño y desviaciones de calidad en el reactor, que genera grandes preocupaciones sobre la seguridad del reactor.

Sin duda, el EPR es un gran fiasco económico. El socio de AREVA en el EPR, la compañía alemana Siemens, reconoció oficialmente el pasado 17 de marzo que en este último trimestre ha tenido 900 M€ (millones de euros) de costes inesperados en un conjunto de proyectos. De estos, 600 M€ lo han sido en la División de Energía. Al respecto, el periódico finés Uusi Suomi hace referencia a temores, expresados por responsables alemanes de la compañía que no se identifican, que el grueso de esta cantidad proceda de la construcción de Olkiluoto-3. En este medio se cita al Director Ejecutivo (CEO) de Siemens, Peter Löscher, afirmando que en Siemens están muy descontentos con Olkiluoto-3 pero que no tienen ni idea de cuánto finalmente costará.

La energía nuclear perdió hace muchos años la batalla de la competitividad económica en unos mercados energéticos cada vez más liberalizados. No en vano, vista la experiencia en EE.UU., la prestigiosa revista Forbes calificó a la energía nuclear como “el mayor fiasco en la historia económica norteamericana”. Así mismo, el Banco Mundial y otros bancos multilaterales no financian desde hace tiempo proyectos nucleares, por no ser una opción eficiente en coste.

En Europa, aparte de Finlandia, sólo Francia está construyendo actualmente un reactor, en estado aún incipiente. Lituania, Rumania, Eslovaquia y Bulgaria tienen planeado construir alguna otra. Por otro lado, Alemania y Suecia tienen programas activos de abandono de la energía nuclear. Otros 12 países no apostaron por la nuclear en su mix energético o la abandonaron hace tiempo (como Italia o Austria). Los demás mantienen una moratoria o han anunciado la intención de cerrar su parque nuclear. Este último es el caso de España, si el PSOE y José Luis Rodríguez Zapatero finalmente cumplen su compromiso y no terminan defraudando a los ciudadanos.

En efecto, el PSOE ganó las elecciones generales del pasado 9 de marzo, haciendo uso de una serie de promesas como la de cerrar las centrales nucleares de forma progresiva y sustituir su aportación energética por “energías limpias, seguras y menos costosas”, como reza su programa electoral a las Elecciones Generales 2008.

Y lo tiene fácil, si quiere, si hay voluntad política, pues la viabilidad técnica y económica de un sistema de generación eléctrica basada al 100% en energías renovables, que nos permitiría luchar de forma eficaz contra el cambio climático al tiempo que se abandona la energía nuclear, es un hecho ya comprobado científicamente.

En efecto, el informe Renovables 100% del Instituto de Investigaciones Tecnológicas (IIT) de la Universidad Pontificia Comillas, encargado por Greenpeace, ha demostrado, mediante un profundo análisis técnico, que existen numerosas combinaciones de las distintas tecnologías renovables (solar termoeléctrica, eólica terrestre, eólica marina, biomasa, solar fotovoltaica, hidroeléctrica, energía de las olas y geotérmica) que permitirían satisfacer al 100% la demanda eléctrica peninsular, las 24 horas del día y los 365 días del año, a un coste menor que el de un sistema basado en las tecnologías convencionales. El estudio ha tenido en cuenta tanto las limitaciones que surjan en el sistema como las distintas restricciones en cuanto a disponibilidad de recursos, ambientales, usos del suelo y acoplamiento temporal demanda-generación-transporte.

NOTA: El Programa Electoral del PSOE dice: “Mantendremos el compromiso de sustitución gradual de la energía nuclear por energías seguras, limpias y menos costosas, cerrando las centrales nucleares de forma ordenada en el tiempo al final de su vida útil, dando prioridad a la garantía de seguridad y con el máximo consenso social, potenciando el ahorro energético y las energías renovables, la generación distribuida y las redes de transporte y distribución local”

Sublimes decisiones

Carlos Tena

Los miembros del Tribunal de la Audiencia de Orden Público Nacional, en un momento insólito de clarividencia y objetividad, han decidido que la colocación del nombre de un “terrorista” a una calle en una ciudad, villa, pueblo o aldea del territorio nacional, sea considerado delito de exaltación de la violencia, y por tanto, el, la, los, o las responsables de un hecho como ese, serían procesad@s de inmediato, puest@s de patitas en la celda e incomunicad@s sin posibilidad de salir previa entrega de fianza

Manifiesto mi alegría ante la medida, porque será la manera más eficaz de que nombres como los que siguen a continuación, no tengan más calles, avenidas, plazas, travesías y rúas, carrers y kaleas dedicadas a su memoria.

Militares terroristas como Saliquet, Ponte, Dávila, Montaner, Moreno, Queipo de Llano, Vigón, Santiago y Díaz de Mendívil, Tejero, Mola, Gil y Yuste, Orgaz Yoldi, Franco Bahamonde, Muñoz Grandes, Carrero Blanco, Serrano Súñer, Martínez Anido, Galarza, Varela, Alarcón de la Lastra, Asensio, Gómez Jordana, González Gallarza, Fernández Ladreda, Planell Riera, Diez de Lecea, Barroso, Alonso Vega, Abárzuza, Nieto Antúnez, Aranguren Roldán, Menéndez Tolosa, Castañón de Mena, Baturone Colombo, Pita da Veiga, Coloma Gallegos, Armada, Milans del Bosch, más decenas de civiles como Solana Madariaga, Álvarez Buylla, González, Barrionuevo, Herrero Tejedor, Herrera y Esteban, Martínez Esteruelas, Utrera Molina, Ruiz Jarabo, Fernández Cuesta, Arias Navarro, Fernández Miranda, Fernández de la Mora, Aparicio Rodríguez, Piñar, Oriol y Urquijo, Sánchez Bella, Garicano Goñi, Solís Ruiz, Fraga Iribarne, Iturmendi, Castiella, Arrese, Sanz Orrio, Rubio García-Mina, Girón de Velasco, Martín Villa, y un largo etcétera.

Supongo también que, en coherencia con la medida dictada, los ilustres miembros de ese tribunal, urgirán de ayuntamientos, diputaciones, corporaciones y parlamentos que, de existir en sus predios alguna vía pública dedicada a los nombres arriba señalados, sean sustituidas de inmediato por otras en las que se recordarían a personalidades que combatieron por una democracia plena, enfrentándose al fascismo y la dinastía borbónica, cuna de todo el retraso económico, cultural, industrial, ético y moral de buena parte de la península ibérica. Ellos sí dieron su vida por un país libre. Hombres y mujeres cuyos apellidos deben ser honrados hasta el fin de los tiempos:

Civiles como Alcalá Zamora, Martínez Barrios, Lerroux, Sánchez Albornoz, Azaña, Prieto, Giner De los Ríos, Casares, Largo Caballero, Zulueta, Giral, Domingo, Barnés, Companys, Rocha, De Lara, Gómez Paratcha, Botella Asensi, Iranzo Enguita, Guerra del Río, Samper, Palomo, Gordón, Pi y Suñer, de Azcárate, Domingo Sanjuán, Giral Pereira, Ruiz Funes, Álvarez del Vayo, Ibarruri, Negrín, Montseny, Zugazagoitia, Hernández Tomás, Ansó Zungarren, Casado, Ayguadé y Miró, Iglesias, o militares como Lucas Martín, Eixea Villar, Azarola y Gresillón, Martínez Cartón, Enciso Madollel, Escobar Huertas, Cristóbal Zaragoza, López Tovar, Escofet Alsina, Martínez Cabrera, Goded, Estrada Manchón, Llano de la Encomienda, Faraudo y de Micheo, Fernández Bujanda, Fernández de Heredia, Burillo Stholle, Ballester Linares, Granell, Romerales Quintero, Zulueta Isasi, Campins, González Ubieta, Núñez de Prado, González Tablas, Riquelme, González Camó, Miaja, Zarauza, Valentín Gómez El Campesino, Del Barrio, Líster, García Vivancos, Ristori de la Cuadra, Gómez Caminero, Rojo Lluch, Gancedo Sáez, Quesada del Pino, Vega Martínez, Gallo Martínez, Ros Hernández, Batet, Leret Ruiz, Galán Rodríguez, De Frutos, Mussió, Fernández de Villa-Abrille, Fernández Urbano, Martínez de Monje, Pastor Velasco, Ortega Gutiérrez, Del Río y un largo etcétera de héroes republicanos fusilados, en muchos casos, por los terroristas citados en el segundo párrafo de este artículo.

Animo a las asociaciones de vecinos demócratas, que se constituyan en asambleas urgentes, para ayudar a que la decisión de los jueces del Tribunal de la Audiencia del Orden Público Nacional sea pronto una realidad.

Democracia con D de Dinero

Juan Torres López

Catedrático de Economía en la Universidad de Málaga

Es natural que los ciudadanos se escandalicen cuando personas que estaban en la política activa pasan de pronto a formar parte de la nómina de grandes empresas cobrando sueldos millonarios. Y es que la cosa tiene guasa : Telefónica nombra a Zaplana, de quien dicen que no habla inglés ni francés, como delegado para Europa y le pagará por ello 600.000 euros. Y la patronal de los constructores ficha al actual jefe de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno, David Taguas, en un puesto que no tiene más función que la de tratar de influir en los ámbitos de decisión en donde Taguas se había movido hasta ahora.

Todo eso es escandaloso, pero lo que a mí me parece mucho peor no es lo que estos listillos harán a partir de ahora, sino lo que hicieron antes.

No hablaré de Zaplana, un cara dura que reconoció de modo flagrante que estaba en política para forrarse. El caso de Taguas me parece aún más significativo. Procedente del Banco de Bilbao Vizcaya ¿a qué se suponía que iba a ir al complejo de la Moncloa ?, ¿algún ingenuo pensaba que iba a seguir ahí por convicción ideológica una vez que el vicepresidente Solbes exigió a Zapatero que la Oficina Económica dejara de tener el poder que tenía antes con Sebastián ? Por eso lo que es grave no es lo que haga ahora Taguas, sino lo que pudo hacer antes para ganarse el favor de los constructores. Y el problema es que eso no lo podemos saber porque su agenda, como la de todos los gobernantes, ha sido completamente opaca mientras estuvo en el poder.

Elegimos a quienes nos gobiernan pero luego éstos no nos dejan que veamos lo que en realidad hacen. No nos dicen con quién se reúnen, ni qué ofrecen a quienes los visitan, ni qué promesas se intercambian.

Ni, simplemente, de qué hablan los políticos con los banqueros, o con los constructores, con los grandes industriales y con los poderosos, con los que los financian a ellos y a sus partidos. Por eso, lo relevante es lo que los políticos hacen antes y no después de dejar sus cargos. Y por eso el velo que realmente es importante retirar es el que oculta las actividad de quienes gobiernan : del rey, de los ministros, de los jueces, de los militares y de todos los que toman decisiones con el dinero de la gente. Mientras no sepamos a qué se dedican realmente todos ellos hablar de democracia será una auténtica pamplina.

Luchar por la ciudadanía, la Ilustración y el Estado de Derecho significa ante todo luchar por desactivar la lógica capitalista

Luis Alegre Zahonero, coautor del polémico libro Educación para la Ciudadanía. Democracia, Capitalismo y Estado de Derecho de Akal, inauguró ayer el primer curso para formar al profesorado que se celebra en León, organizado por Stele, de cara a la implantación de la nueva asignatura. El filósofo presentó las líneas básicas de la adaptación del libro, por el que algunos sectores de opinión pidieron su inhabilitación y la de los otros autores, entre ellos el filósofo Carlos Fernández Liria, a un manual de Ética y Ciudadanía para cuarto de la ESO. Reivindican, como Sócrates, la ciudadanía como «la condición por la que el hombre puede, en lugar de limitarse a vivir, aspirar a llevar una vida buena».

-¿Cómo han podido adaptarse a las exigencias del Ministerio de Educación desde una perspectiva tan crítica?

-Cuando el Ministerio de Educación diseña un currículo deja un margen bastante amplio de actuación y además nuestro editor nos ha dado libertad. Respetamos escrupulosamente el currículo, pero es un texto con un contenido extraordinariamente crítico.

-Cada comunidad autónoma tiene su propio currículo. ¿El libro vale para cualquiera de ellas?

-Nos hemos guiado por el currículo que diseña el MEC, que tienen que respetar todas las comunidades autónomas, quieran o no. Eso sí, hemos hecho un libro muy largo, con muchos contenidos porque ante todo defendemos una educación disciplinar y con contenidos y, por tanto, hemos hecho un libro de filosofía. Pero creo que sólo va a ser viable como libro de texto en esas comunidades que decidan darle bastantes horas a la asignatura. Las comunidades del Partido Popular ya han anunciado que van a reducir las horas al mínimo que les exige la ley y este libro es inviable con una hora a la semana.

-¿Qué aporta de novedoso con respecto a otros manuales?

-Es el intento de dar a una asignatura sin perfil científico un contenido disciplinario, para que sea una asignatura de Filosofía. La inmensa mayoría de los libros nos parecen de una gran vaguedad, con llamadas a las buenas intenciones y contando lo felices que deben ser todos por vivir en una monarquía constitucional... Creo que hemos intentado hacer de la necesidad virtud y buscar el resquicio para darle un perfil científico o de, por lo menos, ofrecer al profesor la posibilidad de que la convierta en una asignatura de filosofía. La diferencia más nítida es que está escrito desde una perspectiva estrictamente marxista, lo que sinn lugar a dudas nos van a reprochar. Es un libro marcadamente marxista que denuncia la incompatibilidad entre capitalismo y ciudadanía, pero es que están saliendo libros neoliberales, tomistas, con perfiles religiosos... Así no tiene que sorprender que también haya uno marxista.

-La tesis de su libro es que la ciudadanía es un espejismo en el capitalismo. ¿Por qué?

-Porque el Estado de Derecho es una ficción en las condiciones capitalistas de producción. Es un espejismo porque partimos de que el Estado de Derecho son esas condiciones en las que el derecho consigue gobernar el curso de la realidad incluso si lo tiene que hacer en contra de los intereses de los poderosos y de la economía y en condiciones capitalistas se restringe al mínimo el margen de actuación para la política. El parlamento es un espectáculo patético porque cualquier medida que se pudiera plantear por trivial que parezca es contestada por el poder económico. Estamos en un mundo en el que la economía pone barreras y restringe el espacio de actuación de lo que se supone que es la sede de la soberanía en un Estado de Derecho. Además, hay un hecho del que no podemos desentendernos: durante todo el siglo XX cada vez que una opción de izquierdas ha ganado unas elecciones y ha intentado aplicar un programa de izquierdas inmediatamente se ha dado un golpe de Estado. España en el 36 y Chile en el 73 son los casos más llamativos.

-¿Qué proponen al alumnado: una rebelión contra el sistema o que vean que es imposible la ciudadanía, lo cual no deja de ser frustrante?

-Yo no veo que sea frustrante. Lo que intentamos defender ante todo es que el proyecto de la ciudadanía, de la Ilustración y del Estado de Derecho es irrenunciable, aunque sólo sea como idea regulativa. Es una exigencia ineludible de la razón y en ese sentido hay que luchar sin tregua. Ahora bien, sin que se nos olvide que luchar por la ciudadanía, por la Ilustración y por el Estado de Derecho significa ante todo intentar luchar por desactivar la lógica capitalista, que resulta incompatible con el proyecto de la ciudadanía.

-A Sócrates le condenaron a muerte y a ustedes les han tachado de locos por hacer un libro crítico desde la izquierda. ¿Qué diría que tienen en común?

-Sería muy arrogante decir que tenemos algo en común. Nos gustaría tener en común todo con él, a ser posible, excepto la condena a muerte, aunque parece que una cosa va unida a la otra.

-Parece que desvelan el misterio de la muerte de Sócrates ¿Cuál es?

-Con Sócrates se inaugura el proyecto de la Ilustración, de la ciudadanía y del Estado de Derecho que ha sido siempre un proyecto revolucionario e insoportable para los poderosos. El proyecto de la ciudadanía ha resultado siempre insoportable para los poderosos y lo sigue siendo ahora.

Ahora el dinero público de las pensiones puede salvar a los bancos

Pascual Serrano

Casi todos recordamos cómo hace unos años decían que el sistema español de la Seguridad Social podía colapsar y no estar en condiciones de garantizar nuestras pensiones. Por ello, comenzaron una campaña de fomento de planes de jubilación, detrás de los cuáles estaban aseguradores y bancos. Ellos sí podían garantizar nuestra pensión y no el Estado.

 

Pues mira por donde, ahora vemos en una noticia del diario El Mundo del 8 de mayo que son los bancos y cajas de ahorros quienes piden al gobierno el dinero de la Seguridad Social para poder enfrentar su situación de crisis financiera. Bien claro que lo dice el titular: “La banca pide al Gobierno financiar la crisis inmobiliaria con el fondo de las pensiones”.

 

Señala la noticia que “las asociaciones de los bancos y cajas de ahorros de España están pidiendo al Gobierno medidas de apoyo para garantizar la liquidez del sector financiero español que incluyen la utilización en el mercado de renta fija privada, por primera vez, del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, creado para garantizar las pensiones de los trabajadores españoles”. Según el periódico “tanto la Asociación Española de Banca (AEB) como la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) están planteando sus propuestas de manera informal en las frecuentes reuniones que están manteniendo con la cúpula del Ministerio de Economía y el Banco de España”.

 

De forma que el ciudadano que hace quince años decidiese pagar religiosamente una cantidad al banco porque pensaba que la Seguridad Social no le iba a garantizar su pensión, ahora descubrirá que es gracias a esa misma Seguridad Social por lo que su banco no entrará en crisis y le dejará tirado con su fondo de pensiones.

La Presidenta del PP tiene mala memoria y maneja datos erróneos

El PP de Almuñécar afirma que IU, PSOE y PA estamos manipulando datos en relación a la tasa de basura. En realidad, es su presidenta quien, por falta de memoria o por errores de cálculo, ofrece datos falsos.

1. Afirma Trinidad Herrera que El Partido Popular, votó a favor de separar la tasa de basura del IBI, como se hacía antes, pero en ningún caso votó a favor del tipo impositivo que se está aplicando en la tasa de basura, en cuya votación se abstuvo. Ahí se equivoca Trinidad. Pero, en cualquier caso, si no les parece bien el 0,50 pueden votar a favor de la moción que vamos a presentar pidiendo que el cobro de esta tasa se paralice hasta que estén las cuentas claras. O pueden proponer ellos una bajada de ese 0,50, y ya pueden contar con nuestro voto por adelantado.

 En relación con el tema de la basura ha habido cuatro plenos. En cada uno de ellos nos han enseñado informes distintos subiendo de un día para otro los cálculos acerca de lo que nos iba a costar que los empleados del Mirlo tuviesen un salario digno. Embuste sobre embuste hasta la victoria final, en que el PP tuvo que tragar si quería el voto de Benavides para la Mancomunidad. Así de sencillo. ¿O cómo se explica que un partido vote en contra de subir un 11%, vote en contra de subir el 17% y acabe votando una subida del 22,5%?

Veamos la historia de los plenos porque es interesante:  

• En el primero, Benavides propuso pasar el IBI del 0,90 al 1% del valor catastral. El PP votó en contra.
• En el segundo pleno, Benavides pensó: si no quieres caldo, toma tres tazas, y propuso una subida algo mayor, del 0,90 al 1,05. El PP votó en contra.
• En el tercer pleno, Benavides ya había conseguido un pacto con el PP en la Mancomunidad y entonces les chuleó un poco y propuso subir más aún, pasando del 0,90 al 1,10, pero con una modificación. El IBi bajaría del 0,90 al 0,60 y se crearía una tasa de basura del 0,50. Las actas lo recogen sin ningún género de dudas: el PP votó a favor de esta propuesta y así se aprobó: bajar el IBI al 0,60 y crear una tasa de basura del 0,50.
• En el cuarto pleno, ahí estará la confusión de Doña Trinidad, IU presentó alrededor de cincuenta alegaciones pidiendo que el tema se anulara porque los grupos municipales aún no teníamos informes técnicos y jurídicos que acreditaran cuál era el coste real del servicio de recogida de basura. IU anunció que denunciaría a los concejales que apoyaran este acuerdo porque es ilegal cobrar mediante tasa más de lo que cuesta el servicio. Y ahí fue cuando el PP se abstuvo. Convergencia votó en contra de las alegaciones. Los demás partidos votaron a favor y las alegaciones de IU fueron rechazadas.

2. Dice la presidenta del PP que dicha tasa de basura va a suponer un incremento medio de 30 euros anuales por vivienda. Le fallan las matemáticas. Según los datos oficiales, en Almuñécar hay 39.633 inmuebles con un valor total de 931.377.632,86. Por una sencilla división, el autor de la información, que es el encargado del Catastro, nos dice que el valor medio de esos inmuebles es de 23.500,05€.

Sigamos. En 2007 pagábamos un 0,90 de IBI sobre ese valor catastral. Coja usted la calculadora y verá como el 0,90 de 23.500,05 es 211,50.€.

En 2008 vamos a pagar de IBI el 0,60 de esa misma cantidad. Haga usted la cuenta y verá como le sale 141€.

En 2008, esa vivienda media de 23.500,05€ va a pagar en concepto de tasa de basura el 0,50. La calculadora dice que eso es 117,50€.

Sume usted esas dos cantidades: IBI y Basura. Si no nos hemos equivocado, le saldrá 258,50€.

Ahora hacemos una resta. Lo que pagaremos en 2008 entre IBI y Basura menos lo que hemos pagado en 2007 por IBI: al equipo científico de IU, después de contrastar el dato con cinco calculadoras diferentes, nos salen 47,50€.

Señora Trinidad, y señores periodistas de algún medio que también han tenido algún problema con la calculadora. Este año, el valor medio de la basura más la contribución va a sabir 47,50€, casi 8.000 pesetas. Se trata, ni más ni menos, de un 22,5%, que es lo que hemos denunciado una y otra vez. Pero es que, además, ese valor de 23.500,05 no es el valor medio de nuestras viviendas. Cuando el catastro habla de inmuebles hace referencia a numerosas edificaciones que no son viviendas, por ejemplo, cocheras, cuyo valor catastral es muy inferior. De hecho, en estas cuentas del catastro se habla de 39.633 inmuebles, y todos sabemos que en Almuñécar no hay ese número de viviendas. Si nos dieran el dato exacto de las viviendas, pero sólo de las viviendas, podríamos comprobar cómo el valor medio de nuestras casas y pisos está bastante por encima de esos 23.500€. Por lo tanto, la subida media que vamos a tener está bastante por encima de los 60€. Y si no, ¿por qué está la gente tan cabreada? ¿por qué nos piden las alegaciones como rosquillas?

Una cuenta clara y facilita: por cada 90€ que pagamos el año pasado, este vamos a pagar 110. Eso, sin contar que el valor catastral de todas las viviendas, incluida la de Doña Trinidad, habrá tenido el incremento normal que cada año se le aplica por el incremento del IPC. Así que, el 22,5% más la subida del valor catastral de acuerdo al IPC nos da una subida real superior al 25%.Lo demás son ganas de liar. 

Pero es que, además, nosotros estamos insistiendo en algo a lo que no responde Benavides ni sus apoyadores. Todavía no sabemos cuánto cobra El Mirlo por coger la basura. Nos han dicho cuánto cobra por todo, por coger la basura, por limpiar las calles, por coger los trastos viejos... pero es que eso no nos sirve, porque la ley, que está para cumplirla, dice que los ayuntamientos no pueden cobrar en las tasas ni un céntimo más de lo que les cuesta el servicio, y además, prohibe expresamente que se cobre tasa por limpiar las calles. ¿O está de acuerdo el PP en que en la tasa de basura nos metan todo lo que se le ocurra al señor alcalde? Pues por lo visto, sí.

Aquí abajo tienen el comunicado del PP:

El Partido Popular de Almuñécar y La Herradura, a través de su presidenta local, Trinidad Herrera, quiere mostrar su indignación ante la manipulación de datos que se está realizando por parte del PSOE, PA e IU en relación a la tasa de basura.

Según Herrera, “la información dada es totalmente errónea, y lo único que está provocando es alarma social y desde luego el desprestigio más absoluto de nuestro municipio, máxime teniendo en cuenta la época en la que estamos, época en la que lo que tendríamos que hacer es vender de la mejor manera posible nuestro municipio como destino turístico y no dedicarnos a desprestigiarlo”.

El Partido Popular, votó a favor de separar la tasa de basura del IBI, como se hacía antes, pero en ningún caso votó a favor del tipo impositivo que se está aplicando en la tasa de basura, en cuya votación se abstuvo. Pero deben tener claro los ciudadanos, que la postura del PP en ese Pleno tenía poca importancia, lo mismo que la del resto de los grupos de la oposición, ya que la concejal del PSOE Rocío Palacios no se dignó a asistir a ese Pleno Municipal, con lo que le dio carta blanca al gobierno del Sr. Benavides para que aprobara lo que quisiera. Por tanto el PSOE, no está en absoluto legitimado para hacer ninguna crítica al respecto.

Los ciudadanos, según manifestó Herrera, “deben saber la verdad. Es cierto que hay que pagar la tasa de basura, pero también es cierto que el IBI ha bajado un tercio, y que dicha tasa de basura va a suponer un incremento medio de 30 euros anuales por vivienda y que con ese esfuerzo conseguiremos evitar molestas huelgas de basura, que Almuñécar esté limpia y que los trabajadores de la empresa de limpieza cobren un sueldo digno sin temor a ser despedidos”.

En un municipio turístico, como Almuñécar y La Herradura, es muy importante la imagen y su limpieza, porque de ellas depende que funcione nuestra principal fuente de riqueza que es el Turismo, y el incremento económico que va a suponernos la nueva tasa de basura, debemos entenderla como una inversión de futuro que sin duda dará los frutos a todos los ciudadanos. Trinidad Herrera concluyó manifestando que “seamos todos responsables y no deterioremos más la imagen de nuestro municipio, creando confusión y malestar, no solo a nuestros vecinos, sino a todas aquellas personas que pueden elegir nuestra ciudad como destino turístico. ¡En política no vale todo!”.

¿Que ocurriría si en Euskadi se convocase un referéndum como el de Santa Cruz?

Carlos Martínez

El pasado día 4 de mayo el Comité Cívico de Santa Cruz, un departamento de Bolivia, convocó una consulta popular para aprobar un “estatuto autonómico” mediante el cual se “auto-otorgaban” competencias tales como orden público, la titularidad de lo recursos naturales, la recaudación y administración de impuestos, agricultura, comunicaciones... Competencias que según la Constitución boliviana corresponden al Gobierno de la Nación boliviana. De forma que mediante una consulta unilateral se está pretendiendo reformar la carta magna, algo jurídicamente inaceptable. A pesar de ello, no se ha percibido en los medios españoles ni en sus firmas de opinión ni en nuestros políticos una oposición clara a ese referéndum. De ahí que resulte interesante comparar el secesionismo de Santa Cruz en Bolivia con lo que ha pasado, está pasando o puede pasar en el Reino de España donde existe otro territorio, Euskadi, con un importante movimiento independentista. ¿Que ocurriría en España si se plantease un referéndum soberanista?

Para evitar este tipo de consultas, la Constitución Española en su artículo Artículo 62 establece que el Rey es quien ostenta la competencia en exclusiva para convocar referéndum, que será a propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizado por el Congreso de los Diputados y, en todo caso, con carácter consultivo, conforme el artículo 92 del mismo texto legal. De forma que ningún órgano de ninguna Comunidad Autónoma tiene competencia para convocar una consulta popular.

Si a pesar de esta prohibición, una cámara legislativas regional o un gobierno autonómico intentasen celebrar un referéndum, el gobierno central impediría su celebración por diferentes vías. En primer lugar la penal, aunque durante la primera legislatura de Zapatero (y fruto de los acuerdos de legislatura con nacionalistas vascos y catalanes) se suprimió el artículo introducido por el Partido Popular en el Código Penal por el que se castigaba a la autoridad que convocase un referéndum ilegal, la Fiscalía no dudaría en denunciar a los convocantes por un delito de “colaboración con banda armada” ante la Audiencia Nacional y, precisamente, lo haría el día que estuviese de guardia el juez Baltasar Garzón, quien raudo iniciaría un proceso penal con múltiples medidas cautelares para evitar la celebración del referéndum.

El Gobierno también utilizaría el mecanismo previsto en el artículo 155 de la Constitución por el cual “si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras Leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno... podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general”.

Tanto en la vía judicial como política, el Gobierno y los Jueces ordenarían a las Fuerzas Armadas que impidiesen la consulta, algo sencillo de imaginar pues sería algo muy similar a lo que vemos todos los días cuando se cierran las sedes de ANV y se detienen a sus líderes.

Si Evo Morales hubiese actuado del mismo modo que Zapatero, en todas las televisiones nos mostrarían las imágenes de policías y militares cerrando colegios electorales y llevándose las urnas. Si hubiese un juez Garzón en Bolivia los columnistas españoles criticarían y denunicarían que los jueces bolivianos no son independientes pues no puede entenderse sino en clave política la hipotética entrada y registro de las sedes del Comité Cívico de Santa Cruz y la detención de sus principales dirigentes.

Por el contrario el gobierno de Bolivia no ha utilizado a las fuerzas armadas para impedir la ilegal consulta, simplemente la ha ignorado por ser una mera provocación y sin ninguna eficacia jurídica. Esta decisión ha sido interpretada como una señal de debilidad cuando lo que se ha evitado ha sido una confrontación directa que nada favorecería a la imagen y credibilidad del gobierno boliviano.

Para los ideólogos de la dominación capitalista el Presidente Hugo Chávez es un dictador por que no renueva la concesión de radiofrecuencia a una Televisión y el indigenismo de Evo está derrotado por las urnas en Santa Cruz. Es obvio que mientras hagan políticas de izquierda van a ser criticados pero, sobre todo en el caso de España, los medios deberían ser más cautos no vaya a ocurrir que Evo Morales y Hugo Chávez “imiten” los métodos “democráticos” del gobierno español y nos dejen, una vez más, en evidencia.

Bolonia: Un análisis matemático de la privatización de la Universidad

Manuel Muñoz Navarrete

Empezaré de un modo inhabitual: dando una buena noticia. Para darla, me pondré en el pellejo del currante de a pie, que se informa por lo que dice el telediario. Tendrá la imagen de una juventud que sólo se moviliza para hacer macrobotellones ("500 jóvenes se emborrachan en tal sitio…"). Pero yo voy a darles la buena noticia de que este mismo curso ha habido en Sevilla dos manifestaciones (12 de diciembre y 6 de marzo) en defensa de la educación pública con al menos dos mil estudiantes cada una.

Recurriendo a las matemáticas, los medios de comunicación tenían que haberle prestado a esta movilización de dos mil personas 4 veces más atención que al macrobotellón de quinientas. Pero le prestaron infinitamente menos: ocultaron el hecho, en una demostración más de lo que para ellos significa la libertad de expresión. Este guiño a las matemáticas no ha sido en vano. Más allá de los habituales análisis impresionistas del Plan Bolonia, se impone la necesidad de un análisis riguroso, científico y que vaya a las fuentes legales. Tal es el objetivo de este artículo.

¿Qué es el Plan Bolonia?

Su verdadero origen está en el Acuerdo General de Comercios y Servicios, firmado por la OMC en 1995. Así, 151 Estados acuerdan "liberalizar el comercio de servicios", ya que "la financiación pública es un elemento de distorsión de los mercados". Después de varias reuniones, los ministros de educación europeos se citan en Bolonia (Italia) en 1999, emitiendo la famosa declaración. En ella, se habla de transformar radicalmente la educación universitaria a nivel europeo.

A partir de aquí, se inicia un proceso que en el Estado español se ejecuta a través de leyes y decretos. La odiada LOU de Aznar (la misma que Zapatero, desde la oposición, prometió derogar, mintiendo a todo el país) fue la estructura, que los sucesivos Reales Decretos del PP y del PSOE han ido llenando de contenido.

¿Qué significa en la práctica?

Significa una reestructuración radical que atañe a la estructura de las carreras, a los métodos de enseñanza, a los medios de financiación y al propio espíritu universitario.

a) Reestructuración de las carreras

El Real Decreto 13/93 de octubre de 2007 anunció que en 2010 se suprimirán definitivamente las Licenciaturas y Diplomaturas, creándose los Grados y Posgrados.

El Grado se define, en el Capítulo II, Artículo 9 como simple "formación general orientada al ejercicio de actividades de carácter profesional". Es decir, el Grado será una FP especial. En el Artículo 12 de este capítulo se define la estructura del Grado: serán 4 años, y sólo 2 específicos de cada titulación: el resto, materias comunes de formación básica y prácticas en empresas, sin que se contemple remuneración.

Hay que aclarar que el Grado no sustituye a las licenciaturas, sino que se trata de algo diferente. De hecho, al perder especificidad pierde también atribuciones profesionales: con un Grado de Derecho no podrás ejercer de abogado, y con uno de Arquitectura no podrás firmar proyectos. Para trabajar, será preciso hacer (y costearse) un Posgrado.

El Posgrado, que será la especialización, se divide en Máster y Doctorado. Pero, como expondremos más adelante, los Posgrados tendrán precios prohibitivos y pocos estarán becados.

b) Reestructuración de los métodos de enseñanza

En el año 2000 un grupo de universidades privadas elaboran el Proyecto Tuning ("armonizando"). Este proyecto plantea reducir los conocimientos e incrementar las "competencias, habilidades y destrezas". Los estudiantes deben aprender a aprender, buscando la información en Internet. Así, se diseña el nuevo crédito europeo (ECTS), según el cual sólo el 30% de los créditos corresponderán a clases magistrales. El resto, serán tutorías, seminarios, horas estimadas de estudio… Pero lógicamente pagaremos el 100% de los créditos, por lo que pagaremos por estudiar en casa.

En 2003, se emite un Real Decreto sobre el crédito europeo. Según este Decreto, "el venir a clase no será obligatorio o recomendable, será imprescindible para poder aprobar". En consonancia, las universidades que aplican proyectos piloto de estos planes han establecido ya la asistencia obligatoria. Además, en el Artículo 4 se resalta la idea de un "estudiante a tiempo completo", que dedique 7 horas diarias a sus estudios. Esto es muy grave, puesto que hasta ahora muchas personas han hecho carreras compaginando estudios y trabajo, lo que pasará a ser imposible.

Este mismo Decreto, en su Artículo 5, establece que se marcará la distribución de las calificaciones sobre el total de la clase. Por ejemplo, el 10% mejor será de la categoría A, el 25% siguiente de la categoría B… Esto es fomentar la competitividad, y puede generar un clima insano e insolidario en las clases, un clima en el que cada cual se calle sus progresos para que no se entere el de al lado.

c) Reestructuración de los medios de financiación

En el Modelo de Financiación de Universidades Públicas de Andalucía del 2007 al 2011, publicado en el BOJA número 146, leemos que el objetivo para final del periodo es que la financiación privada haya llegado ya al 30% del presupuesto universitario.

El punto 4.2.3 de este documento atañe a la "Financiación vinculada a resultados" y establece determinados indicadores para financiar más a aquellas carreras cuyos titulados monten empresas propias en los 3 años siguientes a la graduación. Podemos imaginar lo que esta financiación competitiva y mercantilista significará para las todas las humanidades.

Las tasas suben: el Grado costará un 150% más que las actuales Licenciaturas (de 600 euros de media a 1500). Las becas disminuyen: en la Universidad de Sevilla, el curso 2001-2002 se concedieron 14.638 becas, y este curso han caído a 10.859, un 25% menos.

Como dijimos, el Posgrado va a tener por su parte precios prohibitivos. Esto se debe a que el Artículo 13 del Reglamento de enseñanzas propias de la Universidad de Sevilla establece el equilibrio presupuestario entre gastos e ingresos: las universidades tendrán que autofinanciarse (aumentando las tasas por ejemplo). La universidad pasa a ser una empresa y los estudiantes, clientes.

El CAP (curso necesario para hacer oposiciones a profesor) pasa a ser un Máster. De tener una duración de entre 10 y 30 créditos actuales (entre 100 y 300 horas por tanto) pasará a durar 60 créditos ECTS (entre 1500 y 1800 horas). De costar entre 150 y 200 euros, pasará a costar 1500 euros.

Además, la Universidad de Sevilla ya ha ofertado Másteres de 15.000 euros, y no se cree que ninguno baje de los 3500 euros. Dado que la mayoría de ellos no estarán becados, habrá que acudir a algo nuevo en el Estado español: las becas-préstamo, ofertadas en Sevilla por el Banco Santander, Banco Popular, Caja Duero y la Caja Rural.

Se trata de préstamos que, tras acabar la carrera, una vez que estés trabajando, tienes que devolver (en algunos casos con intereses). Sabemos que en Inglaterra las becas-préstamo arrinconaron a las becas a fondo perdido, haciéndolas incluso desaparecer totalmente durante algunos años. También sabemos que para un graduado inglés el resto de su vida consiste en pagar las deudas que ya ha contraído: casa, coche, estudios…

d) Reestructuración del propio espíritu universitario

La LOU está plagada de expresiones del tipo "la universidad tiene que rendir cuentas a la sociedad", "la sociedad tiene que colaborar en la financiación de la universidad". Pero ¿qué quiere decir la LOU cuando habla de "sociedad"? En el Artículo 14 de la LOU se establece que el Consejo Social es el órgano de "participación de la sociedad en la universidad". Pero la mayoría de los miembros del Consejo Social de la Universidad de Sevilla son empresarios vinculados a empresas como Inés Rosales S.A., Auna, Caja Sur, Fundaciones Caetano S.A., etc.

Sólo hay 6 miembros de la comunidad universitaria (entre ellos el Rector). Sin embargo, el Consejo Social toma decisiones sobre los presupuestos de la universidad y sobre becas.

Por su parte, la ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación) fue también creada por la LOU de Aznar, y su Consejo Asesor está compuesto por "18 personalidades nacionales y extranjeras de reconocido prestigio del ámbito académico, profesional y empresarial" (http://www.aneca.es/quees/queesest_consejo.asp).

Según el Real Decreto 13/93 de Zapatero, Capítulo VI, Artículo 25, la ANECA "tendrá carácter preceptivo y determinante" sobre los planes de estudio. Sin un informe positivo de la ANECA, un título "causará baja" y "se considerará extinguido", opinen lo que opinen la comunidad autónoma y el Consejo de Universidades.

Esto no casa con la filosofía universitaria, como tampoco casan con ella los cierres de titulaciones. Al subordinar la financiación pública a la previa obtención de financiación privada, muchas carreras no rentables para el mercado van a desaparecer. En la Complutense de Madrid, van a cerrar todas aquellas carreras que tengan menos de 25 alumnos, por lo que desaparecerán todas las Filologías salvo la Inglesa.

En Sevilla, quisieron quitar Historia del Arte, pero una marea humana gritando bajo el rectorado los disuadió de esta idea. Esto nos lleva también a reflexionar sobre la posibilidad de luchar y vencer contra los Planes de Bolonia, de lo que hablaremos más adelante.

Un último apunte, muy ilustrativo. El nuevo gobierno del PSOE acaba de transferir las competencias de gestión de la universidad del MEC al recién creado Ministerio de Ciencia, Innovación y Tecnología. Este ministerio está liderado por Cristina Garmendia, gran empresaria farmacéutica y miembro de la Junta Directiva de la CEOE (Conferencia Española de Organizaciones Empresariales). La universidad está en manos de la patronal. 

Conclusiones

Hasta aquí los datos (se piense lo que se piense de ellos, parezcan buenos o malos, todos estos datos son absolutamente verificables). Ahora tomemos partido, extraigamos conclusiones en función de los intereses de los estudiantes llanos de familia trabajadora (es decir, del 90% de los estudiantes).

Para la OMC y la patronal, hay demasiados licenciados (y sobrecualificados). Hace falta mano de obra adaptable para un mercado laboral precario. Por eso diseñan un Grado de "información general" y un Posgrado carísimo, asequible sólo a unos pocos.

Bolonia es, matemática y lógicamente, un círculo vicioso. Si no tienes dinero no podrás pagarte la carrera. Pero si no trabajas no tendrás dinero. Pero al haber asistencia obligatoria no podrás trabajar. Ergo estás jodido.

Si después de un añito de prácticas gratuitas consigues acabar el Grado, ¿quién va a contratarte? Tu puesto de trabajo será cubierto también al año siguiente por otro estudiante en prácticas. ¿Qué empresa va a contratarte si puede disponer de trabajadores gratuitos cada año?

La lucha sigue

Sin embargo, Bolonia no es invencible. Este año ha habido movilizaciones en Barcelona, Sevilla, Madrid, Vizcaya, Santiago, Tenerife, Granada, Córdoba, Cádiz…

Han surgido grupos de trabajo plurales, de estudiantes de a pie que se oponen al Espacio Europeo de Educación Superior. Estos grupos, a su vez, se han reunido en un encuentro estatal de estudiantes, convocando una jornada de lucha común para mediados de noviembre.

Estamos ante la privatización de la educación pública, y los estudiantes responden, aunque se enfrenten a un gigante de apariencia invencible. Como gritaba un cortejo estudiantil en Sevilla durante la manifestación del 1º de mayo, "el hijo del obrero, a la universidad".