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IU, en contra de modificar la Ley de Partidos porque no va a resolver la situación de ETA

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Cayo Lara, se mostró hoy en contra de la decisión del Gobierno de aprobar reformas en la Ley de Partidos, la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) y la nueva ley del gobierno local, para evitar que se puedan presentar a las próximas elecciones municipales listas proetarras. Así, dijo que su formación mantiene "una posición política" que no ha "variado".  

   En una rueda de prensa celebrada esta mañana, Lara manifestó que IU no está "por la Ley de Partidos" porque entiende que esos cambios "no ayudan a resolver el problema de fondo" que "en este momento" tiene España con ETA. "Creemos que lo que está resolviendo realmente la situación son los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y el Ministerio del Interior que, en este caso concreto, está haciendo una labor extraordinaria", señaló.

   "Esperamos que continúe en la misma dirección hasta que consigamos que ETA decida definitivamente que se acabó la violencia y que se integra al Estado de Derecho a reivindicar por la vía democrática las reivindicaciones de cualquier nivel o cualquier calado que tengan en el Estado español", argumentó.

   Asimismo, expresó que el Gobierno "no debería dejarse llevar en su política por las declaraciones de Mayor Oreja que son falacias absolutas y que son más propias de los inquisidores del tiempo de la dictadura". "Parece que estamos volviendo atrás en determinadas calificaciones que se están produciendo, en este caso, por este dirigente del PP", opinó.

   "Por lo tanto, vamos a seguir manteniendo la posición política que IU tiene aprobada por sus órganos con respecto a la Ley de partidos y a las medidas que de ella se pudieran derivar", concluyó.

Escuchas en el caso Gürtel: IU ve detrás de la anulación la intención de acabar con Garzón

 El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Cayo Lara, ha afirmado que "el objetivo último" de anular las escuchas entre los imputados del ’caso Gürtel’ y sus abogados es que "se quieren cargar" al magistrado de la Audiencia Nacional que destapó la trama Gürtel, Baltasar Garzón, y que "el PP se pueda ir de rositas". "Es el fondo último y político de toda ésta serie de actuaciones", señaló.

   En una rueda de prensa celebrada esta mañana en Madrid, Lara declaró que es "gravísimo" que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid haya adoptado esa decisión que, a su juicio, "camina en el sentido contrario de mayor transparencia, más democracia y menos impunidad para los delincuentes". Además, advirtió que la medida del tribunal "puede permitir que contaminen otras pruebas obtenidas en la trama Gürtel".

   "Creemos que con esa decisión parece que a estos jueces les estorban los controles del Estado para perseguir los delitos de corrupción. Sientan precedente, con su decisión para, que otros presuntos o supuestos delincuentes puedan intentar actuar con la misma impunidad en las conversaciones telefónicas que tengan con sus abogados", recalcó.

   En este sentido, dijo que "ayer fue un gran día para los ladrones de guante blanco en nuestro país y para los defensores de la impunidad de los crímenes del franquismo.

   "Con esa decisión han puesto un muro para que la Justicia no se atreva a investigar más los crímenes del franquismo en nuestro país", declaró Lara en relación a la decisión de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) de rechazar el recurso de apelación que interpuso Garzón contra el auto dictado el pasado jueves por el magistrado del TS Luciano Varela, en el que éste confirmaba la existencia de indicios contra él, por un presunto delito de prevaricación relacionado con su investigación de las desapariciones durante el franquismo.

   Así, insistió en que "todos aquellos y aquellas que hoy quieran la impunidad para los crímenes del franquismo y que no se sienten en el banquillo, se están situando con los que ayer dieron instrucciones para que otros apretaran los gatillos".

   Asimismo, criticó que "el fondo de todo ello es que se quieren cargar a un juez que se ha enfrentado a la corrupción seriamente en nuestro país en distintas ocasiones, que se ha enfrentado a los crímenes del franquismo y que ha cometido el gravísimo delito de intentar sentar en el banquillo a la que supuso la más negra etapa de la historia de España".

   Sobre la fianza de tres millones de euros que ha impuesto la Fiscalía al ex presidente del Gobierno balear Jaume Matas, Lara enfatizó que si a él le imponen una fianza de 10.000 euros y no le ayudan sus amigos iría a la cárcel.

   Dicho esto, declaró que, en su opinión, "hay mucha gente que está deseando ver en la cárcel a muchos delincuentes de cuello blanco". "Tienen que pagar sus culpas y la gente tiene que ver que las pagan", concluyó.

Cayo Lara considera que no es previsible que España reduzca el déficit al 3% en 2013 con las medidas aplicadas

El coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, consideró hoy que "no es previsible" llegar en España a una disminución en el déficit del 3% en 2013 como está exigiendo la Unión Europea con las medidas aplicadas desde el Gobierno, "salvo que haya muchísimo sacrificio para la clase trabajadora en el país".

Lara, quien hizo estas declaraciones en Murcia antes de pronunciar una conferencia sobre 'Iniciativas de Izquierda Unida para frenar el pensionazo propuesto por el Gobierno central', destacó que reducir déficit en España, sin reducir empleo y aumentar la inversión pública, "sólo se puede conseguir con una lucha potente contra el fraude fiscal, que es escandaloso en España, ya que uno de cada cuatro euros no paga impuestos a la hacienda pública".

Lara consideró "escandaloso" los últimos datos conocidos sobre el déficit, que se eleva al 11,2%, y adelantó que esta cifra será "igualmente escandalosa en 2010". Así, criticó las políticas que el Gobierno de España está implementando en este momento "que están encaminadas a reducir el empleo público, el gasto en políticas de personal por parte del gobierno y recorte de la inversión pública".

A su juicio, estas medidas "lo único que pueden hacer es incrementar la crisis y generar más desempleo" y lamentó que, "desgraciadamente" las propuestas de IU "siguen vírgenes porque el Gobierno no le presta atención, ni en el debate de ayer en el Parlamento, ni a la iniciativa para una reforma fiscal progresiva".

En este sentido, Lara determinó que al Gobierno "se le pone la piel de gallina cuando planteamos la reforma fiscal progresiva que determina el artículo 31 de la Constitución: tiene que pagar más quien más gana y quien más tiene".

Así, subrayó que IU "planteó que los beneficios del capital deberían cotizar igual que las rentas del trabajo, que debería desaparecer la figura de subvenciones fiscales a las Sicav, y que las rentas superiores a 53.650 euros anuales en lugar de cotizar al fisco al 43 por ciento lo hagan al 50%".

Además, apostó por "hacer un plan de lucha contra la economía sumergida" que, según sus datos "mueve entre el 18% y el 23% de lo que se mueve en España". Se trata, advirtió, "de trabajo negro, que ni cotiza Seguridad Social, ni por IVA ni por IRPF".

PLAN DE AUSTERIDAD

Respecto a la posibilidad de elevar la presión fiscal, Lara dijo que España "tiene margen suficiente, siete puntos por debajo de Europa", y destacó que "se podría haber dado un alternativa a esos casi 6.000 millones de euros que el Gobierno prevé ingresar por el IVA incorporando el impuesto de patrimonio o aumentando dos puntos o tres el tipo marginal de las rentas más altas".

Sin embargo, dijo que "se plantea el mundo al revés, ya que la izquierda defiende que no hay que gravar los impuestos indirectos, porque los pagamos la inmensa mayoría de los ciudadanos independientemente de la renta, y si que hay que gravar los impuestos directos, que gravan los ingresos por renta o por capital".

Lara señaló que PP y PSOE tienen "obsesión" con reducir el déficit público, lo que "no es previsible que se produzca si no es a costa del sacrificio de los trabajadores, y ha asegurado que la reducción de los ingresos estatales provocará un recorte de la financiación autonómica".

Izquierda Unida exige a Rajoy que ponga orden de verdad en el PP y se deje de actitudes hipócritas y doble moral sobre la relación de Matas con delitos de corrupción

El miembro de la dirección federal de Izquierda Unida Eberhard Grosske ha exigido hoy al líder del partido Popular, Mariano Rajoy, que “ponga orden de verdad en su formación y deje de profundizar en actitudes hipócritas y en casos de doble moral”. El dirigente balear de IU hace esta valoración en relación a las medidas que la dirección nacional del PP ha dicho que podría tomar con el ex presidente del Govern Balear, ex presidente del PP en esta comunidad hasta 2007 y ex compañero de gobierno de Rajoy en el gabinete de José María Aznar, Jaume Matas.
 
Tal como ha anunciado, la dirección popular se habría planteado hasta llegar a su expulsión del partido en el caso de que el juez dicte contra Matas medidas cautelares de avanzar en las imputaciones por, entre otros delitos, presunto enriquecimiento ilícito y financiación irregular del PP por los que se le investiga en el ‘caso Palma Arena’ y que le han llevado a ser citado a declarar ante los tribunales.
 
Para Grosske, “la regeneración política de la que gusta alardear a Rajoy no pasa por lancear ‘muertos políticos’ de cara a la galería, ni por tratar de dar carpetazo a la actual situación política de su partido en Baleares, haciendo creer que se rompe con el pasado utilizando el último congreso ‘popular’ para poner a un dirigente semidesconocido al frente del partido. Eso es continuar como siempre”.

El dirigente federal de Izquierda Unida advierte a Rajoy de que “las dobles varas de medir no sólo son moralmente indefendibles sino que forman parte del problema de la corrupción política en general y de su partido, en particular”.
 
Eberhard Grosske señala que “gestos de cara a la galería sin entrar al fondo del problema me recuerdan mucho al empleado por Aznar en 1995, cuando hizo dimitir al entonces presidente balear Gabriel Cañellas para que ‘no fuera un obstáculo en mi camino hacia La Moncloa. ¿Sabe señor Rajoy qué pasó tras la salida de Cañellas?... pues que entró Jaume Matas”.
 
Grosske cuestiona las intenciones de la dirección nacional del PP de actuar realmente contra sus numerosos imputados por múltiples casos de presunta corrupción en las Islas y lo ilustra con un ejemplo palmario. “Sin duda –señala- Mariano Rajoy conoce que Rafael Durán, quien fuera presidente del consorcio del velódromo Palma Arena, compatibilizó durante muchos meses su puesto de concejal en el Ayuntamiento de Palma con su situación de libertad bajo fianza, hasta que recientemente abandonó la corporación municipal a iniciativa propia y sólo ‘para facilitar una moción de censura’, según dijo”.
 
“Durán –recuerda Eberhard Grosske- no sólo sigue estando a día de hoy en libertad bajo fianza y siendo militante del PP sino que su partido le honró hace poco con formar parte de la Mesa del Congreso ‘popular’ de Baleares. Difícilmente se puede hacer pasar este cónclave, ni en Palma ni en la calle Génova, como un congreso de la renovación y la ruptura con el pasado con estas actuaciones y estos antecedentes”.

Cayo Lara (IU) dice no entender que se anulen las escuchas entre abogados e imputados de la trama Gürtel

El coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, reconoció hoy "no entender" que se anulen y no se tomen en consideración como pruebas las escuchas de conversaciones entre los acusados de la trama de corrupción Gürtel y sus abogados, y puso en duda que esta decisión "tenga un fundamento serio y riguroso desde el punto de vista judicial".

   Lara, quien ofreció una rueda de prensa en Murcia antes de participar en una conferencia, afirmó que le cuesta "trabajo" entender que no se consideren pruebas las escuchas porque "se diga que se han tomado de forma irregular", en referencia a la decisión de la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de anular las escuchas del sumario del caso Gürtel.

   Y es que se trata de unas pruebas "que han sido requeridas por un juez, y para las que se han pinchado teléfonos a un reo que estaba en la cárcel, para conocer si había fondos en paraísos fiscales o para conocer supuestos casos de implicaciones en esta trama", insistió.

   En este sentido, mostró su esperanza en que "podamos ver luz y a todos los que están implicados en el caso Gürtel, juzgados y condenados si procede, convenientemente, en pro de la transparencia y limpieza y credibilidad del país".

   Sobre el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, que se enfrenta a una querella en el Tribunal Supremo precisamente por haber grabado e incluido en el sumario del caso conversaciones entre los acusados y sus abogados, Lara consideró que "hay que evaluar todo en su justa medida".

   No obstante, Lara explicó que IU "tiene la percepción de que se ha planteado una operación de cacería de un juez determinado", algo que consideró "gravísimo".

   Al respecto, añadió que "demasiados datos indican que se trata de un juez molesto", aunque señaló que "se trata de uno de los pocos jueces en España que se la ha jugado muchas veces, se ha jugado la vida y se la sigue jugando porque se ha atrevido a hace cosas que otras personas no se han atrevido a hacer".

   Lara estimó que "se han juntado dos cosas", por un lado que Garzón "se ha atrevido a sentar en el banquillo los crímenes del franquismo", lo que, a su juicio, "no se lo perdona una parte del país, desgraciadamente, porque la democracia todavía no ha llegado a España".

   En segundo lugar, Lara declaró que Garzón "se ha atrevido a destapar una supuesta trama de financiación ilegal del primer partido de la oposición, y eso tampoco se le perdona".

   Igualmente, Lara reconoció "chocante e inusual" que un delincuente "se le pueda admitir la personación contra el juez que lo ha metido entre rejas", lo que "supone invertir los valores del Estado de derecho en España".

En defensa de las pensiones, Frente a la desesperanza, hay alternativa

Con este lema comienza Izquierda Unida una campaña de recogida de firmas en contra de la ampliación de la edad de jubilación y años de cotización que pretende el gobierno con la reforma de las pensiones.

La Fuente de las batallas ha sido el lugar escogido por la formación de izquierdas para dar comienzo a esta iniciativa, en la que han estado presentes el parlamentario Pedro Vaquero y el coordinador provincial Manuel Morales, además de concejales y miembros de la dirección provincial de IU.

“Con esta reforma el gobierno quiere meter la mano en los bolsillos de los pensionistas por importe de 80.000 millones de euros (4 puntos de PIB en 2030) y favorecer planes privados de pensiones que benefician a los Bancos” sostiene Vaquero, quien se muestra contundente a la hora de hacer un llamamiento a la movilización en la calle para mostrar al Gobierno el rechazo a estas medidas y proponiendo en el Parlamento una Ley para garantizar los derechos de todos los pensionistas y parar el “pensionazo”.

Desde Izquierda Unida apuestan porque no se aumente la edad de jubilación por encima de los 65 años, no se incremente el período de cómputo para calcular la pensión más allá de 15 años y las pensiones se revaloricen al menos lo mismo que aumenten los precios (IPC) y más aún para las pensiones más bajas.

Según Manuel Morales, el Gobierno no dice la verdad cuando afirma que su objetivo es que “la buena situación presente continúe en el futuro” el coordinador cree que cuando se aplique completamente, habrá 12 millones de pensionistas (3,5 millones más que ahora) y 80.000 millones de euros menos para pensiones, es decir 6.600 euros anuales menos por pensionista.

“El Gobierno ha decidido favorecer a los Bancos facilitando las pensiones privadas. Los verdaderos beneficiados de ello son los Bancos y las gestoras. Nuestros ahorros les reportan enormes beneficios. Trabajamos para ellos” apostilla.

Desde IU apuestan por eliminar los topes máximos de cotización y acercar la cotización a los salarios reales, combatir la economía sumergida, facilitar la incorporación de la mujer al trabajo retribuido, transformar todas las becas incluidas las de la Administración en contratos de trabajo con alta en la Seguridad Social, combatir el fraude de ley de algunas empresas que despiden a los 11 meses o que en fin de semana o trabajan con falsos autónomos, limitar las rebajas en cotizaciones para programas de creación de empleo cuando hayan demostrado su ineficacia, flexibilizar la edad de jubilación de forma voluntaria en determinadas actividades profesionales incentivando en ese caso la pensión, e impulsar políticas de estímulo del empleo en especial las del empleo juvenil.

PSOE y PP unen fuerzas para "tumbar", con apoyo de CiU y PNV, una reforma a fondo de la Ley Electoral tal y como reclama IU con el respaldo del Consejo de Estado

Como estaba previsto, las dos fuerzas mayoritarias PSOE y PP, con el apoyo de las formaciones nacionalistas de CiU y PNV, han unido hoy fuerzas en la subcomisión parlamentaria que estudia la reforma de la Ley Electoral para tumbar  el más mínimo cambio dentro de los planteados por esta formación para modificar en profundidad el actual modelo electoral, pese a que estas propuestas venían avaladas por el informe elaborado el año pasado por el Consejo de Estado a solicitud del propio Gobierno.
 
Llamazares calificó lo ocurrido en la reunión vespertina de esta subcomisión -creada en el seno de la Comisión Constitucional que preside el socialista Alfonso Guerra- como un “portazo electoral” previamente pactado y coordinado por PSOE y PP por el que estas formaciones “blindan su actual sistema de privilegio, el bipartidismo imperfecto existente y arrinconan a fuerzas como IU que necesitamos hasta siete veces más votos que los dos grandes para lograr un escaño”.
 
Durante la subcomisión, PSOE y PP junto a las principales fuerzas nacionalistas, fueron diciendo “no” una tras otra a las históricas demandas de IU para hacer más proporcional y justa una Ley Electoral que data de 1985. Esta propuestas fueron recogidas también en el extenso trabajo del Consejo de Estado que, entre otras, avalaba poder crear una bolsa nacional de votos (que sumaría todos los sufragios de todas las circunscripciones que no hubieran servido para lograr un escaño, para adjudicarlos luego de forma proporcional a nivel nacional), aumentar el número de diputados hasta 400 como permite la Constitución, rebajar de 2 a 1 el número de diputados inamovibles por provincia y cambiar la Ley D'Hont de cálculo matemático de escaños por otra más proporcional que beneficie menos a los dos principales partidos.
 
En el informe encargado por la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega al Consejo de Estado -tras el compromiso adquirido por José Luis Rodríguez Zapatero en la sesión de investidura de 2008 de facilitar y abordar en serio una reforma electoral-  este órgano consultivo señaló que la vigente Ley Electoral perjudica a las formaciones de ámbito estatal como Izquierda Unida, exponía la necesidad de mejorar la proporcionalidad de la norma, así como el principio de igualdad y el propio régimen democrático, seriamente vulnerados en la actualidad.
 
Para Gaspar Llamazares, visiblemente molesto por lo acontecido durante la reunión, “simplemente se ha consagrado la ‘ley del embudo’ que es hoy la Ley Electoral, esto es, lo ancho para los mayoritarios y lo estrecho para IU y las minorías. Además, nos piden que sigamos tragando el ‘aceite de ricino’ amargo que supone esto”.
 
El parlamentario de IU señaló que los dos grandes partidos “se han limitado a tenernos dos años de trabajo para luego acabar ‘mareando la perdiz’ y plantear sólo cambios cosméticos como modificar la papeleta electoral del Senado o estudiar la figura del diputado suplente”.
 
“Al aumento de diputados –enumeró Llamazares- han dicho ‘no’, alegando ahora razones de austeridad y sin tener en cuenta que cuando se hizo la ley éramos algo más de 30 millones y ahora somos más de 40 millones de población. A reducir el mínimo de diputados por provincia han dicho ‘no’, considerando que algunas circunscripciones se verían perjudicadas, es decir, les preocupa la proporcionalidad de forma individual pero no la proporcionalidad en su conjunto del sistema. A la creación de un fondo o bolsa de restos han dicho ‘no’ porque no. Y a cambiar la fórmula D'Hont han dicho ‘no’ ya que opinan que no es bueno cambiar y porque podrían perder influencia”.
 
La subcomisión tiene previsto volver a reunirse después de Semana Santa con la intención de ultimar sus conclusiones y que éstas puedan ser ratificadas por el Pleno del Congreso antes del verano.
 
En este contexto, Gaspar Llamazares anunció que planteará y consultará con Izquierda Unida si se debe continuar “en esta comedia” o si abandona la subcomisión para no seguir asistiendo sólo a “debates de besugos que no tienen mucho sentido”, como calificó el que los temas se circunscriban, por ejemplo, a hablar de la creación de la figura del diputado suplente, sobre cuya conveniencia dijo tener “bastantes dudas, tanto de su eficacia como de su viabilidad, como se ha demostrado en otros países. Siempre sería mejor la posibilidad del voto telemático para quien no pueda acudir por causa grave”.

IU pedirá al Gobierno que nacionalice Endesa

Izquierda Unida ha anunciado que pedirá al Gobierno la "nacionalización" de Endesa en la próxima reunión de la comisión anticrisis, tras observar "notables deficiencias" tanto en el mantenimiento de la red eléctrica como en la respuesta ofrecida a los clientes tras los apagones producidos en Cataluña.

Además, el secretario federal de Economía y Trabajo de IU, Antonio García Rubio, señaló hoy en un comunicado que su partido va a pedir a la Comisión Nacional de Energía (CNE) que presente un informe en el Congreso de los Diputados en el que analice el estado de las redes eléctricas de alta, media y baja tensión.

García Rubio recordó que el 92 por ciento del capital de Endesa está en manos de Enel Energy Europe, compañía participada al cien por cien por la empresa italiana Enel.

Añadió que tras los "graves y prolongados apagones sufridos en amplias zonas de Cataluña" con las últimas nevadas, no hay "ningún inconveniente para que Endesa pase a ser una empresa pública española, controlada por el Estado".

El secretario de Economía de la coalición, Javier Navascués, aseguró que los cortes de suministro no se han producido "por falta de potencia eléctrica o porque no se haya construido la célebre línea de muy alta tensión, sino por una gestión deficiente de la red, por falta de mantenimiento y de inversión".

Navascués criticó la política de privatizaciones seguida por los gobiernos del PP y el PSOE y señaló que esta había mejorado "la gestión de las empresas, pero para sus accionistas".

ERC, IU-ICV y el BNG reiteran su rechazo a la subida del IVA y no serán coartada del PSOE frente al PP

Esquerra Republicana (ERC), Izquierda Unida e Iniciativa per Catalunya (ICV) y el Bloque Nacionalista Galego (BNG) reiteraron hoy en el Congreso su rechazo a la subida del IVA programada a partir del 1 de julio, y avisaron al Gobierno que no serán su coartada frente al PP si no hay un cambio global de la política fiscal que incluya más impuestos para las rentas altas.  

   Tanto el BNG como el grupo de ERC-IU-ICV han presentado sendas enmiendas a la moción del PP que aboga por anular la subida del IVA y que se votará esta noche en el Pleno del Congreso. Conscientes de que los 'populares' no las aceptarán, pues hablan de recuperar el impuesto de patrimonio, gravar las grandes fortunas y mejorar la progresividad del IRPF, las minorías de izquierda plantean esas propuestas como oferta al PSOE, que con PNV y CC ya tiene apoyos suficientes para rechazar el texto del PP.

   Gaspar Llamazares (IU) y Joan Herrera (ICV) insistieron en que hay una alternativa entre la "política de tierra quemada" del PP y la idea del PSOE de que todos paguen igual por la crisis. Su apuesta es la progresividad fiscal, pero no sólo gestos, sino medidas concretas. Igualmente, Joan Ridao, de ERC, quiso dejar claro que su formación no será "coartada" del PSOE si no hay un cambio en la política social de los socialistas.

IU presentará una batería de enmiendas a la moción que rechaza la subida del IVA para ir más allá de las propuestas troceadas y abrir el debate sobre un sistema fiscal más justo y progresivo

Izquierda Unida, a través de su Grupo Parlamentario, presentará una amplia batería de enmiendas a la Moción planteada por el Grupo Popular que se debatirá mañana en el Pleno del Congreso para rechazar la subida del IVA planteada por el Gobierno para mitad de año. El objetivo de estas enmiendas, según el portavoz parlamentario de IU, Gaspar Llamazares, es “que se abran las condiciones para plantear una reforma en profundidad del sistema fiscal, no sólo en lo relativo al IVA, para que éste recupere la progresividad perdida hace mucho tiempo, así como requerir un mayor esfuerzo a quienes tienen ingresos más elevados, lo que en ningún caso supone una subida generalizada de impuestos, ni mucho menos para los trabajadores y quienes se ven más afectados por la crisis”.
 
Llamazares recuerda que “en Izquierda Unida nos hemos opuesto siempre a la subida del IVA. Consideramos que la subida de impuestos indirectos como éste es la más injusta que existe, ya que a afecta especialmente a las economías familiares más modestas. Pero creemos que las propuestas de reforma fiscal no deben ‘trocearse’ por intereses particulares o electoralistas, como busca el PP, sino plantearse en su conjunto y debatir también sobre la recuperación del Impuesto sobre el Patrimonio, sobre el elevación del tipo impositivo en el tramo más alto del IRPF para las rentas más altas o sobre la tributación de la Banca y los ‘bonus’ de sus directivos”.
 
El portavoz parlamentario de IU advierte de que “nuestra formación estará especialmente atenta durante el debate de mañana en el Pleno a los movimientos que realice el Gobierno a través de su Grupo Socialista. Enteremos que si el Ejecutivo trata de solventar este debate con los mismos apoyos con los que sacó los Presupuestos Generales de 2010 (PNV y CC), supondrá que elegirá una opción similar –es decir, contar con el apoyo de las formaciones nacionalistas conservadoras, incluida CiU- para lograr un acuerdo en las negociaciones abiertas en el Palacio de Zurbano, dejando a un lado una posible salida de izquierdas a la crisis”.
 
Para Llamazares, “la sorprendente inacción que mantiene el Ejecutivo socialista para no abordar una reforma fiscal global más justa y progresiva, mirando sólo a su derecha y apoyándose exclusivamente en las formaciones conservadoras, nos obligaría a descartar el voto negativo a la iniciativa parlamentaria planteada mañana”.
 
“No obstante –destaca-, explicaremos de forma adecuada que nuestro rechazo a la subida generalizada del IVA no responde a intereses particulares, ni se enmarca en una descabellada y populista propuesta de bajada generalizada de impuestos, como hace el PP, de quien estamos a años luz en materia fiscal, sino a nuestro compromiso con los más desfavorecidos por la crisis. Detallaremos nuestras alternativas para que sí sean las grandes fortunas o la Banca los que contribuyan de forma más efectiva al necesario mantenimiento de las políticas sociales en nuestro país”.
 
Además, el próximo miércoles día 17 Gaspar Llamazares interpelará en el Pleno a la vicepresidenta económica, Elena Salgado, sobre “el proceso de ajuste fiscal y reducción del déficit público que ha programado el Gobierno”. “Cuando se presente a la semana siguiente nuestra Moción consecuencia de esta interpelación –explica el diputado de IU- veremos si esos mismos que ahora hacen populismo con la bajada del IVA mantienen esta misma actitud a la hora de hablar de un ajuste fiscal justo y progresivo analizado en su conjunto”.

Willy Meyer: la mayor arma de destrucción masiva es el hambre y la pobreza

Esta mañana ha tenido lugar en el pleno del Parlamento Europeo un debate de dos informes sobre la Política Exterior y de Seguridad Común de la UE y las repercusiones sobre la Política Común de Seguridad y Defensa tras la puesta en vigor del Tratado de Lisboa que ha contado con la presencia de la Alta Representante, Catherine Ashton. El eurodiputado de Izquierda Unida ha intervenido en favor del desarme y la desmilitarización de la Unión Europea.
 
Willy Meyer ha explicado que el GUE/NGL presentó un informe minoritario alternativo porque considera que "la PESC no debe tener como objetivo la defensa del territorio de la UE sino definir su política exterior. No aceptamos la vinculación entre la Unión Europea y la OTAN que establece el Tratado de Lisboa. Apostamos por la desmilitarización y por un Punto 0 de armamento".
 
"Por ello, mi grupo va a votar en contra de estos informes porque deploramos la lógica de la militarización de la UE, intensificada con la adopción del Tratado de Lisboa, y los cambios que éste ha introducido, como el Servicio Europeo de Acción Exterior o el papel de la Alta Representante"
 
"La Política Exterior de Seguridad y Defensa debería estar basada en principios pacíficos y la desmilitarización de la seguridad y estar estrictamente separada de la OTAN. La OTAN convierte cuestiones como el crimen organizado o el terrorismo en objeto de una respuesta militar, cuando lo que requieren es una respuesta civil", declaró Meyer.
 
"Asistimos a la más alta militarización de la historia. El gasto en armamento es superior incluso a los niveles de la Guerra Fría. Exigimos la retirada de todas las bases militares de Estados Unidos y de otros países del territorio de los Estados miembros de la UE y pedimos que el gasto militar se destine a propósitos civiles con el fin de cumplir con los Objetivos de Desarrollo del Milenio".
 
"También reiteramos nuestro rechazo al reconocimiento de la declaración unilateral de independencia de Kosovo porque apostamos por el cumplimiento del derecho internacional. Pedimos la conclusión del proceso de descolonización del Sahara Occidental con la celebración de un referéndum de autodeterminación".
 
"Del mismo modo, exigimos la retirada de todas las tropas extranjeras de Afganistán que cada semana causan la muerte de víctimas inocentes, tal y como reconoce la propia OTAN".
 
Sobre la estrategia política sobre Somalia y la operación UE NAVFOR Atalanta, el eurodiputado de Izquierda Unida sostiene que la solución del problema de la piratería "no puede ser militar" y que es preciso "analizar la raíz del conflicto", principalmente "la falta de recursos de los pescadores somalíes, cuyas aguas han sido expoliadas mediante la pesca ilegal".

IU lleva hasta los ayuntamientos la "campaña de acoso y derribo" contra Baltasar Garzón

Izquierda Unida, a través de su Área de Política Institucional, cuya responsable es Montserrat Muñoz, ha elaborado y remitido a todos los ayuntamientos donde tiene representación una Moción para, entre otras cuestiones, “mostrar la solidaridad y apoyo al juez Baltasar Garzón ante la campaña de acoso y derribo a la que está siendo sometido”.

IU busca que esta moción sea debatida y aprobada en estas corporaciones municipales para “responder de una forma democrática y absolutamente respetuosa con la independencia judicial a esa campaña iniciada por sectores de la extrema derecha y la derecha de nuestro país. Estamos ante un hecho inadmisible en democracia que busca minar la independencia judicial y pretende enviar un mensaje a toda la sociedad de que existen límites no escritos para la acción de la justicia y la democracia”, resume Montserrat Muñoz.

Para la dirigente federal de IU, la actuación emprendida contra el magistrado de la Audiencia Nacional para apartarle de la carrera judicial busca un doble objetivo derivado de las actuaciones llevadas a cabo por este en el marco de sus competencias como instructor. “Por un lado –señala Muñoz- es indignante que en lugar de que se anime al esclarecimiento de los delitos cometidos durante la dictadura franquista contra muchos ciudadanos y se dé respuesta a las legítimas exigencias de sus familiares y de las asociaciones de la Memoria Histórica para contribuir a solucionar desde el ámbito judicial el problema de las fosas comunes, tal y como marca la ley, se persiga a aquellos que intentan contribuir a hacer justicia. No es de recibo que una vez más se ampare a quienes siempre han apoyado esos crímenes y se deje de lado a las víctimas, a sus familiares y a las asociaciones que les representan”.

Montserrat Muñoz valora que “en segundo lugar, con acciones judiciales de otra índole, pero coincidentes en el tiempo contra Garzón, se busca claramente cortar de raíz cualquier acción judicial que intente esclarecer tramas de corrupción como el ‘caso Gürtel’, cuya investigación inició este magistrado antes de pasar a otras instancias judiciales”.

En su opinión, “el ataque a la actuación de este juez tiene como finalidad anular una parte sustancial del procedimiento llevado a cabo, lo que limitaría la posibilidad de investigación presente y futura. De continuarse por este camino, además del reflejo que tendría en otros casos, se pondría en peligro la investigación del ‘caso Gürtel’ y, una vez más, se abriría el camino para la impunidad de sus presuntos responsables”.

Archivada la denuncia de IU contra el alcalde de Cájar

Si esto no es delito, qué habrá que hacer para que se considere delito

La Fiscalía de Granada ha archivado la denuncia presentada por IU contra el alcalde de Cájar, Fidel Prieto (PP), y el teniente de alcalde Raúl Montoya, ya que considera que no existe delito de prevaricación en la concesión de una licencia para construir una vivienda en la localidad.

En la resolución de la Fiscalía, se señala que es "evidente" que se han producido infracciones, ya que el Ayuntamiento concede una licencia de obras a pesar de que el informe técnico manifiesta que no se cumplen los requisitos.

Posteriormente se vuelve a conceder licencia de primera ocupación con los informes desfavorables de la secretaria y del arquitecto técnico, en los que se manifiesta que las obras todavía no están terminadas y no han sido recepcionadas por el Ayuntamiento, aunque están a punto de finalizar.

La Fiscalía ha considerado por tanto que se trata de infracciones que "no alcanzan la relevancia exigida para la formulación del tipo penal", puesto que no son resoluciones irracionales o notoriamente contradictorias que recojan una ilegalidad clara con especial perjuicio a la comunidad o la causa pública.

El concejal de IU Miguel Esteban ha asegurado que, aunque se archive penalmente, "cabe todavía la denuncia vía juzgado de guardia" por un delito contra la ordenación del territorio, que es lo que se presentará próximamente.

Esteban ha mostrado su decepción por la decisión y ha señalado que con ese tipo de resoluciones se consigue "que muchos cargos públicos no lleguemos a denunciar casos similares".

En la denuncia de IU se relataba que la Junta de Gobierno Local concedió en junio de 2006 una licencia de obra mayor al edil, pese a que un informe emitido por el técnico municipal indicaba que el terreno donde se iba a hacer no contaba con las dotaciones de servicios e infraestructuras necesarias.

Según IU, se trató entonces de una concesión de una licencia de obras "totalmente irregular", condicionada además sobre una parcela que no tenía la condición de solar, prohibida legalmente y en la que los servicios de inspección de obras del Ayuntamiento tampoco vigilaron el cumplimiento de lo establecido en el PGOU.

El partido ha indicado que Montoya hizo "caso omiso" a lo preceptuado por la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), al Plan General y a lo que estableció el acuerdo de concesión de licencia, a pesar de que era conocedor -por su condición de edil- de los procedimientos que debía seguir.

En julio de 2009, el teniente de alcalde presentó solicitud de ocupación de edificios, contra la que se alzaron dos informes de la secretaria municipal, que la denegaba, y que también fue desestimada parcialmente por el arquitecto técnico municipal.

A pesar de ello, indica la denuncia, se otorgó licencia de primera utilización mediante Decreto del alcalde sin contar con un solo informe favorable.

IU exige al Gobierno medidas para fomentar la igualdad, aún no real en España

Izquierda Unida ha recordado hoy que la igualdad entre hombres y mujeres aún no es real en España, por lo que ha exigido al Gobierno que adopte medidas como obligar a las empresas a tener planes de igualdad, garantizar el mismo salario para los mismos puestos, o retribuir las actividades domésticas.

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se celebra mañana, IU hace esta petición en el comunicado "La igualdad no puede esperar", en el que sostiene que en el contexto de crisis económicas como la actual, las consecuencias "son aún mayores" para la mujer "debido a las desigualdades históricas que ya de por sí se arrastran".

Así, IU critica que el Gobierno utilice leyes como la de igualdad, la del aborto o la de violencia de género "para silenciar el desastre económico y la ausencia de avances sociales, y dar una imagen de avanzadilla europea en políticas de igualdad, que dista bastante de la realidad".

De hecho, según el área de la Mujer de Izquierda Unida el Ejecutivo muestra un "evidente desinterés" por las políticas de igualdad "como bien muestra la ridícula asignación económica en los presupuestos generales del Estado".

Por ello, IU aprovecha el Día de la Mujer para exigir al Gobierno que, entre otras cosas, el fondo de inversión local para el empleo se acompañe del obligatorio informe de impacto de género que garantice el empleo de mujeres en iniciativas laborales socialmente necesarias, o que en la inversión pública se primen inversiones e infraestructuras de servicio público, no limitándose a sectores eminentemente masculinizados como la construcción o el automóvil.

También exige que se combata definitivamente la diferencia salarial entre hombres y mujeres en puestos de trabajo de igual valor, que se incluyan en los contratos públicos medidas reales de igualdad en la contratación y en el empleo, y que se obligue a las empresas públicas y privadas a que tengan Planes de Igualdad.

Otra de la exigencias al Gobierno es que se reconozca la contribución económica de las mujeres en los trabajos no considerados productivos, como las tareas domésticas o el cuidado a niños y ancianos.

Finalmente, IU pide que se asigne el cinco por ciento del total de los presupuestos a políticas de mujer.

Cayo Lara no aprecia voluntad del Gobierno de llegar a un acuerdo global de izquierdas al rechazar una reforma fiscal progresiva y avances en la creación de empleo

La delegación de IU, que completaban Llamazares y García Rubio, logra abrir 4 nuevas líneas de trabajo para mejorar sustancialmente el plan de rehabilitación de viviendas, la financiación de pymes a través del ICO, la rebaja del precio de los módulos de vivienda de VPO y establecer un impuesto a los bonos que perciben los altos directivos bancarios 
 
El coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara,  no ha apreciado ninguna “voluntad del Gobierno de llegar a un acuerdo global” de izquierdas con esta formación para buscar medidas con las que combatir la grave crisis económica. Lara argumentó esta reflexión en el hecho de que el Ejecutivo socialista rechaza una reforma fiscal progresiva para que sean las rentas altas quienes contribuyan más a los ingresos del Estado, que mantenga su intención de subir el IVA en el segundo semestre, así como un duro recorte del empleo público, y que no destine ayudas “de una forma seria” a las pymes y los autónomos.
 
El máximo dirigente de IU hizo estas declaraciones en rueda de prensa tras la reunión bilateral que la delegación de esta formación, que completaban el portavoz parlamentario y el secretario federal de Economía y Trabajo, Gaspar Llamazares y José Antonio García Rubio, respectivamente, mantuvo en el Palacio de Zurbano por espacio de casi hora y media con los tres miembros del Ejecutivo socialista encargados de negociar un acuerdo.
 
“El Gobierno –resumió Lara- se niega a subir los impuestos a los ricos para crear empleo y también a crear ayuda seria a las pymes para hacer inversión pública que sirva de locomotora de la economía. Además, la salida a la crisis no debe pasar por recortar drásticamente el empleo público”.
 
No obstante, el coordinador federal destacó que Izquierda Unida había logrado abrir cuatro líneas de trabajo para alcanzar sustanciales mejoras en las propuestas planteadas por el Ejecutivo. Éstas irían dirigidas a avanzar en el plan de rehabilitación de viviendas y edificios –ya propuesto por IU de forma más precisa que el Gobierno hace un año- como generador intensivo de empleo a corto plazo, la mejora en los módulos para adquirir viviendas protegidas de VPO, una mayor contribución fiscal -en línea con lo que se plantea en la UE- de los bonos que cobran los altos directivos bancarios, así como avances para ayudar sustancialmente a la financiación y mejora de la liquidez de pymes y autónomos con créditos del Instituto de Crédito Oficial (ICO).
 
En relación al primer punto, el de incentivar la rehabilitación, y tras recordar la “paternidad de IU” sobre esta medida dinamizadora del empleo que ahora aparece “descafeinada”, Lara avanzó que desde la vicepresidencia económica se va a estudiar la propuesta hecha por su formación de que haya una subvención pública directa del 25% del coste que tengan las obras, que se completaría con otro 75% de aportación de los propietarios particulares.
 
Cifró en “700.000 los empleos que se podrían crear por esta vía”, que tendría un bajo coste para el Estado, ya que habría una reversión del dinero aportado a las arcas del Estado al dinamizarse la economía y con el empleo generado. Valoró que la propuesta única de deducción en el IRPF hecha por el Gobierno “resultaría ineficaz y no generaría suficiente empleo”.
 
La delegación de IU también arrancó al Gobierno durante la reunión de hoy el compromiso de estudiar una revisión en el precio de la vivienda de protección oficial (VPO), ya que los módulos establecidos para pagarla “están ahora fuera del alcance de muchas familias, que tienen que renunciar a las viviendas adjudicadas al no poder hacer frente a su precio y a las hipotecas, tras haberse visto arrastrados en los últimos años por la política especulativa del mercado libre de vivienda”, dijo Lara.
 
También ha habido apertura por parte del Gobierno a la propuesta de IU de que los créditos que facilite el ICO a las pymes y autónomos no se gestionen sólo a través de una única entidad bancaria y que en la concreción de este proceso tengan un papel destacado las cajas de ahorro.
 
Respecto a posibles reformas en materia fiscal y de ingresos, Cayo Lara explicó que el Ejecutivo está abierto a crear un “impuesto a los ingresos de los altos directivos bancarios a través de los bonos que perciben”, en línea con lo que están planteando de manera particular algunos países europeos y también en el seno de las instituciones de la UE.
 
El coordinador federal de IU descartó que tras lo visto pueda haber un acuerdo global basado en las ‘100 propuestas’ que esta formación remitió al Gobierno en un documento el pasado viernes. Lamentó especialmente que la comisión ministerial haya rechazado la principal propuesta de crear 1,1 millones de puestos de trabajo en 2010 a través de un Plan de Empleo en colaboración con los ayuntamientos, con 25 horas de trabajo y 10 de formación a la semana, y un salario de 700 euros y todas las cotizaciones legales.
 
Cayo Lara dejó la puerta abierta para valorar, una vez que se pueda estudiar en profundidad, el plan contra el fraude fiscal que tiene previsto aprobar el Gobierno de forma inmediata. Esta es una vieja reclamación de Izquierda Unida a la que el Ejecutivo no ha dado respuesta hasta el momento, al igual que a comprometerse a luchar decididamente contra el fraude fiscal.

IU lamenta que el Gobierno se niegue a subir impuestos a los ricos y censura el recorte del empleo público

El coordinador general de IU, Cayo Lara, reprochó hoy al Ejecutivo que se niegue a subir los impuestos a los ricos para generar empleo y destinar una ayuda "seria" a las pymes, y le advirtió de que la salida de la crisis no pasa por recortar el empleo público.

"El Gobierno se niega a subir los impuestos a los ricos para crear empleo y crear ayuda seria a las pymes, para hacer inversión pública que sirva de locomotora de la economía", explicó Lara tras la reunión bilateral que mantuvo la comisión anticrisis del Gobierno en el Palacio Zurbano con IU, a la que también asistieron el portavoz del partido en el Congreso, Gaspar Llamazares, y el responsable federal de Economía y Trabajo, José Antonio García Rubio.

Lara aseguró que la 'troika' no tiene voluntad de alcanzar un acuerdo global con IU, aunque resaltó acuerdos puntuales en cuatro materias: la deducción de IRPF para la rehabilitación de viviendas, los bonos de los altos directivos, en módulos de VPO y en la financiación de pymes a través del ICO.

En concreto, el líder de IU solicitó una subvención directa a la rehabilitación de viviendas del 25%, que, según estimó, contribuiría a crear unos 700.000 empleos directos, frente a los 350.000 que prevé el documento presentado por la vicepresidenta económica, Elena Salgado.

Asimismo, Lara aseguró que Salgado se comprometió con su formación a revisar la financiación de pymes a través del ICO, y aseguró que la comisión dejó abierta la puerta a que también pueda ser canalizada por las cajas de ahorro.

Por último, sugirió implementar una tasa a las retribuciones de los altos directivos, de hasta el 50%, y alentó al Gobierno para que desarrolle un plan contra la economía sumergida, que previsíblemente será aprobado mañana por el consejo de Ministros.

Izquierda Unida denuncia que no hay voluntad de acuerdo global contra la crisis

El líder de Izquierda Unida, Cayo Lara, a su salida de la reunión con la comisión negociadora del Gobierno para buscar una salida a la crisis, ha denunciado que "no hay una voluntad de acuerdo global con las cien medidas que propuso IU".

Lara ha dejado la puerta abierta, sin embargo, a negociar propuestas puntuales aunque se ha mostrado contrario a la subida del IVA, en particular, y a la de los impuestos indirectos, en general, porque considera que deben gravarse más las rentas del capital y que "paguen más impuestos los que más tienen".

En este sentido, Joan Herrera de ICV, ha subrayado que hay que hacer una política fiscal "justa y de largo alcance" y que el Gobierno "parece tener poca voluntad"

Por otro lado, Lara ha criticado que se reduzca la tasa de reposición de los funcionarios y que solo se contrate a una persona por cada diez bajas o jubilaciones que se produzcan ya que no cree que "la solución a la crisis sea reducir empleo público".

Rehabilitación

Con respecto a las ayudas a la rehabilitación de viviendas, Lara ha recordado que hace once meses hicieron una propuesta al Gobierno en esta línea y que el Ejecutivo la ha descafeinado porque su formación planteaba una rebaja del IVA de 8 puntos. En su opinión, su planteamiento inicial permitiría generar 700.000 puestos de trabajo y aumentar los recursos para la Hacienda pública.

Lara ha destacado que los módulos de la VPO tienen un precio de venta excesivo y se está dando el caso de que los adjudicatarios de las viviendas protegidas "tienen que renunciar a ellas porque no consiguen financiación para pagar la hipoteca".

Acerca del problema de liquidez de las pequeñas y medianas empresas, IU ha propuesto que las nuevas ayudas del ICO, no solo las gestione una entidad sino que tengan participación las cajas de ahorro.

Sobre la posibilidad de imponer un impuesto a la banca, Lara afirma que "ya está en marcha" la regulación de las retribuciones de los altos directivos de la banca, los bonus, en el marco de una regulación europea.

Economía sumergida

El Gobierno va a presentar mañana un plan para luchar contra el fraude fiscal, Lara espera a conocerlo en detalle para valorarlo, pero recuerda que hasta ahora no era una prioridad porque la Agencia Tributaria sufrió un recorte presupuestario del 6,1% este año.

Izquierda Unida coincide con el sindicato de técnicos de Hacienda Gestha en que hay que luchar contra la economía sumergida que supone del 18% al 23% del PIB. Lara ha insistido en que "en España uno de cada cuatro euros no paga impuestos".

IU califica de "terrorismo empresarial" la propuesta de la CEOE para jóvenes

El responsable federal de Economía y Trabajo de Izquierda Unida, José Antonio García Rubio, calificó hoy de "ensayo de terrorismo empresarial" la propuesta de contrato para jóvenes que ayer hizo la CEOE.

El director de relaciones laborales de la CEOE, José de la Cavada, abogó ayer por poner en marcha un contrato para jóvenes de entre seis meses y un año sin protección por desempleo ni cuotas empresariales a la Seguridad Social, aunque el presidente de la patronal, Gerardo Díaz Ferrán, ha asegurado esta mañana que esta idea "no se ha puesto ni se pondrá" encima de la mesa.

La propuesta de ayer, advirtió García Rubio en un comunicado, supone también la búsqueda de la "dominación" del empresario a través del "terror". El dirigente de IU se preguntó si la patronal pretende con esta iniciativa que el diálogo social "salte por los aires" o la presentó ayer para que hoy "acompañase" a la reunión mantenida por el Gobierno y el PP dentro de las negociaciones para el pacto contra la crisis.

En su opinión, "un contrato de esas características, sin cotizaciones sociales, sin derecho al seguro de desempleo, sin derecho a indemnización por despido, sin protección judicial, con una retribución por debajo del salario mínimo y por seis meses, es peor que un contrato basura".

Incluso, apuntó, sería un "contrato excremento", con el que la patronal "quiere retrotraer las relaciones laborales en España a la Edad Media".

Para el responsable económico de IU, en las condiciones actuales, lo que hay debajo de esta propuesta es "hacer legal la economía sumergida", lo que demuestra "qué modelo productivo defiende la patronal española".

Añadió que ahora se entiende mejor lo que quieren decir las grandes empresas españolas, "todas ellas pertenecientes y representadas en la CEOE", en la "costosa" campaña de propaganda que lleva por título "Esto sólo lo arreglamos entre todos", y que han promovido las Cámaras de Comercio.

Willy Meyer acusa a la derecha europea de instrumentalizar la muerte de Orlando Zapata

 El eurodiputado de Izquierda Unida, Willy Meyer, acusó hoy a la derecha europea de instrumentalizar la muerte del disidente cubano Orlando Zapata e instó a la UE a "acabar" con la Posición Común que rige las relaciones con La Habana y retomar el diálogo político con la isla.

   En un comunicado, Meyer consideró "deplorable" que "la derecha europea, que es responsable desde 1996 de la aplicación de la Posición Común con Cuba, instrumentalice esta muerte". "La Posición Común fue aprobada bajo la presidencia española de José María Aznar e imposibilita una relación integral y abierta con las autoridades cubanas sobre la base de un interés recíproco", añadió.

   En la misma nota, el eurodiputado español de IU lamenta la muerte "del ciudadano cubano" Orlando Zapata, de la que dice que se produjo en prisión tras una huelga de hambre que "precipitó una pulmonía que la asistencia médica acreditada no pudo evitar".

   Según Meyer, La Habana ha manifestado "reiteradamente" que en el marco de un diálogo "entre soberanos e iguales, sin condiciones, sigue abierta a debatir sin limitaciones sobre cualquier cuestión de interés común, incluyendo los Derechos Humanos".

   "La muerte de Orlando Zapata debe acelerar, si cabe, la necesidad de acabar con la Posición Común para permitir un diálogo político que contribuya al desarrollo bilateral con la exigencia de acabar con el bloqueo impuesto por la administración norteamericana que contraviene las resoluciones de las Naciones Unidas", declaró Meyer.

   Finalmente, el eurodiputado criticó el "cinismo" de los conservadores en la Eurocámara por haber "impedido que el Parlamento Europeo condene el golpe de Estado en Honduras y las muertes que ha ocasionado, ni los continuos asesinatos de sindicalistas colombianos, que no han sido objeto de ninguna preocupación ni comentario por parte de los dirigentes del Partido Popular Europeo".

Cautivos en la España democrática

Cayo Lara

"Los que hoy se niegan a condenar los crímenes del franquismo están a favor de los que ayer apretaron los gatillos”. Esta frase se me quedó grabada, hace años, en el cementerio de Daimiel, un pueblo de Ciudad Real, mientras se homenajeaba a los combatientes republicanos fusilados por la dictadura. La sentencia, valiente y justa, salía de los apretados labios del que hoy es un parlamentario europeo por el PSOE. Quién me iba a decir entonces que, 30 años después, esa sentencia tendría aún vigencia.
 
España no fue liberada por las tropas aliadas de la dictadura militar nacional-católica, tras la Segunda Guerra Mundial. Las potencias europeas y EEUU, ante el temor de una España progresista, vanguardia en la transformación social y cultural, miraron hacia otro lado, abandonando al pueblo español a su suerte. Esta vergonzosa actitud permitió la pervivencia del franquismo, casi 40 años de represión, mentiras y miedo, que ha desembocado en actitudes –no precisamente minoritarias– que, todavía hoy, en 2010, justifican desde diferentes tribunas el cruel levantamiento militar contra el Gobierno de la República de 1931. Estas ideas siguen grabadas a golpe de fuego y crucifijo en muchos españoles, dirigentes políticos de la derecha incluidos y, lo que es más grave, están presentes, como vemos, en una parte de la judicatura. El silencio cómplice de la Transición sobre estos asuntos, con su manto de interesado olvido, ha favorecido (y alimentado) estas actitudes antidemocráticas.
 
No pido venganza: reclamo dignidad. Estoy entre quienes desean que se haga justicia, aflore la verdad y se repare, hasta donde sea posible, a las víctimas del franquismo. Es imposible construir una España democrática con estos lastres en la memoria de varias generaciones. Es vergonzoso que sigamos, a estas alturas de la evolución democrática, discutiendo estos asuntos. Si no fuera trágico, sería ridículo. Somos hijos de la República, de su generosidad y esfuerzo, y renegamos de la herencia que el franquismo ha dejado en la mentalidad (sumisa e interesada) de muchos.
 
No se trata hoy de encausar y encarcelar a los autores intelectuales del levantamiento militar ni a quienes lo apoyaron con armas y capitales. Tampoco a quienes juzgaron, encarcelaron y asesinaron a miles de personas. Lejos de mi intención cargar las tintas democráticas contra los ejecutores materiales, ya que muchos actuaron por obediencia debida o, por mejor decir, “por temor impuesto”.
 
No se trata de abrir la caja de la revancha, ya que no hay posible reinserción penitenciaria para los culpables ni pena de muerte posible. Los verdugos han fallecido y, aunque no fuera así, les ampararía nuestro texto constitucional y la opinión de quienes estamos en contra de la pena de muerte. Defender la memoria de los republicanos debería ser una obligación de los poderes públicos. No se puede levantar un país sobre los huesos olvidados de sus muertos. Y máxime cuando fueron asesinados por defender la legalidad democrática.
 
Los herederos de los golpistas y quienes con ellos se identifican no quieren que se analice el pasado, ni mucho menos que se siente en el banquillo esa parte negra de su historia: sus rincones oscuros. Sin embargo, una democracia no puede crecer manchada de sangre. Los franquistas descansan en los cementerios. Los vencidos siguen enterrados en las cunetas. “¿Por qué tenéis a mi abuelo enterrado en una cuneta?” es la pregunta popular que refleja la deuda que esta sociedad tiene con su pasado.
 
Los rebeldes, santificados por la Iglesia católica, crearon tribunales que condenaron a los que defendieron la democracia republicana. Miles de penas de muerte por el mismo delito que los franquistas cometieron: adhesión a la rebelión. Esta gran falacia sólo puede ser equiparada a la invasión militar de un país por tener armas de destrucción masiva, que luego resultaron inexistentes. Los argumentos de la derecha reaccionaria y de la Iglesia católica se repiten, como una farsa, a lo largo de la historia.
 
Los funcionarios públicos –miembros de la carrera judicial– que quieren condenar y apartar a un magistrado que ha defendido su independencia en causas de terrorismo, terrorismo de Estado, crímenes contra la humanidad y que ha investigado la corrupción de altos vuelos, se sitúan en el mismo lugar que aquellos que se levantaron contra el Gobierno de la República. Es hora de defender una democracia de calidad, no una democracia de superficie, maniatada por sustratos franquistas. Sin revanchismos, sin odio y sin rencor colectivo. Urge defender la actuación del magistrado Baltasar Garzón –con independencia de la opinión que sus actitudes políticas del pasado nos parezcan– de los sucios y viles ataques de los que siguen sin creer en la democracia y en la justicia. No es posible vivir en una democracia teñida de franquismo.
 
Una timorata Ley de Memoria Histórica, patrocinada por el PSOE, no debe de ser la excusa para dejar impunes los desmanes cometidos por la dictadura nacional-católica. Nada tenemos contra los descendientes de los asesinos. Incluso es comprensible que duela una condena a la memoria de sus antepasados. Cada persona, cada individuo, es responsable de sus actos. Los criminales del pasado no pueden quedar como héroes. Levantando la voz contra quienes persiguen a Baltasar Garzón no defendemos sólo al juez. Nos estamos defendiendo a nosotros mismos de los residuos franquistas. Unos residuos contaminantes que esperemos no se conviertan, por desidia colectiva, en una nueva mayoría natural.
 
Cayo Lara, coordinador federal de Izquierda Unida.
Artículo publicado en Público, el 1 de marzo de 2010.