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La Permanente de IU aprobó una resolución donde muestra su ‘absoluto rechazo al tratado de Lisboa’

La Comisión Permanente de Izquierda Unida, órgano ejecutivo de la dirección de esta formación, ha aprobado ayer una resolución en la que muestra su “total rechazo al Tratado de Lisboa”, en el mismo día en que se ha confirmado oficialmente la oposición de los ciudadanos irlandeses a este mismo texto.

Tanto el coordinador general, Gaspar Llamazares, como el eurodiputado de esta formación, Willy Meyer, se han felicitado en nombre de IU por este resultado y han expresado “la satisfacción que a Izquierda Unida le produce la prudente y justificada decisión de la sociedad irlandesa al rechazar este nuevo intento de avanzar en la construcción europea a través de un Tratado hecho de espaldas a los trabajadores y trabajadoras de Europa”.

A juicio de Llamazares y de Meyer, “los gobiernos conservadores y socialdemócratas de la UE han tratado de primar sus intereses políticos y económicos particulares en lugar de la defensa en los derechos y las conquistas sociales y jurídicas, así como del respaldo de los intereses económicos de quienes más lo necesitan”.

“Ahora, lo mismo que pasó hace tres años con el anterior intento, los ciudadanos europeos frenan este proceso y demuestran que no consienten el intento de avanzar en la construcción de Europa a sus espaldas”, agregaron.

Para Llamazares, “la sociedad irlandesa han dado una lección, primero a sus gobernantes que apostaron por el ‘sí’, y luego a los demás ejecutivos de Europa, de cómo cuando se realiza una consulta limpia y clara a través de un referéndum en un tema trascendental los ciudadanos saben ir más allá que sus dirigentes”.

“Sana envidia”

Willy Meyer, por su parte, explica la “sana envidia que nos produce el que, independientemente del resultado final que pudiera darse, los irlandeses hayan podido acudir a las urnas para decir lo que piensan. Eso no es posible en el resto de estados, incluido España, que han intentado colar por la puerta de atrás este nuevo Tratado”.

“Qué lejos queda aquel lema de ‘Los primeros en Europa’ que aireó Rodríguez Zapatero en la primera consulta sobre la Constitución europea que sí fue afirmativa en nuestro país, pero que luego otros estados se encargaron de frenar –recordó Meyer-. El mismo sistema de referéndum que fue válido entonces debía haberlo sido ahora, aquí y en el resto de la UE, como en Irlanda”.

La resolución

La Resolución aprobada ayer por la Permanente de IU subraya su pronunciamiento “en contra de la ratificación del Tratado sobre el funcionamiento de la UE, más conocido como Tratado de Lisboa. Nuestra representación parlamentaria ya manifestó el 11 de junio su rechazo al dictamen favorable de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados y, en consecuencia, votará en contra de la ratificación del Tratado en el Pleno”.

IU recuerda en su documento que “el Tratado consta de 323 páginas, 12 Protocolos y 65 Declaraciones. Si el proyecto de Constitución era oscuro, este otro es impenetrable”. Añade que “son conocidas nuestras divergencias con partes fundamentales de sus contenidos y discrepamos tanto en el método seguido para su elaboración, como en el procedimiento de ratificación acordado por el Gobierno español”.

“Izquierda Unida –se señala- se opone frontalmente a las cláusulas en materia de Seguridad y Defensa, por las que los estados miembros se comprometen a aumentar progresivamente sus capacidades militares, y reafirman sus compromisos adquiridos en el marco de la OTAN”:

IU recuerda que el Tratado “sigue abriendo la puerta a la privatización de servicios públicos. Además, la referencia a la Carta de Derechos fundamentales queda debilitada por la exclusión voluntaria del Reino Unido y otros estados”.

La Europa de la confrontación

La Resolución señala que “la Europa del Tratado de Lisboa se anuncia no como una Europa del progreso social, sino como la Europa de la confrontación social. La directiva europea que pretende ampliar la semana laboral máxima de 48 horas hasta 60 –y en casos específicos, como los médicos y servicios de emergencia, hasta 65- es un claro ejemplo aberrante de la deriva antisocial que está experimentando la UE, que en este caso sería un retorno al siglo XIX y una vulneración de las normar de la Organización Internacional del Trabajo”.

“Creíamos que el Tratado supondría un avance en una política europea común en materia de inmigración. Pero estamos asistiendo a una deriva hacia la Europa fortaleza y un enfoque basado exclusivamente en la seguridad”, se constata sobre este tema.

IUN-NEB presenta una moción para que el parlamento de navarra manifieste su rechazo a la ampliación de la semana laboral hasta las 65 horas

Los ministros de Trabajo de la Unión Europea han aprobado una propuesta de la presidencia eslovena que permitirá a cada Estado miembro modificar su legislación para elevar la semana laboral vigente de 48 horas hasta 60 horas en casos generales y a 65 para ciertos colectivos como los médicos.

La semana laboral máxima de 48 horas es un derecho social consagrado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) hace 91 años.

Hoy esta directiva europea, abanderada por Gran Bretaña y Alemania, amenaza con terminar con una conquista laboral de casi un siglo de duración.

Es un hecho que empresas transnacionales y numerosos gobiernos europeos están empeñados en liquidar el ya recortado y devaluado modelo social europeo.

Pero esta liquidación, si se consuma, no podrá dejar de tener importantes consecuencias negativas para la estabilidad social e institucional en la Unión Europea.

La directiva de tiempo de trabajo aprobada, y pendiente de votación definitiva en el Parlamento Europeo, autoriza un alargamiento de la jornada laboral muy por encima de las 48 horas semanales mediante el único acuerdo entre el empresario y el trabajador individual.

Los Estados miembros podrán modificar su legislación y permitir que los trabajadores alcancen acuerdos individuales con sus empresarios sobre la duración de la jornada, hasta un máximo de 60 horas semanales en los casos generales y de 65 en los casos especiales como los médicos. Este tiempo se computa como promedio durante tres meses, lo cual significa que las jornadas podrán alcanzar hasta las 78 horas.

Lo aprobado atenta contra el derecho constitucional a la negociación colectiva e introduce la posibilidad de que el trabajador renuncie a sus derechos.

En definitiva, lo cierto es que una medida de esta importancia supone una agresión muy grave a lo que queda del ya muy devaluado modelo social europeo.

Por todo ello IUN-NEB ha presentado una Moción en el Parlamento de Navarra para que se acuerde el rechazo a esta Directiva y se exija su no aplicación.

Llamazares califica de “vergüenza y escándalo inadmisible” la ampliación de la jornada laboral hasta 65 y 60 horas semanales aprobada por los gobiernos europeos

El coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, ha tachado hoy de “escándalo inadmisible al que desde IU nos opondremos radicalmente” la ampliación de los límites de la jornada laboral aprobada la pasada madrugada por los ministros de Trabajo de la UE, tumbando la jornada laboral máxima de 48 horas existente en estos momentos.

Llamazares valora que “esta decisión vergonzosa tomada con nocturnidad y alevosía supone dar el tiro de gracia al modelo social que tanto ha costado construir en Europa, pese a las muchas carencias e imperfecciones de las que adolece. El que un empleado de cualquier sector se vea obligado a trabajar un máximo de 60 horas a la semana e, incluso, hasta 65 para colectivos determinados como el de los médicos, y que esto pueda ser negociado individualmente por el empresario, es el mayor ataque a los trabajadores en décadas. Niega la propia historia política y social seguida hasta ahora por la Unión Europea".

El máximo dirigente de IU señala que “los gobiernos europeos, capitaneados por los reaccionarios ministros de la derecha hacen que Europa se niegue a sí misma niegue las luchas de los trabajadores del siglo XX y volvamos a la Europa del siglo XIX en la que primaba los beneficios empresariales a costa de la explotación de la mano de obra”.

Gaspar Llamazares adelantó que IU “no reparará en esfuerzos, iniciativas y movilizaciones para frenar la vuelta de tuerca neoliberal neoliberal y ultraconservadora que se nos viene encima".

Al tiempo, exigió al Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero que “se ponga en contacto de inmediato con los sindicatos, los agentes sociales y con todas las organizaciones que tengan algo que decir y demuestre que representa a una formación progresista empezando a elaborar una posición crítica y alternativa que vaya más allá de las declaraciones más o menos grandilocuentes de algunos dirigentes socialistas”.

IU pide al gobierno que use los impuestos indirectos para atender las demandas de los sectores en crisis pese a “haberse atado las manos con las rebajas fiscales y los 400 euros”

El coordinador general y diputado de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, junto al responsable económico de IU, Javier Alcázar, han criticado hoy duramente la “inacción del Gobierno” frente a la grave crisis que éste sigue negando. Ambos dirigentes reclamaron a José Luis Rodríguez Zapatero y a su equipo económico que sean "flexibles y permeables" ante las demandas desesperadas que realizan distintos sectores -como el agrícola, el pesquero o el de transportes- ante las dificultades económicas que atraviesan a causa de la subida de los combustibles.

Llamazares planteó a los responsables socialistas la posibilidad de que utilicen fórmulas temporales a partir de los impuestos indirectos, como el IVA superreducido y reducido, porque no se entendería que, por ejemplo, tras atender la mayoría de exigencias de las grandes eléctricas en la desproporcionada subida de la luz “no sepan ser igual de sensibles a las peticiones de sectores más débiles".

Eso sí, tanto el máximo dirigente de IU como el coordinador ejecutivo de Economía exigieron que se dé marcha atrás a medidas como la supresión del Impuestos sobre el Patrimonio, que obligará a compensar a las CC.AA. por la pérdida de cerca de 2.000 millones de euros de recaudación.

Llamazares censuró en tono irónico el desfase de las previsiones del Gobierno sobre la economía. "Cuando advertíamos en campaña de un estancamiento, ellos lo negaban. Ahora que hablamos de crisis, ellos hablan de ralentización, y cuando todos hablen de recesión, estoy seguro de que ellos empezarán a reconocer la crisis".

Por ello, anunció que IU apoyará "todas las movilizaciones" de los pescadores, agricultores y transportistas afectados por el aumento del precio del petróleo y la falta de respuesta de Rodríguez Zapatero.

Llamazares detalló que ahora se demuestra que “un Gobierno que se dice de izquierdas tiene las manos atadas para defender a los que más lo necesitan, entre otras cosas por las rebajas del IRPF realizadas y porque se ha gastado el dinero con la electoralista propuestas de devolver los 400 euros de forma indiscriminada”.

En este sentido, Javier Alcázar denunció que el Gobierno socialista trata de recuperar buena parte del coste “de su compromiso electoral de devolver 400 euros con los impuestos que recaudará con la subida de las tarifas eléctricas. Ahora va a hacer caja". Según los cálculos que maneja IU, la desproporcionada subida de la luz en 2008 “va a suponer para los responsables económicos del Ejecutivo un sobreingreso a través de IVA y del impuesto de la electricidad cercano a los 2.800 millones de euros que pagaremos todos, desde parados a jubilados y trabajadores con menos ingresos”.

El coordinador general de Izquierda Unida acusó al Ejecutivo y, en particular, al ministro de Industria, Miguel Sebastián, de "arrodillarse ante las grandes compañías eléctricas en perjuicio de los consumidores con una subida expropiatoria e inaceptable. Esto consolida el giro a la derecha del Gobierno. Los que han tenido beneficios en la época de bonanza los quieren seguir teniendo ahora a costa de los ciudadanos y, a juzgar por las medidas que se han presentado, lo van a conseguir".

Javier Alcázar exigió al Ejecutivo que el sector eléctrico recupere su condición de servicio público, tal y como se reconoce en buena parte de países de la UE para garantizar su calidad. El responsable económico de IU denunció “las mentiras lanzadas por Sebastián para tapar con cortinas de humo la subida eléctrica. En primer lugar, el recibo no subirá entorno al IPC como dijo Zapatero. A la subida de entre el 5% y el 6% de dentro de un mes hay que sumarle el 3,3 que ya aumentó en enero. Es decir, ese 9% cuadruplica el IPC previsto para todo el año y duplica el IPC real que habrá en diciembre. Es un engaño inaceptable para los ciudadanos”.

“La segunda mentira –detalló el dirigente de IU- es la demagogia de tratar de ‘vestir’ de social y de verde esta subida. La rebaja a quienes tengan una potencia de menos de 3 kilovatios se hace a 4,5 millones de contadores no de familias. Pocas familias pueden tener menos de 3 kilovatios porque eso da para poner el frigorífico, la cocina y poco más".

Por último, incidió en que la supresión de la tarifa nocturna a partir del 1 de julio “supondrá el incremento del precio de la luz del 40% para más de un millón de usuarios, afectados por una decisión unilateral del Ejecutivo a la que debe dar marcha atrás o, al menos, establecer un periodo de transición para que los consumidores se adapten”.

Javier Alcázar solicitó, entre las medidas que IU plantea, “que el Ejecutivo establezca una tramificación de la tarifa en función de la renta media de los usuarios la eliminación de la cláusula para interrumpir el servicio que abarata el coste sólo a las grandes compañías y consumidores, así como la puesta en marcha de un ‘plan Renove’ de electrodomésticos de más de 10 años por otros de menor consumo”.

Gaspar Llamazares insistió en que esta subida “sólo responde a los intereses de las eléctricas, que únicamente están dispuestas a dar beneficios para sus accionistas y muy pocas inversiones para los ciudadanos". Además, denunció, el Gobierno ni siquiera les exige que cumplan con su obligación de promover la competencia tras la liberalización del mercado.

La reducción de un 1% del gasto militar mundial serviría para acabar con el problema del hambre en el mundo

En  el pleno del Parlamento Europeo en Bruselas ha tenido hoy lugar un debate sobre la Política Europea de Seguridad y Defensa en vista de la próxima elaboración por parte de la Comisión Europea de un Libro Blanco sobre la materia.

El eurodiputado de Izquierda Unida Willy Meyer ha denunciado el aumento del gasto militar a nivel mundial, que "responde a la escalada militarista en la que la Unión Europea también se encuentra inmersa". Meyer ha recordado que "en el año 2006 se registró el gasto militar mundial más alto de toda la historia, superando incluso el de la Guerra Fría, 17 veces más que lo que se gasta en cooperación internacional." Recordando las palabras de Mohamed ElBaradei, Director General de la Agencia Internacional de la Energía Atómica, Meyer constató que "la simple reducción de un 1% del presupuesto armamentístico mundial sería suficiente para acabar con el problema del hambre en el mundo".

En su intervención el eurodiputado ha explicado cómo la militarización de la seguridad ha provocado más injusticia y más inseguridad: "con la invasión de Irak nos quisieron convencer de que se solucionaría el problema de Oriente Medio y que bajaría el precio del crudo: la realidad está a la vista."

Y prosiguió: "¿realmente queremos una vinculación de la seguridad europea a la de los Estados Unidos? ¿Vinculada a una administración que es responsable de los vuelos de la CIA?, ¿que mantiene abierto Guantánamo y que viola sistemáticamente los derechos humanos? Meyer exigió una seguridad europea autónoma y desmilitarizada y "la puesta en marcha -como ya propusieron Willy Brandt y Olof Palme- de políticas programáticas que lleven el gasto militar al punto 0".

El PSOE vota en contra de una ley que obligue a retirar los símbolos religiosos en actos y ceremonias institucionales

Nueve votos a favor, seis abstenciones y 309 votos en contra. Con este resultado, el Congreso ha rechazado la pretensión de Izquierda Unida de poner en marcha un "protocolo aconfesional" para los actos y ceremonias institucionales, como la toma de posesión de miembros del Gobierno y altos cargos. El secretario general del Grupo Socialista en el Congreso, Ramón Jáuregui, rechazó hoy la propuesta porque, aunque considera que en esas ocasiones "el crucifijo está de más, no haremos una ley para prohibirlo".

El PSOE se opone a elaborar "una norma que prohibiera a la Casa Real la colocación de un crucifijo en la que los ministros juran o prometen", e insistió en que deben hacerse esfuerzos para ahondar en la laicidad y "normalizar la aconfesionalidad", pero "sin producir tensiones, no hacen falta leyes prohibitivistas, sino prácticas aconfesionales y progresivas".

El coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, en defensa de su propuesta, emplazó al Gobierno a garantizar que en un Estado democrático y aconfesional "se cumpla la Constitución en la toma de posesión de sus miembros, sin presencia de símbolos religiosos. "No pretendemos prohibir, pero no queremos que se imponga", defiende Llamazares.

El líder de IU explicó que se pretende evitar "paradojas como la modernidad de un Gobierno y el anacronismo de imponer los símbolos religiosos" en los actos de acatamiento de cargos públicos, como los que se celebran en el Palacio de la Zarzuela, porque supone un "incumplimiento flagrante de esos criterios constitucionales".

"Se acepta por inercia el sometimiento del Gobierno, no solamente a la Constitución, como es obligado, sino a la Iglesia católica", prosiguió Llamazares, para quien se mantiene así una "vinculación entre monarquía e Iglesia católica que es preconstitucional".

Denunció el "mantenimiento de la religión institucionalizada en el Ejército, en los comités de ética de los hospitales públicos en la Comunidad de Madrid, en AENA, o en los funerales de Estado", y reclamó "avanzar pluralismo moral frente a la resistencia que pretende el monopolio de la moral para la Iglesia católica".

"El Gobierno ha anunciado la presentación de una ley de libertad religiosa", agregó LLamazares, "pero en este caso, también, el infierno está empedrado de buenas intenciones. Con buenas intenciones se ha mantenido la religión escuelas, y a cambio se ha introducido la Educación para la Ciudadanía".

También con buenas intenciones, prosiguió, "se ha mejorado la financiación, el privilegio de la Iglesia católica, a través de la Declaración de la Renta, y con buenas intenciones se ha mantenido la letra y el espíritu del Concordato con el intercambio de cartas entre el Gobierno y el Vaticano, o con el nombramiento de embajadores, no sabemos si nuncios o agentes dobles".

Para concluir, indicó que si el PSOE no apoya este "protocolo civil" difícilmente será capaz de aprobar una ley de libertad religiosa, y advirtió de que el "espejismo degrada y oculta realidad.

IU ve "con normalidad democrática la consulta a los ciudadanos vascos", pero reclama que incluya "una condena expresa a ETA y el compromiso de que el ejercicio del derecho a decidir sólo se pueda hacer en ausencia de violencia"

El coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, lamenta en nombre de esta organización "el desencuentro que provocan entre los ciudadanos vascos, en lugar de concitar una mayor unidad en la lucha unitaria contra la violencia terrorista, las distintas propuestas políticas planteadas en los últimos días desde distintas formaciones e instituciones políticas democráticas vascas".

En este sentido, el máximo responsable de esta formación explica que "desde Izquierda Unida vemos con normalidad democrática la consulta no vinculante que el lehendakari pretende hacer a los ciudadanos. Sin embargo, esta normalidad con la que se debería discutir y llegar a conclusiones en el desarrollo de cualquier propuesta política queda indudablemente condicionada por el momento actual en el que los terroristas de ETA vuelven a querer imponer sus planteamientos por la fuerza de los asesinatos y las bombas. Y eso no puede eludirse y debe ser tenido muy en cuenta".

"Por ello -añade Llamazares-, planteamos que la propuesta de consulta hecha por Juan José Ibarretxe no debe obviar esta situación actual, que se traslada tanto a la vida en Euskadi como a la del conjunto del Estado, y debe incorporar dos cuestiones importantes:

1. La condena expresa y directa al terrorismo de ETA. Esta será la mejor manera de que EHAK deba pronunciarse sobre esta cuestión y que no reciba en este debate un protagonismo democrático del que carece. Es la mjor manera de que EHAK no manche un debate que debe ser claro y democrático.

2. Como IU ha reiterado desde hace años, debe haber un compromiso explícito y nítido de que cualquier ejercicio para el derecho a decidir se realizará en completa ausencia de violencia, es decir, sin que haya la más mínima amenaza ni condicionante de la organización terrorista ETA, y previo acuerdo entre las instituciones democráticas y gobiernos de Euskadi y España".

Para Gaspar Llamazares, "sólo así se podrán sentar las bases para el fin definitivo de la violencia terrorista y para la normalización y el entendimiento de la sociedad vasca y de las fuerzas políticas democráticas que la representan"

Izquierda Unida pide a la Consejería de Educación que paralice el plan de calidad y reformule sus propuestas

Izquierda Unida pide a la Consejería de Educación que paralice el Programa de Calidad y Mejora de los Rendimientos escolares para su reformulación y que se articule otra propuesta para mejorar este sector basado en una evaluación objetiva y en el establecimiento de prioridades en función de las necesidades reales del sistema educativo, con un carácter general para todos los centros públicos y con la dotación económica suficiente.

El plan diseñado por la Junta centra su actuación exclusivamente en la incentivación económica del profesorado a pesar de ser cuestionables muchos de los aspectos de esta orden. Es un programa que, con un coste muy elevado, está limitado en el tiempo a tres años, y se basa en un proceso de evaluación claramente mejorable que responsabiliza a los docentes de las carencias del sistema educativo y olvida los problemas centrales de la educación andaluza.

Juan Francisco Arenas, coordinador del Área de Educación de Izquierda Unida en Granada considera que “un plan dirigido a la mejora de la calidad en los centros educativos no puede estar ligado en ningún caso a la voluntad de los individuos ni de los centros, sino que tendría que ser general para todo el sistema educativo, lo que acaba desenmascarando la insuficiente dotación económica que respalda esta medida…”

La situación real de la educación andaluza dista mucho de ser la deseable y presenta importantes carencias que se reflejan en los diferentes informes sobre los resultados académicos del alumnado andaluz (informe PISA, evaluaciones de diagnóstico…), la convivencia en los centros educativos, la calidad y la masificación en las aulas, entre otros aspectos.

El Sistema Educativo Andaluz necesita una clara mejora que se conseguiría con el aumento de forma destacada de la inversión económica que Izquierda Unida cifra en unos 7.000 euros por alumno al año (actualmente es de 4.211 euros). Esta inversión debe priorizar aspectos como la reducción de las ratios, la mejora de las infraestructuras educativas, la inversión preferente en las zonas con problemas socioeconómicos, la mejora de la formación docente, el fortalecimiento de los EOE´s y otras necesidades que aquejan a la educación andaluza y que son prioritarias por encima de un sistema de incentivos para el profesorado.

Para Izquierda Unida, la Junta no puede recurrir a un plan de incentivos al profesorado para dar la espalda a la verdadera necesidad de la homologación salarial respecto a las demás comunidades autónomas “ni mezclar la mejora de la calidad educativa con una cuestión salarial del profesorado con la que lleva a la confusión” señala Juan Francisco Arenas quien recuerda que el profesorado andaluz está a unos 1130 euros anuales de la media salarial del Estado.

INMORAL SUBIDA DEL PRECIO DE LA LUZ

Ante la intención del Ministro de Industria y Energía, y de la Comisión Nacional de la Energía de permitir el incremento de la factura de la energía eléctrica entre un 20 y un 11’3%, IU ha solicitado la comparecencia del Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía para que informe sobre la posición que el gobierno andaluz tiene ante esta escandalosa subida del precio de unos de los elementos básicos para el bienestar de los hogares, y para la contención del coste de la producción de las empresas, y por tanto de la economía andaluza.

El portavoz de IU en la Comisión de Innovación del Parlamento de Andalucía, Pedro Vaquero, ha recordado que el Gobierno andaluz tiene que dar la cara por el consumo de los andaluces, pues su bienestar está en juego, dado que cada vez se ve más reducida la capacidad de hacer frente a la subida del coste de la vida por parte de la mayoría de los hogares andaluces, pues por un lado el IPC ha subido hasta un 4’3% interanual, y por otro los salarios hasta la fecha han ido perdiendo poder adquisitivo por la política de prudencia y contención salarial.

Además, en unos momentos en los que la crisis económica golpea a cada vez más trabajadores y trabajadoras, no se puede permitir que las empresas que ganan enormes beneficios puedan disponer de autorización por parte del Gobierno para subir los precios de forma tan desorbitada. “Es injustificable e inmoral que las cinco empresas que se reparten el negocio de la electricidad en España puedan incrementar casi un 300% el índice de la inflación, mientras se anuncia que en 2007 han obtenido casi 3.000 millones de euros de beneficios”.

Vaquero recuerda que la debilidad del único argumento que ofrece el ministro Sebastián para avalar la subida, pues según él es la Unión Europea la que impone liberalizar el sector, cuando al mismo tiempo no hace nada por evitar que dicho sector eléctrico mantenga un régimen real de oligopolio, ante el descarado reparto del mismo por un escasísimo número de empresas, que cada vez se concentran más en base a las opas que se lanzan entre sí, algunas de ellas propiciadas o consentidas desde la esfera del mismo gobierno central. “Los paganos de estas guerras de multinacionales no deben ser los ciudadanos”, recuerda el portavoz de IU. “Si el Ministro quiere liberalizar, que empiece por acabar con el oligopolio de las eléctricas, y no por consentir a estas empresas un nuevo asalto a los bolsillos de los consumidores”.

La situación no es sólo una lesión a los consumidores, sino también a la economía de las pequeñas y medianas empresas sobre todo, y a las economías regionales como la andaluza, que intentan ir abriéndose un espacio de competitividad en el mercado global y europeo. Por eso el Gobierno andaluz no puede limitarse a decir amén a una Comisión Europea esclava de los intereses de las multinacionales, sino que debe hacer valer el interés general de Andalucía frente a la debilidad del Gobierno central. “Es una vergüenza que los gobiernos del PP hayan podido contener con más firmeza esta presión de las multinacionales que lo está haciendo un gobierno supuestamente de izquierdas”, afirma Vaquero.

Por todo ello, el diputado de IU ha solicitado la comparecencia del consejero Vallejo para que se comprometa ante los andaluces y andaluzas a defender sus intereses y los de Andalucía

Javier Alcázar: “Es indecente plantear el incremento del recibo eléctrico en un marco de insuficiente inversión por parte de las empresas del sector y sin una racionalizacion de las necesidades y los recursos”

El Coordinador Ejecutivo de Economía y Trabajo de IU, Javier Alcázar, “se muestra contrario a los incrementos indiscriminados de tarifas eléctricas planteadas por el Gobierno y avaladas por la Comisión Nacional de la Energía, en un entorno de profunda desaceleración económica, altos niveles de inflación y crecimiento del desempleo”.

Para Alcázar “la carga de la factura eléctrica es soportada especialmente por los consumidores domésticos y pequeñas empresas al margen de su condición social y su nivel de necesidad. Consideramos necesario un Plan Eléctrico dirigido a los hogares más modestos para favorecer la renovación integral de electrodomésticos básicos en el marco de un plan “Renove” integral y realista, así como la adopción del IVA superreducido para el consumo eléctrico”

Ante esta situación, Alcázar afirmó, que “entiende demagógico el planteamiento de la Comisión Nacional de la Energía, cuando obvia la utilización recurrente y creciente en los sistemas de interrumpibilidad que favorece específicamente a las grandes empresas consumidoras de alta tensión, las cuales pagan de promedio por Kw/h un tercio menos de lo que pagan en su factura las pequeñas y medianas empresas y las familias”.

En opinión de Alcázar “el principal problema que tiene nuestro sistema eléctrico, desde su desmedida liberalización es la creciente abstención inversora de las empresas del sector que sitúan sus objetivos más en la maximización de los beneficios a través de las vías especulativas y rentas en bolsa y mucho menos en el de creciente nivel de nivel de cobertura el cual se ha situado en niveles por debajo del 10% en los últimos 5 años, lo que a su vez constata el triste papel que juega la Comisión Nacional de la Energía”.

Por último Alcázar afirmó que “el anuncio del gobierno de incrementar el recibo de la luz junto con la intención declarada de continuar bajando los impuestos directos y de sociedades determina una política fiscal del Gobierno que además de regresiva e injusta es errática sin visión de futuro y especialmente perjudicial para los intereses más elementales de la inmensa mayoría de los ciudadanos”.

IU considera "inadmisible" la utilización de Gibraltar "como base de armamento nuclear de la OTAN"

El parlamentario de IULV-CA por la provincia de Cádiz, Ignacio García, calificó hoy de "inadmisible" la utilización del Peñón de Gibraltar "como base de armamento nuclear de la OTAN" y pidió a la Junta y al Gobierno central que incluya "con energía" en la próxima reunión del foro tripartito, la declaración del Peñón de Gibraltar y de la bahía de Algeciras "como zona no nuclear", así como "la prohibición generalizada de este tipo de tareas".

En un comunicado, García manifestó que "la presencia prácticamente permanente de submarinos nucleares ya no sólo británicos sino también norteamericanos, en definitiva de la OTAN, demuestra que el puerto de Gibraltar está siendo utilizado como base estratégica".

En este sentido, el parlamentario andaluz afirmó que el puerto de Gibraltar "está siendo utilizado como base sin tener en cuenta la cercanía de una gran área metropolitana y el gran peligro de colisión existente en la zona por el tremendo tráfico marítimo del Estrecho".

Por ello, García anunció que IULV-CA va a registrar iniciativas en el Parlamento de Andalucía y en el Congreso de los Diputados "para llevar este tema al foro tripartito, a la Unión Europea por la peligrosidad que supone para la población y asimismo a la OTAN, para que evite el atraque rutinario de submarinos nucleares en la Peñón de Gibraltar y en la bahía de Algeciras".

IU dice que la condena al alcalde de Carboneras por injurias a un funcionario es "ejemplarizante"

 El coordinador de IU en Carboneras (Almería), Pascual Hernández, tildó hoy de "ejemplarizante" la condena del Juzgado de Instrucción número 2 de Vera (Almería) que obliga al alcalde, Cristóbal Fernández (PSOE), a pagar por una falta de injurias una multa de 240 euros e indemnización de 1.000 euros a Antonio Belmonte, un funcionario municipal y militante de IU que, en 1999, denunció al primer edil por coacciones al intentar obligarle a votar por correo a su partido.

Hernández valoró en una nota que el fallo "para los pies" al primer edil carbonero que, en su opinión, está "acostumbrado" a "hacer y deshacer a su antojo" hasta que un afiliado de IU "le plantó cara" y la justicia "le ha dado la razón".

El coordinador de la formación en Carboneras destacó que la sentencia considera probadas las manifestaciones "lesivas del honor y de la dignidad" de Antonio Belmonte, a quien Fernández llamó "enfermo" y "drogadicto" ante la prensa a principios de 2005 tras una de las sesiones del juicio celebrado en la Audiencia Provincial contra él y su hermana, Rosario Fernández, por el supuesto delito electoral denunciado por el trabajador municipal.

Estos calificativos llevaron al funcionario, que trabaja como conserje en un colegio de Carboneras, a interponer una denuncia por injurias contra el alcalde, que fue condenado en 2005 como autor de un delito electoral a seis meses de inhabilitación especial para cargo público relacionado con la Administración local por el periodo de seis meses, si bien el 1 de diciembre de 2006 el Consejo de Ministros le concedió el indulto con la condición de no cometer delito doloso en el plazo de dos años desde la publicación del indulto en el BOE.

A principios del pasado mes de marzo se celebró un acto de conciliación entre Fernández y Belmonte en el que no llegaron a ningún acuerdo, a pesar de que el funcionario sostuvo que sólo quería "que le pidiera perdón".

Durante la vista oral, celebrada el pasado día 13, el letrado de Belmonte exigió una indemnización de 3.000 euros por injurias y que el primer edil "se retractara" de sus palabras, mientras que Fernández negó haber proferido estos descalificativos contra él. Antonio Belmonte asegura, sin embargo, que el primer edil hizo estas afirmaciones como "castigo" a que él dijera "la verdad" en el juicio celebrado en la Audiencia Provincial.

A raíz de la denuncia formulada por Belmonte en 1999, la Audiencia Provincial de Almería, con fecha de 1 de febrero de 2005, condenó a Cristóbal Fernández y a su hermana como autores de un delito electoral a una pena a cada uno de ellos de inhabilitación especial para cargo público relacionado con la administración local por tiempo de seis meses y al pago de una multa de 28 cuotas, a razón de seis euros al día, y a otra multa de tres meses, a razón de seis euros al día.

Los hechos probados que recoge la sentencia, que fue ratificada en mayo de 2006 por el Tribunal Supremo (TS), establecen que semanas antes al 13 de junio de 1999, día en que se celebraron elecciones municipales, el alcalde y su hermana se dirigieron en tres ocasiones al conserje de un centro educativo dependiente del Ayuntamiento.

En primer lugar, fue la acusada, a través de un policía local, para que se personara en su despacho, donde le manifestó que una vez que le llegara el voto por correo se pasara para llevarle el documento de identidad propio y el de su mujer para votar a su partido. En otra ocasión, le llamó a través de un familiar y, una vez en las dependencias del Ayuntamiento, el acusado, Cristóbal Fernández, le pidió el voto, diciéndole que a cambio le mantendría en su puesto y le subiría el sueldo.

En noviembre de 2006, Fernández renunció a la Alcaldía para cumplir la condena de seis meses de inhabilitación, aunque pocos días después, el 1 de diciembre, el Consejo de Ministros le concedió el indulto de la pena de inhabilitación para cargo público a condición de no cometer delito doloso en el plazo de dos años desde la publicación, el 20 de diciembre de 2006, del indulto en el BOE. En mayo de 2007, tras concurrir de nuevo como candidato por el PSOE, Fernández ganó las elecciones locales con mayoría absoluta.

El fiscal investiga al alcalde de IU de Puerto Real por referirse al Rey como «crápula» y «deleznable»

La Fiscalía de Cádiz investiga si los insultos proferidos por José Antonio Barroso (IU), alcalde de Puerto Real, contra el Rey Juan Carlos I pudieran ser constitutivos de delito. En un acto en conmemoración de la República, el regidor tachó al monarca de «corrupto» y criticó su condición «deleznable», asegurando que «habría que echarle».

Fuentes de la Fiscalía confirmaron la apertura de oficio de este expediente a finales de la pasada semana, a raíz de las declaraciones realizadas por el alcalde y diputado provincial, así como que las diligencias se encuentran en fase de estudio. Las declaraciones de Barroso se produjeron en un acto conmemorativo de la II República en Los Barrios, y en su discurso calificó al Rey de «afecto al golpe de Estado, despreciado por el tirano, al que reiteradamente le solicitó su incorporación al ejército faccioso», e insistió en que es «hijo de una persona de condición licenciosa, deplorable, deleznable. No menos licenciosa que la de su esposa».

Entre otros improperios, llegó a achacarle que en 1982 solicitó «a través de la Casa Real una ayuda para abortar el proceso de expropiación de Rumasa». «Pidió seis millones de dólares de la época, de los que le fueron entregados tres para abortar el proceso. Si el Rey tiene huevos que lo niegue, porque yo sé quien le dio el dinero y cómo se lo dio. Y si los medios fueran capaces de reproducir esto, yo me someto a la exigencia jurídica del sistema para demostrarlo o no», concluyó. El propio Barroso ratificó ayer en sus declaraciones, y recordó que «el entorno empresarial que frecuenta el Rey ha sido culpado y condenado a penas de cárcel, y él tiene vínculos acreditados con ellos». Aseguró no tener «ningún temor» de que el expediente de la Fiscalía llegue a la Audiencia Nacional.

IU votará en contra de las medidas económicas del gobierno frente a la crisis y propone alternativas para dedicar los 6.000 millones de euros a políticas de vivienda, pensiones, parados y educación de 0 a 3 años

El coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, junto al responsable de Economía y Mundo del Trabajo, Javier Alcázar, presentaron hoy las propuestas alternativas de esta formación al plan del Gobierno para hacer frente a la crisis económica aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros. IU se opone al reparto previsto de 6.000 millones de euros a través de reducciones fiscales indiscriminadas de 400 euros por contribuyente. Plantea que esta misma cantidad se destine a políticas activas de vivienda, medidas concretas de atención a la dependencia, potenciación de la educación infantil de 0 a 3 años, mejora de las pensiones, políticas activas de empleo y políticas de integración de inmigrantes.

Javier Alcázar valoró que el Gobierno del PSOE "abdica de favorecer un cambio del modelo productivo", mientras que IU defiende otro "con más capacidad de distribución de riqueza, que aborde los problemas de impacto ambiental y modernice la estructura productiva".

El responsable económico de Izquierda Unida denunció que el Ejecutivo socialista ha decidido dejar de lado a los 11 millones de contribuyentes que "tienen una declaración de la Renta de menos de 13.000 euros al año", de manera que "se deja fuera a los que están pagando directamente las consecuencias del actual modelo".

Llamazares, por su parte, indicó que estas medidas "deberían haber sido tomadas hace meses, antes del 9-M cuando aún el PSOE no reconocía la existencia de la crisis. Ahora, además de tomarse de forma tardía, son insuficientes desde el punto de vista social y laboral, contraproducentes, injustas en el reparto de las cargas de la crisis porque mantienen el impacto sobre los trabajadores, y tampoco predeterminan ningún cambio de modelo de desarrollo".

El máximo dirigente de IU y diputado de esta formación en el Congreso adelantó que votará en contra de la convalidación del Real Decreto cuando llegue a la Cámara “ya que no mejora nada de la crisis, sino que acentúa la debilidad crónica de la economía española” y, en el probable caso de que las medidas sean finalmente aprobadas, presentará un "texto alternativo, una enmienda de totalidad a la propuesta del Gobierno” en el caso de que se tramite como proyecto de ley.

En el completo documento de propuestas alternativas hecho público hoy por IU se propone destinar 2.000 millones de euros para la puesta en marcha de un Plan de Vivienda Protegida de Alquiler y de Rehabilitación de viviendas y edificios "para incorporar energías renovables y mejorar su eficiencia energética". Se señala que el Ejecutivo debe invertir en infraestructuras públicas, prestando más atención a la red viaria y el ferrocarril, "todo ello con el objetivo de paliar el impacto en el empleo provocado por la caída en la construcción de vivienda residencial".

Se propone aumentar en 1.000 millones de euros los fondos dirigidos a la atención de la dependencia y a la generalización de la educación de 0 a 3 años, para acelerar la "construcción efectiva" de equipamientos que ofrezcan prestaciones relacionadas con estas políticas, con la "consiguiente creación de empleo cualificado".

IU también apuesta por aumentar en 1.500 millones de euros los fondos destinados a las pensiones de menor cuantía, así como por mejorar los fondos destinados a la "adecuación y modernización" de los Servicios Públicos de Empleo (SPE) y de las políticas activas de empleo en otros 1.000 millones de euros. Los 6.000 euros se completan con la propuesta de subir en 500 millones de euros los fondos para políticas de integración de inmigrantes.

Llamazares comentó con ironía que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, "ha hecho algo interesante en la vida política de los últimos tiempos, como suscitar el debate sobre el liberalimo. Las medidas del Gobierno sí que son una expresión de políticas económicas liberales".

“Son un giro hacia el centro derecha, porque en primer lugar no abordan lo fundamental, que es la situación de los desempleados e inmigrantes, al plantear medidas insuficientes ante esta crisis económica", denunció antes de indicar que el vicepresidente económico, Pedro Solbes, sólo ha "puesto paños calientes a la crisis, ha dejado que ésta avance y se instale, probablemente por motivos puramente electorales".

Frente a este tipo de propuestas neoliberales, IU propone dedicar “el gasto público para hacer frente a la desaceleración, además de para ayudar a consolidar un modelo productivo más eficiente y sostenible". La propuesta de esta formación se hace a favor "de un desarrollo que respete el medio ambiente y fortalezca la protección social asegurando la suficiencia de los ingresos del Estado".

"Dentro de los ejes prioritarios para un cambio de modelo, IU apuesta por invertir en productividad, con políticas industriales activas, servicios de alto valor añadido, construcción productiva de infraestructuras sostenibles, impulso decidido a la rehabilitación y a la construcción de vivienda protegida, inversión en educación, formación e investigación, y creación de empleo de calidad con salarios dignos", se expone en el documento.

En relación a la medida que pretende ayudar a las familias alargando los plazos de amortización de los créditos hipotecarios sin coste durante los próximos dos años, IU plantea medidas que impidan la ejecución de viviendas hipotecadas en determinados supuestos, así como límites al "sobreendeudamiento familiar".

"Da la impresión por parte del Gobierno de que en lugar de eliminar el virus de la crisis quieren alimentarlo, algo que se hace alimentando el consumo, la injusticia en el reparto de la riqueza con regalos fiscales y supresión de impuestos de sectores económicos más potentes, y eludiendo la protección de los desempleados y el cambio en el modelo de desarrollo", subrayaron Alcázar y Llamazares.

Javier Alcázar, tras denunciar que el Gobierno socialista no ha propuesto nada para perseguir el elevado fraude fiscal –España es el segunda país de la UE con mayor tasa de dinero negro- señaló que IU apoya la huelga de los técnicos de Hacienda que reclaman la creación de un Cuerpo Superior Técnico. Adelantó que se sumarán a las reivindicaciones de estos técnicos del próximo viernes y a las propuestas sindicales del 1 de mayo -Día del Trabajador-, en la dirección de la necesidad de un "mayor compromiso social y un nuevo modelo productivo más sostenible y redistributivo".

Chauchina: IU denuncia al PSOE ante el fiscal por una supuesta prevaricación

La alcaldesa de Chauchina, María del Carmen Pérez (IU), ha denunciado ante la Fiscalía del TSJA al anterior equipo de Gobierno, del PSOE, por un supuesto delito de prevaricación y/o tráfico de influencias, que se concretaría en la adjudicación de unas obras para la climatización del nuevo centro de Salud de la localidad sin pasar por concurso público.

(En nuestro pueblo ha ocurrido esto mismo en  múltiples ocasiones; la más sonada, el asfaltado de las calles de Almuñécar que, además de dividirse en lotes, se adjudicó cuando ya estaba el pueblo asfaltado)

Según explicó la regidora, esa actuación fue presupuestada por los anteriores mandatarios municipales en más de 205.000 euros. Sin embargo, y para evitar el trámite del concurso público al que tienen que ajustarse todas las obras de más de 30.000, las dividió en siete, con otros tantos presupuestos divididos del original, ninguno de los cuales superaba esos 30.000 euros. Todos esos contratos fueron adjudicados al mismo instalador, lo que refuerza la impresión de IU de que han sido contratos "a dedo".

"Es como si hubieran adjudicado por un lado una obra para hacer una rejilla del aire acondicionado y, por otro, la de los tornillos de esa rejilla", enfatizó el concejal de Urbanismo, José Miguel Martos, que añadió que, para colmo de males, la obra está ahora bloqueada y pendiente por tanto de su finalización -con el buen tiempo a la vuelta de la esquina- porque la Junta ha retirado una subvención que concedió conforme al presupuesto global inicial, antes de que fuera fraccionado.

María del Carmen Pérez hizo hincapié en que este episodio es sólo un ejemplo de lo que ha supuesto para Chauchina estar durante 28 años bajo una "dictadura socialista" en la que los gobernantes actuaron "como si esto fuera su cortijo" y sin tener en cuenta los intereses ciudadanos.

Otro "abuso de poder" que podría desembocar en otra denunciase habría cometido en los trámites previos a la construcción de un mercado de abastos, para el que la Junta otorgó una subvención de 101.000 euros que después reclamó porque se pensaba ubicar en una zona verde.

Un tercer caso, aún por denunciar, sería el de una falsificación de documentos para la construcción de un edificio multiusos en un solar donde se realizan unas excavaciones arqueológicas. En conjunto, subrayaron, la del PSOE ha sido una política "oscurantista y chapucera".

IU fue más allá en sus críticas. Aunque no culpó directamente a los socialistas de las amenazas, intentos de agresión y hasta atentados contra el patrimonio y la vida de los actuales gobernantes locales -con el incendio, afortunadamente sin consecuencias, de la vivienda del edil de Urbanismo como máximo exponente

Dirigentes de IU se concentrarán hoy ante la casa de Roca en protesta por su excarcelación

El parlamentario de IU José Antonio Castro informó ayer de que varios dirigentes de la coalición de izquierdas se concentrarán hoy ante la casa del presunto cerebro de la trama de corrupción en el Ayuntamiento de Marbella (Málaga), Juan Antonio Roca, en protesta por la fianza impuesta para su excarcelación.

Castro; el vicepresidente de la Diputación, Miguel Esteban; y el concejal de IU en el Ayuntamiento de Marbella, Enrique Monterroso, reclamarán hoy que se revierta al patrimonio público municipal los bienes obtenidos por Roca, en el que posiblemente será su primer día fuera de prisión.

"Pretendemos poner de manifiesto como este tipo de personas se beneficia de nuestros sistemas judiciales, en el sentido de que ha robado a manos llenas, que ya está demostrado, y que cuando va a salir de la cárcel mantienen un nivel de vida que no tenían antes", señaló.

Castro hizo hincapié en que "también queremos poner encima de la mesa la necesidad de articular los mecanismos necesarios para que lo robado en Marbella vuelva a Marbella y la ciudad pueda recuperar parte del patrimonio robado y realizar inversiones en la ciudad".

"Da la impresión de que estas cosas al final, quedan con cierta impunidad. Robas miles de millones de pesetas, pasas un tiempo en la cárcel y cuando sales vives a cuerpo de rey con lo robado", sentenció.

Roca salió ayer de la cárcel de Albolote (Granada), una vez que ayer se hizo efectiva la fianza de un millón de euros impuesta por el juez que instruye la causa, Óscar Pérez, según informaron a Europa Press fuentes de la defensa de éste.

El ex asesor de Urbanismo del Ayuntamiento marbellí lleva más de dos años encarcelado por su presunta implicación en el caso 'Malaya', en el que está procesado por los delitos continuados de cohecho, malversación, fraude, contra la hacienda pública, blanqueo de capitales "como jefe de una organización", falsedad, tenencia ilícita de armas, tráfico de influencias y prevaricación y contra la ordenación del territorio.

Navas de Oro (Segovia): PP y PSOE apoyaron el presupuesto municipal para 2008 que presentó IU

Con un resultado inusual en la provincia, los tres partidos con representación en la corporación de Navas de Oro (PP —cuatro concejales—, IU —3— y PSOE —2—), han aprobado por unanimidad el presupuesto de 2008, un hecho que ha supuesto “una gran alegría” para el alcalde, Ladislao González (IU), al entender que supone “una vuelta a la normalidad democrática” después de años de enfrentamientos.

El presupuesto aprobado asciende a 1.761.822 euros, una cifra que supone un incremento del 6,44% con respecto al del año anterior. La partida más importante será la de personal, que asciende a 639.000 euros. En este apartado, González resaltó que el Ayuntamiento publicará en los próximos meses dos ofertas de empleo para cubrir el puesto de director del centro día y una plaza de animador. Además, el municipio contratará de forma temporal a siete trabajadores para la campaña estival (tres empleados para el centro de día, tres para desarrollar diversas tareas en el campo y un jardinero).

En el apartado inversor, el regidor subrayó que en las cuentas de 2008 el Ayuntamiento ya ha reservado una cantidad (277.000 euros) para la ampliación de la residencia de ancianos, uno de los objetivos prioritarios de la actual legislatura. La pretensión del Ayuntamiento es incrementar en 32 plazas para asistidos las actualmente existentes en el centro. González anunció ayer que en las próximas semanas se entrevistará con representantes de la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta para recabar datos sobre la tramitación a seguir en la ejecución del proyecto.

En el apartado sanitario, y como consecuencia de que la ambulancia municipal cumple su periodo de vida útil (8 años) el Ayuntamiento adquirirá un nuevo vehículo, cuyo coste asciende a 60.000 euros. “Esperamos que la Junta subvencione el 66% , de forma que nosotros únicamente aportemos el 33% restante”, manifestó González, señalando a continuación que el municipio ha reservado una partida de 20.000 euros para tal operación. Referente también a sanidad, los presupuestos incluyen un capítulo de 6.000 euros para mejoras en el equipamiento del consultorio médico.

Por otra parte, este mes de abril iniciará su andadura el aula medioambiental, situada en una dependencia de la Casa de la Juventud. Este nuevo espacio, que acaba de ser acondicionado, será el escenario donde los niños de 8 a 12 años reciban educación ambiental por parte de una técnica. De momento, este aula cuenta con un gran panel donde un personaje, un río, va explicando diversas lecciones a los visitantes. Aunque la primera jornada medioambiental se celebrará, de forma experimental, antes de que concluya abril, la intención de González es que sea a partir del próximo curso escolar cuando funcione a pleno rendimiento. El aula medioambiental se llevará este año de las arcas municipales un total de 30.000 euros.

En cuanto a equipamientos, a lo largo de 2008 se procederá a la sustitución de los cuadros eléctricos más antiguos de la localidad, una actuación que supondrá una inversión de 54.501 euros. Por otra parte, el Ayuntamiento desea cambiar los equipos informáticos existentes en la Casa Consistorial, ya anticuados.

En cuanto a obras, la más importante que se prevé a lo largo de este año es el arreglo de la calle Salida a las Pegueras y Travesía Nueva, actuaciones que supondrán un desembolso de 64.000 euros.

Finalmente, y por lo que respecta a equipamientos culturales, en el presupuesto figura una partida de 29.900 euros para el acondicionamiento del Centro Cultural. Además, 9.500 euros se dedicarán a actividades infantiles y también existe una partida para la adquisición de juegos de psicomotricidad que se instalarán junto al centro de día.

El PSOE quita un senador por Madrid a IU

La portavoz del Grupo Parlamentario de IU en la Asamblea de Madrid, Inés Sabanés, ha expresado su rechazo al sistema empleado para la designación de senadores por Madrid que se materializará el próximo jueves en el Pleno de la Asamblea, y que otorgará 4 senadores al PP y 3 al PSOE, dejando fuera a IU, a pesar de que cuenta con 11 diputados, dos más que en la anterior legislatura.

“La acción de las mayorías que pretende acabar con el pluralismo político de Madrid, ha dado un paso más. En junio, por sorpresa y de forma unilateral, el PP cambió el sistema de reparto de senadores en Madrid, pasando de un sistema proporcional puro al método D’hont, acabando así con el sistema que se venía aplicando en esta Asamblea desde 1991 y privando a IU del senador al que tenía derecho”, argumentó Sabanés.

La portavoz recordó que en esa oportunidad, el PSOE expresó su oposición a este cambio, “pero ahora se aprovecha de esta cacicada para asignarse el séptimo senador, al que tiene derecho Madrid por el aumento de la población”.

Cabe mencionar que este cambio en el método de asignación de senadores está recurrido por Izquierda Unida en el Tribunal Constitucional, y Sabanés ha declarado que se “volverá a impugnar judicialmente el acuerdo, ahora tomado de forma conjunta entre PSOE y PP”. En este sentido, el Grupo Parlamentario de IU registró el nombre del diputado regional Gregorio Gordo como candidato al Senado.

Cambio de actitud

Para Sabanés, el sistema proporcional puro, que daría 4 senadores al PP, 2 al PSOE y 1 a IU, es “el que mejor representa el pluralismo de la Comunidad”. Además, ha lamentado el cambio de actitud del Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid, que ha pasado de criticar en el mes de junio “el comportamiento jurídico y político del PP”, según palabras de su entonces Portavoz, “a aprovecharse de la situación para conseguir un senador más”. En este sentido, Sabanés ha declarado que su grupo “tomará nota” de la actitud del Grupo Socialista y ha anunciado que “cambiarán su modelo de relación institucional” con esta fuerza política.

Sabanés ha recordado que en una sentencia del TC en 1992, tras un recurso del PP que exigía el cambio de metodología, este Tribunal fallaba en contra y argumentaba que el sistema D’hont “no tiene por qué ser extensivo” y que el proporcional representaba mejor a las minorías y el pluralismo de la región. Por ello, Sabanés ha manifestado que “espera en breve conocer la sentencia del TC, y que ésta devuelva a IU el senador al que tiene derecho”.

IU pide la rescisión del contrato a FCC y que los partidos apoyen la subida salarial

Izquierda Unida, socio de gobierno del PSOE en la Diputación de Granada, planteará en el seno de Resur, la empresa dependiente de la institución que gestiona el servicio de vertederos, la rescisión del contrato a FCC una vez se desbloquee el conflicto laboral que derivó en una huelga que cumple hoy 32 días.

En rueda de prensa, el vicepresidente segundo de la Diputación, Julio Bernardo (IU), ha manifestado que ya trasladó verbalmente esa petición al presidente de la institución, Antonio Martínez Caler (PSOE), y que su grupo político lo planteará formalmente en el consorcio provincial de residuos sólidos urbanos (Resur).

Bernardo ha garantizado también el compromiso de IU de que apoyarán en Resur la subida salarial demandada por los trabajadores -FCC condiciona su aplicación a que la institución provincial le garantice que asumirá la repercusión del incremento- y ha hecho un llamamiento a los portavoces del resto de grupos políticos de la Diputación para que también lo aprueben en el seno del consorcio.

Pero las tablas del incremento salarial deberán ser "justas" y basadas en estudios realizados por técnicos de Resur y FCC, por lo que "no necesariamente tendrán que ser las que la empresa diga", ha precisado Bernardo, quien ha instado al resto de partidos a evitar entre todos que Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) salga beneficiada de la huelga de los trabajadores.

Hasta el momento, la empresa no ha entregado, como se comprometió a hacer, un documento oficial a Diputación sobre la repercusión que supondría la subida salarial. De ahí que la institución provincial no haya podido pronunciarse aún al respecto, según Bernardo.

Será una vez dispongan del estudio sobre la subida salarial cuando IU plantee en Resur la rescisión del contrato a Fomento de Construcciones y Contratas, según Bernardo, que se ha preguntado: "Para qué queremos a FCC gestionando las plantas de vertederos si al final es Diputación la que tiene que negociar y llegar a un acuerdo con los trabajadores".

En su opinión, lo más razonable sería que el servicio lo gestionara una empresa pública.

Por su parte, el coordinador provincial de IU, Pedro Vaquero, se ha referido al PP, que "durante la campaña ha estado con los trabajadores", para considerar que "es hora de dar la cara" y de que ayuntamientos como Granada y Motril, con representación en Resur, "den su sí -a la subida- y su dinero" para desbloquear el conflicto.

Vaquero, que ha hecho extensible esa consideración al PSOE, ha instado a la Junta a que "no mire hacia otro lado" porque es consciente de que la empresa está "incumpliendo las normas medioambientales" al enterrar la basura en las plantas.

En el caso del municipio de Guadix, ha dicho, la basura está siendo acumulada detrás del cementerio, donde la recogen "camiones ilegales" para su traslado a la planta de Jaén al no caber ya en las de la provincia de Granada.

Por su parte, los representantes de los trabajadores cumplen hoy el séptimo día de encierro en la sede de Diputación a la espera de que la empresa les llame para retomar la negociación.

IU obtendría 14 diputados con un sistema electoral más justo

PSOE e Izquierda Unida rozarían la mayoría absoluta con otro sistema electoral más justo

JOSÉ MARÍA GARRIDO

“Para IU el resultado de estas elecciones es un mal resultado y asumo toda la responsabilidad”, afirmó Gaspar Llamazares una vez se conocieron los pésimos resultados que Izquierda Unida obtuvo en los últimos comicios electorales. Sin embargo, el líder de Izquierda Unida aclaró que parte del "fracaso político" se debía al "tsunami bipartidista" y a la ley electoral. El análisis de Llamazares era acertado.

El periódico digital soitu.es ha realizado un estudio sobre el sistema electoral vigente y ha llegado a la conclusión de que la existencia de 52 circunscripciones provinciales perjudica a la formación política de izquierdas.

14 diputados
En caso de aplicar la Ley D´Hont en una única circunscripción, Izquierda Unida obtendría 14 diputados, 12 más de los que cuenta en esta legislatura.

CIU se quedaría igual
El BNG (2 diputados) y ERC (3 parlamentarios) obtendrían un diputado más con este método. CIU conservaría sus 11 escaños, pero el PNV perdería 2 parlamentarios (contaría únicamente con 4 asientos en el Congreso de los Diputados).

PSOE y PP, grandes perjudicado
La formación política de Rosa Díez conseguiría 4 diputados. Por el contrario, los más perjudicados serían el PSOE (perdería 8 diputados de los 169 con los que cuenta en la actualidad) y el Partido Popular (sus 154 parlamentarios se reducirían a 147).

Rozando la mayoría absoluta
De este análisis se extrae una última conclusión significativa. La suma de los diputados del PSOE e IU utilizando un sistema electoral de circunscripción única sería de 175 diputados, uno menos de los necesarios para gobernar con mayoría absoluta.