Un filósofo de la praxis como hay pocos, Andrés Martínez Lorca, uno de nuestros grandes arabistas, me ha hecho llegar un correo que se está difundiendo en la red y en el que nuevamente se apuntan razones de peso que hacen pensar que la categoría “clase política” no es simplemente un non sense que exige pasar página. Tiene su fundamento empírico y su propia logicidad: un colectivo, unas 80 mil personas en estos momentos, con indudables diferencias internas, que persigue –o cuanto menos acepta sin protestas y sin apenas desmarques- intereses comunes (de privilegiados en numerosos casos) y que está al servicio, o no se opone en absoluto frontalmente, a los grandes poderes.
También aquí las críticas del movimiento 15-M tocan realidad, mucha realidad.
Ni que decir tiene, este vértice debe ser remarcado, y en mi opinión no siempre está presente en las movilizaciones de los movimientos ciudadanos críticos, que la situación de las clases empresariales, el verdadero poder en la sombra y, últimamente, a la luz de todos, y sus ejecutivos y cuadros serviles, a los que seguramente estos privilegios indignos deben parecer limosnas, supera ampliamente la abyección que abona, en general, el conjunto de políticos profesionales a los que seguramente la pregunta “Por qué un diputado con tan solo siete años de ejercicio ya opta a la jubilación con todos sus derechos y un trabajador necesita 35 años, o 37,5 años y medio según la última contrarreforma por ellos defendida” les parecerá asignificativa, impertinente o incluso será tildada de populista.
Previamente hay excepciones que deben citarse. Julio Anguita, por ejemplo, o Sánchez Gordillo, el alcalde de Marinaleda. Pero nadie pensará que se trata de dos políticos profesionales en ninguna acepción razonable de la categoría.
La lista de los desmanes es larga. No he podido contrastarlos. Algunas de las entradas más destacadas, algunas de ellas ya conocidas:
1. Con lo que gana Mariano Rajoy en un mes, candidato a la presidencia de gobierno, una pensionista con cuatro hijos vive durante dos años y medio (1-30).
2. En España no hay ninguna institución que conozca cuántos políticos cobran del Estado.
3. Un ciudadano español tiene una pensión máxima de 32.000 euros anuales. Los políticos españoles tienen derecho a pensiones vitalicias muy superiores. 74.000 euros en el caso de los primeros espadas. Estas pensiones no son incompatibles con otros sueldos de la Administración o con otras actividades económicas.
4. La retención de las nóminas de diputados y senadores es del 4,5%
5. J. L. Rodríguez Zapatero es el único presidente de la UE que carga sus gastos vacacionales a los presupuestos estatales. Viaja con 100 personas durante unas tres semanas.
6. José María Aznar es el único ex presidente del Gobierno que ha solicitado el sueldo vitalicio que supone sentarse en el Consejo de Estado: 74.000 euros anuales, nómina que pretendía sumar a la de ejecutivo del magnate de la prensa Rupert Murdoch. Se le denegó finalmente. Le salió rentable. Aznar renunció por un sueldo de 220.000 euros al año, tres veces más de lo que cobraba como consejero de Estado, por “aconsejar” a una de las eléctricas españolas. [Resulta difícil cifrar, como en el caso de otros ex presidentes, cuánto dinero suman sus actividades privadas y públicas].
7. Los diputados pueden utilizar a su antojo con cargo a las arcas del Estado aviones, trenes o barcos. Disponen de 5 millones de euros al año para viajes.
8. Entre sueldo y complementos, el presidente del Congreso José Bono cobra 13.856 euros al mes: 3.126 por diputado, 3.605 como complemento, 3.915 para gastos de representación y 3.210 de libre disposición. Las dos últimas partidas suman más de 6.000 euros mensuales para comidas, regalos y actos de protocolo. Todo este dinero sin contar las indemnizaciones previstas por ley para sufragar “gastos que sean indispensables para el ejercicio de su función”.
9. Hay actualmente en España 8.112 alcaldes, 65.896 concejales, 1.206 parlamentarios autonómicos, 1.031 diputados provinciales, 650 diputados y senadores, 139 responsables de Cabildos y Consejos insulares y 13 consejeros del Valle de Arán.
10. Nunca se ha sancionado a ningún político por incumplir el código del Buen Gobierno, que se supone que controla las buenas prácticas del Ejecutivo.
11. El Congreso gasta cada año 160.000 euros en regalos navideños. 11.000 cargos públicos reciben obsequios por esas fechas, un gasto que suma al año 2.200.000 euros.
12. Hasta hace tres meses, cada eurodiputado disponía de 17.140 euros al mes para contratar a familiares. El ex presidente del PP de Cataluña y vicepresidente de la cámara europea, un político de derecha extrema con turbio pasado franquista, Alejo Vidal-Quadras, puso en nómina como secretario en Bruselas a Albert Fuertes, hermano de su esposa. Y el eurodiputado cacereño del PP, Felipe Camisón (fallecido en mayo de 2009) contrató a su cónyuge como asistente, al igual que hizo la también diputada popular Cristina Gutiérrez-Cortines con su hija. Y lo mismo hizo el socialista Enrique Barón con la hija de un militante afín. [En la actualidad, los familiares directos han sido eliminados de las plantillas de los diputados españoles. Los parientes de sangre han sido reemplazados por personal próximo al partido].
13. En 2008 el Gobierno de La Rioja pagó 200.000 euros extras a sus conductores. Realizaron 870.182 kilómetros, unos 2.300 diarios, lo suficiente para cruzar tres veces España de este a oeste. Un gasto curioso ya que es la comunidad más pequeña del país y que su población es inferior a la de cualquier ciudad dormitorio de Madrid.
14. Tras abandonar el FMI, Rodrigo Rato regresó a España con una pensión vitalicia de 80.000 dólares anuales. Sumados al sueldo de ex ministro, en 2006 percibía 37.070 euros mensuales.
15. Los senadores cuentan con 1,7 millones de euros al año para gastos de teléfono. El ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda tenía 270 dados de alta. Entre los servicios que pagó figuran descargas de juegos, llamadas a Cuba y a varias líneas eróticas.
16. Sólo el 33% de los diputados del Congreso se dedica en exclusiva a su labor política. El resto engorda sus cuentas corrientes con la participación en empresas privadas, fundaciones y colaboraciones arias. El diputado del PP Miguel Ángel Cortés suma 12 actividades extraparlamentarias.
17. Los sueldos de los políticos electos cuestan a los ciudadanos unos 720 millones de euros al año, más que el presupuesto anual de toda la red ferroviaria, tres veces superior al dinero dedicado a cuidar el patrimonio nacional y 60 veces más que lo que gasta el país en salud bucodental para jóvenes.
18. Leire PAJÍN: se coronó en 2000 como la diputada más joven de España. Ocho años después, con 33 de edad, ya tiene derecho a una indemnización de 85.000 euros anuales del Estado. Recibe 5.500 euros al mes por su trabajo al frente del PSOE, tiene derecho al 80% de su sueldo como ex secretaria de Estado de Cooperación, 103.000 euros anuales con todos los complementos, a lo que hay que sumar 3.126 como senadora.
19. Tras dejar la política en abril de 2009, el ex ministro de Economía Pedro Solbes se encontró con un retiro de unos 12.000 euros mensuales (una pensión de 2.725 euros por ser funcionario, su pensión vitalicia como ex comisario europeo y otros 5.700 al mes como compensación, durante dos años, por ex ministro). Le esperaba, pues, una jubilación cinco veces mayor que la de cualquier ciudadano español. Para complementarla, ha fichado por el Barclays Bank como consejero.
20. El oscurantismo sobre los gastos llega al absurdo. El Parlamento Europeo cuenta con una Oficina de Lucha Contra el Fraude (OLAF, por su siglas en inglés). Sin embargo, sus informes son confidenciales y su contenido completo sólo es conocido por los parlamentarios.
21. Cada parlamento autonómico, diputación o ayuntamiento fija el sueldo de sus cargos electos sin límite ni baremo alguno. José Bolarín, alcalde de Ulea (Murcia), con 900 habitantes, cobra unos 4.000 euros mensuales. El de Ricote, cerca del pueblo anterior, se lleva 40.000 al año en una población que no alcanza los 1.300 vecinos. Y la alcaldesa de Marbella, Marisol Yagüe, cobraba más que el presidente del Gobierno: 84.462 euros al año en un ayuntamiento que estaba en bancarrota.
Queda, sabido es, el principal beneficiario de todo este escándalo: la primera autoridad del Estado, el Jefe del Estado, Juan Carlos I de Borbón. El presupuesto de la Casa Real, cuyas dimensiones exactas se desconocen y está fuera de todo control parlamentario en su distribución, supera los 8 millones de euros anuales. No se tienen datos exactos del patrimonio acumulado por la Monarquía española en estos 36 años de postfranquismo.
Me olvidaba: el ex asesor de Carlos Slim, el presidente otánico, el de entrada no y de salida tampoco, el que abonó grupos como los GAL, ha fichado también por Gas Natural como consejero. Como Aznar con otra eléctrica. Igualitos. Se desconocen también exactamente sus rentas anuales, sus múltiples negocios familiares y su potente patrimonio.
