Miles de personas se manifiestan en Madrid por la autodeterminación del Sahara Occidental

Varios miles de personas, entre ellas destacados artistas españoles, marcharon ayer en Madrid en favor de la autodeterminación e independencia del pueblo del Sahara Occidental.

Los manifestantes, unos ocho mil según los organizadores, avanzaron desde la céntrica Plaza de Atocha hasta la sede del ministerio de Asuntos Exteriores en ocasión del 33 aniversario de la retirada de España del territorio de esa ex colonia africana.

La demostración fue convocada por la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sahara y la Plataforma de Artistas "Todos con el Sahara", que tiene entre sus miembros más conocidos al actor Javier Bardem y la directora de cine Icíar Bollain.

En la marcha de este sábado estaban las actrices Maribel Verdú, Verónica Forqué, Rosa María Sardá y Luisa Martín así como el ex-coordinador de IU, Gaspar Llamazares.

Los oradores exigieron al gobierno que respalde la realización de un referéndum sobre la autodeterminación en el Sahara y condene la violación de los derechos humanos por parte de Marruecos en ese territorio.

Bucharaya Beyun, delegado Saharaui para España, manifestó que este país europeo tiene responsabilidad política, jurídica y moral hacia ese pueblo y “fue parte del problema y debe ser parte de la solución”.

Un manifiesto leído al final de la marcha recordó que el problema del Sahara Occidental no es un conflicto étnico, ni religioso o el de dos pueblos por un solo territorio, sino un caso claro de ocupación ilegal y por la fuerza de un territorio.

Resoluciones a debate en la Asamblea Federal de IU

Ayer se registraron en la Mesa de la IX Asamblea alrededor de veinte propuestas de resolución, que se discutirán y votarán a partir de las diez de la mañana.

Tres de las iniciativas expresan el apoyo de la formación a los pueblos saharaui, cubano y palestino, instando al Gobierno a que mantenga en cada caso una actitud más decidida en su respaldo.

En otra de las propuestas, en el caso de salir aprobada, se resuelve que IU apoye las movilizaciones de los trabajadores en defensa de sus empleos y sus derechos, y que contribuya a promover la reactivación de la "economía real" y la transición hacia un modelo de desarrollo económico social y ecológicamente sostenible".

La retirada de las tropas de Afganistán es otra de las iniciativas que se discutirá, así como que la participación española se limite a la cooperación con la sociedad civil afgana y al apoyo a su reconstrucción económica, en el marco de la Ayuda Oficial al Desarrollo.

Entre otras iniciativas, se discutirá una en apoyo al poeta granadino y simpatizante de IU Luis García Montero, condenado hace unos días condenado al pago de una multa y una indemnización a un compañero de departamento de la Universidad de Granada por un delito de injurias graves con publicidad.

También se debatirán una propuesta de resolución sobre la memoria histórica, la reforma de la ley electoral para garantizar la proporcionalidad y obtener "una justa representación de IU como tercera fuerza política del país", un otra sobre financiación municipal para que se dote a los ayuntamientos de recursos suficientes.

Además de propuestas sobre inmigración y cooperación, rechazo a las políticas de privatización de la sanidad, de denuncia del concordato y a favor del laicismo, de la modificación de la ley del aborto y a favor de la regulación del derecho a una muerte digna, se verán otras sobre el 30 aniversario de la Constitución, y en apoyo a Venezuela, Bolivia, Ecuador y el resto de países de América Latina que "se han introducido en la senda" del socialismo del siglo XXI.

El lado oscuro de la Ley de Dependencia en Andalucía

Manuel Morales García

Rebelión

La "Ley de promoción de la Autonomía personal", más conocida como Ley de Dependencia está suponiendo, en su aplicación práctica, un incremento de la desigualdad social y económica, presenta un impacto de género demoledor y va a constituirse en un mecanismo para la acumulación de capital mediante la privatización de un servicio público, realizando un retorno neto de impuestos y renta del trabajo al capital.

En numerosas comarcas y pueblos de Andalucía, cientos de trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio están recibiendo preavisos verbales de despido. Son mujeres que desde hace años vienen realizando para los servicios sociales comunitarios, ya sean municipales o de mancomunidad, tareas de atención a personas dependientes. Estas tareas: limpieza del domicilio, curas básicas, aseo personal o alimentación, pasan a gestionarse ahora a través de la Ley de Dependencia. Esta ha sido la excusa encontrada por muchos alcaldes, especialmente del PSOE, para considerar la prestación del servicio como "nueva" y, desde esta perspectiva, entender que pueden adjudicarla de forma directa a una empresa concesionaria a la que no se exige el mantenimiento en el puesto de trabajo de las mujeres que hasta el momento, venían realizándolo.

Como sólo quedan unos meses de prestación del servicio en este año 2008, y por tanto la cuantía del mismo es pequeña, los alcaldes están adjudicando el servicio de manera directa, sin concurso ni pliegos de condiciones, en muchos casos a empresas "amigas" -siempre la misma- a las que no se exige nada en materia de cualificación del personal o de cumplimiento de convenios colectivos. Tenemos así casos de trabajadoras que están cobrando 4€ ó 5€ por hora, un salario que no cubre el tiempo ni gastos de desplazamiento y que acaba suponiendo que una mujer que trabaja 50 horas semanales cobra tan sólo 40, por un salario total de 650€ mensuales, es decir, por debajo del umbral de la pobreza. En no pocos casos las trabajadoras son obligadas a firmar compromisos de sumisión laboral, renunciando a futuras exigencias con respecto a las condiciones de trabajo. Estas empresas concesionarias reciben por la prestación de servicios 12€ por hora, de los cuales se embolsan una cantidad cercana al 50%, obteniendo unos beneficios exorbitantes con la connivencia casi total de las autoridades locales.

Todo esto se enmarca en la política cicatera de la Junta de Andalucía , que para este año 2008 previó la necesidad de destinar 270 millones de euros para atender los 35,000 casos de gran dependientes que esperaba tener que afrontar. A mes de noviembre, y según datos aportados por la propia consejera de bienestar social, Micaela Navarro, ya hay valoradas 80,000 personas y hay al menos otras 34,000 a las que corresponderá algún tipo de prestación . Esto significa que las previsiones de la Junta de Andalucía se quedaron cortas en un 300% -nadie ha dimitido ni ha sido cesado- y que al gobierno andaluz le van a faltar algo más de 500 millones para llegar a los casi 800 necesarios para cubrir las prestaciones por dependencia este año 2008. Aunque parezca increíble, para el próximo año 2009, en el que se prevé la entrada de otras 40,000 personas al sistema de dependencia la Junta ha presupuestado tan sólo 530 millones de euros, es decir, 270 menos de los que ya este año necesita y algo así como la mitad de la cifra real necesaria.

Con estas cifras, no es de extrañar que el PSOE esté presionando a sus alcaldes para intentar abaratar al máximo el coste de la prestación de los servicios relacionados con la dependencia. Mientras, el número de Ayuntamientos que se resisten a esta lógica -casi todos ellos gobernados por IU- es muy escaso, y tienen que asumir desde las maltrechas arcas municipales un esfuerzo que deberían estar haciendo las administraciones central y autonómica.

Que la Ley de dependencia, presentada como cuarto pilar del estado del bienestar acabe creando miles de paradas, salarios de hambre, servicios de mala calidad y enriquecimiento de cuatro amiguetes del PSOE-A es un verdadero despropósito. Algo que, al parecer, sólo puede pasar en Andalucía. La respuesta sólo puede venir de las propias mujeres afectadas y de sus familiares. Urge la organización de una lucha laboral en red, dispersa y de honda raíz social que logre la implicación no sólo de las mujeres afectadas, sino de sus familiares e incluso de las personas dependientes y sus familias que tienen que tener presente que una mano de obra en semiesclavitud difícilmente va a proporcionarles la calidad del servicio que merecen.

Ética y política: El veredicto de un tribunal no invalida el juicio moral que los ciudadanos podemos y debemos hacer sobre las actuaciones de los cargos públicos

María Vacas Sentís

Rebelión

Quizás un tanto ingenuamente me sorprende cómo de forma cotidiana y generalizada, cuando se trata de valorar el grado de decencia o indecencia de la actividad política, se confunde la responsabilidad ética con el derecho a la presunción de inocencia que explicita el artículo 24.2 de la Constitución Española, derecho esgrimido cual bandera al viento por todos los imputados en los incontables casos de corrupción que uniformizan el territorio patrio. Sin embargo, estar acusado por cargos englobados en el cajón de sastre de la corrupción y, por tanto, tener que esperar lógicamente al veredicto de los Tribunales para ser condenado por la legalidad o ilegalidad de unas determinadas actuaciones no equivale en ningún caso a que estemos obligados a desechar el juicio moral que todos los ciudadanos podemos y debemos hacer sobre la responsabilidad pública del cargo político que se comporta de manera inadecuada o inmoral en el ejercicio del cargo.

Sin tener que irnos muy lejos en el espacio ni en el tiempo, tenemos el ejemplo del vicepresidente del Gobierno de Canarias, José Manuel Soria, quien podrá ser declarado culpable o no por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) de los cargos de prevaricación y cohecho por los que se le imputa en el llamado “caso salmón”; y podemos escuchar –casi ya perdida la capacidad de asombro- al consejero de Presidencia, José Miguel Ruano, defendiendo en el Parlamento de Canarias la inocencia de su compañero del Ejecutivo autonómico. Pero nadie puede dudar, sobre todo porque el propio Soria así lo ha reconocido, que el entonces presidente del Cabildo de Gran Canaria viajó a Noruega en el año 2005 a pescar salmón, invitado por el empresario Bjorn Lyng, propietario del complejo turístico Anfi Tauro , poco antes de que la institución insular diese el visto bueno a la habilitación de 3.600 camas hoteleras para el citado grupo, acogiéndose a las excepciones de la moratoria turística.

Este comportamiento político será considerado finalmente delictivo o no, legal, ilegal, simbiótico o fronterizo; el presidente del Partido Popular podrá aportar o no las supuestas facturas de parte o incluso de la totalidad de los gastos de su periplo; podrá llegar a demostrarse -o quizás no- ante los Tribunales la presunta relación causa-efecto en el proceso que dio lugar al otorgamiento de las plazas hoteleras al empresario noruego. Pero no albergo la menor duda de que este viaje y la decisión política que lo siguió en el tiempo constituye una actuación execrable y criticable desde un punto de vista ético. Lo mismo que son absolutamente soeces las relaciones de continuo trasvase que se producen entre los mundos político y empresarial, sin que prácticamente nadie cuestione su flagrante inmoralidad, como ya muestra un largo listado de representantes públicos de todos los colores que han dado el gran salto a las empresas, respetando o no los plazos de la Ley de incompatibilidad, tras tomar decisiones que han beneficiado en muchos casos a las mismas firmas de las que pasan a formar parte.

La reiteración y la costumbre –también la cortedad de miras- han conseguido desplazar del ojo público el antiguo parámetro del “deber ser” que ha de regir el comportamiento político decente, provocando que este criterio se haya visto sustituido gradualmente por una valoración de la actividad pública basada solamente en si los actos son o no constitutivos de delito y, por tanto, sólo criticables si de ellos se desprende condena judicial.

La ética determina qué debe hacerse, a qué se está obligado. Para Victoria Camps el discurso ético existe antes y después de la práctica política: antes, porque fija horizontes; después, porque critica sus fallos, desviaciones y omisiones. Rousseau sostenía que el modo de garantizar la coincidencia del interés general y el particular es la negación del individuo y de sus fines personales. El Estado no escapa a la jurisdicción del bien, opinaba Platón, porque tiene como uno de sus fines principales el perfeccionamiento de sus miembros, y esto no es posible sin la ética. La política debe estar al servicio de la moral, sobre todo porque la sociedad ha de poder confiar en sus políticos y valorar sus acciones; y no hay duda de que los comportamientos carentes de ética no sirven al objetivo fundamental de la credibilidad democrática.

[e-mail]

CGT critica la inhibición de la Diputación y del PSOE en el tema de la Apat

Sección sindical de CGT en la Apat

El Pleno del Ayuntamiento de Almuñécar ha tenido que dar la razón al sindicato CGT por las alegaciones presentadas contra la aprobación inicial del pliego de condiciones para privatizar el servicio de recaudación, quedando de manifiesto que se incumplía flagrantemente lo dispuesto en la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público.

El pliego contemplaba que se adjudicaría la gestión por "15 años", cuando la Ley permite un máximo de cuatro años prorrogables por dos si no se denuncia por las partes.

CGT, a pesar de contar con medios modestos, ha dado un vuelco a la intención del Ayuntamiento de Almuñécar de privatizar ilegalmente un servicio público por un periodo superior al permitido por la Ley

Otras alegaciones incluidas en el recurso de CGT han sido rechazadas por el Pleno del Ayuntamiento por los votos de los concejales del partido gobernante (dirigido por el polémico Juan  Carlos Benavides) y los concejales del Partido Popular. Es bochornoso que la aprobación inicial, a pesar de ser ilegal, fue votada igualmente por esos mismos concejales, lo que nos induce a pensar que tienen gran interés para que a toda costa se privatice la recaudación de Almuñécar.

CGT está estudiando continuar con sus gestiones para impedir la privatización encubierta de un servicio que "por su naturaleza es público, debe ser prestado por la administración y que conlleva poner datos de carácter económico y personal en manos de una empresa privada", amén de ser costosa para los vecinos de Almuñécar y sin que cuente siquiera con informes concluyentes de la interventora, de la secretaria y tesorería del Ayuntamiento que den el visto bueno a esta operación.

De igual manera, examinado el pliego de condiciones se han advertido una serie de irregularidades y aspectos que quedan en el aire: en efecto el pliego de condiciones es ambiguo, no concreta las funciones precisas que deberá realizar la empresa adjudicataria ni qué repercusión tendrá en el cumplimiento de los objetivos marcados si el ayuntamiento no ejerce las tareas de ejercicio de autoridad que están encomendadas por Ley a funcionarios. Todas estas imprecisiones, en caso de culminar la privatización, colocarían al Ayuntamiento de Almuñécar en una situación muy delicada.

CGT no entiende que otros sindicatos, partidos políticos o la propia Diputación de Granada no hayan hecho alegación alguna al respecto, es más, les parece contradictorio el mensaje de quienes se postulan en contra de las privatizaciones y, sin embargo, en este asunto se han mantenido pasivos. En esta línea está el Partido Socialista PSOE, que se manifiesta y vota en contra de la privatización pero no ha formulado alegaciones para evitarla.

La actuación de la Diputación es cuanto menos pusilánime. Se da la circunstancia de que el servicio de recaudación de Almuñécar está encomendado la Diputación Provincial de Granada desde el año 1992. Sin embargo, tras una reciente e importantísima inversión en herramientas informáticas que han permitido alcanzar los mejores resultados económicos para el municipio, los responsables del ente provincial y los de la Agencia Provincial de Recaudación no han hecho las gestiones suficientes para que el Ayuntamiento de Almuñécar no abandone el Servicio y a la vez cometa una ilegalidad, tal y como la califican técnicos de la Diputación y los propios asesores del sindicato, con el consiguiente perjuicio tanto para el Ayuntamiento como para la propia Diputación.

Es sorprendente que se plantee un litigio con los trabajadores de la Agencia Provincial de Recaudación de la Diputación Provincial para negarles 30 € de complemento por el manejo de ordenador y, sin embargo, no se hayan ejercido las acciones legales para evitar la privatización de la recaudación de Almuñécar.

Por otro lado, el sindicato CGT critica duramente la actuación de la Subdelegación del Gobierno, que ni siquiera ha recurrido los plazos de adjudicación de 15 años, cuando es de su competencia velar porque los acuerdos de los ayuntamientos sean legales.

El sindicato CGT tiene un desafío: defender lo público. En CGT apostamos por la calidad en el empleo, el respeto de la legalidad y en contra de las privatizaciones que al fin y al cabo suponen la precariedad de los puestos de trabajo y el beneficio de unos pocos en detrimento de la sociedad. Por todo ello CGT está y seguirá trabajando por el empleo público y la calidad en los servicios de la administración pública.

Expedientes que se cierran y se abren. ¿Por qué?

Publicamos este punto del acta de la Junta de Gobierno del 3 de noviembre para pedir a los lectores toda aquella información de que dispongan sobre un tema que nos resulta, cuando menos, sospechoso porque estamos hablando de varios expedientes urbanísticos que se declararon caducados por el alcalde y que ahora se reabren. ¿Por qué se cerraron antes y por qué se reabren ahora es algo que se nos escapa? Agradeceríamos cualquier información al respecto. Podéis hacerlo enviando un correo a [e-mail] o simplemente escribiendo un comentario en este mismo blog.

9.- "VISTOS los Expedientes de Infracción Urbanística tramitados por este Ayuntamiento: 68-X/2004, 69-X/2004, y 71-X/2006, incoados a D. Carlos Ortega Martínez, y que actualmente se encuentran caducados, por transcurso del plazo legalmente prevenido, y,

   RESULTANDO: Que los mencionados Expedientes de infracción Urbanística fueron declarados caducados por Decretos de la Alcaldía, por entender la misma que había transcurrido el plazo legalmente prevenido, sin dictarse la resolución final de los mismos.

   RESULTANDO: Que se ha comprobado recientemente que el Sr. Ortega no ha subsanado ninguna de las infracciones urbanísticas que fueron objeto de los referidos Expedientes 68-X/2004, 69-X/2004 y 71-X/2006, por lo cual sigue el mismo sin solicitar licencia de primera ocupación para el inmueble más reciente; sigue ocupando parte de un vial de uso público municipal con una cancela metálica y con una pérgola en la parte final de fondo de saco; y sigue sin agrupar la parcela de 1.460 m2 y la de 310 m2, con lo cual resulta que existe una parcelación ilegal y un volumen de edificación, en cuanto a la casa más reciente, superior a la prevista en la Ordenanza XIV del PGOU de Almuñécar que, en estos aspectos, reproduce lo prescrito anteriormente en el Plan Parcial Punta de la Mona, Sector Centro; razón por la cual, como se dice, permanecen sin rectificarse las infracciones urbanísticas cometidas.

   VISTOS los preceptos legales y reglamentarios aplicables al caso y el Informe del Bufete Antonio Tastet de fecha 24.10.08, y

   CONSIDERANDO: Que el hecho de que los Expedientes de referencia hayan sido caducados por Decretos de la Alcaldía, no significa que no puedan volver a reabrirse si todavía no transcurrió el plazo de prescripción, que es lo ocurrido en el supuesto de los incoados a D. Carlos Ortega Martínez, tal como han preceptuado los artículos art. 99-2 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958, a cuyo tenor: "La caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la Administración, pero los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción", precepto éste que se reproduce más tarde en el artículo 92-3 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de RJAPPAC y en Textos legales posteriores; todo lo cual quiere decir que, supuesto que los hechos infractores se detectaron por los Inspectores del Ayuntamiento en noviembre del año 2004, todavía se pueden volver a reiniciar aquéllos, sin problema alguno, por lo antes dicho.

   CONSIDERANDO: Que las infracciones aludidas en el segundo Resultando de este acuerdo son de carácter grave, por lo cual, el Ayuntamiento de Almuñécar se ve prácticamente compelido a efectuar tal reiniciación pues, es su deber conforme a todos los Textos legales urbanísticos que se han venido aprobando y promulgando: Texto Refundido de la Ley del Suelo de 9 de abril de 1976; Texto Refundido de 26 de junio de 1992; y Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.

   CONSIDERANDO: Que, no obstante todo lo anterior, deseoso este Ayuntamiento de adoptar una postura lo más flexible posible, en aras de los derechos e intereses del infractor, y para acreditar la buena fe que siempre ha tenido el Ayuntamiento a estos respectos, antes de cursar los nuevos expedientes de infracción urbanística, debe requerirse al Sr. Ortega para que, voluntariamente, adopte las siguientes medidas, que le serán bien fáciles de realizar, y, si no las cumplimenta dentro del plazo de quince días contado a partir de la notificación del presente acuerdo, se proseguirá la reanudación de los Expedientes de Infracción, sin perjuicio de su reinicio que tiene lugar en el día de hoy. Tales actuaciones son las que siguen:

   1ª.- Respecto al Expediente continuación del nº 68-X/2004, el Sr. Ortega no tiene más que solicitar la Licencia de Primera Ocupación, extremo éste facilísimo, y ajustado a la legalidad.

   2ª.- Respecto al Expediente continuación del nº 69-X/2004, también la actuación del Sr. Ortega sería sumamente sencilla: suprimir la pérgola del fondo de saco de la calle, y suprimir, igualmente, la cancela de hierro situada a la entrada de la finca, dejando expedito el Vial, aunque en la práctica está claro que lo utilizará, casi con exclusividad, la familia del Sr. Ortega.

   3ª.- Finalmente, en cuanto a la continuación del Expediente nº 71-X/2006, lo único que tiene que hacer el Sr. Ortega, y esto es sumamente fácil también, en agrupar notarialmente la parcela de 310 m2 con la de 1.460 m2 e inscribir dicha agrupación en el Registro de la Propiedad y, de esta forma, se subsanará el problema de la inexistencia de parcela mínima para la casa más reciente, y también el de la edificabilidad.

   La Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes, acordó:

   Primero: Reiniciar desde este mismo momento la tramitación de los Expedientes de Disciplina Urbanística que primitivamente se tramitaron como 68-X/2004, 69-X/2004, y 71-X/2006.

   Segundo: No obstante lo anterior, ofrecer al administrado, Sr. Ortega Martínez, la posibilidad de rectificar o subsanar, el irregular comportamiento urbanístico, de la forma que se ha expuesto en el Considerando Tercero del presente Acuerdo, concediéndole un plazo de quince días, a partir de la notificación del presente, para que lo cumplimente, con la advertencia de que, de no hacerlo así en el término mencionado, proseguirá la tramitación de los tres Expedientes de Infracción reiniciados, cumpliéndose el procedimiento legalmente establecido.

   Tercero: Ratificar los Decretos de la Alcaldía que declararon la caducidad de los tres expedientes de referencia: 68-X/2004, 69-X/2004, y 71-X/2006, por transcurso del plazo legalmente establecido; y, por tanto, declarar la satisfacción extraprocesal de las pretensiones de D. Carlos Ortega Martínez, en los recursos contencioso-administrativos nºs 1.372/2006, 23/2007, 88/2007, deducidos por aquél ante los Órganos jurisdiccionales de Granada, autorizándose expresamente al Letrado D. Antonio Tastet Díaz, para que presente en los mismos los escritos a que haya lugar.

   Cuarto: Notificar, a la mayor brevedad posible, el presente acuerdo al interesado para su conocimiento y efectos".

 

Bajan los impuestos en Salobreña con el voto unánime de todos los concejales

El Pleno de la Corporación de Salobreña ha aprobado por unanimidad la modificación de las ordenanzas fiscales para 2009. No sólo no ha subido ningún impuesto, ni tan siquiera el IPC, sino que además se contemplan bonificaciones nuevas o aumento en otras ya aplicadas en ejercicios anteriores.

En el IBI se incrementa el porcentaje de bonificación a las familias numerosas propietarias de vivienda con valor catastral de 20.000 a 50.000 euros, las más habituales, pasando del 45% del presente ejercicio al 65% para las familias de carácter general. Y del 90% para las especiales, con más de cuatro hijos, bonificación ésta que puede alcanzar el 100% si la propiedad es una VPO. Pero además se añade el tramo de viviendas de 50.000 a 75.000 euros, donde la bonificación se sitúa en el 45 o el 75% según el tipo de familia numerosa de que se trate.

Por otro lado, se ha aprobado bonificar con un 3% a aquellos contribuyentes que domicilien su recibo del impuesto sobre circulación de vehículos, con el objeto de aumentar el número de recibos domiciliados, que actualmente se sitúa en torno al 25%.

Para los vehículos que emitan menos CO2 a la atmósfera habrá también bonificaciones del 25%. La idea es gravar menos a los que menos contaminan. Estas bonificaciones se suman a las ya existentes a los vehículos de más de 25 años, los coches de minusválidos o los tractores.

El señor Passolas se toma su tiempo

Ya hemos visto que se ha equivocado al calificar el terreno donde el Mirlo guardaba sus camiones de basura. Se equivocó también cuando hacía los informes sobre las VPO de Citalsol. También se equivocó al informar sobre las viviendas y cabañas del camping Carambolo confundiendo churras con merinas. Ahora, para que no le pase lo mismo, se ha tomado con calma este asunto. Por lo visto, hay algunos ciudadanos, y algún juez, que tienen prisa en que se ejecute una sentencia que le han ganado al ayuntamiento. El arquitecto municipal no parece tener tanta prisa. Vean si no. En la Junta de Gobierno del 29 de septiembre le dicen que emita un informe para ver como se cumple la sentencia que ha perdido el ayuntamiento:

Se da cuenta de escrito de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 2ª/Q, en relación con ejecutoria nº 190/99 que dimana del Recurso Contencioso-Administrativo nº 260/87 seguido a instancias de D. Antonio Rodríguez Aranda contra este Ayuntamiento y D. Antonio Mojón Ponte sobre ejecución de sentencia, solicitando informe a dicha Sala sobre los extremos que se indican, acordando la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes, que por el Arquitecto Municipal se cumplimente lo solicitado.

Mes y pico después, el señor arquitecto municipal sigue sin hacer los deberes según dice el acta de la Junta de Gobierno del 3 de noviembre:

   2.- Se da cuenta de escrito de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 2ª/Q, en relación con ejecutoria nº 190/99 que dimana del Recurso Contencioso-Administrativo nº 260/87 seguido a instancias de D. Antonio Rodríguez Aranda contra este Ayuntamiento y D. Antonio Mojón Ponte sobre ejecución de sentencia, solicitando informe a dicha Sala sobre los extremos que se indican, acordando la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes, que por el Arquitecto Municipal se cumplimente lo solicitado.”

   La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes, acordó reiterar al Arquitecto Municipal el cumplimiento de lo solicitado en el acuerdo de la J.G.L. de 29.9.08, a la mayor brevedad, sin dilaciones, poniendo a su disposición los medios necesarios para ejecución del acuerdo.

 

Seis meses llevamos con la mugre

De manera oficial llevamos seis meses para que se limpie el solar de la plaza de toros. El primer acuerdo lo tomaron el19 de mayo. Ya llevaba el solar varios meses que daba asco verlo, pero el tema se estudió oficialmente el 19 de mayo. Esto dice el acta de la Junta de Gobierno:

Se da cuenta de informe de la Policía Local, al que acompaña fotos, sobre estado deplorable de conservación del solar ubicado en Plan Parcial P-4, Plaza de Toros, habiéndose convertido en un vertedero de basuras y escombros sin control, a pesar de la vigilancia que se realiza sobre el terreno, situación ésta que viene dada por la falta de barreras físicas que impidan el acceso a dicho solar ya que las vallas de protección coexisten o están deterioradas. Asimismo informa de la existencia de una gran laguna de agua residual que se acumula en el mismo centro, lo que constituye un foco de infección afectando a los vecinos colindantes que reiteradamente se han quejado.

   La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes, acordó requerir al concesionario de la plaza de toros, Comercinvest, S.L., representada por D. Pedro V. Arias Escobar, para que en plazo de 10 días retire los escombros existentes y valle el solar de referencia, con advertencia de ejecución subsidiaria por el Ayuntamiento, Servicios Municipales de Mantenimiento, de conformidad con lo previsto en el art. 98 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Así que le dieron al dueño del solar un plazo de diez días. Pero ya estamos en noviembre. Han pasado más de diez días y el solar sigue igual. Volvieron a estudiar el tema en la JGL del 25 de agosto pero todo siguió igual. Papeles y más papeles pero ni una máquina lìmpiando ese estercolero. En la Junta de Gobierno del 3 de noviembre han acordado darle un nuevo plazo a Comercinvest para que arregle el solar y coincidiendo en el tiempo han sacado en su periódico un nuevo recordatorio de que la Junta sigue sin darle licencia para hacer este proyecto que, sin lugar a dudas, nos sacaría de todos los problemas. La única pega es que el proyecto se pega demasiado a la carretera y eso no se puede hacer. Tiempo desde luego han tenido para reformarlo y hacerlo en condiciones pero, en fin, a lo que vamos, a lo mejor lo que intentan al sacar ahora esta historia es que pensemos que es Chaves el que tiene que limpiar el solar. Esto es lo que han acordado el 3 de noviembre. Y ahora esperemos que vaya en serio:

   4.- COMERCINVEST, 2003, S.L., en relación con acuerdo de la J.G.L. de 25.8.08 relativo a vallado del solar ubicado en el P-4, (centro comercial y plaza de toros), manifiesta que por diferentes motivos logísticos no han podido solucionar hasta la fecha la ejecución de las obras, y que una vez resueltos dichos motivos están en disposición de acometer las obras en  un plazo no superior a quince días, y que la empresa que llevará a cabo las obras es Excavaciones Cara.

   La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes, acordó: Dejar en suspenso la ejecución del acuerdo de la J.G.L. de 25 de agosto de 2008 sobre ejecución aval y conceder un plazo de 15 días a la empresa COMERCINVEST 2003, S.L., para que proceda a la limpieza y vallado del solar denominado “El Coso”, sito en P-4, (centro comercial y plaza de toros).

 

Tampoco hay tanta prisa

Este es el escrito que Fermín Tejero envió al alcalde. No tuvo contestación formal ni material. Este no es un tema que, al parecer, preocupe demasiado al alcalde. O quizá es que no tiene ganas de molestar por tan poca cosa a los dueños del solar. Quizá si fuesen otros, ya les habría multado cinco veces. Fermín no cobra por escribir estas cartas pero el alcalde sí que cobra un sueldazo por responderlas y por tener el pueblo limpio. Claro que igual le ha venido mal estos meses atrás porque ha estado de vacaciones un día sí y otro también, y el poco tiempo que pasaba por aquí tenía que dedicarlo a controlar los fallos del Mirlo.

Bienvenidos

Esta es la primera imagen del centro urbano que encuentran los turistas cuando vienen a nuestra ciudad desde Granada o Almería. Hace ya varios meses que esta situación se prolonga sin que las autoridades hagan nada por remediarlo. El 13 de junio, el concejal de IU se dirigió por escrito al ayuntamiento pidiendo que limpiaran el solar de la plaza de toros ya que ellos mismos, en acuerdo de Junta de Gobierno, así lo habían decidido. Pero, al parecer, el señor alcalde no tenía prisa ni interés. Ni contestó al escrito ni ordenó que se limpiara el solar. Así sigue, hecho un auténtico estercolero. Y luego nos quejamos de que no nos declaran municipio turístico. 

Otro error técnico

Cuando El Mirlo tenía aún la concesión de la limpieza, una de las cosas que Benavides usó en su contra era acusarle de que el local donde guardaban los camiones no era legal porque estaba en suelo no urbanizable. Ahí ha estado siempre, por supuesto, pero en los últimos meses ese tema ya se había vuelto importante. Antes de que les diesen la patada en el culo, los responsables del Mirlo protestaron contra todas y cada una de las acusaciones que les hacía el ayuntamiento. En esa larga serie de recursos, pusieron uno contra el escrito del ayuntamiento que les venía a decir que se buscaran otras cocheras porque esas estaban en suelo no urbanizable. Ya ves, lo mismo que le dice la Junta a Benavides cada dos por tres cuando él decide construir cualquier instalación. Pues bien, ahora que el dueño de las cocheras no es El Mirlo, sino otros que, hoy por hoy, son amigos, resulta que ese terreno ya no es problema. Ahora no es suelo no urbanizable sino urbanizable y lo que le dijeron al Mirlo se debió a un lamentable error. ¿Alguien de los que tienen poder hará algo para frenar esta lista interminable y escandalosa de errores? Porque también dijeron que había un error para intentar que las 14 viviendas de Citalsol, que aún siguen cerradas, dejaran de ser de protección oficial. Cuántos errores para una gente tan profesional. Este es el acta de la Junta de Gobierno del 3 de noviembre:

   3.- Se da cuenta de recurso de reposición interpuesto por D Guillermo Contreras Manrique, en representación de Servicios Integrales El Mirlo, S.L., con domicilio en C/ Nécora 5-4º, 18003-Granada, contra acuerdo de la J.G.L. de 3.9.08, sobre usos y ubicación admitidos en el PGOU en el Camino de la Vega para garaje de camiones de basura.

   Visto informe del Arquitecto Municipal de fecha 29 de octubre de 2008, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes, acordó:

   1) Aprobar el informe del Arquitecto Municipal de referencia.

   2) Estimar parcialmente el recurso de reposición interpuesto solo y exclusivamente en lo referente al error producido en el informe emitido por el Arquitecto Municipal con fecha 26.8.08 al hubicarse realmente los terrenos en suelo urbanizable programado del primer cuatrienio de los dos previstos en el PGOU del 87, sector 3 de dicho cuatrienio

   3) Dar traslado al interesado del presente acuerdo.

 Y esta es el acta del 3 de septiembre en la que decían todo lo contrario para que El Mirlo tuviese que buscar otros locales en que guardar sus camiones:

D. Guillermo Contreras Manrique, en representación de la sociedad mercantil Servicios Integrales El Mirlo, S.L., con domicilio en C/ Nécora 5-4ª planta, 18003-Granada, solicita certificado urbanístico en relación con usos y ubicación admitidos en el PGOU en Camino de la Vega para garaje de camiones de basura.

  La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes, acordó darle traslado de informe del Arquitecto Municipal, siguiente:

   “Los terrenos de los que se trata, conforme al PGOU 1987,se ubican en suelo no urbanizable de protección de cultivos e inmediatos a la zona protegida por el Plan Especial de Protección del Medio Físico de la Provincia de Granada – Vega Río Verde, Espacio Protegido AG10.

   Por lo anterior, hay que indicar que el uso propuesto no es compatible con el planeamiento de protección existente”.

 

Carta abierta a Rodríguez Zapatero: “La sangre derramada en Afganistán no responde a intereses españoles y salpica La Moncloa y a usted, Señor Presidente”

Antonio Romero Ruiz

Rebelión

Estimado amigo, A través de esta carta, en mi nombre propio y en el de IULV-CA le exijo la retirada inmediata de las tropas desplegadas en Afganistán, porque el No a la guerra no puede ser selectivo. El rechazo a la guerra de Irak debe extenderse también a lo que está sucediendo en Afganistán.

IULV-CA lamenta la muerte de dos soldados españoles en Afganistán y trasladamos el pésame a sus familiares y a las Fuerzas Armadas, al tiempo que nos oponemos radicalmente al envío de más efectivos a la zona.

Señor Zapatero, esa sangre que se está derramando no es en defensa de los intereses españoles, sino que sirve para hacer el trabajo sucio a Estados Unidos y al señor Bush. Esta sangre salpica directamente a la Moncloa y a usted señor presidente, que debe retirar las tropas de Afganistán de forma inmediata, lo mismo que se retiraron de Irak.

Señor Presidente, he de añadir que lo que está ocurriendo en Afganistán es una guerra, la ocupación de un país, y un apoyo a un ‘narcogobierno’ títere de los Estados Unidos. A usted se le está rompiendo su discurso a favor de la paz, y no puede seguir viviendo de la retirada de tropas en Irak, mientras nos llegan ataúdes de Afganistán. El interés de Estados Unidos no es capturar a Bin Laden, ni derrotar a los talibanes, como pone de manifiesto con su apoyo a monarquías fundamentalistas en la zona. Lo que pretende Bush es garantizarse un gaseoducto en Asia central con la salida al mar.

IU mantiene el rotundo rechazo al envío de nuevos soldados españoles a la zona, lo pida Obama o la OTAN, con el argumento de que el NO a la guerra no puede ser selectivo, de forma que el NO a la guerra de Irak debe ser también el No a esta otra guerra en Afganistán. Es una vergüenza que España tenga previsto aumentar nuestra presencia allí en lugar de la retirada de tropas, aunque a lo mejor logra usted, señor Zapatero, en su visita a la Estados Unidos una palmadita en la espalda de Bush o una foto, que por cierto lo único que tendría de diferente respecto a la de Aznar el de las Azores, es que él entonces presidente tenía las botas sobre la mesa. Quiero asegurarle que, con lo sucedido en Afganistán, usted como presidente del Gobierno ya le ha fallado a la juventud pacifista y a la gente de paz de este país.

Tampoco es verdad lo que ha afirmado la señora Chacon, de que nuestras Tropas están defendiendo la seguridad de los españoles, precisamente nuestra participación en la guerra de Irak tuvo mucho que ver con los atentados de Atocha en Madrid. Además, estar en Afganistán de manos de la OTAN incumple con el Referéndum de España. Usted, señor Presidente y su Gobierno mantienen un silencio cómplice con las matanzas de civiles que están haciendo las tropas de Estados en Afganistán.

Desde IULV-CA, le pedimos que España deje de participar en esa guerra, que ha costado más de 86 muertos, y su Gobierno no lo llama guerra, faltando a la verdad.

“No recuerda usted cuando el Partido Socialista en la oposición criticaba al Gobierno de Aznar y decía que España no se merecía un Gobierno que mintiera, ahora aplíquese el parche”.

Finalmente llamamos a la objeción de Conciencia a todos los militares para que se acojan a ella y no vayan a la guerra de Afganistán.

¿Por quéno te callas?

Amadeo Inglés

Con lo guapa (es un decir) que había estado calladita todos estos años y va ahora, a punto de cumplir sus setenta primaveras, y se pone a largar desaforadamente por vía oral, sola o en compañía de otra (la tiburón mediática, señora Urbano, que tras este golpe mediático zarzuelero se está haciendo de oro), contra todo lo que se mueve en el panorama político y social de este país y de parte del extranjero.

Y eso que esta señora, que llegó a España en los años sesenta de la mano de su joven esposo (el golferas del cadete Juanito) tapándose con las manos sus vergüenzas económicas helénicas y hasta sin apellido oficial que llevarse a las tarjetas de visita en papel cuché porque la propietaria histórica del suyo, la Casa Real danesa, se negó en redondo a que lo utilizara en público (el dictador Franco salió del paso enseguida echando mano del habitual procedimiento testicular del régimen, regalándole el que ahora lleva: “de Grecia”), tiene fama de ser la lista de la casa (real), la prudente, la callada, la culta, la educada, la previsora, la argamasa familiar que desde siempre ha mantenido unido el cotarro borbónico, una profesional como la copa de un pino, en una palabra.

Porque si en lugar de todo eso la regia partenaire en los cafetitos zarzueleros de la Urbano es una tonta del culo, una imprudente, una inculta, una insensata, una centrifugadora familiar a mil doscientas revoluciones y una mujer sin experiencia alguna en asuntos de la realeza… en estos momentos (con la que está cayendo por la necesaria revisión histórica del franquismo y la posible petición de responsabilidades por genocidio flagrante) estábamos los españoles tirándonos de nuevo los trastos guerracivilistas a la cabeza; con los “generales” Zapatero y Rajoy al frente de sus respectivos Ejércitos partidarios, el colectivo gay combatiendo en vanguardia del primero, el asimismo colectivo “pro vida” haciendo lo propio en la del segundo, los guerrilleros republicanos atacando en todos los frentes, los nacionalistas, vascos, gallegos y catalanes amagando por los flancos y Gaspar Llamazares ejerciendo de coordinador general del desastre.

Porque, desde luego, la larguísima perorata que esta especie de “salomón con bragas” que tenemos los españoles en La Zarzuela le ha susurrado a la insigne periodista a la que le gusta ver amanecer haciendo manitas con el juez Garzón, es de antología. Se le ha visto el plumero, desde luego, pero no ha dejado títere con cabeza. Ha repartido leña a diestra y siniestra: a los homosexuales por casarse entre ellos y montar en carroza en lugar de ir en utilitario; a las feministas por serlo; a los diputados por hacer leyes inconvenientes; al PP por ser de derechas y aliarse con los yanquis; al PSOE por ser de izquierdas y alentar el aborto y la eutanasia; al presidente Bush por ser un tipo vengativo (y no un ladrón de petróleo) en Irak…y hasta a los dos últimos monarcas marroquíes (“hermano” y “sobrino” de su regio esposo) por permitirse reivindicar esporádicamente su soberanía sobre Ceuta y Melilla; unas ciudades muy españolas, según ella.

Por cierto, señora soberana consorte y distinguida conferenciante: usted que sabe tanto de todo, me podría decir por qué la “provincia africana española” (según la patriótica denominación con la que el generalísimo que usted tanto adoraba bautizó al Sahara Occidental bajo administración española) fue entregada por su amante esposo, en funciones de dictador por enfermedad del titular, al rey Hassan II de Marruecos, en noviembre de 1975, sin disparar un solo tiro y después de pactar en secreto con los norteamericanos y los servicios secretos alauíes la, sin paliativos, rendición española.   

Bueno, pues la mudita de La Zarzuela habló por fin. Y a mí desde luego, y me atrevería a asegurar que al 90% de los ciudadanos españoles, sus declaraciones me han producido gran sorpresa y dosis letales de vergüenza ajena. El estilo, la forma en que han sido presentadas sus opiniones, es de beata meapilas, de abuelita centenaria, de analfabeta funcional con ínfulas, simplón y ramplón donde los haya Y el fondo, todavía peor, propio más bien de análisis de recreo en colegio de monjas preconciliares o de partida de cartas sabatina en bar de pueblo.

La verdad es que esta descarnada confesión de la hasta ahora prudente consorte griega no se comprende muy bien. O esta mujer, tan amada por sus súbditos españoles (los griegos hace tiempo que le dieron la patada a ella y a toda su familia mandándoles al exilio dorado, como a toda monarquía que se precie), recibió, en los cafetitos que le sirvió la periodista Urbano, una dosis de caballo del llamado suero de la verdad o de alguna otra droga alucinógena, o la pobre está desquiciada con tanta quema de fotos y tanto cachondeo que se traen últimamente los ciudadanos de este país con la Institución que ella representa, o está ya muy mayor, vive en otro mundo (finales del siglo XIX o quizá antes) y arrastra una depresión de caballo ante una próxima jubilación forzosa.

De todas formas, Dª Sofía, está usted mucho mejor calladita, sin tener por ello que convertirse en bandera patria como recomienda el portavoz del PP. Los españoles la tenemos ahí y le pagamos millones de euros al año, obedeciendo disciplinadamente a su amado dictador muerto, para que, representando a España, vaya a conciertos, regatas, bodas, bautizos reales, olimpiadas en Pekín, inauguraciones en Tokio…etc, etc,  pero no para que piense y, encima, nos dé luego la matraca con sus chorradas de vieja gruñona a diecinueve euros el ejemplar. Sea buena, haga caso al “golfus de Roma” que tiene todavía por esposo y   que, seguramente a estas alturas, ya le ha gritado con todas sus fuerzas: ¿Por qué no te callas?

Y si no tiene bastante con mis humildes recomendaciones, recuerde estos dos bellos refranes del acervo común español: “En boca cerrada… no habría entrado la mosca cojonera Urbano” y este otro: “Por la boca… mueren los reyes”. Aunque la verdad, este último no se ha cumplido siempre a lo largo de la historia mundial. En 1793, por ejemplo, los de Francia no murieron por la boca sino por el cuello gracias a la mente privilegiada de un tal monsieur Guillotin.        

La descomposición de la Universidad

José Luis Pardo

Como sucede a menudo en política, la manera más segura de acallar toda resistencia contra un proceso regresivo y empobrecedor es exhibirlo ante la opinión pública de acuerdo con la demagógica estrategia que consiste en decirle a la gente, a propósito de tal proceso, exclusivamente lo que le agradará escuchar. Así, en el caso que nos ocupa, las autoridades encargadas de gestionar la reforma de las universidades que se está culminando en nuestro país -sea cual sea su lugar en el espectro político parlamentario- han presentado sistemáticamente este asunto como una saludable evolución al final de la cual se habrá conseguido que la práctica totalidad de los titulados superiores encuentren un empleo cualificado al acabar sus estudios, que los estudiantes puedan moverse libremente de una universidad europea a otra y que los diplomas expedidos por estas instituciones tengan la misma validez en todo el territorio de la Unión.

Una vez establecido propagandísticamente que el llamado "proceso de Bolonia" consiste en esto y solamente en esto, nada resulta más sencillo que estigmatizar a quienes tenemos reservas críticas contra ese proceso como una caterva de locos irresponsables que, ya sea por defender anacrónicos privilegios corporativistas o por pertenecer a las huestes antisistema del Doctor Maligno, quieren que siga aumentando el paro entre los licenciados y rechazan la homologación de títulos y las becas en el extranjero por pura perfidia burocrática. Vaya, pues, por adelantado que el autor de estas líneas también encuentra deseables esos objetivos así proclamados, y que si se tratase de ellos nada tendría que oponer a la presente transformación de los estudios superiores.

Sin embargo, lo que las autoridades políticas no dicen -y, seguramente, tampoco la opinión pública se muere por saberlo- es que bajo ese nombre pomposo se desarrolla en España una operación a la vez más simple y más compleja de reconversión cultural destinada a reducir drásticamente el tamaño de las universidades -y ello no por razones científicas, lo que acaso estuviera plenamente justificado, sino únicamente por motivos contables- y a someter enteramente su régimen de funcionamiento a las necesidades del mercado y a las exigencias de las empresas, futuras empleadoras de sus titulados; una operación que, por lo demás, se encuadra en el contexto generalizado de descomposición de las instituciones características del Estado social de derecho y que concuerda con otros ejemplos financieramente sangrantes de subordinación de las arcas públicas al beneficio privado a que estamos asistiendo últimamente.

Habrá muchos para quienes estas tres cosas (la disminución del espacio universitario, la desaparición de la autonomía académica frente al mercado y la liquidación del Estado social) resulten harto convenientes, pero es preferible llamar a las cosas por su nombre y no presentar como una "revolución pedagógica" o un radical y beneficioso "cambio de paradigma" lo que sólo es un ajuste duro y un zarpazo mortal para las estructuras de la enseñanza pública, así como tomar plena conciencia de las consecuencias que implican las decisiones que en este sentido se están tomando. De estas consecuencias querría destacar al menos las tres que siguen.

1. La "sociedad del conocimiento". Este sintagma, casi convertido en una marca publicitaria que designa el puerto en el que han de desembarcar las actuales reformas, esconde en su interior, por una parte, la sustitución de los contenidos cognoscitivos por sus contenedores, ya que se confunde -en un ejercicio de papanatismo simpar- la instalación de dispositivos tecnológicos de informática aplicada en todas las instituciones educativas con el progreso mismo de la ciencia, como si los ordenadores generasen espontáneamente sabiduría y no fuesen perfectamente compatibles con la estupidez, la falsedad y la mendacidad; y, por otra parte, el "conocimiento" así invocado, que ha perdido todo apellido que pudiera cualificarlo o concretarlo -como lo perdieron en su día las artes, oficios y profesiones para convertirse en lo que Marx llamaba "una gelatina de trabajo humano totalmente indiferenciado", calculable en dinero por unidad de tiempo-, es el dramático resultado de la destrucción de las articulaciones teóricas y doctrinales de la investigación científica para convertirlas en habilidades y destrezas cotizables en el mercado empresarial. La reciente adscripción de las universidades al ministerio de las empresas tecnológicas no anuncia únicamente la sustitución de la lógica del saber científico por la del beneficio empresarial en la distribución de conocimientos, sino la renuncia de los poderes públicos a dar prioridad a una enseñanza de calidad capaz de contrarrestar las consecuencias políticas de las desigualdades socioeconómicas.

2. El nuevo mercado del saber. Cuando los defensores de la "sociedad del conocimiento" (con Anthony Giddens a la cabeza) afirman que el mercado laboral del futuro requerirá una mayoría de trabajadores con educación superior, no están refiriéndose a un aumento de cualificación científica sino más bien a lo contrario, a la necesidad de rebajar la cualificación de la enseñanza superior para adaptarla a las cambiantes necesidades mercantiles; que se exija la descomposición de los saberes científicos que antes configuraban la enseñanza superior y su reducción a las competencias requeridas en cada caso por el mercado de trabajo, y que además se destine a los individuos a proseguir esta "educación superior" a lo largo de toda su vida laboral es algo ya de por sí suficientemente expresivo: solamente una mano de obra (o de "conocimiento") completamente descualificada necesita una permanente recualificación, y sólo ella es apta -es decir, lo suficientemente inepta- para recibirla. Acaso por ello la nueva enseñanza universitaria empieza ya a denominarse "educación postsecundaria", es decir, una continuación indefinida de la enseñanza media (cosa especialmente preocupante en este país, en donde la reforma universitaria está siguiendo los mismos principios seudopedagógicos que han hecho de la educación secundaria el conocido desastre en que hoy está convertida): como confiesa el propio Giddens, la enseñanza superior va perdiendo, como profesión, el atractivo que en otro tiempo tuvo para algunos jóvenes de su generación, frente a otros empleos en la industria o la banca; y lo va perdiendo en la medida en que el profesorado universitario se va convirtiendo en un subsector de la "producción de conocimientos" para la industria y la banca.

3. El ocaso de los estudios superiores. No es de extrañar, por ello, que el "proceso" -de un modo genuinamente autóctono que ya no puede escudarse en instancias "europeas"- culmine en el atentado contra la profesión de profesor de bachillerato que denunciaba el pasado 3 de noviembre el Manifiesto publicado en este mismo periódico: reconociendo implícitamente el fracaso antes incluso de su implantación, la administración educativa admite que los nuevos títulos no capacitan a los egresados para la docencia, salida profesional casi exclusiva de los estudiantes de humanidades; pero, en lugar de complementarlos mediante unos conocimientos avanzados que paliarían el déficit de los contenidos científicos recortados, sustituye estos por un curso de orientación psicopedagógica que condena a los profesores y alumnos de secundaria a la indigencia intelectual y supone la desaparición a medio plazo de los estudios universitarios superiores en humanidades, ya que quienes necesitarían cursarlos se verán empujados por la necesidad a renunciar a ellos a favor del cursillo pedagógico.

Todos los que trabajamos en ella sabemos que la universidad española necesita urgentemente una reforma que ataje sus muchos males, pero no es eso lo que ahora estamos haciendo, entre otras cosas porque nadie se ha molestado en hacer de ellos un verdadero diagnóstico. Lo único que por ahora estamos haciendo, bajo una vaga e incontrastable promesa de competitividad futura, es destruir, abaratar y desmontar lo que había, introducir en la universidad el mismo malestar y desánimo que reinan en los institutos de secundaria, y ello sin ninguna idea rectora de cuál pueda ser el modelo al que nos estamos desplazando, porque seguramente no hay tal cosa, a menos que la pobreza cultural y la degradación del conocimiento en mercancía sean para alguien un modelo a imitar.

José Luis Pardo es catedrático de Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid.

Ni en Irak ni en Afganistán

El ex coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, afirmó hoy que "Afganistán es la misma guerra que la guerra de Irak" y que "así como el Gobierno empezó la legislatura retirando las tropas de Irak debe comenzar esta legislatura retirando las tropas de Afganistán".

Llamazares hizo estas declaraciones tras la muerte esta mañana de dos soldados españoles en Afganistán en un atentado que en el que otro resultó herido. "Afganistán no es un proyecto de reconstrucción, sino un proyecto de ocupación, de guerra, ahí no pueden estar las tropas españolas", añadió.

Asimismo, señaló que los soldados españoles "tienen que volver a casa y el Gobierno debe comparecer cuanto antes en el Parlamento y retirar las tropas de Afganistán, porque ya ha costado demasiados muertos". Preguntado por Servimedia sobre la posibilidad de que el presidente electo de EE.UU, Barack Obama, solicitara un aumento de las tropas españolas en Afganistán, Llamazares subrayó que "ésa es la hipótesis del Gobierno norteamericano, pero creo que no la hipótesis del Gobierno español". "De ahí debemos irnos cuanto antes si no queremos tener más víctimas", concluyó Llamazares.

Los impuestos de los anejos motrileños serán cobrados por la APAT de la Diputación

Mientras en Almuñécar nos vamos de la APAT sin que haya razones objetivas que los justifiquen, los anejos motrileños han decidido encomendar la recaudación de sus tributos a esta entidad. El tiempo dirá quién acierta.

La Entidad Local Autónoma (ELA) de Carchuna-Calahonda ha dado un paso más en su aspiración de independizarse del Ayuntamiento de Motril. De cara a este propósito, su presidente, Manuel Estévez (GRITO-PDDC), ha firmado un convenio con el servicio de recaudación de la Diputación provincial para que cobre las tasas de ambos anejos, una función hasta ahora asumida por el Organismo Autónomo de Recaudación del Ayuntamiento de Motril.

A tal efecto, el anejo ha remitido un escrito al Consistorio motrileño, al que ha informado de esta decisión. “Creemos que este nuevo sistema de cobro nos permite una mayor autonomía en la gestión de los recursos económicos, sin necesidad de depender de las circunstancias que emanen del Ayuntamiento”, concluyó el alcalde.

Récord histórico en el presupuesto militar de 2008: El Estado español gasta 50 millones de euros diarios para financiar la guerra

En el Día Internacional para la prevención de la explotación del medio ambiente en la guerra y en los conflictos armados, Ecologistas en Acción denunció los costes sociales y ambientales del negocio de la guerra. La inversión en la construcción de bases militares, armamento y tecnología punta es una cuestión de vida o muerte para miles de personas y para los espacios naturales. Ecologistas en Acción aseguró defender una política sostenible e igualitaria y pidió el cierre de todas las bases militares en España.

El 6 de noviembre, Día Internacional para la prevención de la explotación del medio ambiente en la guerra y los conflictos armados (instituido por la ONU en 2001), Ecologistas en Acción denunció que el presupuesto para las inversiones militares del Estado español en el año 2008 ha sido el más alto de la historia, representando el 16,71% del total de las inversiones del Estado y las CC AA. En España cada día se gastan alrededor de 51,85 millones de euros para financiar la guerra y el militarismo nacional e internacional.

Según el grupo ecologista, el caso de la invasión en Iraq evidencia una vez más, que las guerras, aunque tengan lugar a miles de kilómetros de distancia, se planifican y se empiezan desde Europa. Se utilizan las carreteras, los puertos, los aeropuertos y las vías férreas públicas para desplazar a las tropas hacia la “zona de guerra”. También se construyen bases militares gigantescas, destruyendo entornos naturales de uso común, para estacionar tropas nacionales e internacionales.

En este sentido, es llamativo el caso del País Valencia donde las instalaciones militares de carácter netamente intervencionista y ofensivo han brotado como setas letales: en Rabasa (Alacant), los “Rambos” de las operaciones especiales, en Marines, la base de blindados y en Bétera, la base de la Fuerza de Respuesta de la OTAN. Esta Fuerza de Respuesta de la OTAN (NRF) fue una iniciativa de EE UU en la cumbre de Praga de 2002. Se basa en la doctrina de la "guerra preventiva", la excusa usada para bombardear y ocupar Afganistán e Iraq. Por estas razones desde 2001 está en marcha una campaña por el desmantelamiento de esta base y la devolución de sus terrenos para darles un uso social y ecológico.

Durante el primer semestre de 2009 el Cuartel General Terrestre de Bétera estará nuevamente al mando de las fuerzas terrestres de la OTAN. Las tropas están en permanente estado de alerta para reaccionar frente a cualquier eventualidad que exija una rápida intervención militar. Todas las bases militares de la OTAN, pensadas para actuar en lugares como Oriente Próximo o África, demuestran la situación de lanzadera de nuestro Estado en el intervencionismo internacional.

Ecologistas en Acción consideró que el militarismo, y por lo tanto la OTAN, trabajan por la insostenibilidad del planeta, ya que ningún ejército defiende la paz. Y abogó por la abolición de todo tipo de militarismo y los ejércitos, sean nacionales o internacionales.

Además, exigió que las bases de la OTAN y de EE UU en territorio español deben desaparecer total e inmediatamente. Y consideró que para la regulación de los conflictos se deben adoptar, como paso imprescindible, políticas que vayan encaminadas hacia la creación de una seguridad común, universalizando la vivienda y la alimentación adecuada, la educación y la salud básica, con la abolición de las jerarquías y con un medio ambiente limpio.

Los banqueros españoles aumentaron en 40 millones de euros sus retribuciones en 2008: ¿Es discutible cobrar 54.795 euros al día?

Miguel Ángel de Lucas

Diagonal

La urgente necesidad de dinero público por parte de los bancos contrasta con la abundancia de los sueldos privados de sus directivos. Durante la crisis, las principales entidades financieras continuaron ampliando sus beneficios.

Alemania se encuentra ya en recesión. Islandia, hasta ahora en el primer puesto en calidad de vida, se ha declarado en quiebra. La crisis arrastra consigo el liderazgo financiero de EE UU. Y en el caso español, habría que retroceder a principios de los ‘90 para ver datos igual de negativos. A primera vista, los pilares del sistema financiero se derrumban. Pero esta situación resulta menos dramática si se mira desde la cúspide. En EE UU, algunos datos han generado indignación, como al saberse que en 2007 los máximos ejecutivos de las 16 entidades más afectadas por la crisis obtuvieron 236 millones de euros, un 30% más que en 2005.

Ésta y otras situaciones han llevado a que se abra el debate sobre las retribuciones obscenamente altas obtenidas por quienes provocaron la crisis. Países como Alemania y Francia estudian fijar un límite a las retribuciones excesivas. La medida, sin embargo, no figura en la agenda del Gobierno español. En líneas generales, los ejecutivos españoles quedan lejos del caché hollywoodiense de sus homólogos estadounidenses, pero ello no quiere decir que destaquen por su austeridad. En marzo de 2007, el presidente del BBVA, Francisco González, reconocía ante las críticas de algunos accionistas que su sueldo (9,7 millones, con un fondo de pensiones de 10 millones, lo que suman 54.795 euros al día) es “éticamente discutible”.

A la misma altura que el presidente del BBVA se encuentra Alfredo Saenz, vicepresidente del Santander, quien se embolsa 9,6 millones de euros al año. Y cerca de ellos se encuentra Ignacio Galán, de Iberdrola, con un sueldo anual de 7,2 millones. Como media, la élite empresarial española cobra al año 235.000 euros. El dato es orientativo, ya que primas, bonificaciones y gastos pueden aumentar en un 20% el salario. Y la cuenta se multiplica con planes de pensiones. Así, el Santander cuenta con 251 millones de euros para cuando sus consejeros decidan irse a casa. Y el BBVA, 125 millones.

En el pasado, ambos bancos se han visto envueltos en juicios debido a escandalosos planes de pensiones. En 2005, la Audiencia Nacional absolvía a Emilio Botín y a los ex directivos José María Amusátegui y Ángel Corcóstegui de los delitos de apropiación indebida. La razón : los 43,7 millones recibidos por Amusátegui al salir del Banco y la jubilación de 108 millones de euros percibida por Corcóstegui, un récord en la banca española. Ese año, el ex presidente Emilio Ybarra fue considerado culpable por la Audiencia Nacional de apropiarse indebidamente de dinero del banco, al abrir un fondo de pensiones con 21 millones de euros procedentes de una cuenta secreta en el paraíso fiscal de Jersey. Un año después, en 2006, el Tribunal Supremo absolvía a Ybarra.

A pesar de la crisis, los salarios de los banqueros no se han visto reducidos. La banca española ha sido una de las menos afectadas por el derrumbe financiero, y en los primeros meses de 2008 se hizo con unos beneficios de 22.400 millones, un 3% más que en 2008. En las remuneraciones personales, el aumento es más boyante. Hasta junio, los miembros de los consejos de administración de las 14 entidades financieras que cotizan en bolsa ganaron 115,6 millones, un 54% más que en 2007, que suponen un aumento de 40 millones en las retribuciones. Nada de esto impidió que el pasado 5 de octubre el Gobierno destinase 30.000 millones para comprar activos de bancos y cajas que faciliten los créditos. Dicho de otra forma : dar a los bancos el equivalente al 20% de los presupuestos generales del Estado para que los ciudadanos puedan seguir pidiéndoles dinero.

Alquileres sin paquete

José Manuel Naredo

Público

El paquete de ayudas a los parados con problemas de pagos por vivienda, que hoy se aprueba en el Consejo de Ministros, muestra un olvido significativo: los parados que viven en pisos de alquiler. Lo que es grave, cuando el colectivo de inquilinos en paro alberga muchas veces situaciones más precarias que el de los que se han comprometido a acceder a la propiedad de sus viviendas y dista mucho de ser despreciable en las grandes ciudades.

Dos razones pueden explicar este olvido. Una, que el apoyo a las personas sea sólo una coartada para apoyar de nuevo a las entidades financieras, rebajando la morosidad que se les viene encima, cuando estas entidades ya se habían visto bien inyectadas, avaladas y arropadas por el Estado. Lo que no pasa con las pobres personas que viven en alquiler, por muy necesitadas que estén. La otra razón sería el mero continuismo de una política que ve en la vivienda en propiedad el único modelo digno de ser apoyado, aunque cuente ya con muy notables apoyos. Pues las desgravaciones fiscales por compra de vivienda superaron en 2007 los seis mil millones de euros, afectando a seis millones y medio de declarantes (casi el 40%).

La creación franquista de un Ministerio de Vivienda orientado a promover la vivienda en propiedad como vacuna contra la inestabilidad social dio buenos frutos. Con la retórica falangista del momento, el entonces ministro de Vivienda e ideólogo de Franco José Luis Arrese, decía que para hacer “gente de orden” y asegurar el conformismo de la población, había que facilitar su acceso a la propiedad de la vivienda, atándola, además, con responsabilidades de pago importantes. Se desplazó, así, el régimen de tenencia de las viviendas desde el alquiler hacia la propiedad. Pues el alquiler era entonces aplastantemente mayoritario en las ciudades. Según datos del Censo 1950, en Barcelona, sólo el 5 % de las viviendas estaba ocupado por sus propietarios, en Madrid el 6%, en Sevilla el 10 %, en Bilbao el 12 %, etc.

El empeño de promover la vivienda en propiedad vino a culminar medio siglo después de haberse iniciado y un cuarto de siglo después de muerto Franco. Si algo quedó bien atado después de su muerte, fueron la política de vivienda y la práctica del “pelotazo” inmobiliario. Un continuismo digno de mejor causa permitió no sólo cambiar la cultura de alquiler a favor de la propiedad, sino convertir a España en líder europeo en este campo y hacer del negocio inmobiliario la verdadera industria nacional. Solamente se abandonó la promoción pública de “alquileres baratos” vinculada al paternalismo franquista, hasta el extremo de hacer de España el último país europeo en porcentaje de vivienda social.

Pero si la situación se forzó en un sentido, también podría reorientarse en sentido contrario. Cuando la avidez de “invertir en ladrillos” se apuró hasta el final, generando un stock de viviendas sobredimensionado que nuestra población no alcanza ya a comprar, ni a habitar, es el momento de invertir el modelo y no de persistir en él. La regulación y el fomento del alquiler y la vivienda social son el medio razonable de paliar la delicada situación actual. Son la única salida razonable para rebajar la presión financiera a la que se ven sometidos los propietarios de ese enorme stock actual de viviendas invendidas, desocupadas o infrautilizadas. A la vez esta opción resolvería la contradicción que supone el hecho de que siga habiendo graves necesidades de vivienda en España, cuando es el país que cuenta con más viviendas per cápita de toda la UE.

José Manuel Naredo se doctoró en economía en la Universidad Complutense de Madrid y se formó también en Estadística e Historia de la estadística, campo en el que desarrolló una labor considerable. Antes de jubilarse, fue director del programa Economía y naturaleza de la Fundación Argentaria. También dirigió el servicio de Análisis de Coyuntura del Instituto Nacional de Estadística y la sección de Estudios y publicaciones del Crédito Agrícola. Luego de su retiro, fue nombrado profesor honorario en el Departamento de Urbanismo de la Universidad Politécnica de Madrid y la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Complutense. En el año 2000 se le concedió el Premio Nacional de Economía y Medio Ambiente y, en enero del 2008, el Premio internacional Geocrítica por el conjunto de sus trabajos. Exiliado en Francia entre los años 1960-1970, había trabajado en la OCDE, al tiempo que colaboraba bajo diversos seudónimos con la revista Cuadernos de Ruedo Ibérico, que reunía diversas corrientes de la izquierda antifranquista no ligadas al Partido Comunista y, en particular, una corriente anarquista con tradición en España. En esta revista inició su colaboración con el economista catalán Joan Martínez Alier, profesor de economía en la Universidad Autónoma de Barcelona y uno de los fundadores de la Economía ecológica.