Amigos de Cueva Siete Palacios han caído, definitivamente, en desgracia

Ya hemos informado hace diez días de la decisión del equipo de gobierno de quitar a la Asociación Amigos de Cueva Siete Palacios la organización de la cabalgata y echarlos del local donde se reúnen y guardan sus materiales (carrozas, imágenes, vestuario, etc).

Quizá con la secreta esperanza de que la decisión pudiera cambiarse, han escrito una carta pidiendo que, al menos, se les deje seguir en el local que hasta ahora vienen utilizando. La respuesta contundente y escueta viene en el acta de la Junta de Gobierno del 29 de septiembre:

   4.- D. Miguel Torres, Presidente del Grupo Amigos de Cueva 7 Palacios, en relación con escrito de este Ayuntamiento por el que le interesan el desalojo de la sede sita en C/ Laderas de Castelar nº 52, solicita se les permita mantener la cesión durante y mientras no se destine a otro fin, procediendo a su desalojo en el momento en que sea cedido a otra asociación.   La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes, acordó denegar lo solicitado y participar a la Asociación Amigos de Cueva 7 Palacios que dicho local se ha adjudicado a otra asociación, organizadora de la Cabalgata de Reyes 2009, debiendo desalojarlo tal y como se indicó en anterior acuerdo (J.G.L. 8.9.08).

Eso es lo que hay. Y después, como es previsible, vendrá la negativa del cacique para que esta asociación organice la pasión viviente. Y si no, al tiempo. Es de suponer que ya tendrá buscado el recambio. Siempre hay personajes que no tienen escrúpulos y están prestos para intervenir en este tipo de jugadas sucias.

A veces la jugada sale mal, como ha ocurrido en el fútbol, donde para cargarse al equipo de toda la vida, se inventaron a marchas forzadas otro equipo que finalmente se ha desinflado como un globo en medio de peleas internas de importancia. Pero eso es lo de menos porque lo que importa no es que el deporte, la cabalgata o lo que sea, salga bien. Lo que importa es mantener intacto el principio de que aquí mando yo, en todo y en cualquier momento.

Las desastrosas consecuencias del desempleo

Juan Rodríguez. Attac Mallorca

Rebelión

La CEOE ha vuelto estos últimos días a solicitar un abaratamiento del despido con el argumento de que es necesario para la creación de nuevos puestos de trabajo. Esta solicitud se ha convertido en una reivindicación constante por parte de la patronal, independientemente de cuál sea la situación económica. No resulta difícil demostrar que el despido no es ni demasiado difícil ni demasiado costoso en España; basta con analizar los datos de los últimos meses en los que la tasa de desempleo ha aumentado cerca de un cincuenta por ciento arrojando a medio millón de personas al paro.

Se deduce entonces, que el objetivo de la CEOE es el de conseguir transferir riesgos de la actividad desde las empresas hacia los trabajadores para que las compañías puedan ajustar de forma económica sus plantillas y adaptarlas fácilmente a la coyuntura económica. Sin embargo, este traspaso perjudica a la parte más débil y tiene efectos perniciosos, no sólo sobre los trabajadores afectados, sino también sobre la economía y sobre la sociedad.

En primer lugar, es evidente que el aumento del desempleo provoca una disminución de los ingresos de las familias, por lo que éstas tienen que reducir su nivel de vida. Las consecuencias de este hecho no son sólo económicas, sino también sociales, y se agravan por el hecho de que el paro suele afectar con mayor intensidad a los sectores más débiles de la sociedad. En numerosas ocasiones, el pensamiento económico dominante cita a la inflación como el principal enemigo de las clases humildes, pero, si bien es cierto que el aumento de precios es especialmente negativo para las familias con menores ingresos, son mucho peores los efectos que tienen sobre ellos la falta de un empleo o la precariedad laboral.

El desempleo puede contribuir a empeorar la salud mental de las personas, aumentando los casos de depresión, ansiedad, adicción y trastorno adaptativo. También deteriora la autoestima del individuo, lo que a su vez dificulta las posibilidades de recolocación, y trastorna la vida familiar, especialmente si éste afecta al cabeza de familia, provocando generalmente un aumento de tensiones que tienden a deteriorarla y a aumentar los conflictos entre los miembros. Todos estos factores, junto con la importante pérdida de ingresos, aumentan el riesgo de exclusión social.

La precariedad laboral y, evidentemente, el desempleo también aumentan la angustia de los afectados e influyen en la determinación de su plan de vida y su planificación familiar. Los jóvenes deben postergar su edad de emancipación ante la imposibilidad de acceso a la vivienda y de creación de una unidad familiar con unos ingresos estables, asimismo provocan una disminución de la natalidad y retrasan la edad a la que se tienen los hijos.

Conviene escapar de la concepción del desempleo como una mera cifra estadística, ya que detrás del número existen unas realidades humanas; sin embargo, como ya he comentado anteriormente, los efectos del desempleo no sólo afectan al individuo y, para aquellos menos preocupados con los problemas sociales, también hay argumentos que demuestran que es nocivo para la economía.

Es indudable que se produce una reducción de la demanda por la pérdida de poder adquisitivo de las personas afectadas por el desempleo. Este descenso es más pronunciado en aquellos bienes que por su coste requieren una mayor planificación, posponiendo su compra a futuros tiempos mejores. La contracción de la demanda tiene efectos negativos sobre el PIB y provoca una especie de "efectos de segunda ronda" contribuyendo a un mayor aumento del desempleo.

El siguiente efecto es sobre los ingresos y gastos del Estado. Por un lado, el aumento del paro disminuye la recaudación de impuestos tanto directos como indirectos; los primeros como consecuencia de la reducción de los ingresos familiares que tributarán por cantidades inferiores en el impuesto de la renta (reduciéndose también las cotizaciones a la Seguridad Social) y los segundos por la reducción del consumo que disminuirá la recaudación por IVA y otras tasas. Pero los efectos nocivos no acaban aquí, ya que el Estado debe hacer frente al aumento de los pagos por prestaciones al desempleo por lo que dispone de menos recursos para dedicar a otras partidas de gasto.

Por último, el desempleo supone un despilfarro de recursos; tasas elevadas suponen una pésima optimización de los mismos. Siendo el factor humano uno de los factores que influyen en la producción, resulta totalmente antieconómico mantener un stock de capital humano sin uso tan elevado. A nadie se le ocurriría, por ejemplo, mantener un porcentaje de capital sin utilizar y sin embargo para algunos parece ser que el factor humano tiene menos importancia.

Por tanto, la reducción del desempleo debería ser una de las prioridades de políticos y autoridades, pero no sólo esto, el descenso no debe basarse en una precarización que únicamente provoque una reducción de las diferencias entre tener trabajo y no tenerlo, lo que trasladaría los problemas citados a la población "ocupada", sino que debe basarse en la creación de un empleo con unos estándares mínimos de estabilidad y retribución.

Sales y soles: El fantasma de la inmigración

Gorka Andraka

Gara

Los periodistas nos crecemos ante las tragedias humanas. Nuestro mejor verbo, los adjetivos superlativos, afloran y se multiplican con el dolor ajeno. Las penas y penurias nos excitan tanto que llegamos a perder el conocimiento y lo que contamos, al final, no enseña nada. El último ejemplo, esta misma semana. Hemos descubierto, consagrado, “el supercayuco”, “el cayuco-bus”, “el cayuco gigante”...

“Nunca había visto nada igual, es una barbaridad”, confiesa Juan Antonio Corujo, coordinador de Emergencias de Cruz Roja. Una embarcación de 30 metros de eslora acaba de arribar al puerto tinerfeño de Los Cristianos con 229 inmigrantes subsaharianos hacinados a bordo, 25 de ellos menores de edad. Han batido todas las marcas, anuncian en portada los medios. El anterior récord, un cayuco con 180 personas, alcanzó su meta, también Tenerife, un 29 de julio de 2007. La competición promete. Lo próximo, las pateras jardín de infancia, las guarderías errantes. Más capacidad, con el mínimo espacio.

Un negro asusta, varios cientos aterrorizan. Sentados en la playa, abatidos, con la mirada perdida, los 229 inmigrantes plusmarquistas mundiales parecen restos de una marea negra. Chapapote humano. Al rato, la arena recobra todo su esplendor y albura. De la barca, de sus buenas gentes, nada, nadie. Han desaparecido, como si fueran fantasmas. La escritora uruguaya Ida Vitale sostiene en su “Léxico de afinidades” que un fantasma es “alguien a quien habiéndole dicho muchas veces: muérete, insiste en estar vivo”. Alguien empeñado, naufragios y ausencias incluidas, en darle la vuelta a la vida. Un espíritu libre.

Los paréntesis del capitalismo

Miguel Izu

Rebelión

Hace unos días causaron cierto escándalo las declaraciones del presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) pidiendo que se haga un paréntesis en la economía de mercado para salir de la actual crisis económica. Se le vino a acusar por tal sugerencia de desfachatez e incoherencia, dando por supuesto que los empresarios deben defender siempre el mercado.

 

Y sin embargo, el presidente de la CEOE, en mi opinión, actuaba en total coherencia con los intereses que defiende (también con la desfachatez propia del cargo, pero esa es otra cuestión). No hay que olvidar que vivimos en una economía capitalista. Cierto que a lo largo del siglo XX la crítica al capitalismo, basada en buena medida en la que hizo Marx pero también en la de otros campos como la doctrina social católica o el keynesianismo, ha conseguido un importante éxito y es que sus defensores se avergüencen del nombre. Hoy se prefiere hablar de economía de mercado, libre competencia, libertad de empresa, apertura de los mercados, sociedad abierta, globalización del desarrollo, crecimiento económico, toda una serie de etiquetas biensonantes que pretenden describir el sistema imperante. Incluso hay quienes lo describen simplemente como democracia.

Pero arañando un poquito para que salga a la superficie lo que disfraza esta operación de marketing nos encontramos con el mismo sistema económico que viene funcionando desde hace unos siglos: el capitalismo. Adaptado, eso sí, a los tiempos, porque su capacidad de adaptación es notable. Pero capitalismo al fin, que no supone otra cosa que un sistema basado en la acumulación incesante de capital y el dominio del capital (de los que lo poseen o manejan) sobre todos los factores económicos, sobre el trabajo, la producción y el intercambio de bienes y servicios, y a través de ese dominio también sobre la estructura social y política.

Lo que mueve al capitalismo, un sistema esencialmente depredador y con escasos escrúpulos, es la necesidad de acumular, de ganar más y más, de vencer todos los obstáculos que se opongan a mejorar la cuenta de resultados, lo único importante. Lo demás es todo accidental o, mejor, instrumental, y por ello se puede adoptar o se puede abandonar, o si hace falta se abandona transitoriamente haciendo un paréntesis para retomarlo cuando interese.

Así, la economía de mercado suele constituir una buena herramienta para el desarrollo capitalista. Pero ojo; no siempre imprescindible. Contrariamente a lo que se dice, ni el mercado lo crea la iniciativa privada ni se opone a la intervención estatal. Es el Estado quien garantiza la existencia de mercado porque este exige seguridad en las transacciones y confianza de los participantes en que los contratos se cumplen y las deudas se pagan. Esto sólo se consigue de dos maneras: o lo hace el Estado estableciendo leyes, jueces, policías, o lo hacen los propios hombres de negocios (así se denominaban a sí mismos Vito Corleone y los suyos).

Pero con esta segunda opción, la ley de la jungla y las prácticas mafiosas, a medio y largo plazo se degenera en la destrucción del propio mercado y el establecimiento del monopolio a favor del más fuerte, riesgo que acecha siempre a los sistemas basados en la competencia si no aparece un árbitro con autoridad para regularla.

Ni el mercado ni la iniciativa privada son capaces por sí mismos de producir la estabilidad y confianza necesarias para que funcione la economía; y si queremos un ejemplo claro, ahí tenemos ahora mismo a los bancos centrales, encabezados por la Reserva Federal norteamericana, tomando medidas desesperadas para remediar la crisis de confianza que se ha instalado en el sistema financiero. Después de unos años de abusar del libre mercado y de predicar la limitación de la intervención estatal el caos generado por la mano invisible aconseja prescindir un tiempo de la receta.

No hay problema. El capitalismo ha sido liberal a ratos, pero no siempre. En sus inicios ha estado aliado con el absolutismo, el proteccionismo y la concesión de monopolios industriales y comerciales. Es decir, con el mercado limitado. Casi todos los países han cimentado su desarrollo económico en una fuerte iniciativa estatal (¿tendremos que recordar otra vez los planes de desarrollo del franquismo?).

Pero la compañía del Estado es prescindible; a partir de cierto momento los empresarios prefieren volar solos en el mercado y se reconvierten al liberalismo, sobre todo, económico pero que acaba contagiándose en el plano político. Los cambios que experimenta un capitalismo inicialmente basado en la producción pero luego en el consumo desenfrenado primero de productos y más tarde de servicios requieren también un entorno político adaptable. Del absolutismo pasan a impulsar los sistemas constitucionales liberales, y de éstos a los democráticos.

Pero tampoco hay que ser fundamentalistas de la democracia; cuando el capital está en riesgo también se puede hacer un paréntesis en la democracia (Alemania 1933, España 1936, Chile 1973, China ahora mismo y un larguísimo etcétera de alianzas entre dictaduras y capitalistas).

Tampoco ha sido problema prescindir, cuando ha interesado, del liberalismo económico. En la Europa de las posguerras mundiales hubo que pactar y dar lugar a lo que se ha llamado “economía social de mercado”. Es decir, mercado pero con cierto grado de intervención estatal y un sistema público de protección social.

En España incorporamos este modelo a la Constitución de 1978. Se garantiza la economía de mercado, la propiedad y la iniciativa privada. Pero también la subordinación de toda la riqueza a los intereses generales; la posibilidad de reservar al sector público recursos o servicios esenciales; el fomento de la participación de los trabajadores en la empresa, de las cooperativas y del acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción; la planificación de la actividad económica general para atender a las necesidades colectivas; una distribución de la renta regional y personal más equitativa; la política de pleno empleo; la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación y la participación pública en las plusvalías que genere la acción urbanística. Puede parecer mentira pero todas estas medidas no provienen del programa de Hugo Chávez sino que están literalmente en la Constitución española. Claro que llevamos ya muchos años de paréntesis en su aplicación porque tuvo la desgracia de promulgarse justo cuando los vientos estaban girando hacia el neoliberalismo.

En fin, que no hay nada nuevo bajo el sol. Tras el de la economía social ahora le toca un pequeño paréntesis al mercado. Mientras se pudo ordeñar el mercado, se ordeñó con avaricia, pero ahora que sus ubres están secas hay que ir a sacar dinero de donde hay, al erario público. Retomemos el criterio social aunque sólo para socializar el riesgo y las pérdidas. Los contribuyentes que hemos estado pagando para apoyar que las empresas ganen dinero seguiremos pagando para que no lo pierdan. Estas son las reglas del juego.

Si los cortijos pagamos la basura queremos un servicio de recogida

En un periódico digital de la comarca aparece esta protesta que nos parece de interés y por eso la reproducimos

Desde este año todos los propietarios de cortijos estamos recibiendo recibos del servicio de basuras, cuando nunca hemos recibido ningún servicio de recogida de basuras.

El ayuntamiento en su afán de recaudar un dinero que no tenía y que se gastó antes de las elecciones para arañar cuatro votos, ha empezado a cobrar servicios que nunca ha prestado, como el servicio de basura a los cortijos.

Por este motivo, los vecinos de Rescate, Rio Jate Alto, Rio Seco Alto, Los Escobales, Las Majadas, Cortijo medina, Los Mateos y el resto de cortijadas de la zona, hacemos saber que dejaremos nuestra basura al pie de la carretera para que esta sea recogida por el servicio de limpieza, el cual estamos pagando todos religiosamente.

Igualmente invitamos al resto de propietarios de cortijos que no estén al tanto, a dejar su basura al pie de la carretera para que esta sea recogida.

QUÉ HAY DETRÁS DE TANTA MENTIRA E IMPUNIDAD

El Sr. Benavides vuelve a acosar al Centro de Educación Ambiental Karanda con la misma estrategia y parecidos argumentos a los que viene usando desde hace ya tres años y medio. Por mucho que pretenda enmascararlo, toda la actuación del alcalde es una pura represalia por la postura mantenida por mi persona en Defensa de la Vega del Río Verde y en contra de los planes depredadores del equipo de gobierno en el nuevo PGOU de Almuñécar.

Esta actitud vengativa del alcalde le ha costado a la empresa de la que formo parte más dinero del que nunca hemos ganado con el camping, pero el objetivo verdadero del señor Benavides es intentar silenciar y desprestigiar la voz de unas personas que decimos lo que pensamos, que no nos callamos y que hemos tenido la osadía de situarnos claramente enfrente de su política urbanística.

Esa es la única razón de que se nos haya abierto un expediente que, batiendo todos los records, lleva abierto ya 42 meses y no tiene visos de terminar. Desde hace tres años venimos exigiendo la terminación de este expediente y que el Ayuntamiento nos diga fundamentada y razonadamente como establece la LOUA, qué tenemos mal y qué tenemos que hacer para solucionarlo, tal como confirma dice la sentencia de 5/08 de 8-1-8.

Y sin embargo, tenemos que decir que ya hay, desde enero, una sentencia firme que nos da la razón por completo.

 El Juzgado de lo contencioso nº 3 de Granada en sentencia 5/08 de 8 de enero de 2008 dio la razón a Fermín Tejero representando a Colibrí CB y KARANDA S.L. (propietarias del Centro de Educación Medioambiental). La sentencia obliga al ayuntamiento a anular todo el expediente urbanístico iniciado en 2005, por la manifiesta indefensión en que se había colocado a la sociedad.

A fecha de hoy, el Ayuntamiento aún no ha cumplido la sentencia, y para mantener abierto el expediente y cerrado el camping se presenta el 21-01-08 ante la Junta Local de Gobierno (13 días después de dictarse la sentencia) un informe de los servicios jurídicos sin ninguna propuesta de acuerdo y acuerdan cesarnos la actividad nuevamente. Dicen tres años y pico después que ante la petición de cambio de titularidad que solicitamos en mayo del 2005 y toda la documentación que presentamos en julio de 2005, hemos cambiado la actividad. Una falsedad que solo persigue seguir con el acoso.

 En paralelo y como cumplimiento de la sentencia que ganamos, el arquitecto municipal elabora un informe que lleva fecha del 1 de abril y que está plagado de datos falsos, errores y cambios semánticos de todo tipo que solo persiguen el afán de confundir y enmarañar a jueces y  a los ciudadanos.

 Dado que lo que se pretende es calumniar a un concejal de Izquierda Unida, se difunde ampliamente este informe del arquitecto, y aprovechando esos intencionados errores y ambigüedades del informe, se traslada a la opinión pública la idea de que existen en el rancho California varias construcciones ilegales.

Los ciudadanos deben saber que cuando se está hablando de esas construcciones se trata de viviendas que llevan construidas más de cincuenta años y legalizadas sin ningún problema urbanístico. Y que cuando se dice vivienda unifamiliar se están refiriendo a cabañas de madera de 30 metros, unas cabañas de madera como las que hay en tantos campings y que están legalizadas desde el 1999 ante la Delegación Provincial de Turismo.

Cuando el informe habla de las construcciones de la Escuela Taller y cita a González Montoro con el ánimo de mezclar churras con merinas y confundir aún más, los ciudadanos deben saber que todo lo que construyó la escuela Taller sigue estando a disposición para uso público porque así lo decidimos en su día al ceder nuestra propiedad gratuitamente y que todas las construcciones fueron dirigidas y visadas por los servicios técnicos municipales, en especial el arquitecto municipal, que hoy finge haber olvidado hasta los nombres y las medidas de esas construcciones dedicadas al Centro de recuperación del camaleón que tanta gracia parece hacer a ciertos indocumentados y que contó en su momento, y sigue contando, con el reconocimiento y el apoyo de la administración autonómica y central.

Ese informe del arquitecto está recurrido ante el ayuntamiento y ante los tribunales y no nos preocupa en absoluto porque todo lo que se afirma, desde el principio hasta el final, es falso, pero mientras tanto cumple su papel, que no es otro que el de justificar y dar apariencia de legalidad a un cierre político basado en la venganza.

En vez de ejecutar la sentencia que hemos ganado, el Ayuntamiento de Almuñécar buscó una nueva excusa y atacó por otro lado. Así fue como se dictó el cese de actividad al Camping Carambolo inventándose que habíamos cambiado la actividad y que por tanto, teníamos que pedir una nueva licencia. ¿Dónde está el cambio de actividad?

El 19-3-8 recibimos una visita del inspector de Actividades, quien afirmó haber visto una caravana salir del camping y nos puso una multa, pásmense ustedes, cuya cuantía podía ir desde los 30.001 hasta los 600.000 euros. Sí, han leído bien: 600.000 euros. Cien millones de pesetas. Este inspector, por cierto, ya ha sido expulsado del ayuntamiento porque, finalmente, y muy a su pesar, el alcalde ha tenido que cumplir una orden del juzgado que le obligaba a cumplir otra sentencia anterior que lo consideró culpable de haber filtrado unas oposiciones.

Un día después de esta visita del inspector, con una celeridad que sólo usa el alcalde para las venganzas, Benavides firmó una Resolución de Alcaldía ordenando el precinto del Centro de Educación Ambiental.

 El día 30 de abril, nos precintan el camping, sin que hubiera nadie de la sociedad presente y con clientes dentro.

Todos estos actos han sido recurridos y el Ayuntamiento nunca ha contestado a esta empresa ni a los escritos presentados ni a los recursos de reposición. Por estos motivos, hemos tenido que judicializar el tema, lo que nos ha llevado a plantear, hasta el momento, seis contenciosos administrativos y una querella criminal contra el Sr. Juan Carlos Benavides.

 Ante el silencio del Ayuntamiento, en el mes de julio recurrimos el cese de actividad y solicitamos unas medidas cautelarisimas, una figura legal que nos permitiría estar abiertos en tanto se resuelven los procesos judiciales. Estas medidas son las que ha desestimado el juzgado con fecha 4-9-8, pero los contenciosos siguen adelante y esperamos ganarlos todos, uno a uno.

En cualquier caso, aunque los ganemos dentro de cuatro o cinco años, se han perdido los puestos de trabajo, y las pérdidas económicas son cuantiosas, aunque las soportamos porque nuestros ingresos dependen de otras actividades. Por desgracia,  no es el caso de personas represaliadas en nuestro pueblo y que han sido arruinadas por no doblegarse o callarse.

Todo esto se hace debido a la lentitud de la justicia y a la impunidad con que actúa Benavides, porque a él los abogados y los informes le salen gratis.

 El otro objetivo, el de hacernos callar, ni lo ha conseguido ni lo va a conseguir, nunca.

Almuñécar, 4 de octubre de 2008

 Fdo: Fermín Tejero Mesa en representación de Colibrí CB y Karanda SL, empresas propietarias del Centro de Educación Medioambiental y el camping Carambolo.

Por fin se va a reparar el peligroso talud que hay detrás del edificio Tropicana

Después de dar vueltas y más vueltas, el Ayuntamiento se ha visto obligado por el Juzgado a asegurar el talud que hay tras el edificio Tropicana, un talud más que peligroso y en el que, afortunadamente, no ha pasado nada. Los propietarios de este edificio mantienen desde hace años un pleito y aún después de haberlo ganado, el ayuntamiento no hacía nada.

El primer escrito de la Comunidad de Propietarios es de 2004. Tras ganar el recurso, por fin, el Juzgado obligó al ayuntamiento a ejecutar la sentencia. Como seguía sin hacerse nada, la Comunidad de Propietarios enviaba escrito tras escrito. Por fin, el 10 de octubre de 2007 se digna el alcalde a hacer un Decreto de Alcaldía pidiendo un informe sobre cómo ejecutar la sentencia y cuánto costaría.

El 14 de octubre, el arquitecto municipal hace un informe diciendo que el ayuntamiento no tiene medios materiales ni humanos para hacer la obra, ni siquiera para valorarla, ni siquiera para ver cómo y de qué manera se haría la obra y que hay que preguntarle a empresas especializadas. Eso, cuando ya hacía varios meses que el Juzgado había ordenado ejecutar la sentencia, y cuando pasaban ya tres años desde que los vecinos pidieron que se hiciera la obra.

Una muestra de incompetencia total. Para seguir con la historia, el 23 de octubre el Alcalde autoriza por escrito al arquitecto y al Jefe del Departamento de Contratación para que busquen esas empresas especializadas que digan qué tipo de obra hay que hacer y cuánto costaría.

Y aunque se han tirado más de un año dando vueltas para ver si encontraban la empresa adecuada, parece que el tema ya está encauzado y en breve se va a adjudicar la obra (esperemos). En la Junta de Gobierno del 29 de septiembre han decidido cargar los gastos a los propietarios del muro que, al parecer, son Ávila Rojas y otra empresa llamada Marlomar.

Esperamos por el bien de los vecinos y transeuntes en general que el tema se solucione. Estas son las actas de la Junta de Gobierno del 28 de abril y del 29 de septiembre:

   7.- Se da cuenta de escrito de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada, en relación con la Ejecutoria nº 108/07, dimanante del recurso nº 4018/96, Sección 1N, seguido a instancias de CCPP del Edificio “Tropicana”, en el que insta a adoptar medidas concretas para ejecutar el fallo de la Sentencia, acreditando la realización y ejecución de las obras necesarias, en los términos indicados en el informe pericial obrante en Autos, para asegurar el talud y zona rocosa posterior, bajo apercibimiento de posible responsabilidad penal por delito de desobediencia a la autoridad.

   Asimismo, se da cuenta de los trámites que el Ayuntamiento ha venido efectuando en cumplimiento de la Sentencia de referencia, que son los siguientes:

                1.- Comenzaron a raíz de escritos de la CCPP instando la ejecución a finales de 2004, siendo requerido por la Asesoría Jurídica informe a los Servicios Técnicos Municipales con fecha 15 de Febrero de 2005.

                2.- Que a raíz de escritos de la CCPP de Propietarios “Tropicana” de fechas 10 de Mayo de 2007, 21 de Junio de 2007, y 3 de Octubre de 2007, la Asesoría Jurídica Municipal, con fecha 4 de Octubre de 2007, acompañó dichos escritos a petición de informe de los Servicios Técnicos Municipales de Arquitectura que fue recibido en la misma fecha por los mismos.

                3.- Que ante nuevo escrito del Procurador de los Tribunales que representa a la CCPP “Tropicana”,  solicitando se den instruciones para la eliminación del riesgo para las personas que representaba el talud posterior a dicho edificio, en cumplimiento de la Sentencia, la Alcaldía, por Decreto nº 3239/07, de fecha 10 de Octubre de 2007, a la vista de los antecedentes, ordenó en primer lugar, que por parte de los Servicios Técnicos de Arquitectura e Ingeniería, en cumplimiento de la Sentencia de referencia,  “se proceda a realizar informe, de forma urgente, sobre las medidas que deben ser adoptadas para el cumplimiento de la Sentencia, forma de ejecutar la misma, y coste para las arcas municipales que podría suponer una hipotética ejecución subsidiaria por parte de esta Administración”. En segundo lugar, que se procediese a determinar la titularidad demanial de los terrenos objeto de actuación. Y en tercer lugar, que se iniciasen los trámites de expediente de ejecución subsidiaria. Dicho Decreto fue notificado a los Servicios Técnicos y de Inspección Municipal, así como a los representantes de la CCPP del edificio de referencia.

                4.- Que el Arquitecto Municipal emitió informe con fecha 14 de Octubre señalando que..”este Ayuntamiento no cuenta con medios humanos ni materiales que permitan ni una definición, ni la forma de ejecución, ni la valoración de las mismas, razón por la que procedería recabar dichos datos de alguna de las empresas especializadas de la zona, para lo cual se solicita la correspondiente autorización”.

                5.- La Alcaldía, por Decreto nº 3325/07, de 23 de Octubre,  da cuenta del informe anterior, y autoriza al Arquitecto Municipal y al Jefe del Departamento de Contratación para proceder a recabar de empresas especializadas la definición, forma de ejecución y valoración de las obras a ejecutar, así como impulsar los procedimientos para la contratación de las empresas que se estimen convenientes para la ejecución de tales obras, que fue notificado seguidamente a los interesados, con fechas 14.11.07 y 9.11.07, repectivamente.

                6.- El Arquitecto Municipal, con fecha 25 de Octubre de 2007,  remitió informe donde se señalaban en primer lugar, la definición de los trabajos a realizar. En segundo lugar, las medidas a adoptar para ejecutar la Sentencia, de conformidad, con el dictamen pericial obrante en Autos; y en tercer lugar, que se había puesto en contacto con la empresa especializada SITE, para evaluar los trabajos a realizar y el coste de los mismos para las arcas municipales.

                7.- Con fecha 22 de Abril de 2008, se ha vuelto a requerir al Arquitecto Municipal para que informe de forma perentoria, de las actuaciones que se hayan llevado a cabo para el cumplimiento de la Sentencia.

                8.- El Departamento de Contratación, con fecha 25 de Abril de 2008, ha remitido informe junto con pliego de cláusulas administrativas que deberán regir el concurso, subasta, procedimiento negociado o contratación directa, (en función del coste de las obras a realizar), y la declaración, si procediese, del carácter urgente o de emergencia de las mismas.

   La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes, acordó adoptar todas las medidas técnicas oportunas en orden a la ejecución de la Sentencia, dándose traslado a tales efectos al Arquitecto Municipal para su cumplimiento.

 

Acta de septiembre:

 8.- A la vista de las actuaciones seguidas por el Ayuntamiento de Almuñécar para la adjudicación de las obras para asegurar el talud y zona rocosa posterior del edificio “Tropicana”, por el procedimiento negociado con publicidad por vía de urgencia, según previene la Ley de Contratos del Sector Público en cumplimiento de la ejecutoria nº 108/07 de la Sala de lo Contencioso Administrativo de Granada, dimanante del recurso 4018/96, Sección 1 y dado que estos deberes incumben a los propietarios, el Ayuntamiento de Almuñécar podrá repercutir en los mismos los gastos que conlleven dicha actuación.

    A la vista del informe emitido por el Encargado del Servicio de Inspección de Obras el 25 de octubre de 2007, que señala “Que el talud existente en la parte posterior del edificio Tropicana es propiedad de la empresa promotora que ejecutó la construcción de dicho edificio, es decir INCAR, S.A. CIF A-18349290, representado por D. José Miguel Avila Rojas, NIF nº 24.192.206-R, y domicilio a efectos de notificaciones en Paseo Prieto Moreno nº 12, Bajo, Almuñécar.

   Por otra parte la continuación del talud, desde donde termina la propiedad de la citada empresa promotora, es decir la empresa MARLOMAR, S.L., CIF B-29429636 y con domicilio a efectos de notificaciones en C/ Juan Pérez Jiménez nº 6-N, 29600-Marbella, Málaga.

   La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes, acordó: Reclamar el importe de los gastos, daños y perjuicios por el procedimiento recaudatorio en vía ejecutiva, procediéndose a la liquidación provisional antes de la ejecución de las obras, a reserva de la liquidación definitiva, a tenor de lo dispuesto en el art. 98 de la Ley 30/92.

Benavides lo ha tolerado

El camping de La Herradura ha sido precintado esta semana por decisión de la Junta de Gobierno. Su dueño se fue hasta el último Pleno, pancarta en ristre a protestar. Ayer, una decena de familiares y empleados se manifestaron en las puertas del camping.  

La información de este tema venía así en el periódico Granada Hoy del cuatro de octubre:

La falta de licencia de apertura es, según el Ayuntamiento de Almuñécar, el motivo por el que el jueves fue precintado y desalojado el Nuevo Camping La Herradura, tras una orden judicial dictada hace un mes. El propietario, José López Pozo, reconoció la situación, aunque cargó contra el alcalde y el ingeniero municipal por considerar que todo se trata de una campaña en su contra. El camping, admitió, no tiene licencia "como tampoco están en regla otros muchos negocios, pero Benavides lo ha tolerado hasta que le ha parecido conveniente".

El Consistorio explicó que el cierre se produjo porque "carece de licencia, requisito indispensable para que cualquier establecimiento pueda abrir al público". Y añadió que el empresario "sólo debe regularizar la situación del negocio".

Hace poco, pudimos informar de que el camping de La Herradura seguía abierto a pesar de la orden de desalojo. Hoy, la situación es distinta. El camping ha sido precintado. Ya tenemos dos campings cerrados en el municipio. Y aunque los motivos sean distintos, hay ciertos elementos de reflexión.

El dueño del camping de La Herradura lo ha dicho públicamente. Y ahora es el momento de que nosotros insistamos en ese hecho: el camping ha estado abierto once años a pesar de no tener licencia de apertura. Benavides lo ha tolerado, afirma el propietario del camping. Ese es el principal motivo de oposición por nuestra parte a este señor alcalde. No cumple ni hace cumplir la ley. Ese camping, con la ley en la mano, no se debía haber abierto. Pero, como bien dice su dueño, el alcalde lo ha tolerado. En esa frase falta algo, falta el por qué. Y eso lo vamos a decir nosotros. El alcalde Benavides ha tolerado que ese camping esté abierto porque el dueño era compañero de partido.

Pero ahora el dueño no es compañero de partido. Ahora, el dueño de ese camping es militante del Partido Andalucista, y resulta que el concejal de ese partido, don Luis Aragón, se atreve a votar en contra de Benavides en algunas ocasiones. Pues ya no hay motivo para tolerar, ya no hay razones para cerrar los ojos. Así que el camping se cierra.

Como bien dice el dueño del camping, hay otros negocios sin licencia y siguen abiertos. Efectivamente, hay muchos. Desde IU hemos denunciado algunos. Preguntamos hace unas semanas, por ejemplo, por la licencia de apertura del Club Náutico. Por supuesto que no nos contestaron. Pero, salvo que se la hayan concedido en el último mes, ese establecimiento lleva varios meses abierto sin licencia. Como tantos y tantos. Y seguirán abiertos sin licencia mientras el dueño se lleve bien con el alcalde. Es tan simple como eso.

Lo curioso es que en un país democrático esta situación no derive en una inhabilitación del alcalde, algo que sería totalmente razonable ya que el alcalde de un pueblo tiene, como primera misión, cumplir y hacer cumplir la ley.

Hay otro camping cerrado en este pueblo. Lo cerraron y lo tuvieron que abrir cuando todos los informes técnicos éran favorables al camping. A principios de año lo volvieron a cerrar buscando una excusa diferente y cerrado sigue. También ese camping estuvo abierto varios años sin problema alguno. Claro que hay algunas diferencias. Ese camping siempre tuvo licencia de apertura. Y aunque ahora no es el momento de entrar en profundidades sobre las mentiras del informe del arquitecto municipal, no hay ni un solo motivo de peso que justifique el cierre del camping. Pero uno de sus dueños tuvo la osadía de presentarse en el despacho de Benavides y decirle varias cosas que se podían resumir en una: que el pgou que Benavides quería aprobar contaría con sus oposición frontal y militante. A partir de ese momento, se inició un auténtico desmadre de visitas, informes, sanciones y ruedas de prensa plagadas de calumnias y desinformación.

Hasta donde puede llegar Benavides cuando toma una decisión lo ha comprobado el amigo Fermín, lo han comprobado los dueños del Mirlo y lo han comprobado muchos empresarios de este pueblo. Eso es lo que hay. La pena es que la población se divide entre quienes lo aplauden y quienes se resignan impotentes, siendo una minoría los que se atreven a alzar la voz contra estas tropelías y abusos de poder. 

Los dueños del camping Carambolo están gastándose un dinero que no tienen en multas que han recurrido y en abogados que les defiendan de la arbitrariedad y las tropelías. Es posible que ganen esos recursos dentro de cinco años. Pero mientras tanto, el camping cerrado y las multas pagadas. ¿Y qué le importa al alcalde si dentro de cinco años un juzgado o dos o tres le quitan la razón al ayuntamiento? ¿Qué parte de su prestigio, de su bolsillo o de su dignidad se va a ver afectada? Quizá algún empleado, aunque lo más seguro es que ni eso, se coma el marrón. Quizá. Pero aún eso es dudoso porque, con nuestros impuestos, el señor alcalde paga abogados bastantes mejores que los que puedan buscar los dueños de estos campings.

Documento de alegaciones

ALEGACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS A REGIR EN LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA Y COLABORACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO DE ALMUÑÉCAR PARA LA GESTIÓN TRIBUTARIA, LA RECAUDACIÓN VOLUNTARIA Y LA RECAUDACIÓN EJECUTIVA DE LOS TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS MUNICIPALES

 D. Fermín Tejero Mesa, Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida  EXPONE:

 En el B.O.P. de Granada de 4-9-08 se publica el PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS A REGIR EN LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA Y COLABORACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO DE ALMUÑÉCAR PARA LA GESTIÓN TRIBUTARIA, LA RECAUDACIÓN VOLUNTARIA Y LA RECAUDACIÓN EJECUTIVA DE LOS TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS MUNICIPALES, APROBADO POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ALMUÑÉCAR EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 27 DE AGOSTO DE 2008.

 En mi opinión, el pliego no se ajusta a la legalidad y por ello presento las siguientes alegaciones:

 El acuerdo se ha tomado sin los informes preceptivos

A pesar de que lo he solicitado por escrito, el acuerdo se tomó sin Informe de la Intervención ni de Secretaría. El RJFHN (RD 1174/1987) en su artículo 4, al hablar de los secretarios, establece claramente:

La función de control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria comprende:

h) La emisión de informes, dictámenes y propuestas que en materia económico-financiera o presupuestaria le hayan sido solicitadas por la Presidencia, por un tercio de los Concejales o Diputados o cuando se trate de materias para las que legalmente se exija una mayoría especial, así como el dictamen sobre la procedencia de nuevos servicios o reforma de los existentes a efectos de la evaluación de la repercusión económico-financiera de las respectivas propuestas.

 El TRRL(RD Legislativo 781/1986), en su artículo 54 concreta que:

Será necesario el informe previo del Secretario, y, además, en su caso, del Interventor o de quienes legalmente les sustituyan, para la adopción de los siguientes acuerdos:

a)En aquellos supuestos en que así lo ordene el Presidente de la Corporación o cuando lo solicite un tercio de sus miembros con antelación suficiente a la celebración de la sesión en que hubieren de tratarse

b)Siempre que se trate de asuntos sobre materias para las que se exija una mayoría especial

 Según el pliego de condiciones, las tareas que requieran ejercicio de autoridad serán ejercidas por funcionarios, pero, en mi opinión, el pliego no sólo debería recoger este extremo, sino que también tendría que incluir expresamente y detalladamente una serie de tareas que en la actualidad están siendo realizadas por la Apat, tales como la contabilidad, funciones de tesorería, de liquidación y de intervención. Según el art 163 de la LGT, el procedimiento de apremio es exclusivamente administrativo. En cuanto al resto de procedimientos tributarios, las facultades de gestión, de liquidación y de inspección están reservadas a la administración, de tal manera que si la intervención de la empresa fuese escrupulosamente respetuosa con la legalidad, sus tareas apenas se limitarían a las propias de un administrativo, cuestión esta que se contradice con la elevada cantidad económica que percibirá la empresa por esta gestión auxiliar.

 Estas tareas, en el futuro, tendrán que ser realizadas, si se respeta la ley, por personal funcionario del Ayuntamiento de Almuñécar, y ello supone engrosar los presupuestos municipales en una cantidad importante que está sin cuantificar. De ahí la necesidad de un informe de Intervención que analice los gastos actuales en recaudación y los gastos futuros a que habremos de hacer frente sumando la factura de la nueva empresa y los medios tecnicos y personales del ayuntamiento para desempeñar todas aquellas tareas que la legislación reserva a los funcionarios.

 A  mi entender, el coste añadido de estas tareas superaría con creces el supuesto ahorro que conllevaría la privatización de servicios que pretende el Ayuntamiento de Almuñécar. Con ese informe delante, los concejales habríamos sabido efectivamente el coste actual y el coste futuro de la recaudación, lo que nos habría permitido votar con más elementos de juicio.

 Por eso insisto en que se ha incumplido con varios preceptos legislativos, y concluyo señalando la falta de respeto, en este caso, a la LRHL, que en su artículo 204, dice que A la Intervención de las entidades locales le corresponde llevar y desarrollar la contabilidad financiera y el seguimiento, en términos financieros, de la ejecución de los presupuestos de acuerdo con las normas generales y las dictadas por el Pleno de la corporación.

 En el 205 incluye entre los fines de la contabilidad pública local el de i) Rendir la información económica y financiera que sea necesaria para la toma de decisiones, tanto en el orden político como en el de gestión.

 Igualmente, el artículo 214 establece que 1.La función interventora tendrá por objeto fiscalizar todos los actos de las entidades locales y de sus organismos autónomos que den lugar al reconocimiento y liquidación de derechos y obligaciones o gastos de contenido económico, los ingresos y pagos que de aquéllos se deriven, y la recaudación, inversión y aplicación, en general, de los caudales públicos administrados, con el fin de que la gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso.

2. El ejercicio de la expresada función comprenderá:

a) La intervención crítica o previa de todo acto, documento o expediente susceptible de producir derechos u obligaciones de contenido económico o movimiento de fondos de valores.

 El pliego privatiza una gestión pública

La pretensión de adjudicar a una empresa privada tareas propias de la Administración, supone un incumplimiento flagrante de las potestades y garantías que la legislación reserva a la administración. El art. 85 de la LBRL dice en su punto tercero que ‘En ningún caso podrán prestarse por gestión indirecta ni mediante sociedad mercantil de capital social exclusivamente local los servicios públicos que impliquen ejercicio de autoridad'.

 Protección de datos tributarios

No se pueden ceder a una empresa privada los datos tributarios, fiscales, económicos, bancarios o  personales. La LPD determina que los datos antes aludidos sólo podrán ser cedidos a un tercero previa autorización expresa del interesado. El pliego de condiciones prevé que la adjudicataria deberá guardar el sigilo y confidencialidad de los datos que maneje, como no podía ser de otra manera. Ahora bien, no se ha dispuesto que deba comunicarse debidamente a todos y cada uno de los contribuyentes la notificación para que de forma expresa y sin lugar a dudas autoricen ceder sus datos a una empresa privada.

 Más concluyente aún es la Ley General Tributaria, que en su artículo 95 enumera supuestos casos en los que es lícita la cesión de datos tributarios. Entre ellos incluye:

j) La colaboración con órganos o entidades de derecho público encargados de la recaudación de recursos públicos no tributarios para la correcta identificación de los obligados al pago.

k) La colaboración con las Administraciones públicas para el desarrollo de sus funciones, previa autorización de los obligados tributarios a que se refieran los datos suministrados.

 En ningún caso se contempla como posible la cesión de tales datos a entidades privadas. Asimismo, el mismo artículo, en su apartado 3, establece las cautelas necesarias:

3. La Administración tributaria adoptará las medidas necesarias para garantizar la confidencialidad de la información tributaria y su uso adecuado. Cuantas autoridades o funcionarios tengan conocimiento de estos datos, informes o antecedentes estarán obligados al más estricto y completo sigilo respecto de ellos, salvo en los casos citados. Con independencia de las responsabilidades penales o civiles que pudieran derivarse, la infracción de este particular deber de sigilo se considerará siempre falta disciplinaria muy grave.

 Por ello, solicito que se acepten estas alegaciones y se anule el pliego de condiciones aprobado.

Almuñécar, 3-10-08

IU y CGT recurren la privatización del servicio de recaudación de Almuñécar

Izquierda Unida de Almuñécar y el sindicato Confederación General del Trabajo, por medio de sus representantes, han presentado hoy viernes un recurso de reposición contra el pliego de condiciones para la privatización del servicio de recaudación de impuestos de Almuñécar. Este pliego fue publicado en el BOP del pasado 4 de Septiembre. Asimismo, el grupo municipal de IU ha presentado alegaciones al pliego.

Nuevamente el Ayuntamiento de Almuñécar, con los únicos votos favorables de Convergencia Andaluza y del Partido Popular, pretende privatizar un servicio que por su naturaleza es un servicio público reservado únicamente a empleados públicos.

El detonante de esta situación, según se refleja en la denuncia, es la sustitución del jefe de la oficina local de la Apat en Almuñécar. Así se desprende de la carta que dirigió el Alcalde de Almuñécar al Presidente de la Diputación de Granada, en la que le instaba a anular la sustitución del jefe de la oficina local de la Apat, ya que en caso contrario el convenio de servicios tributarios con la Diputación Provincial se vería afectado.

La intención del Ayuntamiento de Almuñécar en ninguna manera va a redundar en beneficio del bien común ya que no se trata de una propuesta de mejora basada en unos informes negativos sobre la situación anterior. Es más, todas las declaraciones de los responsables políticos y técnicos, anteriores a la remodelación de las jefaturas en las distintas oficinas de la Apat, coincidían en valorar como muy positivo el convenio entre el ayuntamiento y la Diputación, destacando el elevado nivel de recaudación alcanzado en los últimos años.

El pliego de condiciones técnicas para adjudicar la recaudación enmascara la privatización de una función administrativa, exclusiva de la Administración, algo que figura claramente establecido en la legislación española. Los recurrentes señalan que la legislación establece con claridad que solo los funcionarios pueden realizar este tipo de tareas.

El recurso insiste en que a pesar de que se ha solicitado reiteradamente, el acuerdo del Pleno se tomó sin el necesario Informe de la Intervención y sin un Informe Jurídico de Secretaría.

Por otro lado, los recursos de CGT y de IU señalan el perjuicio económico para las arcas municipales de la decisión adoptada. Lo llamativo de la pretensión del Ayuntamiento de Almuñécar es que va a adjudicar a una empresa privada la "colaboración" en materia tributaria. Por el desempeño de esas tareas, esa empresa privada va a percibir más de 450.000 euros y, paralelamente, el Ayuntamiento va a tener que montar un departamento con funcionarios municipales para todas las tareas que requieren el ejercicio de autoridad y un sin fin de tareas va a suponer un grave perjuicio al erario público. El coste añadido de estas tareas superaría con creces el supuesto ahorro que conllevaría la privatización de servicios que pretende el Ayuntamiento de Almuñécar.

Según reconocen los recurrentes, esta es una conclusión subjetiva, tan subjetiva como la que han podido tener los señores concejales del Partido Popular y de Convergencia Andaluza, que han votado sin tener el informe financiero adecuado, pertinente, y exigible según ley, de los servicios técnicos de Intervención. Con ese informe delante, los concejales habrían sabido efectivamente del coste actual y del coste futuro de la recaudación, lo que les habría permitido votar con un conocimiento del que han carecido.

El recurso llama la atención igualmente sobre la excesiva duración del contrato, que hipotecaría el futuro de otras corporaciones. El convenio que se firme de acuerdo al pliego tendrá una duración de 15 años frente a los cuatro años que tenía el convenio con Diputación. Por cierto, que el último convenio lo firmó el Sr. González Montoro siendo alcalde, sin que parezcan suficientes las razones argumentadas por su partido para justificar el cambio.

El recurso también impugna que el pliego de condiciones prevé poner a disposición de una empresa privada los datos confidenciales de miles de contribuyentes sin pedirles conformidad a estos y sin prever qué pasaría en caso de la negativa por parte de los contribuyentes a que sus datos personales sean manejados por una empresa privada.

Según IU y CGT, tanto la Ley de Protección de datos como la legislación específica en materia tributaria establecen con claridad que no cabe ceder a una empresa privada los datos tributarios, fiscales, económicos, bancarios, personales o de cualquier índole.

El pliego de condiciones dispone que la adjudicataria deberá guardar el sigilo y confidencialidad de los datos que maneje, como no podía ser de otra manera. Ahora bien, no se ha dispuesto que deba comunicarse debidamente a todos y cada uno de los ciudadanos, contribuyentes, sujetos pasivos y demás personas o entidades, la notificación para que de forma expresa y sin lugar a dudas autoricen ceder sus datos a un tercero que es una empresa privada.

En cualquier caso, y aceptando como hipótesis la posibilidad de que esta cesión de datos pudiera hacerse, es obvio que tendría que hacerse con el consentimiento de los afectados, pero tampoco se ha determinado el coste de esta gestión, es decir, la notificación individual y expresa a todos los interesados, y, lo que es más importante, tampoco se han establecido las consecuencias o mecanismos ante la hipotética negativa de los interesados a que sus datos sean cedidos a una empresa privada.

Es por ello que IU y CGT han solicitado la nulidad del acuerdo. Para terminar, ambas organizaciones lamentan que la Diputación, hasta ahora, no haya hecho valer sus derechos y el respeto a la legalidad, recurriendo también la privatización de la recaudación.

Carretillas con visión de futuro

Hace un mes había decenas de carretillas muy bien pintadas en las que ponía FCC - Almuñécar. Estaban almacenadas en la planta de reciclaje de Alhendín. Pensaban que el PP iba a tragar a la primera. Han tenido que esperar sólo unos días.

Enmienda al punto Rescisión contrato de limpieza, RSU y otros

Esta es la enmienda que presentó IU en el pleno del martes para resolver el problema de la limpieza

Fermín Tejero Mesa, Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, en representación de la Asamblea Local de Almuñécar presenta, al amparo del Artículo 97.4 del ROFRJ, la siguiente Enmienda:

La situación de desencuentro entre la empresa concesionaria y el ayuntamiento ha llegado a un punto en que parece imposible mantener la concesión sin un perjuicio serio para el servicio y para los trabajadores de la empresa.

La imposición de una cantidad inusitada de multas desde septiembre de 2007 hasta la fecha es completamente irregular, al menos en el aspecto formal, de acuerdo al informe elaborado el 6 de septiembre por Urbalex a petición del ayuntamiento. El informe señala textualmente que ‘de lo anteriormente expuesto se desprende la procedencia de retrotraer las actuaciones y proceder a la tramitación del expediente conforme a lo anteriormente indicado'. Conviene recordar que estas mismas conclusiones, a las que no hizo caso el equipo de gobierno, ya habían sido indicadas por Urbalex en un anterior informe de 15 de abril de 2008. Es posible que esta actuación irregular del equipo de gobierno tenga consecuencias lesivas para las arcas municipales. Lo que sí es seguro es que ya la está teniendo para la economía de la empresa concesionaria y, por ende, para la economía de los trabajadores que han visto como los pagos de sus nóminas se retrasaban un mes tras otro.

El retraso en los pagos ordinarios, la imposición de multas por valor aproximado de 600.000 euros y el reconocimiento de un desequilibrio económico muy por debajo de la subida aplicada a la tasa de basura, han puesto a la empresa en una situación económica grave que le ha llevado a pedir la resolución del contrato.

En esta tesitura, por el bien de los trabajadores y por el buen desarrollo del servicio, y al margen de la valoración que pueda hacerse de la actuación de la empresa y del equipo de gobierno, parece sensato resolver el contrato lo antes posible respetando la legalidad.

La Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público, en su artículo 206 señala como casusas para la resolución de un contrato, entre otras, las siguientes:

c) el mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista

g) el incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales, calificadas como tales en los pliegos o en el contrato

h) las establecidas expresamente en el contrato.

El artículo 262, refiriéndose expresamente a los contratos de gestión de servicios públicos, indica como causas de resolución, además de las señaladas en el artículo 206, las siguientes:

b) el rescate del servicio por la Administración

c) la supresión del servicio por razones de interés público.

Asimismo, el artículo 261 contempla la posibilidad de, sin tener que rescindir el contrato, intervenir el servicio de manera temporal.

Por su parte, el Real Decreto 1098/2001, que regula el Reglamento General de la Ley de Contratos, establece en su artículo 109 que la resolución de un contrato ha de cumplir con los requisitos siguientes:

a) Audiencia del contratista por plazo de diez días naturales, en el caso de propuesta de oficio.

b) Audiencia, en el mismo plazo anterior, del avalista o asegurador si se propone la incautación de la garantía.

c) Informe del Servicio Jurídico, salvo en los casos previstos en los artículos 41 y 96 de la Ley.

d) Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma respectiva, cuando se formule oposición por parte del contratista.

Dado que el inicio de un expediente de resolución puede durar varios meses si no hay acuerdo con la empresa concesionaria, entendemos que la opción que permitiría resolver el contrato de manera inmediata sería acogernos al apartado c del artículo 206. La resolución por mutuo acuerdo es la forma habitual y menos traumática. Dadas las especiales circunstancias que se dan en el periodo del último año, con acusaciones mutuas de incumplimiento por parte de empresa y ayuntamiento, la resolución por mutuo acuerdo debería ir acompañada de un compromiso firmado para dirimir las diferencias económicas mediante arbitraje.

Si no hay acuerdo, el inicio de expediente de resolución no significa más que eso, inicio de expediente. Dado que el expediente se puede demorar varios meses en espera del preceptivo dictamen del Consejo Consultivo, parece poco aconsejable mantener la limpieza en manos de una empresa que ya ha perdido interés en prestar el servicio.

Pero, por otro lado, a falta de un informe jurídico que se ha reclamado por escrito y que debería orientar la decisión del Pleno, entendemos que, en tanto ese expediente no se resuelve, sería de dudosa legalidad adjudicar el servicio a otra empresa. Sorprende que el Pleno discuta este punto por segunda vez sin disponer de un informe jurídico que respalde la legalidad de las propuestas presentadas por el equipo de gobierno, y ello a pesar de que la resolución que ya se discutió hace casi un mes en la Comisión de Compras, señalaba en su punto tercero la necesidad de solicitar informe de los servicios municipales sobre las alegaciones presentadas y, asimismo, que se realice informe de las Servicios Jurídicos (Secretaría). Una reclamación judicial de la actual concesionaria, en caso de ser estimada, generaría un perjuicio grave para las arcas municipales y, posiblemente, otros problemas complejos de índole laboral. 

En caso de no ser posible la resolución de mutuo acuerdo, y dados los problemas jurídicos que, a nuestro juicio, tiene la opción de adjudicar el contrato a una segunda empresa, creemos como más razonable defender el rescate del servicio por la Administración de acuerdo al artículo 262, por dos razones: la primera, porque esta opción permite, a partir del día siguiente al acuerdo plenario, que el servicio se preste de manera normalizada y completamente legal; la segunda, porque el servicio a cargo de la Administración es una garantía de que los trabajadores van a cobrar puntualmente de acuerdo al convenio y el servicio puede mejorar con un control directo por parte de los responsables municipales.

En consecuencia, IU propone al Pleno modificar el dictamen en el siguiente sentido:

1. El Pleno mandata al alcalde para gestionar en el plazo improrrogable de dos días, de acuerdo al artículo 206 de la Ley de Contratos, la resolución de mutuo acuerdo entre ayuntamiento y empresa.

2. Como medida subsidiaria en caso de no llegarse a la resolución del contrato por muto acuerdo, el Pleno acuerda el rescate del servicio en base al artículo 262 de la Ley de Contratos. El rescate del servicio entrará en vigor de forma automática el 3 de octubre.

3. En cualquiera de los casos, acuerdo mutuo o rescate del servicio, el ayuntamiento se hará cargo de la gestión del servicio de acuerdo a la normativa vigente en materia de sucesión de empresas respetando todos los derechos de los trabajadores (antigüedad, jornada, salario, categoría, etc). Las relaciones laborales de este colectivo se regirán por el convenio provincial de limpieza y recogida de residuos sólidos urbanos.

4. De haber algún impedimento legal para cumplir el punto tercero se aplicara el Art. 261, de la Ley 30/2007, que permite intervenir el servicio de manera temporal.

Benavides consigue de nuevo los votos del PP

El Pleno de hoy ha enmendado el acuerdo del anterior. Se ha decidido, con los votos de Convergencia y PP, quitar la concesión de la limpieza a la empresa Servicios Integrales El Mirlo y dársela a Fomento de Contratas y Construcciones, la misma que debe más de dos mil euros a cada trabajador de los vertederos, la misma que está incumpliendo el acuerdo que puso fin hace unos meses a la huelga de 53 días de los trabajadores de los vertederos.

La votación del Pleno ha vuelto a reproducir algo que ya se ha convertido en habitual. Cuando los grupos de la oposición mantienen posturas discordantes con el equipo de gobierno (algo que debería ser habitual), Benavides sólo tiene que hacer un par de llamadas y esperar una semana para que el tema se reconduzca.

En estas circunstancias, ¿para qué quiere Benavides un pacto formal si ya lo tiene de hecho?

En nombre de la asamblea de IU, Fermín ha pedido que, una vez consumada la ruptura con El Mirlo, los trabajadores y la gestión del servicio pasaran a depender directamente del ayuntamiento. Esta propuesta sólo ha contado con el apoyo del PA. De nuevo el PSOE ha demostrado que las empresas públicas no son lo suyo.

Esperamos que la decisión adoptada por el Pleno no sea una fuente inagotable de problemas a medio plazo. Fermín Tejero, concejal de IU, ha advertido de la irresponsabilidad de tomar un acuerdo de estas características sin tener informe jurídico que avale la legalidad de la decisión. Recordemos que lo que se ha aprobado hoy es, sencillamente, romper un contrato con una empresa y firmarlo con otra sin seguir los procedimientos legales.

Y ahora, a esperar un plazo prudencial para comprobar si es verdad que los trabajdores cobran puntualmente y de acuerdo al convenio sin que el ayuntamiento suba su aportación a la empresa, si es verdad que estos mismos trabajadores, con estos mismos camiones y estas mismas escobas van a dejar el pueblo más limpio que antes, si es verdad que todo el problema estaba en que el dueño del Mirlo era un incompetente y un indigno.

La moneda, el crédito y el capital financiero

José Luis Fiori

Sin Permiso

"Todas las monedas son símbolos, y su peso o composición no tiene mayor importancia. Lo que de hecho importa es el nombre o el poder de quien la emite". Mitchell Innes, What is money, Banking Law Journal 1913, mayo, p. 32

Para sorpresa de los ideólogos, los Estados Unidos acaban de dar una clase, corta, sintética y brillante, sobre la naturaleza del capitalismo y sobre el funcionamiento de sus mercados. Con pocas palabras, el gobierno norteamericano anunció, en esta última semana, la estatización de las dos mayores empresas de financiamiento hipotecario de los Estados Unidos – la Fannie Mae y la Freddie Mac – creadas por el Estado norteamericano, en 1938 y 1970, y después privatizadas, con el objetivo de disminuir los gastos públicos y aumentar la competencia sectorial. Al anunciar su decisión, el secretario del Tesoro norteamericano prometió inyectar hasta 200 mil millones de dólares de los contribuyentes, en las dos empresas que controlan la mitad del mercado de las hipotecas en los Estados Unidos, estimado en 12 billones de dólares. Pero no es sólo esto: en los últimos meses, la Fed (Reserva Federal) financió la compra del Bear Stearns por el J.P. Morgan; creó una nueva línea de financiamiento para firmas externas del sector bancario; y puso a sus "inspectores" a controlar los bancos de inversión. Mientras tanto el Congreso norteamericano aprobaba, el pasado 30 de julio, la Ley para la "Recuperación de la Economía y el Sector Inmobiliario", y discutía una nueva reglamentación rigurosa y detallada del mercado financiero norteamericano, Y ahora, más recientemente, el ex presidente de la Fed, Alan Greenspan, propuso directamente la creación de una nueva agencia estatal de análisis de riesgo de las empresas privadas. O sea, de todos lados está llegando la misma señal: como dice el diario Financial Times: "en el conflicto perenne entre la política y el mercado, no hay duda, que en este momento, la política está ganando". (1)

En cuanto a esto, los analistas económicos se estrujan la cabeza hace más de un año, sin conseguir explicar la naturaleza, la extensión y el futuro de la crisis hipotecaria norteamericana. Tal vez porque todos comparten, de una forma u otra, la misma tesis del Financial Times: la idea equivocada de que existe un "conflicto perenne" entre la Política y el Mercado. A pesar de que la historia de la formación de los mercados y del capitalismo, apunte en la dirección opuesta, de una solidaridad esencial y originaria entre el poder, el mercado y los capitales privados. Una historia que comienza a mediados del Siglo XIV, con el poder arbitrario de los príncipes que definían de forma soberana el valor de los tributos que tenían que ser pagados por sus súbditos, y al mismo tiempo, definían el valor de la moneda que acuñaban para el pago de sus propios tributos. Asimismo cuando circulaban otras monedas y títulos privados, dentro de su "principado", ellos siempre eran referidos, en última instancia, al valor de la moneda soberana. Este "circuito" inicial se complicó con la expansión de las guerras y la necesidad de los príncipes a recurrir al endeudamiento, creando la deuda pública negociada por los comerciantes-banqueros, en un mercado cada vez más extenso de títulos y monedas. Fue así que nació el capital financiero a través del señoreaje entre las monedas y títulos de las unidades soberanas del mundo Medieval.

El paso siguiente de esta historia ocurrió en los Siglos XVII y XVIII, con el nacimiento de los primeros estados nacionales, y con la "revolución financiera" que cambió el rostro del capitalismo europeo. Esta revolución comenzó en Holanda, en el siglo XVII y se completó en Inglaterra en el Siglo XVIII. Los dos países centralizaron sus sistemas de tributación y crearon bancos públicos responsables de la administración conjunta de la deuda soberana, en la forma de un bono del Estado, y de la deuda privada, en la forma de letras de cambio, que se transforman en la base de un sistema de crédito cada vez más elástico, creativo y diversificado, aunque siempre referido, en última instancia, a la moneda de cuenta nacional. Y no hay duda que la fusión entre esta nueva finanza holandesa e inglesa, a partir de 1689, tuvo un papel decisivo en el fortalecimiento de la victoria colonial de Inglaterra y en la proyección internacional de la moneda inglesa, la Libra, que fue hegemónica en todo el mundo hasta su "casi-fusión" con el Dólar norteamericano, durante el Siglo XX. En una especie de sucesión de "hereditaria", que partió de Holanda y de Inglaterra y se prolongó en los Estados Unidos, manteniendo la supremacía monetario-financiera anglo-sajona, incuestionable durante los cuatro siglos de historia de este sistema mundial, que fue creado a partir de la expansión política y económica de Europa.

Durante el período en que la "moneda internacional" tuvo una base metálica, la Libra y el Dólar también tuvieron una restricción financiera intraspasable, impuesta por la necesidad del equilibrio del Balance de Pagos del país emisor de la moneda de referencia. Pero después del fin del Sistema de Bretton Woods, en 1973, esta restricción desapareció con el nuevo sistema monetario internacional "dólar-flexible", que no tiene ningún tipo de patrón metálico de referencia. En este sentido, se puede decir que hubo una nueva "revolución financiera" – en la década de 1980 – que provocó una especia de retorno a los orígenes de la relación entre el poder, la moneda y el crédito. Los Estados Unidos volvieron a definir, de manera soberana y aislada, el valor de su moneda, pese a que ella ya era la moneda internacional, y también el valor de sus títulos de la deuda pública, no obstante de que ellos se habían transformado en la base de referencia de la propia moneda. Además de esto, el gobierno norteamericano desreguló sus mercados financieros, y con ello liberó la expansión casi infinitamente elástica del crédito, lejos del mundo de las mercancías y del "valor-trabajo", y limitado apenas por la capacidad de tributación y endeudamiento del propio Estado norteamericano, que todavía es un poder en expansión y que gana más poder con el fortalecimiento de su crédito internacional y de su capital financiero.  En este sistema, por lo tanto, no existe un "conflicto perenne" entre la política y el mercado, como piensa la teoría económica convencional. Lo que existe y siempre existió es una "memorable alianza" entre el poder y las finanzas, que estuvo en el origen del capitalismo y del "milagro europeo", según Max Weber, y que sigue moviendo la frontera expansiva del sistema inter-estatal capitalista en este inicio del Siglo XXI.


(1) Plender, J. en Financial Times, 21 de agosto de 2008

 José Luis Fiori, profesor de economía y ciencia política en la Universidad pública de Río de Janeiro, es miembro del Consejo Editorial de SINPERMISO.

La crisis del siglo

Ignacio Ramonet

Le Monde Diplomatique

Los terremotos que sacudieron las Bolsas durante el pasado «septiembre negro» han precipitado el fin de una era del capitalismo. La arquitectura financiera internacional se ha tambaleado. Y el riesgo sistémico permanece. Nada volverá a ser como antes. Regresa el Estado.

El desplome de Wall Street es comparable, en la esfera financiera, a lo que representó, en el ámbito geopolítico, la caída del muro de Berlín. Un cambio de mundo y un giro copernicano. Lo afirma Paul Samuelson, premio Nobel de economía : «Esta debacle es para el capitalismo lo que la caída de la URSS fue para el comunismo.» Se termina el período abierto en 1981 con la fórmula de Ronald Reagan: «El Estado no es la solución, es el problema.» Durante treinta años, los fundamentalistas del mercado repitieron que éste siempre tenía razón, que la globalización era sinónimo de felicidad, y que el capitalismo financiero edificaba el paraíso terrenal para todos. Se equivocaron.

La «edad de oro» de Wall Street se acabó. Y también una etapa de exuberancia y despilfarro representada por una aristocracia de banqueros de inversión, «amos del universo» denunciados por Tom Wolfe en La Hoguera de las vanidades (1987). Poseídos por una lógica de rentabilidad a corto plazo. Por la búsqueda de beneficios exorbitantes.

Dispuestos a todo para sacar ganancias: ventas en corto abusivas, manipulaciones, invención de instrumentos opacos, titulización de activos, contratos de cobertura de riesgos, hedge funds… La fiebre del provecho fácil se contagió a todo el planeta. Los mercados se sobrecalentaron, alimentados por un exceso de financiación que facilitó el alza de los precios.

La globalización condujo la economía mundial a tomar la forma de una economía de papel, virtual, inmaterial. La esfera financiera llegó a representar más de 250 billones de euros, o sea seis veces el montante de la riqueza real mundial. Y de golpe, esa gigantesca «burbuja» reventó. El desastre es de dimensiones apocalípticas. Más de 200 mil millones de euros se han esfumado. La banca de inversión ha sido borrada del mapa. Las cinco mayores entidades se desmoronaron: Lehman Brothers en bancarrota; Bear Stearns comprado, con la ayuda de la Reserva Federal (Fed), por Morgan Chase; Merril Lynch adquirido por Bank of America; y los dos últimos, Goldman Sachs y Morgan Stanley (en parte comprado por el japonés Mitsubishi UFJ), reconvertidos en simples bancos comerciales.

Toda la cadena de funcionamiento del aparato financiero ha colapsado. No sólo la banca de inversión, sino los bancos centrales, los sistemas de regulación, los bancos comerciales, las cajas de ahorros, las compañías de seguros, las agencias de calificación de riesgos (Standard&Poors, Moody’s, Fitch) y hasta las auditorías contables (Deloitte, Ernst&Young, PwC).

El naufragio no puede sorprender a nadie. El escándalo de las «hipotecas basura» era sabido de todos. Igual que el exceso de liquidez orientado a la especulación, y la explosión delirante de los precios de la vivienda. Todo esto ha sido denunciado –en estas columnas – desde hace tiempo. Sin que nadie se inmutase. Porque el crimen beneficiaba a muchos. Y se siguió afirmando que la empresa privada y el mercado lo arreglaban todo.

La administración del Presidente George W. Bush ha tenido que renegar de ese principio y recurrir, masivamente, a la intervención del Estado. Las principales entidades de crédito inmobiliario, Fannie Mae y Freddy Mac, han sido nacionalizadas. También lo ha sido el American International Group (AIG), la mayor compañia de seguros del mundo. Y el Secretario del Tesoro, Henry Paulson (expresidente de la banca Goldman Sachs…) ha propuesto un plan de rescate de las acciones «tóxicas» procedentes de las «hipotecas basura» (subprime) por un valor de unos 500 mil millones de euros, que también adelantará el Estado, o sea los contribuyentes.

Prueba del fracaso del sistema, estas intervenciones del Estado –las mayores, en volumen, de la historia económica- demuestran que los mercados no son capaces de regularse por sí mismos. Se han autodestruido por su propia voracidad. Además, se confirma una ley del cinismo neoliberal: se privatizan los beneficios pero se socializan las pérdidas. Se hace pagar a los pobres las excentricidades irracionales de los banqueros, y se les amenaza, en caso de que se nieguen a pagar, con empobrecerlos aún más.

Las autoridades norteamericanas acuden al rescate de los «banksters» («banquero gangster») a expensas de los ciudadanos. Hace unos meses, el Presidente Bush se negó a firmar una ley que ofrecía una cobertura médica a nueve millones de niños pobres por un costo de 4 mil millones de euros. Lo consideró un gasto inutil. Ahora, para salvar a los rufianes de Wall Street nada le parece suficiente. Socialismo para los ricos, y capitalismo salvaje para los pobres.

Este desastre ocurre en un momento de vacío teórico de las izquierdas. Las cuales no tienen «plan B» para sacar provecho del descalabro. En particular las de Europa, agarrotadas por el choque de la crisis. Cuando sería tiempo de refundación y de audacia.

¿Cuanto durará la crisis? «Veinte años si tenemos suerte, o menos de diez si las autoridades actúan con mano firme.» vaticina el editorialista neoliberal Martin Wolf (1). Si existiese una lógica política, este contexto debería favorecer la elección del demócrata Barack Obama (si no es asesinado) a la presidencia de Estados Unidos el 4 de noviembre próximo. Es probable que, como Franklin D. Roosevelt en 1930, el joven Presidente lance un nuevo «New Deal» basado en un neokeynesianismo que confirmará el retorno del Estado en la esfera económica. Y aportará por fin mayor justicia social a los ciudadanos. Se irá hacia un nuevo Bretton Woods. La etapa más salvaje e irracional de la globalización neoliberal habrá terminado.

Nota 1) Financial Times, Londres, 23 de septiembre de 2008

Orihuela: Izquierda Unida se opone a la implantación de aparcamientos regulados en el centro urbano

Izquierda Unida de Orihuela expresa su más profundo rechazo a la zona azul planteada por el PP y que se aprobará en el Pleno de hoy.

Para la formación esta medida es «una mercantilización de la vía pública, un añadido al impuesto de circulación ya existente» y expresa la intención de que se implanta «con un propósito meramente recaudatorio». Asimismo recuerda que un ejemplo de esto es la nueva disposición de los aparcamientos en muchas calles del casco urbano, donde antes se aparcaba de manera paralela a la acera, ahora se hace en batería. Según Izquierda Unida de Orihuela, la Ordenanza de Regulación de Aparcamientos, la ORA «ocasionará un grave perjuicio a los vecinos y trabajadores de las zonas donde se implante», que será en una gran parte del centro urbano, calles Jose Antonio, Obispo Rocamora, San Pascual, Teodomiro y Plaza Santa Lucía.

El colectivo de izquierdas dice que estos vecinos y trabajadores debido al límite de dos horas, deberán buscar aparcamiento en las zonas donde no existan los parquímetros lo que trasladará el problema de aparcamiento a otras calles en lugar de solucionarlo».

Para IU la solución pasa por la creación de aparcamientos disuasorios gratuitos a las afueras de la ciudad, en zonas como el nuevo recinto ferial de Los Huertos y en la carretera de Arneva.

A instancia de IU, el ayuntamiento de Albacete retira la medalla de oro de la ciudad a Franco

La moción de IU incluye también la adopción de medidas destinadas a la colaboración con las instancias judiciales para la localización, identificación y exhumación de víctimas de la guerra civil y la dictadura

Con los votos a favor de Izquierda Unida y de los concejales socialistas y la abstención del Partido Popular ha sido aprobada la moción que presentó IU solicitando la retirada de la medalla de oro de la ciudad a Francisco Franco y la adopción de otras medidas destinadas a reparar moralmente a las víctimas de la sublevación militar, la guerra civil y la dictadura. La distinción al dictador se aprobó por acuerdo plenario en la sesión celebrada el 26 de abril de 1945 y se le entregó en una visita a la capital manchega, en marzo de 1946.

Ante la objeción del PP de que era una cuestión del pasado que no importaba a nadie, Gualda contestó que “es cierto que a ningún albaceteño le quita el sueño la medalla de oro de Franco, pero le aseguro que a todos los albaceteños que tienen arraigadas convicciones democráticas nos repugna profundamente esta distinción”.

Respecto a las medidas relativas a la colaboración con instancias judiciales y la localización, identificación y exhumación de víctimas de la guerra y la represión franquista, la concejala de IU, Rosario Gualda ha defendido la moción expresando “que se trataba de una cuestión del cumplimiento de la ley y de decencia. Los populares se abstienen de ambas. Estos son los demócratas del PP, que se declaran insumisos de las leyes que no les gustan”.

Gualda ha lamentado la postura del PP, al considerar que “aplican una vez más la ley del embudo, ancho para ellos y estrecho para los demás”. La portavoz de IU ha utilizado en su exposición las normativas aprobadas por el régimen franquista en los años 1939 y 1946 en la que se articulaban las exacciones para las inhumaciones, exhumaciones y traslado de cadáveres “víctimas de la barbarie roja o muerta en el frente”, o la prórroga del periodo para enterramientos temporales “cuando se trate de caídos en nuestra guerra de liberación, como si sucumbieron asesinados o ejecutados por las hordas marxistas”

Además la concejala de IU hizo mención a medidas adoptadas más recientemente como la del entonces ministro de Defensa del PP, Sr. Trillo, cuando en 1996 firmó un acuerdo con una asociación para recuperar, localizar e inhumar a los caídos de la División Azul que murieron en territorio de la antigua URSS en la IIª guerra mundial.

“Hoy todavía hay miles de hombres y mujeres cuyos familiares aún no saben donde están enterrados y no pueden darles un entierro y descanso digno, siendo un agravio histórico con aquellos que se beneficiaron de las órdenes emanadas por el gobierno golpista”, dijo la edil de IU.

El libro que escandalizó a la derecha española, cedido íntegro a Rebelion.org por losautores y la editorial Akal

"Educación para la ciudadanía", de Carlos Fernández Liria, Pedro Fernández Liria, Luis Alegre Zahonero e ilustrado por Miguel Brieva, ha sido el libro que ha escandalizado a la derecha española el último año.

A principios del siglo XXI, en la España 'democrática', un partido 'socialista' está a punto de aprobar una asignatura que en la precarizada educación pública pretende 'concienciar', 'animar' a los futuros ciudadanos a la 'participación democrática', en un contexto nacional e internacional cada vez más degradado por la voracidad capitalista.

Este ensayo es un tremendo contraataque a tamaña farsa. Ofrece un profundo análisis, aunque expresado con llaneza y claridad, en torno a conceptos sociales y éticos tan importantes como la Ciudadanía, la Democracia, la Libertad (pública e individual), el Derecho, la Ley... desde los orígenes del debate en la Grecia clásica, pasando por la Ilustración hasta el convulso siglo XX.

El resultado de esta revisión es demoledor: la grandeza de los planteamientos teóricos en los momentos cumbres del discurrir filosófico y político de la Historia de Occidente -la Gracia clásica, la Revolución francesa, las democracias modernas- resulta inversamente proporcional a la miseria, la injusticia, la violencia, la mezquindad y el horror humanos que han caracterizado en el plano 'práctico', a ras de tierra, en todo tiempo y lugar a las sociedades humanas; con una virulencia sin límites en el Capitalismo brutal del último siglo y las cómplices democracias occidentales.

La obra revela con datos precisos, directos y sin miramientos políticamente correctos, las principales estrategias de las mal llamadas democracias modernas para perpetuar el desequilibrio; cómo cada intento revolucionario de las sociedades para cambiar el sistema neoliberal capitalista e instaurar otros modelos más justos (comunismo y anarquismo) ha sido violentamente reducido por los mismos estados adalides de la Democracia internacional -se atiende a los casos de Cuba y el cono sur latinoamericano, la URSS, la España de principios de siglo, la China maoísta, etc-.

Asimismo se defienden con contundencia los actuales y 'vivos' intentos revolucionarios en América latina. Los autores realizan un esfuerzo poco usual por manejar materias en principio tan densas y 'adultas' del modo más accesible e incluso atractivo para cualquier adolescente medio.

Las geniales y corrosivas ilustraciones de Miguel Brieva constituyen un pilar fundamental para la obra, que adquiere una riqueza y calado crítico indispensable para las nuevas generaciones de cualquier democracia actual.

Educación para la ciudadanía. Primera parte

Educación para la ciudadanía. Segunda parte

"Educación para la Ciudadanía", de Pedro Fernández Liria, Luis Alegre Zahonero, Miguel Brieva y Carlos Fernández Liria. Editorial Akal. www.akal.com

¿Será verdad que van a cerrar todos los pubs y discotecas de los Bajos?

Vamos a esperar un tiempo y comprobaremos si este acuerdo de la Junta de Gobierno del 22 de septiembre se cumple.

   5.- Se da cuenta de informe del Agente 1013, en relación con el expediente 729/2008 del Servicio de Actividades en referencia al mantenimiento de las puertas y ventanas cerradas y el horario de cierre de los distintos establecimientos dedicados a Pubs y Discotecas en la zona de los bajos del Paseo del Altillo y Plaza de los Fenicios, realizándose un seguimiento durante la semana comprendida entre el 15 y el 20 de septiembre de 2008, observándose el respeto en cuanto al horario de cierre de todos los establecimientos y todos los días, a excepción del sábado, que cuando la patrulla ha pasado para comprobarlo todos los pubs de los bajos del Fenicio y los de la zona del Paseo del Altillo estaban abiertos al público y funcionando a las 4,15 horas.

   La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes, acordó:

1) Ordenar el cese en la actividad a dichos establecimientos, dándose traslado al servicio de actividades y policía local para su efectividad.

2)  Dar traslado al servicio de actividades a los efectos de inicio de los procedimientos pertinentes.

Un carril bici en San Cristóbal )¿donde?)

El nombre es más largo que el carril que pretende hacer nuestro ayuntamiento en San Cristóbal. Según la Junta de Gobierno del 22, vamos a pedir una subvención para hacer un carril bici que va a costar más de diez kilos. Un poco carillo. Este es el acta, falta de ortografía incluida:

   13º.- SUBVENCIÓN PROGRAMA DE MOBILIDAD SOSTENIBLE 2008.- Por la Delegada Municipal de Seguridad Ciudadana, se da cuenta de Orden FOM/2388/2008 de 24 de Julio del Ministerio de Fomento que regula la concesión de subvenciones para proyectos que promuevan la movilidad sostenible en ámbitos urbanos y metropolitanos. 

   Se va a presentar solicitud subvención para sufragar los gastos construcción de la 1ª Fase de un carril bici denominado Transalmuñécar en la Playa San Cristóbal con una longitud de 1,22 Km y un ancho de 2,5 m.

   El presupuesto del proyecto esta fijado es 63.154€ y se va a solicitar ayuda por importe de 37.892€ (60%)