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Almuñécar contra la corrupción

Problemas para el parking Leo

Según se desprende del acta de la Junta de Gobierno del 22 de septiembre, el dueño del Parking Leo va a tener importantes dolores de cabeza en breve. Ignoramos los motivos reales de esta situación. Si alguien los conoce y quiere informarnos mediante un comentario, se lo agradeceríamos.

   2.- Se da cuenta de informe del Inspector del Área Municipal de Medio Ambiente sobre intento realizado para hacer inspección que se le había ordenado en el aparcamiento situado bajo el Mercado Municipal, del que es titular Parking Leo, S.L., representado por D. Rafael Álvarez Romero, y que pretendía dar cumplimiento a la resolución de la J.G.L. de 26 de mayo de 2008. Que tras presentarse como inspector municipal, notificó verbalmente al encargado que iba a hacer la inspección ordenada a lo que obtuvo la negativa del representante de la empresa, diciendo: “yo no quiero que tú hagas ninguna inspección porque esta es mi casa”. Que llamó a la Policía Local con el objeto de que le auxiliara a los efectos de identificar a quien estaba impidiendo la labor inspectora. Que una vez realizada la identificación se comprobó que se trataba del individuo ya mencionado anteriormente, y tuvo que marcharse a realizar el resto de su trabajo en otros puntos de Almuñécar.

   La JGL, por unanimidad de los asistentes, acordó:

1) Que por los Servicios Técnicos Municipales se realicen los oportunos informes sobre el estado de seguridad y mantenimiento de las instalaciones, así como su correcta disposición y su adecuación a la normativa vigente al respecto.

2)Que si de estos informes se desprendiera la existencia de deficiencias que pudieran culminar con la puesta en peligro de la integridad física de personas en dichas instalaciones, o de riesgo para ese espacio de titularidad municipal, se iniciarían los trámites de resolución del contrato y los de nueva adjudicación del servicio.

 

El camping de La Herradura sigue abierto

Aunque en los medios de comunicación apareció la noticia de que el ayuntamiento había cerrado el camping de La Herradura por carecer de licencia, el acta de la Junta de Gobierno Local del 22 de septiembre indica que el cierre no se llevó a cabo.

   2.- Se da cuenta de informe del Oficial 0-107 de la Policía Local, referente al precinto de las instalaciones del denominado Camping de Peña Parda, sita en Paseo Andrés Segovia de La Herradura, para hacer efectivo el Decreto de la Alcaldía nº 829/08, según el cual, no se pudo llevar a cabo dicho precinto por los motivos que expone en su escrito, habiéndose solicitado auxilio a la Subdelegación del Gobierno, quedando enterada la Junta de Gobierno Local.

IU pide un informe de la Secretaria sobre la rescisión del contrato con el Mirlo

IU pide un informe de la Secretaria sobre la rescisión del contrato con el Mirlo

Izquierda Unida, ante la convocatoria del Pleno en el que va a discutirse sobre la rescisión del contrato suscrito con la empresa Servicios Integrales el Mirlo para recogida de residuos sólidos, limpieza y otros servicios, considera de gran importancia la decisión que el Pleno pueda adoptar en torno a este tema. Dado que la empresa ha ofrecido abandonar de forma voluntaria el servicio, se presentan a los concejales dos alternativas ciertamente complejas como son la aceptación de esa retirada o el inicio de un expediente de rescisión.

 Al parecer, la propuesta del equipo de gobierno consiste en iniciar el expediente de rescisión y, sin esperar a que éste concluya, adjudicar el contrato a una nueva empresa. Esta decisión es de dudosa legalidad porque el contrato entre dos partes sólo se puede romper por mutuo acuerdo o una vez que concluyan los trámites necesarios del expediente. Es por ese motivo que IU defiende como más favorable para los intereses del municipio aceptar la propuesta de retirada de la empresa y dejar para un arbitraje posterior la resolución económica del conflicto entre ambas partes.

 Si se rescinde el contrato de forma unilateral por el ayuntamiento antes de la finalización del expediente, podríamos encontrarnos con problemas económicos, jurídicos y sindicales de importancia en caso de que la empresa recurra y gane.

 El escrito presentado por el concejal de IU el 26 de septiembre a las 19 horas en el Registro del Ayuntamiento indica textualmente que ‘La adopción de una decisión u otra puede tener, a mi juicio, importantes consecuencias económicas, aparte de la repercusión lógica en la calidad de la prestación concreta del servicio. Por ello, creo necesario que, antes de su pronunciamiento, y para que la decisión sea lo más beneficiosa posible para el interés general del municipio, los concejales tengan un Informe de Secretaría que aclare las implicaciones legales y prácticas que pueden tener las dos opciones siguientes:

  1. Iniciar expediente de rescisión
  2. Aceptar la retirada propuesta por la empresa

En concreto, sería conveniente que el informe de Secretaría aclarase los siguientes extremos:

  • Duración aproximada de un expediente de rescisión
  • Posibilidad de contratar el servicio por decisión unilateral del ayuntamiento, incluso de manera provisional, con otra empresa en tanto se resuelve el expediente
  • Repercusiones económicas para el ayuntamiento de una u otra opción
  • Consecuencias prácticas de un hipotético informe negativo por parte del Consejo Consultivo

 En consecuencia, solicito que este informe de Secretaría sea entregado a los concejales antes de la celebración del Pleno para que la deliberación y toma de acuerdos se produzca con garantías y el más amplio conocimiento de las ventajas e inconvenientes de cada opción.'

Financiación autonómica: un debate con trampa neoliberal

Financiación autonómica: un debate con trampa neoliberal

Desde hace meses los ciudadanos contemplamos, yo creo que bastante atónitos, una puesta en escena verdaderamente lamentable entre las diversas comunidades autónomas. Casi todas contra todas, pugnan entre ellas para tratar de llevarse la mayor parte posible de la tarta de la financiación autonómica.

Además, al coincidir esa batalla con una crisis de tanta envergadura como la que vivimos los planteamientos se desdibujan, las reivindicaciones se radicalizan e incluso algunos generalmente lúcidos como Felipe González proponen que se retrase el asunto, olvidando que hay compromisos constitucionales y estatutarios que nunca es bueno que nazcan para ser incumplidos.

Lo más lamentable quizá sea que los argumentos tienden a territorializarse, olvidándose a menudo que la equidad, la solidaridad y la justicia más auténticas no son las que se dan o dejan de darse entre espacios sino entre personas. Y, sobre todo, que tal y como se está planteando el asunto es inevitable que todos veamos en el debate una contienda sin sentido del Estado, muy disgregadora y simplista.

Ahí está, por ejemplo, el desgraciado recurso de las balanzas fiscales, un instrumento de análisis que en sí mismo constituye una preclara expresión de lo imperfecto a la hora de evaluar la contribución de unos y otros, toda vez que, como foto fija que es, no permite nunca contemplar las realidades dinámicas, el peso de los factores históricos y, por supuesto, los idiosincráticos, las condiciones de entorno que unos han provocado sobre otros y que tanta importancia han tenido y siguen teniendo.

Pero lo que en mi opinión constituye el verdadero meollo de la cuestión es que el debate de la financiación autonómica se está planteando como un juego de suma cero que no puede resolverse sino en términos de ganadores y perdedores. Por eso estamos continuamente entrando en el discurso estúpido y peligroso de quién debe a quién, de quién se aprovecha del otro o de quién recibe más ayuda de los demás, es decir, en una espiral de juicios comparativos (como digo, generalmente a través de instrumentos de análisis bastante imperfectos y casi siempre concebidos ad hoc para demostrar lo que quiere ser demostrado) que no pueden crear sino sentimientos de insolidaridad y una suma de agravios entre comunidades que terminarán por erosionarnos a todos.

¿Y por qué me parece que este es un planteamiento falseado?

Lo que está ocurriendo es que las políticas económicas neoliberales que se vienen aplicando orientadas a controlar el gasto y especialmente el social están provocando un continuo deterioro en el fondo de recursos que las comunidades necesitan para afrontar la consolidación de un auténtico estado de bienestar en España.

La trampa del debate sobre la financiación autonómica, su falseamiento, consiste en que se obliga a las comunidades a luchar por el reparto de fondos insuficientes cuando lo que se precisa sería un aumento sustancial del tamaño de la tarta.

Esa es la cuestión. Los gobiernos vienen reduciendo el porcentaje del gasto social sobre el PIB español desde 1993, lo que significa que en lugar de converger con la Europa avanzada, se incrementa nuestro déficit social. Ni siquiera con el gobierno de Zapatero se ha logrado romper de modo sustantivo la tendencia que ya inició el último de Felipe González (en parte por la crisis de 1992 y en parte por el peso de las corrientes más liberales dentro del PSOE) y que se exacerbó de modo extraordinario en el mandato de Aznar.

Aunque Zapatero ha manifestado su voluntad de romper la tendencia anterior, la realidad es que su supeditación a un dogma tan reaccionario, injustificado, sin base científica y socialmente tan dañino como el de la estabilidad presupuestaria, le está impidiendo conseguir que las series estadísticas cambien como sería necesario para acercarnos a los estándares europeos.

Estamos entrando en un pelea de vecinos entre las comunidades no porque éstas sean insolidarias, o porque nuestro estado de las autonomías sea intrínsecamente perverso. No es por eso. Lo que está provocando esta situación es la insistencia en una política de gasto público antisocial e insuficiente que beneficia a los ricos (de unas comunidades y de otras) y que perjudica a los pobres (de unas comunidades y de otras).

Los dirigentes socialistas que están gobernando deberían tener la inteligencia de abordar el asunto con realismo y el valor para enfrentarse a dogmas sin fundamento científico, sin rigor y sin efectos positivos contrastados sobre la estabilidad económica y el bienestar. Ahí está la crisis abriendo las tripas de todas las economía para que quien quiera ver a dónde llevan las desregulaciones, las privatizaciones, la renuncia de los gobiernos a gobernar y la demonización de lo público lo vea sin dificultades. ¿Dónde está la eficacia de todo eso para lograr estabilidad?

Lo que se debería hacer ahora que estamos en crisis no es ahuecar la cabeza debajo del ala dejando para otro momento un problema fundamental. Todo lo contrario, si queremos que la crisis se convierta en una oportunidad para iniciar un camino diferente, lo que hemos de pensar es el modo en que podemos hacer que nuestra economía descanse sobre otras bases. Podemos aumentar la tarta del gasto público, como demanda nuestra sociedad y como es necesario para parecernos cada vez más a nuestro entorno más. Claro que para ello hemos de empeñarnos en hacer que nuestra sociedad sea más justa y, sobre todo, en evitar que los ricos (que son los que no necesitan gasto público social) tengan cada vez más privilegios. En ese contexto, cuando las comunidades dispongan de los recursos que necesitan, el debate sobre financiación sería sin lugar a dudas de otra forma.

Una gran movilización recorre las calles de Madrid en defensa de la sanidad pública

Una gran movilización recorre las calles de Madrid en defensa de la sanidad pública

Ocho mil personas, trabajadores y trabajadoras de la sanidad pública y vecinos de barrios y pueblos de Madrid protagonizaron ayer, unos cientos por la mañana y la mayoría por la tarde, una combativa y colorida concentración ante el muy elitista Hotel Ritz. La protesta estaba convocada por la Coordinadora de Trabajadores de la Sanidad Pública de Madrid contra la Privatización y por la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos (FRAV).

En este hotel, al que se trasladó la reunión inicialmente convocada en el H. Wellington en un vano intento de torpedear las protestas, la Consejería de Sanidad presentaba ante empresas privadas de todo tipo las oportunidades de negocio que ofrece la sanidad pública. Era la escenificación del brutal proceso de privatización de la sanidad madrileña que según palabras del Consejero de Sanidad debe completarse en esta legislatura.

La información proporcionada por los llamados medios de comunicación de masas ha sido lamentable, pero enormemente útil para que los miles de personas que allí estábamos pudiéramos comprobar la enorme distancia que media entre la realidad y lo que ellos dicen que pasa. Hablan de 1.500 asistentes y dicen que la protesta fue convocada por CC.OO. y UGT. Merece la pena no olvidar las palabras de Ernesto cardenal, ex Ministro de Cultura de Nicaragua en el primer gobierno sandinista: « ¡Cuando veo lo que dicen los medios de comunicación de mi país que conozco bien, me digo que no debo creer nada de lo que dicen de otros que no conozco ! »

Los manifestantes mostraron, incluso antes de la hora prevista, sus enormes deseos de gritar "a los ladrones y carroñeros de la sanidad" (según lemas elaborados espontáneamente) que se reunían en los lujosos salones del Ritz consignas como las siguientes: "¡Fuera las empresas de la sanidad!", "¡Nada, nada, nada, para la privada!", "La salud es un derecho, no un negocio", "¡Sanidad Pública", o los que apuntaban hacia otras responsabilidades: "¡Ley 15/97, derogación!", "El PP privatiza, el PSOE autoriza" o hacia otras soluciones "¡Aquí hace falta ya una huelga general!"

Ante la cantidad de gente que ocupaba buena parte de la calle Felipe IV ( la delegación del Gobierno no autorizó la concentración solicitada ante la puerta principal), parte de la zona colindante del Museo del Prado y llegaba hasta la Plaza de Neptuno, algunos grupos de manifestantes marcharon hacia la puerta principal donde se encontraron con los casi 2000 vecinos, convocados por la FRAV que llegaban en manifestación desde el H. Wellington. Los numerosos grupos regresaron al lugar inicial donde tuvieron lugar las intervenciones y lectura de los manifiestos del MATS, CGT, FRAV , CAS, y en nombre de la Coordinadora de Trabajadores, la periodista Gloria Berrocal. Todas las palabras fueron interrumpidas en numerosas ocasiones por los aplausos del público que aprovechaba para retomar las consignas más adecuadas a cada parte de los comunicados.

La empresa está cumpliendo, decía Benavides hace un año

La empresa está cumpliendo, decía Benavides hace un año

Era agosto de 2007. Cuando el comité era un cáncer, cuando había que despedir a la plantilla, la empresa era estupenda. A Benavides se le escapó entonces que su objetivo era echar a la empresa, a pesar de que era magnífica. Pronto se dio cuenta de que no podía echar a la empresa si seguía diciendo que era una buena empresa. Al día siguiente de hacer estas declaraciones, empezaron a aparecer informes en los que se hablaba de incumplimientos de la empresa en el mes de junio y julio. Resulta que la empresa era buena, pero aparecieron informes que decían que era mala. Y a partir de ese momento, cada mes, han ido apareciendo sucesivos informes acompañados de sus correspondientes multas para poder demostrar, en su momento, que parece que es ahora, que la empresa no vale un duro, que sus dueños son incompetentes, que sus encargados no valen para esto, que los propietarios son indignos.

Las declaraciones de Benavides hace un año eran estas:

Según el alcalde, 'el ayuntamiento tiene constancia de que la empresa está cumpliendo con todas sus obligaciones contractuales', por lo que afirmó 'no entender' el motivo de la protesta. Lejos de llamar a la calma, Benavides embistió primero contra el comité de empresa, al que considera 'un cáncer a extirpar' para Almuñécar, y contra la Junta de Andalucía.  En su opinión, el Gobierno andaluz deja avanzar la situación por interés político cuando debería actuar 'ante el estado de putrefacción de los residuos, que incluso hacen imposible la salida de algunas viviendas'.

Memoria y prudencia

Memoria y prudencia

Hace un año:

El alcalde, que cree que el verdadero conflicto en El Mirlo es una lucha de poder entre el sindicato CCOO y la empresa para ver quien manda, arremetió duramente contra los 'seudosindicalistas que son un cáncer para la sociedad'. Y él tiene un remedio para atajar de raíz ese cáncer. Aun que aseguró que es su plan B, Benavides se mostró dispuesto a rescatar el servicio, rescindir el contrato a la empresa El Mirlo y despedir a toda la plantilla actual de trabajadores que secunda la huelga.

Quizá estemos en una fase del plan B. Si el Pleno decide sustituir al Mirlo por otra empresa, antes de que el expediente de rescisión se complete, podemos encontrarnos con que El Mirlo demande al Ayuntamiento, gane el recurso y sea nula de pleno derecho la contratación, aunque sea temporal, que se haga con otra empresa. ¿En qué situación quedarán entonces los trabajadores?

Mejor no pensarlo. 

FCC: esperando al mesías

FCC: esperando al mesías

También se podría titular este pequeño dossier: No es oro todo lo que reluce.

Tras hacer una huelga de 53 días, los trabajadores de los vertederos de la provincia consiguieron de su empresa, FCC, un compromiso de mejora de sus condiciones laborales y salariales. Eso fue en marzo. En agosto y septiembre, los sindicatos han podido comprobar como la empresa no cumple con sus compromisos. Esta es la empresa modelo que, según algunos, va a resolver los problemas de los almuñequeros.

Recortes de prensa que debemos conocer para que no nos tomen el pelo

FCC adeuda a los empleados de los vertederos una media de 2.700 euros por persona

CCOO denuncia que los trabajadores no están cobrando la subida salarial acordada con la empresa en el mes de marzo

Noelia M. Estebané / Granada |28.07.2008

 

El año 2008 no está siendo bueno, desde el punto de vista económico, para los trabajadores de los vertederos. Si durante los meses de febrero y marzo tuvieron que hacer frente a una intensa huelga para exigir a Fomento de Construcciones y Contratas -la empresa concesionaria del servicio de tratamiento de basuras de la provincia- una subida salarial, los empleados de las plantas de reciclaje vuelven a la carga para reclamar la aplicación del acuerdo que puso fin, el pasado 1 de abril, al conflicto laboral.

De este modo, a los más de 1.000 euros que dejaron de ingresar durante las jornadas de paro laboral, los 120 trabajadores del servicio suman un déficit salarial de unos 2.700 euros más como consecuencia del incumplimiento de las tablas salariales pactadas durante la huelga, según asegura el secretario provincial de Actividades Diversas de CCOO, Rafael Hueso. "FCC pagó la parte proporcional a 2006 y 2007, pero no ha abonado la mejora salarial de 2008", añade el representante sindical.

En concreto, Hueso denuncia que cada empleado debería haber recibido una media de 600 euros mensuales más respecto al sueldo en concepto de incremento salarial, más las mensualidades correspondientes a dos pagas extra (de Semana Santa y verano). Además, el acuerdo económico entre FCC y el comité de empresa tiene efectos retroactivos a 1 de enero de 2008, por lo que la empresa adeuda a cada trabajador alrededor de 2.700 euros en lo que va de año, pues otro importe similar sí ha ingresado.

Por ello, los representantes de los trabajadores y de la patronal vuelven a mantener reuniones en el Servicio Extraoficial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla). "FCC alega que hasta que la Diputación de Granada no le adelante el quebranto económico que supone esta subida en los sueldos no va a aplicarla", explica el presidente del comité de empresa, Antonio Jesús Jaime.

Mientras el organismo provincial mantiene su linea argumental de que se trata de un conflicto entre trabajadores y empresa, según comenta la diputada de Medio Ambiente, Pilar Peramos, quien añade que la Diputación de Granada continúa trabajando en el informe sobre la pérdida de beneficios que podría soportar la concesionaria.

En este sentido, Hueso considera que el retraso en la aplicación del convenio provincial por parte de FCC está encaminado a "ganar tiempo para negociar con la Diputación la cuantía del quebranto económico". Asimismo, el responsable de Actividades Diversas de CCOO afirma que existen diferencias entre el importe que exige la empresa (unos 2,9 millones de euros) y el que fija el ente supramunicipal (2 millones de euros).

Éste será el punto clave en la reunión que mantendrán hoy FCC y representantes de la Diputación de Granada, a la que continuará mañana otro encuentro entre el Consorcio de Residuos Sólidos -dependiente del organismo provincial- y el comité de empresa. Ya el próximo miércoles, la parte empresarial y la social vuelven a reunirse en el Sercla para intentar llegar a un acuerdo que evite una nueva huelga.

No obstante, CCOO y UGT anuncian que están dispuestos a organizar nuevos paros laborales y acudir a la vía judicial.

 

 

UGT demanda a FCC por el convenio de los vertederos

La Federación de Servicios Públicos de UGT de Granada ha presentado una demanda de conflicto colectivo contra Fomento de Construcciones y Contratas por el incumplimiento del convenio de vertederos.

08-08-08

L.O. / EFE. La Federación de Servicios Público de UGT de Granada ha presentado una demanda de conflicto colectivo ante el Juzgado de los Social contra la empresa Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) por considerar que incumple el convenio colectivo provincial sobre los vertederos. El acuerdo acabó el pasado 25 de marzo con 45 días de huelga indefinida.

UGT señaló ayer en un comunicado que “no puede permitir que una vez más sean los trabajadores los que sufran las consecuencias de los desencuentros entre Diputación (Residuos Sólidos Urbanos. RESUR) y FCC”. Según la organización, estos desencuentros ponen de manifiesto “el reiterado incumplimiento de las obligaciones laborales de FCC como empresa concesionaria” y “la falta de voluntad de la Diputación Provincial de asumir sus responsabilidades como titular de este servicio público provincial”.

El sindicato añadió que una de las responsabilidades de la Diputación es “hacer cumplir a FCC las disposiciones vigentes en materia laboral, tal y como establece el contrato de concesión”. UGT apuntó que la demanda es “sólo el primer paso de la batalla jurídica” que iniciarán para proteger los derechos de los trabajadores y “propiciar que tanto la empresa como la Diputación cumplan con la legalidad vigente”.

La denuncia se produce tras varios “intentos de mediación-arbitraje que han resultado estériles”, según indicó UGT en referencia a la reunión que la semana pasada concluyó sin acuerdo en el Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflicto (Sercla) entre FCC y el comité de empresa, lo que provocó que los trabajadores planteasen de nuevo la huelga como medida de protesta.

COMISIONES OBRERAS LLEVA EL CONFLICTO DE LOS VERTEDEROS AL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA


26/09/2008

El sindicato CCOO va a presentar ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía una reclamación de distribución de salarios, a contabilizar desde enero de 2008, para todos los trabajadores de vertederos de la provincia afectados por el convenio provincial, aproximadamente unos 1.500. Esta decisión la ha tomado el responsable de Limpieza Viaria de CCOO, Rafael Hueso, junto con los servicios jurídicos del sindicato, tras asistir esta mañana a un SERCLA donde no se ha presentado la parte empresarial.

CCOO entiende que esta reclamación laboral servirá para confeccionar la forma de distribución de los salarios que llevan pidiendo desde hace varios meses los trabajadores afectados. “Sin duda una vez se pronuncie el TSJA, el conflicto avanzará en la medida que podremos reclamar el pago de lo que nos corresponde según el convenio, mediante un modelo legal unificado”. En este punto, Hueso manifestó que “algunas empresas se empeñan en obstaculizar los derechos de los trabajadores, este es el caso de Fomento Construcciones y Contratas que está utilizando mecanismos para retrasar la aplicación del convenio”, terminó el sindicalista.

Los trabajadores de los vertederos reclaman la aplicación del acuerdo provincial de 2008, la actualización de las tablas salariales desde enero, con una serie de complementos como los pluses por el transporte de tóxicos.

La huelga convocada por los empleados de los vertederos en la provincia de Granada llegó a su fin el pasado mes de marzo después de que la patronal aceptara el principio de acuerdo firmado con los sindicatos. Éste recoge la aplicación de la tabla salarial del convenio provincial en función de la categoría más el IPC y el 0,9, desde el año 2004 hasta el año 2008.

Un convenio que todavía no se ha cumplido, debido al impedimento de la empresa FCC a la que pertenecen la mayoría de los afectados, un hecho que desde CCOO califican como “lamentable”.

 

El cáncer de Almuñécar se extiende y se vuelve contagioso

El cáncer de Almuñécar se extiende y se vuelve contagioso

Francisco Fernández. Responsable de Información de Izquierda Unida de Almuñécar

En las últimas semanas se oye en sitios muy distintos un mensaje idéntico. El Mirlo es un desastre de empresa. La solución está en buscar una buena empresa, una empresa que aguante aunque el ayuntamiento no le pague, una empresa que cumpla con sus trabajadores, una empresa que gestione bien... y algunos dicen que esa empresa es Fomento de Contratas y Construcciones (FCC).

Lo dice incluso el mismo personaje que el año pasado calificó al comité de empresa como un cáncer que había que extirpar. Estoy seguro de que ese señor no ha cambiado de idea. Pero ahora no le conviene decirla. Ahora carga contra la empresa, y dice que el empresario es indigno, ineficaz, un desastre... Si la jugada le sale, con algunas complicidades extrañas, algunos lo van a lamentar... y no muy tarde. Corremos el riesgo de que el cáncer se extienda por todo el cuerpo.

Tengamos memoria, y tengamos un poco de dignidad. No sólo llamó cáncer al comité, sino que organizó un piquete para cargarse la huelga. Tengamos memoria y no perdamos el norte. Cuidado con el cáncer. 

Nosotros tenemos una idea bastante clara de lo que es una empresa y parece que algunos lo han olvidado. Una empresa es una institución dedicada a ganar dinero para su dueño o sus dueños. No hay ninguna empresa que pueda aguantar mucho tiempo gastando diez e ingresando nueve. Ni el Mirlo ni ninguna otra.

La crisis de la empresa El Mirlo la ha provocado en exclusiva el señor del cáncer. Los ciudadanos que han pagado un recibo de basura y tienen hasta el 20 de noviembre para pagar tres recibos más junto al segundo recibo del IBI, deben saber que el ayuntamiento adeuda en estos momentos a la empresa de limpiezas la factura de mayo, junio, julio y agosto.

Además, esta empresa ha cobrado 600.000 euros en concepto de multas. Y además, el ayuntamiento no le ha subido lo que sería lógico subir para que afronte la subida que a la empresa le ha supuesto el convenio provincial. La tasa de basura ha subido una barbaridad a todos los almuñequeros, pero ese dinero no ha ido a parar a la empresa que recoge la basura. Ese dinero es un extra que el señor del cáncer necesitaba para tapar sus múltiples agujeros creados por una nefasta gestión basada en el despilfarro.

En unas declaraciones recientes, el alcalde de este pueblo decía: 'esta empresa no tiene ni capacidad económica ni de gestión para realizar el servicio, no cumple con el pago a sus trabajadores y así no se puede llevar una empresa de este tipo. Su deber es el de pagar las nóminas sin estar pendiente de lo que cobre o deje de cobrar, aún más si tenemos en cuenta que el Ayuntamiento ha abonado regularmente sus pagos en los plazos establecidos'

Las declaraciones no tienen desperdicio. Muestran un nivel de indecencia preocupante. Para empezar, en agosto de 2007 este señor declaraba todo lo contrario: la empresa cumple y los trabajadores son un cáncer. Para acabar, miente. Porque el ayuntamiento no está abonando regularmente sus pagos en los plazos establecidos. Y en medio de su discurso, demuestra tener una caradura tremenda. Pero qué es eso de que su deber es pagar las nóminas sin estar pendiente de lo que cobre o deje de cobrar. ¿Qué nóminas pagaría usted a sus empleados y a sus concejales, a su señora, y a usted mismo si nosotros los contribuyentes, o la Junta de Andalucía, o el Gobierno Central, dejáramos de hacer nuestros ingresos? ¿Pero cómo puede decir esa majadería un señor alcalde?

Dice el señor del cáncer que la empresa no cumple con sus obligaciones. No dudo de que algo de razón habrá en eso. Ninguna empresa cumple al cien por cien y supongo que parte de las multas estarán justificadas. Supongo que las empresas que limpian las playas también han tenido algunos fallos este verano. Pero supongo yo que el alcalde o el concejal de turno habrán hecho lo propio: llamar a la empresa y solucionar el tema. Y me imagino que las empresas que limpian los colegios pueden haber dejado algunos días las clases peor de lo que debían. Y supongo que los autobuses también habrán llegado tarde algún día en alguna línea. Lo que es seguro es que ninguna empresa ha tenido encima un inspector de manera casi exclusiva. Y lo que sí es seguro es que no tiene sentido detectar fallos en el servicio y negarse a hablar con el empresario. Pero eso, justamente, es lo que ha hecho el señor del cáncer.

La falta de decencia en este tema, como en tantos otros, está en que se utilizan criterios y métodos distintos para situaciones similares. Es evidente que la actuación sancionadora del ayuntamiento respecto a esta empresa en el último año no tiene precedentes.

Y es evidente que esta empresa ha cometido el error de no cumplir algo que venía en el contrato muy clarito: pagar el 1% del contrato para publicidad en medios locales. El anterior empresario sí que cumplía con esa parte del contrato. Y éste, sin saber lo que hacía, no ha pagado. ¿Cómo se pueden mantener medios de comunicación locales (menudo eufemismo) si los empresarios no pagan?

Pero hablemos del futuro. Hablemos de la empresa que algunos presentan como la salvación. FCC, como cualquier empresa, cuando no ingresa, no paga. Hay una diferencia evidente. FCC es una gran empresa con múltiples contratos y concesiones por todo el estado español. FCC puede aguantar bastante más que el Mirlo. Pero eso es otra indecencia. El ayuntamiento no ha contratado un banco, sino una empresa que limpie las calles y recoja la basura. Y esa empresa tiene que cobrar para poder pagar.

Desde luego, el alcalde sí nos cobra los impuestos para poder él cobrar su sueldo. ¿Qué sueldo cobraría el alcalde de Almuñécar si nosotros no pagáramos el IBI, y la basura, y el impuesto del coche, y la zona azul?

Pero es que, además, FCC ha tenido en los meses de febrero y marzo 53 días de huelga en los vertederos de la provincia. Y FCC llegó a un acuerdo con los trabajadores. Y FCC no ha cumplido ese acuerdo, de tal manera que en la prensa del 28 de julio venía la noticia de que FCC debe una media de 2.700 euros a cada trabajador de los vertederos. Y es por eso que el 26 de septiembre, hace dos días, Rafael Hueso, secretario provincial de Comisiones Obreras de Limpieza declara que algunas empresas, como FCC, se empeñan en obstaculizar los derechos de los trabajadores. Y ese mismo día, explica que CCOO va a  denunciar a FCC ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Y semanas antes, UGT había interpuesto conflicto colectivo por lo mismo.

Así que esa no es la solución ni para los ciudadanos ni para los trabajadores. Una vez retirado El Mirlo, asifixiado e impotente para resistir por más tiempo, hay que hablar de gestión pública. Una empresa pública controlada directamente por el ayuntamiento tiene indudables ventajas para todos. Por lo pronto, ya sabremos lo que cuesta la recogida de la basura y el alcalde no podrá cobrar lo que le dé la gana como tasa de basura. Además, podemos controlar directamente la calidad del servicio. Se trata de poner un buen encargado, tener una plantilla suficiente y comprar buena maquinaria. Los trabajadores, por su parte, cobrarían a primeros de mes, el mismo día que el señor alcalde, aunque menos, por supuesto.

Optar por una empresa privada, la que sea, es seguir en la misma historia de siempre. Y con el peligro de que los trabajadores se la están jugando si se producen cambios de empresa de dudosa legalidad. Porque parece ser que la intención del alcalde es sustituir al Mirlo por la nueva empresa antes de que el Consejo Consultivo de Andalucía se pronuncie, antes de que el expediente de rescisión que previsiblemente se va a aprobar, llegue a su término. Ojo a la jugada porque si la plantilla del Mirlo pasa a FCC y luego ocurre que el Mirlo recurre y gana, los trabajadores pueden quedar en una situación complicada.

Atención al cáncer porque a lo mejor, detrás de toda esta maraña, se esconde un peligro a medio plazo para unos trabajadores que pueden confundir el enemigo y equivocar la estrategia. 

Benavides embrolla el tema de la limpieza

Benavides embrolla el tema de la limpieza

La actuación de Benavides en el último año ha sido una estrategia diseñada para quitar al Mirlo la concesión de la limpieza. Convencidos de ello, todos los grupos votaron en contra de la propuesta de rescindir el contrato.

Las declaraciones de Benavides en el Pleno y después del mismo han convencido a la empresa de que el acoso se iba a intensificar y que les esperaban meses y meses sin cobrar. Aunque la empresa esté segura de ganar en los tribunales al ayuntamiento, también sabe que eso no sirve de nada porque estamos hablando de una empresa que irá a la quiebra y que de poco le va a servir ganar los recursos dentro de cuatro o cinco años. En esa tesitura, la empresa se ha rendido y ha pedido la rescisión del contrato. La empresa dice que se va. Ya tiene el ayuntamiento las manos libres. Y sin embargo, el alcalde no acepta la propuesta sino que insiste en que el Pleno apruebe iniciar un expediente de rescisión.

La apertura del expediente para rescindir el contrato era necesaria cuando la empresa no quería irse. Tenía que haber un permiso del Pleno para abrir un expediente complejo en el que tenía que intervenir hasta el Consejo Consultivo de Andalucía. Si el Consejo Consultivo daba la razón a la empresa, no había nada que hablar. Si el Consejo Consultivo daba la razón al ayuntamiento porque se demostraba que la empresa no cumplía, entonces se daba vía libre a la rescisión del contrato.

Nuestra propuesta es que, una vez que la empresa se retire, el ayuntamiento se haga cargo de la plantilla del Mirlo respetando su antigüedad, que pague a los trabajadores de acuerdo al convenio, que nombre un buen encargado de limpieza, y que nos demuestre a todos los almuñequeros si es verdad que, además de cobrar y hacer vacaciones todos los meses, el alcalde sabe gestionar.

Nos parece fuera de lugar que ahora le demos la limpieza a otra empresa para tener que estar dentro de un año con la misma historia, que si la empresa cobra, que si no cobra, que si me debes tanto, que si te debo cuanto. La mejor forma de que todos sepamos cuánto cuesta la limpieza, y cuánto hay que pagar de tasa de basura, es que sea el ayuntamiento quien lleve directamente el servicio, como se hacía no hace tantos años. Y además, si el pueblo está limpio o sucio, no tendremos que ir buscando culpables por ahí.

Historia de un acoso

El Mirlo firmó un contrato con el ayuntamiento el 7-2-05. Cobraría 2.657.498 € al año por hacer tres cosas: recoger la basura, limpiar las calles y retirar los enseres viejos. En 2.007, con las subidas anuales del IPC, la factura del Mirlo fue de  2.966.744€. De esos casi tres millones de euros, alrededor de un millón corresponden al gasto en limpieza de calles y en recogida de enseres, por lo que en realidad, lo que cobra el Mirlo por recoger la basura está alrededor de los dos millones.

Esta cantidad que se pagaba a la empresa había que aumentarla para que esta pudiese pagar a los trabajadores lo que el convenio provincial estipula. Con esta excusa, el ayuntamiento ha subido los impuestos en 2008. Por cada 90€ que pagábamos de IBI en 2007, ahora pagamos 60€ de IBI y 50€ de tasa de basura. Decimos que es una excusa porque el ayuntamiento, con un IBI del 0,90 ya nos estaba cobrando lo que cuesta la basura. No era necesaria la subida, salvo para que Benavides tuviese más ingresos y poder dedicar esa cantidad extra a otros temas.

Los ingresos iniciales previstos por la tasa de basura para 2008 son de 4.385.671€, según un informe oficial elaborado por los técnicos municipales el 20-11-07. Esta cantidad inicialmente prevista ha bajado porque se han tenido que dar de baja muchos recibos erróneos (la mayoría, cocheras). No podemos saber la cantidad final que el ayuntamiento va a recaudar con la tasa de basura, pero rondará los cuatro millones de euros.

Aunque es verdad que, aparte de la empresa, el ayuntamiento tiene otros gastos relacionados con la basura, en ningún caso se acerca el coste del servicio, ni de lejos, a los cuatro millones que los vecinos tenemos que pagar. La Ley de Haciendas Locales establece que ‘el importe de las tasas… no podrá exceder del coste del servicio’. Por este motivo, hemos votado en contra de la subida de la basura y hemos presentado una moción pidiendo que de los seis recibos de 2008, dos sean anulados para que lo que pagamos por basura sea parecido a lo que el ayuntamiento gasta. Aún estamos esperando que el alcalde la lleve a Pleno.

Después de subirnos la basura, lo lógico es que la empresa hubiera recibido un incremento en su contrato para poder pagar más a sus trabajadores. Sin embargo, no es eso lo que ha ocurrido, sino todo lo contrario. Utilizando unos datos sorprendentes, el ayuntamiento se ha negado a pagar a la empresa la subida que suponía el convenio.

Para pagarle aún menos, ha quitado del contrato cinco empleados y una barredora, ahorrándose medio millón de euros. Es lógico que una ciudad que no para de crecer esté más sucia si se quitan empleados en vez de aumentarlos.

Para pagarle aún menos, le ha puesto multas mes a mes desde septiembre de 2007, dejando de ingresarle por este concepto alrededor de 600.000€. Algunas de esas multas tendrán su fundamento. Otras, no. Y algunas son de risa si no fuera por la gravedad del tema. Pero en ninguna de ellas se ha procedido como manda la ley. Y, sobre todo, se ha multado sin intención de resolver el problema ya que la empresa ha pedido varias veces una reunión con el alcalde para ver estos problemas y tratar de solucionarlos. El alcalde se ha negado a celebrar esa reunión, porque su objetivo no era mejorar la limpieza sino cambiar de empresa.

Algunos ejemplos de multas. Se multa a la empresa por no tener a los empleados con uniforme. Todos vemos a los empleados con sus uniformes. La empresa responde que sólo le ha faltado vestuario a un operario porque requería hacérselo a medida ya que su talla no se fabrica en serie. El argumento de la empresa parece razonable. En cualquier caso, llama la atención esa multa por parte de un ayuntamiento que no cumple ese requisito con sus propios empleados.

Se multa a la empresa por No atender con diligencia las órdenes dictadas por los Servicios Técnicos Municipales. La empresa responde que jamás se han dictado órdenes por el Servicio Técnico, por lo que no han podido ser desatendidas.

Se multa a la empresa por No confeccionar parte semanal de aprobación de los servicios realizados. La empresa responde que se han confeccionado partes semanales hasta el mes de septiembre. La razón para dejar de hacerlos es la negativa del Ayuntamiento a dar por recibidos dichos partes.

Y hay por último, un incumplimiento que quizá sea más importante de lo que parece. El 4-9-08, el aparejador municipal elabora un informe en el que dice que la empresa no ha cumplido en 2007 y 2008 con el compromiso de destinar el 1% del presupuesto de adjudicación a publicidad en medios de comunicación locales (el anterior empresario sí lo hacía).

Un Rey en un país de desagradecidos

Julio Ortega Fraile

Este es un País de desagradecidos. Los menos se dedican en cuerpo y alma a servir a sus semejantes, con un altruismo y un compromiso que van más allá de de la capacidad que tenemos el común de los ciudadanos y que sólo están reservados a unos pocos espíritus, dotados de una generosidad y entereza para el sacrificio de la que carecemos el resto y sin embargo, lejos de expresar constantemente nuestra admiración y agradecimiento por su actitud desinteresada y solícita todavía nos permitimos, en una muestra de indignidad lamentable, criticarlos y manifestar nuestro descontento por las humildes y más que merecidas satisfacciones que pueden encontrar en sus abnegadas existencias.

Y creo que el ejemplo más notable y valioso de seres dedicados por absoluto a una labor social incansable que podemos encontrar es el de la Familia Real. Unas personas que debido a sus legítimas prebendas podrían y merecerían vivir haciendo aquello para lo que fueron encomendados por el Invicto en la persona de D. Juan Carlos y refrendado con la aprobación de la Constitución: reinar, como hecho asumido y validado por el voto popular aunque viniese incluido en el “lote”, porque aceptar que “España es una Monarquía Parlamentaria…”, que “El rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia…”, así como que “la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad…” eran y son artículos de la Norma Fundamental de nuestro Estado y de obligada asunción si también queríamos disfrutar de aquellos que hablaban de “derecho a la vida y a la integridad…”, “libertad de pensamiento…”, “derecho al trabajo y a la vivienda…”, etc., después de haber salido, en parte, de una dictadura y empezar a disfrutar de la vida en democracia. Y digo en parte porque quedó tendido un nexo soberano entre ambas formas de gobierno que hoy, cuando han pasado más de treinta años, seguimos manteniendo por imperativo legal.

Comenzaba hablando del desagradecimiento y continuaba haciéndolo del papel magnífico y volcado en sus súbditos de la Familia Borbón. Y el motivo de mi atribulación es comprobar cómo buscamos cualquier disculpa, aún rayando en lo absurdo, para intentar echar tierra encima de sus cabezas, sin darnos cuenta de que no hay envidia plebeya que pueda soterrar tan merecidas coronas. Sus ingratos vasallos, tan pronto acudimos a hechos inocentes y nimios como que el Rey estaba cazando osos borrachos en Rusia, como a que se secuestra por parte del Estado una revista por mostrar a los Príncipes en actitud poco decorosa; y la última con la que la hemos tomado, que si la Infanta Doña Elena va a cobrar doscientos mil euros anuales por su trabajo en la Fundación Mapfre.

Vamos a ver. La cuestión no es que paguemos cacerías ni yates; no es que sufraguemos operaciones o que mantengamos los ciudadanos de este País Marivent; tampoco es la cuestión que costeemos viajes, recepciones, banquetes o regalos. Da exactamente igual los gastos que suponga a la hacienda pública la Casa Real. Lo único importante, lo que cuenta, lo que tiene valor, es que son simpáticos, campechanos, risueños y cercanos al populacho.

Ya está bien de quejarse tanto diciendo que es un gasto superfluo, que no necesitamos una Monarquía, que nos fue impuesta por el Caudillo y que no tuvimos opción de aceptarla o rechazarla como una realidad por sí misma y no integrada en una Constitución. Lo que ocurre es que no somos capaces de pagar la hipoteca, la letra del coche es cada mes un obstáculo casi insalvable, vamos llenado menos el carro en el supermercado y nos vamos dejando más dinero en la caja, los bancos no dan préstamos, los sueldos no suben, el poder adquisitivo mengua a ritmo agigantado, la capacidad de ahorrar se ha perdido y empezamos a carecer de bienes esenciales por no poder sufragarlos. Pero por culpa de todo eso, los morosos y los que están a punto de serlo, cargan llenos de rencor contra la Corona y escuchar como dicen que sobra, que no la queremos, es muy mezquino y propio de hijos desnaturalizados; un agravio para una Familia ejemplar y que sin duda está padeciendo la crisis como el que más.

No tenemos ningún derecho a criticar al Rey porque cace cuando le venga en gana bisontes en Polonia pagando miles de euros por ello, desplazándose en su avión y acompañado por todo un servicio de seguridad, porque sonríe como nadie a las cámaras y sabe mandar callar a un Jefe de Estado vulgarmente elegido en las urnas, no como él, con derecho inalienable al cargo o su hijo, con legitimidad sucesoria; tampoco podemos reducir a un hecho sucio y chabacano la cópula principesca, como hizo una revistilla humorística con mal gusto y que recibió su merecido siendo retirada de la venta e incautado el molde de la denigrante viñeta, que una cosa es la libertad de expresión y otra atreverse a insinuar que Felipe y Leticia follan, como si fuesen unos ordinarios conejos. Además, que dónde vamos a encontrar un Príncipe más alto, una Princesa mejor operada y unos hijitos de ambos más encantadores; todavía vendrá algún descastado diciendo que Leonor oposite como todo hijo de vecino y es que la animosidad ante la virtud ajena es muy peligrosa. Y Doña Elena, ¿qué va a ganar doscientos mil?, como si son dos millones; no hay sueldo que haga justicia a la labor que va a realizar, ayudando a integrar laboralmente a personas con discapacidad y a que reciban educación niños con problemas de exclusión. Vale, de acuerdo que hay ONGs, cooperantes y misioneros que hacen lo mismo sin medios, con pagas de miseria y que muchas veces se dejan la vida en un rincón perdido de algún País deprimido, pero aunque la Infanta vaya a llevar a cabo su trabajo desde un despacho de la Fundación en las oficinas de Pozuelo de Alarcón (Madrid), ha pasado por una ruptura matrimonial recientemente y eso hay que valorarlo, que es muy duro.

No podemos seguir con este debate y ni tan siquiera iniciarlo, es indignante poner en duda la necesidad y continuidad de la Monarquía. Los Reyes están ahí porque, porque… porque están y tienen derecho absoluto a permanecer en el mismo lugar porque, porque…porque lo tienen. Y ya está, que si tanto hablar de lo que nos cuestan, que si el Rey no tiene responsabilidad penal en caso de cometer un delito o que si llevan un vida regalada entre regatas, fiestas, coches de lujo, aviones para uso y disfrute propio y cacerías a veces amañadas. Pues no, todo eso no son más que compensaciones ínfimas para una vida muy, muy dura. Seguro que se cambiarían sin dudarlo por un obrero de treinta años en paro, que vive con los padres, que no se puede permitir tener hijos y que se desplaza en autobús urbano.

Que no me quiten a mis Reyes, que yo doy gustoso lo que haga falta de mis ingresos para que a ellos no les falte de nada. Estoy encantado de pagarles Palacio de invierno y la residencia de verano. Seguro que cuando mis hijos no tengan para comer y me quiten la casa, Don Juan Carlos entre montería y montería me dedicará una sonrisa y con eso para mí, es más que suficiente. ¡País de desagradecidos!

En el aire el Loro Sexi

Según se desprende del acta de la JGL del 15 de septiembre, quieren dejar abierto una parte del parque y cerrada la otra. Desconocemos los motivos. Si alguien nos quiere informar mediante un comentario, se lo agradeceremos

   1.- Se da cuenta de escrito de la Dirección General de Gestión y Medio Ambiente, Consejería de Medio Ambiente, de fecha 29 de agosto de 2008, remitiendo Resolución por la que se autoriza la apertura al público del Parque Zoológico Loro Sexi, acordando la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes, se informe por el Biólogo Municipal sobre viabilidad del cierre parcial del Parque.

J.R. deja Peña Escrita

J.R. deja Peña Escrita

El hostelero del régimen, harto quizá de perder dinero en ese negocio tan brillante que se llama Peña Escrita, ha presentado su renuncia según se refleja en el acta de la JGL del 15 de septiembre. ¿Quién será el sustituto?

Por cierto que el acta no dice, aunque parece evidente, que el acuerdo se haya tomado, sólo dice que se propone ese acuerdo. Suponemos que es un problema de mala redacción.

   6.- Por Resolución de Alcaldía  de 29-11-2005 se acordó adjudicar a D. JUAN RODRÍGUEZ PEREZ en representación de Promociones Turísticas Costa Tropical C.B., el contrato de Concesión del servicio de explotación turística, limpieza y mantenimiento de las instalaciones del complejo turístico de Peña Escrita, por el canon ofertado de 1.500 euros y por un periodo de CUATRO AÑOS.

   En fecha 8 de agosto de 2008, por el Sr. Rodríguez Pérez en representación de PROMOCIONES TURÍSTICAS COSTA TROPICAL C.B., se solicita que por motivos de remodelación de la sociedad se hace casi imposible mantener los servicios del citado complejo, se proceda a finalizar el contrato de concesión, indicándole la fecha más idónea de finalización con el fin de perturbar lo menor posible el proceso de nueva adjudicación.

   Se propone a la Junta de Gobierno, si así lo estima conveniente, lo siguiente:

   PRIMERO.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y prescripciones técnicas  que habrán de regir el nuevo contrato.

   SEGUNDO.- Iniciar los trámites mediante procedimiento abierto y forma de concurso, acordes con el objeto del contrato.

   TERCERO.- Resolver el contrato con la empresa Promociones Turísticas Costa Tropical C.B, de mutuo acuerdo, conforme a lo previsto en la cláusula 8 del Pliego Administrativo, debiendo mantener en funcionamiento la concesión hasta que exista nuevo adjudicatario y se realice por la Administración la comprobación del inventario.

Otro encarguito

Otro encarguito

El acta de la Junta de Gobierno Local del 15 de septiembre nos cuenta que al PGOU le falta un documento (otro más) que estudie la evolución de la población en la localidad para justificar la necesidad de un determinado crecimiento. Le encargan el estudio a una persona ajena al ayuntamiento. ¿No hay nadie que pueda hacer ese estudio? Sin hablar de los funcionarios del ayuntamiento, ¿no hay nadie entre los contratados a dedo que pueda hacer ese estudio? Pavesio, Doña Rosa, Rafael Conteras... ¿Una persona ajena al ayuntamiento puede hacer ese estudio mejor que quienes llevan años en esto y dicen conocer al dedillo la realidad del municipio?

   1.- Se informa por el Arquitecto Municipal que al objeto de dar cumplimiento a los reparos puestos de manifiesto en el informe de fecha 4 de junio de 2008 de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio sobre el documento de Aprobación Provisional del PGOU de fecha 16 de enero de 2007, se hace necesario realizar un Estudio de Población y Vivienda, para su incorporación al documento del PGOU. Se ha solicitado presupuesto para la realización de dicho estudio a Dª Herminia Mena Freire (geóloga redactora del Estudio de Impacto Ambiental), facilitándonos el siguiente detalle:

   ESTUDIO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA.

1)          Características de la Población.

2)          Población y Actividad Económica.

3)          Sectores Productivos.

4)          Población y Vivienda.

   El presupuesto total de dicho estudio asciende a la cantidad de 10.300 € más IVA y su ejecución se estima en el plazo de un mes.

   La Junta Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes, acordó adjudicar el Estudio de Población y Vivienda de referencia a Dª Herminia Mena Freire, por el precio indicado de 10.300 € más IVA y plazo de ejecución de un mes

 

Gigantes financieros: irán cayendo uno detrás de otro

Sistema Digital

“Esta crisis es el fruto de la falta de honradez de las
instituciones financieras y de la incompetencia de los políticos”

(Joseph Stglitz, Premio Nobel de Economía)

Es muy difícil que los ciudadanos normales, los que contamos como mucho con unos cuantos cientos de euros, nos demos cuenta del alcance real que está teniendo la crisis financiera y el desastre gigantesco que se está produciendo en los mercados. Entre otras cosas, porque se están encargando de ocultarlo y, sobre todo, de disimular sus verdaderas causas.

Hemos perdido ya la cuenta de los grandes bancos, fondos de inversión o aseguradoras que han quebrado y de la cifra de los rescates que están pagando los bancos centrales y gobiernos para tratar de salvar a otros muchos.

Sólo en esta semana son cientos de miles de dólares los que se han volatilizado, los que las autoridades han tenido que poner a disposición de los mercados (quiero decir, de los grandes banqueros y financieros que son, en realidad los que tienen cabeza, sentimientos y, sobre todo, bolsillo y no los mercados, como se nos dice) para inyectar la liquidez que parece haber desaparecido por completo.

Los ciudadanos se preguntan qué está pasando y qué es lo que va a pasar, pero los medios de comunicación (la mayoría participados de modo determinante por los propios bancos) y los responsables gubernamentales apenas si se limitan a balbucear vaguedades y justificaciones abstractas que nada aclaran.

En realidad, lo que ha pasado es bastante simple.

Nuestro sistema económico se ha ido consolidando como un sistema financiarizado, porque la compra y venta de activos financieros, de papel, se ha convertido en la forma más fácil y rápida de obtener beneficios. Aunque también la más arriesgada y peligrosa.

Lo que ocurre es que para que eso haya sido posible ha resultado necesario expandir la generación de deuda hasta límites gigantescos.

Hasta hace unos decenios la deuda la generaban los bancos con el fin de crear más dinero con el que podían financiar nuevas actividades económicas productivas.

Hay que saber algo muy sencillo. Cuando Pedro le presta a Solbes 100 euros en metálico, la cantidad de dinero existente en la economía permanece inalterada. Pero cuando Pedro deposita su billete de 100 euros en el Botine's Bank y luego éste presta a Solbes 80 euros, resulta que la cantidad de dinero existente en la economía aumenta en 80 euros. Es verdad que no varia la cantidad de dinero en metálico (100€), pero sí el llamado "dinero bancario" que Botine's Bank acaba de crear (80€).

Es fácil entender el atractivo que tiene este aparentemente mágico negocio bancario: sólo recogiendo en un lado, depositando una parte y prestando a otro se obtiene un sabroso beneficio y, además, se crea dinero que no es un mero papel sino, sobre todo, un instrumento de poder y decisión.

Cuanta más deuda se crea, más beneficio y cuanto más beneficio, más deuda se demanda.

Pero si esto se hacía tradicionalmente para financiar la actividad económica, lo que ahora sucede es que el dinero bancario se utiliza para realizar operaciones financieras que nada tienen que ver con las productivas que crean riqueza y empleo.

Y la crisis actual se ha producido porque hemos llegado al paroxismo. Por un lado, la deuda creada alrededor del boom inmobiliario de Estados Unidos y en general en los demás países es ingente, excesiva e insostenible. Por otro, esa deuda está basada cada vez más en papeles de muy poco valor, muy opacos, tremendamente arriesgados, volátiles, y muchos de ellos literalmente sin valor, como las hipotecas de millones de personas que han dejado de pagarlas.

Como la multiplicación de todas esas operaciones en papeles tan arriesgados llevaba consigo un peligro muy grande, y como se trataba de inversiones que se hacían con cargo a los depósitos o ahorros de particulares y empresas, los bancos trataron de disimular el pantanal de riesgo en el que se estaban metiendo. Y lo hicieron con la complicidad de dos instituciones que se han mostrado como auténticas corresponsables de la crisis: las agencias de rating que alteraban la calificación real de esos valores para hacer creer que no tenían problema, y los bancos centrales, que dejaron hacer libremente sin intervenir, o incluso facilitando todo ello, como en el caso de Estados Unidos.

Pero el pastel estaba llamado a ser descubierto y se descubrió cuando uno detrás de otro los bancos no pudieron disimular por más tiempo sus inversiones en subprime, en paquetes de hipotecas sin valor, en fondos inmobiliarios que ya no tenían mercado, en burbujas que habían estallado o estaban a punto de hacerlo...

Comenzaron a quebrar o a hundirse uno detrás de otro y en esas estamos.

La procesión ha comenzado pero que nadie crea ni por asomo que se atisba su final. De hecho, en España ni siquiera ha comenzado, y es seguro que comenzarán a caer también.

Es seguro que van a seguir cayendo uno detrás de otro mientras que no se corte de raíz este proceso infernal de derivación financiera, de especulación desmedida, de descontrol de los capitales, de inversiones en burbujas...

Y es seguro que van a seguir cayendo mientras que los bancos centrales sigan haciendo lo que están haciendo: echar leña al fuego inyectando cada vez más dinero que no sirve sino para que las grandes financieras sigan haciendo lo único que saben hacer y que es lo que ha provocado la crisis.

Se ha llegado a una situación tan extrema que ya no cabe más solución que hacer mesa limpia, gobernar al dinero, domeñar a las finanzas, someter a los banqueros al poder de la democracia ciudadana, obligar a que la financiación esté al servicio de las empresas y los consumidores, prohibir el delito financiero continuado en paraísos y evasiones fiscales, imponer la transparencia y obligar a los ricos respeten también principios elementales de moralidad y equidad. 

Pero los que están en el poder no dicen ni quieren hacer nada. Ni son conscientes de lo que han liado ni tienen la menor idea de por dónde empezar a cortar ni, por supuesto, tienen la valentía suficiente para decirle a los banqueros y financieros que han provocado todo esto que hasta aquí hemos llegado y que tienen que hacer frente al desaguisado.

Tendremos que decirlo los ciudadanos.

Garzón recibe 143.353 nombres de desaparecidos en la Guerra del 36 y el franquismo

Siete asociaciones de familiares desaparecidos que han presentado denuncias en el Juzgado, entregaron ayer una lista que contempla los nombres de más de 140.000 personas desaparecidas durante la Guerra del 36 y la dictadura franquista.
A su salida del encuentro, el representante de la asociación granadina, Rafael Gil Bracero, aseguró que muchos abuelos "murieron deseando un día como el de hoy". "Les estamos haciendo justicia histórica", añadió.

La información recabada en los últimos días por estas agrupaciones responde a una petición realizada por el juez, que concedió el pasado 2 de septiembre un plazo de 15 días a las partes —que finalizaba hoy— para aportar "una relación sistemática de personas desaparecidas y su ubicación". Los denunciantes presentaron otros informes en los que se señala la ubicación de fosas comunes que aún no han sido abiertas. Aportaron también datos ofrecidos por asociaciones que no han presentado denuncias en el Juzgado Central de Instrucción número 5 pero que se han mostrado dispuestas a colaborar en la elaboración de las listas de desaparecidos. En total las asociaciones personadas en la causa, que aún no ha sido admitida a trámite, son 22.

El juez pidió, en una providencia dictada el pasado día 2, celeridad en la aportación de pruebas "con el fin de resolver sobre la competencia con la mayor rapidez" y "obtener los datos necesarios para dictar el correspondiente auto". Garzón había solicitado sólo un día antes, el 1 de septiembre, a instituciones como el Valle de los Caídos, la Conferencia Episcopal Española (CEE), el Centro Documental de Memoria Histórica y a los alcaldes de localidades como Granada, Córdoba, Sevilla y Madrid la elaboración de diversos listados y la aportación de datos sobre los desaparecidos durante la Guerra Civil.

El magistrado tomó esta decisión como paso previo a decidir si es competente para investigar las denuncias que ocho asociaciones de memoria histórica presentaron el 18 de julio de 2007 en la Audiencia Nacional. Estos colectivos solicitaban una investigación sobre las desapariciones, sacas, asesinatos, torturas y exilios forzosos que se cometieron a partir de 1936 y consideraban que cabe exigir responsabilidades al Estado español dentro del marco actual de las obligaciones de reparación por la violación del Derecho internacional.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó en febrero pasado el archivo de las denuncias, al considerar que han prescrito en aplicación de la Ley de Amnistía de 1977. También destacó que los hechos señalados eran contemplados como delitos comunes con tipificación ordinaria de asesinato, detención ilegal o lesiones en el Código Penal de la época en la que se cometieron, en referencia al ordenamiento de la Segunda República.

"Al quedarnos sólo en presencia de delitos comunes les son aplicables en toda su amplitud los artículos 1 y 2 de la Ley de Amnistía, lo que produjo ya en 1977 la extinción de la responsabilidad criminal", argumentaba en su escrito el Ministerio Fiscal. De igual modo, el Ministerio Público sostenía que la competencia en el presente caso no corresponde a la Audiencia Nacional debido a que los crímenes contra la humanidad deben ser perseguidos por el órgano de la jurisdicción que corresponda, es decir, los juzgados del lugar en el que se hayan cometido los hechos.

Iu critica el asfaltado del Realejo eliminando el tradicional empedrado

Iu critica el asfaltado del Realejo eliminando el tradicional empedrado

El cambio de pavimento en el barrio del Realejo supone una ruptura con uno de los elementos emblemáticos del mismo, como es el empedrado a la vez que endurece y posibilita aumentar la velocidad de los coches con lo que aumenta la peligrosidad para las personas

El alcalde y el gobierno municipal del PP vuelven a hacer de las suyas, esta vez en el barrio del Realejo, donde, al igual que en el Albaicín, cambian el empedrado típico del barrio por losas y hormigón. Sse saltan a la torera la identidad de un barrio histórico y lo cambian a su antojo, todo a la máxima gloria de los coches.

El hecho de cambiar el empedrado tradicional por asfaltado y losas supone que los vehículos a motor que transitan por aquellas calles puedan alcanzar mayor velocidad. Frente a todas las directivas europeas y a todos los planteamientos seguidos en muchas ciudades, incluidas las españolas, de pacificar el tráfico, en Granada, el alcalde posibilita que los coches puedan ir más deprisa, al revés, con lo que demuestra que gobierna para máxima gloria de los coches.

El PP demuestra su falta absoluta de sensibilidad con las raíces históricas del barrio del Realejo, además de que estas actuaciones son, no sólo incoherentes, sino incluso contrarias a la petición de que el centro de histórico de Granada sea declarado Patrimonio de la Humanidad.

¿Cómo es posible que después de lo sucedido en el Albaicín, donde han tenido que rectificar y quitar el asfalto que habían puesto (con el considerable gasto de dinero público) ahora vuelvan a hacer lo mismo?

El proyecto en cuestión se refiera a la Remodelación de la Calle Damasqueros, Placeta Hospicio Viejo y Calle Rodrigo del Campo y fue adjudicado el 17 de junio de 2008 con un plazo de ejecución de 2,72 meses de ejecución y un coste de 400.346 euros.

¿Serán 400.000 euros tirados a la basura, puesto que habrá que tirarlo y hacerlo de nuevo manteniendo la fisonomía histórica del barrio? ¿Volverá a despilfarrarse dinero público?

Quedan pendientes de adjudicar proyectos en el barrio del Realejo como el del Carril de San Cecilio aprobado en la Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo del 27 de julio y con un presupuesto de 726.178 euros y la Adecuación de la Cuesta del Realejo para tránsito peatonal y turístico aprobada el 8 de agosto, con 6 meses de plazo de ejecución y 606.963 euros de coste. Esperemos que triunfe el sentido común y tanto el alcalde como el gobierno del PP rectifiquen y devuelvan al Realejo su imagen histórica y sus señas de identidad.

Desde IU criticamos que se cambie la fisonomía de un barrio histórico tan alegremente y que se unifiquen los diseños de la calle Molinos con las pequeñas calles y placetas de barrio. Es como si se igualara el Paseo de los Tristes con San Nicolás, por ejemplo. Estos cambios suponen una ruptura increíble en uno de los elementos emblemáticos del barrio del Realejo, como es el del pavimento en sus calles. No es concebible que el gobierno municipal y la Gerencia de Urbanismo perpetren un atropello histórico de ese calibre.

IU emplaza a la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía para que pare este desaguisado ante el que ha habido voces contrarias, llegando incluso a pararse, de forma cautelar la obra de la calle Rodrigo del Campo. Al mismo tiempo exige a la AA.VV que defienda la identidad del barrio del Realejo, y que no se pliegue ante el gobierno del PP. Además exige al alcalde y al gobierno del PP que rectifiquen, que cambien el asfaltado que han hecho y que no continúen más. Es evidente que hay que arreglar y mejorar el pavimento de las calles del Realejo, pero hay que hacerlo respetando el empedrado, así como la forma tradicional de salvar las pendientes, por ser respetuosa con el carácter singular de este barrio que tiene vocación de ser Patrimonio de la Humanidad.

Granada: la tasa de basura subirá hasta un 9% y el IBI un siete

Granada: la tasa de basura subirá hasta un 9% y el IBI un siete

La Comisión de Economía del ayuntamiento de Granada aprobó las ordenanzas fiscales de la capital para 2009. Las tablas pasarán ahora por el pleno, donde saldrán adelante con el único voto del PP.
IU votará en contra. Entre otros motivos porque Torres Hurtado va a ingresar un millón extra subiendo los impuestos especialmente a quien menos tiene y puede. En la práctica, el IBI va a subir en torno al 7% y la tasa de basura hasta el 9%. El único impuesto que se congela es el de circulación.
El IBI incrementa en dos puntos y medio el tipo recaudatorio, lo que, sumado a la actualización catastral, eleva la subida al citado 7%, en un año especialmente duro para las economías domésticas.
Izquierda Unida llama la atención sobre el hecho de que en el capítulo del IBI, el gobierno popular sube un 12% la tasa de las instalaciones sanitarias –hospitales y centros de salud–. Esta es la aportación de Torres Hurtado al sistema sanitario andaluz.
Sel crea un nuevo concepto en la tasa de basura –el tratamiento–, por el que se sube el impuesto un 8,97% para las calles de primera categoría y un 9,04% para las calles de inferior categoría fiscal.
La subida del impuesto de basura será en la hostelería de entre un 70% para los hoteles de cinco estrellas y un 40% para los de una. Al comercio se le aplica una subida de la tasa de basuras tremenda, siendo, por ejemplo, el de una tienda de alimentación o un supermercado de barrio de hasta un 50% en caso de pasar de los 100 metros cuadrados de superficie.
Por último IU critica que se incrementa la tasa que se cobra a los vendedores ambulantes irregulares –hasta un 40% para una incautación de mercancía de un mes–, creando más bien una multa coercitiva sin instrucción de proceso.
Es verdad que Granada necesita financiación, pero no de esta manera. No estrangulando las economías domésticas y la actividad comercial y turística de la ciudad.

El Seprona y la Junta le llaman la atención, otra vez, al ayuntamiento

De nuevo, la Junta se dirige por escrito al ayuntamiento para recordarle que cuando hay una irregularidad urbanística tiene que intervenir. En esta ocasión se trata de 15 viviendas en Cotobro. Dado que las denuncias de los vecinos caen en saco roto y el ayuntamiento se inhibe dejando que los plazos transcurran y las barbaridades se consumen, los vecinos tienen que ir a denunciar ante el Seprona para que se haga algo. 

La respuesta del ayuntamiento, que conoce perfectamente los hechos porque la denuncia lleva bastante tiempo rodando, es, de nuevo, dilatoria. Se acuerda pedir un informe para dejar que siga pasando el tiempo y de nuevo estemos ante otro problema de viviendas ilegales con personas viviendo en ellas. Este es el acuerdo que tomaron en la Junta de Gobierno del 8 de septiembre,

3.- Se da cuenta de expediente de Licencia de Primera Ocupación de la construcción de 15 viviendas en Urb. Cotobro, vial nº 98 del PGOU 97, a instancias de Alterna, Alternativas Empresariales y Comerciales, S.L., y de escrito de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, D.G. Inspección de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda, sobre “Requerimiento ejercicio potestades disciplina urbanística”, referente a denuncia interpuesta ante el SEPRONA de Motril por D. Antonio Blanco Cabrerizo, relativo a ciertas irregularidades urbanísticas en la construcción en suelo Urbano de 15 viviendas unifamiliares en la zona conocida como Cotobro, e indicando las potestades de disciplina urbanística que pudieran corresponder a este Ayuntamiento en relación con tales hechos. La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes, acordó solicitar informe a la Asesoría Jurídica, D. Antonio Tastet.