La protesta por la tasa de basura congrega a unos 500 sexitanos

En Ideal viene así

Los grupos de la oposición lograron llenar la plaza del Ayuntamiento y recogieron un gran número de firmas contra la polémica medida Lo más curioso fue la presencia de simpatizantes del equipo de gobierno

La impopular medida de subir el recibo de la basura hasta un 20% al independizar esta tasa del recibo del IBI, como se cobrar hasta este año, sacó a la calle a unos quinientos vecinos de Almuñécar, que en la tarde de ayer secundaron la convocatoria de los grupos de la oposición en Almuñécar -Partido Socialista, Izquierda Unida y Partido Andalucista- salvo el Partido Popular.

La plaza del Ayuntamiento se llenó de gente desde las ocho de la tarde para escuchar las proclamas de los portavoces de los grupos de la oposición, Fermín Tejero (IU), Luis Aragón (PA) y Francisco Prados (PSOE) que explicaron a los participantes la moción que presentarán al próximo pleno municipal para exigir que se paralice el cobro de los recibos hasta que no se corrijan los errores y se actualice el censo que se utiliza como referencia. Según los cálculos de la oposición, faltan al menos cinco mil nuevas viviendas que no están incluidas en ese censo y que, por lo tanto, provocan un encarecimiento de los costes en los recibos de los demás.

A la convocatoria asistieron simpatizantes de estos grupos políticos y vecinos almuñequeros en general. Lo más llamativo fue advertir a simpatizantes del propio equipo de gobierno, que protestaron contra la medida. Faltaron representantes del colectivo de residentes en Granada -muchos con viviendas en las zonas más caras de Almuñécar y que tendrán que hacer frente a recibos que rondan los mil euros- que aunque no pudieron estar presentes en la protesta, sí se están organizando para presentar alegaciones.

Los grupos de la oposición recogieron firmas contra la medida y repartieron formularios con las alegaciones para que los vecinos reclamen ante el Ayuntamiento. Las quejas por el encarecimiento de los recibos - «yo antes pagaba... y ahora pago»- fueron la declaración generalizada de los participantes en la concentración que, sin embargo, se negaron -como es habitual en Almuñécar- a dar su nombre a los medios de comunicación, alegando que así evitan problemas. Los grupos de la oposición, por su parte, insistieron en que «nadie se niega a pagar», pero sí reclaman que se ajusten los errores y se reparta con justicia el coste del servicio. Además exigieron claridad para que el Ayuntamiento almuñequero informe de los costes reales del servicio.

PSOE, IU y PA se mostraron satisfechos por la movilización de los vecinos sexitanos y confían que en que el rechazo social a la medida obligue al equipo de gobierno a tomar en cuenta sus peticiones.

La manifestación contra la nueva tasa de basuras congrega a 400 personas

Granada Hoy cuenta así la concentración

Más de cuatrocientos vecinos de Almuñécar, convocados por PSOE, IU y PA, se manifestaron ayer en la plaza del Ayuntamiento para protestar por la "subida brutal" experimentada por la tasa de recogida de basura aprobada por el equipo de gobierno que preside Juan Carlos Benavides, "con el silencio cómplice del Partido Popular".

Entre las cuestiones planteadas por los convocantes, destaca que la Ley de Haciendas Locales prohíbe a los ayuntamientos exigir tasas por el servicio de limpieza de vía pública. Además, los partidos que han auspiciado la convocatoria mencionan los errores en el censo, donde no se incluyen las viviendas de nueva creación.

Los portavoces de los tres grupos de la oposición -Fermín Tejero (IU), Luis Aragón (PA) y Francisco Prados (PSOE)- se dirigieron a los presentes para explicarles la situación y para recomendarles que presenten alegaciones en el Ayuntamiento sexitano, para lo cual tienen tiempo hasta el 15 de mayo. Asimismo, les invitaron a no pagar la controvertida tasa "al menos hasta el mes de septiembre".

El portavoz de IU manifestó que existe "un gran descontento en la ciudadanía, porque, tal y como se está gestionando, la tasa de la basura es un abuso y no se corresponde con el precio del coste real del servicio".

En la misma línea, Aragón aseguró que con estas tasas "el Ayuntamiento quiere hacer caja, porque va a obtener un millón de euros de ganancia". Mientras tanto, Prados fijó en unas 4.000 las unidades de vivienda que no están incluidas en el censo, además de que "no sabemos el coste real del servicio de limpieza".

Los tres grupos opositores coincidieron en criticar la postura del PP, que con su abstención permitió que Convergencia Andalucía pudiera dar luz verde a las nuevas tasas. Paralelamente a la manifestación organizada con la participación de los vecinos, los grupos mantienen su reclamación por la vía administrativa, ya que han presentado recursos y alegaciones a la tasa, y además han solicitado unos informes sobre el coste real del servicio "que no se nos han dado hasta el día de la fecha". Asimismo, convocaron a los asistentes a acudir masivamente a un pleno en el que pedirán conjuntamente que se realice una revisión.

MEDIO MILLAR DE SEXITANOS PROTESTAN POR LAS CUANTÍAS DE LOS RECIBOS DE BASURA

Infocosta lo contó así

Esta claro que “cuando les tocan el bolsillo” los ciudadanos reaccionan, y en esta ocasión, cerca de medio millar de sexitanos lo hicieron protestando ante las puertas del consistorio por las cuantías que deben pagar bimestralmente en los nuevos recibos de basura.

Convocados por los grupos de la oposición, IU, PA y PSOE, unas 500 personas reclamaron la “paralización de la nueva tasa, hasta que no se actualice el censo catastral y se revisen los valores del IBI sobre el que se cobra este servicio municipal, del que aún desconocemos el coste real” afirmaban los convocantes.

Los vecinos acudieron a una mesa instalada en la Plaza de la Constitución en la que podía cumplimentar un documento de alegaciones al censo de la tasa fiscal de basura.

“Porque yo tengo que pagar más por recibir el mismo servicio municipal que mi vecino de al lado” preguntaba una señora muy enfadada.

“Si la basura es una tasa por un servicio municipal, ¿cómo pueden valorarla en función del valor catastral?” añadía otro vecino airado.

“Pago más por una vivienda aquí cuando solo vengo poco más de un mes al año, que lo que pago en todo el año en Madrid”, protestaba un vecino de Velilla.

Pero la concentración ciudadana tenía a tres protagonistas aclarando las dudas a los vecinos, los concejales del PSOE, IU y PA.

El socialista Francisco Prados, calificaba esta situación como la prueba de dos fallos fundamentales: “El padrón urbano no está actualizado, algo que hemos podido comprobar con los servicios técnicos del Ayuntamiento, quienes nos han confirmado que hay 4000 unidades sin actualizar, y que al día de hoy no sabemos cual es el coste real del servicio de limpieza. Este recibo no se ajusta a la realidad y por lo tanto no se puede cobrar”.

El concejal del PA, Luis Aragón describía así la situación: “Todo este malestar y enfrentamiento responde a que en Almuñécar tenemos un gobierno caduco y falto de ideas, que intenta hacer caja con esta medida, porque no tiene recursos para responder al ritmo de este ayuntamiento. Este gobierno está aislado y mantiene paralizada Almuñécar. Prueba de ello es esta subida en la tasa de basura, lo que demuestra claramente la mala gestión del equipo de gobierno”.

Fermín Tejero, concejal de IU se dirigía al equipo de gobierno para pedirles la inmediata retirada de esta tasa de basura y la discusión en el Pleno de esta moción “que presentamos de forma conjunta los tres partidos convocantes y que NO ha sido incluida en el orden del día del pleno. Además, exigimos la rectificación por parte del equipo de gobierno y del PP ya que de no ser así solo les queda presentar su dimisión porque un ayuntamiento no se puede enriquecer a costa de la tasa de basura”.

Entre los vecinos encontramos al parlamentario de IU, Pedro Vaquero, quien quiso sumarse a su grupo político para denunciar esta medida. “Solo quiero manifestar mi apoyo a los compañeros y vecinos de Almuñécar que han venido aquí a protestar por esta medida tomada por el equipo de gobierno de Benavides, que a mi juicio es desproporcionada y elevadísima porque introduce elementos que no son legales ya que con la recogida de basuras no puede pagarse nada que no sea el propio servicio”.

Los concejales animaron a los vecinos a no pagar el recibo hasta que no se reciban respuestas “ya que tenemos del plazo hasta el 1 de septiembre”, y pidieron al Partido Popular que reconsidere su postura en el próximo pleno.

EL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ANULA UN NUEVO CONVENIO DE GESTIÓN FIRMADO POR BENAVIDES.

El pasado 4 de abril recayó Sentencia en el Procedimiento 90/08 tramitado ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Granada, por demanda interpuesta por el Partido Popular contra un Decreto de Juan Carlos Benavides que aprobaba un Convenio Urbanístico de Gestión.

Dicho decreto, de fecha 11 de agosto de 2.005, aprobaba un Convenio de Gestión firmado el 4 de Abril de 2.004, denominado “La Mariquilla”, por el que el Ayuntamiento vendía el 10% de los aprovechamientos que le corresponderán a futuro en el Plan Parcial del mismo nombre, cobrando el 5% de ese importe por adelantado, y siempre y cuando el PGOU se aprobara con dichas determinaciones.

El Juzgado viene a dar la razón al PP, y anula el citado convenio, ya que no puede cobrarse por adelantado el dinero de un Plan General que todavía no está aprobado. El Juzgado determina que el Convenio contraviene la Ley, y lo anula.

Esta es la segunda sentencia que se dicta en pocos días y que anula otra de las ventas realizadas por Benavides a cuenta del futuro planeamiento. El Partido Popular ha impugnado ante los Tribunales 24 de estos Convenios, mientras que los particulares han impugnado 3, habiendo recaído ya Sentencia que anula el del Sector Río Seco.

La novedad en este caso es que el Juzgado determina que el PP sí está legitimado para interponer dichas demandas, ya que entiende que los actos urbanísticos son de Derecho Público, afectan a materias generales y pueden ser objeto de revisión a petición de cualquiera; además, el Juzgado recuerda que entre los fines de los Partidos Políticos está velar por la legalidad y por el interés general, y que, por tanto, procede que dichos Partidos puedan impugnar actos administrativos que afecten a una generalidad de personas.

El Portavoz del Grupo Popular, Juan Luis González Montoro ha explicado que si estas Sentencias continúan recayendo en el mismo sentido, el Ayuntamiento va a tener un gravísimo problema económico si tiene que devolver las cantidades recaudadas; “Benavides hizo una mega campaña electoral con muchas obras e inversiones que se pudieron ejecutar gracias al dinero recaudado con estos convenios, que ahora los Juzgados están anulando”.

González Montoro ha recordado que desde el 2.004 su Partido viene denunciando que estos convenios no cumplen la Ley, y que siempre han exigido a Benavides que no gaste el dinero recaudado, ya que las pérdidas para el Municipio pueden ser millonarias. “Sin embargo Benavides, en un alarde de irresponsabilidad y de temeridad, se ha gastado el dinero recaudado ilegalmente” apunta el edil popular.

González Montoro ha explicado que dichos convenios, “además de ilegales, son lesivos para el interés general, ya que se está poniendo el precio ahora al suelo que el Ayuntamiento obtendrá del desarrollo del PLAN GENERAL que todavía no se ha aprobado; de ese precio se cobra sólo un 5%, y el resto se cobrará dentro de 5, 6 o 10 años, pero sin posibilidad de modificar el precio inicial. Por tanto, el Ayuntamiento dejará de ingresar bastantes cientos de millones de euros en los próximos años, ya que, como todo el mundo sabe, los precios del suelo y de los aprovechamientos se están incrementando anualmente en porcentajes enormes”.

Por último, el PP explicó que estos procesos judiciales no paralizan ni interfieren en la tramitación del Plan General, ya que una cosa es el planeamiento previsto y otra cosa es el cobro de los aprovechamientos municipales.

El futuro de 650 viviendas de Almuñécar está en los juzgados

D. MÁRQUEZ

El crecimiento desmesurado de Almuñécar y la necesidad de adaptarse a un turismo cada vez más competitivo ha llevado en los últimos años a su Ayuntamiento a un crecimiento urbanístico desproporcionado que en ocasiones llegó a contravenir el plan urbanístico vigente en el municipio. Eso llevó a la Junta a recurrir determinadas decisiones. En concreto, han sido 56 impugnaciones las que en los últimos diez años ha interpuesto la Administración contra acuerdos municipales. El número podría ser mayor dado que la contabilidad de estas acciones judiciales no está informatizada.

Los contenciosos afectan a 656 viviendas, algunas de las cuales están en construcción, otras terminadas y otras aún con las obras sin empezar. Según fuentes de los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía, catorce de estas impugnaciones han contado con sentencias a favor de los postulados de la Administración andaluza, mientras que doce han sido contrarias.
En cualquier caso, han sido recurridas por las partes en litigio y en su gran mayoría están pendientes de resolución.

Entretanto, las construcciones objeto de litigio continúan y también el modelo urbanístico defendido por el alcalde sexitano, Juan Carlos Benavides. Para comprobar esto último no hay más que darse un paseo por San Cristóbal, donde actualmente se levantan varios hoteles, al tiempo que se adecenta la zona.

Las impugnaciones también afectan a seis hoteles, entre los que destacan el Bahía Almuñécar, en la avenida Juan Carlos I, con diez plantas de altura. La impugnación, como la mayoría de las 56 contabilizadas, va dirigida contra la licencia de obras concedida en su día por el Ayuntamiento. Aún no hay una resolución firme del juzgado ante el que se presentó recurso por este hotel que sigue abierto.

El retraso en los juzgados, también el que está perjudicando al funcionamiento del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), afecta a la resolución de estos pleitos entre administraciones. Quince de los recursos interpuestos se presentaron ante el TSJA, principalmente los relacionados con figuras de planeamiento, es decir, vinculados a modificaciones del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) o los planes parciales que afectan a distintas partes del municipio.

Otros establecimientos hoteleros que se han visto afectados por impugnaciones de la Junta de Andalucía han sido el de cuatro estrellas contemplado en los terrenos del camping El Paraíso y el hotel Los Verdiales.

Las resoluciones que ya han sido dictadas, aunque pendientes de recurso, se han fallado a veces a favor de la Junta y otras a favor del municipio. No se sabe, sin embargo, quién ganará finalmente esta particular batalla judicial.

Existe una demanda presentada en 2005 contra la concesión de licencia por un hotel de cuatro estrellas junto al río Jate, en La Herradura. El juzgado declaró inadmisible la impugnación. Está apelada por la Junta. El mismo juzgado estimó el recurso contra la licencia del hotel Cortijo de Andalucía, decisión recurrida por el municipio.

Entre las impugnaciones de la Junta de Andalucía destaca también la que se formuló contra la licencia para la aprobación del proyecto básico de ejecución del pabellón deportivo cubierto en La Herradura.

Peñón del Lobo. Entre los más de seis centenares de viviendas cuyo futuro está afectado por estas resoluciones judiciales destacan las ciento cuarenta y cuatro del proyecto básico de un edificio de apartamentos incluido en el plan parcial del sector 1 del Peñón del Lobo. Se interpuso demanda contra la licencia de dicho proyecto en 2006 y fue estimada por el juez. Está apelada. En esta zona se han paralizado algunas construcciones hasta el punto de que Ecologistas en Acción llegó a referirse a la misma como el Algarrobico de Granada, en referencia al famoso hotel de Almería expedientado por el Ministerio de Medio Ambiente.

Están también afectadas por estas impugnaciones, siempre según fuentes de la Junta, 66 viviendas en la calle Rambla del Espinar, 60 en el edificio Horia, 46 en la avenida Costa del Sol, 38 en el Barranco de Noy, y 23 en Marina del Este, en La Herradura, una de las áreas sexitanas de más crecimiento urbanístico en los últimos diez años.

En la mayoría de los casos aún no existe sentencia firme sobre estos contenciosos, pero parece claro que el modelo urbanístico de Almuñécar está en el punto de mira del Gobierno andaluz.

Concentración contra la tasa de basura

Lunes, 12 de mayo a las 8 de la tarde en la Plaza del Ayuntamiento.

Convocan: Izquierda Unida, Partido Andalucista y Partido Socialista

IU consigue que se adapten a la legalidad los Tribunales de selección de personal en el ayuntamiento

La Secretaria del ayuntamiento ha estimado parcialmente los  recursos interpuestos por IU contra las bases que regulaban la convocatoria de dos plazas: Ciudades ante las drogas y Programa de atención a inmigrantes.

En ambas convocatorias, IU sostenía que la constitución del Tribunal no se había hecho de acuerdo a lo previsto en la legislación vigente. IU pedía que se modificara la composición del Tribunal en dos apartados:

El primero es que la totalidad de los miembros deberá poseer un nivel de titulación igual o superior al exigido para el ingreso en el Cuerpo o Escala de que se trate, cuestión esta que se incumple en las dos convocatorias.

La secretaria nos ha dado la razón por completo en este tema y ha obligado al alcalde a varias la composición de los tribunales.

Respecto a la necesidad de que entre los Vocales figure un representante de la Comunidad Autónoma, la secretaria estima que ese requisito sólo es exigible para convocatorias de funcionarios. En consecuencia, y de manera indirecta, el alcalde se ha dado por enterado y ha anulado la convocatoria de dos plazas para policía local. Esta anulación viene en el Boletín de la Provincia del 21 de abril.

Después de la campaña de descalificaciones emprendida por los medios de comunicación afines a Convergencia, responsabilizando a IU de la tardanza en seleccionarse el personal que iba a trabajar en estas dos plazas de atención a inmigrantes y problemas de drogadicción, no podemos sino alegrarnos de que la legalidad sea restaurada en el municipio. La tardanza en cubrir estas plazas solo es atribuible a quien ha efectuado una convocatoria irregular que no se ajusta a la ley.

Ahora sólo nos queda esperar que estas dos convocatorias se resuelvan lo antes posible y esperamos que este toque de atención sirva para que en el futuro no haya más irregularidades y las convocatorias se hagan ajustadas a derecho.

Luchar por la ciudadanía, la Ilustración y el Estado de Derecho significa ante todo luchar por desactivar la lógica capitalista

Luis Alegre Zahonero, coautor del polémico libro Educación para la Ciudadanía. Democracia, Capitalismo y Estado de Derecho de Akal, inauguró ayer el primer curso para formar al profesorado que se celebra en León, organizado por Stele, de cara a la implantación de la nueva asignatura. El filósofo presentó las líneas básicas de la adaptación del libro, por el que algunos sectores de opinión pidieron su inhabilitación y la de los otros autores, entre ellos el filósofo Carlos Fernández Liria, a un manual de Ética y Ciudadanía para cuarto de la ESO. Reivindican, como Sócrates, la ciudadanía como «la condición por la que el hombre puede, en lugar de limitarse a vivir, aspirar a llevar una vida buena».

-¿Cómo han podido adaptarse a las exigencias del Ministerio de Educación desde una perspectiva tan crítica?

-Cuando el Ministerio de Educación diseña un currículo deja un margen bastante amplio de actuación y además nuestro editor nos ha dado libertad. Respetamos escrupulosamente el currículo, pero es un texto con un contenido extraordinariamente crítico.

-Cada comunidad autónoma tiene su propio currículo. ¿El libro vale para cualquiera de ellas?

-Nos hemos guiado por el currículo que diseña el MEC, que tienen que respetar todas las comunidades autónomas, quieran o no. Eso sí, hemos hecho un libro muy largo, con muchos contenidos porque ante todo defendemos una educación disciplinar y con contenidos y, por tanto, hemos hecho un libro de filosofía. Pero creo que sólo va a ser viable como libro de texto en esas comunidades que decidan darle bastantes horas a la asignatura. Las comunidades del Partido Popular ya han anunciado que van a reducir las horas al mínimo que les exige la ley y este libro es inviable con una hora a la semana.

-¿Qué aporta de novedoso con respecto a otros manuales?

-Es el intento de dar a una asignatura sin perfil científico un contenido disciplinario, para que sea una asignatura de Filosofía. La inmensa mayoría de los libros nos parecen de una gran vaguedad, con llamadas a las buenas intenciones y contando lo felices que deben ser todos por vivir en una monarquía constitucional... Creo que hemos intentado hacer de la necesidad virtud y buscar el resquicio para darle un perfil científico o de, por lo menos, ofrecer al profesor la posibilidad de que la convierta en una asignatura de filosofía. La diferencia más nítida es que está escrito desde una perspectiva estrictamente marxista, lo que sinn lugar a dudas nos van a reprochar. Es un libro marcadamente marxista que denuncia la incompatibilidad entre capitalismo y ciudadanía, pero es que están saliendo libros neoliberales, tomistas, con perfiles religiosos... Así no tiene que sorprender que también haya uno marxista.

-La tesis de su libro es que la ciudadanía es un espejismo en el capitalismo. ¿Por qué?

-Porque el Estado de Derecho es una ficción en las condiciones capitalistas de producción. Es un espejismo porque partimos de que el Estado de Derecho son esas condiciones en las que el derecho consigue gobernar el curso de la realidad incluso si lo tiene que hacer en contra de los intereses de los poderosos y de la economía y en condiciones capitalistas se restringe al mínimo el margen de actuación para la política. El parlamento es un espectáculo patético porque cualquier medida que se pudiera plantear por trivial que parezca es contestada por el poder económico. Estamos en un mundo en el que la economía pone barreras y restringe el espacio de actuación de lo que se supone que es la sede de la soberanía en un Estado de Derecho. Además, hay un hecho del que no podemos desentendernos: durante todo el siglo XX cada vez que una opción de izquierdas ha ganado unas elecciones y ha intentado aplicar un programa de izquierdas inmediatamente se ha dado un golpe de Estado. España en el 36 y Chile en el 73 son los casos más llamativos.

-¿Qué proponen al alumnado: una rebelión contra el sistema o que vean que es imposible la ciudadanía, lo cual no deja de ser frustrante?

-Yo no veo que sea frustrante. Lo que intentamos defender ante todo es que el proyecto de la ciudadanía, de la Ilustración y del Estado de Derecho es irrenunciable, aunque sólo sea como idea regulativa. Es una exigencia ineludible de la razón y en ese sentido hay que luchar sin tregua. Ahora bien, sin que se nos olvide que luchar por la ciudadanía, por la Ilustración y por el Estado de Derecho significa ante todo intentar luchar por desactivar la lógica capitalista, que resulta incompatible con el proyecto de la ciudadanía.

-A Sócrates le condenaron a muerte y a ustedes les han tachado de locos por hacer un libro crítico desde la izquierda. ¿Qué diría que tienen en común?

-Sería muy arrogante decir que tenemos algo en común. Nos gustaría tener en común todo con él, a ser posible, excepto la condena a muerte, aunque parece que una cosa va unida a la otra.

-Parece que desvelan el misterio de la muerte de Sócrates ¿Cuál es?

-Con Sócrates se inaugura el proyecto de la Ilustración, de la ciudadanía y del Estado de Derecho que ha sido siempre un proyecto revolucionario e insoportable para los poderosos. El proyecto de la ciudadanía ha resultado siempre insoportable para los poderosos y lo sigue siendo ahora.

El juzgado anula un convenio de tres millones que firmó Benavides en 2004

El acuerdo es nulo. El Juzgado de lo Contencioso número 3 de Granada ha estimado el recurso de unos vecinos contra un convenio urbanístico firmado por el Ayuntamiento de Almuñécar en 2004. El falló -todavía recurrible- anula el acto impugnado por ser contrario a derecho. La operación que se queda en el aire es de 3.208.483 euros.
Detrás del pleito están los convenios que Juan Carlos Benavides ha venido firmando a lo largo de los últimos años a cuenta de un plan de ordenación (PGOU) que aún no está aprobado y que la Junta -que es quien tiene que darle el visto bueno- ha rechazado en varias ocasiones.

La fórmula era totalmente legal hasta 2005. Lo que hacía el Ayuntamiento era vender por anticipado la bolsa de suelo municipal que se podría generar con el futuro PGOU pero que aún hoy es pura entelequia. Los empresarios pagaron con la condición de que se pudiera construir.

El gobierno municipal consiguió así dinero en efectivo para financiar proyectos, un soplo de oxígeno para un Ayuntamiento que en 2004 refinanció con el Banco de Crédito Local (BCL) una deuda de 16 millones de euros.

El problema surge cuando al final no se pueden cumplir los compromisos adquiridos con los constructores y el Ayuntamiento tiene que devolverles el dinero. En algún caso con intereses.

En los últimos años Benavides ha firmado alrededor de 40 acuerdos de este tipo. Muchos se han hecho por resolución de Alcaldía, sin pasar ni siquiera por el pleno. Según un informe del interventor municipal, fechado en octubre de 2006, el Ayuntamiento había ingresado 3,4 millones de euros. Los compromisos firmados son muy superiores.

El PP presentó 26 contenciosos por otros tantos convenios. La mayoría no están prosperando al no ser el partido una parte afectada por los acuerdos. La Fiscalía solicitó información sobre estas operaciones cuando eran una minucia pero acabó archivando las diligencias, ya que que los convenios urbanísticos todavía no han pasado por el filtro definitivo de la Junta y son prácticamente papel mojado.

Pero acaba de prosperar un recurso, el de unos vecinos contra una macro operación urbanística en Río Seco. El juez anula el convenio firmado el 30 de septiembre de 2004 con una promotora, que después aprobó Juan Carlos Benavides por resolución el 11 de agosto de 2005.

La sentencia recoge que «no consta que el convenio de gestión impugnado fuera sometido a la aprobación del pleno. (...) Las partes contratantes adquieren facultades o derechos cuando carecen de los requisitos esenciales para su adquisición».

Sí pasó por el pleno un segundo documento pero no «contiene mención alguna a las compensaciones en metálico del aprovechamiento urbanístico de cesión obligatoria que fija el convenio», la venta del diez por ciento que le corresponde al Ayuntamiento cuando se urbaniza un terreno nuevo. Al contrario, se dice que esas parcelas pasarían a formar parte del patrimonio municipal de suelo.

El importe del convenio superaba los 3 millones de euros. En el informe del interventor municipal consta que el Ayuntamiento ingresó 160.425 euros de la misma empresa el 31 de agosto de 2005, días después de cerrarse el acuerdo.

La ex consejera de Obras Públicas, Concepción Gutiérrez, dijo en su día que los convenios que había venido firmando el Ayuntamiento no tenían «ningún valor» para el gobierno andaluz.

Absuelto Ávilas Rojas en el pleito de los vecinos de una de sus promociones

Cada semana tenemos ocasión de comprobar alguna noticia alucinante relacionada con la Justicia. La de hoy es tremenda. Usted compra una casa. El promotor ha construido esa casa en terrenos que no son suyos. El dueño de los terrenos presenta una denuncia. Le condenan a usted, al que ha comprado la casa, que no tenía ni idea de quien era el dueño de los terrenos, por supuesto. Usted denuncia al chorizo que hizo la casa en unos terrenos que no eran suyos. Y no pasa nada. Usted le tiene que pagar el terreno al dueño. De verdad que es para no creer en la justicia. Cualquiera se atreve con estos personajes. Da igual que lo que usted defienda sea claro, justo y evidente. Da igual. Cuánta razón tenía el señor Pacheco.

El constructor José Ávila Rojas no tendrá que pagar, en principio, los más de 326.000 euros que le reclamaban los vecinos de la Urbanización La Colina I de Cenes de la Vega. Una sentencia dictada por la juez de Primera Instancia 12 ha absuelto al empresario de tener que abonar dicha cantidad a la comunidad de propietarios del citado inmueble, que le demandó tras ser condenada a indemnizar con más de 195.000 euros al dueño de un terreno ajeno que el empresario invadió cuando edificó La Colina.

La resolución desestima la demanda de reclamación de cantidad por daños y perjuicios que presentaron los vecinos, recordando que la comunidad fue condenada en su día por la Audiencia de Granada a, en lugar de devolver a su legítimo propietario el terreno invadido ilegítimamente, abonarle su precio. Se produjo así, según la juez, "un supuesto de accesión invertida" del suelo, "sin privar a los compradores de todo o parte de la cosa vendida".

Esa circunstancia, subraya la juez, "sólo supone la obligación de indemnizar a cargo del que pasa a ser titular del suelo". Es decir, que al convertirse los vecinos de La Colina en los nuevos propietarios del terreno ocupado también son quienes, según la sentencia, deben de pagar su coste a su anterior dueño, el constructor Emiliano Rodríguez.

Fuentes del caso indicaron que los vecinos tenían previsto recurrir la sentencia ante la Audiencia de Granada, pues, como sostienen, ellos compraron sus casas pensando que estaban libres de cargas y no tienen la culpa de que la empresa de Ávila Rojas, Incar SA, invadiese parte de aquel solar ajeno. El constructor granadino ocupó exactamente 2.580 metros cuadrados de una finca propiedad de Urbanizadora Villa Cantoria SL (empresa de Emiliano Rodríguez), un extremo que se descubrió a raíz de otro litigio entre ambos constructores.

Ahora el dinero público de las pensiones puede salvar a los bancos

Pascual Serrano

Casi todos recordamos cómo hace unos años decían que el sistema español de la Seguridad Social podía colapsar y no estar en condiciones de garantizar nuestras pensiones. Por ello, comenzaron una campaña de fomento de planes de jubilación, detrás de los cuáles estaban aseguradores y bancos. Ellos sí podían garantizar nuestra pensión y no el Estado.

 

Pues mira por donde, ahora vemos en una noticia del diario El Mundo del 8 de mayo que son los bancos y cajas de ahorros quienes piden al gobierno el dinero de la Seguridad Social para poder enfrentar su situación de crisis financiera. Bien claro que lo dice el titular: “La banca pide al Gobierno financiar la crisis inmobiliaria con el fondo de las pensiones”.

 

Señala la noticia que “las asociaciones de los bancos y cajas de ahorros de España están pidiendo al Gobierno medidas de apoyo para garantizar la liquidez del sector financiero español que incluyen la utilización en el mercado de renta fija privada, por primera vez, del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, creado para garantizar las pensiones de los trabajadores españoles”. Según el periódico “tanto la Asociación Española de Banca (AEB) como la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) están planteando sus propuestas de manera informal en las frecuentes reuniones que están manteniendo con la cúpula del Ministerio de Economía y el Banco de España”.

 

De forma que el ciudadano que hace quince años decidiese pagar religiosamente una cantidad al banco porque pensaba que la Seguridad Social no le iba a garantizar su pensión, ahora descubrirá que es gracias a esa misma Seguridad Social por lo que su banco no entrará en crisis y le dejará tirado con su fondo de pensiones.

La Presidenta del PP tiene mala memoria y maneja datos erróneos

El PP de Almuñécar afirma que IU, PSOE y PA estamos manipulando datos en relación a la tasa de basura. En realidad, es su presidenta quien, por falta de memoria o por errores de cálculo, ofrece datos falsos.

1. Afirma Trinidad Herrera que El Partido Popular, votó a favor de separar la tasa de basura del IBI, como se hacía antes, pero en ningún caso votó a favor del tipo impositivo que se está aplicando en la tasa de basura, en cuya votación se abstuvo. Ahí se equivoca Trinidad. Pero, en cualquier caso, si no les parece bien el 0,50 pueden votar a favor de la moción que vamos a presentar pidiendo que el cobro de esta tasa se paralice hasta que estén las cuentas claras. O pueden proponer ellos una bajada de ese 0,50, y ya pueden contar con nuestro voto por adelantado.

 En relación con el tema de la basura ha habido cuatro plenos. En cada uno de ellos nos han enseñado informes distintos subiendo de un día para otro los cálculos acerca de lo que nos iba a costar que los empleados del Mirlo tuviesen un salario digno. Embuste sobre embuste hasta la victoria final, en que el PP tuvo que tragar si quería el voto de Benavides para la Mancomunidad. Así de sencillo. ¿O cómo se explica que un partido vote en contra de subir un 11%, vote en contra de subir el 17% y acabe votando una subida del 22,5%?

Veamos la historia de los plenos porque es interesante:  

• En el primero, Benavides propuso pasar el IBI del 0,90 al 1% del valor catastral. El PP votó en contra.
• En el segundo pleno, Benavides pensó: si no quieres caldo, toma tres tazas, y propuso una subida algo mayor, del 0,90 al 1,05. El PP votó en contra.
• En el tercer pleno, Benavides ya había conseguido un pacto con el PP en la Mancomunidad y entonces les chuleó un poco y propuso subir más aún, pasando del 0,90 al 1,10, pero con una modificación. El IBi bajaría del 0,90 al 0,60 y se crearía una tasa de basura del 0,50. Las actas lo recogen sin ningún género de dudas: el PP votó a favor de esta propuesta y así se aprobó: bajar el IBI al 0,60 y crear una tasa de basura del 0,50.
• En el cuarto pleno, ahí estará la confusión de Doña Trinidad, IU presentó alrededor de cincuenta alegaciones pidiendo que el tema se anulara porque los grupos municipales aún no teníamos informes técnicos y jurídicos que acreditaran cuál era el coste real del servicio de recogida de basura. IU anunció que denunciaría a los concejales que apoyaran este acuerdo porque es ilegal cobrar mediante tasa más de lo que cuesta el servicio. Y ahí fue cuando el PP se abstuvo. Convergencia votó en contra de las alegaciones. Los demás partidos votaron a favor y las alegaciones de IU fueron rechazadas.

2. Dice la presidenta del PP que dicha tasa de basura va a suponer un incremento medio de 30 euros anuales por vivienda. Le fallan las matemáticas. Según los datos oficiales, en Almuñécar hay 39.633 inmuebles con un valor total de 931.377.632,86. Por una sencilla división, el autor de la información, que es el encargado del Catastro, nos dice que el valor medio de esos inmuebles es de 23.500,05€.

Sigamos. En 2007 pagábamos un 0,90 de IBI sobre ese valor catastral. Coja usted la calculadora y verá como el 0,90 de 23.500,05 es 211,50.€.

En 2008 vamos a pagar de IBI el 0,60 de esa misma cantidad. Haga usted la cuenta y verá como le sale 141€.

En 2008, esa vivienda media de 23.500,05€ va a pagar en concepto de tasa de basura el 0,50. La calculadora dice que eso es 117,50€.

Sume usted esas dos cantidades: IBI y Basura. Si no nos hemos equivocado, le saldrá 258,50€.

Ahora hacemos una resta. Lo que pagaremos en 2008 entre IBI y Basura menos lo que hemos pagado en 2007 por IBI: al equipo científico de IU, después de contrastar el dato con cinco calculadoras diferentes, nos salen 47,50€.

Señora Trinidad, y señores periodistas de algún medio que también han tenido algún problema con la calculadora. Este año, el valor medio de la basura más la contribución va a sabir 47,50€, casi 8.000 pesetas. Se trata, ni más ni menos, de un 22,5%, que es lo que hemos denunciado una y otra vez. Pero es que, además, ese valor de 23.500,05 no es el valor medio de nuestras viviendas. Cuando el catastro habla de inmuebles hace referencia a numerosas edificaciones que no son viviendas, por ejemplo, cocheras, cuyo valor catastral es muy inferior. De hecho, en estas cuentas del catastro se habla de 39.633 inmuebles, y todos sabemos que en Almuñécar no hay ese número de viviendas. Si nos dieran el dato exacto de las viviendas, pero sólo de las viviendas, podríamos comprobar cómo el valor medio de nuestras casas y pisos está bastante por encima de esos 23.500€. Por lo tanto, la subida media que vamos a tener está bastante por encima de los 60€. Y si no, ¿por qué está la gente tan cabreada? ¿por qué nos piden las alegaciones como rosquillas?

Una cuenta clara y facilita: por cada 90€ que pagamos el año pasado, este vamos a pagar 110. Eso, sin contar que el valor catastral de todas las viviendas, incluida la de Doña Trinidad, habrá tenido el incremento normal que cada año se le aplica por el incremento del IPC. Así que, el 22,5% más la subida del valor catastral de acuerdo al IPC nos da una subida real superior al 25%.Lo demás son ganas de liar. 

Pero es que, además, nosotros estamos insistiendo en algo a lo que no responde Benavides ni sus apoyadores. Todavía no sabemos cuánto cobra El Mirlo por coger la basura. Nos han dicho cuánto cobra por todo, por coger la basura, por limpiar las calles, por coger los trastos viejos... pero es que eso no nos sirve, porque la ley, que está para cumplirla, dice que los ayuntamientos no pueden cobrar en las tasas ni un céntimo más de lo que les cuesta el servicio, y además, prohibe expresamente que se cobre tasa por limpiar las calles. ¿O está de acuerdo el PP en que en la tasa de basura nos metan todo lo que se le ocurra al señor alcalde? Pues por lo visto, sí.

Aquí abajo tienen el comunicado del PP:

El Partido Popular de Almuñécar y La Herradura, a través de su presidenta local, Trinidad Herrera, quiere mostrar su indignación ante la manipulación de datos que se está realizando por parte del PSOE, PA e IU en relación a la tasa de basura.

Según Herrera, “la información dada es totalmente errónea, y lo único que está provocando es alarma social y desde luego el desprestigio más absoluto de nuestro municipio, máxime teniendo en cuenta la época en la que estamos, época en la que lo que tendríamos que hacer es vender de la mejor manera posible nuestro municipio como destino turístico y no dedicarnos a desprestigiarlo”.

El Partido Popular, votó a favor de separar la tasa de basura del IBI, como se hacía antes, pero en ningún caso votó a favor del tipo impositivo que se está aplicando en la tasa de basura, en cuya votación se abstuvo. Pero deben tener claro los ciudadanos, que la postura del PP en ese Pleno tenía poca importancia, lo mismo que la del resto de los grupos de la oposición, ya que la concejal del PSOE Rocío Palacios no se dignó a asistir a ese Pleno Municipal, con lo que le dio carta blanca al gobierno del Sr. Benavides para que aprobara lo que quisiera. Por tanto el PSOE, no está en absoluto legitimado para hacer ninguna crítica al respecto.

Los ciudadanos, según manifestó Herrera, “deben saber la verdad. Es cierto que hay que pagar la tasa de basura, pero también es cierto que el IBI ha bajado un tercio, y que dicha tasa de basura va a suponer un incremento medio de 30 euros anuales por vivienda y que con ese esfuerzo conseguiremos evitar molestas huelgas de basura, que Almuñécar esté limpia y que los trabajadores de la empresa de limpieza cobren un sueldo digno sin temor a ser despedidos”.

En un municipio turístico, como Almuñécar y La Herradura, es muy importante la imagen y su limpieza, porque de ellas depende que funcione nuestra principal fuente de riqueza que es el Turismo, y el incremento económico que va a suponernos la nueva tasa de basura, debemos entenderla como una inversión de futuro que sin duda dará los frutos a todos los ciudadanos. Trinidad Herrera concluyó manifestando que “seamos todos responsables y no deterioremos más la imagen de nuestro municipio, creando confusión y malestar, no solo a nuestros vecinos, sino a todas aquellas personas que pueden elegir nuestra ciudad como destino turístico. ¡En política no vale todo!”.

Nuevo modelo de alegaciones a la tasa de basura

Con el conocimiento de nuevo datos técnicos que antes desconocíamos, hemos ampliado el documento de alegaciones a presentar. Además de incorporar nuevos datos y peticiones, le hemos dado la forma legal de recurso de reposición. Para quienes aún no hayais rellenado la alegación, utilizad este nuevo modelo que es más completo.

ALEGACIONES AL CENSO DE LA TASA FISCAL DE BASURA

 

 

Al Alcalde del Ayuntamiento de Almuñécar

 

D ……………………………………………………, con D.N.I. ……………………, con domicilio a efectos de notificación en ………………………………………………………………………………..................................................................., EXPONE

 

Que mediante el presente escrito INTERPONE RECURSO DE REPOSICIÓN contra la Resolución de Alcaldía 637 de 10 de marzo de 2008, basado en los siguientes

 

MOTIVOS:

 

1. Con fecha 26 de Marzo de 2008, en el BOP 56, se ha publicado el anuncio del CENSO TASA FISCAL RECOGIDA BASURA DOMICILIARIA, aprobado por resolución de Alcaldía 637 de 10 de Marzo del corriente.

 

2. Se ha iniciado el periodo para pagar el primer bimestre de la citada tasa sin que por parte del Ayuntamiento se haya notificado individualmente el comienzo de la exigencia de la tasa y el alta individual de la tasa a todos y cada uno de los titulares o sujetos pasivos.

 

3. No se incluyen en el censo los edificios, casas adosadas y chalets construidos en los últimos años. Tampoco se incluyen en el censo bajos comerciales, naves industriales, hoteles, centros de ocio y de salud privados y demás instalaciones comerciales que igualmente deberían haberse incluido. En consecuencia, la cantidad que el ayuntamiento ha valorado como coste del servicio ha de ser pagada por un número de usuarios inferior al real, lo que redunda en una subida del recibo para todos aquellos vecinos que sí figuran en el censo.

 

4. El padrón de la tasa supera en alrededor de un millón de euros el coste efectivo del servicio, habiendo pequeñas variaciones según los datos utilizados.

 

5. El Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales R.D.L. 2/2004 de 5 de Marzo,  establece con claridad que ‘el importe de las tasas por la prestación de un servicio… no podrá exceder en su conjunto del coste real o previsible del servicio’. Es evidente que esta ley no se cumple en el caso que nos ocupa pues hay unos ingresos muy superiores a los costes del servicio.

 

6. El art. 21.1.e del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales establece igualmente que “Las entidades locales no podrán exigir tasas por los servicios siguientes: e)limpieza de la vía pública”. Ignoramos a qué se refiere el informe técnico que, al valorar el coste del servicio prestado por la empresa de limpiezas ‘El Mirlo’ habla de recogida de residuos sólidos y otros. Entendemos que es necesario que se clarifique qué significa exactamente el término ‘y otros’, qué actividades ajenas a la recogida de la basura se incluyen en ese término ambiguo, porque es evidente que sólo se puede cobrar tasa a los ciudadanos por la cantidad que el ayuntamiento gaste en ‘recogida de residuos sólidos’. El resto de servicios (barrido y baldeo de calles, limpieza de playas, limpieza de edificios, etc) ha de ser costeado con cargo a los presupuestos municipales sin que la ley permita fijar una tasa por estos conceptos.

 

En virtud de lo expuesto

 

SOLICITO:

 

Tenga por presentado este escrito, y procediendo de acuerdo con lo manifestado en el cuerpo del mismo, a la estimación del presente Recurso de Reposición.

 

Con las reservas sobre la legalidad de la imposición de la tasa de basura de la que previamente se presentaron alegaciones, solicito la inmediata paralización de la puesta al cobro de la tasa de basura, por los siguientes motivos:

1. La tasa no ha sido notificada debidamente a todos y cada uno de los ciudadanos tal y como establece la ley cuando se trata de una tasa nueva.
2. No se ha elaborado el censo de forma real y justa, lo que supone de hecho una aportación mayor de los vecinos obligados a pagar, que han de compensar lo que dejan de pagar los miles de inmuebles que no están incluidos en el censo.
3. Los ingresos previstos por la tasa superan en alrededor de un millón de euros a los gastos del servicio de recogida de residuos sólidos, algo que está expresamente prohibido por la Ley de Haciendas Locales.
4. Para el cálculo real del coste, el ayuntamiento tiene que ceñirse a la cifra real que se paga a la empresa concesionaria por el servicio ‘recogida de residuos sólidos urbanos’, excluyéndose cualquier otra cantidad que se pague a esa empresa por servicios ajenos a la recogida de la basura.

 

En Almuñécar a ........  de Mayo de 2008

 

 

 

 

Fdo..........................................................

 

¿Que ocurriría si en Euskadi se convocase un referéndum como el de Santa Cruz?

Carlos Martínez

El pasado día 4 de mayo el Comité Cívico de Santa Cruz, un departamento de Bolivia, convocó una consulta popular para aprobar un “estatuto autonómico” mediante el cual se “auto-otorgaban” competencias tales como orden público, la titularidad de lo recursos naturales, la recaudación y administración de impuestos, agricultura, comunicaciones... Competencias que según la Constitución boliviana corresponden al Gobierno de la Nación boliviana. De forma que mediante una consulta unilateral se está pretendiendo reformar la carta magna, algo jurídicamente inaceptable. A pesar de ello, no se ha percibido en los medios españoles ni en sus firmas de opinión ni en nuestros políticos una oposición clara a ese referéndum. De ahí que resulte interesante comparar el secesionismo de Santa Cruz en Bolivia con lo que ha pasado, está pasando o puede pasar en el Reino de España donde existe otro territorio, Euskadi, con un importante movimiento independentista. ¿Que ocurriría en España si se plantease un referéndum soberanista?

Para evitar este tipo de consultas, la Constitución Española en su artículo Artículo 62 establece que el Rey es quien ostenta la competencia en exclusiva para convocar referéndum, que será a propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizado por el Congreso de los Diputados y, en todo caso, con carácter consultivo, conforme el artículo 92 del mismo texto legal. De forma que ningún órgano de ninguna Comunidad Autónoma tiene competencia para convocar una consulta popular.

Si a pesar de esta prohibición, una cámara legislativas regional o un gobierno autonómico intentasen celebrar un referéndum, el gobierno central impediría su celebración por diferentes vías. En primer lugar la penal, aunque durante la primera legislatura de Zapatero (y fruto de los acuerdos de legislatura con nacionalistas vascos y catalanes) se suprimió el artículo introducido por el Partido Popular en el Código Penal por el que se castigaba a la autoridad que convocase un referéndum ilegal, la Fiscalía no dudaría en denunciar a los convocantes por un delito de “colaboración con banda armada” ante la Audiencia Nacional y, precisamente, lo haría el día que estuviese de guardia el juez Baltasar Garzón, quien raudo iniciaría un proceso penal con múltiples medidas cautelares para evitar la celebración del referéndum.

El Gobierno también utilizaría el mecanismo previsto en el artículo 155 de la Constitución por el cual “si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras Leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno... podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general”.

Tanto en la vía judicial como política, el Gobierno y los Jueces ordenarían a las Fuerzas Armadas que impidiesen la consulta, algo sencillo de imaginar pues sería algo muy similar a lo que vemos todos los días cuando se cierran las sedes de ANV y se detienen a sus líderes.

Si Evo Morales hubiese actuado del mismo modo que Zapatero, en todas las televisiones nos mostrarían las imágenes de policías y militares cerrando colegios electorales y llevándose las urnas. Si hubiese un juez Garzón en Bolivia los columnistas españoles criticarían y denunicarían que los jueces bolivianos no son independientes pues no puede entenderse sino en clave política la hipotética entrada y registro de las sedes del Comité Cívico de Santa Cruz y la detención de sus principales dirigentes.

Por el contrario el gobierno de Bolivia no ha utilizado a las fuerzas armadas para impedir la ilegal consulta, simplemente la ha ignorado por ser una mera provocación y sin ninguna eficacia jurídica. Esta decisión ha sido interpretada como una señal de debilidad cuando lo que se ha evitado ha sido una confrontación directa que nada favorecería a la imagen y credibilidad del gobierno boliviano.

Para los ideólogos de la dominación capitalista el Presidente Hugo Chávez es un dictador por que no renueva la concesión de radiofrecuencia a una Televisión y el indigenismo de Evo está derrotado por las urnas en Santa Cruz. Es obvio que mientras hagan políticas de izquierda van a ser criticados pero, sobre todo en el caso de España, los medios deberían ser más cautos no vaya a ocurrir que Evo Morales y Hugo Chávez “imiten” los métodos “democráticos” del gobierno español y nos dejen, una vez más, en evidencia.

Bolonia: Un análisis matemático de la privatización de la Universidad

Manuel Muñoz Navarrete

Empezaré de un modo inhabitual: dando una buena noticia. Para darla, me pondré en el pellejo del currante de a pie, que se informa por lo que dice el telediario. Tendrá la imagen de una juventud que sólo se moviliza para hacer macrobotellones ("500 jóvenes se emborrachan en tal sitio…"). Pero yo voy a darles la buena noticia de que este mismo curso ha habido en Sevilla dos manifestaciones (12 de diciembre y 6 de marzo) en defensa de la educación pública con al menos dos mil estudiantes cada una.

Recurriendo a las matemáticas, los medios de comunicación tenían que haberle prestado a esta movilización de dos mil personas 4 veces más atención que al macrobotellón de quinientas. Pero le prestaron infinitamente menos: ocultaron el hecho, en una demostración más de lo que para ellos significa la libertad de expresión. Este guiño a las matemáticas no ha sido en vano. Más allá de los habituales análisis impresionistas del Plan Bolonia, se impone la necesidad de un análisis riguroso, científico y que vaya a las fuentes legales. Tal es el objetivo de este artículo.

¿Qué es el Plan Bolonia?

Su verdadero origen está en el Acuerdo General de Comercios y Servicios, firmado por la OMC en 1995. Así, 151 Estados acuerdan "liberalizar el comercio de servicios", ya que "la financiación pública es un elemento de distorsión de los mercados". Después de varias reuniones, los ministros de educación europeos se citan en Bolonia (Italia) en 1999, emitiendo la famosa declaración. En ella, se habla de transformar radicalmente la educación universitaria a nivel europeo.

A partir de aquí, se inicia un proceso que en el Estado español se ejecuta a través de leyes y decretos. La odiada LOU de Aznar (la misma que Zapatero, desde la oposición, prometió derogar, mintiendo a todo el país) fue la estructura, que los sucesivos Reales Decretos del PP y del PSOE han ido llenando de contenido.

¿Qué significa en la práctica?

Significa una reestructuración radical que atañe a la estructura de las carreras, a los métodos de enseñanza, a los medios de financiación y al propio espíritu universitario.

a) Reestructuración de las carreras

El Real Decreto 13/93 de octubre de 2007 anunció que en 2010 se suprimirán definitivamente las Licenciaturas y Diplomaturas, creándose los Grados y Posgrados.

El Grado se define, en el Capítulo II, Artículo 9 como simple "formación general orientada al ejercicio de actividades de carácter profesional". Es decir, el Grado será una FP especial. En el Artículo 12 de este capítulo se define la estructura del Grado: serán 4 años, y sólo 2 específicos de cada titulación: el resto, materias comunes de formación básica y prácticas en empresas, sin que se contemple remuneración.

Hay que aclarar que el Grado no sustituye a las licenciaturas, sino que se trata de algo diferente. De hecho, al perder especificidad pierde también atribuciones profesionales: con un Grado de Derecho no podrás ejercer de abogado, y con uno de Arquitectura no podrás firmar proyectos. Para trabajar, será preciso hacer (y costearse) un Posgrado.

El Posgrado, que será la especialización, se divide en Máster y Doctorado. Pero, como expondremos más adelante, los Posgrados tendrán precios prohibitivos y pocos estarán becados.

b) Reestructuración de los métodos de enseñanza

En el año 2000 un grupo de universidades privadas elaboran el Proyecto Tuning ("armonizando"). Este proyecto plantea reducir los conocimientos e incrementar las "competencias, habilidades y destrezas". Los estudiantes deben aprender a aprender, buscando la información en Internet. Así, se diseña el nuevo crédito europeo (ECTS), según el cual sólo el 30% de los créditos corresponderán a clases magistrales. El resto, serán tutorías, seminarios, horas estimadas de estudio… Pero lógicamente pagaremos el 100% de los créditos, por lo que pagaremos por estudiar en casa.

En 2003, se emite un Real Decreto sobre el crédito europeo. Según este Decreto, "el venir a clase no será obligatorio o recomendable, será imprescindible para poder aprobar". En consonancia, las universidades que aplican proyectos piloto de estos planes han establecido ya la asistencia obligatoria. Además, en el Artículo 4 se resalta la idea de un "estudiante a tiempo completo", que dedique 7 horas diarias a sus estudios. Esto es muy grave, puesto que hasta ahora muchas personas han hecho carreras compaginando estudios y trabajo, lo que pasará a ser imposible.

Este mismo Decreto, en su Artículo 5, establece que se marcará la distribución de las calificaciones sobre el total de la clase. Por ejemplo, el 10% mejor será de la categoría A, el 25% siguiente de la categoría B… Esto es fomentar la competitividad, y puede generar un clima insano e insolidario en las clases, un clima en el que cada cual se calle sus progresos para que no se entere el de al lado.

c) Reestructuración de los medios de financiación

En el Modelo de Financiación de Universidades Públicas de Andalucía del 2007 al 2011, publicado en el BOJA número 146, leemos que el objetivo para final del periodo es que la financiación privada haya llegado ya al 30% del presupuesto universitario.

El punto 4.2.3 de este documento atañe a la "Financiación vinculada a resultados" y establece determinados indicadores para financiar más a aquellas carreras cuyos titulados monten empresas propias en los 3 años siguientes a la graduación. Podemos imaginar lo que esta financiación competitiva y mercantilista significará para las todas las humanidades.

Las tasas suben: el Grado costará un 150% más que las actuales Licenciaturas (de 600 euros de media a 1500). Las becas disminuyen: en la Universidad de Sevilla, el curso 2001-2002 se concedieron 14.638 becas, y este curso han caído a 10.859, un 25% menos.

Como dijimos, el Posgrado va a tener por su parte precios prohibitivos. Esto se debe a que el Artículo 13 del Reglamento de enseñanzas propias de la Universidad de Sevilla establece el equilibrio presupuestario entre gastos e ingresos: las universidades tendrán que autofinanciarse (aumentando las tasas por ejemplo). La universidad pasa a ser una empresa y los estudiantes, clientes.

El CAP (curso necesario para hacer oposiciones a profesor) pasa a ser un Máster. De tener una duración de entre 10 y 30 créditos actuales (entre 100 y 300 horas por tanto) pasará a durar 60 créditos ECTS (entre 1500 y 1800 horas). De costar entre 150 y 200 euros, pasará a costar 1500 euros.

Además, la Universidad de Sevilla ya ha ofertado Másteres de 15.000 euros, y no se cree que ninguno baje de los 3500 euros. Dado que la mayoría de ellos no estarán becados, habrá que acudir a algo nuevo en el Estado español: las becas-préstamo, ofertadas en Sevilla por el Banco Santander, Banco Popular, Caja Duero y la Caja Rural.

Se trata de préstamos que, tras acabar la carrera, una vez que estés trabajando, tienes que devolver (en algunos casos con intereses). Sabemos que en Inglaterra las becas-préstamo arrinconaron a las becas a fondo perdido, haciéndolas incluso desaparecer totalmente durante algunos años. También sabemos que para un graduado inglés el resto de su vida consiste en pagar las deudas que ya ha contraído: casa, coche, estudios…

d) Reestructuración del propio espíritu universitario

La LOU está plagada de expresiones del tipo "la universidad tiene que rendir cuentas a la sociedad", "la sociedad tiene que colaborar en la financiación de la universidad". Pero ¿qué quiere decir la LOU cuando habla de "sociedad"? En el Artículo 14 de la LOU se establece que el Consejo Social es el órgano de "participación de la sociedad en la universidad". Pero la mayoría de los miembros del Consejo Social de la Universidad de Sevilla son empresarios vinculados a empresas como Inés Rosales S.A., Auna, Caja Sur, Fundaciones Caetano S.A., etc.

Sólo hay 6 miembros de la comunidad universitaria (entre ellos el Rector). Sin embargo, el Consejo Social toma decisiones sobre los presupuestos de la universidad y sobre becas.

Por su parte, la ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación) fue también creada por la LOU de Aznar, y su Consejo Asesor está compuesto por "18 personalidades nacionales y extranjeras de reconocido prestigio del ámbito académico, profesional y empresarial" (http://www.aneca.es/quees/queesest_consejo.asp).

Según el Real Decreto 13/93 de Zapatero, Capítulo VI, Artículo 25, la ANECA "tendrá carácter preceptivo y determinante" sobre los planes de estudio. Sin un informe positivo de la ANECA, un título "causará baja" y "se considerará extinguido", opinen lo que opinen la comunidad autónoma y el Consejo de Universidades.

Esto no casa con la filosofía universitaria, como tampoco casan con ella los cierres de titulaciones. Al subordinar la financiación pública a la previa obtención de financiación privada, muchas carreras no rentables para el mercado van a desaparecer. En la Complutense de Madrid, van a cerrar todas aquellas carreras que tengan menos de 25 alumnos, por lo que desaparecerán todas las Filologías salvo la Inglesa.

En Sevilla, quisieron quitar Historia del Arte, pero una marea humana gritando bajo el rectorado los disuadió de esta idea. Esto nos lleva también a reflexionar sobre la posibilidad de luchar y vencer contra los Planes de Bolonia, de lo que hablaremos más adelante.

Un último apunte, muy ilustrativo. El nuevo gobierno del PSOE acaba de transferir las competencias de gestión de la universidad del MEC al recién creado Ministerio de Ciencia, Innovación y Tecnología. Este ministerio está liderado por Cristina Garmendia, gran empresaria farmacéutica y miembro de la Junta Directiva de la CEOE (Conferencia Española de Organizaciones Empresariales). La universidad está en manos de la patronal. 

Conclusiones

Hasta aquí los datos (se piense lo que se piense de ellos, parezcan buenos o malos, todos estos datos son absolutamente verificables). Ahora tomemos partido, extraigamos conclusiones en función de los intereses de los estudiantes llanos de familia trabajadora (es decir, del 90% de los estudiantes).

Para la OMC y la patronal, hay demasiados licenciados (y sobrecualificados). Hace falta mano de obra adaptable para un mercado laboral precario. Por eso diseñan un Grado de "información general" y un Posgrado carísimo, asequible sólo a unos pocos.

Bolonia es, matemática y lógicamente, un círculo vicioso. Si no tienes dinero no podrás pagarte la carrera. Pero si no trabajas no tendrás dinero. Pero al haber asistencia obligatoria no podrás trabajar. Ergo estás jodido.

Si después de un añito de prácticas gratuitas consigues acabar el Grado, ¿quién va a contratarte? Tu puesto de trabajo será cubierto también al año siguiente por otro estudiante en prácticas. ¿Qué empresa va a contratarte si puede disponer de trabajadores gratuitos cada año?

La lucha sigue

Sin embargo, Bolonia no es invencible. Este año ha habido movilizaciones en Barcelona, Sevilla, Madrid, Vizcaya, Santiago, Tenerife, Granada, Córdoba, Cádiz…

Han surgido grupos de trabajo plurales, de estudiantes de a pie que se oponen al Espacio Europeo de Educación Superior. Estos grupos, a su vez, se han reunido en un encuentro estatal de estudiantes, convocando una jornada de lucha común para mediados de noviembre.

Estamos ante la privatización de la educación pública, y los estudiantes responden, aunque se enfrenten a un gigante de apariencia invencible. Como gritaba un cortejo estudiantil en Sevilla durante la manifestación del 1º de mayo, "el hijo del obrero, a la universidad".

La construcción del parking de Velilla produce vertidos de agua salada

El Partido Popular de Almuñécar ha denunciado la situación que vive la playa de Velilla con motivo de las obras del aparcamiento subterráneo, destacando entre sus consecuencias los vertidos de agua salada que afectan a las palmeras del paseo. A ello añadió el "abandono" de la playa debido a la falta de limpieza y despedregado de la arena.

El concejal popular Juan José Ruiz Joya criticó el "estado tan lamentable" en el que se encuentra la playa de Velilla, y consideró "indignante la imagen tan dantesca que están viviendo los vecinos y comerciantes de la zona". Según afirmó, la situación "está empeorando día a día" debido a la construcción del parking subterráneo, ya que "se están generando situaciones verdaderamente perjudiciales para el municipio, como la evacuación del agua salada procedente de la obra, que se está vertiendo directamente a las palmeras de la zona, haciendo que se sequen y se pierdan".

Por otro lado, Ruiz Joya denunció la falta de mantenimiento de esta zona turística, pues "hemos podido comprobar que no se ha despedregado ni limpiado desde hace semanas, lo que ha originado que las pasarelas estén totalmente enterradas". Estas situaciones "están generando un grave perjuicio a los comercios de la zona, ya que además de los problemas que están viviendo con motivo de la construcción del parking, están sufriendo el abandono de la playa".

El Ayuntamiento no cumple las sentencias

Pese a haber transcurrido más de un año desde la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Granada, el Ayuntamiento de Almuñécar aún no ha procedido a restituir a su estado original las obras realizadas de forma indebida para cubrir parcialmente una acequia situada en Torrecuevas.

El canal de riego es propiedad de la Comunidad de Regantes de Río Verde de los términos de Almuñécar y Jete, y en el año 2005 fue embovedado en el marco de una actuación municipal de remodelación de la plaza del acueducto romano de este barrio, aunque sin haber dado cuenta de ello a sus titulares. 

El 29 de febrero el Juzgado emitió una providencia instando al Consistorio al cumplimiento de la sentencia, del 22 de mayo de 2007.

En esa fecha, y tras la demanda presentada por la Comunidad de Regantes, el Ayuntamiento fue condenado a restituir a su estado original un tramo de la acequia principal del Rey, estableciéndose además que las obras habían causado daños al colectivo agrícola al impedir el normal riego de parte de la vega del río Verde, así como permitir el vertido de desagües sobre la acequia procedentes de la zona recreativa cercana.

La Comunidad de Regantes quiere que se ejecute la sentencia conciliando los intereses de los regantes con los del resto de vecinos del barrio, cuestión esta que es perfectamente posible. 

IU considera "inadmisible" la utilización de Gibraltar "como base de armamento nuclear de la OTAN"

El parlamentario de IULV-CA por la provincia de Cádiz, Ignacio García, calificó hoy de "inadmisible" la utilización del Peñón de Gibraltar "como base de armamento nuclear de la OTAN" y pidió a la Junta y al Gobierno central que incluya "con energía" en la próxima reunión del foro tripartito, la declaración del Peñón de Gibraltar y de la bahía de Algeciras "como zona no nuclear", así como "la prohibición generalizada de este tipo de tareas".

En un comunicado, García manifestó que "la presencia prácticamente permanente de submarinos nucleares ya no sólo británicos sino también norteamericanos, en definitiva de la OTAN, demuestra que el puerto de Gibraltar está siendo utilizado como base estratégica".

En este sentido, el parlamentario andaluz afirmó que el puerto de Gibraltar "está siendo utilizado como base sin tener en cuenta la cercanía de una gran área metropolitana y el gran peligro de colisión existente en la zona por el tremendo tráfico marítimo del Estrecho".

Por ello, García anunció que IULV-CA va a registrar iniciativas en el Parlamento de Andalucía y en el Congreso de los Diputados "para llevar este tema al foro tripartito, a la Unión Europea por la peligrosidad que supone para la población y asimismo a la OTAN, para que evite el atraque rutinario de submarinos nucleares en la Peñón de Gibraltar y en la bahía de Algeciras".

IU presenta recurso de reposición contra la tasa de basura

IU ha presentado un recurso de reposición pidiendo la inmediata paralización de la tasa de basura. Según Fermín Tejero, concejal de IU, este recurso forma parte de una serie de actividades encaminadas a rebajar la tasa de basura para situarla en unas cantidades aceptables similares a las que cobran los ayuntamientos de nuestro entorno.

 

El portavoz de IU ha dado a conocer que su organización ya ha recogido varios cientos de alegaciones que se entregarán el quince de mayo, fecha en la que acaba el plazo para presentar reclamaciones. La mayor parte de las alegaciones se recogieron el sábado pasado en una mesa informativa puesta por militantes de IU en el mercado municipal.

 

Como elemento fundamental del recurso, Fermín señala que la recaudación prevista con la tasa supera ampliamente el coste del servicio. Según las cuentas de IU, el Mirlo va a cobrar en 2.008, como máximo, la cantidad de  3.389.374,92€ en concepto de recogida de residuos sólidos y otros. En cuanto a los ingresos, IU dice que el padrón asciende a 4.161.357,36€, algo menos de lo previsto inicialmente por los técnicos municipales. IU hace constar que, según la Ley de Haciendas Locales, ‘el importe de las tasas por la prestación de un servicio… no podrá exceder en su conjunto del coste real o previsible del servicio’. Es evidente, sostiene el portavoz de IU, que esta ley no se cumple en el caso que nos ocupa.

 

Otro hecho ilegal, según IU, es que en la valoración del coste del servicio de recogida de basura se han englobado otras partidas ajenas al mismo, por las que no se podría imponer tasa alguna. Una de ellas es la limpieza de las calles. El recurso de IU cita el art. 21.1.e de la Ley de Haciendas Locales, donde se establece textualmente que “Las entidades locales no podrán exigir tasas por los servicios siguientes: e)limpieza de la vía pública”.

 

Asimismo, el recurso de IU indica que no se han incluido en el censo los edificios construidos en los últimos años. En consecuencia, la cantidad que el ayuntamiento ha valorado como coste del servicio ha de ser pagada por un número de usuarios inferior al real, lo que redunda en la práctica en una subida del recibo para todos aquellos vecinos que sí figuran en el censo. Esto es algo que se podría haber evitado cruzando los datos del catastro con los de Aguas y Servicios y Endesa.

 

Otro de los motivos esgrimidos por el concejal de IU es que no se ha notificado individualmente el comienzo de la exigencia de la tasa y el alta individual de la tasa a todos y cada uno de los titulares o sujetos pasivos. La ley dice que esto ha de hacerse cuando se fija una tasa nueva.

 

El portavoz de IU insiste en que su grupo no se opone a que los ciudadanos paguen tasa de basura, pero pide que el ayuntamiento no aproveche esta tasa para recaudar y pagar otros servicios que han de salir de los impuestos generales.

 

Por esas razones, el recurso de IU solicita  la inmediata paralización de la puesta al cobro de la tasa de basura. Además, el concejal de IU pide que se proceda por la Secretaría Municipal y por el Servicio de Intervención a informarnos sobre la legalidad de la exigencia de la tasa en las condiciones en que el ayuntamiento la ha puesto al cobro.

En Almuñécar, deporte sí, pero para unos pocos

Hemos copiado esta carta que aparece en un medio de comunicación local y con la que nos sentimos plenamente identificados.

Estoy todo este mes de vacaciones y quiero aprovechar el tiempo libre haciendo algo de deporte y el otro día se me ocurrió llamar a la concejalía de deportes para informarme como alquilar las pistas de tenis de rio verde y resulta que los precios a mi parecer, son un tanto abusivos para tratarse de una instalación pública, a saber:

12 € la hora con luz solar
18 € la hora con luz artificial.

Hay unos bonos por horas, que rebajan algo el precio (no recuerdo los importes exactos) pero no gran cosa y haciendo un desembolso inicial de mas de 100 €

¿quien puede pagar estos precios por echar un partido? Ya tuve una experiencia similar con la piscina municipal, fui a informarme y por 3 h semanales, al mes, salía por más de 30 € que hasta cierto punto puede ser razonable aunque han duplicado el precio en cuestión de un año, en verano de 2006 fui durante un mes y no costaba ni 20 €.

Pero volviendo a las pistas de tenis, si tenemos en cuenta que un gimnasio privado (figares por ej.) ronda los 35€ mensuales incluyendo además de las máquinas sauna, aerobic, bailes y actividades diversas, etc. pudiendo ir todos los días tantas horas como quieras, además de ser asesorado por una persona del gimnasio, a mi parecer si lo comparamos con los precios de las pistas municipales me parece completamente abusivo, por no comparar ya con motril o Salobreña donde alquilar unas pistas similares, sale por menos de 6€ la hora, que sí, no serían inauguradas por Arantxa Sanchez Vicario pero el servicio lo hacen igual.

Estos precios, a mi parecer, convierten el deporte en una actividad sólo para ricos y que la gente de a pie no podemos permitirnos al menos no de forma habitual. Por otro lado es triste pasar a diario por las instalaciones y ver que apenas se usan, de 6 pistas en total (contado las de padel) nunca las he visto todas completas, quizá si tuviesen un precio mas popular se aprovecharían mejor.

Por otro lado está la forma de pago que si bien es un mal menor no deja de dificultar el usar las pistas. A saber:

1º Llama a concejalia de deportes. Te dan un nº de cuenta.
2º Vas al banco y haces un ingreso.
3º Llevas el ingreso a la concejalía de deportes y reservas una hora para un día.
4º Vas a la pista y le dices al encargado que tienes hora, lo revisa en su parte y te abre la pista.

Inconvenientes de este método: Estas con los amigos y quieres ir a jugar hoy por la tarde, no puedes porque no puedes hacer el ingreso, vale puedes hacerlo por internet pero no está abierta la concejalia de deportes, ademas aunque estuviese abierta, el parte del día ya lo tiene el encargado de las pistas, como muy pronto reservas para mañana. Si eso ocurre un viernes por la tarde, hasta el lunes olvidate de jugar.

¿No sería más facil? voy a la pista, le digo al encargado tienes alguna pista libre para hoy de 4 a 5? ¿sí? toma te pago y jugamos. ¿no? para que hora me puedes reservar?, te pago y vengo a esa hora y día. En fin ganas de hacer las cosas mal, y complicarnos la vida, con lo fácil que es hacerlo bien....

Cabreados saludos.