Recurso de reposición contra la tasa de basura

Almuñécar, 6 de mayo de 2008

 

Al Alcalde del Ayuntamiento de Almuñécar

 

D. Fermín Tejero Mesa, con D.N.I. ---------  y en calidad de Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida de Almuñécar, con domicilio a efectos de notificación en Calle Guadix, Residencial San Juan Bajo 2, sede de Izquierda Unida, teléfono 958 632786 y correo electrónico [e-mail], comparece y como sea más procedente en derecho

 

 

EXPONE

  

Que mediante el presente escrito INTERPONE RECURSO DE REPOSICIÓN contra la Resolución de Alcaldía 637 de 10 de marzo de 2008, basado en los siguientes

  

MOTIVOS:

 

1. Con fecha 26 de Marzo de 2008, en el BOP 56, se ha publicado el anuncio del CENSO TASA FISCAL RECOGIDA BASURA DOMICILIARIA, aprobado por resolución de Alcaldía 637 de 10 de Marzo del corriente.

 

2. Se ha iniciado el periodo para pagar el primer bimestre de la citada tasa sin que por parte del Ayuntamiento se haya notificado individualmente el comienzo de la exigencia de la tasa y el alta individual de la tasa a todos y cada uno de los titulares o sujetos pasivos.

 

3. No se incluyen en el censo los edificios, casas adosadas y chalets construidos en los últimos años. Tampoco se incluyen en el censo bajos comerciales, naves industriales, hoteles, centros de ocio y de salud privados y demás instalaciones comerciales que igualmente deberían haberse incluido. En consecuencia, la cantidad que el ayuntamiento ha valorado como coste del servicio ha de ser pagada por un número de usuarios inferior al real, lo que redunda en una subida del recibo para todos aquellos vecinos que sí figuran en el censo.

 

4. El padrón de la tasa supera en alrededor de un millón de euros el coste efectivo del servicio, habiendo pequeñas variaciones según los datos utilizados.

 

            Si nos guiamos por los informes técnicos del ayuntamiento, nos encontramos con unos ingresos previstos de 4.385.671,11€ (informe del 20-11.07) frente a unos gastos de 3.342.516,96€ (informe de 11-1-08). Ambos informes han sido elaborados por el señor Alejandro Roldán, arquitecto técnico municipal.

 

            Según las cuentas de IU, estas cantidades varían ligeramente. Un informe del mismo técnico, de fecha 11-10-07 cuantifica para 2.007 en 2.966.744€ el coste del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos y otros (que no se especifican). Para averiguar el coste del servicio en 2.008, a esta cantidad habría que añadirle la destinada a restablecer el desequilibrio económico como consecuencia de la aplicación del convenio. Sobre la cuantía de esta cantidad hay discrepancia en los distintos informes que emite el mismo técnico el 16-10-07 y el 13-11-07. En un caso habla de 498.192,84€. En el otro valora el desequilibrio en 795.333,47€. Las dos cantidades, en cualquier caso, son irrelevantes puesto que ya conocemos el dato exacto en que el ayuntamiento ha valorado el desequilibrio económico. En realidad, según acuerdo de la Junta de Gobierno del 21-4-08, el ayuntamiento no va a pagar al Mirlo para que cumpla con el convenio ni lo uno ni lo otro, sino que la subida se va a quedar en 422.630,92€.  Por tanto, según nuestras cuentas, el Mirlo va a cobrar en 2008 la cantidad de  3.389.374,92€ en concepto de recogida de residuos sólidos y otros. En cuanto a los ingresos, según nuestra información, el padrón asciende a 4.161.357,36€.

 

5. El Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales R.D.L. 2/2004 de 5 de Marzo,  establece con claridad que ‘el importe de las tasas por la prestación de un servicio… no podrá exceder en su conjunto del coste real o previsible del servicio’. Es evidente que esta ley no se cumple en el caso que nos ocupa pues hay unos ingresos muy superiores a los costes del servicio.

 

6. El art. 21.1.e del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales establece igualmente que “Las entidades locales no podrán exigir tasas por los servicios siguientes: e)limpieza de la vía pública”. Ignoramos a qué se refiere el informe técnico que, al valorar el coste del servicio prestado por la empresa de limpiezas ‘El Mirlo’ habla de recogida de residuos sólidos y otros. Entendemos que es necesario que se clarifique qué significa exactamente el término ‘y otros’, qué actividades ajenas a la recogida de la basura se incluyen en ese término ambiguo, porque es evidente que sólo se puede cobrar tasa a los ciudadanos por la cantidad que el ayuntamiento gaste en ‘recogida de residuos sólidos’. El resto de servicios (barrido y baldeo de calles, limpieza de playas, limpieza de edificios, etc) ha de ser costeado con cargo a los presupuestos municipales sin que la ley permita fijar una tasa por estos conceptos.

 

En virtud de lo expuesto

 

SOLICITO:

 

Tenga por presentado este escrito, y procediendo de acuerdo con lo manifestado en el cuerpo del mismo, a la estimación del presente Recurso de Reposición.

 

Con las reservas sobre la legalidad de la imposición de la tasa de basura de la que previamente se presentaron alegaciones, solicito la inmediata paralización de la puesta al cobro de la tasa de basura, por los siguientes motivos:

1. La tasa no ha sido notificada debidamente a todos y cada uno de los ciudadanos tal y como establece la ley cuando se trata de una tasa nueva.
2. No se ha elaborado el censo de forma real y justa, lo que supone de hecho una aportación mayor de los vecinos obligados a pagar, que han de compensar lo que dejan de pagar los miles de inmuebles que no están incluidos en el censo.
3. Los ingresos previstos por la tasa superan en alrededor de un millón de euros a los gastos del servicio de recogida de residuos sólidos, algo que está expresamente prohibido por la Ley de Haciendas Locales.
4. Para el cálculo real del coste, el ayuntamiento tiene que ceñirse a la cifra real que se paga a la empresa concesionaria por el servicio ‘recogida de residuos sólidos urbanos’, excluyéndose cualquier otra cantidad que se pague a esa empresa por servicios ajenos a la recogida de la basura.

 Otro:

 Pido que se proceda por la Secretaría Municipal y por el Servicio de Intervención a informarnos sobre la legalidad de la exigencia de la tasa en las condiciones en que el ayuntamiento la ha puesto al cobro.

 

Todo ello por ser de justicia que pido en Almuñécar a 6 de mayo de 2008

Zapatero, o el socialismo al revés

Juan Torres López

El nuevamente electo presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, parece estar dispuesto a utilizar esta segunda legislatura para demostrar de modo fehaciente que sus pretensiones políticas nada tienen que ver ni con el socialismo, ni con la socialdemocracia, ni siquiera con la equidad más elementalmente entendida.

Dejaré de lado la propia conformación del equipo gubernamental, que ya he comentado en otro texto, y en el que significativamente han desparecido las figuras más comprometidas con las políticas sociales y socialdemócratas, para dar paso a liberales confesos como Miguel Sebastián. O que ha dejado en lugar marginal a los departamentos encargados de adoptar las políticas de más calado social (ver El nuevo gobierno de Zapatero, un claro giro a la derecha). Y tampoco me referiré al escandaloso fichaje de su hasta ahora máximo asesor económico, David Taguas, por la gran patronal de la construcción. Aunque sea también una prueba irrefutable de cuáles han sido los intereses que ha defendido durante su etapa en el gobierno este economista procedente del Banco Bilbao Vizcaya y llegado a La Moncloa de la mano de Sebastián.

Además de eso, las primeras medidas económicas de esta nueva legislatura reflejan sin ningún género de dudas que lo que Zapatero está dispuesto a llevar a cabo es un autentico socialismo al revés, es decir, favorecer a los que más tienen en perjuicio de los más débiles y desprotegidos.

Veamos.

Recién puesto a funcionar el gobierno, adoptó una serie de medidas contra la crisis económica (a la que llaman desaceleración para ocultar ante los ciudadanos su verdadera naturaleza y responsables) entre las que destacan dos de ellas.

La primera, ya anunciada antes de las elecciones, la devolución de 400 euros a los contribuyentes. Una medida que supone casi 5.700 millones de euros, sobre los 10.000 millones en que se ha evaluado el importe total del conjunto de todas ellas.

Por un lado, se trata de una medida a todas luces incapaz por sí misma de tener un impacto relevante en la economía porque incluso se percibirá como devolución fiscal troceada y porque en términos relativos representa un valor individual y total realmente escaso. Es decir, porque en realidad es como tratar de apagar un fuego con un enorme difusor de agua, que hiciera que el chorro se convirtiera en millones de gotas, en minúsculos impactos sin apenas fuerza de conjunto.

El propio Banco de España ha advertido que no puede esperarse mucho de esa medida porque lo más seguro es que los contribuyentes que reciban la devolución fiscal la dediquen al ahorro más que al consumo, tal y como se propone el gobierno.

Pero, por otro lado, resulta que esa ineficacia contra crisis no es lo más relevante de la medida. Lo peor es que desde el punto de vista de la equidad supone darle a los que tienen más y quitarle a los que tienen menos.

Esto es así porque nada hay más injusto que tratar igual a los que son desiguales y eso es lo que hace Zapatero con esta medida, como hizo cuando aplicó el cheque de 2.500 euros a las familias que tenían un nuevo hijo, con independencia de su renta.

Y para colmo, la medida tiene incluso una paradoja, puesto que como indica la Memoria que el gobierno ha remitido al Parlamento, resulta que 1,7 millones de contribuyentes ni siquiera podrán recibir los 400 euros ya que su cuota tributaria (lo que “tienen que pagar” a hacienda) no llega a esa cantidad. Es decir, que incluso recibirán menos de 400 euros (o incluso nada) justamente por ser los que menos ingresos tienen.

La otra medida estrella del plan contra la crisis también fue anunciada por Zapatero en la pasada legislatura: suprimir el impuesto sobre el patrimonio.

Como ya comenté en otro texto, Zapatero justifica esta medida con mentiras, diciendo que en realidad lo pagan las clases medias. No es verdad porque el hecho de que haya más contribuyentes en este impuesto de rentas medias no significa que paguen más cantidad en el conjunto del impuesto (ver Argumentos falsos de Zapatero para favorecer a los ricos).

Y, además, si fuera así, lo que haría un socialista, o un socialdemócrata, o simplemente un gobernante decente y preocupado por la justicia fiscal no sería eliminar el impuesto ¡sino hacer que lo paguen quien tuviera que pagarlo! Es como si a algún gobernante se le ocurriera eliminar el código de la circulación porque hay gente que no lo respeta.

Estas dos grandes medidas muestran claramente el giro a la derecha que da Zapatero, su paso sin disimulos al liberalismo económico y social, el socialismo al revés que practica.

Y no son las únicas. En el paquete de medidas contra crisis se incluyen, además, otras que en realidad no son sino apoyo a los bancos que han provocado la crisis y que a la postre generan costes que pagarán los consumidores, como los avales gubernamentales o las “facilidades” para aumentar el plazo de las hipotecas.

Como decía más arriba, no es ni mucho menos casual que su máximo asesor económico haya sido fichado precisamente por los grandes constructores. El gobierno trabaja para ellos y por eso son los grandes beneficiados de todas estas medidas.

Es ya una evidencia clamorosa que el modelo de crecimiento de nuestra economía, el modo en que se genera y el tipo de actividad económica que predomina, hacen que nuestro país sea cada vez más desigual. Es decir, que aquí los ricos lo sean cada vez más y los pobres cada vez más pobres, que los salarios pierdan cada día que pasa más poder adquisitivo mientras que los beneficios suben por las nubes; y que aumenten también las asimetrías entre territorios y en todos los ámbitos de la vida personal y colectiva. Que el mayor crecimiento económico que tanto anhelan los poderosos suponga más desigualdades sociales.

Como analicé en otro artículo, el crecimiento económico, medido en como tasa de variación anual del PIB, fue del 3,6% en 2005, frente al 3,3% del ejercicio precedente y del 3,1% en 2003, la creación de empleo fue positiva, lo que permitió que en ese periodo bajara la tasa de paro en más de 2 puntos y los tipos de interés estuvieron también muy bajos. Todo fue bien según los parámetros al uso para evaluar la situación económico.

Sin embargo, la renta media del 20% de los hogares españoles con menor ingreso bajó de 8.500 euros en 2002 a 6.500 en 2005. Es decir, que se redujo en un 23,6%. Por el contrario, el 10% de las familias españolas con más ingresos vio amentar su rentas de 102.300 euros a 118.100 en el mismo periodo, disfrutando pues de un aumento de más del 15% (ver ¿Es que acaso ya no le importa a nadie la desigualdad?.

El socialismo, incluso en sus versiones más moderadas (hoy por hoy radicales frente al capitalismo sin frenos del neoliberalismo), consiste justamente en evitar esas desigualdades, no en producirlas o incluso en aumentarlas.

Zapatero se está convirtiendo en un gran vendedor de humo. Tiene constantemente en su boca la palabra igualdad pero a la hora de la verdad no hace lo que hay que hacer para que se alcance en sus dimensiones más esenciales, las que permiten que todos los individuos tengan efectivamente igualdad de capacidades, en palabras del Premio Nobel de Economía Amartya Sen, y no solo una mera igualdad formal.

Para avanzar hacia esa igualdad hacen falta algo más que gestos teatrales en torno a algunas mujeres valiosas. Se necesita más gasto social para apoyar las políticas públicas sin las cuales no se puede avanzar hacia la igualdad real; se necesita más justicia fiscal y, por tanto, más impuestos progresivos; se necesita considerar prioritarios los intereses sociales y no los de las empresas y el mercado a la hora de hacer los presupuestos o de diseñar la política educativa o de innovación: se necesitan menos gastos militares; se necesita incentivar la actividad productiva que crear empleo y riqueza y no la especulativa; se necesita domeñar a la gran banca para que financie el desarrollo económico y social...

Pero no es por ahí por donde va Zapatero, que está demostrando que no oye más voces que las de los liberales que ha colocado a su lado. Así que va siendo ya hora de que se lo digamos más fuerte para que cambie de rumbo o para que pueda tomarse conciencia de que hace falta otra gente, otras organizaciones políticas, otra economía y otra política.

Los comerciantes no habían pedido esa barbaridad de zona azul en La Herradura

La Asociación de Comerciantes considera excesivo en número de calles en que se ha implantado la zona azul y rechazan el que se les culpe de esta medida. Es el ayuntamiento el único responsable de esta decisión, según han asegurado.

Con esta afirmación salen al paso de las informaciones dadas por la concejala de Tráfico y Seguridad Ciudadana, María Dolores Sánchez, que se había quitado el muerto de encima explicando que la puesta en servicio de la zona azul se debía a una petición de los comerciantes herradureños.

Estos quieren aclarar que hace ya bastante tiempo presentaron una serie de peticiones para mejoras del pueblo y del comercio, sin haber tenido respuesta del ayuntamiento.

Entre estas peticiones de los comerciantes estaba la de poner zona azul en sólo dos calles, más los alrededores del mercado.

Aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, y para dar un bonito negocio a la empresa que ya llevaba los parquímetros de Almuñécar, han puesto zona azul en casi todas las calles de La Herradura. Al final, el tema es tener que pagar por todo. No basta con el impuesto de circulación más alto de la provincia.

En protesta por esta nueva cacicada, algunos parquímetros han aparecido pintados o quemados.

Gestiones y escándalos privados; pasividad pública

Salvador López Arnal

Mi tía, Joana, la hermana de mi madre, fue una joven cenetista. Su marido, un militante de la FAI, aprendió a leer en una de sus estancias en la cárcel modelo de Barcelona en la década de los veinte. Cuando murió, a finales de los setenta, Joana supo aguantar bien durante años. Conoció en una local para mayores a Joaquim. Él ha sido su compañero en estos últimos años.

Quim, un trabajador del transporte que emigró a Alemania en los años cincuenta gracias a cuya pensión pudo vivir, con ayuda de Cáritas, sus veinte últimos años rozando la miseria más absoluta, murió en verano de 2007. Un cáncer de hígado acabó con él en apenas un año. No sufrió.

Joana pareció aguantar. Acudió al entierro. Lloró su muerte. Mayor, viviendo en una residencia desde hacía unos dos años (donde era visitada mañana y tarde por Quim a pesar de su delicado estado de salud), enferma de Alzheimer, me permitía acompañarle a dar un paseo día sí, día no, por las calles de su barrio trabajador: la Verneda, Sant Martí (en esta estación de metro se filmó una de la escenas más brillantes de “El silencio después de Bach” de Pere Portabella). A todo el mundo que veíamos, a sus amigos, convecinos, les contaba lo mismo. Quim había muerto, sin sufrimiento, y ella seguía aquí, le echaba mucho en falta y pensaba en él en todo momento.

Pero Joana cambió de opinión y no quiso aguantar más. Un día de octubre, dos meses después del fallecimiento de Quim, empezó a dejar de comer y a no tomar la medicación. Apenas bebía, no quería probar bocado. Insistimos: tienes que alimentarte, no podrás aguantar. Nos miraba y contestaba irritada: “Si Quim no està aquí, per què vull seguir?”. A punto estuvo de lograr su objetivo. Le llevamos de urgencias a un hospital público de Barcelona, el Hospital de Sant Pau. La admirable dedicación de una médica y de su equipo la salvó. Logró convencerla sin presión que valía la pena vivir, que era necesario que tomara la medicación más esencial. Empezó a comer de nuevo; lentamente, muy lentamente.

Su regreso a la residencia no fue fácil. Las personas que la cuidan, en su mayoría mujeres (cuidadoras de planta, médica, enfermeras, limpiadoras, recepcionista, asistenta social), tienen que incrementar ahora sus esfuerzos. Joana es dependiente. No puede andar, va en silla de ruedas. Existe el temor justificado de que se llague si no se mueve cada dos horas y permanece demasiado tiempo en la misma posición. Por lo demás, ya no puede comer sola. La alimentan, la levantan diariamente, la visten, la llevan a convivir y jugar con sus compañeras, la acuestan. Los familiares, los pocos familiares que tiene, la hija de Quim, mi compañera y yo, hacemos poco, muy poco.

Pero agradecemos enormemente, como no podría ser de otro modo, el esfuerzo, el cuidado, el mimo como es tratada por las trabajadoras de una residencia de titularidad pública y gestión privada. No es nada fácil, es trabajo duro y sin apenas reconocimiento. Pero lo consiguen, lo están consiguiendo, a pesar de que en ocasiones la medicación, o la falta de ella, saca de Joana su carácter indómito e incluso la descortesía y la mala educación. A veces pierde los nervios y arroja al suelo comida y utensilios.

La residencia, como decía, es de titularidad pública. Joana, que cobra una pensión de unos 720 euros, no hubiera podido acceder a una residencia privada. Los precios de estas instituciones de lucro, y algunas de lujo, que suplen con finalidad de negocio la falta de un decente Estado de bienestar, con o sin ley de dependencia, tienen precios cuatro o cinco veces superiores. No exagero, no cometo ningún error grave.

La residencia es pública pero la gestión, eso sí, es privada. No tengo datos de las ganancias del empresario que lleva la residencia ni la cantidad obtenida por el acuerdo con la Administración catalana en concurso público. Sé, eso sí, las condiciones laborales de las trabajadoras que rigen la residencia, que le dan vida y gracias a las cuales las cosas funcionan razonablemente bien. Las condiciones, sus condiciones laborales, son tan insoportables que están en huelga indefinida desde hace un mes sin poder hacer huelga efectiva. De hecho, no quieren hacerla. Cuidan de los enfermos (enfermas en su mayoría) y no les quieren dejar a la intemperie. Su protesta se reduce a salir a la calle exhibiendo sus reclamaciones quince minutos diarios para buscar apoyo entre la ciudadanía y los familiares. Luego, todo sigue su camino, y su trabajo es tan duro, difícil y necesario como lo ha sido siempre.

El salario bruto de la mayoría de las trabajadoras de la residencia es de unas 800 euros, unos 715 después de los descuentos correspondientes. No se trata de mileuristas, como señalaba Isaac Rosa en un artículo reciente. Serlo, poder llevar esa etiqueta ciertamente frívola y nada inocente, sería un éxito para ellas. Trabajan 37,5 horas por semana y las que lo hacen en turnos de 12 horas tienen más días seguidos de descanso. Cuando trabajan festivos, reciben un complemento: 10 euros (hasta hace pocos meses eran 8). Por día, no por hora, no se equivoquen. Una trabajadora que haya trabajado tres días festivos en un mes, pongamos por caso, cobrará en nómina unos 845 euros, unos 745 netos.

Las consecuencias de estas inimaginables pero reales condiciones laborales, en un país que se dice faro de la modernidad y que asegura que ha superado la renta de Italia, son conocidas: las trabajadoras cambian de lugar de trabajo cuando tienen ocasión (aunque no es fácil porque las condiciones son similares en otros destinos); el personal más cualificado no es contratado por la dirección de la residencia por el coste que representa; la feminización de la pobreza o de los asalariados más empobrecidos no es sólo asunto de estadística, y el grueso de los puestos de trabajos están ocupados por personas trabajadoras que han llegado recientemente a nuestro país y que tienen menos protección y contactos, moviéndose por ello con más dificultad.

¿Es razonable que estas sean las condiciones laborales de un colectivo que desempeña una tarea tan importante, tan esencial, tan necesaria y, de puertas hacia fuera, tan reconocida ? No lo creo, no creo que alguien pueda mantener una creencia así.

¿Es razonable que el asunto, y su lucha, apenas trascienda a la opinión pública? Tampoco lo es en mi opinión. Otro ejemplo más de la censura informativa de la que habla, con razón y razones, Santiago Alba Rico.

¿No tienen consecuencias la gestión privada de bienes de titularidad pública? Las tiene. Si el motor es el lucro, como es el caso, las consecuencias son conocidas: retribuir lo menos que sea posible la fuerza de trabajo para incrementar el botín.

¿Es razonable que un gobierno de izquierdas, como el que rige actualmente en Cataluña, acepte que un tema de salud como es el cuidado de los mayores, algunos de ellos enfermos, sea gestionado con criterios de rentabilidad? No lo es, en mi opinión. De hecho, paradoja de paradojas, esos son los planes que pretende generalizar, según creo, la señora Aguirre en todos o casi todos los servicios de la Comunidad de Madrid y éstas han sido las propuestas que han sido criticadas por el PSOE cuando ha estado en la oposición: la privatización del estado de bienestar, se ha dicho con voz de barítonos convencidos, es inadmisible.

¿Hay que apoyar o apostar por un gobierno que no es capaz de mover ni un pelo, y menos un dedo, para combatir esta situación de injusticia ilimitada? Tampoco lo creo, sea cual sea los espantapájaros que se agiten en las próximas contiendas. No es posible, no es admisible que a un conseller/a de izquierdas o no sepa nada, o no le importe o le pueda parecer razonable o justo un salario de miseria sabiendo, como sabe, que sus ingresos son 12 o 15 veces superiores a los de un trabajador o trabajadora al que, por otra parte, dice representar y defender (Por cierto, ¿de quién, de qué? )

No sé si exagero -acaso un átomo o un quark, pero no más- si afirmo que éste es otro episodio más, y ya son muchos, de la historia universal de la infamia. Pero, como ustedes saben, no hay ningún libro ni tratado que asegure ni demuestre que sea necesario transigir con tanta ignominia insoportable.

¿Qué Está pasando realmente en Irak?

Te invitamos a una interesante charla que impartirá el próximo miércoles en Granada Nizar Fadel Hasson Alsamarai, miembro del comité de ayuda a los refugiados iraquies en Damasco y periodista y abogado exiliado.

Miércoles 7 de mayo a las 19:30 h AULA 23 Facultad Ciencias Políticas.

 

Y así llegó el fascismo

Pascual Serrano

El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decidió el martes desestimar el recurso de apelación presentado por los dos caricaturistas de la revista El jueves condenados por injurias a la corona por una viñeta publicada el pasado mes de julio en la que salían los príncipes de Asturias. Los humoristas fueron condenados el 13 de noviembre del año pasado por el Juzgado Central de la Sala de lo Penal a 3.000 euros de multa. De esta forma se confirma la sentencia contra la cual no procede recurso.

Anteriormente, el 20 de noviembre del pasado año, el juez central de lo penal de la Audiencia Nacional, condenó también al pago de 2.730 euros a dos jóvenes acusados de quemar una foto del rey español y de su mujer durante una visita del monarca a Girona el 13 de septiembre, para que aprendan "que no pueden atacar a las instituciones básicas del Estado".

Es oportuno aclarar que si las imágenes de los humoristas condenados no hubieran sido las de los príncipes, sino otros ciudadanos y las fotos quemadas no tuvieran la esfinge de Juan Carlos I, pero en cambio sí la de otra persona cualquiera, no se hubiera iniciado ningún proceso por el fiscal general del Estado, ni habría actuado la Audiencia Nacional, ni estaríamos ante esas sentencias.

También el pasado lunes ingresaba en prisión un joven que descolgó la bandera española del Ayuntamiento de la localidad de Terrassa. El joven catalán está condenado por ultrajes a España tras arriar la enseña monárquica que se encontraba en el balcón de la casa consistorial, tras un proceso judicial que se ha extendido durante cerca de cuatro años. El Tribunal Supremo decidió hace unos días inadmitir —sin pronunciarse— a trámite el recurso de la defensa, ratificando así la condena impuesta a dos años y siete meses de cárcel.

Lo grave de todo esto es la pasividad con que la ciudadanía está viviendo esta escalada de ataque a las libertades. Que alguien pague el sueldo mínimo de cinco meses por quemar una foto o vaya a la cárcel por retirar un trapo sin que esta sociedad reaccione es una prueba de cómo pudo llegar sin oposición el fascismo en el siglo pasado.

IU reprocha al alcalde haber dejado perder una ayuda concedida para Fomento de Empleo Agrario

La Diputación de Granada, tras abrir un expediente sancionador, ha decidido anular una subvención concedida al ayuntamiento en el marco del Programa de Fomento de Empleo Agrario del ejercicio 2006.

Las ayudas que el ayuntamiento había solicitado, y conseguido, eran las siguientes:

Tareas en la finca Peña Escrita

Tareas agrícolas y mantenimiento de la finca experimental subtropical

Control y mantenimiento del vivero de Velilla

Diversas tareas agrícolas en Cerro Gordo.

Para justificar la anulación de la subvención, la Diputación se remite a un informe de la Delegación del Gobierno en Granada, que es el organismo encargado de hacer el seguimiento y control de cada proyecto.

El informe que da lugar a esa anulación es contundente y deja en muy mal lugar al ayuntamiento de Almuñécar. Textualmente, se dice: ‘En el mes de junio y ante el incumplimiento del Ayuntamiento de no aportar la documentación obligatoria y la falta de elementos para realizar una inspección a fin de ver el estado de las actuaciones, nos pusimos en contacto telefónico, indicándonos que en breve nos llamarían para concertar una cita, no dando información alguna del estado de las actuaciones. Ante la pasividad del Ayuntamiento, se repitieron las llamadas en el mes de julio, agosto y septiembre siempre sin conseguir ningún resultado, por lo que se realizó un informe negativo liquidando las actuaciones como no realizadas’.

 

Por esta dejadez y falta de responsabilidad, el 5 de marzo, la Diputación ha dictado la resolución 887 aprobando la anulación del reconocimiento de las obligaciones y las órdenes de pago al ayuntamiento de Almuñécar por un importe conjunto que asciende a 6.153,59€, en concepto de cantidades a transferir por diversos expedientes, correspondientes todos ellos a materiales PFEA 2006.

IU considera lamentable que los almuñequeros hayamos perdido algo más de seis mil euros por una mala gestión y espera que esta actuación no suponga un condicionante negativo para futuras ayudas de esta misma clase.

Mucha, mucha, demasiada basura

En 2007, pagábamos el 0,90 de IBI (contribución)

 

En 2008, pagaremos 0,60 de IBI y 0,50 de basura, es decir, 1,10% del valor catastral. Esto es una subida del 22,5%. Lo aprobó el Pleno el 22-11-07. Votaron a favor Convergencia Andaluza y el PP.

 

Los datos que ofrecemos en esta hoja están sacados de los informes técnicos presentados a los grupos municipales para justificar la subida.

 

Pago del ayuntamiento a El Mirlo en 2007: 2.966.744€

(El informe del 11-10-07 da esta cifra como gasto de recogida de residuos sólidos y otros, que no se especifican, pero que en cualquier caso, son ajenos a la recogida de basura y, por tanto, no se podrían cobrar mediante tasa)

 

Subida al Mirlo para aplicar el convenio: Según acuerdo de la Junta de Gobierno del 21-4-08, el ayuntamiento va a pagar al Mirlo para que cumpla con el convenio 396.507€.

 

Por tanto, el Mirlo va a cobrar en 2008 3.363.251€

 

Los ingresos previstos por basura para 2008 (según informe del 20-11-07) son de 4.385.671€.

                                           

Así que, el ayuntamiento nos va a cobrar, según sus cálculos, 1.022.420€ por encima de lo que le cuesta el servicio. Esto es ilegal. (La Ley de Haciendas Locales R.D.L. 2/2004 de 5 de Marzo,  establece que ‘el importe de las tasas por la prestación de un servicio… no podrá exceder en su conjunto del coste real o previsible del servicio’

 

La ilegalidad es mayor aún porque los ayuntamientos sólo pueden cobrar tasas por el servicio de recogida de basura, mientras que en esta cantidad que el ayuntamiento paga al Mirlo se incluyen otros conceptos.

 

Añadiremos otro detalle: hay alrededor de 5.000 inmuebles que no van a pagar basura por problemas técnicos que el ayuntamiento no ha sabido resolver. Por ejemplo, el Hotel de la Avenida Juan Carlos no paga basura, ni los lujosos chalets de Fuentes de Almuñécar o los Cármenes del Mar. Si esos inmuebles hubiesen entrado en las cuentas, el porcentaje que nos habrían fijado no sería el 0,50 sino otro inferior porque entre más vecinos habríamos tocado a menos para pagar el coste de la basura.

 

Total: una chapuza se mire por donde se mire. Una ilegalidad y una barbaridad que los ciudadanos de este sufrido pueblo tendremos que afrontar en un año de crisis, con los sueldos subiendo un 2% para la mayoría, con el paro aumentando y las hipotecas por las nubes.

 

Y esto en un pueblo de 25.000 habitantes en que el alcalde tiene un sueldo al mismo nivel que el alcalde de la capital.

 

Por no hablar de la retahíla de concejales, asesores y cargos de confianza del partido que administra nuestros impuestos.  

El director de SKS no quiere entrar en polémicas que no ha buscado

Hemos leído unas declaraciones de Antonio Cantudo, director del grupo de teatro SKS, en una entrevista realizada por un medio de comunicación local. Confirmando lo dicho por Cantudo, reiteramos que el comunicado de IU denunciando la falta de sensibilidad cultural del ayuntamiento fue una iniciativa del Consejo Local de IU.

En ningún momento hemos hablado con Antonio Cantudo de este tema, y, por supuesto, nuestra protesta no ha surgido de una petición o queja suya. Simplemente, nos parece lamentable que se niegue el apoyo a un grupo amateur que ha alcanzado cotas de calidad elevadas y que cualquier ayuntamiento con un mínimo de sensibilidad estaría orgulloso de promocionar.

Y nos parece más lamentable aún que en la página web de Convergencia Andaluza se den datos falsos y se tergiverse la realidad intentando dar una imagen de este grupo y de sus supuestas peticiones, que no se corresponde con la realidad. Los peseteros no están en este grupo sino en los dueños de esa página web.

A continuación, reproducimos algunas frases de esa entrevista a la que aludíamos:

La cita era para hablar del grupo de teatro, SKS, que desde hace trece años dirige este jienense afincado en Almuñécar como profesor de Latín en el IES Antigua Sexi, pero algunas declaraciones en prensa sobre su grupo hacían inevitable que en primer lugar le preguntara por la polémica.

Refrescando memorias, el hecho es que desde Izquierda Unida se habían pedido al equipo de Gobierno sexitano explicaciones del por qué el grupo SKS, originario de Almuñécar, no era contratado en su propia ciudad y tenía que ir a interpretar sus obras fuera del municipio.

Además, sentaba precedente que este mismo equipo de Gobierno, tras el Festival de Teatro Grecolatino de 2004 decidiera suspender dicho festival sine die, y todo a consecuencia de que, al parecer, Cantudo pidió para la organización de dicho festival 18.000 euros, en donde no sólo actuaba SKS sino también distintas compañías especializadas en los clásicos mediterráneos.

No obstante, Cantudo niega tal cantidad, aunque no la petición, de la que no han recibido ningún tipo de respuesta. A este respecto, Cantudo se muestra perplejo, ya que, en ningún caso él ha mantenido cualquier contacto o llamada de ayuda a Izquierda Unida y, por supuesto, elude convertir su grupo en materia de discusión política.

Lo que sí admite es seguir sorprendido de que al área de Cultura del Ayuntamiento de Almuñécar decidiera cortar con un evento cultural como era aquel festival de teatro que, sostiene, suponía una gran aportación en muchos sentidos para el municipio.

También quiere dejar zanjada por su parte la polémica con un comunicado que en su día SKS publicó en su página web, debido a que en un periódico local había aparecido publicada una carta al respecto de SKS y su director no exactamente objetiva con los hechos, según sostiene el propio Cantudo.

Aunque usted no quiera entrar en ello, es lógico que hablemos del tema.

No quiero entrar en cosas del ámbito político. Sé que hay un comunicado de Izquierda Unida, pero jamás hemos hablado ni pedido ayuda. Fíjese que yo a Fermín Tejero, el actual concejal de Izquierda Unida, casi no lo conozco. Lo que tampoco voy a inmiscuirme es en lo que Izquierda Unida quiera hacer o no. Queremos que nos valoren por nuestro trabajo y punto.

Hombre, tampoco me voy a esconder para decir que la política cultural del Ayuntamiento no es la panacea, porque cualquiera que tenga un mínimo de sensibilidad sabe que es que no existe. Pero me siento dentro de un fuego cruzado de intereses políticos que no deseo, por que no he llamado a nadie para que me valore. No quiero que nos utilicen de pim pam pum.

A mi se me ha acusado de pedir 18.000 euros por actuar en Almuñécar y eso no es cierto. También se ha dicho que el Ayuntamiento nos ha dado en los últimos años 8.000 euros, y eso es mentira. La única subvención fueron los 11.000 euros que recibió nuestra Asociación para la organización del Festival de teatro Grecolatino de 2004 y que se gastó integramente en los grupos participantes. Luego hicimos una nueva petición para organizar otra edición del festival, para lo cual presentamos una memoria completa, y todavía estoy esperando después de cuatro años que contesten. Y esto es todo lo que voy a decir de ese tema. No quiero entrar en polémica.

Motril: IU está en contra de la privatización de la Residencia San Luis

IU no entiende como se nos puede tachar de alarmistas y de crispadores, cuando lo único que hacemos es informar a los motrileños y motrileñas acerca de sentencias de despidos improcedentes emitidas por los jueces y reproducciones fieles de informes elaborados por el propio Ayuntamiento sobre la calidad del aire que respiramos.

Queremos recordarles que nuestro más firme compromiso es para con los motrileños y motrileñas y es por éste motivo que mostramos nuestra más rotunda disconformidad con el hecho consumado que ahora nos presenta el PP refiriéndose a la privatización de la Residencia San Luis.

Hemos podido comprobar que actuaciones fuertemente criticadas por los miembros del actual equipo de gobierno, son ahora ampliamente apoyadas y llevadas a sus últimas consecuencias. En ningún momento se ha debatido, ni votado en el Consejo de Administración éste tema, tan sólo se ha presentado como una simple toma de conocimiento.

¿Acaso han olvidado ustedes su compromiso con todas las secciones sindicales de no privatizar ningún servicio del Ayuntamiento? Señor Rojas, le recordamos que el antes mencionado fue firmado por todas las fuerzas políticas. La privatización de la Residencia San Luis va en detrimento del usuario, y muy especialmente de nuestros mayores que generalmente cuentan con pensiones precarias que les imposibilitan hacer frente al pago de tasas que cualquier empresa privada, lógicamente les va a imponer.

No es ningún secreto que el principal objetivo de la empresa privada es, y será siempre, generar el máximo beneficio posible, y para muestra nos basta con el ejemplo de Aguas y Servicios con sus espectaculares subidas en el recibo del agua. Y en lo que respecta a los trabajadores, éstos últimos verán severamente mermados sus derechos laborales, sin contar con la posibilidad de tener que enfrentarse a incontables despidos.

Un Primero de mayo marcado por el desempleo

MANUEL MORALES GARCÍA

HAY 6.069 motivos menos para celebrar en la fiesta del trabajo este año en Granada: son las 6.069 personas que desean trabajar, que están dispuestas a ello, que lo han solicitado en el Servicio Andaluz de Empleo, pero que no tienen trabajo porque nuestro sistema económico y productivo es incapaz de facilitárselo. 6.069. Puede parecer tan sólo un número; es un número igual al aforo del Palacio de Deportes de Granada. Quizá, la forma correcta de pensar en el paro en Granada es visualizar ese pabellón, repleto hasta los topes, como en los días de máxima hinchada, pero no de aficionados al baloncesto, sino de hombres y mujeres que el año pasado por estas fechas no demandaban un puesto de trabajo y ahora sí. Si la cifra vista así nos parece alta, pensemos que esto es tan sólo el incremento anual del paro; que la cifra total, sólo en la provincia de Granada, es de casi 50.000 parados (y sobre todo paradas), comparable a toda la población de Guadix y Baza juntas.

Lo peor del dato es que no se trata del peor dato posible, ya que lo peor está aún por llegar: durante estos años de crecimiento insostenible basado en la especulación inmobiliaria, los trabajadores y trabajadoras han estado recibiendo tan sólo el 54% de la riqueza que producían con su trabajo. Así, se han generando unos beneficios empresariales récord en España. Pero estos beneficios, lejos de reinvertirse en creación de empleo y riqueza, han sido concentrados en el capital especulativo bancario y bursátil, provocando de nuevo beneficios récord tanto de un sector que tan sólo persigue el aumento de los tipos de interés, en contra de los intereses del capital productivo y de los trabajadores.

El caso es que, tras un decenio de bonanza, los granadinos miramos alrededor y no vemos nuevas industrias, ni mejoras sustanciales en lo agrícola, ni emplazamiento de nuevas tecnologías, ni, en definitiva, un desarrollo de la capacidad productiva ni del empleo en nuestra provincia. Por no ver, ni siquiera podemos señalar un gran avance en materia de equipamientos sociales que hayan mejorado la calidad de vida de la población, por no hablar de las infraestructuras provinciales.

El grueso de este beneficio, de ese 46% de la riqueza creada por el trabajo asalariado, se ha convertido pues en lucro privado puro y duro. La acumulación de riqueza ha provocado que el estudio de BANIF sobre las grandes fortunas en Andalucía haya tenido que subir el referente de liquidez disponible, de 150.000 a 300.000 euros, para considerar a un andaluz como 'acaudalado'. El resultado es que existen 51.000 grandes fortunas en Andalucía, con un capital medio de 750.000 euros.

Ahora, como decía, se avecina lo peor. Tras la evidencia de no poder seguir sosteniendo aquel crecimiento insostenible, llega otra, la que demuestra que este modelo traía crecimiento, pero por ser insostenible no traía desarrollo. Nadie quiere ya oír hablar de invertir en ladrillos, el petroleo por las nubes presiona al alza los precios y la banca, oliendo la crisis, empieza a subir los tipos; el consumo se retrae y las familias que antes se endeudaban con alegría ahora acuden a refinanciar sus deudas.

Mientras, en las tiendas, se consume poco, lo básico y a primero de mes. Hasta el tráfico evidencia -lo decía el otro día el estudio sobre la movilidad en Granada capital realizado por el Ayuntamiento- que los atascos se producen en las tardes de los primeros días del mes, que son los únicos en los que los asalariados disponen de liquidez para acudir a las grandes superficies comerciales.

La recesión llama a la puerta y frente a ella nos encontramos con una única receta gubernamental: la del neoliberalismo más ortodoxo de unos responsables de la economía que, ya sean del PP o del PSOE, no conciben otra intervención pública que la del hara-kiri del Estado. En la más pura línea de la escuela de Chicago, la agenda económica de Zapatero-Solbes incluye el abaratamiento del despido, la reducción de impuestos a las rentas y patrimonios más elevados, el fomento de las privatizaciones y la desregulación de la actividad económica.

Lo peor está por venir y se dirá a los trabajadores y trabajadoras de España que es hora de apretarse el cinturón para que la economía del país no se estanque. Y esto lo dirán quienes han sido responsables de tolerar ese modelo irresponsable y esos beneficios inmorales que han facilitado la coyuntura actual, beneficios que deberían ser inmorales incluso para nuestros patriotas defensores del capitalismo, tan proclives a olvidar que la mayoría de las personas que viven en España lo hacen gracias a su trabajo como asalariados. Este camino no conduce, por tanto, sino a un empeoramiento de la situación.

No hay más desarrollo que aquel que garantiza el bienestar de las personas y del medio. Si queremos de verdad desarrollo, tendremos que defender políticas gubernamentales de inversión pública fuerte, tanto productiva como de infraestructuras, para revitalizar la economía y devolver a la sociedad lo que estos años ha dejado de percibir de su esfuerzo colectivo. Por otro lado, desarrollo es también, y sobre todo, alcanzar unas condiciones laborales dignas, apostando por la formación de calidad y por contratación indefinida: sin temporalidad, precariedad o inseguridad. Todo esto sin perder de vista que el artículo 128 de la constitución española establece que «toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general», mientras el 129 mandara a los poderes públicos facilitar el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción. Una parte de la Constitución que no debe estar en las ediciones que algunos manejan.

Los trabajadores y trabajadoras tenemos poco que celebrar pero mucho que defender y reivindicar este primero de mayo para que el año que viene en lugar de llenar otro Palacio de Deportes de parados lo vaciemos. Para que no se nos pase la factura por algo de lo que la ciudadanía de a pie no es responsable: el enriquecimiento insolidario que han practicado algunos en la primavera del ladrillo que se torna ya sofocante estío.

IU dice que la condena al alcalde de Carboneras por injurias a un funcionario es "ejemplarizante"

 El coordinador de IU en Carboneras (Almería), Pascual Hernández, tildó hoy de "ejemplarizante" la condena del Juzgado de Instrucción número 2 de Vera (Almería) que obliga al alcalde, Cristóbal Fernández (PSOE), a pagar por una falta de injurias una multa de 240 euros e indemnización de 1.000 euros a Antonio Belmonte, un funcionario municipal y militante de IU que, en 1999, denunció al primer edil por coacciones al intentar obligarle a votar por correo a su partido.

Hernández valoró en una nota que el fallo "para los pies" al primer edil carbonero que, en su opinión, está "acostumbrado" a "hacer y deshacer a su antojo" hasta que un afiliado de IU "le plantó cara" y la justicia "le ha dado la razón".

El coordinador de la formación en Carboneras destacó que la sentencia considera probadas las manifestaciones "lesivas del honor y de la dignidad" de Antonio Belmonte, a quien Fernández llamó "enfermo" y "drogadicto" ante la prensa a principios de 2005 tras una de las sesiones del juicio celebrado en la Audiencia Provincial contra él y su hermana, Rosario Fernández, por el supuesto delito electoral denunciado por el trabajador municipal.

Estos calificativos llevaron al funcionario, que trabaja como conserje en un colegio de Carboneras, a interponer una denuncia por injurias contra el alcalde, que fue condenado en 2005 como autor de un delito electoral a seis meses de inhabilitación especial para cargo público relacionado con la Administración local por el periodo de seis meses, si bien el 1 de diciembre de 2006 el Consejo de Ministros le concedió el indulto con la condición de no cometer delito doloso en el plazo de dos años desde la publicación del indulto en el BOE.

A principios del pasado mes de marzo se celebró un acto de conciliación entre Fernández y Belmonte en el que no llegaron a ningún acuerdo, a pesar de que el funcionario sostuvo que sólo quería "que le pidiera perdón".

Durante la vista oral, celebrada el pasado día 13, el letrado de Belmonte exigió una indemnización de 3.000 euros por injurias y que el primer edil "se retractara" de sus palabras, mientras que Fernández negó haber proferido estos descalificativos contra él. Antonio Belmonte asegura, sin embargo, que el primer edil hizo estas afirmaciones como "castigo" a que él dijera "la verdad" en el juicio celebrado en la Audiencia Provincial.

A raíz de la denuncia formulada por Belmonte en 1999, la Audiencia Provincial de Almería, con fecha de 1 de febrero de 2005, condenó a Cristóbal Fernández y a su hermana como autores de un delito electoral a una pena a cada uno de ellos de inhabilitación especial para cargo público relacionado con la administración local por tiempo de seis meses y al pago de una multa de 28 cuotas, a razón de seis euros al día, y a otra multa de tres meses, a razón de seis euros al día.

Los hechos probados que recoge la sentencia, que fue ratificada en mayo de 2006 por el Tribunal Supremo (TS), establecen que semanas antes al 13 de junio de 1999, día en que se celebraron elecciones municipales, el alcalde y su hermana se dirigieron en tres ocasiones al conserje de un centro educativo dependiente del Ayuntamiento.

En primer lugar, fue la acusada, a través de un policía local, para que se personara en su despacho, donde le manifestó que una vez que le llegara el voto por correo se pasara para llevarle el documento de identidad propio y el de su mujer para votar a su partido. En otra ocasión, le llamó a través de un familiar y, una vez en las dependencias del Ayuntamiento, el acusado, Cristóbal Fernández, le pidió el voto, diciéndole que a cambio le mantendría en su puesto y le subiría el sueldo.

En noviembre de 2006, Fernández renunció a la Alcaldía para cumplir la condena de seis meses de inhabilitación, aunque pocos días después, el 1 de diciembre, el Consejo de Ministros le concedió el indulto de la pena de inhabilitación para cargo público a condición de no cometer delito doloso en el plazo de dos años desde la publicación, el 20 de diciembre de 2006, del indulto en el BOE. En mayo de 2007, tras concurrir de nuevo como candidato por el PSOE, Fernández ganó las elecciones locales con mayoría absoluta.

IU denuncia una nueva chapuza en el acuario

IU pregunta por qué motivo se retira ahora el aire acondicionado del acuario

 

En la Junta de Gobierno del día 21 se ha acordado desmontar los aparatos de aire acondicionado del acuario y trasladarlos a los bajos del Centro de Salud. La decisión es una más en una larga cadena de despropósitos que no han parado desde aquella ocurrente inauguración sin peces efectuada hace ya quince meses.

Desde esa fecha todo lo que los ciudadanos hemos podido ver es cómo una obra tremendamente costosa retrasa día tras día su fecha de apertura sin que el equipo de gobierno dé explicaciones de ningún tipo.

Estamos hablando de una inversión de 7 millones de euros y de unas obras que empezaron en noviembre de 2.005. Desde el 17 de agosto, hace ya casi nueve meses, el alcalde tiene un informe elaborado por el veterinario Antonio Pontes y el biólogo responsable del acuario, según el cual Tanto la climatización del edificio como las enfriadoras de los acuarios no funcionan al rendimiento necesario… lo que provoca la aparición de diversas patologías, como por ejemplo en el caso concreto del acuario de rocoso somero y fanerógamas donde se ha desencadenado una parasitosis por el protozoo Cryptocarion que ha terminado con la mayoría de los especímenes de este acuario.

Existiendo ese informe desde agosto, no entendemos cómo a estas alturas está aún sin resolver el problema del aire acondicionado, estando el verano a la vuelta de la esquina. Ignoramos asimismo, porque hay un mutismo total en torno al tema, si se han subsanado el resto de deficiencias señaladas en ese informe:

1. La iluminación de los acuarios no se conecta, por lo que los animales no tienen ciclos de día y noche, lo cual desencadena problemas de estrés y diversas patologías…

2. Carece del abastecimiento de agua potable… lo que tiene las siguientes consecuencias:

-Falta de higiene.

-No es posible fabricar agua salada… lo que hace que los niveles de nitratos de los acuarios se eleven excesivamente y que la salinidad del agua no se estabilice… provocando la progresiva intoxicación de los animales…

3. La alimentación de los peces… es deficitaria tanto en la cantidad como en la calidad… lo que está provocando diversas

patologías.

4. No se dispone de suficiente personal especializado.

5. Han desaparecido la mitad de los especímenes… presumiblemente a causa del acúmulo de las situaciones anteriormente expuestas.

A pesar de las condiciones adversas, algunas de las especies se han reproducido lo que nos hace pensar que más que en un acuario, dadas las condiciones críticas en las que se encuentran las instalaciones, parece un lugar de experimentación para los pobres animales. El informe de los técnicos concluye diciendo que:

Por todo lo expuesto, informan que en el Aquarium Almuñécar se está incumpliendo la Ley 31/2003, de 27 de octubre, de conservación de la fauna silvestre en los parques zoológicos, en concreto en lo ordenado en los artículos 3 y 5 de la misma, referentes al mantenimiento del bienestar animal, y a la presencia de suficiente personal adecuado y a la existencia de instalaciones adecuadas, requisitos que no se cumplen, redundando todo ello en un deterioro… lo que originará a corto plazo la muerte de todos los especímenes… y averías irreversibles de las instalaciones por falta de mantenimiento…

IU pide al alcalde que dé explicaciones a los vecinos, que son los auténticos dueños del acuario, y los que ven con pena cómo unas instalaciones que podían estar dinamizando el turismo permanecen cerradas por una gestión desastrosa.

Igualmente, pide que se aclare si es cierto que hay goteras y problemas de estanqueidad en las piscinas.

Francia propone limitar el salario de los futbolistas para mejorar la competitividad entre clubes

Francia querría conseguir con esta medida que le propone a la UE una armonización de las políticas de remuneración de los futbolistas que podría pasar por poner un tope a la masa salarial de los clubes como forma de evitar que se disparen las fichas

Ésta es la idea avanzada por el secretario de Estado francés de la Economía Digital, Eric Besson, que en una entrevista publicada por "Libération" da cuenta de la misión que se le ha encargado sobre la forma de mejorar la competitividad de los equipos franceses.

"¿Es ilusorio imaginar un techo de la masa salarial de los clubes como lo hacen las ligas deportivas estadounidenses?", se pregunta retóricamente Besson, que subraya que lo "ideal" a su juicio sería "una regulación y una armonización europea".

A ese respecto, señaló que "incluso los ingleses tienen conciencia de que la carrera de los presupuestos y a la inflación de los salarios puede perjudicar el carácter popular del fútbol, ya que los precios de las plazas se torna prohibitivo".

Dijo también que espera que triunfen los que militan por "una limitación de los efectos perversos de la sentencia Bossman" y que se obligue a los equipos a contar con "varios jugadores salidos de sus centros de formación".

El secretario de Estado indicó que quiere "proponer pistas para mejorar la competitividad del fútbol francés" sin que eso acarree sacrificios para unas finanzas públicas en dificultades, y mientras una parte de la población "se interroga sobre la oportunidad de reducir los impuestos a unos cientos de jugadores pagados muy ampliamente".

El hambre invade Haití y el mundo

Los consumidores de los países ricos están sintiendo ya la crisis en los supermercados, pero los pueblos más empobrecidos del mundo están muriéndose de hambre. La causa de esta situación son los precios al alza de los alimentos, que están provocando disturbios por todo el mundo; así está ocurriendo en Mexico, Indonesia, Yemen, Filipinas, Camboya, Marruecos, Senegal, Uzbekistán, Guinea, Mauritania, Egipto, Camerún, Bangladesh, Burkina Fasso, Costa de Marfil, Perú, Bolivia y Haití. Este último país, que una vez fue casi autosuficiente en sus necesidades alimentarias, ha pasado ahora a depender de las importaciones para su abastecimiento (al igual que otros países importadores de alimentos), quedando a merced de las empresas agropecuarias.

Stephen Lendman y Global Research

La escasez de trigo en Perú es lo suficientemente grave como para tener al ejército haciendo pan a base de harina de patata (una cosecha nativa). En Pakistán, miles de soldados vigilan los camiones que transportan trigo y harina. En Tailandia, los campesinos que cultivan arroz se turnan para mantenerse despiertos por la noche para vigilar sus campos de los ladrones. En los últimos meses, el precio de las cosechas casi se ha duplicado. Es el alimento básico de la mitad o más de la población mundial, pero los precios al alza y el temor a la escasez han movido a algunos de los mayores productores a exportar menos: Tailandia (el mayor exportador del mundo), Vietnam, India, Egipto, Camboya, y otros que probablemente les seguirán, puesto que la producción mundial va por detrás de la demanda. Los productores de otros granos están haciendo lo mismo, como Argentina, Kazajstán y China. Cuanto menos se exporte, más subirán los precios.

Otros factores son los altos precios del petróleo y los costes de transporte, la creciente demanda, la especulación sobre productos básicos, las plagas del sureste de Asia, una sequía en Australia que dura ya diez años, las inundaciones en Bangladesh y otros lugares, una ola de frío en China que se alarga ya 45 días, y otros factores naturales que en mayoría han sido manipulados, como el desvío de cosechas para dedicarlas a producir biocombustibles, se han combinado para crear una creciente crisis mundial que se detalla a continuación. Se produce también en un momento en que millones de chinos e indios tienen ingresos más altos, cambian sus hábitos alimenticios y consumen más carne, pollo y otros productos cárnicos que provocan demandas inmensas de producción de grano.

A continuación, expongo una instantánea que apareció el 8 de abril en el Times británico recogiendo la situación en algunas zonas de Asia:
· Los campesinos filipinos que sean cogidos acaparando arroz se arriesgan a una sentencia de cárcel perpetua por “sabotaje económico”;
· Miles de pasteleros indonesios de pasteles de soja se han puesto en huelga contra la destrucción de sus medios de vida;
· Países que eran autosuficientes en otra época, como Japón y Corea del Sur, están “reaccionando ferozmente mientras la ratio de reservas de alimentos para consumo se desploma hasta mínimos históricos”;
· La India no puede exportar ya millones de toneladas de arroz; ahora se ve forzada a dejar “una reserva alimentaría estratégica especial además de sus reservas de trigo y arroz”;
· Tailandia es el mayor productor mundial de arroz; su precio subió un 50% en el pasado mes;
· Países como Filipinas y Sri Lanka se disputan suministros seguros de arroz; esos dos países y otros estados asiáticos están luchando para enfrentarse a los precios altos y a los suministros insuficientes.
· El arroz es el producto básico de tres mil millones de personas; una tercera parte de ellas sobrevive con menos de 1$ al día y tienen “inseguridad alimentaria”; eso significa que, sin ayuda, pueden morirse de hambre.

La Organización para la Agricultura y la Alimentación de Naciones Unidas (FAO, en sus siglas en inglés) informó que los costes de los alimentos, a nivel mundial, habían subido casi un 40% en 2007, mientras los granos subieron un 42% y los productos lácteos casi un 80%. El Banco Mundial declaró que los precios de los alimentos han subido un 83% desde 2005. Esto ha hecho que 37 países hayan tenido que hacer frente a crisis alimentarias a partir de diciembre y que, en respuesta a la situación, 20 impusieran controles sobre los precios.

También está afectando a las agencias de ayuda humanitaria como el Programa Alimentario Mundial de las Naciones Unidas (WFP, en sus siglas en inglés). Debido al alza de los costes de la energía y los alimentos, el 20 de marzo se hizo un llamamiento urgente a los donantes para que contribuyeran a cubrir un vacío de 500 millones de euros en los recursos que les permiten llevar a cabo su trabajo. Desde esa fecha, los precios de los alimentos subieron otro 20% y no hay señales de que vayan a bajar. Para los pobres del mundo, como el pueblo de Haití, la situación es desesperada, la gente no puede conseguir alimentos, hagan lo que hagan, y muchos se están muriendo de hambre.

Haiti: El Vivo Ejemplo del Hambre en el Mundo
La crisis haitiana es tan extrema que ha forzado a la gente a comer (no alimentos) galletas de barro (llamadas “pica”) para aliviar el hambre. Es un desesperado remedio haitiano hecho de barro seco amarillo que proviene de la meseta central del país para aquellos que pueden permitírselo. No es gratis. En los atestados suburbios de Ciudad del Sol, la gente usa una mezcla de barro, sal y grasa vegetal como comida normal, y eso es todo lo que se pueden permitir. Un periodista de AP en Puerto Príncipe lo probó. Dijo que tenía “una consistencia suave, pero la mezcla se deshacía fuera de la boca tan pronto se tocaba con la lengua. Después, y durante horas, persistió un desagradable sabor a tierra”. Mucho peor es cómo afecta a la salud humana. Una dieta de galletas de barro causa desnutrición severa, dolor intestinal y otros efectos dañinos por toxinas potencialmente mortales y parásitos.

Otro problema es el coste. Ese llena-estómagos no es gratis. Los haitianos tienen que comprarlo, y los precios de la “arcilla comestible” no paran de subir, casi 1,5$ el pasado año. Ahora cuesta alrededor de 5$ hacer 100 galletas (unos 5 céntimos cada una), lo que es más barato que la comida, pero muchos haitianos ni siquiera pueden permitirse eso. Veamos su situación:
· El 80% de los haitianos están empobrecidos en el país más pobre del hemisferio y uno de los más pobres del mundo;
· El desempleo rampante, las dos terceras partes, o más, de los trabajadores tienen tan sólo trabajos esporádicos;
· Los que tienen empleo, ganan de 11 a 12 céntimos la hora; el salario mínimo oficial del país es de 1,80$ al día, pero las cifras del FMI muestran que el 55% de los haitianos reciben sólo 44 céntimos al día, una cifra con la que resulta imposible vivir.

Así es cómo viven los haitianos pobres. Tienen familias amplias, viven en chabolas de cartón y hojalata, no hay agua corriente y muy poca o ninguna electricidad, y la vida dentro y alrededor es horrible. Las sábanas están atestadas de moscas, no hay saneamiento y en el exterior la basura se extiende por doquier. Los niños están siempre hambrientos, nunca hay suficiente comida, a menudo sólo hacen una única comida al día, las enfermedades son el pan de cada día, las expectativas de vida son muy bajas y han de soportar a los supuestos “pacificadores” Cascos Azules y la violencia de las bandas que asolan comunidades como la Ciudad del Sol de Puerto Príncipe.

Ahora, ante la crisis alimentaria, los haitianos han salido a la calle a protestar porque el pasado año se habían triplicado los precios de los artículos de primera necesidad, y tienen un presidente, un primer ministro y un gobierno que no hacen prácticamente nada para remediarlo. Durante días, se les vio por todas partes, por todo el país, y eran miles. Protestaron en Puerto Príncipe, llevando platos vacíos para expresar su espantosa situación, rompieron las ventanas de edificios y coches, asaltaron las tiendas, buscaron comida, intentaron asaltar el palacio presidencial, gritaron “tenemos hambre” y exigieron la dimisión del Presidente René Preval.

Los Cascos Azules de Naciones Unidas (MINUSTAH) respondieron cruelmente de la forma que lo hacen siempre contra las manifestaciones pacíficas o de protesta. Dispararon y mataron al menos a cinco haitianos (algunas informaciones dicen que fueron más), hirieron a muchos otros y eso sólo en el centro de Puerto Príncipe.

En Les Cayes (la tercera ciudad más grande de Haití), en el suroeste, los manifestantes asaltaron e intentaron incendiar las oficiales de la MINUSTAH local. Otros hicieron barricadas en las calles, buscaron comida y gritaron “Fin al alto coste de la vida”. Protestas similares se sucedieron por todo el país:
· En las ciudad del norte como Cap-Haitien y Gonaives;
· Jacmel en el sur;
· Jeremie en el suroeste, donde se informó al menos de dos muertes; y
· En ciudades más pequeñas como Petit Goave, Miragoane, Aquín, Cavaillon, Sant-Jean du Sud, Leogane, Vialet, Anse-a-Veau y Simon.

Es algo ya familiar en Haití. La rabia ante la injusticia se va incubando y explota sacando a los haitianos en masa a la calle contra condiciones intolerables de vida que se han ido agravando por una ocupación represiva y odiada de Naciones Unidas. Están allí para proteger los privilegios, no para asegurar la paz. Fue la primera vez que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas autorizó a unos supuestos “mantenedores de la paz” a reforzar un golpe de estado contra un presidente democráticamente elegido (por una mayoría del 92%).

El actual presidente de Haití no puede hacer frente a la situación y su actuación ha ido paralela al estado de las cosas. Desde su reelección en febrero de 2006, ha sido totalmente ineficaz, no ha hecho nada para aliviar la crisis actual, en vez de ponerse a trabajar para intentarlo lo que hizo fue dar órdenes para que se acabara con las protestas, y así es cómo el 9 de abril se dirigió a la población por televisión en un discurso vergonzoso: “Las manifestaciones y la destrucción no van a conseguir que bajen los precios ni que se resuelvan los problemas del país. Muy al contrario, eso puede hacer que crezca la miseria y que la inversión huya del el país”, por supuesto que eso no ayuda en nada a la mayoría de los haitianos y Preval lo sabe.

Después de una semana de protestas, siguió una calma inestable, pero las cosas pueden estallar de nuevo en cualquier momento porque las medidas implementadas han sido mínimas. De forma desdeñosa, el primer ministro de Preval, Jacques Edouard Alexis, culpó del problema a las “fuerzas globales” y al alto coste del petróleo diciendo que no había soluciones inmediatas y dando el caso por cerrado. También afirmó que las protestas estaban manipuladas por provocadores, incluidos enfadados traficantes de drogas que reaccionaban ante un supuesto cierre de uno de de sus puntos de transporte.

Alexis está ya fuera y las elites debaten sobre quién le va a reemplazar, mientras, los haitianos se mueren de hambre, el FMI sigue llevándose un millón de dólares a la semana en impuestos exigidos a los ricos, y sólo países como Cuba (mediante la formación de haitianos en medicina) y Venezuela (donando dinero, petróleo barato y unas 600 toneladas de ayuda alimentaria enviada el 13 de abril, más de la cantidad informada al principio) parecen preocuparse. Chavez se preocupa por toda Latinoamérica y el pasado año donó unos 8.800 millones de dólares de ayuda, cuatro veces la suma de EEUU proporciona a la región.

Por su parte, el Banco Mundial planea enviar 10 patéticos millones de dólares de “ayuda de emergencia” para un país en el que alrededor de ocho millones de personas se mueren de hambre. También planea duplicar “hasta” 800 millones de dólares sus préstamos agrícolas a África para el próximo año, y con eso lo único que conseguirá será que una mala situación empeore. Irá destinado a naciones gravemente endeudadas, incapaces, como consecuencia, de proporcionar alimentos a su pueblo; pero la política del Banco Mundial siempre va en la dirección contraria a lo que esos países necesitan.

El Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, hizo simplemente una declaración formal sobre la crisis y su gravedad, y fue tan frustrante como Alexis, no ofreció ninguna ayuda significativa, es un tipo tan indiferente como los funcionarios del Banco Mundial, que nunca olvida que sus jefes están en Washington. En vez de hacer su labor para ayudar, apeló a los dirigentes de Haití a que restauraran la estabilidad porque la seguridad del país estaba amenazada. Los pueblos pobres que se mueren de hambre no son su problema. ¡Que coman galletas de barro!

Esa es también, al parecer, la solución de René Preval. Tardíamente (el 12 de abril), anunció un plan para hacer que el precio del arroz bajara un 15%. Eso no va a ayudar en nada a solucionar la crisis, y Reuters (15 de abril) informó que los vendedores exigen precios más altos aún para las mercancías que tienen almacenadas. Eso provocó nuevos disturbios en las calles, que los haitianos sigan muriéndose de hambre y que los “funcionarios gubernamentales brillen por su ausencia a la hora de hacer la más mínima declaración”.

El nuevo libro de Raj Patel explica bien el estado de cosas actual. Se titula “Stuffed and Starved: The Hidden Battle for the World Food System”. En una declaración efectuada el 14 de abril, dijo: “Lo que está sucediendo en Haití es un presagio para el resto del mundo desarrollado. Haití es el vivo retrato de una economía que liberalizó su agricultura y liquidó las redes de protección social para los pobres…”. Las condiciones que crean los disturbios como consecuencia del problema alimentario son dos:
· “Los precios desorbitados y las políticas modernas de desarrollo” (tarifas, subsidios a las corporaciones, políticas de reserva de grano) hacen que millones y millones de seres no puedan acceder a los alimentos; y
· “Entonces se producen disturbios cuando no hay otra forma de conseguir que los poderosos escuchen…” Seguirán apareciendo “cada vez con mayor frecuencia hasta que los gobiernos se den cuenta que la comida no es un mero artículo, es un derecho humano”.

La Junta de Gobierno se burla de un informe de la Secretaria

El ayuntamiento tiene contratados los servicios de una abogada para tramitar los expedientes sancionadores en materia de urbanismo, algo irregular ya que esta persona está realizando actividades que sólo pueden hacer los empleados públicos.

Al conocer esta situación anómala, la Delegación del Gobierno remitió escrito pidiendo copia del pliego de cláusulas administrativas y un escrito de la secretaria certificando que esta persona no ejerce potestades públicas de acuerdo al Estatuto Básico del Empleado Público.

El informe de la secretaria ha sido claro y terminante. En el mismo se afirma con contundencia que ‘La participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas queda acreditada al versar el contrato administrativo sometido a Informe Jurídico sobre expedientes sancionadores en materia de urbanismo.’. Y añade que ‘deberán ser funcionarios de carrera pertenecientes al Grupo de clasificación profesional A, a los se exige estar en posesión del título universitario de Licenciatura en Derecho para el acceso a los cuerpos o escalas de este Grupo los encargados de la tramitación e informe de esta clase de expedientes.’

Con buen criterio, el informe explica que ‘En caso de carencia de personal funcionario con titulación adecuada y suficiente para el asesoramiento urbanístico se puede optar por solicitar asistencia jurídica a la Diputación Provincial’.

En base a este criterio de legalidad, la Secretaria afirma que el contrato de consultoría y asistencia de referencia, por las características propias de estos contratos, ha de afectar a aspectos puntuales, no pudiendo ser objeto de estos contratos los servicios que por su regularidad o permanencia son base y fundamento de una relación funcionarial o laboral. La permanencia dimanante de la relación funcionarial, otorga a éstos una independencia de la que no disfrutan los que se vinculan a la Administración por relaciones inestables y de contenido accidental. Los expedientes han de ser informados por los funcionarios que con carácter regular y permanente prestan servicios. Las asesorías jurídicas externas han de informar sólo aquellos expedientes que, por su naturaleza, dificultad o especiales características, lo requieran y a petición del Alcalde, no pudiendo informar los expedientes con carácter regular, sino exclusivamente aspectos puntuales de los mismos.

Es una práctica habitual de este ayuntamiento encargar, no sólo a esta abogada, sino a otras empresas asesoras, informes completos sobre asuntos que debían ser llevados por funcionarios. Incluso se da la circunstancia de que estas empresas de asesoría sacan expedientes completos del ayuntamiento privando a las personas interesadas del acceso a los mismos, incluso durante meses. Esta forma de proceder es completamente ilegal pues la ley establece que, bajo ningún concepto, deben salir los expedientes del ayuntamiento.

El informe elaborado por la Secretaria proponía a la Junta de Gobierno anular el contrato suscrito con esta abogada porque incumplía la legalidad al encomendarle funciones reservadas a empleados públicos. En concreto, el informe proponía ‘dar trámite de audiencia a la interesada… con carácter previo a la declaración de lesividad para el interés público del contrato’.

Desoyendo estas recomendaciones, la Junta de Gobierno del día 14 de abril acordó ‘modificar el contrato administrativo suscrito de tal forma que la adjudicataria no realice actividades que impliquen de forma directa o indirecta el ejercicio de potestades públicas’.

El acuerdo tomado supone una burla a la legalidad, a la Secretaria y a la Delegación del Gobierno, porque es imposible trabajar en ese ámbito de los expedientes urbanísticos sin asumir potestades públicas. Asimismo, IU avisa que todos los expedientes informados y resueltos por esta abogada o por alguna empresa de asesoría jurídica externa pueden ser nulos de pleno derecho al haberse resuelto en fraude de ley.

Dinamizar algunas economías

El Gobierno, en lo que se puede llamar su primer Consejo de Ministros, ha aprobado once medidas para reactivar la actividad económica, once medidas que, al igual que los mandamientos, según nos enseñaban antiguamente en el catecismo, se cierran en dos: la devolución de los cuatrocientos euros a todos los contribuyentes (6.000 millones de euros) y la eliminación del Impuesto de Patrimonio (1.800 millones de euros). Como se puede apreciar, ambas absorben la mayor parte del coste de todo el paquete: 10.000 millones de euros. En realidad, Solbes hace de la necesidad virtud y presenta como medidas para dinamizar la economía el cumplimiento de las promesas electorales que de forma tan frívola y precipitada realizó el presidente del Gobierno.

Juan Francisco Martín Seco

Resulta difícil justificar o encontrar la razón para devolver de manera uniforme 400 euros. Me refiero a la razón social o económica, porque electoral y populista puede ser que existiese. La medida es, sin duda, regresiva, no sólo porque se dirige a todos los contribuyentes, tanto a los que lo necesitan como a los que no, sino porque deja fuera precisamente a los que no son contribuyentes, es decir, a los que son tan pobres como para que ni siquiera tengan que tributar por el IRPF: los parados, la gran mayoría de los pensionistas y aquellos asalariados precarios y con retribuciones reducidas.

La medida constituye una bonita forma de despilfarrar 6.000 millones de euros (un billón de las antiguas pesetas). Se puede afirmar sin temor a equivocarse que es regresiva, pero desde luego no tanto como las distintas reformas del IRPF realizadas en los doce últimos años —incluida la última del Gobierno del PSOE—, y la que el PP proponía en su programa electoral. El Partido Popular no puede hablar mucho en materia fiscal, ya que todas sus reformas se han encaminando a reducir la progresividad del sistema y a favorecer a los contribuyentes de ingresos elevados y a las rentas empresariales y del capital. Resulta, por tanto, absurdo que ahora critique las del actual Gobierno. Son medidas que perfectamente podrían ser adoptadas por esta formación política si gobernase.

Más que absurda, es cínica la contraposición que realizó el diario El Mundo en su editorial del sábado pasado entre estas medidas y las que acometió Rato al comienzo de su mandato allá por 1996, inclinándose, claro está, por estas últimas y poniéndolas como paradigma y ejemplo de un programa para dinamizar la economía. Y ejemplo son, desde luego, pero más bien de cómo engordar ciertas economías: cambio de fiscalidad de las plusvalías, regularización de balances, rebajas en el Impuesto de Sucesiones, etc. Todas en la misma línea. Todas con el mismo objetivo.

Y a engordar ciertas economías va destinada también la medida de eliminar el Impuesto de Patrimonio. Cuesta entender que sea un partido que se proclama de izquierdas el que se proponga desterrar un gravamen que constituye, o al menos debería constituir, uno de los principales instrumentos de política redistributiva. La involución ideológica ha llegado a tal extremo, que lo mejor que desde la izquierda se puede pedir a un Gobierno es que no intervenga en la actividad económica, porque últimamente toda intervención va siempre en el mismo sentido, que es el de incrementar la desigualdad y beneficiar a las clases altas. Al final habrá que defender el laissez faire, laissez passer. Quizás las capas más desfavorecidas de la población acaben por tener que decir al poder político: no nos ayuden, que es peor.

En esta ocasión puede que tenga razón el gobernador del Banco de España cuando reclama al Ejecutivo que se abstenga de actuar y deje jugar a los estabilizadores automáticos. La dificultad se encuentra en que uno de los más importantes, el seguro de paro, ha ido perdiendo potencialidad mediante diferentes reformas laborales. Lo más efectivo sería que los 10.000 millones de euros se utilizasen para situar esta prestación en los niveles adecuados y para realizar políticas vigorosas de empleo. Las medidas más coherentes de las aprobadas son las que se refieren a esta materia, pero lo cierto es que tan sólo se dedican a ello 200 o 300 millones de euros de los 10.000 presupuestados. Si, tal como se dice, la intención es incentivar el consumo, es evidente que orientar los recursos al seguro de desempleo tendría mucha más eficacia que eliminar el Impuesto de Patrimonio o repartir indiscriminadamente 400 euros, aunque tan sólo sea porque la propensión a consumir va reduciéndose según se incrementa la renta. Además, este aumento de gasto público no se consolidaría, por el contrario, tendería a desaparecer tan pronto como se reanimase la economía y se redujese el paro.

Castigos verdes, pero inútiles

Es imposible saber cuántas sentencias por daños al medioambiente quedan sin cumplir en España. No lo busque, porque éste no es un dato para las estadísticas ni las memorias oficiales. Pero un repaso por los casos que han hecho historia en las dos últimas décadas sirve como sondeo: minas devoradoras de espacios protegidos, construcciones impúdicas amparadas por los ayuntamientos, hidroeléctricas que devastan ríos. Son muchas las sentencias firmes que nunca llegan a ejecutarse.

Marta Gallup

Público

Todos los expertos consultados coinciden en que, cuanto más se alarga el proceso, más difícil será hacer posible la ejecución de la sentencia. "Para empezar, por la política de los hechos consumados", apunta Cristina Álvarez Baquerizo, abogada ambientalista. "Cuando el mal está hecho y no es reversible materialmente, lo único que te queda es una victoria moral. Por eso es tan importante denunciar apenas se conozca el primer paso de la irregularidad, como la concesión de una licencia".

También es fundamental la figura de las medidas cautelares. Por ejemplo, en el caso del Alto del Cuco, en Cantabria, donde el tribunal ha paralizado la urbanización de la ladera antes de que el destrozo vaya a más. Sin embargo las paralizaciones cautelares no son habituales, porque exigen a la parte denunciante avales económicos, a menudo de muy alta cuantía.

Si no hay paralización cautelar, la actividad denunciada continúa, y cuando llega la sentencia firme, a veces ya está concluida. Pero incluso con sentencia firme, la actividad tampoco se para. ¿Por qué?

La guinda de la tarta: el proceso de ejecución de la sentencia

Muchos ciudadanos que se meten en este via crucis judicial no saben que después de una sentencia firme aún queda otro tormento más: la ejecución de sentencia. Si ésta no se pide, todos los desvelos anteriores habrán sido inútiles: una victoria pírrica. "Además, el proceso que comienza, repite el esquema de lo ya vivido: de nuevo las partes presentan alegaciones, y la parte condenada ya se encarga de que vuelva a durar años", añade Álvarez Baquerizo. La organización cántabra ARCA consiguió su primera sentencia firme en el año 2000 y aún no se ha ejecutado.

Una de las razones de que las sentencias no se ejecuten es el remoloneo de las administraciones. "Si el juez anula una licencia y hay que derribar una casa, el que tiene que poner las máquinas es el ayuntamiento. Y éstos no suelen estar por la labor. Es más bien todo lo contrario". En otras sentencias la responsabilidad de ejecutar recae en la autoridad autonómica, por ejemplo el cierre de una mina.

Hay casos, como el de la mina a cielo abierto Feixolín, en León, en donde la resistencia de la administración es tan recalcitrante que se ha abierto un proceso penal contra algunos cargos.

La vía penal, piedra de toque

La aparición de la vía penal supone un punto de inflexión en la evolución del proceso. Hasta ese momento la justicia no actúa contra una persona concreta, porque la vía contencioso-administrativa se encarga sólo de controlar la correcta actuación de la administración.

"Pero en la vía penal se personalizan las responsabilidades y éstas trascienden a personas concretas. No obstante, acceder a la vía penal requiere la prueba de las imputaciones realizadas y, lógicamente, la prueba de la intencionalidad o la negligencia del imputado, lo que en materia medioambiental no siempre es sencillo", explica Jorge Agudo González, codirector del informe Urbanismo y democracia, Alternativas para evitar la corrupción , documento en el que se analizan 159 supuestos casos de irregularidades en esta materia desde el año 2000.

Es decir, que hay que demostrar que los responsables actuaron con intención o con imprudencia. En los últimos dos años, muchos de los casos de ilegalidad urbanística están siendo absorbidos por la Fiscalía. Ya se refleja así en la Memoria referida al año 2006, y en el boletín informativo del mes de febrero de esta institución se dedica al tema un apartado específico destacando un botón de muestra, que en Granada se han triplicado en un año las sentencias de derribo de edificios ilegales.

También se subraya las directrices dadas por el Fiscal Especial de Medio Ambiente y Urbanismo, Antonio Vercher, a los fiscales delegados para que se cumplan las sentencias de demolición y evitar así la sensación de impunidad.

¿Hay soluciones?

La irrupción de la vía penal se apunta como una de las esperanzas de cumplimiento de las sentencias, sobre todo desde la creación de la figura del Fiscal coordinador para los delitos ambientales y de corrupción urbanística.

La activa y decidida actuación de Antonio Vercher está empezando a obtener los primeros resultados. Pero a juicio de algunos expertos, como el catedrático de derecho administrativo Luciano Parejo, "la absorción de lo contencioso-administrativo por lo penal no es la solución. Implica una cierta perversión del funcionamiento del sistema el que las administraciones no cumplan la legalidad."

Lo cierto es que el miedo a la cárcel es lo único que parece funcionar. "Lo que revela un problema de fondo muy grave: a pesar de las buenas intenciones y de los eslóganes en favor de la sostenibilidad, en realidad una parte relativamente importante de nuestros políticos relega la protección del medio ambiente en favor de otros intereses, y en muchos casos, lamentablemente, cometiendo irregularidades cuyo freno sólo parece producirse con la amenaza de responsabilidades penales", reflexiona Agudo González.

Una falta de sensibilidad a la que no son ajenos incluso algunos jueces. En la misma memoria de la Fiscalía también se hace notar que en los juzgados de algunas provincias, como Ciudad Real o Burgos, tienden a absolverse a los infractores en materia urbanística al considerarse una conducta de menor gravedad.

Otra solución posible sería que los propios juzgados se encargaran de la ejecución de la sentencia, una competencia que les otorga la Constitución. "Si no la ejercen es porque no tienen medios, y deben delegar en las administraciones", apunta Jesús Jordano, profesor de derecho de la Universidad de Sevilla. "Sólo el estadio de la capital andaluza costó más de 200 millones de euros. Todos los juzgados de lo contencioso de España han costado menos de esa cantidad."

Los casos más destacados

Una ladera sembrada de casas

“Esto es una burla”, lanza sin dudarlo Gonzalo Canales, biólogo y presidente de la Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria (ARCA), la organización ecologista con más éxitos ante los tribunales españoles. Una decena de sentencias firmes les dan la razón frente a actuaciones urbanísticas ilegales: viviendas levantadas en suelo rústico, construídas en bosques de especial protección o en el Parque Natural de las Marismas de Santoña.........Hasta 500 viviendas tienen sentencia firme de derribo, pero ninguna ha recibido la visita de la piqueta.

El caso que más eco mediático les ha proporcionado es el del Alto del Cuco, por el impacto visual del destrozo de una ladera, y porque un juez ha parado las obras, pero lo cierto es que aún no cuenta con sentencia firme. Sí la tiene, sin embargo el ayuntamiento de otro pequeño pueblo en expansión, Argoños, en donde son cinco las urbanizaciones declaradas ilegales. “La obcecación del alcalde en hacer caso omiso ha llegado a tal extremo que el propio juez ha amenazado con acusarle de prevariación”, ilustra Canales.

Alguna de estas sentencias van camino de los 10 años de espera para su ejecución. Y nada. “Con la sentencia sólo tienes un papel. Su ejecución es larguísima, porque la otra parte te plantea todo tipo de impedimentos. Te pasas la vida presentando papeles en el juzgado, atento a que no se te pasen los plazos, lo que echaría al traste todo el proceso”.

Con todo, todavía puede ser peor: “En algún caso el juez, cansado de tanto juego evasivo, ha amonestado a un ayuntamiento para que licite de una vez el derribo de la construcción ilegal. Entonces, los afectados han llegado a amenazar a la empresa adjudicataria de la demolición y ésta ha preferido retirarse. Ahora, los concursos para derribos quedan desiertos. Estamos en un callejón sin salida”, remacha, “pero no nos damos por vencidos”.

En Cantabria, son entre dos y tres mil los afectados por la compra de una vivienda ilegal. Se han organizado en grupos para presionar a las administraciones y los poderes políticos, y de momento han encontrado eco en el parlamento regional. El pasado mes de diciembre todos los partidos representados en la asamblea cántabra emitieron una resolución pidiendo al gobierno autonómico que dé una salida legal a esta situación. “Este es un hecho gravísimo”, valora Gonzalo Canales, “supone la quiebra del sistema, porque se está transmitiendo el mensaje de que las leyes y los jueces no sirven para nada”.

Pescadores en favor de los peces

Pedro Brufao no ha disfrutado tanto de sus paseos por el Tajo como aquella jornada de 2005 en que le comunicaron la sentencia del Supremo. Quince años después de comenzar la batalla judicial, David había vencido a Goliat. Una sencilla aunque veterana asociación de amantes de la pesca y la naturaleza había conseguido tumbar a los gigantes: la Confederación Hidrográfica del Tajo, Unión FENOSA y la electroquímica Navarro S.A.

La historia se remonta a 1990, cuando la CHT otorgó tres concesiones a Unión FENOSA para rehabilitar otras tantas presas hidroeléctricas abandonadas: Zahorejas, Peralejos de las Truchas y Hozseca, en los ríos Tajo y Hozseca. “Las recurrimos” señala Pedro Brufao Curiel, profesor de Derecho Administrativo y presidente de la Asociación para el Estudio y Mejora de los Salmónidos-Ríos de Vida, la organización denunciante.

“Los datos científicos demuestran que este tipo de presas ocasionan graves daños al medio fluvial. No son tan limpias como se nos quiere vender: transforman el lecho y orillas del río, alteran el bosque de ribera, crean barreras a los peces, los engullen en las tomas y turbinas y alteran sus ciclos de actividad. A veces incluso las violentas sueltas de agua han puesto en grave peligro la integridad física de las personas, especialmente de los pescadores.”

Brufao cuenta con orgullo: “En esa zona creamos el primer coto sin muerte de pesca deportiva, para proteger a la escasa trucha común autóctona y apoyamos su declaración como Parque Natural, uno de los más importantes de España.”

La sentencia del Supremo confirmó en 2005 la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 1999: “pese a no anular las tres concesiones, como pretendíamos, impuso graves limitaciones a la explotación de las presas a favor del río y afirmó que los caudales mal llamados ecológicos por la CHT no se basan en criterios científicos ni técnicos.”

Era todo un hito, pero de nuevo, la justicia se convirtió en papel mojado, pues hasta la fecha, las empresas “siguen turbinando como lo han hecho siempre y ya está. Los hechos consumados les son favorables”.

En este periplo judicial no faltan, como en otros casos, situaciones rocambolescas. La CHT reconoce disponer de estudios ambientales propios que avalan la sentencia, pero alega que no los puede dar a conocer porque iría contra los derechos de propiedad intelectual del ingeniero de la CHT autor del trabajo, “algo absurdo e ilegal, pues son documentos de acceso público”, aclara Brufao.

La asociación intenta que al menos sea inviable la presa llamada Hozseca, la más perjudicial y que se proceda a su demolición para restaurar el río. “ En los EEUU y en otros países son los mismos dueños de las presas obsoletas quienes las demuelen para recuperar la confianza de sus clientes, ahorrar dinero y restaurar el medio ambiente”.

Feixolin, ’la escopeta nacional’

“Con Feixolín llevamos diez incidentes de ejecución de sentencia firme, ¡diez!”, recalca Carlos González- Antón, el letrado que consiguió que el TSJCyL ordenara en noviembre de 2005 la clausura de la mina a cielo abierto de Villablino. El primero de varios fallos contundentes y firmes que declaran la mina ilegal y sin posibilidad de ser legalizada en el futuro.

“Feixolín es un caso realmente paradigmático de quiebra del sistema legal. Si no fuera tan grave parecería el guión de un sainete”, añade González-Antón, catedrático de derecho administrativo de la Universidad de León.

La mina comenzó a ser explotada en 1995 por MSP , empresa del conocido y bien relacionado empresario Victoriano Alonso. Ya entonces carecía tanto de licencias urbanísticas como medioambientales. La explotación, que entre otros daños ha hecho desaparecer un monte de 200 hectáreas, se encuentra en pleno espacio natural del Alto Sil, y es ZEPA y LIC con importantes valores paisajísticos y ecológicos, entre ellos la presencia de osos y urogallos. Cuenta, por tanto, con la protección de una directiva europea, a pesar de lo cual no se realizó la preceptiva Evaluación de Impacto Ambiental, ni del proyecto inicial ni de sus ampliaciones.

Pero el cúmulo de irregularidades no acaba aquí, y a lo largo de estos trece años éste no ha hecho más que engrosar aderezado con todo tipo de acontecimientos peregrinos: alcaldes que dimiten el mismo día que han de firmar la paralización de la mina, informes de la Junta castellanoleonesa atreviéndose a prohibir la ejecución de la sentencia (afirmando que sólo se restaura, cuando los informes del SEPRONA indican que diariamente bajan centenares de camiones cargados de carbón), amenazas de despidos masivos para crear alarma social, anuncio de interminables planes de cierre de la explotación......

“Todo un muestrario de maniobras de dilación para no acatar la sentencia. En los incidentes de ejecución la empresa ha llegado a alegar que no podía parar porque pondría en peligro la vida de los mineros”, ilustra García-Antón, quien remarca que “esto es posible porque la Junta y el gobierno central miran para otro lado. No se entiende, si no, que Feixolín haya recibido subvenciones del ministerio de industria, que haya sido explotada hasta el agotamiento del recurso, y que encima hayan comenzando a explotar el monte adyacente, también sin licencia. En el colmo de la desfachatez, MSP alega que necesita extraer el material para rellenar Feixolín y cumplir así, con el mandato de restauración de la zona”.

“Estamos ante una flagrante desobediencia auspiciada por las administraciones”, diagnostica González-Antón, quien cree que asistimos a una crisis del estado de derecho. Al menos, concluye, está en proceso otro pleito en el que se encuentran imputados por delitos ambientales y urbanísticos tanto responsables de las administraciones como de la empresa”.

Golf en lugar de paisajes

El pasado mes de enero el propietario del exclusivo complejo deportivo turístico “Dehesa de Montenmedio ”, Antonio Blázquez, declaraba públicamente que “tiraba la toalla”. Más de diez años pleiteando habían llegado a su fin, o al menos así lo daba a entender el empresario, sobre cuyas instalaciones pesa una sentencia firme de derribo desde el año 2003.

Montenmedio, ubicada a caballo entre los municipios gaditanos de Barbate y Véjer de la Frontera, se publicita como un lugar de singular belleza natural, en donde las encinas, alcornoques, acebuches y lentiscos dan cobijo a una variada fauna mediterránea de la que puede disfrutarse en los paseos por la finca, en la que no falta campo de golf, piscinas, un lujoso hotel con restaurante y otras instalaciones de ocio. Su atractivo estrella es la práctica de la hípica de alto nivel. “Sin duda puede publicitarse así, porque se levantó, sin licencia, sobre un terreno no urbanizable, de protección especial por su interés ecológico, histórico, cultural y paisajístico”, ironiza un portavoz de AGADEN, la organización ecologista que acudió a los tribunales para denunciarlo.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía les dio la razón en 2001. El auto anulaba el Plan Especial que el Ayuntamiento de Barbate había aprobado a posteriori para tratar de legalizar el complejo ya construido. Dos años después el Tribunal Supremo ratificaba los argumentos con sentencia firme y daba tres meses para derribar. No se hizo. Y eso que el recorrido judicial de Montenmedio no tiene un único denunciante. La Junta de Andalucía interpuso su primer recurso contra el complejo en 1996, iniciando un rosario de sentencias, recursos, apelaciones, que se prolongan a lo largo de una década y configuran una inextricable maraña para cualquier profano en asuntos legales.

“Hay una cosa que queda clara”, insisten en AGADEN , “todos los intentos de Blázquez y del Ayuntamiento de Barbate por legalizar Montenmedio han sido rechazados de plano por la justicia. Y reiteradamente. Hasta tres veces los tribunales han dado orden de demolición, sin que se haya cumplido. Quisiéramos creer que ahora va la vencida.”

En AGADEN no terminan de fiarse, porque ya los orígenes de Montenmedio se entrelazan con un “oportuno” incendio en el verano de 1990. Poco después, esta finca, que había sido propiedad de RUMASA, fue reprivatizada a favor de Blázquez. En los años inmediatos y “con el beneplácito de la administración provincial, comenzaron progresivamente las rozas, podas y cortas a matarrasa que acabaron derivando en la construcción del palacete, conocido como casa-club, y las posteriores ampliaciones.”

En sus últimas declaraciones sobre el asunto, Antonio Blázquez, ha asegurado que ya ha contratado el proyecto de demolición para evitar que la administración tenga que encargarse de ello. Ese proyecto de demolición debe ser aprobado por el ayuntamiento de Barbate. El mismo que ha echado siempre el capote cuando el empresario lo ha necesitado. Blázquez asegura que tiene ofertas en el extranjero para llevarse todas las instalaciones y que lo siente por el daño que le va a hacer a la economía y al empleo de la zona.

De momento, el pasado mes de marzo se ha vuelto a celebrar allí una nueva edición del Circuito Hípico del Sol.

Madrid, ilegales sin saberlo

Decenas de miles de madrileños han estado aspirando a una casa ilegal sin tener la menor idea. 22 de los nuevos ámbitos proyectados por el ayuntamiento de Madrid son ilegales por obra y gracia del propio consistorio y del gobierno regional. Lo dice el Tribunal Supremo en una sentencia firme emitida en julio del año pasado.

La resolución afecta a unas 130 mil viviendas de futuros PAUS, de nombres tan conocidos en la capital como el Parque de Valdebebas, Arroyo del Fresno o Los Berrocales. En algunos ya se han iniciado las obras de urbanización, en otros todavía no se ha hecho nada. Pero también quedan dentro de la ilegalidad proyectos tan emblemáticos ya ejecutados como la Ciudad Deportiva del Real Madrid y la Terminal 4 de Barajas.

"Para encontrar la causa de tan estrafalaria situación hay que remontarse a 1997", explica Jaime Doreste, coordinador del servicio jurídico de Ecologistas en Acción. "Aquel año, el equipo de gobierno del entonces alcalde, el popular Álvarez del Manzano, declara urbanizable hasta el último rincón del municipio capitalino, a pesar de que una parte de los terrenos no podían serlo por contar con una protección especial, bien por sus valores ambientales, históricos, culturales o agrícolas. Eso no fue obstáculo para la corporación, que remozó el PGOU y recalificó 34 millones de m2 protegidos"

El líder de la oposición, el socialista Juan Barranco, denunció el Plan ante la justicia y, a pesar de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid le dio la razón en 2003, no admitió la paralización cautelar. Los planes de urbanización siguieron adelante mientras la sentencia rebotaba a más altas instancias: fue recurrida por el consistorio ante el Tribunal Supremo. "Éste se pronunció el año pasado y ya no cabe recurso", señala Jesús Muñoz, abogado de la Asociación de Vecinos de Aluche, una de las agrupaciones que no ve con buenos ojos cómo se quiere desarrollar la Operación Campamento, también afectada. "Sólo la zona de los cuarteles es urbanizable legalmente, pero el actual proyecto pretende colmatar de casas el resto de los terrenos, por donde discurren arroyos, con su vegetación de ribera y su fauna".

Al menos aquellos que aspiraban a tener su casa en este desarrollo aún no han puesto un duro. En otros, como el de Ahijones de Vicálvaro, sí lo han hecho, y hay aportaciones que alcanzan los 30.000 y hasta los 50.000 euros. En este ámbito, un juzgado ya ha dictado la suspensión de las obras de urbanización, y "sin embargo, nada se ha parado. Al revés, parece que han acelerado", apunta Muñoz.

El ayuntamiento ha tratado de amparar su actuación aprobando un Acuerdo que pretendía justificar las recalificaciones, pero los jueces no lo han aceptado. "De hecho el consistorio está empeorando las cosas", expone Muñoz "no ha ordenado la paralización de las obras y está incumpliendo la sentencia. Por eso, ante la aparición de cooperativas en la Operación Campamento, la AVV de Aluche está informando a los vecinos de la posibilidad de que las viviendas proyectadas no lleguen a construirse o que incluso puedan ser derribadas". Esta última opción podría parecer descabellada pero lo cierto es que el propio magistrado ponente de la sentencia del Tribunal Supremo, Segundo Menéndez, ha dicho públicamente que "lo que se tenga que derribar, se terminará derribando".

El último capítulo de este culebrón todavía se está escribiendo. Barranco no sólo no ha pedido la ejecución de la sentencia que él mismo promovió, sino que se ha opuesto a que lo hagan Ecologistas en Acción y dos asociaciones vecinales. En un encuentro con vecinos del Sureste, un concejal socialista ha prometido a los vecinos que no va a solicitar la ejecución para no empeorar las cosas, pero los afectados no están tranquilos.

De hecho parece que tienen motivos para no estarlo pues la Ley del Suelo tanto autonómica como nacional, consagra que cualquier ciudadano, a través de la Acción Pública, puede solicitar el cumplimiento de la legalidad urbanística incluso años después de concedidas las correspondientes licencias por el Ayuntamiento.

La Junta rechaza el PGOU de Almuñécar porque faltan hasta 38 documentos clave

Obras Públicas pide al Ayuntamiento que envíe una retahíla de planos que no aparecen en el expediente, entre ellos un mapa que diga cuál es el suelo urbano «Cuándo tengan un borrador nos sentaremos pero hay que cumplir la norma»

27.04.08 - QUICO CHIRINO

El PGOU que ha entregado el Ayuntamiento de Almuñécar en Obras Públicas -el tercer intento- no vale, está incompleto. Llegaron en una furgoneta -dicen en la Delegación- y soltaron legajos y legajos de documentos.

Cuando los técnicos empezaron a examinarlos el expediente se desinfló. «La mitad de los documentos no sirven porque no se ajustan a la legalidad», exclama el delegado Francisco Cuenca. Y después están los ausentes: la Junta ha echado en falta en el PGOU hasta 38 documentos clave en cualquier planeamiento urbano. Entre ellos, el mapa que delimite cuál es el suelo urbano.

Así figura en un escrito remitido por Cuenca al Ayuntamiento sexitano el 14 de marzo. El informe, de cuatro páginas, es una retahíla de papeles que faltan en el expediente. Obras Públicas pide al Consistorio que remita toda la documentación para examinar el PGOU que aprobó provisionalmente el pleno hace algo más de un año.

«No se han incluido los informes vinculantes porque son todos contrarios. Nosotros no hemos podido ver el documento aunque lo hemos solicitado por escrito», critica la portavoz socialistas en Almuñécar, Rocío Palacios.

Entre los papeles que no se han entregado -según la Junta- están el informe de Carreteras o la declaración de impacto ambiental. Tampoco se aclara en el PGOU qué ha pasado con los millonarios convenios firmados con empresas y promotores.

Fue una argucia legal que no es exclusiva ni mucho menos de Juan Carlos Benavides. Muchos ayuntamientos han cerrado acuerdos vinculados a operaciones urbanísticas de planes que aún no han sido aprobados. El problema surge cuando el PGOU después no sale adelante o hay que modificarlo pero el dinero se ha ido gastando y no hay para devolverlo. Con esta estrategia el Ayuntamiento de Almuñécar ha ingresado en los últimos años entre cuatro millones -según un informe antiguo del interventor- y cerca de nueve -según las cifras aireadas por la oposición-.

La Junta pide al Ayuntamiento de Almuñécar que aclare si las operaciones de los convenios se han recogido al final en el PGOU provisional.

Tampoco aparecen los análisis de riesgo e incidencias, las zonas inundables, la justificación de las reservas para viviendas protegidas o algo que acredite que se cumple el nuevo decreto de los campos de golf. Precisamente, uno de los proyectos que ha levantado más controversias es el campo de golf ideado en Río Verde.

El doble de pisos

Sigue la lista. Entre los legajos también faltan 16 planos básicos en todo PGOU que se precie: el plano de riesgos naturales, el que dice en qué terreno se puede construir, el documento que marca qué es cada solar o el de los espacios libres y las zonas verdes públicas, entre otros.

El delegado de Obras Públicas insiste en su voluntad negociadora: «Cuando haya un borrador inicial nos podemos sentar a negociar, pero hay que cumplir la normativa».

Después de un pulso infructuoso, Juan Carlos Benavides presentó públicamente hace mes y medio un nuevo PGOU -dijo- con sustanciales rebajas sobre el primero.

La pretensión era urbanizar en la próxima década nueve millones de metros cuadrados -el de la capital tiene nueve millones de metros urbanizables- y construir 34.933 viviendas, el doble que las que contempla el Ayuntamiento de Granada. Unos números elevados, pero también es cierto que el planeamiento vigente en Almuñécar tiene veinte años, una eternidad para el desarrollo de un pueblo que tiene que pelear en el sector turístico.

Costas parece algo perdida

Dicen los responsables de Costas que están echando en las playas una arena de puta madre. Pues deberían venir a verla porque seguro que cambian de idea. Para sembrar patatas sí que puede ser buena, desde luego. Esta es nuestra humilde y modesta opinión.