El Sr. Benavides vuelve a acosar al Centro de Educación Ambiental Karanda con la misma estrategia y parecidos argumentos a los que viene usando desde hace ya tres años y medio. Por mucho que pretenda enmascararlo, toda la actuación del alcalde es una pura represalia por la postura mantenida por mi persona en Defensa de la Vega del Río Verde y en contra de los planes depredadores del equipo de gobierno en el nuevo PGOU de Almuñécar.
Esta actitud vengativa del alcalde le ha costado a la empresa de la que formo parte más dinero del que nunca hemos ganado con el camping, pero el objetivo verdadero del señor Benavides es intentar silenciar y desprestigiar la voz de unas personas que decimos lo que pensamos, que no nos callamos y que hemos tenido la osadía de situarnos claramente enfrente de su política urbanística.
Esa es la única razón de que se nos haya abierto un expediente que, batiendo todos los records, lleva abierto ya 42 meses y no tiene visos de terminar. Desde hace tres años venimos exigiendo la terminación de este expediente y que el Ayuntamiento nos diga fundamentada y razonadamente como establece la LOUA, qué tenemos mal y qué tenemos que hacer para solucionarlo, tal como confirma dice la sentencia de 5/08 de 8-1-8.
Y sin embargo, tenemos que decir que ya hay, desde enero, una sentencia firme que nos da la razón por completo.
El Juzgado de lo contencioso nº 3 de Granada en sentencia 5/08 de 8 de enero de 2008 dio la razón a Fermín Tejero representando a Colibrí CB y KARANDA S.L. (propietarias del Centro de Educación Medioambiental). La sentencia obliga al ayuntamiento a anular todo el expediente urbanístico iniciado en 2005, por la manifiesta indefensión en que se había colocado a la sociedad.
A fecha de hoy, el Ayuntamiento aún no ha cumplido la sentencia, y para mantener abierto el expediente y cerrado el camping se presenta el 21-01-08 ante la Junta Local de Gobierno (13 días después de dictarse la sentencia) un informe de los servicios jurídicos sin ninguna propuesta de acuerdo y acuerdan cesarnos la actividad nuevamente. Dicen tres años y pico después que ante la petición de cambio de titularidad que solicitamos en mayo del 2005 y toda la documentación que presentamos en julio de 2005, hemos cambiado la actividad. Una falsedad que solo persigue seguir con el acoso.
En paralelo y como cumplimiento de la sentencia que ganamos, el arquitecto municipal elabora un informe que lleva fecha del 1 de abril y que está plagado de datos falsos, errores y cambios semánticos de todo tipo que solo persiguen el afán de confundir y enmarañar a jueces y a los ciudadanos.
Dado que lo que se pretende es calumniar a un concejal de Izquierda Unida, se difunde ampliamente este informe del arquitecto, y aprovechando esos intencionados errores y ambigüedades del informe, se traslada a la opinión pública la idea de que existen en el rancho California varias construcciones ilegales.
Los ciudadanos deben saber que cuando se está hablando de esas construcciones se trata de viviendas que llevan construidas más de cincuenta años y legalizadas sin ningún problema urbanístico. Y que cuando se dice vivienda unifamiliar se están refiriendo a cabañas de madera de 30 metros, unas cabañas de madera como las que hay en tantos campings y que están legalizadas desde el 1999 ante la Delegación Provincial de Turismo.
Cuando el informe habla de las construcciones de la Escuela Taller y cita a González Montoro con el ánimo de mezclar churras con merinas y confundir aún más, los ciudadanos deben saber que todo lo que construyó la escuela Taller sigue estando a disposición para uso público porque así lo decidimos en su día al ceder nuestra propiedad gratuitamente y que todas las construcciones fueron dirigidas y visadas por los servicios técnicos municipales, en especial el arquitecto municipal, que hoy finge haber olvidado hasta los nombres y las medidas de esas construcciones dedicadas al Centro de recuperación del camaleón que tanta gracia parece hacer a ciertos indocumentados y que contó en su momento, y sigue contando, con el reconocimiento y el apoyo de la administración autonómica y central.
Ese informe del arquitecto está recurrido ante el ayuntamiento y ante los tribunales y no nos preocupa en absoluto porque todo lo que se afirma, desde el principio hasta el final, es falso, pero mientras tanto cumple su papel, que no es otro que el de justificar y dar apariencia de legalidad a un cierre político basado en la venganza.
En vez de ejecutar la sentencia que hemos ganado, el Ayuntamiento de Almuñécar buscó una nueva excusa y atacó por otro lado. Así fue como se dictó el cese de actividad al Camping Carambolo inventándose que habíamos cambiado la actividad y que por tanto, teníamos que pedir una nueva licencia. ¿Dónde está el cambio de actividad?
El 19-3-8 recibimos una visita del inspector de Actividades, quien afirmó haber visto una caravana salir del camping y nos puso una multa, pásmense ustedes, cuya cuantía podía ir desde los 30.001 hasta los 600.000 euros. Sí, han leído bien: 600.000 euros. Cien millones de pesetas. Este inspector, por cierto, ya ha sido expulsado del ayuntamiento porque, finalmente, y muy a su pesar, el alcalde ha tenido que cumplir una orden del juzgado que le obligaba a cumplir otra sentencia anterior que lo consideró culpable de haber filtrado unas oposiciones.
Un día después de esta visita del inspector, con una celeridad que sólo usa el alcalde para las venganzas, Benavides firmó una Resolución de Alcaldía ordenando el precinto del Centro de Educación Ambiental.
El día 30 de abril, nos precintan el camping, sin que hubiera nadie de la sociedad presente y con clientes dentro.
Todos estos actos han sido recurridos y el Ayuntamiento nunca ha contestado a esta empresa ni a los escritos presentados ni a los recursos de reposición. Por estos motivos, hemos tenido que judicializar el tema, lo que nos ha llevado a plantear, hasta el momento, seis contenciosos administrativos y una querella criminal contra el Sr. Juan Carlos Benavides.
Ante el silencio del Ayuntamiento, en el mes de julio recurrimos el cese de actividad y solicitamos unas medidas cautelarisimas, una figura legal que nos permitiría estar abiertos en tanto se resuelven los procesos judiciales. Estas medidas son las que ha desestimado el juzgado con fecha 4-9-8, pero los contenciosos siguen adelante y esperamos ganarlos todos, uno a uno.
En cualquier caso, aunque los ganemos dentro de cuatro o cinco años, se han perdido los puestos de trabajo, y las pérdidas económicas son cuantiosas, aunque las soportamos porque nuestros ingresos dependen de otras actividades. Por desgracia, no es el caso de personas represaliadas en nuestro pueblo y que han sido arruinadas por no doblegarse o callarse.
Todo esto se hace debido a la lentitud de la justicia y a la impunidad con que actúa Benavides, porque a él los abogados y los informes le salen gratis.
El otro objetivo, el de hacernos callar, ni lo ha conseguido ni lo va a conseguir, nunca.
Almuñécar, 4 de octubre de 2008
Fdo: Fermín Tejero Mesa en representación de Colibrí CB y Karanda SL, empresas propietarias del Centro de Educación Medioambiental y el camping Carambolo.
