Marbellécar

Benavides utiliza a funcionarios para colocar pancartas, según IU

La Opinión

Izquierda Unida denunció ayer que el partido de Benavides ha colocado pancartas en edificios públicos, como la fachada del Ayuntamiento o la Casa de la Cultura, “contraviniendo la legalidad y la ética”, y que, además, utiliza para ello a los empleados públicos, que instalan la propaganda sobre el referéndum del PGOU en horario de trabajo. Según el concejal de IU, Fermín Tejero, en los edificios como el Ayuntamiento o la Casa de la Cultura “no están autorizados para colocar propaganda electoral”.

El concejal de IU considera “inmoral que el alcalde autorice extender sobre las paredes de los mismos pancartas enormes que cubren paredes enteras e incluso balcones y zonas de trabajo de los empleados municipales”. En opinión del edil de IU, seguramente “unas pancartas similares no serían autorizadas a otros partidos, porque el alcalde confunde lo público y colocando carteles y pancartas en edificios, fachadas y balcones sin autorización de sus propietarios, “utilizando la vía de los hechos consumados poniendo a los dueños de estos edificios en un aprieto ante la decisión de aceptar el cartel o enfrentarse a Benavides con los riesgos de todo tipo que ello conlleva”.

IU aseguró también que “Benavides está utilizando empleados públicos del Ayuntamiento de Almuñécar que, en su horario de trabajo, están colocando pancartas y repartiendo propaganda de Convergencia, lo cual, además de una ilegalidad, es una inmoralidad tremenda”. El edil de la coalición anunció que no va a recurrir a la Junta Electoral porque “una hipotética actuación de este organismo llegaría tan tarde que no tiene efecto alguno”.

“Esto lo sabe bien Benavides ya que todos recordamos el nulo efecto que tuvo la decisión de la Junta Electoral en las últimas elecciones, cuando prohibió a Benavides utilizar todas las farolas del municipio para su propaganda”, dijo. Para Fermín Tejero, “cuando un individuo piensa que el pueblo le pertenece, la única solución es demostrarle que está equivocado y en ese sentido, lo mejor es darle la espalda en la ridícula mascarada del día 28”.

¿Qué hace el alcalde con esta obra ilegal?

La Justicia ha dicho que la casa del arquitecto es ilegal por muchos motivos: más plantas de las permitidas y más metros de los permitidos, básicamente. El alcalde tiene la competencia del control urbanístico. Hace varios años la Junta le pidió que revisara esta licencia. Ahora es el concejal de IU el que le pide que cumpla la ley. ¿Por qué tiene que dar lugar a que el concejal de IU le envíe un escrito si esa es su obligación? Ahora se descuelgan con pedir un informe jurídico para demorar el tema otros cuantos meses o años. En buenas manos estamos. Vean el acta de la Junta de Gobierno del 16 de febrero. Este es el que quiere consultar a los ciudadanos:

1.- Se da cuenta de escrito presentado por D. Fermín Tejero Mesa, Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, referente al incumplimiento de las normas urbanísticas de la vivienda de la esposa del Arquitecto Municipal, solicitando adopción de medidas para restaurar la legalidad urbanística.

   La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes, acordó se informe por la Asesoría Jurídica, D. Antonio Tastet.

 

Una licencia denegada por el alcalde

Esta licencia de obras no la ha parado la Junta sino el alcalde con un informe del arquitecto municipal, ese que tiene una vivienda ilegal de 700 metros cuadrados. Es de suponer que hay motivos suficientes para parar la obra ¿O no? Pero el tema es el siguiente: ¿cuando el alcalde para una obra está destrozando la economía local? ¿cuando el alcalde deniega una licencia de obras es porque quiere enviar a más gente al paro? ¿Puede parar obras el alcalde y no pasa nada? Suponemos que la Asociación de Promotores habrá visto el acta de la JGL del 16 de febrero:

   8.- Se da cuenta de expediente a instancias de Dª Raquel Entero Royo, con domicilio en C/ Ruiseñor nº 15, La Herradura, en petición de licencia de obras para la reforma de un local para su adaptación a vivienda, local núm. 407 Marina del Este. La Herradura. Visto informe del Arquitecto Municipal, siguiente:

1)               La superficie útil de la cocina-salón no respeta la señalada como mínima en la N.3.14.1.3ª.b) del Tomo V de los de las Memorias del PGOU 1987.

2)               No se respetan las determinaciones establecidas en la N.3.14.1.5ª.c) del tomo V de los de las Memorias del PGOU 1987.

3)               Debe especificarse concretamente la forma en la que se crea, caso de que no exista en la obra original, la cámara de aire que se dibuja en la sección constructiva que se acompaña, ya que en dicha sección se observa la ocupación el espacio actualmente destinado a calle.

4)               Igualmente para el caso de que la cámara de aire sea de nueva creación debe especificarse en que forma se ve afectada la altura libre del local para el que se pretende el cambio de uso.

5)               En lo que respecta a la posibilidad de permitir el aumento de población derivado de la actuación para la que se solicita Licencia Municipal hay que señalar que, según lo previsto en la LOUA, debe mantenerse la proporción y calidad de las dotaciones previstas respecto al aprovechamiento, sin incrementar este en detrimento de la proporción ya alcanzada entre una y otro, de ahí que siendo el uso actual de los inmuebles de los que se trata el comercial, el cambio de uso de comercial a vivienda implicaría una disminución del equipamiento comercial de la zona a favor del de vivienda, lo cual alteraría la proporción existente sin que por el contrario se contemplen medidas compensatorias que mantengan dicha proporción, razón por la que no se entiende autorizable el cambio de uso solicitada.

Visto informe de referencia, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes, acordó:

1)             Denegar la Licencia de Obras solicitada en base al informe del Arquitecto Municipal.

2)             Que por el Servicio de Inspección de Obras se informe sobre si se están utilizando el referido local 407 como vivienda.

 

IU critica la desfachatez de Benavides al utilizar recursos fraudulentos en su campaña partidista

Izquierda Unida denuncia que el partido de Benavides ha colocado pancartas en edificios públicos (fachada del ayuntamiento, casa de la cultura, cueva siete palacios...) contraviniendo la legalidad y la ética. Aparte de que estos edificios no están autorizados para colocar propaganda electoral, IU considera inmoral que el alcalde autorice extender sobre las paredes de los mismos pancartas enormes que cubren paredes enteras e incluso balcones y zonas de trabajo de los empleados municipales. Es seguro que unas pancartas similares no serían autorizadas a otros partidos, porque el alcalde confunde lo público y lo privado.

Desde IU se denuncia además que Convergencia está colocando carteles y pancartas en edificios, fachadas y balcones sin autorización de sus propietarios, utilizando la vía de los hechos consumados poniendo a los dueños de estos edificios en un aprieto ante la decisión de aceptar el cartel o enfrentarse a Benavides con los riesgos de todo tipo que ello conlleva.

También se denuncia desde IU que Benavides está utilizando empleados públicos del Ayuntamiento de Almuñécar que, en su horario de trabajo, están colocando pancartas y repartiendo propaganda de Convergencia, lo cual, además de una ilegalidad es una inmoralidad tremenda.

IU no va a recurrir a la Junta Electoral porque una hipotética actuación de este organismo llegaría tan tarde que no tiene efecto alguno. Esto lo sabe bien Benavides ya que todos recordamos el nulo efecto que tuvo la decisión de la Junta Electoral en las últimas elecciones cuando prohibió a Benavides utilizar todas las farolas del municipio para su propaganda.

Cuando un individuo piensa que el pueblo le pertenece, la única solución es demostrarle que está equivocado y en ese sentido, lo mejor es darle la espalda en la ridícula mascarada del día 28.

IU considera un ataque a la legalidad las declaraciones de algunos promotores

Izquierda Unida considera lamentables las declaraciones de algunos promotores almuñequeros culpando a la Justicia y a las administraciones de la paralización del sector.

IU considera un ataque al Estado de Derecho el intento de algunos empresarios sin escrúpulos por saltarse la ley y las normas establecidas en este país. Cuando dicen que no están dispuestos a dejar su futuro en manos de los políticos ni de los jueces, a los ciudadanos de este municipio nos gustaría saber en qué manos pretenden situar ellos el control de la legalidad.

IU denuncia también la falsedad en que incurren estos promotores cuando dicen que la Junta les tiene paradas decenas de obras. Mienten a los ciudadanos de manera consciente porque en la legislación andaluza y española las administraciones autonómicas no paran las obras. Aquí, en Andalucía, en Almuñécar, las obras las puede parar un juez o un alcalde. Lo que hace la Junta, como cualquier vecino puede hacer, es presentar una denuncia o una petición para que un juez o un alcalde tome la decisión pertinente.

En este municipio hay bastantes obras paralizadas por decisión del alcalde y otras han sido paradas por decisión judicial, normalmente con pruebas más que abrumadoras de la ilegalidad que se estaba cometiendo.

En el colmo de la desfachatez, el alcalde permite que sigan cerradas catorce viviendas de protección oficial que ya están terminadas desde hace un año. Esas viviendas están en Citalsol, junto al antiguo campo de fútbol, y nos sorprende que no hagan ninguna mención a ellas quienes tan preocupados se mostraban por la promoción de vivienda joven que, por cierto, es una muestra clara de una ilegalidad consentida por la Junta.

Junto a estas obras paradas, hay cientos de obras que la Junta de Gobierno Local ha declarado caducadas porque sus promotores no han querido desarrollarlas. Sin ir más lejos, las obras del tanatorio se han demorado más de un año porque la empresa no quería acometer la obra. Y más de un año de demora llevan las obras de los aparcamientos en Velilla y San Cristóbal sin que tengan que ver nada ni los jueces ni la Junta. IU pregunta a los promotores por qué no exigen al alcalde que quite la concesión de esas obras a unos empresarios que no están cumpliendo y se las adjudican a unos empresarios de Almuñécar.

IU pregunta también quién es el culpable de que no se esté haciendo el Parque de Bomberos de este pueblo o el Centro de Día que iba en los terrenos del antiguo Centro de Salud. IU pregunta asimismo por qué estos empresarios no construyen algunas de las seis o siete mil viviendas que aún se pueden construir en Almuñécar con total legalidad según las declaraciones del propio alcalde.

El proyecto del Hotel Fuerte ya está aprobado por la Junta y ahora no hay quien lo construya. Si tanto interés hay, por qué no se construye ese hotel.

A IU le sorprende que hagan esas declaraciones promotores que se están enriqueciendo burlando la ley con actuaciones como la gasolinera que han construido en los bajos del estadio municipal. Esa instalación está en los tribunales y es muy posible que sea declarada ilegal cuando ya lleve varios años funcionando.  Mientras tanto, bastantes empresarios de este pueblo tienen sus negocios cerrados por decisión del alcalde.

En este municipio se han declarado ilegales cientos de viviendas en los Pinos, en Marina del Este, en Cotobro, en todos sitios, pero esas sentencias han llegado cuando ya las casas estaban construidas y los promotores habían conseguido su beneficio, de tal manera que ahora el marrón les queda a los compradores de esas viviendas que nada sabían de su ilegalidad en el momento de comprarlas.

Estas declaraciones son una afrenta a los ciudadanos que están viviendo con angustia la ola de despidos y las dificultades para pagar las hipotecas. Es inadmisible que este discurso se lance a los ciudadanos intentando presentar a los promotores como los representantes de unos parados que no les importan nada en absoluto. Los mismos que piden el despido libre se quieren presentar ahora como preocupados por los parados.

IU pregunta dónde están los cientos, los miles de millones que muchos promotores han ganado en los últimos diez años cuando ganaban cuatro o cinco millones de pesetas en cada vivienda que vendían. Sólo el beneficio de una vivienda ya era superior al sueldo de todo un año de cualquier trabajador de la construcción. Ahora los trabajadores van al paro y ellos, los promotores, disponen de buenas cuentas corrientes para aguantar sin problemas los años que haga falta.

IU culpa también a muchos promotores de ser responsables de la caída de pequeños constructores que bajo la figura de la subcontrata han hecho estructuras, han colocado solerías o han instalado servicios de fontanería sin llegar a cobrar por su trabajo.

IU sitúa las declaraciones de estos señores en el marco de una campaña orquestada para orientar el voto en el referéndum del PGOU y les acusa de mentir cuando hablan de un supuesto apoliticismo. En el pueblo todos conocemos la apuesta descarada de estos portavoces por el partido que gobierna este municipio y que es el único responsable de tener paralizado el PGOU y de haber creado muchas situaciones conflictivas al dar permisos de obras en contra de la legalidad urbanística. Valga como ejemplo la propia vivienda del arquitecto municipal.

Homenajearse con un referéndum

JOSÉ ANTONIO APARICIO LÓPEZ. La Opinión

 Eso es lo que ha decidido el alcalde de Almuñécar, disponiendo a tal fin lo que sea menester del erario público. Sin rubor ha declarado al presentarlo que no sabe cuánto puede costar, aunque por lo pronto, partiendo de los 6.000 iniciales, ya ha adjudicado 41.000 a repartir entre empresas y creativos publicitarios. Nada de roñerías, aquí todo a lo sultán de Alhucemas, que de casta y costumbre le viene al galgo. No obstante, la cosa no ha hecho más que empezar: 300 banderolas, 90 vallas y lonas faraónicos (6 y 8 metros de altura), buzoneo, reapertura de la tele del emir (cerrada desde las elecciones, que para eso la creó).

Dicen los que saben que, copichuelas, merendolas y gastos indirectos aparte, se acercará a los 150.000 euros (25 kilitos de las antiguas pesetas), sin contar tampoco la fiesta exótico orientalista, vestimentas, elefantes y sombrillitas de colores relucientes portadas por vasallo a pie y mano alzada, que nada extrañaría que preparase para la noche del autohomenaje de marras. Todo ello a desangrar de un presupuesto, el de 2007, dos veces prorrogado en el que no rezaba lógicamente partida alguna para tan superfluo autobombo.

Necesitará, y tendrá luego, el necesario voto del PP para perpetrar el endoso correspondiente a una situación económicamente difícil para cualquier ayuntamiento, menos para quien lo usa como satrapía tan ególatra como egocéntrica. Siendo mal, no es lo peor. Es peor que la excusa refrendaria padezca de estupidez intelectual: ¿Respalda usted el acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 17 de agosto de 2005, aprobando inicialmente el PGOU de Almuñécar? O lo que es lo mismo: ¿A que a usted le hubiera parecido bonito que me hubieran permitido hacer lo que ya no existe y que yo mismo he ido cambiando por ser ilegal?

Veamos: el Plan vigente es de 1987; la corporación anterior, la no PA ni CA ni ya veremos, dejó en proyecto uno en 2002, que nada más reentrar Benavides lo sustituyó (en acuerdo con el PP, que a su vez había impulsado el anterior) por otro, el de 2005 (con 28.000 viviendas más, 4 campos de golf y 2 puertos deportivos), que es sobre el que se pregunta qué les hubiera parecido; que se quedó en ‘aprobación inicial’ y que él mismo ha ido sustituyendo el de 2007, actualmente en fase de ‘aprobación provisional’ (o sea un poco más aprobado que el otro), con 10.000 viviendas menos y excluidos los 4 campos de golf y los 2 puertos deportivos, o sea un PGOU para ocho años y no para dejar atados y bien atados, como él dice y pretendía, los veinticinco años siguientes.

Sólo una persona como el protagonista de todos los bautizos, comuniones y bodas de la antigua Sexi (en los entierros prefiere ser el mayor doliente) y tan errante por todas las siglas del mundo es capaz de hacer confluir siquiera simbólicamente fechas tan antagónicas: sus 25 Años de Paz urbanística (ya no quedarían más posibilidades de construcción que sobre plataformas marinas) con la ratificación popular de su megalomanía el Día de Andalucía, a sabiendas, para colmo de burla, que el referéndum ni tiene conminación legal alguna sobre competencias de terceros ni siquiera es vinculante para su promotor.

O sea, un juego de niños que, a expensas del erario público, se quiere regalar un mayor muy recrecido y que compensará con semejante vana y costosa gloria, la pobreza que pasea montando su único bien: una motillo de 50 cc. Anda que como decida repetirlo cada 28-F. Bueno, los más de 60 contenciosos urbanístico que tiene pendientes dan de sí. En Almuñécar el día 28 de febrero podrá cambiarse de fiesta autonómica, Día de Andalucía, a fiesta local: Día del Referéndum de Benavides… y Fiesta Sexitana del Carnaval.

IU critica el excesivo gasto público en recurrir sentencias

Granada Hoy

IU de Almuñécar ha presentado una moción al pleno para pedir que los recursos presentados ante demandas perdidas por el Consistorio sean decididos por toda la corporación, y no sólo por el equipo de gobierno, al que acusa de "retrasar todo lo posible" la ejecución de las sentencias. También le exige que acate las decisiones judiciales sobre los bajos de la Carrera y la acequia de Torrecuevas, y que desista de recurrirlas.

El grupo opositor recordó que recientemente los tribunales han dado la razón a los vecinos de las viviendas sociales de La Carrera de la Concepción, debido a que el equipo de gobierno "ha procedido de manera unilateral al cierre de algunos soportales en los edificios", actuando sobre ellos "sin el permiso de sus propietarios". Y destacó que anteriormente, "algo parecido ha ocurrido en una acequia que fue entubada en Torrecuevas sin pedir permiso a sus propietarios".

IU aseguró que las dos "han sido derrotadas en los tribunales con el argumento coherente y razonable de que las actuaciones municipales han de respetar los derechos de los propietarios". Agregó asimismo que en ambos juicios "un grupo de ciudadanos ha sido atropellado por una actuación contraria a la ley", resaltando además que "el conjunto de los ciudadanos ha tenido que dedicar parte de sus impuestos a costear unos gastos jurídicos que habrían sido innecesarios si el Ayuntamiento hubiese actuado respetando la ley".

Para la coalición "a pesar de perder estos juicios, el Ayuntamiento retrasa todo lo posible la ejecución de las sentencias" mediante la interposición de recursos, "sin importarle el coste económico que conlleva".

IU critica a Benavides por robar a los vecinos de La Carrera los bajos de sus bloques

En julio de 2007, los vecinos de varios bloques de La Carrera mostraron su indignación por la decisión del alcalde de ocupar unos terrenos que eran de los vecinos, como son los bajos de los bloques. En aquel momento, IU mostró públicamente su apoyo a los vecinos porque no tiene lógica que el alcalde utilice esos bajos como si fueran propiedad municipal.

IU le recordaba al alcalde en aquel comunicado que en los cuatro años de la legislatura anterior, había firmado decenas de convenios urbanísticos en los que podía haber incluído la cesión al ayuntamiento de algunos locales para destinarlos a uso social.

Los vecinos de La Carrera no tienen la culpa de que el alcalde haya vendido todo el suelo conseguido en los distintos convenios cuando podía haber tenido locales de sobra en todos los barrios del municipio.

IU le pide a Benavides que si realmente necesita algún local para una asociación de amigos suyos, que les ceda parte de su chalet, pero que no es nadie para meterse en la casa de los demás a repartirla.

Recientemente, los tribunales se han pronunciado y han dado la razón a los vecinos. La sentencia ordena al ayuntamiento que reponga los soportales a la situación anterior ya que no se puede construir en un terreno que tiene sus legítimos propietarios, los vecinos.

El alcalde, lejos de cumplir la sentencia y dialogar con los vecinos, ha encargado a esos abogados que pagamos entre todos, que recurran la sentencia con lo cual la ilegalidad seguirá adelante otros cuantos años y los vecinos verán cómo, aún teniendo razón, no les sirve de nada por la falta de respeto a la legalidad que muestra el alcalde.

IU vuelve a mostrar su apoyo a los vecinos y ha presentado una moción, que no sabemos en qué Pleno se dignará el alcalde incluirla, pidiendo que la sentencia no sea recurrida y se dé cumplimiento a la misma devolviendo a los vecinos lo que de los vecinos es.

IU pregunta al alcalde si el arquitecto municipal ha pagado estos años atrás IBI y basura

Según informaciones aparecidas en los medios de comunicación, la vivienda del arquitecto municipal, además de ser ilegal, no está registrada en el catastro. De ser cierta esta información, pudiera darse el caso de que el señor Passolas no estuviera pagando el IBI o lo estuviera haciendo por una cantidad muy por debajo de lo que correspondería a una vivienda con 700 metros construidos. Igual ocurriría con la tasa de basura de 2008, que se ha pagado en proporción al valor catastral de la vivienda.

El alcalde debe explicar públicamente si el arquitecto municipal paga IBI y basura, y en qué cantidades. Dado que hay miles de viviendas que, por unos u otros motivos, no pagan IBI ni basura, sería conveniente aclarar este dato porque tiene una importancia grande cara a los miles de ciudadanos que sí que se ven obligados a pagar cantidades grandes en concepto de IBI o basura.

IU ha presentado igualmente una moción al Pleno en la que se pide que se abra expediente urbanístico a la vivienda del arquitecto municipal una vez que ha quedado acreditado que incumple por completo la normativa urbanística.

La moción de IU pide también que se proceda a la revisión de la licencia. El señor Benavides no puede liquidar el tema diciendo que la licencia la dio otro alcalde. También fue otro alcalde quien dio la licencia para hacer el Hotel Picadilly y lo primero que hizo Benavides al llegar a la alcaldía en 2003 fue anular la licencia y parar la obra.

Es obligación del alcalde iniciar el procedimiento de revisión de la licencia ya que se ha comprobado que el informe no se ajustaba a la realidad y que la vivienda tiene construidos 700 metros frente a los 158 declarados, lo que no deja de ser un incumplimiento brutal de las ordenanzas urbanísticas. Si Benavides no toma esa decisión, se convierte en cómplice de la ilegalidad de su arquitecto.

IU señala la diferencia de trato entre una pasividad total ante esta ilegalidad y la contundencia con que la Junta de Gobierno ha actuado recientemente contra una vecina que había colocado un aparato de aire acondicionado sin licencia. En este caso, que no deja de ser una ridiculez comparado con el asunto del señor Passolas, el equipo de gobierno de Convergencia llega a pedir auxilio judicial para entrar a la vivienda en cuestión y quitar el aparato de aire acondicionado.

Por último, IU señala su perplejidad por el silencio que mantienen PP y PSOE ante una ilegalidad tan notoria y manifiesta cometida por el señor que dirige el urbanismo en este pueblo y que, entre otras cosas, es el redactor del PGOU que ahora se va a someter a referéndum. Los ciudadanos de este pueblo tienen derecho a conocer la opinión de todos los responsables políticos ante la actuación del arquitecto municipal.

IU vuelve a pedir al alcalde que cese de inmediato al señor Passolas para garantizar a todos los vecinos que sus proyectos de obras van a ser analizados de manera objetiva por un arquitecto que cumpla con la ley.

Grave atentado: un aire acondicionado

Y a esta señora tampoco la conocemos. Ni sabemos dónde está su casa. Ignoramos las circunstancias concretas del aparato de aire acondicionado, pero nos ha sorprendido la contundencia, el despliegue, la tenacidad con que Benavides se ha propuesto resolver este gravísimo problema urbanístico. Lean el acta de la Junta de Gobierno del 12 de enero porque es sorprendente la fuerza que se utiliza para resolver este caso y la inactividad que se observa cuando hay verdaderos atentados al urbanismo, por ejemplo, la casa ilegal de 700 metros cuadrados del arquitecto municipal.

   1.- Se da cuenta acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 14 de octubre de 2008, siguiente:

   “12.- Se da cuenta de expediente de disciplina urbanística 028/07 que se sigue a Dª María Luisa Berrios Peralta, con domicilio en C/ Clavelicos 21-1º, por la instalación de aparato de aire acondicionado, en el domicilio indicado, careciendo de la correspondiente Licencia Municipal.

   Que por acuerdo de la J.G.L. en sesión de 26.6.07, se le concedió un plazo de alegaciones.

   Que la interesada alegó con fecha 18 de julio de 2007.

   Que con fecha 21.12.07, se informan desfavorablemente por el Técnico Municipal dichas alegaciones.

   Que con fecha 18.1.08, fueron notificadas a la interesada dicha desestimación de alegaciones.

   En vista de lo expuesto, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes, acordó:

   Conceder un plazo de 15 días a Dª María Luisa Berrios Peralta para que proceda a retirar el aparato de aire acondicionado de referencia, con advertencia de ejecución subsidiaria por los Servicios Municipales de Mantenimiento, a su costa, de conformidad con lo previsto en el Art. 98 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.”

   Que se acompaña reportaje fotográfico por el Servicio de Urbanismo, Inspección de Obras, comprobándose que no se retirado el aparato de aire acondicionado, tal y como se acordó por la J.G.L. de 14.10.08.

   La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes, acordó:

   1) Solicitar auxilio judicial para acceder a la propiedad de Dª María Luisa Berrios Peralta, con objeto de ejecutar subsidiariamente la retirada del aparato de aire acondicionado instalado en el inmueble, de conformidad con Expediente de Disciplina Urbanística núm. 028/2007, situado en su domicilio en C/ Clavelicos nº 21-1º, conforme al artículo 98 de la Ley 30/02, a costa de Dª María Luisa Berrios Peralta.

   2) Dar traslado a URBALEX Consultores, S.L.

   3) Que por el Arquitecto Municipal se proceda a valorar el coste de los gastos de retirada del aparato de aire acondicionado de referencia, a ejecutar subsidiariamente por el ayuntamiento de Almuñécar, a los efectos de reclamar su importe a Dª María Luisa Berrio Peralta,  de conformidad con lo dispuesto el art. 184 de la LOUA y 98 de la Ley 30/92. Dicho importe podrá liquidarse de forma provisional y realizarse antes de la ejecución, a reserva de la liquidación definitiva a través del procedimiento previsto en las normas reguladoras del procedimiento recaudatorio en vía ejecutiva.

Tomadura de pelo del referéndum sobre un borrador de pgou inexistente

En opinión de IU, pedir a los vecinos la opinión sobre un documento que ya no existe es una estupidez que nos va a salir muy cara y que no tiene valor alguno salvo el de volver a destrozar las aceras y el presupuesto para colocar decenas de vallas publicitarias en otro rentoy de Benavides.

IU no va a participar en esta mascarada. Es una pérdida de tiempo y un gasto inútil el que se nos pregunte a los ciudadanos por un proyecto que ya no existe y que aún tiene que seguir siendo modificado.

Preguntar a los ciudadanos por el documento de aprobación inicial del PGOU sabiendo que ya está aprobado el documento provisional, y que aún tendrá que haber más modificaciones para llegar al PGOU definitivo, es buena gana de perder el tiempo y el dinero, en opinión del portavoz de IU, salvo que lo único que se quiera es hacer política de la mala y propaganda barata a favor de propuestas que luego no se van a concretar.

Lo que tiene que hacer el alcalde de Almuñécar es adaptar el proyecto de Plan de Urbanismo a la legalidad y cuando tengamos un documento con los informes positivos de quien tiene la capacidad de darlos, entonces, que se nos pregunte a los vecinos si ese texto, que ya es legal, cuenta con nuestro apoyo. Es en ese momento cuando tiene lógica pedir a los vecinos su opinión.

En todas las consultas se le ha pedido a la gente su opinión acerca de un texto concreto y cerrado, no de un borrador. Cuando se preguntó a los españoles si les parecía bien la constitución, no se les preguntó sobre el primer o el segundo borrador que habían manejado los diputados sino sobre un texto definitivo que había que aprobar o rechazar. Del mismo modo, cuando se preguntó a los andaluces si queríamos el Estatuto, no se nos preguntó por un proyecto de los muchos que estuvieron discutiendo los parlamentarios, sino por el texto definitivo, que fue respaldado por la mayoría de los andaluces, entre los que por cierto, no se encuentra el alcalde, que pensó y dijo públicamente que ese no era su referéndum.

A IU le parece una burla el que Benavides diga a los periodistas en la presentación de la campaña que aún no se sabe el coste de la misma. Los vecinos sí tenemos el derecho de saber ese dato porque no es el dinero de Benavides el que se está gastando, sino el dinero de todos los contribuyentes.

IU quiere que el alcalde explique a los vecinos de qué partida presupuestaria va a sacar el dinero de una campaña que, por lo visto ya, va a ser un derroche importante de dinero en una época de crisis. El presupuesto de 2009 es el mismo de 2007 que se ha vuelto a prorrogar por decisión de Benavides, así que estos gastos extraordinarios sólo se podrán afrontar si el alcalde vulnera la ley o si el PP apoya una modificación presupuestaria para legalizar este gasto extraordinario.

En relación a las vallas, IU pregunta si son del ayuntamiento, del partido del alcalde o de una empresa privada, pero le sorprende que si en la campaña de las municipales, estas vallas fueron instaladas por una empresa privada a la que supuestamente pagó Convergencia, ahora esas vallas hayan sido colocadas por operarios del ayuntamiento.

Después de aprobar una Ordenanza sobre convivencia en la que se contempla sancionar a los vecinos que rompan el mobiliario, sorprende que las vallas del alcalde, como ya ha ocurrido dos veranos con la caseta de fiestas de Convergencia, rompan las aceras habiendo cientos de lugares en que se podrían haber colocado estas vallas sin haber hecho el destrozo.

El señor alcalde coloca sus vallas

Vuelve a destrozar las aceras para colocar sus vallitas y pedirnos el voto en ese estúpido referéndum sobre un PGOU que ya no existe. Y lo volvemos a repetir: que ya no existe porque el documento inicial sobre el que se nos pide que nos pronunciemos ya lo ha anulado el mismo Pleno al aprobar otro documento titulado Aprobación Provisional del PGOU. Y no se parece en nada al de aprobación inicial. Así que es una solemne chorrada preguntar a los vecinos por un documento que no existe.

Deje de engañar y de malgastar nuestro dinero, deje de hacer vacaciones a costa del contribuyente, gánese usted el sueldo trabajando como hacemos todos en lugar de estar fuera del pueblo la mitad del mes, y en vez de subir los impuestos un 5,3%, practique algo de austeridad y sentido común y reduzca gastos innecesarios.

De la noticia de Ideal hemos entresacado este comentario de una lectora que refleja perfectamente la tontería del referéndum. Y nosotros añadimos. Haga el referéndum cuando ya esté listo el documento definitivo, ese que va al Boletín Oficial y del que no se va a cambiar una coma. Pregúntenos entonces si ese PGOU, el definitivo, nos gusta. Y entonces le daremos nuestra opinión. Mientras, tanto, váyase a hacer puñetas, señor alcalde y déjenos tranquilos. 

Luisa

Fases del PGOU: primero, se aprueba un documento que llaman Avance. Se presentan alegaciones, se cambia de arriba abajo y se hace otro documento nuevo. Este documento se llama de aprobación inicial. Cuando el Pleno lo aprueba, se presentan alegaciones (a este se presentaron cerca de 10.000). Además, las distintas administraciones, que son las que al final tienen que construir las carreteras, los centros de salud, los colegios, los institutos, traer más agua y un largo etcétera, hacen sus informes y dicen lo que hay que cambiar a la fuerza del pgou.

Entonces, se hace otro documento completamente nuevo, y ya estamos en lo que se llama aprobación provisional. El Pleno aprueba este documento nuevo y entonces la Junta lo revisa, ve lo que no se adapta a la ley y se hace otro documento completamente distinto que ya se llama PGOU porque lo otro, lo de antes, eran BORRADORES.

Y ahora sale el alcalde y nos pregunta qué nos parece uno de esos borradores, el llamado documento de aprobación inicial. Pero él sabe, y cualquiera que siga la prensa, que ese documento, ese borrador, YA NO EXISTE, porque el Pleno, después de la aprobación inicial, ya hizo la aprobación provisional y el único documento que hoy se está analizando ya no tiene nada que ver con el inicial, que es sobre el que se nos pregunta.

Esto es como si en el referendum de la consttitución le hubieran preguntado a los españoles que les parecía el primer borrador que manejaron santiago carrillo, alfonso guerra, gregorio peces barba, miguel herrrero de miñón y fraga. ¿A quien quieres engañar, alcalde?

Ese día me voy a comer una paella o unas migas dependiendo del tiempo que haga. Y el que quiera votar sobre papeles que no existan, que vaya a perder el tiempo y salude al cabo de la guardia civil de mi parte. Pregúntanos por la tasa de basura o por la subida brutal de los impuestos que nos has pegado para seguir con tu super sueldo y tu reata de estómagos agradecidos.

PP y PSOE denuncian en la Fiscalía al alcalde de Agrón por actuar en contra del Pleno

¿Y por qué en Almuñécar no se atreven a hacer lo mismo siendo que el caso nuestro es el mismo multiplicado por mil?

Cuatro concejales del Ayuntamiento de Agrón (dos del PP y otros dos del PSOE) han denunciado en la Fiscalía al alcalde del municipio, el independiente Guillermo López Romero. Los ediles que se han aliado para destapar las presuntas irregularidades aseguran en su escrito, al que ha tenido acceso este periódico, que Guillermo López incumple sistemáticamente los acuerdos adoptados en el pleno (en el que tienen mayoría: 4 frente a los 3 del grupo independiente).

En la denuncia, además, acusan al regidor de prevaricación, amenazas y robo de documentación entre otros delitos que supuestamente habría cometido. La querella inicial fue presentada el 4 de diciembre y después ha sido ampliada con otros escritos en los que se han ido añadiendo nuevas conductas presuntamente irregulares. Los ediles del PP y del PSOE consideran que la situación política y administrativa del municipio “es muy grave” y por eso piden al fiscal que adopte medidas “urgentes y de carácter extraordinario” mientras se instruyen las diligencias de investigación penal.

En la denuncia se informa de seis incumplimientos de acuerdos plenarios, la ejecución de una obra “ilegal” pese a contar con informes de los técnicos en contra y la firma de talones bancarios con menos firmas de las requeridas. El pleno de Agrón acordó dejar sin teléfono móvil oficial al alcalde y, pese a ello, denuncian que Guillermo López sigue usándolo con cargo a las arcas municipales. Otra de las irregularidades denunciadas está relacionada con la contratación de un “empleado de confianza” del alcalde, sobre la que el pleno se opuso.

Según los ediles del PP y del PSOE, el regidor “sigue contratando” a esta persona, situación que obligó al tesorero a negarse a firmar los cheques de las nóminas de este trabajador. “A continuación, el alcalde se negó a firmar los pagos de todas las personas empleadas directa o indirectamente por el ayuntamiento”, afirman en la querella. Las facturas y las deudas “se amontonan” en el consistorio, entre ellas una de “trabajos no realizados en el municipio de un empresario y amigo personal del alcalde”.

La paralización llega hasta tal punto, según los ediles, que una familia a la que se acordó conceder una ayuda “de primera y urgente necesidad” no ha podido cobrarla por estas disputas. El tercer acuerdo plenario presuntamente ignorado está relacionado con la redacción de una ordenanza municipal para impedir que algunos cortijos del municipio rieguen con agua de la red pública.

La decisión se adoptó antes del seco verano de 2007 “y hasta hoy no se ha llevado a cabo”. A ello se le suma que el ayuntamiento “ha soportado unos gastos excesivos” de “50.000 euros” en reparar los pozos públicos. Los concejales denuncian además que no se ha ejecutado la decisión plenaria de nombrar una comisión de selección para contratar a un técnico municipal y que “no se ha cursado la solicitud” a la Diputación para que informe acerca de la instalación de unas farolas sobre la que pesa un expediente sancionador de la Junta.

Los reproches también salpican el urbanismo de esta población de apenas 400 habitantes. Según los ediles, el alcalde ratificó la legalidad de una casa cuyas obras quedaron después cuestionadas por un informe técnico. El secretario de la corporación redactó la orden de paralización pero el alcalde “no la firmó”. La construcción acabó ejecutándose pese a las advertencias y el informe “muy duro” del secretario, donde advertía que esa “irresponsabilidad” podría acarrear “nefastas consecuencias” al ayuntamiento.

El alcalde responde con los mismos argumentos fascistas que utiliza Benavides en los plenos, pero aquí nadie se atreve a toserle a pesar de nuestras propuestas en ese sentido. Mucho miedo y poca seriedad es lo que abunda en Almuñécar. Lean las excusas del alcalde para no ejecutar lo que aprueba el Pleno:

Guillermo López lleva 14 años al frente del Ayuntamiento de Agrón. Su mujer fue alcaldesa durante cuatro años y después le dio el relevo, tras unas elecciones en las que todos forman parte de la lista de Independientes por Agrón. El regidor se mostró ayer “muy sorprendido” por la denuncia presentada en la Fiscalía por la totalidad de los concejales de la oposición y los reta a que “presenten una moción de censura” en su contra ya que tienen mayoría. Guillermo López negó en declaraciones a este periódico cualquier actuación irregular.

Lo que no esconde es su oposición a ejecutar algunos acuerdos del pleno municipal. Es más, admite que no los pone en marcha “porque no puedo permitir que se tomen decisiones perjudiciales para el municipio”. El alcalde advierte de que no tolerará que “los concejales de la oposición impongan su ley en este ayuntamiento mediante los acuerdos que adoptan en los plenos”. Sobre la no contratación de un empleado, López asegura que “el acuerdo adoptado en un pleno no da derecho a nadie a que tenga que ejecutarse por narices el acuerdo, máxime cuando se entiende que la labor de la persona contratada es positiva”.

“Los acuerdos del pleno son vinculantes hasta cierto punto y no creo que haya una obligación legal de cumplirlos”, añade. Guillermo López asegura que el móvil “es el 50% de mi trabajo” y por eso no lo entregará. Sobre el gasto excesivo en pozos de agua, afirma que sólo han invertido ocho mil euros y no los cincuenta mil que se reflejan en la querella. Del asunto urbanístico prefiere no decir nada por respeto al fiscal y al secreto del sumario” ya que es una causa que se investiga aparte. El alcalde tiene claro que quienes bloquean el desarrollo del pueblo “son ellos”, en alusión a los concejales de la oposición, y anuncia que interpondrá una querella por lo que considera que son “todo mentiras”. 

El cierre de la Estación Náutica, otro choriceo más que pagaremos entre todos

Así se expresan los lectores de Ideal mediante los comentarios de la página web del periódico

 

Javier

Cuanto tiempo más tendremos que aguantar los almuñequeros las cacicadas de esta pandilla de sinverguenzas, el que paga no es el ayuntamiento sino el pueblo de almuñecar, que al mismo tiempo pagamos los impuestos más caros del pais.

Juan Pelaez

Al final, todos los afectados lo teniamos claro, el tiempo pondria las cosas en su sitio. Y eso se esta cumpliento. Ya esta llegando la hora que estos delincuentes de guante blanco paquen sus condenas. Saludos Juan

Yolanda

ENHORABUENA,, A GRANADA SUB. JAVIER LLEVAS RAZON PERO EL PUEBLO DEBERIA DE VER QUE NO ERA NORMAL QUE CERRARA 4 EMPRESAS TODAS DEL MISMO SECTOR SALVO LA MENCIONADA EN EL PERIODOICO Y QUITARLE AL PUEBLO LOS BENEFICIOS QUE ESTAS EMPRESAS APORTABAN A LA ECONOMIA DEL PUEBLO.

CACICAZOS Y SUMISOS

¡Qué vergüenza de los políticos de Almuñécar y de quienes los votan! Los caciques necesitan población sumisa que los apoye. La historia de por qu´´e echaron a los de Sub es mucho más rocambolesca y tiene que ver con una presunta corrupción municipal de bastante calibre que este empresario no aceptó y de ahí le vino lqa desgracia en ese municipio. 

rosario

Ahora que dira el ladron del benata ¿que tambien ha ganado este juicio? en los ultimos meses ya ha perdido tres juicios por abusos de poder y por su actuaciones FASCISTAS Y CHAVACANAS haber si dentro de poco en una de estas te llevan al talibe que quieren ponerte el culo como la bandera de japon

CURRO

Dario 4 empresas de buceo como poco mueven en un fin de semana unos doscientos buzos que comen ,beben pernoctan y bucean ,eso es mucha pasta y dime tu si en peña escrita alguna vez han habido doscientas personas juntas para ver animales y para colmo ademas de ser deficitario es municipal .Las cazicadas se pagan pero las empresas y los buzos no volveran y los que bucean son traidos desde nerja sevilla malaga etc por empresas que solo se meten en el agua y luego se largan sin dejar un duro aqui. ESO ES VISION DE FUTURO EMILIO

refrigerador

Os acordais de Benata y Emilio diciendo que la Estación Náutica era la panacea y la maravilla? Os acordasi cuando decían que iba a garantizar el turismo en invierno, el turismo de buceo que dejaba tanto dinero en los negocios y en los hoteles? Os acordais de ese "fabuloso" proyecto de Parque Subacuatico, que lleva 10 años tramitandose y nunca se ha ejecutado. ¿Cómo es posible que estos embaucadores sigan metiendo en las cabezas de los votantes, del sector turistico, del comercio y de todo el mundo sus promesas llenas de demagogia y mentira, y les sigan creyendo? Y encima todas las decisiones/cacicadas que hacen nos cuestan a todos el dinero! QUE DIMITAN TODOS YA

afectada

la verdad es que el tiempo pondra llas cosas en su sitio pero al final la herradura y los club de buceo seremos los perjudicados poque al alcalde no le va a costar niun duro sus cacicadas las tendremos que pagar entre todos y en la herradura los club de buceo daban mucha vida a los negocios mucha que la estacion nautica uqe encima del dineral que se gastaron ahora esta cerrada mal cambio para la herradura una estacion nautica cerrada por los club de buceo

murdock

primero a readmitir y a indemnizar al jefe de la policia, luego a indemnizar a la trabajadora de turismo, ahora a indemnizar al centro de buceo......... y todo con dinero publico, vete ya benata que te vass a cargar lo poco que te sobra de los viajes. (te recomiendo para el proximo viaje el hotel "Rejas de Albolote", y te sentiras como pez en el agua. Es tu sitio.

Almuñequerohimilde

Bebabides es un corrupto, que hace lo que le da la gana porque para eso paga los abogados con dinero público. Bebe de nosotros y nos chupa hasta la sangre para dárselo a su ex y sus vástagos, y venga hacer viajecitos con dinero público. Luego dirá que estamos en CRISIS ye que en ALMUÑÉCAR la culpa la tiene Zapatero y Chaves. Y si pierde algún juicio no pasa nada porque todo lo paga el Ayuntamiento, por eso NO PUEDE DEJAR DE PRESENTARSE A LAS ELECCIONES y hará todo lo que pueda para seguir siendo ALCALDE, porque no quiere arruinarse con los juicios que pierde.

benate benate

este Benavides no tiene apaño y vueve a las andadas , es lo mismo que hizo con Peña escrita , y lo mismo que hizo con el picadero de caballos , apenas funciona algo se lo quita a quien lo ha levantado para darselo a sus colegas o familiares . eso si los juicios que pierde que suelen ser todos los paga el ayuntamiento del boolsillo del contribuyente

vota vota

ESO PARA QUE SIGAIS VOTANDO AL PRIMER PAYASO QUE SE OPS PONGA POR DELANTE O SALGA EN LA TELE

 

El Ayuntamiento tendrá que indemnizar a la empresa que ocupaba la Estación Náutica

La sentencia entiende que el equipo de gobierno trató de beneficiar a otra sociedad del presidente de la Estación Náutica

El Ayuntamiento de Almuñécar ha sido condenado a indemnizar a la sociedad Granada Sub, que ocupaba en régimen de arrendamiento las instalaciones municipales situadas junto al paseo marítimo Andrés Segovia y el Hotel Sol Los Fenicios de La Herradurra, por echarla para ubicar en estas dependencias la sede de la Estación Náutica. La cantidad por los perjuicios sufridos por la empresa, un centro de buceo, aún no se ha determinado aunque la sociedad calcula que será «importante».

El conflicto comenzó el 21 de enero de 2004, cuando el Ayuntamiento almuñequero presentó una denuncia para que no se renovase el contrato que tenía con la arrendataria, el centro de buceo y que cumplía el 29 de abril del mismo año.

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Granada desestimó entonces el recurso de apelación interpuesto por el propio Consistorio sexitano y dio la razón a la empresa, a través de una sentencia de fecha 20 de enero de 2006.

El Ayuntamiento almuñequero recurrió esta sentencia de 2006 y ahora se ha conocido que la Sección Primera del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha vuelto a fallar en su contra y confirma el fallo a favor del arrendatario, contra el que ya no cabe ya recurso alguno.

El Ayuntamiento echó al arrendatario porque chocaba con sus planes de fijar en el local la sede de la Estación Náutica, que se incluía en los proyectos del Plan Turístico local. El arrendatario Granada Sub recurrió la resolución de desalojo argumentando, según la sentencia, que lo que el Ayuntamiento «pretendía favorecer los intereses de la entidad Centro de Buceo de La Herradura y trasladar su ubicación a las instalaciones arrendadas porque su representante ostentaba la presidencia de la Estación Náutica Costa Tropical y, además, vulneraba el artículo 34 de la LAU».

IU pide el cese inmediato de Passolas al que considera responsable último del delito juzgado

Esta sentencia sólo será útil si los empleados del ayuntamiento toman nota de ella y hacen frente a las coacciones diarias que sufren en su trabajo

Tras la sentencia que inhabilita al aparejador municipal, IU pide el cese inmediato del Jefe de Urbanismo, el arquitecto municipal, señor Passolas, al que considera responsable último de la situación. La casa del señor Passolas es completamente ilegal, esto es algo que la sentencia deja claramente fijado. La condena del aparejador se basa en que emitió un informe ocultando las múltiples irregularidades de la mansión. No se puede perder de vista que el aparejador era y sigue siendo un subordinado de Passolas, un empleado a sus órdenes.

IU culpa a Passolas de haber dejado en la estacada a la persona que permitió, con su informe, la construcción de su magnífico e ilegal chalet. Passolas usó al aparejador municipal y luego lo ha dejado tirado para que se coma el marrón él solito.

La sentencia da por probado que el chalet construido por Passolas excede del número de plantas permitidas, incumple el máximo permitido de altura y excede del máximo permitido de edificabilidad. Es decir, lo incumple todo. Es inadmisible que la persona que decide si nuestros proyectos de obras se ajustan a la legalidad sea el propietario de un chalet ilegal desde la primera hasta la última piedra.

El alcalde no puede mantener por más tiempo al frente del urbanismo en Almuñécar a un arquitecto que se ha construido una casa totalmente al margen de las normas urbanísticas municipales. Los ciudadanos y los promotores tienen derecho a que sea un técnico libre de sospecha el que les revise los proyectos y les diga si la obra prevista cumple o no cumple con la legalidad urbanística.

Llueve sobre mojado porque el señor Passolas, además de haberse construido una casa ilegal, está siendo juzgado por la comisión de otros delitos urbanísticos y por abuso de poder al utilizar su cargo de manera torticera en contra de otros ciudadanos.

Además, el arquitecto municipal ya ha sido juzgado y condenado por sus propios compañeros de profesión. El Colegio de Arquitectos de Granada, tras un largo proceso de investigación, acordó inhabilitar al arquitecto de Almuñécar por un periodo de cuatro años. Tras el recurso de Passolas ante el Colegio Andaluz de Arquitectos, la condena se mantuvo aunque se rebajó a dos años. Es una vergüenza que el alcalde mantenga en su puesto a una persona que ya ha sido condenada por sus compañeros y que se ha construido una vivienda ilegal.

Igualmente IU pedirá al alcalde la apertura de expediente urbanístico y sancionador a esta construcción así como la revisión de la licencia, para que se cumpla con la legalidad,  cosa que no se hizo en su día a pesar de los requerimientos de la Junta.

IU considera una huída adelante la nota de Convergencia señalando que el alcalde que dio la licencia era Antonio Rebollo. Se le olvida al portavoz de Convergencia señalar que en aquella comisión de gobierno que dio la licencia también había otros concejales populares que hoy son compañeros de viaje de Benavides. Lo cierto es que, con el informe del aparejador, el equipo de gobierno de entonces no podía hacer otra cosa que dar la licencia pues el informe amparaba la legalidad de esa obra. Negar la licencia con el informe favorable habría sido una temeridad.

Otra cuestión es analizar hasta qué punto hay responsabilidades compartidas por acción y por omisión en una forma salvaje de entender el urbanismo que se ha practicado en Almuñécar porque ningún alcalde ha sido capaz de coger el toro por los cuernos. Los mamotretos de los Pinos, el hotel de la Avenida Juan Carlos, o la llamada Vivienda Joven son unos cuantos ejemplos de urbanismo al servicio de los poderosos en el que no es posible distinguir entre unos y otros de los partidos que han gobernado el municipio.

Es significativo que el argumento más repetido por la defensa del aparejador sea el de que así se ha hecho en Almuñécar durante veinte años. Curiosamente, los criterios urbanísticos en Almuñécar han cambiado desde septiembre de 2007 a raíz de un informe propuesta elaborado por el aparejador hoy condenado. Quizá este proceso judicial que ahora ha conocido la sentencia tenga que ver con ese informe y ese cambio de criterio producidos en septiembre de 2007. Muchos le han empezado a ver las orejas al lobo hace unos años, pero quizá ya ha sido demasiado tarde y ahora nos espera un rosario de decisiones judiciales que vendrán a sancionar las ilegalidades cometidas en los últimos quince años.

Este cambio de rumbo acordado por el ayuntamiento en septiembre de 2007 pone de manifiesto dos cosas: la primera, que en el ayuntamiento hay plena conciencia de haber estado amparando ilegalidades durante veinte años, desde el mismo día que se aprobó el PGOU de 1987; la segunda, que Gerardo Villén, como otros funcionarios, se ha visto involucrado, con más o menos presiones, en la toma de decisiones que eran manifiestamente ilegales, por muy habituales que fuesen en este ayuntamiento.  

La sentencia que condena al aparejador municipal no debe servir para cebarse en este empleado, sino para llevar a todos y cada uno de los funcionarios la convicción de que su trabajo ha de ser respetuoso con la ley elaborando los informes de acuerdo a la legalidad y no de acuerdo a las presiones y las amenazas.

No es normal que los empleados del ayuntamiento tengan miedo, auténtico pánico, a entregar un expediente, que debía ser público, para que los concejales lo examinen. No es normal que los expedientes salgan del ayuntamiento y se tiren varios meses fuera del mismo o se pierdan y nadie sepa dónde están. No es normal que un empleado tenga que hacer cinco informes distintos y contradictorios en una semana para justificar una decisión política, como ha ocurrido recientemente en el caso de la tasa de basura.

Esta situación debe cambiar y esperamos que la sentencia ayude en este sentido. Al final, Passolas se queda con su chalet ilegal y el marrón se lo come el subordinado que elaboró el informe. Quizá se pueda pensar que pagan justos por pecadores. Y quizá se pueda extraer alguna conclusión en positivo: los funcionarios municipales no tienen entre sus obligaciones la de callar, amparar y ser cómplices de las ilegalidades que se cometen por acción y por omisión.

Los funcionarios deben respetar y hacer respetar la ley por encima de las presiones y las amenazas

Otra vista del chalet que Gerardo informó, quizá por miedo, quizá por lealtad, como una obra legal. El arquitecto municipal bien sabía que era ilegal.

El aparejador paga el pato por cumplir órdenes. El arquitecto se queda con su chalet ilegal

Aspecto de la obra en el que se aprecia con claridad que no se respeta ni la altura ni el volumen previsto en la zona

El arquitecto se lo guisa y el aparejador se lo come

Esta es la mansión del arquitecto municipal que decide qué es legal y qué es ilegal.

La Justicia expulsa de la función pública al aparejador de Almuñécar por delinquir

Atentó contra la ordenación del territorio al autorizar irregularidades en el chalé de la esposa de Rodríguez Passolas, el arquitecto municipal El acusado alegó en su defensa que su «interpretación de la normativa urbanística» es la que se aplica en la ciudad desde hace dos décadas

Carlos Morán y Quico Chirino

Se supone que una de las prioridades de un aparejador que cobra una nómina municipal es velar a por una buena ordenación del territorio. Pues bien, el técnico que ejerce esa función en el Ayuntamiento de Almuñécar ha sido condenado por hacer justamente lo contrario, esto es, atentar contra la ordenación del territorio.

La sentencia dictada por un juzgado de Motril -que puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial- es clara al respecto: Gerardo García Villén, que así se llama el ahora condenado, consintió diversas irregularidades en la construcción de un chalé -casi una mansión- que es propiedad de la esposa de José Luis Rodríguez Passolas, a la sazón, arquitecto municipal de Almuñécar, un detalle que está recogido en el apartado de hechos probados de la resolución judicial y que, por razones obvias, resulta muy llamativo.

La pena prácticamente coincide con la que solicitó la Fiscalía de Granada: inhabilitación especial para empleo o cargo público durante siete años, multa de 4.320 euros -en caso de impago, debería ingresar en prisión- y, además, debe pagar las costas del proceso -el Ministerio Público había reclamado un año más de inhabilitación para el encausado y una sanción económica algo más elevada-.

Uno de los argumentos defensivos del aparejador, seguramente el principal, fue el siguiente: su «interpretación de la normativa urbanística» -la que se tradujo en las infracciones que dieron origen al pleito- es la que se ha venido aplicando en la ciudad sexitana durante las dos últimas décadas. Y ya se sabe que veinte años no son nada...

La sentencia recalca, por contra, que la actuación del aparejador no era el fruto «de una interpretación de la normativa, sino una creación de la misma por parte del acusado que cumple los requisitos del tipo penal».

De esta forma rebate el juzgado la sorprendente alegación de que en Almuñécar se venían haciendo las cosas como las hizo el aparejador desde hace «más de veinte años»... O quizá no sea tan sorprendente. No constituye un secreto para nadie que el urbanismo de Almuñécar está bajo sospecha desde hace bastante tiempo. Incluso hay quien piensa que demasiado.

La gestión en este ámbito del 'ladrillo' de Juan Carlos Benavides -el alcalde que durante más años ha gobernado la urbe costera- ha cosechado un sinfín de denuncias contencioso-administrativas, pero también penales. De hecho, hay juicios pendientes de celebración y con petición de cárcel por parte de la Fiscalía. Entre ellos, está la causa abierta por la construcción del pabellón de La Herradura, construido -según la denuncia elaborada por la Fiscalía- sobre terreno protegido.

En su escrito, la Fiscalía solicita para el controvertido regidor sexitano y cada uno de los seis ediles que participaron en la operación, dos años de cárcel y otros diez de inhabilitación para empleo o cargo público por la presunta comisión de un delito contra la ordenación del territorio.

Mientras llegan esas citas, el urbanismo sexitano ya tiene su primera condena penal. El 'núcleo' duro del departamento municipal encargado de esa materia ha resultado tocado. El actor protagonista ha sido el aparejador, pero los de reparto también tienen su relevancia, caso del arquitecto del Ayuntamiento Rodríguez Passolas, un hombre al que siempre se ha considerado muy cercano al propio Benavides.