Blogia
Almuñécar contra la corrupción

Marbellécar

Benavides lo ha tolerado

Benavides lo ha tolerado

El camping de La Herradura ha sido precintado esta semana por decisión de la Junta de Gobierno. Su dueño se fue hasta el último Pleno, pancarta en ristre a protestar. Ayer, una decena de familiares y empleados se manifestaron en las puertas del camping.  

La información de este tema venía así en el periódico Granada Hoy del cuatro de octubre:

La falta de licencia de apertura es, según el Ayuntamiento de Almuñécar, el motivo por el que el jueves fue precintado y desalojado el Nuevo Camping La Herradura, tras una orden judicial dictada hace un mes. El propietario, José López Pozo, reconoció la situación, aunque cargó contra el alcalde y el ingeniero municipal por considerar que todo se trata de una campaña en su contra. El camping, admitió, no tiene licencia "como tampoco están en regla otros muchos negocios, pero Benavides lo ha tolerado hasta que le ha parecido conveniente".

El Consistorio explicó que el cierre se produjo porque "carece de licencia, requisito indispensable para que cualquier establecimiento pueda abrir al público". Y añadió que el empresario "sólo debe regularizar la situación del negocio".

Hace poco, pudimos informar de que el camping de La Herradura seguía abierto a pesar de la orden de desalojo. Hoy, la situación es distinta. El camping ha sido precintado. Ya tenemos dos campings cerrados en el municipio. Y aunque los motivos sean distintos, hay ciertos elementos de reflexión.

El dueño del camping de La Herradura lo ha dicho públicamente. Y ahora es el momento de que nosotros insistamos en ese hecho: el camping ha estado abierto once años a pesar de no tener licencia de apertura. Benavides lo ha tolerado, afirma el propietario del camping. Ese es el principal motivo de oposición por nuestra parte a este señor alcalde. No cumple ni hace cumplir la ley. Ese camping, con la ley en la mano, no se debía haber abierto. Pero, como bien dice su dueño, el alcalde lo ha tolerado. En esa frase falta algo, falta el por qué. Y eso lo vamos a decir nosotros. El alcalde Benavides ha tolerado que ese camping esté abierto porque el dueño era compañero de partido.

Pero ahora el dueño no es compañero de partido. Ahora, el dueño de ese camping es militante del Partido Andalucista, y resulta que el concejal de ese partido, don Luis Aragón, se atreve a votar en contra de Benavides en algunas ocasiones. Pues ya no hay motivo para tolerar, ya no hay razones para cerrar los ojos. Así que el camping se cierra.

Como bien dice el dueño del camping, hay otros negocios sin licencia y siguen abiertos. Efectivamente, hay muchos. Desde IU hemos denunciado algunos. Preguntamos hace unas semanas, por ejemplo, por la licencia de apertura del Club Náutico. Por supuesto que no nos contestaron. Pero, salvo que se la hayan concedido en el último mes, ese establecimiento lleva varios meses abierto sin licencia. Como tantos y tantos. Y seguirán abiertos sin licencia mientras el dueño se lleve bien con el alcalde. Es tan simple como eso.

Lo curioso es que en un país democrático esta situación no derive en una inhabilitación del alcalde, algo que sería totalmente razonable ya que el alcalde de un pueblo tiene, como primera misión, cumplir y hacer cumplir la ley.

Hay otro camping cerrado en este pueblo. Lo cerraron y lo tuvieron que abrir cuando todos los informes técnicos éran favorables al camping. A principios de año lo volvieron a cerrar buscando una excusa diferente y cerrado sigue. También ese camping estuvo abierto varios años sin problema alguno. Claro que hay algunas diferencias. Ese camping siempre tuvo licencia de apertura. Y aunque ahora no es el momento de entrar en profundidades sobre las mentiras del informe del arquitecto municipal, no hay ni un solo motivo de peso que justifique el cierre del camping. Pero uno de sus dueños tuvo la osadía de presentarse en el despacho de Benavides y decirle varias cosas que se podían resumir en una: que el pgou que Benavides quería aprobar contaría con sus oposición frontal y militante. A partir de ese momento, se inició un auténtico desmadre de visitas, informes, sanciones y ruedas de prensa plagadas de calumnias y desinformación.

Hasta donde puede llegar Benavides cuando toma una decisión lo ha comprobado el amigo Fermín, lo han comprobado los dueños del Mirlo y lo han comprobado muchos empresarios de este pueblo. Eso es lo que hay. La pena es que la población se divide entre quienes lo aplauden y quienes se resignan impotentes, siendo una minoría los que se atreven a alzar la voz contra estas tropelías y abusos de poder. 

Los dueños del camping Carambolo están gastándose un dinero que no tienen en multas que han recurrido y en abogados que les defiendan de la arbitrariedad y las tropelías. Es posible que ganen esos recursos dentro de cinco años. Pero mientras tanto, el camping cerrado y las multas pagadas. ¿Y qué le importa al alcalde si dentro de cinco años un juzgado o dos o tres le quitan la razón al ayuntamiento? ¿Qué parte de su prestigio, de su bolsillo o de su dignidad se va a ver afectada? Quizá algún empleado, aunque lo más seguro es que ni eso, se coma el marrón. Quizá. Pero aún eso es dudoso porque, con nuestros impuestos, el señor alcalde paga abogados bastantes mejores que los que puedan buscar los dueños de estos campings.

El Seprona y la Junta le llaman la atención, otra vez, al ayuntamiento

De nuevo, la Junta se dirige por escrito al ayuntamiento para recordarle que cuando hay una irregularidad urbanística tiene que intervenir. En esta ocasión se trata de 15 viviendas en Cotobro. Dado que las denuncias de los vecinos caen en saco roto y el ayuntamiento se inhibe dejando que los plazos transcurran y las barbaridades se consumen, los vecinos tienen que ir a denunciar ante el Seprona para que se haga algo. 

La respuesta del ayuntamiento, que conoce perfectamente los hechos porque la denuncia lleva bastante tiempo rodando, es, de nuevo, dilatoria. Se acuerda pedir un informe para dejar que siga pasando el tiempo y de nuevo estemos ante otro problema de viviendas ilegales con personas viviendo en ellas. Este es el acuerdo que tomaron en la Junta de Gobierno del 8 de septiembre,

3.- Se da cuenta de expediente de Licencia de Primera Ocupación de la construcción de 15 viviendas en Urb. Cotobro, vial nº 98 del PGOU 97, a instancias de Alterna, Alternativas Empresariales y Comerciales, S.L., y de escrito de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, D.G. Inspección de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda, sobre “Requerimiento ejercicio potestades disciplina urbanística”, referente a denuncia interpuesta ante el SEPRONA de Motril por D. Antonio Blanco Cabrerizo, relativo a ciertas irregularidades urbanísticas en la construcción en suelo Urbano de 15 viviendas unifamiliares en la zona conocida como Cotobro, e indicando las potestades de disciplina urbanística que pudieran corresponder a este Ayuntamiento en relación con tales hechos. La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes, acordó solicitar informe a la Asesoría Jurídica, D. Antonio Tastet.

 

Doble Cote: Otra ilegalidad urbanística de difícil arreglo

Se ha permitido una construcción irregular, otra más. Hay una sentencia que dice que hay que proceder a la demolición de lo construido irregularmente. Y el ayuntamiento da vueltas y vueltas, quiza porque como ellos mismos dicen, en ocasiones, al llegar las sentencias tan tarde, es peor el remedio que la enfermedad. El acta de la Junta de Gobierno del 8 de septiembre da a entender que no saben qué hacer con el marrón y prefieren pasar el tiempo de informe en informe.

   1.- Se da cuenta de informe del Arquitecto Municipal, referente al interesado por la Asesoría Jurídica sobre la forma de cumplir la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada, emitida en el recurso de apelación núm. 0509/2001 dimanante del procedimiento ordinario núm. 2/1998, seguido ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo núm. uno de Granada, y haciendo referencia a los expedientes de disciplina urbanística iniciados a Doble Cote, S.L., por la Oficina Municipal de Urbanismo, núms. 16X/08, 17X/08, 18X/08 y 19X/08, entendiendo que con dicha apertura y tramitación se está dando cumplimiento a la citada Sentencia.

   Que para el establecimiento de la legalidad urbanística, entendiendo por esta la que se señala en el Fundamento de Derecho Undécimo de la repetida Sentencia, habrá que eliminar todas aquellos semisótanos que no guarden la separación de tres metros a vía pública y/o superen -la cara superior de su forjado de techo- la altura de 1,70 metros desde la rasante de la acera.

   Que al tratarse de un conjunto constructivo, la eliminación de los semisótanos –con el alcance señalado en la Sentencia- afectará a la seguridad estructural de dicho conjunto, pudiendo suponer la emanación de partes de la edificación que sí respetan el planeamiento que les afecta, por lo que, entiende, procede dirigir escrito a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada al objeto de que se aclare el procedimiento a seguir en este supuesto y ello por lo que de desproporcionado puede suponer esta situación que en ningún momento ha sido puesta de manifiesto por el Arquitecto Perito de dicho procedimiento y por lo tanto no ha podido ser atendido con anterioridad.

   La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes, acordó se traslade este informe a la Asesoría Jurídica.

 

Los políticos vuelven a sus despachos... y a los juzgados

Los políticos vuelven a sus despachos... y a los juzgados
Granada Hoy
Guillermo Ortega
Hace ya bastantes años que se emopezó a hablar de la judicialización de la vida política, cuando quienes están en la cosa pública empezaron a llevar -o a verse llevados- a los juzgados, las más de las veces por presuntos delitos relacionados con sus cargos, como los cohechos, las prevaricaciones o las injurias. Aunque en realidad lo de insultar no forme parte de sus atribuciones, es de lo más habitual.

Ver a políticos en el banquillo o declarando ante un juez ya no constituye novedad. Sin embargo, esas comparecencias siguen levantando expectación. En Granada, los casos más significativos han llegado a las portadas. Y este nuevo curso político no va a estar falto de noticias que relacionan a políticos y juzgados, porque hay muchos casos pendientes.

Uno de los que más revuelo armó fue el del ex diputado nacional del PP José Luis del Ojo, imputado por una presunta prevaricación administrativa en la adjudicación del pabellón polideportivo y la Casa de la Cultura de Ogíjares, donde fue concejal de Urbanismo. Del Ojo acudirá a declarar el próximo día 24 al juzgado de Instrucción número 5.

También por prevaricación está imputado su compañero de partido Ignacio Fernández, alcalde de Otura. La Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo entiende que él y otros cuatro concejales pudieron delinquir al recepcionar obras y licencias de primera ocupación para una urbanización de 50 viviendas sobre la que los técnicos habían informado negativamente en varias ocasiones.

La mencionada Fiscalía de Medio Ambiente también aprecia indicios de delito en la actuación de otro alcalde, pero en este caso del PSOE. Se trata de Víctor Sánchez, regidor de Atarfe y para el que ir a un juzgado tampoco será novedoso: hace poco menos de un año fue absuelto por otro asunto medioambiental, en Raja Santa.

Ahora, la acusación asegura que Sánchez se desentendió del mantenimiento de una depuradora a la que se vertieron de forma incontrolada las aguas residuales de una urbanización y, supuestamente por decisión del alcalde, también de un colegio. El colector terminó por colapsarse y el agua llegó al embalse del río Cubillas.

En cuanto al caso Nevada, seguirá dando que hablar, aunque las últimas noticias no han girado en torno a la posible responsabilidad de los dirigentes de Armilla -gobernada por el PSOE- en la construcción del edificio ahora paralizado, sino sobre el informe patrimonial de los imputados, entre ellos el ahora director de Fermasa, José Antonio Morales, y Gabriel Cañavate. Ese informe, que habría podido determinar un enriquecimiento ilícito, fue rechazado por la Audiencia porque el juez del caso lo recepcionó "de forma ilícita".

Llegados a Granada, hay dos casos que siguen su curso judicial. Uno relaciona a la portavoz provincial del PP, Eva Martín, con el ex jefe superior de la Policía de Andalucía Oriental, Luis de Haro-Rossi. La Audiencia ve indicios de injurias y calumnias en unas declaraciones en las que le acusó de utilizar "una doble vara de medir" en las investigaciones, en función de si los casos se producían en un ayuntamiento gobernado por socialistas o por el PP.

El otro enfrenta a dos diputados provinciales del PP, José Antonio Robles y Antonio Granados, con la ex consejera de Justicia María José López y la eurodiputada Francisca Pleguezuelos, ambas del PSOE. A la primera, Robles la acusó de haberle puesto precio a una vivienda de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Granada (Emuvyssa) cuando era consejera delegada. Una y otra, además, se sintieron injuriadas cuando los diputados hablaron en una rueda de prensa de que podrían haberse beneficiado de sus cargos para acceder "a pisos bien situados y áticos" de una promoción de Emuvyssa.

A ellos se suma el caso del ex gerente de Urbanismo Manuel Lorente, denunciado por la Fiscalía por un presunto cohecho, traducido en que habría beneficiado al promotor urbanístico José Julián Romero. Los dos ya declararon, al igual que el presidente del Granada 74, Carlos Marsá.

Por lo demás, no se puede hablar de relación entre juzgados y alcaldes sin mencionar al de Almuñécar, Juan Carlos Benavides, que dirige un Ayuntamiento que gasta más en abogados que en limpieza. Son tres los convenios urbanísticos que los jueces han dejado sin validez y hay una sentencia del TSJA que le obliga a tirar parte de la urbanización Marina del Este por exceso de edificación. Pese a estar en un sinfín de causas, sigue en su puesto.

Las amenazas y mentiras de Benavides frente a la sensatez de la oposición

Las amenazas y mentiras de Benavides frente a la sensatez de la oposición

El señor que dijo que muchos trabajadores del Mirlo eran un cáncer que había que extirpar no ha logrado convencer a ningún grupo de que lo mejor para el pueblo y para los trabajadores es cargarse a la empresa de limpieza. El señor que ahora trata de indignos e inmorales a los dueños de la empresa y que se niega a recibirlos es el mismo que hace un año decía que los trabajadores eran los culpables de todo y que la gestión de la empresa era intachable. Por ahora, Benavides no ha conseguido su objetivo: cargarse a la empresa para que en su lugar venga otra que sea más dócil y/o que tenga más dinero para aguantar meses o años sin cobrar.

El alcalde no quiere reconocer que la responsabilidad de que el pueblo esté sucio es de él mismo. Fermín le ha dicho que si quiere rescatar el servicio, adelante, que pase a los cien trabajadores a la plantilla del ayuntamiento y tendrá el voto de IU. Pero no es eso lo que quiere el cacique. Quiere una empresa sumisa que, para empezar, suelte para el periódico Costa Tropical la misma cantidad que soltaba el anterior dueño del Mirlo.

A partir de hoy mismo, ya sabemos lo que va a pasar. Este individuo, que no sabe perder y que desconoce el significado de palabras tales como democracia, mayoría o consenso, apretará aún más las clavijas a la empresa con el único objetivo de asfixiarla y obligarla a que sea la propia empresa la que se retire y pida la ánulación del contrato. Ese es el objetivo inmediato de Benavides. No había más que oírle en el Pleno o verle la cara de soberbia y de rabia para saber cuales son sus primeros pasos.

Antes, tendrá que preparar la maleta para el nuevo viaje que se han montado a Alemania. Comer salchichas y beber cerveza. Y después, a seguir golpeando. Que para eso cuenta con una plantilla magnífica de personajes que están dispuestos a firmar los informes que sean necesarios para demostrar lo que ya sabemos todos que se quiere demostrar.

Acuerdo en El Mirlo. Benavides sigue empeñado en extirpar dos cánceres: los trabajadores díscolos y el empresario que no traga

La empresa, a pesar de que el ayuntamiento sigue sin pagar, se ha comprometido a pagar a los trabajadores las nóminas atrasadas, así como 900 euros que les adeuda por aplicación del convenio. Este compromiso, logrado el miércoles 10 de septiembre en el SERCLA, ha motivado la suspensión temporal de la huelga.

Los trabajadores están satisfechos y esperan que la empresa cumpla sus compromisos. En caso contrario, irían a la huelga a finales de septiembre.

El alcalde sigue empeñado en quitar la concesión al Mirlo y lleva al Pleno del Viernes su propuesta de rescatar la concesión. Si consigue algún voto despistado o interesado, Benavides habrá conseguido su objetivo, el que se marcó hace un año cuando decidió dos cosas: una, acabar con esos trabajadores a los que llamó cáncer, y a los que hoy se dirige en términos elogiosos con la misma ternura con que la cobra hipnotiza a sus víctimas antes de asesinarlos; el otro objetivo marcado hace ya un año era el de darle la concesión a otra empresa que acepte todas las peticiones del cacique.

Recordemos que uno de los hechos que coincidió con el inicio de esta guerra fue el impago por parte de la empresa de unas cantidades que la anterior empresa pagaba como gastos de publicidad en medios de comunicación locales, es decir, la tele y el periódico del partido del alcalde. 2.684€ cada año es una cifra ridícula, en  nuestra opinión, para un partido que maneja dinero a espuertas, pero a Benavides no le gusta que le toquen ni una peseta, así que no le ha gustado que esta empresa se haya pasado por el forro el pago de esos euritos que venían llegando puntuales cada año para ayudar a financiar el periódico y la tele.

Y esta fue la postura de IU cuando terminó el conflicto el año pasado

IU felicita a los trabajadores de la limpieza y a los vecinos de Almuñécar

IU felicita a los trabajadores de la limpieza por su capacidad de sacrificio, la unidad que han demostrado en este conflicto y su resistencia ante las presiones recibidas. Igualmente, IU felicita a los vecinos de Almuñécar y visitantes porque el conflicto ha terminado y por fin podremos ver nuestra bella ciudad limpia.

IU critica la actitud irresponsable del alcalde que ha permitido que el pueblo se llene de basura sin haber mantenido ni una sola reunión con los trabajadores y la empresa. Ayer mismo, cuando se llegó al acuerdo que ponía fin a la huelga, no asistió a la reunión en el SERCLA ningún representante del ayuntamiento a pesar de estar invitados. Tenemos que insistir en que el alcalde es el responsable de que funcionen los servicios municipales, y éste es un servicio municipal. No conocemos ningún alcalde que haya tenido una huelga de limpieza y que no haya intentado reunir a las parte implicadas para tratar de alcanzar un acuerdo. 

IU censura las palabras que el alcalde ha dirigido a los representantes legales de los trabajadores calificándolos de ‘cáncer que hay que extirpar’. Es una vergüenza que una persona que nos representa a todos los almuñequeros hable así de vecinos suyos, trabajadores honrados que apenas alcanzan con su sueldo para sacar adelante a su familia y que cobran en un mes lo que el señor alcalde se gasta en un día de vacaciones. El alcalde debería pedir perdón a todos los trabajadores almuñequeros pues sus palabras, sin duda poco meditadas, son un insulto para todos los que sacamos adelante este pueblo con nuestro esfuerzo. 

El acuerdo alcanzado pone de manifiesto que no hay tal cáncer y que lo que pedían los trabajadores era justo. El acuerdo dice que se contemplará la aplicación del convenio colectivo desde enero de 2008 , lo que indica que, tal y como los trabajadores afirmaban, no se estaba aplicando el convenio. La aplicación del convenio provincial, en el que sí están incluidos los pluses de nocturnidad, toxicidad y penosidad, a pesar de las mentiras divulgadas en estos días por quienes han estado más interesados en desprestigiar a los trabajadores que en resolver el conflicto, supondrá que la mayoría de la plantilla pasará de ganar 900 euros mensuales a 1.300, lo que pone de manifiesto que era verdad cuando los trabajdores decían que eran pocas las nóminas que llegaban a los mil euros. 

El acuerdo alcanzado dice que los trabajadores que conforman la plantilla a 3 de agosto de 2007 y que durante 2006 y 2007 hayan estado ejerciendo su trabajo en el turno de noche recibiran en concepto de atraso, una subida lineal en los pluses de nocturnidad, toxicidad, peligrosidad y actualizaciones del convenio, valorado en la cantidad de 6.689 euros. Los que han desarrollado su labor en el turno de día pero durante los mismos periodos, recibirán 4.304 euros, al no incluir el plus de nocturnidad. Por tanto, era cierto lo que decían los trabajadores, que la empresa les debía seis mil € por persona en concepto de atrasos.

La empresa se ha comprometido a hacer fijos a los trabajadores que acrediten una antiguedad de mas de dos años en temporalidad, lo que indica que había un incumplimiento de la ley pues ningún trabajador puede estar más de dos años con contratos temporales.  

Los trabajadores han cedido bastante respecto a sus peticiones iniciales y han demostrado voluntad de llegar a un acuerdo. Es por eso que han rebajado la cantidad real que se les debe de atrasos y han aceptado que estos atrasos se paguen poco a poco de aquí a agosto de 2008. Esa voluntad y esa flexibilidad es la que tenemos que valorar y agradecer los almuñequeros. Tiene mucho mérito que un trabajador que vive con un sueldo por debajo de los mil € acepte retrasar un año el cobro de esos atrasos que, en justicia, le pertenecen y que les hacen mucha falta para sacar adelante a su familia y montar a sus niños en los columpios. 

Los trabajadores han demostrado una altura de miras, un espíritu de sacrificio y una generosidad que para si quisiera el alcalde que tan mal ha actuado en este conflicto y que tantos perjuicios está causando al municipio con una actitud irresponsable y unas decisiones insensatas.  

IU pide al alcalde que compense a los feriantes por los problemas tan serios que su decisión les ha causado. 

Por último, IU pide a los almuñequeros que vayamos a esta feria, que nunca debió suspenderse, a disfrutar y a mirar al futuro con optimismo celebrando que tenemos un pueblo limpio, unas familias con una situación económica un poco mejor que hace una semana y un sector turístico que saldrá adelante por muchos obstáculos y trabas que le ponga un alcalde insensato.

Hace un año, Benavides ya dejó claras sus ideas y sus intenciones

Hace un año, el alcalde viajero dijo dos cosas importantes: la primera, que tenía intención de rescatar el servicio; la segunda, que tenía ganas de quitarse del medio a todos aquellos trabajadores que tuviesen la fea costumbre de pelear por sus derechos. A los trabajadores combativos los llamó cáncer. Y algunos de ellos hoy están en el paro gracias a las presiones de Benavides. En su nuevo reto de ahora, el alcalde viajero quiere quitarse del medio a la empresa para que otro empresario más 'enrollao' lleve el tema. Sin lugar a dudas, otros trabajadores irán al paro una vez que un nuevo empresario más obediente a las consignas de Benavides coja las riendas.

Esto es lo que decía la prensa hace un año. Conviene no olvidarlo:

Granada 08-08-2007

Benavides anuncia que rescatará la concesión de 'El Mirlo' y despedirá a los empleados si la huelga no concluye

El alcalde de Almuñécar (Granada), Juan Carlos Benavides (CA), amenazó hoy con rescatar el servicio de limpieza con la rescisión del contrato a la empresa 'El Mirlo' y despedir a todos los trabajadores que secundan la huelga en el municipio, en el caso de no resolverse el conflicto.


Así lo afirmó hoy en una rueda de prensa en la que acusó al comité de empresa de ser un 'cáncer a extirpar' para Almuñécar, ya que, según indicó, 'dio instrucciones' a los trabajadores para que los servicios mínimos no recogieran anoche 'ni el diez por ciento de lo que se recoge en un día normal' de verano.

Benavides reiteró la decisión del Ayuntamiento de suspender las fiestas patronales y afirmó que los técnicos ya están desmantelando el ferial. Para el primer edil hubiera sido 'frívolo' aceptar las condiciones de los trabajadores al respecto --que se comprometieron a retirar la basura del recinto ferial-- ya que la imagen seguiría siendo la misma 'desagradable' en las puertas de hoteles y restaurantes.

El primer edil sexitano afirmó no 'entender' cómo los trabajadores quieren un cambio en el convenio colectivo 'que se aprobó hace un año' (FALSEDAD DE BENAVIDES) y señaló que el Ayuntamiento tiene la 'constancia' de que la empresa 'está cumpliendo con todas sus obligaciones contractuales'.

Asimismo lamentó que los trabajadores no hayan acudido al Juzgado de lo Social (MENTIRA) para resolver su conflicto antes de generar una huelga 'salvaje y frívola que causa molestias y desagrado a las más de cien mil personas que habitan o visitan el municipio.

Benavides manipula las cuentas de la limpieza

Benavides manipula las cuentas de la limpieza

Las recientes declaraciones de Benavides acerca de las deudas que el ayuntamiento mantiene con la empresa concesionaria de la recogida de basura representan una manipulación descarada de los datos en un torpe intento de engañar a la opinión pública. Benavides habla de dos cuestiones distintas. En una habla de datos antiguos, y en la otra, miente descaradamente con una cara dura impropia de un gobernante.

Dice Benavides en primer lugar que los servicios técnicos valoraron en 1.047,443€ la deuda del ayuntamiento con la empresa. Ese es un dato cierto, como cierto es que esa cuantía aún está en litigio entre la empresa y el ayuntamiento.

Dice Benavides que el 14 de marzo de 2007, los servicios económicos pagaron a la empresa 449.797€, la mitad de la deuda, y que el resto ya habían acordado el 21 de agosto de 2006 compensarlo reduciendo servicios. Esto también es cierto, así que ya sabemos que desde hace dos años en el pueblo hay menos empleados que antes porque así lo decidió el alcalde para tener que pagar menos a la empresa.

Y a partir de ahí, el resto de las declaraciones de Benavides son mentiras y medias verdades

Dice Benavides que "Es radicalmente falso que el ayuntamiento no esté cumpliendo con sus obligaciones con la empresa y que no haya abonado los atrasos del convenio para restablecer el equilibrio económico financiero". Pues sólo podemos decir que Benavides miente más que habla. El 22 de noviembre de 2007, hace ya casi diez meses, el Pleno aprobó crear la tasa de basura separándola del IBI, con una subida que suponía el 28% respecto a la situación anterior. El único argumento esgrimido en aquella ocasión por el PP y Convergencia era que de algún lado había que sacar el dinero para pagar la subida pactada en el convenio provincial. Después de esa subida brutal, el alcalde tenía que haber llevado a Pleno la propuesta de reconocer el desequilibrio financiero de la concesión y, en consecuencia, pagarle a la empresa que recoge la basura ese dinero de más que nos está cobrando el ayuntamiento y cuyo único fin era permitir que la empresa cumpliera el convenio.

Desde aquel 22 de noviembre hasta la fecha, el alcalde no ha llevado a Pleno esa propuesta de reconocimiento del desequilibrio económico de la concesión y, por tanto, la empresa sigue cobrando lo mismo que antes de subirnos la basura a todos los ciudadanos un 28%. Esa y no otra es la realidad. El PP lo sabe perfectamente porque ha pedido varias veces en pleno y en comunicados de prensa que se reconozca el desequilibrio económico. En consecuencia, esperamos que el PP vote en contra de esta propuesta de Benavides.

Benavides quiere quitar la limpieza a la empresa actual porque pretende tener controlado el tejido empresarial de este pueblo. Por eso lleva un año imponiendo multas a la empresa en la busca de un pretexto que esgrimir como causa de la rescisión del contrato. Es así de sencillo, y cuando una empresa no se pone a sus órdenes, hace todo lo que puede para hundirla. Lo saben todos los empresarios de este pueblo, y esa es la causa del miedo tan extendido entre los comerciantes para hablar claro y protestar ante las injusticias.

Paralelamente, en las multas y en los impagos de todo tipo, Benavides está encontrando la fórmula para ir sorteando la tremenda crisis financiera en que ha sumido al ayuntamiento. Ese es el trasfondo de su actitud en los casos del acuario, de la empresa de recaudación o de la empresa de limpiezas.

Por eso, desde IU tenemos muy claro que todo esto es una maniobra preparada para dar la concesión de la limpieza a otra empresa de la que en breve sabremos su nombre y sus relaciones políticas con personas influyentes. Y por eso, con la misma facilidad con que antes decía que tenía que echar de la empresa a ciertos trabajadores que eran un cáncer para la misma, ahora se dedica a hablar de la nefasta gestión empresarial de esta empresa a cuyos responsables  acusa de incapacidad, ineficacia y desfachatez, llegando en el colmo de la desmesura a calificarlos de insolventes morales. Es impropio de un alcalde ese estilo tan barriobajero.

En IU estamos convencidos de que todos esos calificativos que adjudica el alcalde a los responsables de la empresa estarían perfectamente adjudicados a un señor que cobra un sueldo de escándalo, se pasa la mitad de los días de vacaciones y, en lugar de resolver los problemas del municipio, se dedica a insultar y a descalificar a diestra y siniestra.

Izquierda Unida exige la adjudicación inmediata de las 14 viviendas de VPO de Citalsol

Izquierda Unida exige la adjudicación inmediata de las 14 viviendas de VPO de Citalsol

Desde hace varios meses, las catorce viviendas de protección oficial de Citalsol, construidas junto al polígono industrial, están terminadas y cerradas sin que el ayuntamiento las adjudique. Es una lástima que habiendo cientos de personas que necesitan una vivienda de ese tipo, permanezcan cerradas.

 

 

La dilación en adjudicar estas viviendas tiene su origen en un intento de los propietarios para conseguir, con la complicidad del ayuntamiento, quitarles a las viviendas el calificativo de vpo y así poder venderlas como libres. El tema llegó a estar casi listo porque incluso se estudió en comisión para ir a Pleno, pero a última hora, Benavides decidió sacarlo del orden del día porque encontraría algún problema que desconocemos.

La excusa que utiliza el arquitecto municipal es que ha habido un error en el expediente y que, en realidad, nunca debió poner vpo en los documentos. Esta afirmación de Passolas es sorprendente. Desde el principio, en todos los documentos e informes se establece con claridad que allí se van a construir viviendas de protección oficial. No se trata de un error aislado sino de un dato repetido en todos y cada uno de los documentos: informe de Contratación, informe de Urbanismo, acta del Pleno de aprobación del Pliego de cláusulas, acta del pleno de adjudicación de la parcela, escrito de la empresa pidiendo licencia de obras, acta de la Junta de Gobierno concediendo licencia de obras...

Hay que tener mucha cara y pocos escrúpulos para decir que eso es un error. Estamos hablando de un auténtico pelotazo porque en el informe del señor Passolas, fechado el 16 de julio de 2004, se dice textualmente que Las viviendas a construir sobre las parcelas de las que se trata serán necesariamente acogidas a cualquier régimen de protección oficial de los existentes siendo su precio máximo de venta el correspondiente al módulo oficial vigente para dicha protección oficial, de ahí que los valores de estas fincas contemplen esta situación y condiciones’.

El señor Passolas, en su informe, habla siempre, y sin ninguna ambigüedad, de protección oficial. El mismo título del informe es elocuente: Informe que se emite en relación con la valoración económica de las parcelas en Citalsol al objeto de que sobre las mismas se desarrollen actuaciones de construcción de viviendas de protección oficial’.

Passolas justifica el bajo precio de las parcelas ’Considerando las circunstancias especialísimas del destino de esta finca -construcción de viviendas acogidas a régimen de protección oficial-...’  En base a esos informes, el Pleno del 15 de noviembre de 2004 adjudica a Comarex las parcelas (que miden un total de 2.528 m2) por un precio ridículo: 34.858 €. más los gastos de urbanización.

La misma empresa, después de haber conocido los informes y los acuerdos del Pleno, pide licencia para construir viviendas de protección oficial. Entonces, cómo se puede argumentar que hay un error. Lo que hay es un auténtico escándalo que comienza el 27 de julio de 2007, tres años después de comenzar el proceso. Ese día, Comarex presenta un escrito diciendo: ’existe indefinición en el contrato acerca del régimen al que deben acogerse las viviendas a construir en dichas parcelas... solicito a ese organismo se sirva concretar y aclarar este último punto’.

En esa fecha, las viviendas están ya prácticamente terminadas, por lo que sorprende que sea ahora cuando se dan cuenta de esa supuesta indefinición. Pero en todos los documentos: informes, actas y contrato se escribe y se firma textualmente VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL.

Con posterioridad a ese escrito, se suceden en cascada, con una celeridad inusitada, los informes técnicos y los acuerdos de la Junta de Gobierno tendentes a ir dando la vuelta a la tortilla para permitir pasar de VPO a lo que ellos llaman protección pública, pero no necesariamente protección oficial.

De este modo, el 29 de octubre de 2007, la JGL acuerda que ’el régimen de la protección al que se acogen las viviendas en parcelas en ’Citalsol’ es el de protección pública sin necesidad de que sea de Protección Oficial ’.

El 29 de noviembre hay un escrito de Comarex en el que argumenta que:

A consecuencia del acuerdo adoptado por la JGL de 29-10-07, se ha de modificar el acuerdo de concesión de la licencia de obras en los siguientes términos: “Comarex solicita licencia de obras para el Proyecto de construcción de 14 viviendas y garajes en Urb. Citalsol...”.  

Pero Comarex se lo piensa mejor y va más allá. Así, el 6 de febrero de 2008, hay un nuevo escrito de la empresa en el que ponen 2007 en vez de 2008 (esto sí parece ser un error). El escrito ya no se anda por las ramas: ’se insta a ese Ayuntamiento a rectificar el error material existente en el Contrato... eliminando cualquier referencia a régimen de protección oficial’.

A la vista de esta maniobra, IU presentó una denuncia ante la Fiscalía del TSJA pidiendo que no se autorice este cambio y que sea sancionado el arquitecto municipal. El escrito de denuncia presentado en Fiscalía dice textualmente que .

La concatenación de escritos de la empresa, informes y acuerdos de la Junta de Gobierno tiene toda la impresión de formar parte de una operación bien orquestada para alterar un acuerdo tomado en 2004. La alteración del acuerdo supondría, además de una burla a la legalidad, un perjuicio evidente para los ciudadanos de Almuñécar y un beneficio espectacular para la empresa promotora de las viviendas al alterarse el precio de las mismas de manera significativa.

Entendemos que los hechos denunciados pueden ser tipificados como delitos previstos en el Código Penal, especialmente el de maquinación para alterar el precio de las cosas.

Consideramos especialmente grave la actuación del arquitecto municipal que aún continúa ejerciendo como tal a pesar de haber sido inhabilitado por el Colegio Profesional de Arquitectos. Sus informes contradictorios parecen hechos por encargo, cuestión esta que debería investigarse de manera especial a nuestro juicio.

En espera de que la Fiscalía evite este robo al pueblo de Almuñécar, IU va a seguir luchando para que las viviendas sean adjudicadas a los almuñequeros que las necesiten de acuerdo a lo que se aprobó en su día: Viviendas de protección oficial siendo su precio máximo de venta el correspondiente al módulo oficial vigente para dicha protección oficial.

El ayuntamiento enviará a Medio Ambiente el mismo PGOU que ya ha sido devuelto: IU considera ese gesto una tomadura de pelo

 El 16 de octubre de 2006 terminó el ayuntamiento de enviar a Medio Ambiente los documentos del PGOU. Tres meses después, el 16 de enero de 2007, el ayuntamiento hizo la aprobación provisional del PGOU sin que hubiese llegado aún el informe vinculante que tenía que hacer Medio Ambiente al documento inicial. Este informe, que se llama Declaración previa de Impacto Ambiental llega al ayuntamiento un mes después, el 14 de febrero.

 

Lógicamente, el documento provisional se hizo sin tener en cuenta el informe de Medio Ambiente, y por este motivo, Medio Ambiente, nada más recibir el nuevo PGOU, se lo devolvió al ayuntamiento. No podemos olvidar que el informe de Medio Ambiente es vinculante y en él se indicaban una cantidad enorme de fallos, incongruencias y problemas de todo tipo que debían ser subsanados cuando se hiciera la aprobación provisional.

 

Así, en esta Declaración Previa de Impacto Ambiental, se dice textualmente: Se determina como NO VIABLE el Plan hasta que no quede acreditado documentalmente el cumplimiento de las especificaciones indicadas en el condicionado de esta Declaración Previa, que deberán recogerse convenientemente en el documento de Aprobación provisional.

 

Está claro, y así lo recoge la legislación, que esta declaración previa se hace para que se corrijan en el PGOU aquellos planos, ordenanzas o normas que, a juicio de Medio Ambiente, no son correctos. Una vez hecha la introducción de esta Declaración Previa viene un amplio apartado que se titula Condicionado, y que como su nombre ya indica, expresa las condiciones que habrá de cumplir el PGOU para darle el visto bueno. El documento dice textualmente: Las determinaciones que se establecen en los apartados siguientes habrán de ser integradas y desarrolladas en el documento de aprobación provisional.

 

En opinión de IU, no hay lugar a dudas: el ayuntamiento tiene que coger el documento del PGOU y modificar todos aquellos extremos que indica Medio Ambiente, corrigiendo los errores detectados, modificando las ordenanzas en aquellos puntos que se ha indicado y haciendo una nueva planificación que respete las indicaciones hechas por Medio Ambiente.

 

Pero no es sólo nuestra opinión ni la de cualquiera que sepa leer. El último párrafo de la Declaración no deja lugar a dudas: El documento de Aprobación Provisional se acompañará de una certificación del arquitecto redactor del proyecto en la que se acredite que en dicho documento de aprobación provisional se han integrado las condiciones establecidas en la presente Declaración, indicándose pormenorizadamente la localización en el documento de las condiciones integradas.

 

Sin embargo, en IU nos hemos quedado sorprendidos cuando hemos podido comprobar en la Comisión de Urbanismo celebrada el jueves, 7 de agosto, que la intención del equipo de gobierno es volver a enviar a Medio Ambiente el mismo documento de aprobación provisional que ya fue devuelto, eso sí,  adjuntándole la Declaración Previa de Impacto Ambiental. Es surrealista, es una patraña, es una tomadura de pelo, o es simplemente una falta total de voluntad para salir del atasco y conseguir que se apruebe un nuevo Plan de Urbanismo.

 

A juicio de IU, resulta patético que se pretenda resolver el problema reenviando el mismo documento que ya nos fue devuelto y adjuntándole una Declaración Previa de Impacto Ambiental que fue elaborada por Medio Ambiente. ¿Para qué querrá Medio Ambiente que le enviemos un informe hecho por ellos?

 

Es como si un particular pide permiso de obras para un bloque de cinco pisos, en el ayuntamiento le responden con un escrito en el que se dice que sólo se pueden hacer tres pisos, que tiene que corregir el proyecto, y el buen señor, en lugar de corregir el proyecto, va la semana siguiente y presenta en el registro el mismo proyecto con los cinco pisos y el escrito del ayuntamiento diciéndole que sólo pueden ser tres. Algo así es lo que pretende el equipo de gobierno que aprobemos en el Pleno del lunes 11 de agosto.

 

En opinión de IU, la Declaración Previa de Impacto Ambiental enviada al ayuntamiento por Medio Ambiente no tiene desperdicio. Es un extenso documento en el que se relatan cientos de errores, incumplimientos de normativas diversas y contradicciones entre unos planos y otros. Sorprende que haya tantos errores en el PGOU cuando están trabajando en él desde junio de 2003. Es tiempo más que suficiente para que Almuñécar tuviese un documento correcto en el que al menos, no hubiese errores y contradicciones por todos sitios. El informe de Medio Ambiente deja en muy mal lugar a los políticos que han aprobado el PGOU, pero deja especialmente mal a los técnicos que han introducido tantos errores materiales. 

 

En el apartado de Cartografía, Medio Ambiente señala que hay numerosas contradicciones entre unos planos y otros. Por citar un ejemplo, se dice respecto al Plano 2, Estructura General y Orgánica, Zonas Verdes: Deberá de distinguirse entre las zonas verdes ya existentes y las zonas verdes propuestas, y solventarse la contradicción existente con la cartografía de Calificación y Ordenación Física (ejemplo, el Suelo Urbano No Consolidado, AR-24, se califica como Uso Residencial y de Espacios Libres en las Fichas Urbanísticas, mientras que en el Plano 2 se califica enteramente como Zona Verde). Es sólo un ejemplo de los muchos que se podrían poner.

 

Respecto al modo en que no se respeta en el PGOU el Dominio Público Terrestre, es decir, los terrenos sobre los que manda Costas, el documento señala múltiples cuestiones que tienen que cambiarse. Así, al hablar de las líneas de deslinde y servidumbre representadas en los planos, se dice que existen tramos en los que no figura completo su trazado (hojas 7.39, 7.42, 7.47 y 7.49), otros presentan desajustes respecto al perfil de costa reflejado en los planos (plano 7.46).

En numerosas zonas se califica indebidamente el dominio público marítimo-terrestre como zona verde y con zonas de ordenanza de uso residencial y hotelero, lo que deberá reconsiderarse realizando las oportunas correcciones en el documento. como sucede, entre otras, con las calificaciones de “Residencial Unifamiliar Aislada”, incluidas en las hojas 36, 40, 42, 47 y 52.

La ordenación propuesta asigna calificaciones en la franja de servidumbre de protección, cuyo uso (generalmente residencial u hotelero) es incompatible con la Ley de Costas.

En cuanto a las propuestas correspondientes a un nuevo puerto y la conexión con el mar de una marina interior que se localizan muy próximas entre sí en el tramo costero correspondiente a la Playa de China Gorda - Playa de San Cristóbal, se considera su emplazamiento inadecuado por la incidencia negativa en el dominio público, ya que estas actuaciones producirían la desestabilización de las playas y la eliminación del único aporte natural de áridos existente en la zona.

Será preciso establecer el área de protección de la ribera del mar de 500 metros, en las zonas donde aún sea posible.

 

Respecto a la clasificación de suelo, Medio Ambiente ha detectado decenas de errores e ilegalidades que hay que subsanar. Uno de los asuntos más importantes es por qué se incluyen como suelo urbano una cantidad importante de terrenos que antes eran suelo no urbanizable y que, lógicamente, no pueden pasar de golpe y porrazo a suelo urbano porque ello supondría el enriquecimiento ilícito de esos propietarios y la alteración total del planeamiento al margen de la legalidad. Como muestra, esta cita: Deberá justificarse la clasificación como Suelo Urbano No Consolidado de las siguientes zonas, y analizarse en el Estudio de Impacto Ambiental: A.R.-01 (una parte de la misma estaba calificado como espacios libres en el PGOU vigente), A.R-02, A.R.-03, AR-22 (constituyen nueva clasificación de suelo, ya que eran Suelo No Urbanizable en el PGOU vigente), AR-13, AR-16, AR-18, AR-19, AR-21, AR-23 (estaban calificados como espacios libres en el PGOU vigente).

Las zonas denominadas A.R. 12, A.R.20 y A.R.24 invaden el Dominio Público Marítimo-Terrestre, línea de Servidumbre de Protección, además de que estaban calificadas como zona verde en el PGOU anterior, en todo o en parte. La zona A.R.24 es forestal.

La zona denominada A.R-31 está conformado por dos áreas no contiguas. La más cercana a la Playa de Calaiza está situada completamente dentro del Dominio Público Marítimo-Terrestre, debiendo por tanto ser clasificada como Suelo No Urbanizable de Especial Protección, tal y como se recoge en el Plano de Estructura General y Orgánica del Territorio. Clasificación del Suelo.

 

En resumen, Medio Ambiente ha detectado cientos de errores, intencionados o no. Estos errores tiene que subsanarse y cuando se hayan subsanado, entonces es el momento de que este ayuntamiento envíe un nuevo documento de planeamiento.

Benavides es un cáncer para el turismo

Benavides es un cáncer para el turismo

Las últimas declaraciones del alcalde invitando a los turistas que no se sientan cómodos a elegir otros destinos son una muestra más de la deriva irracional de este señor en la última legislatura. Un pueblo que vive en su mayor parte del turismo no puede permitirse el lujo de tener un alcalde que desprecie de esa manera tan soberbia y tan grosera a las personas que, con todo derecho, critican las medidas que no les gustan.

 

Benavides no está acostumbrado a tolerar la crítica pero no debe olvidar que es el representante de todos los vecinos, de los hoteleros, de los comerciantes, de los trabajadores, de los taxistas, de todas las personas que aquí vivimos y trabajamos. Los turistas y los residentes tenemos todo el derecho del mundo a criticar aquello que no nos gusta y la obligación del alcalde es trabajar para que este pueblo sea cada vez más atractivo, tenga mejores servicios y ofrezca más posibilidades de trabajar y disfrutar.

 

Benavides es un empleado nuestro, de los vecinos de este municipio. Y cobra un sueldo espléndido por su trabajo, pero Almuñécar no es propiedad privada suya, así que no es nadie para recomendar a los turistas que se vayan a otro sitio. Si todos los partidos políticos y miles de vecinos han  mostrado su rechazo a la implantación desmedida de la zona azul, no es de recibo que la respuesta a esa queja colectiva sea un exabrupto como el que ha lanzado a los miles de turistas que vienen aquí año tras año a veranear y a disfrutar de nuestro pueblo en los fines de semana.

 

Todos los turistas, al margen de su poderío económico, han de ser tratados con deferencia y respeto por los vecinos de este pueblo, pero sobre todo, por el máximo representante, que ha perdido las formas por completo y debería pedir perdón al sector turístico por el daño que le está haciendo con su improvisación, su falta de dedicación y sus declaraciones.

 

Además, desde IU le pedimos al alcalde que ejecute las mociones aprobadas por el Pleno. En el último se aprobó por todos los grupos, con la abstención de Convergencia, que se adaptara como aparcamiento el solar de la futura plaza de toros en el P4, solar que ahora mismo está lleno de basura y presenta un lamentable aspecto como tarjeta de visita a la entrada del pueblo.

 

Por otro lado, en Almuñécar vivimos treinta mil personas que no podemos ni queremos irnos a otro pueblo. Queremos que nuestro pueblo mejore y que el alcalde dedique su tiempo a trabajar teniendo en cuenta las opiniones y las propuestas de miles de ciudadanos que consideramos un despropósito la forma en que se ha implantado la zona azul o los criterios seguidos para cobrar la basura, o el error de poner en obras a la vez las dos playas más grandes del municipio. Somos muchos quienes sostenemos esta opinión y a lo mejor no somos nosotros los que tenemos que irnos del pueblo.

La corrupción en Marbella deja un 'agujero' de 253 millones de euros

La corrupción en Marbella deja un 'agujero' de 253 millones de euros

Nada menos que 253,5 millones de euros, más de 40.000 millones de las antiguas pesetas, en tan sólo cuatro años. Ése es el agujero que dejó la corrupción en Marbella entre 2002 y 2006, de acuerdo al informe aprobado por el Tribunal de Cuentas y que fue hecho público ayer.

El órgano fiscalizador hace un dibujo desolador del Consistorio bajo los gobiernos de los entonces alcaldes Julián Muñoz y Marisol Yagüe y la sombra del todopoderoso asesor de Urbanismo por aquellos años, Juan Antonio Roca: el saqueo fue continuado, con un Ayuntamiento que pagaba sin problemas obras inexistentes, que cobraba lo que quería por las licencias o que adjudicaba a dedo los concursos. Y todo ello, sin respetar las más mínimas normas administrativas.

El tribunal fiscalizador asegura que esos más de 250 millones de euros desaparecieron en las cuentas de las 31 sociedades mercantiles creadas por el Ayuntamiento y se convirtieron en la gran herramienta de los corruptos. Un turbio entramado empresarial, se afirma en el informe fiscalizador, para crear una administración paralela sin ningún tipo de «control financiero». Nadie «exigía la justificación del empleo dado a las transferencias o las deudas asumidas» por esas empresas del consistorio.

Todo era descontrol, según el estudio del tribunal. Los responsables de esas empresas municipales no tenían problemas para pagar, sin que constara en libro de contabilidad alguno, «con talones al portador o en metálico importes elevados» a supuestos prestadores de servicios. Incluso, se agrega, «las sociedades municipales aceptaban facturas de proveedores por obras en las que no constaban presupuestos ni proyectos técnicos».

La trama tejida por los herederos políticos de Jesús Gil se encargó de que nadie fuera de sus acólitos pudiera saber lo que estaba pasando. Durante los últimos años de la corrupción en Marbella, «el Pleno del Ayuntamiento no tuvo información ni ejerció ningún control sobre la gestión económica de las actividades municipales en general y de la sociedades mercantiles en particular», apunta tajante el organismo fiscalizador. Y aunque la oposición hubiese tenido oportunidad, tampoco hubiera podido enterarse de nada. Los equipos de Muñoz y Yagüe, como sus antecesores, trabajaban sin «presupuestos específicos».

No había presupuestos, por lo que tampoco había que ajustar las cuentas. Las partidas, a través de las empresas del Ayuntamiento, salían de las arcas municipales sin fiscalización alguna. Bastaba con coger el dinero y hacer una anotación en el registro: «A justificar». El tribunal concluye que «con carácter general se utilizó el procedimiento 'a justificar' para atender todo tipo de operaciones sin que existieran condicionantes objetivos que impidiesen su tramitación ordinaria».

No se controlaban los gastos, pero, aunque sorprenda, tampoco los ingresos. En la recaudación de las tasas municipales intervenían, cómo no, las empresas ligadas al Ayuntamiento. El Tribunal de Cuentas dice haber localizado todo tipo de irregularidades en los cobros: tarifas «excesivas» por licencia de construcción, obra o apertura de establecimientos; falta de ingresos por «cánones de concesiones» y dinero desaparecido de las multas de tráfico, entre otras muchas irregularidades detectadas.

Los chanchullos también se extendían a la contratación de personal. «El Ayuntamiento contrató trabajadores fuera de la plantilla sin realizar convocatorias públicas y sin una selección objetiva con base en procedimientos formalmente instituidos», relata el tribunal. Hubo incrementos de sueldos que «contravenían el régimen de la función pública», el Ayuntamiento pagó horas extras a sus funcionarios que superaban con mucho los límites legales establecidos y los regidores pusieron sueldos a simples trabajadores de hasta 100.000 euros.

Otro agujero negro de la corrupción marbellí se abrió en las obras y en los suministros. En esa partida contable cabía todo. La comisión de gobierno municipal no tuvo empacho en aprobar «proyectos y presupuestos inexistentes».

Tampoco había, subraya el informe del Tribunal de Cuentas, «ni controles técnicos» ni «controles financieros». El Ayuntamiento de la localidad costasoleña encargó proyectos a empresas constructoras «sin acudir a ningún procedimiento objetivo de selección» e incluso, en ocasiones, dio obras a compañías con objeto social que nada tenía que ver con el trabajo que se encargaba.

El Consistorio decía 'sí' a cualquier factura que viniera de las empresas consideradas 'amigas' Se aceptaron pagos por obras o suministros «no ejecutados o por un volumen superior a lo realmente ejecutado», se facturaron trabajos con precios mucho mayores que los existentes en el mercado y se aceptaron operaciones que superaban con mucho el presupuesto inicialmente acordado.

El descontrol también se apoderó de los convenios urbanísticos. Durante los cuatro años objeto de análisis del tribunal se aprobaron en total 98 planes, con el objetivo «habitual» de «recalificar terrenos». Sólo 48 de este casi centenar de convenios urbanísticos recibieron luz verde de la comisión de gobierno.

El urbanismo en Marbella fue convertido en una cuestión privada, en un negocio. «La planificación urbanística municipal fue sustituida por la firma de convenios particulares», denuncia el Tribunal de Cuentas en su informe. Este documento, explicaron fuentes judiciales, será uno de los ejes de las acusaciones de la Fiscalía Anticorrupción en el 'caso Malaya'.

Construyen diez viviendas donde se podían construir dos

Construyen diez viviendas donde se podían construir dos

El Pleno del 3 de julio ha acordado anular una licencia de obras concedida por la Junta de Gobierno el 12 de julio de 2005. Esta anulación se produce a petición de la Junta de Andalucía, que considera la licencia contraria al PGOU de Almuñécar, y sólo ha tenido los votos a favor de Convergencia Andaluza.

 

La historia se remonta a julio de 2005 en que se concede una licencia para construir viviendas en Cerro Gordo a la promotora Estel-Sud. Un año después, el 25 de julio de 2006, la Junta de Gobierno Local aprueba la modificación del proyecto dándose permiso para construir diez viviendas en una parcela, que según la Junta de Andalucía, sólo permite construir dos.

 

Fermín Tejero explica que la intervención de la Junta se produce un año después y sólo porque una vecina denuncia las obras el 20 de marzo de 2007. Esta vecina denuncia que, además, las obras no cumplen la ordenanza residencial extensiva XIII porque, frente a los 6 metros de altura máxima se está levantando ‘un mamotreto de 15 m’. Es lamentable que tengan que ser vecinos afectados los que denuncien irregularidades urbanísticas mientras que los concejales de la oposición, aun teniendo conocimiento de situaciones ilegales, han optado en numerosas ocasiones por el silencio.

 

A raíz de esta denuncia, la Junta se dirige al ayuntamiento el 16 de abril pidiendo copia de la licencia, de los informes y del proyecto. Dado que el ayuntamiento no contesta al escrito de la Junta, esta se vuelve a dirigir al alcalde el 10 de octubre de 2007. Por fin, el 22 de octubre, el señor alcalde se digna contestar a la Junta con una respuesta sorprendente: ‘este ayuntamiento no dispone de medios técnicos suficientes para la copia de proyectos, siendo este el motivo del retraso en el envío de la documentación…en aras de la colaboración entre administraciones públicas, se remite copia de la licencia urbanística así como de los informes técnicos y jurídicos previos al otorgamiento de la misma, y el original del proyecto técnico…’.

 

Fermín Tejero denuncia esta dilación injustificada del ayuntamiento ya que esa misma respuesta y esa misma documentación se podían haber enviado siete meses antes.

 

El caso es que ahora nos encontramos con las diez viviendas ya construidas. Dado que el promotor actuó conforme a la ley y la construcción se hizo con una licencia perfectamente legal, hay dos grupos de perjudicados: de un lado, los ciudadanos que han comprado las viviendas pensando que eran legales; de otro lado, los contribuyentes, dado que si el acuerdo del Pleno sigue sus pasos legales, las viviendas tendrían que ser derribadas y los propietarios indemnizados con cargo a nuestros impuestos, no con cargo a quienes han dado lugar a este nuevo desaguisado.

 

Para el concejal de IU, es inadmisible esta forma de actuar porque no es lógico que siempre paguen los ciudadanos. Si el mismo alcalde que dio la licencia propone anularla es porque entiende que los informes de los técnicos municipales no eran correctos y esa licencia no se debio dar, en cuyo caso habría que exigir responsabilidades a los autores de esos informes. Si, por el contrario, el alcalde entiende que esos informes son correctos y que allí se podían construir diez viviendas en vez de dos, el alcalde no debería haber propuesto anular la licencia.

Condenados por impedir el inicio de las obras en un parking

Condenados por impedir el inicio de las obras en un parking

Un juzgado de Motril ha condenado a penas que suman tres años y tres meses de cárcel a tres vecinos de Almuñécar que intentaron impedir el inicio de la construcción de un aparcamiento público promovido por el Ayuntamiento, durante una concentración vecinal de oposición a la citada obra.

Los hechos tuvieron lugar al mediodía del 7 de diciembre de 2005. La sentencia del juzgado motrileño condena a los acusados (que responden a las iniciales de M.D.N.D, J.G.M.F. y R.M.M.) a diferentes penas de prisión e indemnizaciones por atentado a la autoridad, delito de lesiones, resistencia y falta de maltrato de la obra.

En el fondo de la noticia, estamos hablando de unos ciudadanos que exigían antes de comenzar el aparcamiento, unos estudios que no se habían dado a conocer, unos ciudadanos que han estado tres años puteados en sus negocios y en sus viviendas para beneficiar a un hotel al que después le han permitido vender las plazas a precio de mercado para hacer el negocio del siglo. Los delincuentes no estaban en ese juicio sentados en el banquillo.

IU asegura que hay abiertos establecimientos que no tienen licencia de apertura

IU asegura que hay abiertos establecimientos que no tienen licencia de apertura

El grupo municipal de IU denuncia que se incumple la ley de manera deliberada en el municipio.

El portavoz del grupo municipal de IU asegura que mientras a la mayoría de los comercios se les exige, como no podía ser de otra manera, el cumplimiento estricto de la normativa legal, hay otros establecimientos a los que se ampara en el incumplimiento de las normas.

En IU hemos recibido información verbal según la cual el Club Naútico carece de licencia de apertura y, sin embargo, está abierto. En la misma situación ha estado varios meses el Complejo Salud y Natura, que ha obtenido la licencia de apertura hace un mes y que fue inaugurado con asistencia del alcalde hace ya bastante tiempo. Desde su inauguración hasta hace poco, este establecimiento ha estado funcionando sin licencia de apertura.

¿Cómo es posible que el alcalde asistiera a la inauguración de un establecimiento que no tenía la licencia de apertura?

Para confirmar o desmentir estas informaciones verbales, el concejal de IU entregó un escrito en el registro del ayuntamiento el 13 de junio, pidiendo las fechas en que se han concedido las licencias de apertura de estos edificios sin que el alcalde haya respondido. Esta actitud del alcalde también va contra la legalidad ya que entre las obligaciones del máximo responsable del municipio está la de ofrecer información y transparencia a los ciudadanos y, en este caso, a sus representantes.

En el escrito de IU también se pregunta por la licencia de apertura del Hotel Best Alcázar. IU quiere saber si es cierto que una parte del hotel dispone de licencia mientras que la otra no la tiene.

Asimismo, el grupo municipal de IU pregunta, sin que se le haya respondido, en qué situación administrativa está el expediente de la gasolinera abierta en los bajos del estadio municipal, en la calle Khan Jounes.

IU critica este doble rasero del alcalde. Aplicando la ley: pequeños comerciantes de nuestro municipio son obligados a cerrar o a retrasar la apertura del negocio en tanto solucionan los problemas que detectan los servicios técnicos, mientras que en otros establecimientos se hace la vista gorda creando una situación de evidente injusticia.

Los ciudadanos tienen derecho a que el alcalde confirme o desmienta estas situaciones y, en cualquier caso, exigimos que la ley se aplique para todos los ciudadanos al margen de su posición económica o influencia política. En el caso de que se confirmarse la información que manejamos, nos encontraríamos en una clara situación de consentimiento de ilegalidades por parte del alcalde de Almuñécar.

Benavides duplica en 2007 el gasto previsto para asuntos judiciales

Benavides duplica en 2007 el gasto previsto para asuntos judiciales

En 2007, según datos del ayuntamiento, se han gastado 303.739,63€ en asistencia jurídica, duplicando el presupuesto inicial que era de 148.000€.

El presupuesto de gastos jurídicos para 2007 ya resultaba bastante más elevado que el de 2006, que era de 122.000€. Y aún así, se ha revelado como insuficiente.

La actuación temeraria e irresponsable de nuestro alcalde le está costando muy cara al contribuyente. 50 millones de las antiguas pesetas es una cantidad demasiado elevada, sobre todo si la comparamos con el gasto en limpieza de playas, que está alrededor de esa cantidad, o las retribuciones de todos los bomberos, que suman un total de 269.094€ según el presupuesto de 2007. Muy por debajo de este gasto jurídico quedan partidas de carácter social como la de Promoción de la Tercera Edad, que cuenta con un presupuesto de 127.650€ o la del Centro de Información a la Mujer, con 75.950€.

IU califica de gravemente dañina para el interés general esta actitud del alcalde de pretender actuar una y otra vez al margen de la ley, lo que da lugar a que decenas de particulares y casi todas las administraciones públicas, así como la Fiscalía, se vean obligadas a plantear continuos recursos en defensa de la legalidad.  

El ayuntamiento está utilizando los servicios de 17 despachos, entre abogados, procuradores y empresas, una cifra que no es proporcionada para un municipio que no llega a los treinta mil habitantes. La lista de servicios jurídicos que han sido contratados en 2007 es la siguiente:

·      Norberto del Saz Catalá

·      Francisco Javier Zarcos Cervilla

·      Aurora Cabrera Carrascosa

·      Servicios Jurídicos Odin

·      Manuel Prados Vázquez

·      Urbalex

·      Pons Consultores

·      Cristina Palma López

·      Alejandra Calle López

·      Miguel Bañuls Rivas

·      Antonio Tastet Díaz

·      Luis Daza Ramos

·      Nieves Echevarría Giménez

·      José Angel García Valdecasas

·      Encarnación Ceres Hidalgo

·      Antonio Sánchez Jáuregui

·      Infobide

Suspension de la licencia urbanística a Arroyo Marinos

Suspension de la licencia urbanística a Arroyo Marinos

LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO URBANISMO Y VIVIENDA, DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, SUSPENDE LA LICENCIA URBANÍSTICA DE LA URBANIZACIÓN ARROYO MARINOS

LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO URBANISMO Y VIVIENDA,  DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA,  SUSPENDE LA LICENCIA URBANÍSTICA DE LA URBANIZACIÓN ARROYO MARINOS

La licencia concedida a COREAL PROCENTRO S.L. para la construcción de 64 viviendas contraviene la normativa urbanística vigente en el municipio de Almuñécar.

El 9 de abril de 2007, Ecologistas en Acción denunció, ante la Agencia Andaluza del Agua y ante Obras públicas, que la Urbanización que estaba a punto de finalizar denominada Arroyo Marinos, se enclavaba sobre un barranco con este nombre.

El barranco ha quedado cubierto e incluido dentro de la propia urbanización como jardín, paseo y piscinas, con el consiguiente peligro en caso de lluvias torrenciales que podrían hacer reventar el cauce. Este cauce, al final de la urbanización se convierte en calle asfaltada de acceso,  cubriendo el barranco, que ve mermada su capacidad de desagüe.

La Agencia Andaluza aún no ha tenido tiempo de responder, pero sí Obras Públicas, que  requirió el 19 de mayo, al ayuntamiento de Almuñécar, información sobre el caso, que una vez estudiada ha concluido con un requerimiento de revisión de oficio de la licencia de obras y solicitado su suspensión, así como la suspensión inmediata de los actos que se estén ejecutando a su amparo.

Ahora nos encontramos, una vez más, con la política de hechos consumados, ya que el 5 de junio de 2007 la Junta Local de Gobierno de Almuñécar concedió licencia de primera ocupación.

CORPORATIVOS DE ALMUÑÉCAR DE DOS LEGISLATURAS DIFERENTES DECLARAN EN EL JUZGADO POR UN ASUNTO URBANÍSTICO

CORPORATIVOS DE ALMUÑÉCAR DE DOS LEGISLATURAS DIFERENTES DECLARAN EN EL JUZGADO POR UN ASUNTO URBANÍSTICO

El otorgamiento de licencia y aprobación en pleno de una casa en la Vega de Almuñécar en el 2003, ha llevado a que las dos corporaciones que gobernaron en el periodo comprendido entre 2002 y 2003 tengan que comparecer ante el juez desde hoy miércoles 11 de junio hasta el lunes 16.

Los ediles de los grupos municipales del Partido Popular, PSOE, PILH y Partido Andalucista que conformaron la corporación saliente de la legislatura 1999-2003 y la entrante del 2003-2007 irán compareciendo sucesivamente en el Juzgado de primera instancia e instrucción nº 2 de Almuñécar, para responder a la demanda interpuesta por el Ministerio Fiscal y la Federación Ecologistas en Acción, contra María Arellano Ruiz, Juan Carlos Benavides Yanguas, Gerardo García Villen y Jose Luis Rodríguez Pasolas, por la presunta edificación de una edificación ilegal en la Vega.

La construcción de la vivienda fue aprobada en el Pleno de 8 de octubre de 2002, durante el mandato PP-PSOE-PILH, mientras que fue la Junta de Gobierno Local del mandato del PA, la que otorgó la licencia el 25 de agosto de 2003, fue justo la primera Junta de Gobierno con Juan Carlos Benavides como alcalde en esa legislatura.

Con posterioridad, el ayuntamiento promovió la declaración de lesividad de la licencia por interés público, y en este momento se encuentra, por ese motivo, en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Granada, donde está en tramitación.