Marbellécar

El juez cita en julio a Benavides como imputado para aclarar sus bienes

El Juzgado de Instrucción 2 de Almuñécar ha citado a declarar como imputado el próximo mes de julio a Benavides, a Rafael Contreras y a las mujeres de ambos por un supuesto caso de alzamiento de bienes.

A instancias de la Fiscalía, la juez de instrucción levantó hace unos días el secreto de las actuaciones para iniciar la ronda de declaraciones a los cuatro implicados por el supuesto delito de insolvencias punibles ante la posibilidad de que acordaran una separación ficticia en el momento en el que el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Motril les condenó a pagar 3,4 millones de euros por la bancarrota de Tropical Fruits. 

La juez, en su día, solicitó una investigación a las autoridades policiales para tratar de conocer los bienes y el patrimonio de  Benavides y el secretario local de Convergencia Andaluza, Rafael Contreras, que llegaron a declararse insolventes tras iniciar un proceso de separación  supestamente ficticio. 

Se supo entonces que el alcalde sólo había hecho constar una motocicleta en la declaración de bienes que entregó en el Ayuntamiento de Almuñécar y cedía a su ex esposa, como pensión compensatoria, buena parte del sueldo como alcalde, lo que le impedía hacer frente a un embargo. La citación ahora en calidad de imputados supone un paso más en la instrucción de un caso que se remonta a 2006 y que se ha llevado con suma discreción.

En dicha decisión judicial, sin duda, han tenido que ser determinantes los resultados de la investigación patrimonial que han llevado a cabo los distintos Cuerpos de Seguridad que a lo largo de este tiempo han tratado de averiguar la existencia de posibles propiedades a nombres de terceros o en el extranjero

Vecinos denuncian a Benavides por incumplir una sentencia del TSJA

La comunidad de propietarios Marina del Este Primera Fase A interpondrá una querella por "delito de desobediencia" contra el alcalde de Almuñécar, Juan Carlos Benavides, al no haber cumplido con la sentencia del TSJA que obliga a demoler por exceso de edificabilidad parte de la urbanización El Faro, situada en el entorno del puerto deportivo de la Punta de la Mona.

Los demandantes aseguran que "ni el Ayuntamiento ha hecho el más mínimo caso al fallo y a los cuatro requerimientos que al efecto le ha remitido el juzgado, ni la sociedad promotora o su responsable máximo han dado señales de vida".

La Sala de lo Contencioso Administrativo de Granada Sección Segunda del TSJA emitió el 12 de marzo de 2007 una sentencia firme que obligaba al Ayuntamiento a demoler el exceso de edificación en el conjunto de 32 viviendas que compone la urbanización El Faro, en Marina del Este. El tribunal anulaba las licencias de obra concedidas en marzo de 1997 a la empresa Doble Cote SL por considerar que los 4.000 metros cuadrados construidos de la parcela exceden en unos 1.400 a la edificabilidad permitida en el Plan de Urbanismo, además de que la obra no respetaba el retranqueo obligatorio de tres metros.

La resolución rechazaba la actitud del Ayuntamiento al no haber dado respuesta a los escritos presentados por la comunidad de propietarios, denunciando la situación cuando las viviendas aún no estaban construidas.

Según ésta, las irregularidades se cometen desde que se concedió la licencia, pero el Consistorio hizo caso omiso y las obras siguieron adelante. Entre otras medidas, impugnó la capacidad del presidente de la comunidad para presentar la denuncia, luego argumentó que la demanda estaba fuera de plazo y finalmente invocó hasta tres razones técnicas para que no prospere. No obstante, el TSJA terminó desestimando todas las objeciones y falló en su contra.

La Fiscalía investiga un presunto delito en la modificación de la concesión de las gradas del estadio municipal y la construcción de una gasolinera debajo del mismo

La Fiscalía ha pedido al ayuntamiento de Almuñécar que le remita información diversa acerca de tres expedientes de desequilibrio económico que han sido denunciados por IU el 27 de marzo. El ayuntamiento de Almuñécar está actuando, a juicio del concejal de IU, de manera inadecuada y con grave perjuicio para el interés público en diversas contrataciones y concesiones de cierta importancia, recurriendo con excesiva frecuencia a la figura excepcional denominada ‘restablecer el desequilibrio financiero’ de una concesión o contratación.

La figura en cuestión, en opinión de Fermín Tejero, está prevista para que, en el caso de un desvío importante del presupuesto de una obra, el ayuntamiento, o cualquier administración contratante, pueda modificar al alza la partida de gasto permitiendo pagar más al contratista o concesionario por unas obras que han resultado más gravosas de lo inicialmente previsto.

Esta figura es excepcional y se aplica cuando el contratista encuentra en el desarrollo de su trabajo unos imprevistos que encarecen el gasto previsto: huelgas, restos arqueológicos, paralizaciones de obras, modificaciones del proyecto inicial a petición de la parte contratante, etc. Está claro que esta figura debe ser excepcional porque, de lo contrario, de nada servirían los concursos y subastas públicas. Bastaría con pujar temerariamente a la baja para obtener cualquier contratación o concesión y, posteriormente, modificar el presupuesto al alza, con la consiguiente burla del derecho que otras empresas tienen a concurrir.

En IU observamos que el ayuntamiento de Almuñécar está recurriendo con demasiada frecuencia a esta figura excepcional, lo que significa, en nuestra opinión, que se pueden estar produciendo diversas irregularidades y delitos tipificados: vulneración del derecho a la libre competencia, malversación de caudales públicos, perjuicio al interés general, fraude en la contratación, maquinación para alterar el precio de las cosas y prevaricación.

Por estos motivos, la asamblea local de IU acordó poner en conocimiento de la Fiscalía algunos acuerdos adoptados por el ayuntamiento de Almuñécar en relación a diversos expedientes de desequilibrio, siendo uno de ellos la concesión de gradas en el estadio municipal de deportes

Según el escrito de IU, el 15-05-07, el Pleno, en sesión extraordinaria (recordemos que las elecciones eran el 27-05-07), aprueba reconocer la existencia del desequilibrio económico financiero de la concesión para la construcción y explotación de locales en el Estadio Municipal de Deportes por importe de 891.404 euros, de acuerdo con el informe técnico emitido. Asimismo, el Pleno acordó delegar en la Junta de Gobierno Local las competencias necesarias para que se lleven a cabo las modificaciones tendentes a conseguir el citado restablecimiento económico.

La denuncia de IU califica de sorprendente este acuerdo por varios motivos:

1. La concesión se había adjudicado el 11 de abril de 2006, y, sin embargo, la licencia de obras se había pedido dos meses antes, el 6 de febrero, cuando nadie sabía que el ayuntamiento iba a construir unas segundas gradas. La licencia de obras que se concede a la Promotora Cercado de la Santa Cruz es para unas gradas y una gasolinera, pero el ayuntamiento niega, incluso a Obras Públicas, que allí se vaya a construir una gasolinera. Como muestra del estilo de los gobernantes que padecemos en Almuñécar, hasta el propio concejal de deportes, Jesús García, negaba públicamente que se fuese a instalar gasolinera alguna en las gradas del estadio. Conviene aquí recordar que la empresa promotora está inmersa en varias actuaciones judiciales por la construcción del Hotel Cortijo de Andalucía, del Residencial Salud y Natura, y de una promoción denominada ‘Vivienda Joven’ en un terreno que no es residencial

2. Tres meses después de empezar la obra, el señor Trinitario Bethoret presenta un escrito en nombre de la empresa, en el que dice que la obra está saliendo más cara de lo previsto, y que en vez de costar 721.000€, el precio se dispara por encima del millón y medio de euros.

3. Aunque el ayuntamiento tiene sus técnicos, el informe clave que da la razón a la empresa está elaborado por una persona ajena al ayuntamiento, el señor Martín Recuerda, un economista que ya ha sido encargado en varias ocasiones de asuntos similares. Recordemos que no hace mucho el ayuntamiento ha despedido a la abogada que emitía informes sobre expediente de urbanismo porque la ley exige que este tipo de informes los hagan funcionarios. Estamos ante un caso idéntico.

4. Es increíble que una obra que se ejecuta en un suelo removido hace poco tiempo, sin restos arqueológicos, sin huelgas, sin incidentes imprevistos, cueste más del doble de lo previsto.

5. Curiosamente, el Pleno acuerda dejar en manos de la Junta de Gobierno la forma en que se va a compensar a la empresa por el supuesto encarecimiento de la obra. Creemos que es la primera vez que ocurre algo similar.

6. En vez de dar dinero a la empresa, la Junta de Gobierno acuerda darle 190 m² de suelo y otros tantos de subsuelo. Y casualmente, ese suelo y subsuelo son aquellos sobre los que la empresa lleva trabajando ilegalmente varios meses. Este acuerdo es claramente ilegal porque la Junta de Gobierno no tiene competencias para ceder suelo.

7. Con posterioridad, el 26-6-07, la empresa solicita, ya sin tapujos, licencia de obras para ‘ejecución de línea subterránea de baja tensión para suministro estación de servicio/local comercial resultante de la ampliación de las gradas del Campo de Fútbol’. Por supuesto, esta licencia es concedida.

El concejal de IU confía en la acción de la Justicia y pide la mayor celeridad para evitar que una política de hechos consumados permita abrir una gasolinera en el mismo sitio que nuestros hijos hacen deporte, al lado del Centro de Salud de Almuñécar y junto al cauce de Río Verde. Igualmente, Fermín Tejero pide que se castigue a los responsables de esta operación de regalo de suelo público a promotores privados

EL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ANULA UN NUEVO CONVENIO DE GESTIÓN FIRMADO POR BENAVIDES.

El pasado 4 de abril recayó Sentencia en el Procedimiento 90/08 tramitado ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Granada, por demanda interpuesta por el Partido Popular contra un Decreto de Juan Carlos Benavides que aprobaba un Convenio Urbanístico de Gestión.

Dicho decreto, de fecha 11 de agosto de 2.005, aprobaba un Convenio de Gestión firmado el 4 de Abril de 2.004, denominado “La Mariquilla”, por el que el Ayuntamiento vendía el 10% de los aprovechamientos que le corresponderán a futuro en el Plan Parcial del mismo nombre, cobrando el 5% de ese importe por adelantado, y siempre y cuando el PGOU se aprobara con dichas determinaciones.

El Juzgado viene a dar la razón al PP, y anula el citado convenio, ya que no puede cobrarse por adelantado el dinero de un Plan General que todavía no está aprobado. El Juzgado determina que el Convenio contraviene la Ley, y lo anula.

Esta es la segunda sentencia que se dicta en pocos días y que anula otra de las ventas realizadas por Benavides a cuenta del futuro planeamiento. El Partido Popular ha impugnado ante los Tribunales 24 de estos Convenios, mientras que los particulares han impugnado 3, habiendo recaído ya Sentencia que anula el del Sector Río Seco.

La novedad en este caso es que el Juzgado determina que el PP sí está legitimado para interponer dichas demandas, ya que entiende que los actos urbanísticos son de Derecho Público, afectan a materias generales y pueden ser objeto de revisión a petición de cualquiera; además, el Juzgado recuerda que entre los fines de los Partidos Políticos está velar por la legalidad y por el interés general, y que, por tanto, procede que dichos Partidos puedan impugnar actos administrativos que afecten a una generalidad de personas.

El Portavoz del Grupo Popular, Juan Luis González Montoro ha explicado que si estas Sentencias continúan recayendo en el mismo sentido, el Ayuntamiento va a tener un gravísimo problema económico si tiene que devolver las cantidades recaudadas; “Benavides hizo una mega campaña electoral con muchas obras e inversiones que se pudieron ejecutar gracias al dinero recaudado con estos convenios, que ahora los Juzgados están anulando”.

González Montoro ha recordado que desde el 2.004 su Partido viene denunciando que estos convenios no cumplen la Ley, y que siempre han exigido a Benavides que no gaste el dinero recaudado, ya que las pérdidas para el Municipio pueden ser millonarias. “Sin embargo Benavides, en un alarde de irresponsabilidad y de temeridad, se ha gastado el dinero recaudado ilegalmente” apunta el edil popular.

González Montoro ha explicado que dichos convenios, “además de ilegales, son lesivos para el interés general, ya que se está poniendo el precio ahora al suelo que el Ayuntamiento obtendrá del desarrollo del PLAN GENERAL que todavía no se ha aprobado; de ese precio se cobra sólo un 5%, y el resto se cobrará dentro de 5, 6 o 10 años, pero sin posibilidad de modificar el precio inicial. Por tanto, el Ayuntamiento dejará de ingresar bastantes cientos de millones de euros en los próximos años, ya que, como todo el mundo sabe, los precios del suelo y de los aprovechamientos se están incrementando anualmente en porcentajes enormes”.

Por último, el PP explicó que estos procesos judiciales no paralizan ni interfieren en la tramitación del Plan General, ya que una cosa es el planeamiento previsto y otra cosa es el cobro de los aprovechamientos municipales.

El futuro de 650 viviendas de Almuñécar está en los juzgados

D. MÁRQUEZ

El crecimiento desmesurado de Almuñécar y la necesidad de adaptarse a un turismo cada vez más competitivo ha llevado en los últimos años a su Ayuntamiento a un crecimiento urbanístico desproporcionado que en ocasiones llegó a contravenir el plan urbanístico vigente en el municipio. Eso llevó a la Junta a recurrir determinadas decisiones. En concreto, han sido 56 impugnaciones las que en los últimos diez años ha interpuesto la Administración contra acuerdos municipales. El número podría ser mayor dado que la contabilidad de estas acciones judiciales no está informatizada.

Los contenciosos afectan a 656 viviendas, algunas de las cuales están en construcción, otras terminadas y otras aún con las obras sin empezar. Según fuentes de los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía, catorce de estas impugnaciones han contado con sentencias a favor de los postulados de la Administración andaluza, mientras que doce han sido contrarias.
En cualquier caso, han sido recurridas por las partes en litigio y en su gran mayoría están pendientes de resolución.

Entretanto, las construcciones objeto de litigio continúan y también el modelo urbanístico defendido por el alcalde sexitano, Juan Carlos Benavides. Para comprobar esto último no hay más que darse un paseo por San Cristóbal, donde actualmente se levantan varios hoteles, al tiempo que se adecenta la zona.

Las impugnaciones también afectan a seis hoteles, entre los que destacan el Bahía Almuñécar, en la avenida Juan Carlos I, con diez plantas de altura. La impugnación, como la mayoría de las 56 contabilizadas, va dirigida contra la licencia de obras concedida en su día por el Ayuntamiento. Aún no hay una resolución firme del juzgado ante el que se presentó recurso por este hotel que sigue abierto.

El retraso en los juzgados, también el que está perjudicando al funcionamiento del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), afecta a la resolución de estos pleitos entre administraciones. Quince de los recursos interpuestos se presentaron ante el TSJA, principalmente los relacionados con figuras de planeamiento, es decir, vinculados a modificaciones del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) o los planes parciales que afectan a distintas partes del municipio.

Otros establecimientos hoteleros que se han visto afectados por impugnaciones de la Junta de Andalucía han sido el de cuatro estrellas contemplado en los terrenos del camping El Paraíso y el hotel Los Verdiales.

Las resoluciones que ya han sido dictadas, aunque pendientes de recurso, se han fallado a veces a favor de la Junta y otras a favor del municipio. No se sabe, sin embargo, quién ganará finalmente esta particular batalla judicial.

Existe una demanda presentada en 2005 contra la concesión de licencia por un hotel de cuatro estrellas junto al río Jate, en La Herradura. El juzgado declaró inadmisible la impugnación. Está apelada por la Junta. El mismo juzgado estimó el recurso contra la licencia del hotel Cortijo de Andalucía, decisión recurrida por el municipio.

Entre las impugnaciones de la Junta de Andalucía destaca también la que se formuló contra la licencia para la aprobación del proyecto básico de ejecución del pabellón deportivo cubierto en La Herradura.

Peñón del Lobo. Entre los más de seis centenares de viviendas cuyo futuro está afectado por estas resoluciones judiciales destacan las ciento cuarenta y cuatro del proyecto básico de un edificio de apartamentos incluido en el plan parcial del sector 1 del Peñón del Lobo. Se interpuso demanda contra la licencia de dicho proyecto en 2006 y fue estimada por el juez. Está apelada. En esta zona se han paralizado algunas construcciones hasta el punto de que Ecologistas en Acción llegó a referirse a la misma como el Algarrobico de Granada, en referencia al famoso hotel de Almería expedientado por el Ministerio de Medio Ambiente.

Están también afectadas por estas impugnaciones, siempre según fuentes de la Junta, 66 viviendas en la calle Rambla del Espinar, 60 en el edificio Horia, 46 en la avenida Costa del Sol, 38 en el Barranco de Noy, y 23 en Marina del Este, en La Herradura, una de las áreas sexitanas de más crecimiento urbanístico en los últimos diez años.

En la mayoría de los casos aún no existe sentencia firme sobre estos contenciosos, pero parece claro que el modelo urbanístico de Almuñécar está en el punto de mira del Gobierno andaluz.

El juzgado anula un convenio de tres millones que firmó Benavides en 2004

El acuerdo es nulo. El Juzgado de lo Contencioso número 3 de Granada ha estimado el recurso de unos vecinos contra un convenio urbanístico firmado por el Ayuntamiento de Almuñécar en 2004. El falló -todavía recurrible- anula el acto impugnado por ser contrario a derecho. La operación que se queda en el aire es de 3.208.483 euros.
Detrás del pleito están los convenios que Juan Carlos Benavides ha venido firmando a lo largo de los últimos años a cuenta de un plan de ordenación (PGOU) que aún no está aprobado y que la Junta -que es quien tiene que darle el visto bueno- ha rechazado en varias ocasiones.

La fórmula era totalmente legal hasta 2005. Lo que hacía el Ayuntamiento era vender por anticipado la bolsa de suelo municipal que se podría generar con el futuro PGOU pero que aún hoy es pura entelequia. Los empresarios pagaron con la condición de que se pudiera construir.

El gobierno municipal consiguió así dinero en efectivo para financiar proyectos, un soplo de oxígeno para un Ayuntamiento que en 2004 refinanció con el Banco de Crédito Local (BCL) una deuda de 16 millones de euros.

El problema surge cuando al final no se pueden cumplir los compromisos adquiridos con los constructores y el Ayuntamiento tiene que devolverles el dinero. En algún caso con intereses.

En los últimos años Benavides ha firmado alrededor de 40 acuerdos de este tipo. Muchos se han hecho por resolución de Alcaldía, sin pasar ni siquiera por el pleno. Según un informe del interventor municipal, fechado en octubre de 2006, el Ayuntamiento había ingresado 3,4 millones de euros. Los compromisos firmados son muy superiores.

El PP presentó 26 contenciosos por otros tantos convenios. La mayoría no están prosperando al no ser el partido una parte afectada por los acuerdos. La Fiscalía solicitó información sobre estas operaciones cuando eran una minucia pero acabó archivando las diligencias, ya que que los convenios urbanísticos todavía no han pasado por el filtro definitivo de la Junta y son prácticamente papel mojado.

Pero acaba de prosperar un recurso, el de unos vecinos contra una macro operación urbanística en Río Seco. El juez anula el convenio firmado el 30 de septiembre de 2004 con una promotora, que después aprobó Juan Carlos Benavides por resolución el 11 de agosto de 2005.

La sentencia recoge que «no consta que el convenio de gestión impugnado fuera sometido a la aprobación del pleno. (...) Las partes contratantes adquieren facultades o derechos cuando carecen de los requisitos esenciales para su adquisición».

Sí pasó por el pleno un segundo documento pero no «contiene mención alguna a las compensaciones en metálico del aprovechamiento urbanístico de cesión obligatoria que fija el convenio», la venta del diez por ciento que le corresponde al Ayuntamiento cuando se urbaniza un terreno nuevo. Al contrario, se dice que esas parcelas pasarían a formar parte del patrimonio municipal de suelo.

El importe del convenio superaba los 3 millones de euros. En el informe del interventor municipal consta que el Ayuntamiento ingresó 160.425 euros de la misma empresa el 31 de agosto de 2005, días después de cerrarse el acuerdo.

La ex consejera de Obras Públicas, Concepción Gutiérrez, dijo en su día que los convenios que había venido firmando el Ayuntamiento no tenían «ningún valor» para el gobierno andaluz.

La Junta de Gobierno se burla de un informe de la Secretaria

El ayuntamiento tiene contratados los servicios de una abogada para tramitar los expedientes sancionadores en materia de urbanismo, algo irregular ya que esta persona está realizando actividades que sólo pueden hacer los empleados públicos.

Al conocer esta situación anómala, la Delegación del Gobierno remitió escrito pidiendo copia del pliego de cláusulas administrativas y un escrito de la secretaria certificando que esta persona no ejerce potestades públicas de acuerdo al Estatuto Básico del Empleado Público.

El informe de la secretaria ha sido claro y terminante. En el mismo se afirma con contundencia que ‘La participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas queda acreditada al versar el contrato administrativo sometido a Informe Jurídico sobre expedientes sancionadores en materia de urbanismo.’. Y añade que ‘deberán ser funcionarios de carrera pertenecientes al Grupo de clasificación profesional A, a los se exige estar en posesión del título universitario de Licenciatura en Derecho para el acceso a los cuerpos o escalas de este Grupo los encargados de la tramitación e informe de esta clase de expedientes.’

Con buen criterio, el informe explica que ‘En caso de carencia de personal funcionario con titulación adecuada y suficiente para el asesoramiento urbanístico se puede optar por solicitar asistencia jurídica a la Diputación Provincial’.

En base a este criterio de legalidad, la Secretaria afirma que el contrato de consultoría y asistencia de referencia, por las características propias de estos contratos, ha de afectar a aspectos puntuales, no pudiendo ser objeto de estos contratos los servicios que por su regularidad o permanencia son base y fundamento de una relación funcionarial o laboral. La permanencia dimanante de la relación funcionarial, otorga a éstos una independencia de la que no disfrutan los que se vinculan a la Administración por relaciones inestables y de contenido accidental. Los expedientes han de ser informados por los funcionarios que con carácter regular y permanente prestan servicios. Las asesorías jurídicas externas han de informar sólo aquellos expedientes que, por su naturaleza, dificultad o especiales características, lo requieran y a petición del Alcalde, no pudiendo informar los expedientes con carácter regular, sino exclusivamente aspectos puntuales de los mismos.

Es una práctica habitual de este ayuntamiento encargar, no sólo a esta abogada, sino a otras empresas asesoras, informes completos sobre asuntos que debían ser llevados por funcionarios. Incluso se da la circunstancia de que estas empresas de asesoría sacan expedientes completos del ayuntamiento privando a las personas interesadas del acceso a los mismos, incluso durante meses. Esta forma de proceder es completamente ilegal pues la ley establece que, bajo ningún concepto, deben salir los expedientes del ayuntamiento.

El informe elaborado por la Secretaria proponía a la Junta de Gobierno anular el contrato suscrito con esta abogada porque incumplía la legalidad al encomendarle funciones reservadas a empleados públicos. En concreto, el informe proponía ‘dar trámite de audiencia a la interesada… con carácter previo a la declaración de lesividad para el interés público del contrato’.

Desoyendo estas recomendaciones, la Junta de Gobierno del día 14 de abril acordó ‘modificar el contrato administrativo suscrito de tal forma que la adjudicataria no realice actividades que impliquen de forma directa o indirecta el ejercicio de potestades públicas’.

El acuerdo tomado supone una burla a la legalidad, a la Secretaria y a la Delegación del Gobierno, porque es imposible trabajar en ese ámbito de los expedientes urbanísticos sin asumir potestades públicas. Asimismo, IU avisa que todos los expedientes informados y resueltos por esta abogada o por alguna empresa de asesoría jurídica externa pueden ser nulos de pleno derecho al haberse resuelto en fraude de ley.

La Junta rechaza el PGOU de Almuñécar porque faltan hasta 38 documentos clave

Obras Públicas pide al Ayuntamiento que envíe una retahíla de planos que no aparecen en el expediente, entre ellos un mapa que diga cuál es el suelo urbano «Cuándo tengan un borrador nos sentaremos pero hay que cumplir la norma»

27.04.08 - QUICO CHIRINO

El PGOU que ha entregado el Ayuntamiento de Almuñécar en Obras Públicas -el tercer intento- no vale, está incompleto. Llegaron en una furgoneta -dicen en la Delegación- y soltaron legajos y legajos de documentos.

Cuando los técnicos empezaron a examinarlos el expediente se desinfló. «La mitad de los documentos no sirven porque no se ajustan a la legalidad», exclama el delegado Francisco Cuenca. Y después están los ausentes: la Junta ha echado en falta en el PGOU hasta 38 documentos clave en cualquier planeamiento urbano. Entre ellos, el mapa que delimite cuál es el suelo urbano.

Así figura en un escrito remitido por Cuenca al Ayuntamiento sexitano el 14 de marzo. El informe, de cuatro páginas, es una retahíla de papeles que faltan en el expediente. Obras Públicas pide al Consistorio que remita toda la documentación para examinar el PGOU que aprobó provisionalmente el pleno hace algo más de un año.

«No se han incluido los informes vinculantes porque son todos contrarios. Nosotros no hemos podido ver el documento aunque lo hemos solicitado por escrito», critica la portavoz socialistas en Almuñécar, Rocío Palacios.

Entre los papeles que no se han entregado -según la Junta- están el informe de Carreteras o la declaración de impacto ambiental. Tampoco se aclara en el PGOU qué ha pasado con los millonarios convenios firmados con empresas y promotores.

Fue una argucia legal que no es exclusiva ni mucho menos de Juan Carlos Benavides. Muchos ayuntamientos han cerrado acuerdos vinculados a operaciones urbanísticas de planes que aún no han sido aprobados. El problema surge cuando el PGOU después no sale adelante o hay que modificarlo pero el dinero se ha ido gastando y no hay para devolverlo. Con esta estrategia el Ayuntamiento de Almuñécar ha ingresado en los últimos años entre cuatro millones -según un informe antiguo del interventor- y cerca de nueve -según las cifras aireadas por la oposición-.

La Junta pide al Ayuntamiento de Almuñécar que aclare si las operaciones de los convenios se han recogido al final en el PGOU provisional.

Tampoco aparecen los análisis de riesgo e incidencias, las zonas inundables, la justificación de las reservas para viviendas protegidas o algo que acredite que se cumple el nuevo decreto de los campos de golf. Precisamente, uno de los proyectos que ha levantado más controversias es el campo de golf ideado en Río Verde.

El doble de pisos

Sigue la lista. Entre los legajos también faltan 16 planos básicos en todo PGOU que se precie: el plano de riesgos naturales, el que dice en qué terreno se puede construir, el documento que marca qué es cada solar o el de los espacios libres y las zonas verdes públicas, entre otros.

El delegado de Obras Públicas insiste en su voluntad negociadora: «Cuando haya un borrador inicial nos podemos sentar a negociar, pero hay que cumplir la normativa».

Después de un pulso infructuoso, Juan Carlos Benavides presentó públicamente hace mes y medio un nuevo PGOU -dijo- con sustanciales rebajas sobre el primero.

La pretensión era urbanizar en la próxima década nueve millones de metros cuadrados -el de la capital tiene nueve millones de metros urbanizables- y construir 34.933 viviendas, el doble que las que contempla el Ayuntamiento de Granada. Unos números elevados, pero también es cierto que el planeamiento vigente en Almuñécar tiene veinte años, una eternidad para el desarrollo de un pueblo que tiene que pelear en el sector turístico.

El PSOE acusa de dejación de funciones a Benavides por una promoción ilegal

El PSOE de Almuñécar ha acusado hoy al gobierno municipal de "dejación de funciones" al haber tenido que aceptar la petición de licencia de primera ocupación por silencio administrativo a una promoción de viviendas que excede de número de casas y el volumen de obra.

Así lo ha manifestado Francisco Prados, que ha calificado la actuación del equipo de gobierno de "tendenciosa", ya que ha intentado bordear la ley.

Prados ha recordado que el Juzgado de lo Contencioso administrativo 2 de Granada anuló hace un año la licencia de obras concedida por el Ayuntamiento sexitano a la empresa Gongumar al estimar un recurso interpuesto por la Junta de Andalucía.
El fallo dejaba sin efecto el acuerdo del Ayuntamiento de Almuñécar de 13 de septiembre de 2004 y la licencia de obras otorgada a Gongumar SL el 27 de mayo de 2003, para la construcción de 10 viviendas, garajes, trastero y piscina en la calle Cuesta de la Pinos por ser ambos actos administrativos "contrarios a derecho".

El Juzgado halló cuatro infracciones en la promoción, como que la calificación del suelo sólo admitía chalés o adosados con un máximo de cinco plantas frente a las cinco más ático y bajo que se construyeron, de forma que se sobrepasaron la altitud y el volumen "llegando a triplicar el valor de la promoción", ha dicho Prados.

El edil socialista ha destacado que en la sentencia se resalta "el silencio del Ayuntamiento ante todas y cada una de las infracciones denunciadas".

Esta táctica de Benavides no es nueva: deja sin responder los escritos de la empresa para que ésta pueda alegar luego que todo se le ha concedido por silencio administrativo. La verdad es que cada vez entendemos menos por qué la justicia es tan lenta y tan poco eficaz.

Que cada palo aguante su vela

No es la primera vez que de fuentes cercanas a Conveniencia se traslada a ciertas personas la información tendenciosa de que tal o cual obra está parada por culpa de Izquierda Unida que la ha denunciado. Como el tema es recurrente, creemos conveniente hacer algunas aclaraciones.

1. La palabra denuncia significa ir al Juzgado y poner una denuncia contra alguien. También se puede denunciar yendo a la Fiscalía o a la Guardia Civil.

2. También se emplea el término denuncia cuando alguien, sea un particular o una organización, informa a través de los medios de comunicación de algo que se considera preocupante.

3. En el caso de urbanismo, el primer encargado de velar porque las leyes se cumplan es el ayuntamiento.

4. IU denuncia algunas veces en el Juzgado o en la Fiscalía cuando entiende que alguien, sea un particular, sea una empresa, sea una institución pública, está incumpliendo la ley. Esas denuncias no tienen más valor que el de poner en conocimiento de los jueces un hecho, y son estos los que deciden si el hecho denunciado es legal o ilegal.

5. Recientemente, IU envió a los medios de comunicación una nota informando de que el acueducto, que es un patrimonio cultural y arqueológico, de todos, habia sufrido un año. No sabíamos, ni sabemos, quien causó el daño, por lo que nuestro comunicado no acusaba a nadie, se limitaba a pedir a las autoridades que investigaran el hecho.

6. El ayuntamiento ha parado una obra que estaba construyendo cerca del acueducto. El ayuntamiento sabrá por qué la ha parado. En cualquier caso, está claro que no es IU quién ha parado la obra, sino el alcalde. Suponemos que el alcalde tendrá algunos elementos de juicio para ordenar esa paralziación. Si no, existe un abuso de poder.

7. IU ha mostrado en el último año su preocupación por muchas actuaciones y decisiones sin que el ayuntamiento nos haga caso alguno. Por citar algunos ejemplos:

• Construcción de un restaurante en Calabajío al lado de la playa. Construído está y no nos han hecho caso alguno.
• Hotel en Cotobro con un pozo romano y al lado de la playa. Construyéndose está.
• Hotel de 9 plantas en Avenida Juan Carlos levantando seis plantas más que todas las viviendas de la calle. Ahí está. 
• Gasolinera privada en suelo público bajo el estadio. Casi acabada está a pesar de nuestras denuncias.

8. La lista es mucho más larga. Fuera del urbanismo, que es donde muchos ayuntamientos tienen problemas de corrupción, también hemos presentado escritos, informes, recursos... Por ejemplo:

• Contratación de la mujer del alcalde a dedo. Ni caso a nuestras denuncias.
• Contratación irregular de Pavesio. Ni caso. Ahí está con su buen sueldo y pasando de lo que opina IU.
• Subida de la basura ilegal porque nos cobran lo que la ley impide cobrar. Ya tenemos los recibos al cobro. A pagar.

9. Con una caradura singular y una demagogia que es de escándalo, Conveniencia acusa a IU de parar obras, de impedir el progreso, de enviar obreros al paro. La última es la de que IU se opone a que haya una persona contratada para atender a los inmigrantes. Menuda cara. IU ha protestado porque el ayuntamiento ha hecho una convocatoria que, en nuestra opinión, no se ajusta a la ley. Si se ajusta a la ley, señores de conveniencia, sigan adelante con la convocatoria y adjudiquen la plaza. Si no se ajusta a la ley, modifiquen la convocatoria. En cualquier caso, si esta convocatoria se retrasa es porque el encargado de hacerla no lo ha hecho bien.

10. Ya está bien de culpar a los demás de la ineptitud y de las propias decisiones.

11. Volviendo al tema de la obra parada. En Torrecuevas se están realizando una decena de obras. En alguna de ellas hemos denunciado que no se retranqueaban y que estaban construyendo sobre la misma carretera. No nos han hecho ni caso, así que, si hay una obra parada en Torrecuevas, o en cualquier otro sitio de Almuñécar, él único responsable es el alcalde. Porque es el alcalde el que ha firmado un decreto de alcaldía parándola. O, si la ha parado la Junta de Gobierno, es responsabilidad de los diez concejales de Conveniencia Andaluza, que son los que han tomado ese acuerdo.

12. IU no esconde el bulto. Nosotros no tiramos la piedra y escondemos la mano, como acostumbra a hacer el señor alcalde y su equipo. No olvidemos que en ocasiones han llegado a aparecer hasta denuncias falsas, papeles supuestamente firmados por una persona para denunciar a otra. Y luego se ha demostrado que esa persona que supuestamente denunciaba no tenía ni idea del tema.

13. Si el acueducto ha sido dañado, debe averiguarse quién ha sido el responsable del daño. Y si la empresa que está construyendo allí no ha tocado el acueducto, tener parada la obra es una decisión irresponsable que sólo se puede achacar al alcalde.

14. IU  pide a los trabajadores y a los empresarios de este pueblo que no se dejen engañar por quienes son maestros en el engaño y la manipulación. Todos sabemos que en este pueblo, cuando alguien quiere que una actuación salga adelante, sale. Vaya si sale. Ya quisiéramos en IU tener ese poder que, con toda maldad se nos atribuye. Ni nosotros damos permisos, ni nosotros paralizamos obras. Damos nuestra opinión como ciudadanos. Pero las decisiones las toma quien tiene capacidad legal para ello.

15. Desde IU esperamos que este pueblo sea consciente de estas circunstancias y avancemos hacia una sociedad libre en la que los ciudadanos podamos ejercer nuestro trabajo sujetos al imperio de la ley, y no al del capricho.

Policías vigilados por Benavides

Junta de Gobierno del 7 de abril de 2008

7.- Se da cuenta de informe del Jefe de la Policía Local sobre actuaciones realizadas por los agentes a su cargo de la Policía Local durante el mes de marzo de 2008, acordando la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes, solicitar del Jefe de la Policía Local, que previos los trámites adecuados, se emita nuevo informe sobre si los agentes que a continuación se indican han cumplido los requisitos mínimos del servicio exigidos a la Policía Local:

   -Dª Yolanda Morales Ramos.

   -D. Manuel Ruiz Alaminos.

   -D. Justo Rodríguez Ruiz.

   -D. Francisco J. López Ruiz.

   -D. Andrés García Najarro.

   -D. Antonio Domínguez Miraimén.

   -D. Manuel Fernández Ledesma.

   -D. José A. Rivas Ligero.

   -D. Juan A. Rodríguez Martín.

Calabajío pide licencia de primera ocupación

En la Junta de Gobierno del 17 de marzo podemos leer:

7. INSPECCIÓN DE ACTIVIDADES.- Se da cuenta de informe del Inspector de Actividades sobre exceso de ocupación del Chiringuito sito en Calabajío, según el cual ocupa una superficie de 476,20 m2, acompañando plano describiendo la superficie afectada. Visto que según consta en el correspondiente expediente, la superficie útil a ocupar es de 222,42 m2, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes, acordó:

1) Conceder a Calabajío, S.L., un plazo de 15 días para que proceda a retirar el exceso de ocupación, con advertencia de ejecución subsidiaria por el Ayuntamiento, Servicios Municipales de Mantenimiento, de conformidad con lo previsto en el art. 98 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a costa del interesado.

2) Comunicar a Calabajío, S.L., que la superficie en el entorno del chiringuito es de titularidad Municipal y por tanto no podrá realizar obras, actividades, actuaciones, etc., sin la previa autorización municipal.

En la Junta de Gobierno del día 31 de marzo viene el siguiente acuerdo:

3. CALABAJÍO, S.L., CIF B-18.823.732, representada por D. Luis Ayudo Valdivieso, C/ Solares nº 20 Bajo A, 18009-Granada, solicita Licencia Municipal de Primera Ocupación de la construcción de establecimiento de comidas y bebidas, situado en Playa de Calabajío, Pago de Taramay.

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes, acordó

1. Visto informe del departamento de contratación, solicitar informe del Arquitecto Técnico Municipal Sr. Roldán Fontana, sobre si se ha procedido al ajardinamiento de la zona que se delimita en la memoria, en los términos recogidos en dicho proyecto, y cuyo presupuesto asciende a 4.515,73 €.

2. Que de la documentación gráfica aportada se desprende el incumplimiento de las obligaciones de la promotora en relación a la urbanización del entorno, dándose traslado a Ingeniería a los efectos oportunos.

En la Junta de Gobierno del 7 de abril viene este otro:

3.CALABAJÍO, S.L., representada por D. Luis Ayuso Valdivieso, C/ Solares 20, bajo A, 18009-Granada, solicita licencia municipal de primera ocupación de la construcción de establecimiento de comidas y bebidas situado en Playa de Calabajío, Pago de Taramay.

 Visto el expediente de referencia e informes técnicos de arquitectura e ingeniería y jurídico favorables, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes, acordó:

1. Acceder a lo solicitado y conceder licencia municipal de primera ocupación referente exclusivamente al ámbito de extensión de los terrenos objeto de la concesión administrativa, supeditada a lo dispuesto en el art. 22 del Reglamento de Servicios de las CC.LL. 

 

Falta un dato en esta información. Este chiringuito que ahora obtiene licencia de primera ocupación lleva abierto un año.

Y esta otra, de hace un año, también es del señor alcalde

En abril de 2007 escribíamos este comunicado de denuncia

 

Nueva sentencia del TSJA contra el urbanismo salvaje de Marina del Este

El 12 de marzo, el TSJA ha dictado sentencia obligando al ayuntamiento a demoler el exceso de edificación construido en un grupo de 32 viviendas de Marina del Este.

La sentencia es fruto de un recurso interpuesto por la Comunidad de Propietarios de Marina del Este. Las actuaciones se remontan a unas licencias de obras concedidas en marzo de 1997 a la empresa Doble Cote SL.

El TSJA anula dichas licencias al entender que se ha vulnerado el PGOU otorgando a las parcelas más edificabilidad de la que se permitía en la zona. En concreto, la sentencia dice que de los cuatro mil metros cuadrados construidos, mil de ellos superan lo previsto en el Plan de Urbanismo. Asimismo, la sentencia concluye que las viviendas no se han retranqueado los tres metros que indica la norma urbanística para la zona.

El fallo critica duramente al ayuntamiento por haber dado la callada como respuesta a los escritos que le ha presentado la Comunidad de Propietarios de Marina del Este.

Para IU, es sorprendente observar la cantidad de obstáculos legales que los abogados del ayuntamiento han ido colocando en todo el proceso para evitar que los vecinos obtuviesen un fallo favorable. En primer lugar, se impugnó la capacidad del presidente de la Comunidad para presentar la denuncia. Cuando la Comunidad aporta todas las actas de asambleas en que el tema se ha tratado, se argumenta que la demanda va fuera de plazo y con posterioridad se buscan hasta tres razones técnicas más para conseguir que la demanda no prospere.

El TSJA desestima todas las objeciones del ayuntamiento y acaba fallando contra éste, considerado como el único culpable al haber dado unas licencias que incumplen el PGOU.

Desde IU pedimos al ayuntamiento que cumpla con la sentencia y animamos a los vecinos propietarios de las viviendas a presentar denuncias por un supuesto delito de estafa ya que en ningún momento fueron informados por el ayuntamiento ni por la promotora de que existía un pleito acerca de las viviendas.

Entendemos asimismo que el arquitecto municipal debe dar explicaciones ya que su actitud ha permitido a una empresa ganar más dinero del que le correspondía mientras que hay unos compradores, suponemos que de buena fe, que ahora se encuentran con el marrón de tener una casa en situación irregular.

Ya es hora de que la justicia intervenga con dureza acerca de los responsables últimos de actuaciones como esta que hacen que cada vez nos parezcamos más, tristemente, a Marbella.

Almuñécar, 26 de abril de 2007

Benavides ya era alcalde cuando los vecinos denunciaban, sin éxito, las obras emprendidas por Adnania en Marina del Este

Esto fue lo que dijo IU en diciembre de 2003, cuando Benavides ya era alcalde y no quiso parar las obras que ahora critica como si fuesen responsabilidad exclusiva del PP y el PSOE.

 EL AYUNTAMIENTO ES CÓMPLICE NECESARIO EN LOS DESMANES DE MARINA DEL ESTE

Hace poco saltaba a los medios de comunicación la noticia de que Obras Públicas había ordenado la paralización de unas obras en Marina del Este. La orden de paralización se daba porque las licencias de obras incumplían el original proyecto de urbanización presentado, y porque, además, en su ejecución, se estaban presentando diversas anomalías, como edificar más de lo autorizado construir con más altura de la prevista en la zona, apropiarse de calles públicas o derribar elementos paisajísticos de importancia.

El ayuntamiento ha respondido afirmando su voluntad de colaborar con la Delegación Provincial de Obras Públicas, pero lo que no ha dicho el alcalde es que Obras Públicas ya se dirigió a este ayuntamiento el 3 de julio pidiendo información sobre este tema, sin que se le contestara al escrito. Son los técnicos de la Delegación los que tuvieron que venir desde Granada en Octubre, fotocopiar y examinar los documentos en las oficinas del ayuntamiento y emitir un informe, que es el que ha sacado a la luz estas irregularidades. De no ser por este informe, los ciudadanos seguiríamos desconociendo el tema.

Lo que tampoco ha dicho el alcalde es que hay varios escritos vecinales anteriores a la fecha informando y denunciando la situación. Tampoco ha dicho el alcalde que con fecha 2 de septiembre, el vecino Manuel Hidalgo Trave, se dirigió al ayuntamiento ampliando datos de todo tipo acerca de las ilegalidades cometidas, anunciando el inicio de acciones penales por la supuesta ‘existencia de prevaricación por falta de funcionarios y autoridades’. Así que el ayuntamiento conocía perfectamente que allí se estaban cometiendo ilegalidades de todo tipo.

Lo que ya no podemos afirmar es si las ilegalidades las conocía el alcalde o si eran tapadas por los técnicos municipales de Urbanismo. Invitamos al señor alcalde a que aclare esa cuestión.

Los ciudadanos deben saber que, aparte de destrozar el paisaje, en estos temas se habla de mucho dinero. Los 1.845 metros edificados de más pueden suponer, a precio de mercado, una cifra superior a los 600 millones de ptas. Con ese dinero hay para comprar a mucha gente. De eso es de lo que estamos hablando. Y por eso nos indignamos cuando vemos como, con la complicidad de todos los que nos han gobernado en los últimos años, se han destruido Marina del Este y Cerro Gordo, sin que la corrupción parezca tener fin.

Almuñécar, 3 de diciembre de 2003

 

Un juzgado declara ilegal la licencia de diecisiete pisos de Marina del Este

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 1 de Granada ha declarado ilegal una licencia otorgada por la comisión de Gobierno del 6 de mayo de 2003, cuando era alcalde Juan Luis González Montoro (PP), para un edificio de diecisiete viviendas en Marina del Este.

La licencia municipal, que fue aprobada en comisión de gobierno el 6 de mayo de 2003, fue concedida a la mercantil Adnania Internacional para la construcción de un edificio de 17 viviendas, sótano y cocheras.

El procedimiento judicial se inició con un recurso contencioso administrativo presentado por la Comunidad de Propietarios del edificio Abencerrajes I de Marina del Este -colindante al complejo Jardines de Adnania, en el que se sitúa el edificio Aida- contra el Ayuntamiento de Almuñécar y la sociedad promotora.

La sentencia estima el recurso interpuesto por esta comunidad y declara "ilegal" la licencia de edificación. Haciendo referencia a diversos informes, el documento explica que el permiso de construcción fue concedido sin contar con un informe de la Consejería de Obras Públicas y que la edificabilidad del conjunto residencial ya estaba "agotada". Además, destaca la inexistencia de informe jurídico sobre la adecuación o no de la licencia a las determinaciones de la legislación urbanística y planes de urbanismo, y el hecho de que la obra no haya sido adecuada para su construcción en una zona de monte sin unos informes geológicos o medioambientales.

En mayo de 2003 gobernaba el municipio el Partido Popular, con el respaldo del PSOE. No obstante, en la siguiente legislatura, con Benavides gobernando el municipio, se aprobó definitivamente el proyecto de urbanización desoyendo las reclamaciones de los vecinos y de Izquierda Unida que ya denunció el tema en hasta tres ocasiones.

Antes de que finalizara la construcción del edificio, la comunidad de Abencerrajes I solicitó la paralización de las obras, aunque por dos veces fue denegada por los juzgados. Estamos de nuevo ante hechos consumados, como suele ocurrir en este municipio.

Izquierda Unida denuncia una operación para convertir en libres 14 viviendas de VPO

Antonio Leyva, coordinador local de IU en Almuñécar, denuncia que se está tramitando un expediente para quitar a catorce viviendas el calificativo de VPO con el que han sido construidas. La excusa que utiliza el ayuntamiento es que ha habido un error en el expediente y que, en realidad, nunca debió poner vpo en los documentos.

La afirmación es sorprendente, en opinión del coordinador local de IU. Desde el principio, en todos los documentos e informes se establece con total claridad que allí se van a construir viviendas de protección oficial. No se trata de un error aislado sino de un dato repetido en todos y cada uno de los documentos: informe de Contratación, informe de Urbanismo, acta del Pleno de aprobación del Pliego de cláusulas, acta del pleno de adjudicación de la parcela, escrito de la empresa pidiendo licencia de obras, acta de la Junta de Gobierno concediendo licencia de obras...

Hay que tener mucha cara y pocos escrúpulos, sostiene Leyva, para decir que eso es un error. Estamos hablando de un auténtico pelotazo porque en el informe del señor Passolas, fechado el 16 de julio de 2004, se dice textualmente que Las viviendas a construir sobre las parcelas de las que se trata serán necesariamente acogidas a cualquier régimen de protección oficial de los existentes siendo su precio máximo de venta el correspondiente al módulo oficial vigente para dicha protección oficial, de ahí que los valores de estas fincas contemplen esta situación y condiciones'.

El señor Passolas, en su informe, habla siempre de protección oficial. El mismo título del informe es elocuente: Informe que se emite en relación con la valoración económica de las parcelas en Citalsol al objeto de que sobre las mismas se desarrollen actuaciones de construcción de viviendas de protección oficial'.

Passolas justifica el bajo precio de las parcelas 'Considerando las circunstancias especialísimas del destino de esta finca -construcción de viviendas acogidas a régimen de protección oficial-...'

En base a esos informes, el Pleno del 15 de noviembre de 2004 adjudica a Comarex las parcelas (que miden un total de 2.528 m²) por un precio ridículo: 34.858 €. más los gastos de urbanización.

No hay duda alguna. Cuando la ley permite rectificar una decisión en base a un error material no está hablando de barbaridades como esta. Si realmente el Pleno llegase a aprobar esta modificación tan importante como subsanación de un error, se habría perdido toda seguridad jurídica pues cualquier acuerdo, da igual cuál, podría ser anulado en base a esa misma excusa.

Para IU, está claro que no estamos ante un error. Si la misma empresa, después de haber conocido los informes y los acuerdos del Pleno, pide licencia para construir viviendas de protección oficial, cómo se puede argumentar que hay un error.

Lo que hay es un auténtico escándalo al que debería poner fin la Justicia cuanto antes, y que comienza el 27 de julio de 2007, tres años después de comenzar el proceso. Ese día, Comarex presenta un escrito diciendo: 'existe indefinición en el contrato acerca del régimen al que deben acogerse las viviendas a construir en dichas parcelas... solicito a ese organismo se sirva concretar y aclarar este último punto'.

En esa fecha, las viviendas están ya prácticamente terminadas, por lo que sorprende que sea ahora cuando se dan cuenta de esa supuesta indefinición. Pero en todos los documentos: informes, actas y contrato se escribe y se firma textualmente VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL.

Con posterioridad a ese escrito, se suceden en cascada, con una celeridad inusitada, los informes técnicos y los acuerdos de la Junta de Gobierno tendentes a ir dando la vuelta a la tortilla para permitir pasar de VPO a lo que ellos llaman protección pública, pero no necesariamente protección oficial.

De este modo, el 29 de octubre de 2007, la JGL acuerda que 'el régimen de la protección al que se acogen las viviendas en parcelas en 'Citalsol' es el de protección pública sin necesidad de que sea de Protección Oficial '.

El 29 de noviembre hay un escrito de Comarex en el que argumenta que:

A consecuencia del acuerdo adoptado por la JGL de 29-10-07, se ha de modificar el acuerdo de concesión de la licencia de obras en los siguientes términos: "Comarex solicita licencia de obras para el Proyecto de construcción de 14 viviendas y garajes en Urb. Citalsol...".

Pero Comarex se lo piensa mejor y va más allá. Así, el 6 de febrero de 2008, hay un nuevo escrito de la empresa en el que ponen 2007 en vez de 2008 (esto sí parece ser un error). El escrito ya no se anda por las ramas: 'se insta a ese Ayuntamiento a rectificar el error material existente en el Contrato... eliminando cualquier referencia a régimen de protección oficial'.

IU espera que esta operación se vea frustrada en el Pleno y hará las gestiones necesarias para que las viviendas sean adjudicadas a los almuñequeros que las necesiten de acuerdo a lo que se aprobó en su día: Viviendas de protección oficial siendo su precio máximo de venta el correspondiente al módulo oficial vigente para dicha protección oficial.

Benavides contrata a su 'ex' Rosario González como cargo de confianza

Si de algo le gusta presumir al alcalde de Almuñécar, Juan Carlos Benavides, es de que en su casa y en las de los miembros de su equipo de equipo de gobierno «no necesitan la política para vivir». Pero lo cierto es que, aunque no la necesiten, desde el pasado 1 de enero de 2008 tanto su sueldo de alcalde como el de su esposa Rosario González, de la que se supone está separado legalmente aunque sigue siendo su compañera sentimental, salen del Ayuntamiento de Almuñécar. 

La ex concejala de Almuñécar y ex delegada provincial de Turismo de la Junta de Andalucía en Granada, Rosa González, vuelve a la política activa como cargo de confianza con dedicación plena para coordinar las relaciones del sector turístico de Almuñécar y el Patronato Municipal de Turismo, según una resolución de Alcaldía, fechada el 28 de diciembre.

A la nueva coordinadora la han contratado como cargo de confianza, con una retribución anual equivalente al Grupo B1 del Ayuntamiento de Almuñécar, «técnico medio», lo que supondrá un salario anual de alrededor de 37.000 euros. No obstante, se trata de un cargo con 'vocación viajera', por lo que podrá sumar las dietas y gastos de asistencia a ferias y demás eventos externos.

Benavides amplía con González la contratación de cargos de confianza, ya que cuenta con otros cinco con la misma retribución y categoría. Así, desde mediados de noviembre trabaja en el Ayuntamiento el actual vicesecretario general de Convergencia Andaluza, Ángel Ortega, quien llegó desde Guadix para hacerse cargo de la gerencia del Plan Turístico que dejó firmado la propia Rosario González.

Además, desde el pasado día 1 de diciembre, también ocupan puestos de confianza con contratos de retribuciones similares (más de 37.000 euros) Adela Mingorance Pujol, esposa del actual concejal de Urbanismo Jesús García Alabarce y Marcos Gaitán Díaz, hermano de la actual concejala de Relaciones Institucionales, Eva Gaitán Díaz.

A los cargos de confianza hay que sumar los nueve los nueve concejales del equipo de gobierno de Convergencia Andaluza (CA) -todos salvo un edil jubilado- que están liberados. Tanto los concejales como estos asesores están liberados con el voto favorable del PSOE y el PP que a cambio consiguieron liberar a unos cuantos de los suyos. 

En total, las nóminas de cargos de confianza y liberados suman más de un millón de euros al año.

La supuesta red de corrupción de Almuñécar acumula propiedades en el extranjero

La Policía localiza inmuebles en el Norte de África en la investigación a Benavides y su círculo de confianza por presunta malversación y blanqueo de capitales El subdelegado dice que la operación sigue abierta

La operación policial que ha destapado una supuesta trama de corrupción en Almuñécar sigue abierta. Así lo confirmó ayer el subdelegado del Gobierno, Antonio Cruz, que explicó que la investigación ha corrido a cargo de una unidad especializada de la Policía Nacional enviada expresamente desde Madrid por la Comisaría General.

Ha sido año y medio de pesquisas hasta que a principio de diciembre se levantó el secreto judicial. La operación ha servido para identificar, por lo pronto, a un grupo de unas cuatro personas que presuntamente habría montado una red delictiva. Sus tentáculos llegan a todos los sectores de la sociedad sexitana. Según fuentes judiciales están implicados políticos y técnicos del Consistorio de Almuñécar, incluido Juan Carlos Benavides, que ya ha prestado declaración como imputado.

Según fuentes policiales, la actuación ha aportado argumentos sólidos para montar también una acusación por blanqueo de capitales. La unidad especializada de la Policía ha descubierto propiedades en el extranjero -en el Norte de África- de la supuesta trama de corrupción de Almuñécar, bien a su nombre o a través de un tercero.

La discreta operación ha estado coordinada por el juez de Almuñécar, la Fiscalía del TSJA y agentes expertos en la lucha contra la delincuencia organizada y los delitos económicos, que han actuado a petición del magistrado.

En la investigación, donde se han podido producir escuchas telefónicas a los sospechosos, también estaría implicado el arquitecto municipal, José Luis Rodríguez-Passolas, que tiene abiertas numerosas diligencias en Fiscalía del TSJA. Juan Carlos Benavides ya ha declarado por la operación contra la supuesta red de corrupción. Y según fuentes del caso se dio cuenta de que esta vez la cosa iba en serio.

Benavides hace cómplices de sus atentados urbanísticos al PP y PSOE

 O no se enteran o juegan  a dos barajas. La votación del PP en este tema es una más de las que ya estamos acostumbrados. Critican y critican pero luego apoyan en todo a Benavides. La postura del PSOE es extraña: o no se enteran, o juegan un juego extraño que en nada representa la opinión de sus votantes 

El pleno del lunes, 17, incluía en el orden del día un punto aparentemente de trámite en el que se trataba la autorización al alcalde para que registre a nombre del ayuntamiento determinadas infraestructuras deportivas de reciente terminación.

Se trataba, en apariencia, de un mero trámite, pero la propuesta escondía una trampa. En la lista de instalaciones deportivas a registrar se encuentra el Pabellón de La Herradura, que está construido en mitad de la vega, en zona protegida y con un pleito de importancia en los tribunales.

El concejal de IU condicionó su voto afirmativo a la retirada de este pabellón de la lista de instalaciones a registrar. IU votó en contra porque no queremos que nuestro voto sea utilizado posteriormente como un respaldo a una construcción ilegal, que podía y debía haberse hecho en terrenos no protegidos y siguiendo los pasos necesarios que la ley contempla para instalaciones de especial interés.

Nos sorprende que PP y PSOE respaldaran la petición del alcalde y dieran su visto bueno para inscribir en el registro un pabellón denunciado por la Fiscalía y que, hoy por hoy, se encuentra en clara situación de ilegalidad.

Mucho nos tememos que este voto sea utilizado en breve como un argumento a favor del alcalde cuando sea llamado a declarar por esa construcción irregular.

IU denuncia el derroche del ayuntamiento para poner un negocio privado en la Casa Morgan

 

Expediente	Denominación	Empresa adjudicataria	Presupuesto
190-07	Adaptacion	Josefa Fdez Pagés	59.700,00
530-07	Mobiliario	J.Andrés Jiménez	29.471,00
531-07	Obras murales	Faustino Castillo Plaza	20.880,00
600-07	Acondicionamiento exterior	Josefa Fdez Pagés	59.200,00
608-07	Urbanización, acceso y jardineras	Josefa Fdez Pagés	59.600,00
615-07	Equipos hosteleria	Angara	59.165,80
Total invertido por los ciudadanos en Casa Morgan sin contar gastos de edificio, publicidad, empleados municipales...			288.016,80

El ayuntamiento se ha gastado cerca de 50 millones de ptas en acondicionar la Casa Morgan para poner un restaurante de 400 metros cuadrados. A esta cantidad habría que sumar el valor del edificio en si, los gastos de publicidad o las horas invertidas por los empleados municipales.

Es una vergüenza que, después de hablar de falta de dinero y de subirnos de manera brutal la tasa de basura, este ayuntamiento continúe derrochando el dinero de los ciudadanos en montar negocios para ciudadanos particulares. Almuñécar tiene muchas necesidades que son más importantes.

Desde IU denunciamos estos gastos como una transferencia de dinero desde los bolsillos del ciudadano a los bolsillos de particulares.

Después de dejar el edificio como una perita en dulce, comprando hasta los tenedores, se concede la gestión de este Restaurante a Juan Rodríguez, el mismo empresario que ya tiene la concesión de Peña Escrita y del Horno de Cándida. También la Escuela Hotel del Palacete del Escamado será gestionada por este empresario.

Es alucinante que todos estos negocios sean gestionados por la misma persona como si no hubiera en nuestra localidad más empresarios. Cuando el señor alcalde se excusa diciendo que nadie más se ha presentado al concurso para gestionar este restaurante, él conoce bien la respuesta.

En principio, tenemos razones para dudar acerca de si todos estos gastos que se han llevado a cabo en la Casa Morgan se hubieran producido con otro adjudicatario.

Por otro lado, todo el mundo sabe qué ha pasado con empresarios y comerciantes que no eran del agrado del alcalde y han tenido problemas de todo tipo.

Ahora mismo, la empresa de limpiezas está siendo multada cada mes con cantidades desorbitadas por supuestos incumplimientos del servicio. A nadie se le oculta que el alcalde está intentando cambiar la concesión de este servicio a otra empresa.

Dentro de poco se resolverá la gestión del acuario y tendremos una situación similar porque no dudamos de que sólo un empresario amigo será capaz de arriesgar su dinero en un negocio dudoso que va a depender en buena parte de decisiones políticas.