Marbellécar

Esto es lo que hay

Noticia aparecida el 12-7-07 en los medios de comunicación

El Juzgado de lo Contencioso número 2 de Granada ha suspendido la licencia de primera ocupación concedida en enero de 2007 por el Ayuntamiento de Almuñécar al hotel Bahía, en la avenida de Juan Carlos I. El auto -que es recurrible- impide que se abra al público el cuatro estrellas mientras que no se resuelva el pleito que mantiene la Junta con el Ayuntamiento. El establecimiento, que se inauguró hace casi un año, está incluido en los principales circuitos turísticos para este verano.

El contencioso entre las dos administraciones no es el único frente judicial en el que está inmerso el hotel sexitano. La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha presentado recientemente una denuncia en el juzgado por posibles irregularidades en la construcción del establecimiento. El fiscal jefe del TSJA reabrió la investigación en diciembre de 2006 al apreciar indicios de delito en la altura del edificio y para aclarar por qué se había construido un hotel en una parcela que estaba destinada a equipamientos. El caso había sido archivado tres meses antes por la Fiscalía de Motril. El fiscal jefe recibió autorización del Fiscal General del Estado para reabrir un caso al que se le había dado carpetazo sin que se practicasen "algunas diligencias que parecen esenciales para el esclarecimiento de los hechos".

El hotel Bahía está en situación de ilegalidad y que el ayuntamiento dice medias verdades

Izquierda Unida considera tendenciosas las opiniones divulgadas por el ayuntamiento de Almuñécar en lo referente a la situación legal del hotel Bahía y las denuncias interpuestas por IU.

Con fecha de salida 29 de octubre, IU ha recibido recientemente un escrito de la Fiscalía firmado por el teniente fiscal Don Guillermo Sena Medina en el que se explica que se archivan las diligencias 199/07 referentes al Hotel Bahía Tropical dado que ‘los hechos denunciados son los mismos sobre los cuales existe procedimiento contencioso-administrativo en el juzgado número 2 de Granada, y además se formuló denuncia por esta Fiscalía ante el Juzgado decano de los de Almuñécar, que dieron lugar al oportuno procedimiento penal, se acuerda, en aplicación del art. 5 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, y constando en el Juzgado más amplia documentación, el archivo de las presentes diligencias.'

Según Iván Sánchez, se archivan las diligencias porque sobre estas irregularidades ya hay un contencioso y una denuncia penal de la Fiscalía, no porque el ayuntamiento o el hotel tengan razón.

Recordemos, continúa el concejal de IU, que la única sentencia que hay hasta ahora sobre el particular es un auto del Juzgado de lo Contencioso número 2 de julio de este año por el que se declara ilegal la licencia de ocupación de este hotel. Sorprendentemente, y esto es lo que tendría que explicar el alcalde, este establecimiento continúa abierto pese a no tener licencia. Esta actitud permisiva contrasta con la que este mismo ayuntamiento mantiene con pequeños empresarios a los que se les precintan los negocios por irregularidades que podemos considerar ridículas si se comparan con estas.

Iván Sánchez denuncia esta táctica del ayuntamiento utilizando medias verdades para trasladar a la opinión pública la imagen de que los tribunales le dan la razón. El ejemplo más cercano, explica el concejal de IU,  está en la divulgación hace apenas un mes de tres sentencias en las que los tribunales absolvían al ayuntamiento de graves delitos urbanísticos por el lamentable hecho de que la Junta había interpuesto los recursos fuera de plazo. Los errores procedimentales de la Junta, de una comunidad de vecinos o de un partido que pretende defender la legalidad son presentados como victorias jurídicas por un ayuntamiento que, en opinión de IU, no para de perder pleitos en los tribunales por llevar a cabo un urbanismo especulador.

Iván Sánchez exige al alcalde que acate las sentencias y haga cumplir la legalidad en el municipio, porque esa es su obligación, en lugar de andar confundiendo a la opinión pública con informaciones sesgadas y sacadas de contexto.

Obras Públicas acaba de impugnar el permiso para construir un bloque de 16 metros de altura colindante a la servidumbre marítima

La Consejería de Obras Públicas de la Junta acaba de autorizar a sus abogados para que interpongan otro contencioso contra el Ayuntamiento de Almuñécar por una operación urbanística supuestamente ilegal. 

Obras Públicas ha impugnado un acuerdo de la junta de gobierno del Ayuntamiento sexitano del pasado 6 de agosto, por el que se otorgó licencia para construir 87 viviendas y garajes en Marina del Este, dentro de un plan parcial que también fue recurrido por la Junta en 2004.

En octubre Obras Públicas solicitó al Ayuntamiento de Almuñécar los informes y los proyectos de la licencia pero, en la fecha en la que se autorizó el recurso, Benavides no había facilitado a la Junta ningún papel, ni siquiera había contestado.

Según el informe de Obras Públicas, la licencia -que acabará en los juzgados- permite levantar un edificio de 16 metros de altura colindante con la zona de servidumbre marítima, que desde la Costa se percibe como un bloque de 48 metros.

En el escrito, sellado el 3 de noviembre, Obras Públicas da instrucciones a sus letrados para que recurran la licencia y pidan en el juzgado que se paralicen los trabajos.

Una zona gafada

El desarrollo urbanístico de Marina del Este está gafado y avanza a trompicones en los tribunales. Entre las decisiones judiciales más recientes, en abril de 2007 el TSJA anuló las licencias de 32 pisos construidos en 1997 en esta zona de Almuñécar. El motivo era que se había sobrepasado en un 25% la edificabilidad y no se respetó el obligatorio retranqueo. La sentencia abrió la puerta a la posible demolición.

Más reciente es la resolución del contencioso por un bloque de 17 viviendas, que se ha conocido hace unas semanas. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Granada ha declarado la ilegalidad de una licencia de edificación para un bloque de Marina del Este, al entender que la edificabilidad de la zona estaba ya «agotada».

La sentencia advierte además sobre la inexistencia de informe jurídico sobre la legalidad de la licencia y la no adecuación de la actuación para realizar obras en una zona de monte sin unos informes de tipo geológico o medioambientales.

Benavides y la mitad de su equipo se enfrentan a dos años de cárcel y diez de inhabilitación

El alcalde de Almuñécar, Juan Carlos Benavides, y seis de sus compañeros -cuatro de ellos concejales en la actual corporación- se sentarán próximamente en el banquillo de los acusados. En el escrito de acusación, al que ha tenido acceso este periódico, la Fiscalía solicita para el controvertido regidor sexitano y los seis ediles que participaron en la operación dos años de cárcel y otros diez de inhabilitación para empleo o cargo público por la comisión de un supuesto delito contra la ordenación del territorio.

Aunque relativamente nuevo, el delito urbanístico -como se conoce popularmente- ya ha llevado a algún político a prisión. Por ejemplo, y aunque las comparaciones en materia jurídica resulten rematadamente odiosas, la primera vez que un juez ordenó que el ex alcalde de Marbella Julián Muñoz cumpliera una pena fue en septiembre de 2006, precisamente, por un delito urbanístico. La condena era de un año de cárcel y ocho de inhabilitación.

También por un delito contra la ordenación del territorio se ha sentado estos días Julián Muñoz en el banquillo por el ’caso Herrero’. En esta ocasión, el fiscal pide para el ex regidor marbellí un año y medio de cárcel.

Por la construcción del pabellón de La Herradura Benavides y sus compañeros se enfrentan a una petición fiscal de dos años. Según recoge la Fiscalía en su escrito de acusación, paso previo e inminente al juicio oral, los concejales que participaron en la junta de gobierno de Almuñécar del 25 de enero de 2005 dieron luz verde por vía de urgencia al proyecto del polideportivo aunque eran «conscientes en todo momento de la ilegalidad».

Según el fiscal, tanto el alcalde almuñequero como sus concejales conocían que el edificio se iba a levantar en «suelo no urbanizable de protección de cultivos», sin que se hubiera tramitado previamente la declaración de utilidad pública e interés social de las instalaciones deportivas, tal y como obliga la Ley de Suelo. El Plan de Ordenación (PGOU) de Almuñécar establece además que los terrenos afectados constituyen una zona de «alta rentabilidad agrícola y de alto valor paisajístico».

En resumen, la irregularidad fue tanto autorizar un pabellón donde no se podía como hacerlo pasando por lo alto de todas las administraciones y sin seguir la tramitación adecuada. De haber cumplido los cauces oportunos, lo más probable es que el pabellón hubiera recibido licencia con todas las de la ley.

El escrito de acusación del fiscal incluye un matiz novedoso. Solicita para los siete acusados que costeen de su bolsillo -si fuese necesario- el derribo de la parte del pabellón que esté fuera de la ley.

Además de Benavides, entre los acusados figuran cuatro concejales de su actual equipo de gobierno -entre ellos los responsables de Urbanismo y Obras Públicas-, por lo que la mitad de la corporación -son diez- se sentará en el banquillo. También irán a juicio dos ediles del anterior mandato, entre los que figura Emilio González Pavesio, antiguo concejal de Urbanismo y responsable del polémico PGOU de Almuñécar que ha tumbado la Junta. González Pavesio, hombre de confianza de Benavides, renunció por sorpresa a continuar en las listas pero tras las elecciones ha sido contratado -según ha denunciado el PSOE- como alto directivo del Ayuntamiento, puesto por el que percibirá 46.600 euros anuales.

La parcela de la discordia fue cedida al Ayuntamiento en virtud de una convenio con una sociedad hotelera. El pabellón ya está construido en mitad de la Vega.

IU propone una Comisión de Investigación sobre denuncias falsas en el ayuntamiento

IU propondrá al Pleno crear una Comisión que investigue de dónde partieron las denuncias falsas que en la anterior legislatura proliferaron en el ayuntamiento. La moción de IU pretende que se aclare un hecho preocupante como fue la aparición en el ayuntamiento de una serie de denuncias supuestamente presentadas por unos vecinos contra otros.

Iván Sánchez explica que ‘la casualidad hizo que algunos de estos vecinos supuestamente denunciantes se enteraran de tal circunstancia y llegaran a ver las denuncias que, en su nombre y falsificando su firma, alguien había presentado en el registro del ayuntamiento.Todas, o parte de estas denuncias, se perdieron sin que hasta la fecha se haya dado una explicación convincente por parte de los responsables políticos o empleados encargados de la custodia de tales documentos.'

Iván Sánchez considera necesario que, al margen de la investigación judicial que existe sobre el tema, esta circunstancia se aclare y se depuren las responsabilidades de cada cual en un tema que afecta de lleno a la imagen y a la honorabilidad de esta institución.

En consecuencia, IU propondrá al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos:

1. Crear una comisión para investigar las denuncias falsas presentadas en el ayuntamiento en nombre de vecinos del municipio que aseguran no haber presentado tales denuncias.
2. Esta comisión estará formada por un representante de cada grupo municipal. Los miembros de la comisión elegirán de entre ellos un presidente, siendo secretaria de la misma la secretaria del ayuntamiento. Los acuerdos de esta comisión se tomarán con el voto favorable de, al menos, tres de sus miembros.
3. Los miembros de la comisión tendrán acceso a toda la documentación, libros y registros que estimen conveniente, estando obligados los servicios municipales a prestar su colaboración en esta tarea. Igualmente, la comisión podrá plantear las preguntas que estime pertinentes al personal de los servicios técnicos municipales, a los afectados por las denuncias y a los responsables políticos con el fin de intentar esclarecer estos hechos.
4. En el plazo de cuatro meses, esta comisión remitirá sus conclusiones al Pleno de la corporación. Igualmente, hará llegar el informe, si lo considera conveniente, al órgano judicial que estime más idóneo para analizar el tema.

Y hace diez años, también el alcalde se pasaba por el arco del triunfo lo que se aprobaba en Pleno

Buscando en el baúl de los recuerdos hemos encontrado este comunicado de 1997. El alcalde de entonces es el mismo que tenemos ahora. Y su falta de respeto a la voluntad popular expresada en el Pleno también era la misma que ahora. recordemos que en el último Pleno el alcalde dijo que ya podíamos aprobar las mociones que quiséramos que él haría lo que le pareciera oportuno. Igual que hace diez años. Vean la nota que envió IU en aquel momento.

23 de enero de 1997

IZQUIERDA UNIDA PIDE AL EQUIPO DE GOBIERNO QUE TENGA MÁS RESPETO HACIA EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO

Recientemente, los ciudadanos de Almuñécar hemos tenido ocasión de presenciar un espectáculo bochornoso : por segunda vez, un Pleno del Ayuntamiento dejaba sin discutir los puntos del orden del día.
Para Izquierda Unida está claro que esta situación tiene un responsable, que no es otro que el Equipo de Gobierno, con Benavides a la cabeza y Gracia Baldomero a la cola.
Es una burla a la democracia, a la Constitución y a la lógica lo que el Equipo de Gobierno está haciendo. Todos los vecinos deben saber que el Pleno aprobó determinadas cosas que el alcalde se niega a ejecutar. No se trata de discutir si lo aprobado por el Pleno es bueno, malo o regular. Lo importante, para Izquierda Unida, es que si el Pleno lo ha aprobado, el Pleno manda más que el señor alcalde y su equipo de gobierno.
La democracia es así, y así debe ser. Porque si aquellos acuerdos que no gusten al Equipo de Gobierno no se fueran a cumplir, entonces, ¿para que son los Plenos? ¿Sólo se puede aprobar aquello que guste al Equipo de Gobierno?
Para Izquierda Unida, entrando al contenido de los acuerdos, la situación es esperpéntica : el PSOE, que veía necesario subir impuestos, ahora aprueba bajarlos; el PA, que escribió veinte veces en su programa ‘bajaremos los impuestos’, y que incluso llegó a pedir a los vecinos que no pagaran , ahora impide que se baje la basura a los comercios. Igual que impidió, esta vez, con el apoyo del PSOE, que se bajara el agua. Oportunismos políticos, sin duda. Pero, insistimos, eso no es lo importante en este debate. Aquí estamos discutiendo si el Pleno es soberano para tomar acuerdos o si aquí manda un sheriff y a los demás sólo les queda obedecer.
El Consejo Local de IU se siente decepcionado por la postura torpe y seguidista de Gracia Baldomero que en lugar de dar la cara y exigir al alcalde que cumpla los acuerdos del Pleno, dedica su esfuerzo a reprochar al PSOE y al PP que hagan lo que ella no tiene el coraje de hacer.
IU anima a los grupos de la oposición a seguir firmes en su posición hasta que el Equipo de Gobierno rectifique y ejecute los acuerdos del Pleno.

Los años pasan y la corrupción va llegando a los juzgados

Hace cuatro años, IU envió a los medios de comunicación el siguiente comunicado firmado por el coordinador local, Antonio Leyva y la candidata de IU, Reyes Peláez. Los problemas de Adnania se convierten en sentencia por la perseverancia de unos vecinos que han invertido en este proceso mucho dinero, tiempo y dolores de cabeza. Al alcalde hasta ahora le ha costado menos porque todo lo pagamos los ciudadanos. Este es el comunicado que envió IU en el 2003:

EL AYUNTAMIENTO ES CÓMPLICE NECESARIO EN LOS DESMANES DE MARINA DEL ESTE
Hace poco saltaba a los medios de comunicación la noticia de que Obras Públicas había ordenado la paralización de unas obras en Marina del Este. La orden de paralización se daba porque las licencias de obras incumplían el original proyecto de urbanización presentado, y porque, además, en su ejecución, se estaban presentando diversas anomalías, como edificar más de lo autorizado construir con más altura de la prevista en la zona, apropiarse de calles públicas o derribar elementos paisajísticos de importancia.
El ayuntamiento ha respondido afirmando su voluntad de colaborar con la Delegación Provincial de Obras Públicas, pero lo que no ha dicho el alcalde es que Obras Públicas ya se dirigió a este ayuntamiento el 3 de julio pidiendo información sobre este tema, sin que se le contestara al escrito. Son los técnicos de la Delegación los que tuvieron que venir desde Granada en Octubre, fotocopiar y examinar los documentos en las oficinas del ayuntamiento y emitir un informe, que es el que ha sacado a la luz estas irregularidades. De no ser por este informe, los ciudadanos seguiríamos desconociendo el tema.
Lo que tampoco ha dicho el alcalde es que hay varios escritos vecinales anteriores a la fecha informando y denunciando la situación. Tampoco ha dicho el alcalde que con fecha 2 de septiembre, el vecino Manuel Hidalgo Trave, se dirigió al ayuntamiento ampliando datos de todo tipo acerca de las ilegalidades cometidas, anunciando el inicio de acciones penales por la supuesta ‘existencia de prevaricación por falta de funcionarios y autoridades’. Así que el ayuntamiento conocía perfectamente que allí se estaban cometiendo ilegalidades de todo tipo.
Lo que ya no podemos afirmar es si las ilegalidades las conocía el alcalde o si eran tapadas por los técnicos municipales de Urbanismo. Invitamos al señor alcalde a que aclare esa cuestión.
Los ciudadanos deben saber que, aparte de destrozar el paisaje, en estos temas se habla de mucho dinero. Los 1.845 metros edificados de más pueden suponer, a precio de mercado, una cifra superior a los 600 millones de ptas. Con ese dinero hay para comprar a mucha gente. De eso es de lo que estamos hablando. Y por eso nos indignamos cuando vemos como, con la complicidad de todos los que nos han gobernado en los últimos años, se han destruido Marina del Este y Cerro Gordo, sin que la corrupción parezca tener fin.
Almuñécar, 3 de diciembre de 2003

Un juez declara ilegal el permiso a 17 casas por exceso de edificabilidad

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Granada ha declarado "ilegal" la licencia de obras concedida por el Ayuntamiento de Almuñécar para la construcción de un edificio de 17 viviendas en Marina del Este. Se trata del bloque Aida, promovido por la empresa Adnania Internacional SA y que se construyó en un complejo residencial cuya edificabilidad ya estaba "agotada". La sentencia, contra la que cabe apelación ante el TSJA, estima el recurso contencioso administrativo interpuesto por la comunidad de propietarios del edificio Abencerrajes I contra el Consistorio sexitano y la promotora al considerar "ilegal" la licencia de edificación.

La resolución, que hace referencia a diversos documentos, advierte de que el permiso urbanístico concedido obvió un informe de la Consejería de Obras Públicas de la Junta y se concedió, además, sin el preceptivo estudio jurídico sobre la adecuación o no de la licencia a las determinaciones de la legislación urbanística y planes de urbanismo. A estas irregulares el texto judicial añade que el Ayuntamiento tampoco dispuso de los informes geológicos o medioambientales necesarios al tratarse de una construcción en una zona de monte.

El recurso contencioso fue interpuesto por la comunidad de propietarios del edificio Abencerrajes I, también situado en la urbanización Marina del Este de La Herradura, que alegaba que la licencia de obras contravenía la legalidad por ocupar viales públicos, destruía el paraje El Mirador y violaba lo dispuesto en la Ley de Ordenación Urbana de Andalucía sobre pantallas edificatorias en el litoral.

Antes de que finalizase la construcción del edificio, la comunidad de Abencerrajes I había solicitado la paralización de las obras, aunque por dos veces fue denegada por los juzgados. El caso tiene además otras ramificaciones judiciales, ya que al margen de esta sentencia se siguen actualmente diligencias previas en el Juzgado de Instrucción número 2 de Almuñécar por supuesta prevaricación y tráfico de influencias contra anteriores corporaciones, el arquitecto municipal y el secretario del Ayuntamiento sexitano. Entre otros, han tenido que acudir a declarar por esta causa el alcalde, Juan Carlos Benavides (Convergencia Andaluza), y su antecesor en el cargo Juan Luis González Montoro (Partido Popular), junto a otros concejales de las dos anteriores corporaciones municipales.

Si bien la licencia se aprobó en mayo de 2003, durante el periodo de gobierno del PP y el PILH, en el siguiente mandato, con el Partido Andalucista a la cabeza, se aprobó definitivamente la urbanización, en la que el edificio Aida tenía su edificabilidad "agotada".

El alcalde impide que el Pleno discuta las mociones de IU

El alcalde de Almuñécar no ha incluido en el orden del día del Pleno que se va a celebrar el lunes 29 ninguna de las ocho mociones que IU ha presentado. Ya sabíamos que el alcalde es un dictador, pero vemos con estupor que cada día se supera en sus marrullerías para impedir el derecho de Izquierda Unida a defender sus propuestas en pie de igualdad con el resto de grupos políticos.

La propuesta que IU presentó sobre la necesidad de modificar el presupuesto para atender las nuevas necesidades que la catástrofe ha traído a este municipio no va a Pleno porque el alcalde argumenta que IU no tiene capacidad para proponer cambios en el presupuesto.

La moción de IU pidiendo que se conceda dedicación exclusiva al concejal del PA tampoco se lleva a Pleno porque el alcalde afirma que él, y sólo él, tiene competencias para proponer liberaciones.

Respecto a la moción que IU presentó pidiendo que se anulen las multas de zona azul durante un mes así como la elaboración de una consulta popular acerca de la zona azul calle por calle, el alcalde ha tenido la desfachatez de afirmar que no tenía noticias de ella a pesar de que tiene fecha de registro de entrada del día 15.

Igual ha ocurrido con una moción en la que se pedía cambiar el destino de una subvención para empleo agrario que se estaba gastando en su mayoría en Peña Escrita. Desde IU consideramos que ese dinero estaría mejor invertido en reparar caminos y acequias, pero esa propuesta no va a pleno porque el señor alcalde dice no haberla visto. También está presentada con sello de registro de entrada el día 15, es decir, el mismo día y a la misma hora que se presentaron las dos mociones que él dice que no lleva a Pleno porque no tenemos competencias para ello.

Por último, IU había presentado cuatro mociones referentes al IBI que, según el alcalde, han entrado fuera de plazo. Estas mociones se presentaron el día 22. Las comisiones en las que se preparó el orden del día se realizaron el 25 y el Pleno será el 29. El alcalde no quiere que el Pleno discuta propuestas que afectan a miles de contribuyentes, como son bonificar a las viviendas con energía solar o a los vehículos que no contaminen. El alcalde impide asimimo que se discuta la propuesta de IU de rebajar el IBI de rústica.

IU presentará parte de estas mociones como votos particulares a distintos puntos del orden del día y dará la mayor difusión a las mismas para que los ciudadanos conozcan el contenido de nuestras propuestas y puedan opinar sobre ellas.

La lentitud de la justicia da pie a que un alcalde dictador cometa tropelías como esta sin que el recurso a los tribunales sea eficaz, pero los ciudadanos deben analizar por qué el alcalde tiene tanto miedo a que las propuestas de IU sean debatidas y sometidas a votación.

Benavides y Pavesio declaran en el Juzgado

«¿Tú sabes lo que es tener a la Policía en la puerta de tu casa?». El que lanza esta pregunta es el propietario del cámping 'El Carambolo' de Almuñécar, Fermín Tejero, que asegura que él sí que lo sabe perfectamente porque, según cuenta lleva «dos años sufriendo una situación de acoso» por parte del equipo de gobierno sexitano de Convergencia Andaluza.

El motivo es una «venganza» del equipo de gobierno de Juan Carlos Benavides, «por ir en contra de la destrucción de la vega y de la política oficialista del PGOU de este gobierno». O sea que, según Tejero, él estaba molestando y «Benavides me quiso dar un escarmiento».

Según relata Tejero, el Ayuntamiento le envió a su negocio una inspección exhaustiva tras otra, le revisaron hasta el último detalle del cámping y, en cinco días, decretaron el cierre de las instalaciones, sin atender alegaciones.

La mercantil Karanda S.L., que preside Fermín Tejero y que es propietaria del cámping, presentó una querella para denunciar el abuso de poder y el acoso sufrido a raíz de la clara oposición de sus gestores en contra el PGOU.

La querella fue admitida a trámite por el juzgado de Instrucción número 2 de Almuñécar por lo que ayer estaban citados a declarar el alcalde, Juan Carlos Benavides, y el ex concejal de Urbanismo, Emilio González Pavesio al que se extiende dicha citación, según informaron fuentes judiciales. Los querellados declararon durante dos horas ante el juez, pero el alcalde sexitano rehusó hacer declaraciones a la salida del juzgado. 

Fermín Tejero aseguró que la fase de instrucción «seguirá adelante y declarará más gente». Según explicó el abogado del denunciante, que prevé aportar nuevas pruebas en contra del alcalde, Benavides no admitió «ninguna de las acusaciones» por supuesta prevaricación durante su comparecencia ante el juez, en la que abordó el asunto con «generalidades y ambigüedades».

Uno de los motivos que Tejero alega para sostener esta querella es que el Ayuntamiento tomó resoluciones en la Junta de Gobierno sin tener los informes técnicos preceptivos y se precintaron las instalaciones aún antes de dar conocimiento y audiencia a los interesados.

El querellante lamentó también que hayan aparecido denuncias falsas con la intención de incriminar y predisponer a personas ajenas que curiosamente han desaparecido del Ayuntamiento.

El Pleno rechaza la propuesta del equipo de gobierno que autorizaba a hipotecar la concesión de las gradas y la gasolinera

Los once concejales de la oposición coincidieron en rechazar una curiosa propuesta del equipo de gobierno de Convergencia Andaluza que pretendía autorizar a la Promotora Social Cercado de la Santa Cruz para hipotecar la concesión que ha conseguido de unos locales y una gasolinera a cambio de hacer unas gradas.

Como explicó el portavoz de IU en el Pleno, esta concesión está plagada de irregularidades desde el principio. Iván Sánchez recordó que el principio de esta historia está cuando un empresario se ofrece a hacer gratis unas gradas que no le hacen ninguna falta a los ciudadanos. Y que por esa construcción, el empresario se quedaría, lo que no es poco, con los locales que salieran debajo.

 

Cuando saltó la noticia de que uno de los locales iba a ser una gasolinera, IU y el PP presentaron denuncia en Fiscalía, Medio Ambiente  y Obras Públicas. Actualmente, fruto de esas denuncias hay una investigación abierta por parte de la Fiscalía.

 

Iván Sánchez recordó que en esta historia no han faltado los engaños de todo tipo, habiendo un escrito del alcalde a la Consejera de Obras Públicas en el que le explica que bajo las gradas del estadio no va ninguna gasolinera.

 

Como continuación de esta historia tan extraña, el empresario dice que la obra le ha salido más cara de lo previsto. Y el Pleno, con los once votos de CA y de Andrés Palacios, aprueba darle los 891.404 euros que la empresa dice haber gastado de más.

 

En una pirueta de verdadera ingeniería truculenta, la Junta Local de Gobierno decide que, en vez de dinero, van a compensar al empresario dándole más terreno, en concreto, el terreno en que están enterrados los depósitos, que por cierto, se enterraron ilegalmente ya que no tenían la preceptiva licencia de obras, y el terreno en el que ya han levantado la estructura de una gasolinera. Total, un chollo para el polémico empresario - amigo.

 

La propuesta que Convergencia traía al Pleno era la de aprobar una hipoteca a favor del empresario para que éste pudiera pedir dinero a los bancos hipotecando la concesión. Tal y como explicó Iván Sánchez, eso significa que si mañana la Justicia, o el mismo Pleno, decidiesen quitar la concesión al empresario, se entraría en un proceso judicial complejo para ver quien tenía que pagar en realidad la hipoteca.

 

El Pleno aprobó rechazar esta propuesta de Convergencia Andaluza.

 

Izquierda Unida está preparando un escrito de ampliación de la denuncia que ya hicimos a Fiscalía para que se incorpore al expediente abierto por esta construcción.

BENAVIDES Y SU EXCONCEJAL DE URBANISMO GONZÁLEZ PAVESIO CITADOS A DECLARAR EN EL JUZGADO Nº 2 DE ALMUNÉCAR EL MARTES 18 DE SEPTIEMBRE A LAS 12 HORAS.

El alcalde de Almuñécar, Juan Carlos Benavides y el ex - concejal de urbanismo Emilio González Pavesio han sido citados a declarar este martes, 18 de septiembre a las 12 de la mañana, por la juez titular del juzgado nº 2 de Almuñécar, al haber sido admitida a trámite la querella criminal por un presunto delito de prevaricación que ha presentado la mercantil Karanda S.L. propietaria del Camping Carambolo, quienes denuncian haber sufrido un claro abuso de poder y acoso en los últimos años ante la clara posición de sus gestores en contra del PGOU.

Según los denunciantes, desde que se inició esta persecución se han violando derechos fundamentales por parte del Ayuntamiento de Almuñécar, amparados en la inmunidad que parece que tiene este Ayuntamiento a la hora de quebrantar la ley.

Estos son los argumentos esgrimidos en la denuncia:

• Se han realizado inspecciones reiteradas, cuando sorprendentemente instalaciones de camping clandestinas e ilegales –incluida la propia de Peña Escrita del Ayuntamiento- no han sido inspeccionadas.
• Se han tomado resoluciones en Junta de Gobierno sin tener los informes técnicos preceptivos.
• Se precintaron instalaciones aún antes de dar conocimiento y audiencia a los interesados; en su mayor parte las instalaciones fueron precintadas a pesar de haber sido construidas por una Escuela Taller, en colaboración con el propio Ayuntamiento y la supervisión de sus técnicos.
• Se ha negado sistemáticamente el acceso al expediente, aunque esto es un derecho para cualquier ciudadano.
• Se ha dilatado hasta en un año el envío del expediente al juzgado nº 3 de lo Contencioso Administrativo de Granada, con el objetivo de obstruir el normal procedimiento.
• No se ha respondido durante más de dos años a las numerosas peticiones de documentos y solicitudes, que cualquier ciudadano consigue en unos días;
• Han aparecido denuncias falsas con tal de incriminar y predisponer a personas ajenas, que curiosamente, han desaparecido del ayuntamiento.
• Se solicita la conexión al saneamiento municipal ya va para dos años y aún no hay respuesta.
• Se da orden por parte del Ayuntamiento de corte de agua y energía eléctrica a las instalaciones, dejando a familias ajenas al camping sin suministro de agua.
• Se utilizan los medios de comunicación privados del alcalde, pero pagados con dinero público, para mentir y denigrar a las personas contrarias a su política urbanística;

Ni en los tiempos más negros de la dictadura se ha visto una actuación municipal tan degradante como ésta, dirigida a escarmentar a los opositores sin importar mentir donde sea, ni perjudicar a personas ajenas a este asunto, con la connivencia de la mayoría de los concejales –que conocían bien el tema- y de algunos de los empleados municipales.

IU pregunta al alcalde qué cantidades ha pagado el Hotel Bahía Almuñécar en concepto de ocupación de la vía pública al tener cerrada una calle más de dos años

Dado que el Hotel Bahía ha tenido cortada una calle durante un periodo superior a los dos años causando un grave perjuicio a comerciantes y vecinos, suponemos que, al menos, esta ocupación de vía pública habrá supuesto un importante ingreso para las arcas municipales. Para aclarar ese extremo, IU ha preparado una pregunta que se presentará en el Pleno del Lunes, pidiéndole al alcalde que informe acerca de la cuantía satisfecha por el Hotel Bahía Almuñécar en concepto de ocupación de terrenos de acuerdo a lo previsto en las Ordenanzas.

Asimismo, IU pregunta si, tal y como establecen esas mismas ordenanzas, el hotel ha sufragado el asfaltado de la Avenida Juan Carlos o hemos sido los ciudadanos mediante nuestros impuestos los que hemos pagado ese gasto.

El texto de la pregunta presentada por Iván Sánchez es el siguiente:

Pregunta que presenta el Grupo Municipal de IU al Alcalde acerca del cumplimiento de la Ordenanza por ocupación de vía pública por parte del Hotel Bahía Almuñécar

La Ordenanza que regula la tasa por ocupación de terrenos de uso público con mercancías, materiales de construcción, escombros, vallas, puntales y otros, en su artículo 4º fija las siguientes cuantías según el  acuerdo de Pleno de 11-10-2006

TARIFA A:  Ocupación de la vía pública con escombros, tierra, mate­riales de construcción y grúa, por metro cuadrado y día.   

• Calles de Categoría Especial A ........ 0.66    
• Calles de Categoría Especial B ........ 0.64   
• Calles de Categoría Especial C ........ 0.59    
• Calles de Categoría Primera ...........   0.55   
• Calles de Categoría Segunda ........... 0.50   
• Calles de Categoría Tercera ...........   0.45   
• Calles de Categoría Cuarta ............    0.39  

TARIFA B: Ocupación de la vía pública con vallas, andamios, punta­les, asnillas y otras instalaciones análogas por metro cuadrado y día. 

• Calles de Categoría Especial A ........  0.33   
• Calles de Categoría Especial B ........  0.31    
• Calles de Categoría Especial C ........  0.29   
• Calles de Categoría Primera ............   0.28   
• Calles de Categoría Segunda ............ 0.26   
• Calles de Categoría Tercera ............   0.24   
• Calles de Categoría Cuarta .............    0.21

El Hotel Bahía está situado en la Avenida Juan Carlos, catalogada por las ordenanzas de categoría especial C.

Dado que el Hotel Bahía ha tenido cortada una calle durante un periodo superior a los dos años causando un grave perjuicio a comerciantes y vecinos, suponemos que, al menos, esta ocupación de vía pública habrá supuesto un importante ingreso para las arcas municipales.

¿Podría informar a este Pleno de la cuantía satisfecha por el Hotel Bahía Almuñécar en concepto de ocupación de terrenos de acuerdo a lo previsto en las tarifas A y B de las Ordenanzas que se han de aplicar a todas las obras realizadas en este municipio?

Asimismo, de acuerdo al artículo 5 de esta ordenanza ‘de conformidad con lo prevenido (sic) en el artículo 46 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, cuando con ocasión de los aprovechamientos regulados en esta Ordenanza se produjesen desperfectos en el pavimento o instalaciones de la vía pública, los titulares de las licencias o los obligados al pago vendrán sujetos al reintegro total de los gastos de reconstrucción y reparación de tales desperfectos o reparar los daños causados, que serán, en todo caso, independientes de los derechos liqui­dados por los aprovechamientos realizados.’

 

Dado que el asfaltado de esta calle ha sido realizado con cargo a los impuestos de los ciudadanos, suponemos que la empresa habrá abonado de alguna manera esta cantidad al ayuntamiento.

¿Podría informar al Pleno de las cantidades aportadas por la empresa propietaria del Hotel para los gastos de reconstrucción y reparación de tales desperfectos ocasionados en la calle Juan Carlos?

Almuñécar, 14 de septiembre de 2007

IU pide al Subdelegado del Gobierno que actúe ante una convocatoria ilegal

Tras dirigir dos escritos al secretario del ayuntamiento exponiendo nuestras dudas acerca de la legalidad de la convocatoria para la “contratación de personal de alta dirección como coordinador/a del programa de interrelación de la revisión del PGOU con el modelo de desarrollo turístico de Almuñécar, IU ha dirigido un escrito al Subdelegado del Gobierno pidiéndole que intervenga tal y como está obligado a hacer si observa actos de dudosa legalidad por parte de algún ayuntamiento.

 

 En el escrito enviado, IU hace constar que las bases publicadas en el BOP incumplen diversos preceptos legales:

·   No cumplen el art. 168.c del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo que dispone que: El presupuesto de la entidad local será formado por su presidente y a él habrá de unirse la siguiente documentación: c) Anexo de personal de la entidad local.

·   No cumplen el punto 21 de la Ley de Bases de Régimen Local, al que hace referencia la convocatoria, ya que esta artículo en su apartado g señala como competencia del alcalde: ‘Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el Presupuesto y la plantilla aprobados por el Pleno, aprobar las bases de las pruebas para la selección del personal y para los concursos de provisión de puestos de trabajo y distribuir las retribuciones complementarias que no sean fijas y periódicas.’ El artículo 22.2.i de la citada LBRL, aclara más la cuestión al señalar entre las competencias del Pleno: ‘La aprobación de la plantilla de personal y de la relación de puestos de trabajo, la fijación de la cuantía de las retribuciones complementarias fijas y periódicas de los funcionarios y el número y régimen del personal eventual.’

·   Contravienen La Ley 7/2007de 12 de Abril del Estatuto Básico del Empleado Público al no cumplir el art. 13.c que exige que: Su designación atenderá a principios de mérito y capacidad y a criterios de idoneidad, y se llevará a cabo mediante procedimientos que garanticen la publicidad y concurrencia; y el art. 60.2, en cuanto a la composición del tribunal, ya que no pueden ser miembros de tribunales o de órganos de selección: el personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal eventual,como pretende la convocatoria.

·   Contravienen la Ley 30/92  de 26 de Noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ya que en las bases señalan que “son definitivas en vía administrativa y contra las mismas puede interponerse recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo”. Interpretamos esa maliciosa redacción, no ya como no ajustada a derecho, ya que previo al contencioso asiste el derecho al recurso de reposición ante el órgano que dictó el acto, sino como un intento de entorpecer y restar la voluntad de presentar el pertinente recurso de reposición.·

   Las bases tampoco señalan la duración del contrato, ni la titulación exigida. Entendemos que un contrato de alta dirección al que corresponde una remuneración de 46.600 euros y con un cometido que implica altos y acreditados conocimientos multidisciplinares en los campos del turismo, el urbanismo, la sociología o el derecho, por citar algunos, no puede ser adjudicado sin una exigencia razonable de titulación superior.·   Además de lo hasta aquí expuesto, es de reseñar que la plaza convocada no ha sido publicada en el BOE.  

Por todo lo expuesto solicitamos la intervención de la Subdelegación del Gobierno, que debe velar porque los acuerdos, convocatorias y demás actos de las Entidades Locales cumplan escrupulosamente la Ley, tal y como nos consta, viene haciendo esa Sugdelegación de manera habitual.

Además, y a la vista de los escritos que hemos presentado al secretario del Ayuntamiento de Almuñécar, pudiera darse la circunstancia de prevaricación por parte del Alcalde si, habiendo sido advertido de la ilegalidad de la convocatoria objeto de este escrito, se ha empeñado en convocarla.

Esperamos pues que tomen las medidas y trámites oportunos, el traslado a la Fiscalía por si existiera indicios de delito y nos tengan informados sobre su proceder.

IU presenta una moción para resolver el conflicto de la denominada ‘Vivienda Joven’

IU ha presentado en el registro del ayuntamiento sexitano una moción proponiendo, entre otras medidas, la expropiación del bloque ilegal construido en Laderas de Castelar y su conversión por la Junta en VPO que serían adjudicadas por los servicios sociales de la Junta y del ayuntamiento.

La moción propone asimismo que el ayuntamiento denuncie al alcalde y al promotor como culpables de varios delitos (urbanístico, desacato y prevaricación) y responsables únicos de la situación creada, al permitir que se construyan unas viviendas en un terreno dedicado a suelo industrial.

La moción responsabiliza al alcalde y al promotor del malestar generado al jugar con la necesidad de muchas familias humildes y recuerda que la Junta Local de Gobierno, presidida por el alcalde, es el único organismo que tiene capacidad para dar licencia de primera ocupación. También se pide en la moción que el ayuntamiento deje de vender suelo y se comprometa a construir 300 VPO de manera urgente.

Igualmente, la moción presentada por IU pide que se requiera al promotor para que devuelva a los inquilinos las cantidades indebidamente recaudadas hasta la fecha y los aloje en inmuebles de su propiedad en tanto se resuelve el contencioso con la Junta de Andalucía.

 

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN DENUNCIA ANTE MEDIO AMBIENTE EL ASFALTADO DEL CAMINO VIEJO DE MOTRIL EN LA VEGA DE RÍO VERDE EN ALMUÑÉCAR

Se trata de una vía pecuaria y la Ley prohíbe expresamente este tipo de actuaciones. 

En el término municipal de Almuñécar, en plena Vega de Río Verde, terreno considerado como Paisaje Agrario Singular (AG-10 Vega del Río Verde) por el Plan Especial de Protección del Medio Físico de la provincia de Granada, se ha asfaltado la Vía Pecuaria conocida como Camino Viejo de Motril.

La Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias en su Art.  21. 2 b)   considera como infracción MUY GRAVE esta actuación y por eso hemos solicitado al organismo garante de la integridad de las vías pecuarias, la Delegación Provincial de Medio Ambiente, que se sancione conforme a derecho y se proceda inmediatamente a la restauración de la vía pecuaria  a su estado original (Art. 20 de la Ley 3/1995 y Art 60.2 del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía)

Este hecho pudiera parecer como no intencionado por parte de los promotores, el Ayuntamiento de Almuñécar, pero en la aprobación provisional del PGOU (Art. 13.30 A. 4) se han visto obligados a poner -a instancias de la Delegación Provincial de Medio Ambiente- como usos de las vías pecuarias aquellos que “no conlleven la utilización de vehículos motorizados” (Art. 58.1 del citado reglamento) lo cual hace más sospechoso aún el asfaltado de la vía pecuaria ya que puede suponer el primer paso para ir urbanizando ilegalmente la vega de Almuñécar, al facilitar el tráfico rodado.

El BOP de la anulación

¿Por qué la anula? ¿Qué razones da? ¿Reconoce algún error? Silencio

Benavides anula la plaza de coordinador que PSOE e IU consideraban ilegal

Benavides ha anulado la convocatoria para la contratación de un coordinador de alta dirección que estaba ya asignada de antemano al ex concejal de Urbanismo y Turismo. Emilio González Pavesio. El anuncio sobre la anulación de la plaza de alta dirección -en concreto un puesto de coordinador con un sueldo de 46.600 euros anuales por adaptar "el modelo de desarrollo turístico al nuevo PGOU"-, salió publicado ayer en el Boletín Oficial de la Provincia después de una semana polémica en la que los partidos de la oposición dirigieron duras críticas contra el alcalde.

Tanto el PSOE como IU coincidieron en censurar que la citada plaza era una manera de "pagar los servicios prestados" de González Pavesio. Entre los conocimientos que se solicitaban para ocupar la plaza figuraban la experiencia en planes públicos de desarrollo turístico, funciones directivas en puestos turísticos y urbanísticos, e incentivos en la inversión turística.

Mientras el concejal del PSOE Francisco Prados anunciaba la semana pasada su intención de impugnar la creación de una plaza pública "teledirigida", el portavoz de IU, Iván Sánchez, se dirigía al secretario municipal solicitándole un informe acerca de la legalidad de la convocatoria al considerarla "ilegal".

IU dudaba incluso de que el alcalde tuviera competencias para sacar a concurso dicha plaza pues implicaba, según Iván Sánchez, una modificación de la plantilla municipal.

IU pide al Secretario del Ayuntamiento que informe sobre la legalidad de una convocatoria irregular

En la mañana del viernes, 24, Iván Sánchez ha presentado en el registro municipal un escrito dirigido al Secretario del Ayuntamiento pidiéndole que informe acerca de la legalidad de una convocatoria que consideramos totalmente irregular y propia de un cacique más que de un representante democrático.


La convocatoria ha aparecido en el BOP del 20 de agosto y tiene como fin contratar como personal de alta dirección, con un sueldo de 46.600 euros, un Coordinador de un denominado ‘Programa de Interrelación de la revisión del PGOU con el modelo (sic) desarrollo turístico del municipio de Almuñécar.


En el escrito presentado por IU, se pide al secretario que se aclare si el alcalde tiene competencia para efectuar una convocatoria que implica una modificación de la plantilla. El punto 21 de la Ley de Bases de Régimen Local, al que hace referencia la convocatoria, en su apartado g señala como competencia del alcalde: ‘Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el Presupuesto y la plantilla aprobados por el Pleno.’ El artículo 22.2.i de la citada LBRL, aclara más la cuestión al señalar entre las competencias del Pleno: ‘La aprobación de la plantilla de personal y de la relación de puestos de trabajo, la fijación de la cuantía de las retribuciones complementarias fijas y periódicas de los funcionarios y el número y régimen del personal eventual.’


Igualmente, el escrito presentado pide que se informe si existe consignación presupuestaria para dicha contratación. Iván Sánchez señala en su escrito que tiene dudas de si la composición del tribunal responde a los criterios que marca la legislación pues se observa que no existe representación de los distintos grupos municipales. Por último, el concejal de IU solicita al secretario del ayuntamiento asesoramiento acerca de la legalidad del baremo y las bases que se piensan utilizar en esta convocatoria. Respecto a las bases, por ejemplo, no se incluye la titulación académica exigida, cuestión esta que es necesaria en cualquier convocatoria. Se habla en la convocatoria de unas bases definitivas, pero, como cualquier acto administrativo, ha de estar sujeto al recurso de reposición previo al contencioso. Tampoco se aclara en la convocatoria la duración del contrato.


Cuestión aparte, señala el escrito al secretario, es la de aclarar si la convocatoria parte de una necesidad real o ficticia, ya que en su justificación se alude a que ‘por el Ayuntamiento de Almuñécar se están realizando los trabajos de redacción de un nuevo documento del PGOU’, cuando ese plan está ya redactado y ha pasado por las fases de aprobación inicial y provisional estando a la espera de contestar las alegaciones y enviarlo a la Junta de Andalucía, por lo que mal se justifica que a estas alturas se contrate una persona para esa tarea. Esta falta de justificación choca con el artículo 90 de la citada LBRL, que en su apartado 1 dice: ‘Corresponde a cada Corporación local aprobar anualmente, a través del Presupuesto, la plantilla, que deberá comprender todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y eventual. Las plantillas deberán responder a los principios de racionalidad, economía y eficiencia y establecerse de acuerdo con la ordenación general de la economía, sin que los gastos de personal puedan rebasar los límites que se fijen con carácter general.


IU espera que esta convocatoria sea anulada por los múltiples defectos de forma que tiene. En cualquier caso, queremos poner de manifiesto que el fondo de la cuestión es que tenemos un ayuntamiento que regatea dinero para los empleados de la limpieza pero que no escatima gastos cuando se trata de buscar empleos con sueldo millonario a los amigos del alcalde. Este intento de colocar al anterior concejal de Urbanismo en un empleo a su medida es un paso más después de haber conseguido que PSOE y PP les aprobaran la liberación de nueve concejales, un secretario de grupo y cuatro asesores. Recordemos que los gastos de concejales, asesores y secretarios de grupo rondan el millón de euros.

Escrito de IU al Secretario del Ayuntamiento

Al leer en el BOP la convocatoria de una plaza para colocar al anterior concejal de Urbanismo (a la convocatoria sólo le falta poner el nombre del elegido) el grupo municipal de IU ha dirigido un escrito al Secretario del Ayuntamiento pidiéndole que dictamine si esa convocatoria es legal.