Marbellécar

IU amplía la denuncia en Fiscalía por el turbio asunto de la gasolinera

El 21 de diciembre de 2006, IU de Almuñécar presentó en la Fiscalía una denuncia acerca de la construcción de una gasolinera y otros locales comerciales en terreno deportivo.

El 3 de enero de 2007, el Teniente Fiscal, Don Guillermo Sena Medina se dirigió a Iván Sánchez comunicándole que se abrían Diligencias de Investigación con el número 206/06. 

El 3 de agosto, IU ha presentado una ampliación de la denuncia porque se han producido hechos verdaderamente graves que ponen de manifiesto la falta de respeto a la legalidad por parte del ayuntamiento.

Según consta en la denuncia, el  27 de marzo entró en el registro de la Consejería de Obras Públicas un escrito del alcalde, explicando que: ‘ni dentro del ámbito del equipamiento deportivo del Estadio Municipal de Deportes de Almuñécar, ni bajo su grada, está prevista la instalación de gasolinera alguna’.

Asimismo, el alcalde afirmaba que ‘la Promotora Social Cercado de la Santa Cruz S.L. con fecha 6 de febrero de 2006 ha solicitado licencia de apertura para una Estación de Servicio que no se proyecta ni en el recinto del Estadio Municipal, ni bajo sus gradas’. Sin embargo,  el ayuntamiento ya había acordado en esas fechas dar informe ambiental favorable a una estación de servicio en la calle Khan Jounes, y en esa calle sólo existen dos construcciones: el Centro de Salud y el Estadio de Deportes.

Además, en el mes de diciembre ya se habían producido excavaciones en el subsuelo y en el mes de marzo se hallaban tan avanzadas las obras que el día 25 aparecen en los medios de comunicación fotos de una grúa colocando los depósitos de combustible a varios metros de profundidad.

En un alarde de desfachatez, el 15 de mayo, el Pleno aprueba ‘Reconocer la existencia del desequilibrio económico financiero de la concesión para la construcción y explotación de locales en el Estadio Municipal de Deportes por importe de 891.404€, de acuerdo con el informe técnico emitido’. Curiosamente, el acuerdo dice locales en vez de gradas cuando el objeto de la concesión era construir unas gradas y los locales sólo eran la contraprestación que recibía la empresa. La cantidad en que supuestamente se han desviado los gastos es exorbitada toda vez que la empresa presentó un presupuesto inicial de 721.000€. Es decir, según la empresa, y según los informes técnicos, los gastos son del doble de lo presupuestado.

La situación es curiosa porque en la zona en la que se está trabajando sólo hay tierra movida no hace mucho por la construcción del estadio. No se ha encontrado ningún obstáculo imprevisto: restos arqueológicos, paralizaciones ajenas a la empresa, huelgas, deslizamientos de terreno, etc. Así pues, no se encuentra argumento alguno para justificar este incremento tan desproporcionado del gasto dado que tampoco ha habido cambio alguno en el proyecto de obras.

En otros casos de desequilibrio económico, el acuerdo siempre ha sido que el Pleno acuerda resarcir a la empresa afectada con la cantidad económica y ahí se acaba todo. Pero en este caso, el acuerdo que toma el Pleno incluye otro apartado: ‘Delegar en la Junta de Gobierno Local las competencias necesarias para que se lleven a cabo las modificaciones tendentes a conseguir el restablecimiento económico.’ Este segundo punto del acuerdo, extraño a todas luces, y, desde luego, novedoso, hace que pensemos que lo que ocurre a continuación estaba perfectamente planificado.

El 22 de mayo, la JGL acuerda ‘restablecer el equilibrio económico de la concesión mediante la ampliación de la superficie concedida a la mercantil Promotora Social Cercado de la Santa Cruz S.L. en 190 m2  situados en la calle Khan Jounes…’

Es decir, que el ayuntamiento cede a la empresa la acera y la calle en la que ya había estado trabajando, de forma ilegal, para colocar los depósitos de combustible, que es, curiosamente, la misma dirección que aparece en la calificación ambiental favorable que se emite el 26 de octubre de 2006, casi un año antes.

Por último, el 26 de junio de 2007, la JGL cierra el círculo concediendo licencia de obras para ‘ejecución de línea subterránea de baja tensión para suministro estación de servicio/local comercial resultante de la ampliación de las gradas’. Ya sí se reconoce que va una gasolinera ahí.

Todos estos hechos son realmente escandalosos. Desde IU entendemos que se han podido cometer varios delitos: malversación de fondos públicos, prevaricación, engaño y ocultación de información a las autoridades, delito urbanístico, etc.

Esperemos que la Fiscalía siga tomándose el caso con el interés que hasta ahora ha demostrado y que ponga alto a los desmanes de este ayuntamiento. Si damos lugar a que esa gasolinera se abra, si la Justicia y la Junta permiten que este alcalde y este empresario se salgan con la suya en este negocio tan turbio y tan sucio, mal nos va a ir a los almuñequeros.

Resumiendo:

·   La empresa pide licencia de obras para gasolinera y gradas con fecha 6-2-06.

·   El 11-4-06, dos meses después, el Pleno aprueba conceder las obras de las gradas a esta empresa.

·   El 26-10-06, el ayuntamiento da informe ambiental favorable a una estación de servicio en la calle Khan Jounes. En esta calle sólo hay dos construcciones: el Estadio de Deportes y el Centro de Salud. Y no hay solar alguno.

·   El 7-11-06, la Junta de Gobierno da licencia de obras para las gradas y los locales.

·   El 27-3-07, el alcalde dice a Obras Públicas que sí hay gasolinera pero no bajo las gradas. No dice dónde.

·   El 10-4-07,el ayuntamiento abre expediente de disciplina urbanística a unas obras que ya están casi terminadas.

·   El 15-5-07, el Pleno reconoce un desequilibrio económico en la concesión por importe de 891.404€, y delega en la Junta de Gobierno para resolver el tema

·   El 21-5-07, la Interventora dice que no hay partida presupuestaria para pagar.

·   El 22-5-07, la Junta de Gobierno acuerda compensar en vez de con dinero con la cesión extra de 190 m2  situados en la calle Khan Jounes, es decir, la calle del estadio en la que se han instalado ya los depósitos de combustible.

·   Por último, el 26-6-07, la Junta de Gobierno aprueba licencia de obras para enganchar la luz a una gasolinera que no existe en el papel pero que ya tiene los depósitos enterrados.

«Nos tratan como a animales»

¿Es posible mantener a una familia de nueve hijos con un único sueldo de 1.077 euros y sin cobrar desde hace dos meses? Cualquiera respondería que no, pero Víctor Manuel García, basurero almuñequero de 44 años, lo consigue... eso sí, pasando las de Caín. Ayer este empleado de El Mirlo contaba a IDEAL las penurias que está pasando su familia por los pagos que le debe la empresa, a la vez que impedía, junto a sus compañeros y su mujer Violeta, que las máquinas enviadas por el Ayuntamiento retiraran la basura.

«Hay que ser muy valientes para estar aquí de huelga cuando vivimos con la amenaza continua de que nos van a echar», lamentaba. «En esta empresa nos tratan como a animales», resumía Miguel Quirós, uno de los trabajadores despedidos. Según sus cálculos, a cada empleado le deben una media de 6.000 euros, lo que tiene a las familias de estos ochenta 'mil euristas' contra las cuerdas. Una de las que lo está pasando mal es Mari Carmen Flores, que tiene una hipoteca y tres niños que lleva a comer a casa de su suegra porque su monedero está temblando. «Queremos cobrar por dignidad», gritaba ayer en la puerta del mercado.

No trabaja cualquiera

La indignación generalizada de los turistas chocó ayer con la comprensión de muchos almuñequeros, que apoyaron a los huelguistas en la puerta del mercado. «Hay que se humanitarios con esta gente, no puede ser que no cobren», denunciaba Mariló, una almuñequera que culpaba al alcalde de la situación. Celia Muñoz, de 22 años, es otra de las trabajadores de la recogida nocturna de basura que pedía mejoras laborales. «En este trabajo te cortas, hueles fatal, no llevamos un buen equipo ni vamos bien protegidos... y encima yo cobro 500 euros, con un mes que no me paguen ya te puedes imaginar», se quejaba la joven huelguista.

«No cualquiera trabaja en la basura, yo la nariz la tengo perdida, no estamos bien pagados», apuntaba su compañero Francisco Martín. «Más pena que a nosotros no le da a nadie ver así el pueblo, porque nosotros somos los que nos dejamos la piel para limpiarlo», añadía el joven barrendero Francisco Arcos, que se siente «defraudado» por la actuación del alcalde. «Todos le votamos para que nos echara una mano», lamentaba este profesional, que junto con sus compañeros, asegura que está dispuesto a dejar el pueblo limpio en 24 horas en cuanto vean un atisbo de luz en este conflicto.

La fanfarronada del alcalde puede costar muy cara al sector turístico

La fanfarronada del alcalde anunciando la suspensión de las fiestas puede costar muy cara al sector turístico dado que esta noticia ha tenido un eco inmediato en todos los medios de comunicación, incluidas las principales cadenas de televisión. Esta decisión del alcalde demuestra una total falta de seriedad y responsabilidad. En un municipio que tiene importantes recursos por vía del turismo, es una barbaridad que un alcalde anuncie a bombo y platillo una decisión como esa.

Nos gustaría que desde la Asociación de Hoteleros se saliera al paso de esta decisión, porque es esta decisión, y no la huelga, la que va a causar un daño importante al turismo sexitano.

No conocemos ningún municipio en que el alcalde haya tomado una medida tan irracional, a pesar de que son centenares los pueblos en los que las huelgas de limpieza se han hecho coincidir con fiestas para forzar una rápida resolución del conflicto. Sí conocemos el proceder del alcalde de Almuñécar: no tuvo ningún miramiento cuando también suspendió el certamen de guitarra Andrés Segovia; en esa ocasión la Iglesia no permitió que los conciertos se ofrecieran en el templo de La Herradura y aunque el Ayuntamiento contaba con lugares propios para su celebración y empresarios ofrecían sus instalaciones, el alcalde prepotente, suspendió ese prestigioso evento de proyección mundial.  

Cada vez es más evidente que este señor no puede seguir al frente de un municipio pues le falta la cordura y la sensatez que son necesarias en cualquier persona que se dedica a gestionar intereses colectivos. Los caseteros que llevan días trabajando y comprando, los feriantes que ya están instalados, los niños y jóvenes que esperan con ansiedad los columpios, los vecinos y visitantes que cada año disfrutan de la feria y en general, todos los veraneantes y moradores de este bello pueblo no merecen un alcalde que es incapaz de sentarse a dialogar con los implicados para buscar una salida al conflicto. Es inaudito que, a estas alturas, el alcalde aún no haya mantenido ni una sola reunión que trate de resolver el problema, lo que nos hace pensar que el alcalde no está a la altura de las circunstancias, ni está capacitado, ni es responsable, ni mucho menos es digno de ser nuestro alcalde.Denunciamos la actitud provocadora de un alcalde que prefiere enfrentar a unos vecinos con otros, que prefiere crear corrientes de opinión tendenciosas antes que trabajar por resolver los problemas del municipio: la competencia de la recogida de basura es del ayuntamiento con el alcalde al frente.Y pedimos a los vecinos que no se dejen engañar. Los servicios mínimos se están cumpliendo. Lo que piden los trabajadores es justo. Y el alcalde, en vez de amenazar con quitar las fiestas, lo que debe hacer es llamar inmediatamente a los trabajadores y a la empresa ofreciéndose de mediador y no de atizador del conflicto.

 

EL AYUNTAMIENTO DE ALMUÑECAR SIGUE CERRANDO LOS BAJOS DE LAS VIVIENDAS SOCIALES DE LA CARRERA PESE A LA NEGATIVA DE LOS VECINOS

El Ayuntamiento de Almuñécar sigue cerrando bajos en los bloques de la urbanización La Carrera a pesar de las quejas de los vecinos y a la petición de dialogo solicitada ante la Alcaldía por el grupo municipal de IU.

El cierre de un nuevo soportal de las distintas comunidades de vecinos que acogen las más de 180 viviendas de La Carrera se ha vuelto a producir en estos días, tras la denuncia pública que hicieron los vecinos, que, con documentación en mano, aseguran que los bajos o soportales les pertenecen a las distintas comunidades.

Este martes, un grupo de vecinos ha ido al ayuntamiento buscando el apoyo de los distintos grupos políticos porque esta claro que menos la guardería y el centro de adultos, el resto se ha hecho sin permiso ni comunicación alguna con los vecinos, que son los propietarios de esos bajos según acreditan con las escrituras.

IU vuelve a manifestar su apoyo a estos vecinos y reitera la petición al alcalde de que convoque una reunión entre todos los grupos políticos y los vecinos.

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN DENUNCIA CONSTRUCCIONES SOBRE BARRANCOS EN ALMUÑÉCAR

Se trata de la urbanización llamada Arroyo Marinos, junto al barrio de los Marinos y que ya está investigando la Dirección General Inspección de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

Esta Urbanización se enclava sobre un barranco con este nombre. El barranco ha quedado cubierto e incluido dentro de la propia urbanización como jardín, paseo y piscinas, con el consiguiente peligro en caso de lluvias torrenciales que podrían hacer reventar el cauce. Este cauce, al final de la urbanización se convierte en calle asfaltada de acceso, cubriendo el barranco, que ve mermada su capacidad de desagüe.

Se denunció ante la Agencia Andaluza del Agua, que no ha respondido, y ante Obras Públicas, que ha abierto Diligencias Previas y ha solicitado al Sr. Alcalde Presidente de Almuñécar que aplique lo dispuesto en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, referente a la concesión de licencias y su posible revocación y al Jefe de la Policía Local de Almuñécar por lo que pudieran tener de competencias en este tema.Sin embargo, la Junta Local de Gobierno de Almuñécar concedió licencia de primera ocupación en su reunión de 5 de junio pasado.  Creemos que la Junta de Andalucía tendrá algo que decir en este tema.

Benavides intenta humillar a IU al concederle su local de grupo a 3 kilómetros del ayuntamiento

Fiel a su máxima de que la ley está para no cumplirla, Benavides ha decidido conceder al grupo municipal de IU un local que está a tres kilómetros del ayuntamiento. Dado que la legislación le obliga a ceder a todos los grupos municipales un local, el alcalde, en un gesto propio de su talante chulesco y caciquil, ha comunicado a Iván Sánchez que el local de IU está en los bajos de Mariote. 

Esta decisión no tiene precedentes y sólo se puede interpretar como una venganza más de un alcalde que no está acostumbrado a soportar un estilo de hacer política basado en la firmeza y la denuncia. Si el Pleno del 26 dejaba a IU sin liberado y sin secretaría de grupo, con el voto conjunto de Benavides, PP y PSOE, el alcalde, con esta resolución injusta y vengativa, pretende dar otra vuelta de tuerca a su política en contra de IU. 

Benavides se equivoca si piensa que, con medidas de este tipo, va a conseguir nuestro silencio o complicidad. Como se ha visto en el Pleno del jueves, IU va a plantear con claridad sus propuestas en todos y cada uno de los temas que surjan en esta legislatura.  

Desde IU vamos a tomar medidas judiciales y políticas contra esta cacicada. Pero además, sería conveniente, por un simple respeto a las formas democráticas, que el resto de grupos de la oposición adoptaran alguna medida tendente a reconducir esta situación forzando en el Pleno una votación que obligue al alcalde a cumplir la ley en la letra y en el espíritu.

Corrupción de Marbella: Roca gastó 855.000 euros en champán y vinos franceses

En la foto lo vemos después de un día inolvidable con los muflones, parece ser, de Peña Escrita 

El supuesto cerebro de la trama de corrupción inmobiliaria marbellí, Juan Antonio Roca, gastó 855.140 euros en champán y otros vinos franceses el pasado mes de noviembre. Roca aún ejercía entonces de asesor de urbanismo en la corporación marbellí y no tuvo ningún reparo en cargar la factura de los citados vinos a la cuenta del Ayuntamiento. La comisión gestora ha enviado la factura a la Fiscalía Anticorrupción por si fuera constitutiva de delito.

La factura incluye 350 botellas de vino Petrus 1979, a 2.000 euros cada una; 50 botellas de champán Dom Perignon, a 300 euros la botella; y 25 botellas de Chateau Vieux le Pape, encargadas para regalar.

El gasto se ha conocido debido a la reclamación de la empresa francesa Terres Vignobles a principios de julio. La factura fue enviada a nombre del Ayuntamiento de Marbella, "a la atención de Juan Antonio Roca". La comisión gestora de la corporación marbellí ha declarado que no tiene intención de pagar.

Jueces, notarios, ediles y funcionarios recibieron regalos de una promotora del 'caso Malaya'

Jueces, notarios, registradores, abogados, ediles y funcionarios municipales de las provincias de Málaga, Almería, Jaén, Granada, Alicante y Madrid figuran entre los destinatarios de los regalos efectuados por la promotora Aifos, cuyos directivos están imputados en el caso Malaya. Según un informe policial recogido en la parte del sumario sobre la que el juez instructor ha levantado el secreto en los archivos informáticos incautados en las instalaciones de Aifos figura una relación de las autoridades a las que ofreció dádivas, bien de tipo material o de disfrute de servicios de alojamiento, salud y belleza.

En varias hojas aparecen registrados regalos para las Navidades del 2004/2005, en los que figura una amplia lista de personas vinculadas al Ayuntamiento de Marbella, directivos de entidades privadas, ediles de otros ayuntamientos malagueños y funcionarios vinculados al ámbito judicial de varias provincias.

La relación contiene una docena de notarios, cuatro de ellos de Málaga, dos de Almería, dos de Madrid, dos de Linares (Jaén), uno de Granada y otro de Alicante. También figuran magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y de la Audiencia Provincial de Málaga, dos abogados del Estado y siete registradores de la Propiedad. De éstos, dos desempeñaban su actividad en Roquetas de Mar (Almería), uno de Mijas y otro en Campillos (Málaga), uno en Linares y otro en La Carolina (Jaén) y uno en Parla (Madrid).

Además de los funcionarios y ediles del Ayuntamiento de Marbella, la lista de regalos de Aifos incluye a una docena de personas vinculadas al Consistorio de Mijas, cinco relacionadas con el Ayuntamiento de Estepona y una del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria.

La policía mantiene en su informe que los regalos e invitaciones de Aifos estarían destinados a crear "condiciones favorables a sus intereses empresariales", y que debido al sector en el que realiza su actividad se dirige "hacia los entes locales donde lleva a cabo sus promociones inmobiliarias y negocios hoteleros". Además, no cree que estos regalos o servicios sean "admisibles en cuanto a que exceden a los usos habituales, tanto sociales como de cortesía", por lo que mantiene que vulneran los principios éticos y códigos de conducta.

El juez del caso Malaya afirma que 'hay que dejar de ver la corrupción municipal como un mal necesario'

El juez instructor del ´caso Malaya´, Miguel Ángel Torres, aseguró ayer que la investigación de la trama de corrupción urbanística y municipal en Marbella le ha cambiado la vida.

Torres, que próximamente abandonará la instrucción del ´caso Malaya´ para regresar a su plaza en un juzgado de Granada, no quiso precisar en qué momento se encuentra la investigación y cuando será sustituido por el nuevo juez Oscar Pérez. En la conferencia, titulada ´La corrupción urbanística como forma de crimen organizado´, el magistrado aludió de forma velada al funcionamiento de la trama de corrupción marbellí como el uso de entramados societarios o la compra de inmuebles a través de testaferros.

Según Torres, "parece que los casos de corrupción urbanística se han puesto de moda en España, y existe la falsa creencia de que los hay en todos los ayuntamientos, pero con ese pensamiento solo se consigue quitar importancia al delito".

Explicó que estos grupos organizados se instalan "donde se den las condiciones favorables para que no se les persiga" y señaló que coincide que es normalmente donde los ayuntamientos "se relajan".

El magistrado entiende que "no se puede pensar que una persona aislada, por ejemplo un concejal, cometa determinados delitos solo", por lo que se mostró convencido de que se requiere de "una estructura o una cierta infraestructura", formada por técnicos, abogados asesores e intermediarios.

A su juicio, el desarrollo de un grupo organizado en una determinada zona no es casual ya que los criminales "se instalan en aquellos ambientes más favorables", indicó el magistrado.

En su opinión, podría haber mejores mecanismos de control por parte de las comunidades autónomas, si bien "los ayuntamientos son entidades autónomas que no pueden estar sometidas a un control absoluto".

El juez explicó que hasta ahora la actividad inmobiliaria se había aceptado "porque generaba riqueza para los municipios y cuando las cosas van bien la gente no se plantea qué hay detrás".

Por esta razón, insistió en que "hay que dejar de ver la corrupción municipal como un mal necesario porque, aunque siempre existirá, se pueden tomar medidas contra él".

No obstante, Torres lamentó que "en muchos casos la actividad criminal va por delante del legislador" ya que, según él, no existe una clara tipificación de los delitos, no hay unas leyes adaptadas a las nuevas conductas penales y muchas normativas sobre mecanismos necesarios como las escuchas telefónicas o los registros "están obsoletas".

Criticó que muchos de estos delitos se consideren "simples infracciones administrativas y no penales para no crear alarma social", ya que al final se consigue dar a los delincuentes una sensación de impunidad. Torres advirtió de que cada vez hay tramas de corrupción más complejas y difíciles de investigar porque se revisten de apariencia de licitud, y opinó que la mejor forma de hacerles frente es con una reforma del marco legislativo.

En este sentido, propuso que se regulen claramente los tipos de delitos y sus penas, mejore la cooperación jurídica internacional, se haga más accesible la información bancaria, se creen juzgados específicos para casos de corrupción o se adopten figuras ya utilizadas en otros países "como el testigo protegido o el agente encubierto".

Los delitos económicos, contra la ordenación del territorio, el blanqueo de capitales son figuras que para Torres "se buscan y acaban encontrándose", por lo que consideró apropiado luchar contra estos delitos "pensando que son un todo" y crear juzgados especializados y grupos multidisciplinares para la investigación, formados por policías, jueces, fiscales y Agencia Tributaria, a los que se podrían unir arquitectos para los casos específicos de delitos contra la ordenación del territorio.

El magistrado también se mostró partidario de endurecer las penas e investigar todos estos casos de corrupción por la vía penal.

García Calderón propone un fiscal de urbanismo dedicado a la Costa

El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y miembro del Consejo Consultivo autonómico destacó ayer en Almuñécar que la investigación especializada en temas de urbanismo es la cuestión más importante para que exista una «protección eficaz» que según dijo, es la clave de futuro. En este contexto García Calderón señaló que la Fiscalía ha propuesto que, además de un fiscal especializado en urbanismo en Granada, haya uno en Motril que abarque toda la comarca de la Costa.

García Calderón fue el encargado de dar la última conferencia del curso 'Ordenación del territorio y cumplimiento de la legalidad urbanística' en la localidad sexitana. El fiscal jefe del TSJA señaló la falta de adopción de medidas cautelares y la demolición como los grandes problemas en la delincuencia urbanística. En este punto García Calderón señaló que la Fiscalía cree que debe darse una «situación de demolición efectiva».

IU relaciona un escrito de la Junta con la apertura precipitada del hotel Bahía

El 29 de julio de 2006, IU envió a los medios de comunicación una nota preguntando qué había cambiado en la situación del Hotel Bahía para que Benavides cambiara una decisión comunicada a los ciudadanos el seis de julio.

Ese seis de julio, Benavides había asegurado que  ‘aunque las obras del hotel están prácticamente terminadas, el hotel y el parking forman parte de la misma construcción y por tanto debe de haber una garantía absoluta de que éste está en condiciones de funcionar antes de que el hotel se abra’. Benavides afirmó ese día que ‘Mientras que esas garantías no las tengamos no vamos a permitir que se descuelgue un proyecto de otro’. 

En abierta contradicción con esas declaraciones, el alcalde dijo veinte días después que ‘‘el hotel está prácticamente terminado y los promotores ya llevan a cabo los trámites de licencias de apertura. El hotel estará terminado el próximo febrero, pero el establecimiento podría abrirse para el mes de agosto’.

En aquel momento no entendimos ese cambio de criterio. ¿Por qué se permitía al hotel abrir antes de terminar el aparcamiento si todo formaba parte del mismo proyecto? ¿Qué es lo que había cambiado desde el día 6?  En IU tampoco entendíamos cómo se decía que el hotel estaba prácticamente terminado (es decir, sin terminar), y ya se le iba a conceder licencia de apertura.  

Ahora, todo está más claro. Hemos sabido que en julio, el ayuntamiento recibió un escrito de la Junta de Andalucía en el que le pedía que revisara la licencia de obras. Y ese escrito precipitó el cambio de criterio de Benavides, permitiendo que el hotel se abriese para enfrentar a la Junta y a la Justicia con hechos consumados. 

IU anuncia que va a presentar denuncia en Fiscalía para que se aclare si hubo alguna irregularidad en la concesión de la licencia de apertura del hotel antes de concluir el parking y si el hotel cumplía el resto de requisitos de obligado cumplimiento que se exige a cualquier instalación hotelera para poder abrir al público.

Pedro Pacheco lo dijo: La justicia es un cachondeo

Han absuelto, por ahora, al señor presidente de Tropical Fruit

Ahora que vemos como los jueces entran en la cárcel. Ahora que vemos como los grandes delincuentes tienen los mejores abogados. Ahora que vemos como se compran notarios, registradores de la propiedad, policías. Ahora que recordamos como se abuselve a mujeres de alcaldes porque prescriben sus delitos. Ahora... Ahora es bueno recordar algunas de las absoluciones famosas que hemos vivido en estos últimos años. Sólo vamos a colocar aquí un pequeño resumen de absoluciones referidas a delincuentes evidentes cercanos en el mapa y en el tipo de negocios. Va por ustedes este pequeño dossier de prensa.

El Mundo

11-10-2000

La Audiencia de Málaga inhabilita a Gil durante 28 años para el cargo de alcalde

La Audiencia Provincial de Málaga condenó ayer a Jesús Gil en el conocido como caso de las camisetas a 28 años de inhabilitación especial para el cargo público de «alcalde de Ayuntamiento u otro análogo» por cuatro delitos de prevaricación. La sentencia le absolvió de los delitos de malversación, estafa y falsificación que le imputaba el fiscal anticorrupción. La Fiscalía Anticorrupción había solicitado para Gil, durante el juicio, una condena de 29 años por falsedad en documento público, tráfico de influencias, prevaricación y malversación de caudales públicos. Los magistrados Fernando González Zubieta y Lourdes García Ortiz afirman en el apartado de «hechos probados» que Gil, en su doble condición de alcalde de Marbella y presidente del Atlético de Madrid, autorizó y tuvo conocimiento de las irregularidades cometidas durante el proceso de aprobación del pago de 450 millones de pesetas por parte del Ayuntamiento marbellí al club.

 El Tribunal refleja en la sentencia las ilegalidades cometidas en el contrato de las camisetas: se hizo sin consulta ni autorización de los órganos municipales competentes y no hubo reflejo registral ni control fiscal de las operaciones. La sentencia recuerda, además, que no se incoó expediente administrativo ni existió una dotación previa del crédito, no fue informado el Pleno y el interventor municipal no se enteró de su existencia hasta tres años después.

El Tribunal exonera a Gil y al resto de los acusados de un delito de malversación porque, según la sentencia, «es preciso acreditar con absoluta nitidez que ha habido apropiación y establecerse con la misma precisión el quantun».  

ABC

La Audiencia de Málaga absuelve a Gil por falta de pruebas en el «caso jinete»

13-12-2002 

La Audiencia Provincial de Málaga absolvió ayer al ex alcalde de Marbella y presidente del Atlético de Madrid, Jesús Gil, de un delito de malversación de caudales públicos en su etapa como regidor del municipio costasoleño. La Audiencia considera que no hay pruebas suficientes de que Gil desviara fondos del Ayuntamiento marbellí en 1995 para promocionar caballos de su yeguada particular, «Valdeolivas».

 De igual modo, la Audiencia ha absuelto al actual alcalde de Marbella y sucesor de Gil, Julián Muñoz; a Miguel Ángel Gil Marín, hijo del presidente del Atlético; al abogado y gerente de la sociedad municipal Eventos 2000, Modesto Perodia; y al jinete profesional Juan Matute. Estaban acusados bien de malversación, bien de simulación de contratos, y la Fiscalía Anticorrupción reclamaba para todos ellos penas de entre dos y cuatro años de prisión.

En la sentencia, la Sala dice tener dudas de que los acusados realizaran «una desviación o sustracción de fondos públicos». Por ello, y ante «el insuficiente acervo probatorio que ha sido traído a juicio», la Sala llega a la conclusión de que debe absolver a todos los acusados en virtud del principio «in dubio pro reo» (en caso de duda, fallar a favor del reo).

 Jesús Gil se mostró satisfecho y contento con el resultado de la sentencia, ya que «es la séptima victoria que consigo contra la Fiscalía Anticorrupción». Para Gil, la Fiscalía es «la inquisición admitida por ley». El ex alcalde criticó al PSOE por criminizalizar la vida municipal y dijo que la sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga está «muy probada». En su opinión, el PSOE, que ejercía la acusación particular, debe darse cuenta de que no se puede criminalizar la administración de justicia para ganar el Ayuntamiento. «Las elecciones -dijo- hay que ganarlas en las urnas y no en los tribunales». Gil añadió que existe una «persecución» contra él y su familia y pidió «objetividad e imparcialidad para los fiscales».Para el ex alcalde, «todo lo que sea demostrar que no se mete la mano en el cajón es bueno para el GIL».  

El País

9-7-2004

El Supremo absuelve a Jesús Gil y a Cerezo de apropiación indebida

La Sala Penal del Tribunal Supremo ha absuelto al fallecido presidente del Atlético de Madrid Jesús Gil, y al actual presidente del club, Enrique Cerezo, del delito de apropiación indebida por el que la Audiencia Nacional les condenó a dos años de cárcel, a pesar de que había prescrito. Cerezo y los herederos de Gil no tendrán que devolver al club 236.056 acciones. En cambio, confirma el año y medio de prisión por estafa al director general del club, Miguel Ángel Gil Marín. El Supremo da un varapalo a la Audiencia Nacional por cambiar su fallo al aclarar la sentencia.

La Opinión de Málaga

24-6-2006

Absuelven a Julián Muñoz y siete ex ediles por un delito urbanístico

El ex alcalde de Marbella Julián Muñoz quedó hoy absuelto junto a siete ex concejales del Ayuntamiento marbellí de un delito contra la ordenación del territorio al autorizar una licencia de obras, supuestamente en zona verde, a la entidad Moansa, SA. En la resolución, a la que tuvo acceso Efe, se destaca que "la actuación de los acusados fue contraria a las normas que regulaban el proceso en materia de urbanismo, pero que no excede del ámbito de la mera ilegalidad y queda lejos de las exigencias objetivas y subjetivas requeridas por el delito de prevaricación administrativa".

En este sentido, el magistrado entiende que "no puede trasladarse al campo del derecho penal toda irregularidad administrativa porque ello nos llevaría a una exacerbación del derecho punitivo". El juez subraya que los Juzgados de lo Penal deben sancionar en aquellos casos en los que la actuación administrativa no sólo sea ilegal sino "injusta y arbitraria".

El País

19/07/2006

Un juez absuelve a Julián Muñoz de prevaricación y delito urbanístico

El Juzgado de lo Penal número 7 de Málaga ha absuelto al ex alcalde de Marbella Julián Muñoz de dos delitos contra la ordenación del territorio y prevaricación. La causa estaba relacionada con las obras de acondicionamiento de una parcela de la urbanización Marbella Sierra Blanca, propiedad de la sociedad Development Project, dirigida por el que fuera primer teniente de alcalde Pedro Román.También han quedado absueltos un hijo de Román y el administrador único de la empresa, Juan D.

Muñoz firmó un decreto en 1998 para autorizar a la sociedad a habilitar un camino de acceso y asfaltarlo hasta el interior de dicha parcela, que fue calificada en 1985 como reserva para la autopista. La sentencia del juez indica que "ni las obras ni la licencia que las ampara implican una frontal vulneración de las normas urbanísticas vigentes y aplicables, y no se ha producido alteración, daño o menoscabo de intereses colectivos". Aunque reconoce que las actuaciones excedieron la licencia otorgada puesto que se hizo el alcantarillado, acerado e iluminación, el magistrado concluye que "no se vieron afectados espacios naturales especialmente protegidos", según los informes de la Consejería de Medio Ambiente.

ABC

«La justicia en Andalucía está secuestrada»

27-10-2006

El Sindicato de Obreros del Campo (SOC) anunció ayer que recurrirá por «dignidad» y en la medida de sus posibilidades la sentencia que absuelve a la duquesa de Alba, y lamentó: «La justicia en Andalucía está secuestrada». Desde el SOC denunciaron a Efe que «ese juicio ya tenía sentencia antes de poner la denuncia». El sindicato exige que la duquesa «se retracte» de sus palabras.

El Supremo ratifica la paralización de una recalificación en la Punta de la Mona

El Tribunal Supremo, TS, ha desestimado los cuatro recursos de casación que el Ayuntamiento de Almuñécar y la Comunidad de Propietarios Punta de la Mona interpusieron contra un auto del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que suspendía la aprobación del estudio de detalle de la urbanización Punta de la Mona.

Los recursos solicitaban la improcedencia de la suspensión del acuerdo del pleno del Ayuntamiento de febrero de 2003, en el que se aprobó el estudio de detalle para la ordenación de volúmenes y zonas verdes privadas en parcelas ubicadas en la urbanización. El TSJA pedía también una previa prestación de caución o garantía mediante aval bancario hasta cubrir 500.000 euros, cuya impugnación también ha sido desestimada, según la sentencia del TS.

Los motivos que alegó el Ayuntamiento en su recurso desestimado se remiten a que "sólo pueden suspenderse los actos de la Administración Pública cuando, de no ser así, el recurso perdería su finalidad legítima" o que "podrá denegarse la medida cautelar cuando de ésta pudiera seguirse perturbación grave de los intereses generales", entre otras razones. Sin embargo, la sentencia señala que se desestima cada uno de los recursos porque "si el Estudio de Detalle aquí impugnado no se suspende, la ordenación que prevé daría lugar a la edificación de la parcela sobre la que se sitúa su edificabilidad" y "realizada la construcción, transmitidos a terceras personas los inmuebles resultantes, la reposición de las cosas a su estado anterior que habría de exigir la sentencia estimatoria sería de una extrema dificultad, como la experiencia en casos similares nos enseña".

Benavides sale absuelto de una ruina millonaria porque su Ayuntamiento no ayudó a investigarla

El perito no vio papeles clave sobre el caso 'Tropical Fruits' porque fueron robados del Consistorio

La Audiencia Provincial de Granada acaba de dictar una sentencia que absuelve a Benavides y otras diez personas de negligencia en la gestión de la sociedad 'Tropical Fruits', participada mayoritariamente por el Ayuntamiento sexitano y que acabó arruinada: decenas de vecinos de Almuñécar resultaron perjudicados por el desplome de la empresa. La sentencia revoca una anterior condenatoria de un juzgado de Primera Instancia de Motril.

En la nueva resolución judicial, prolija y enrevesada para el profano en la jurisdicción Civil, destacan algunos argumentos que, vistos desde fuera, resultan, cuando menos, chocantes. Los magistrados, por ejemplo, recuerdan que el Ayuntamiento sexitano, titular «del 83,17% del capital social de 'Tropical Fruits'», se negó a aportar documentación que, en teoría, iba a servir para esclarecer las razones del derrumbe de la sociedad, pensada para comercializar los exclusivos frutos tropicales del litoral granadino.

Es decir, que el Consistorio, que se supone que debería ser el más interesado en colaborar en el esclarecimiento de los hechos, no colaboró. El Ayuntamiento estaba presidido por Benavides, que también era uno de los demandados. La demanda se interpuso en 1992, cuando gobernaba el PSOE. Las siguientes elecciones las ganó Benavides y, de esta forma, se produjo la rocambolesca circunstancia de que el controvertido alcalde sexitano pasó a estar querellado contra sí mismo.

Para colmo, los libros contables de la sociedad 'Tropical Fruits' fueron robados misteriosamente. Estaban depositados en dependencias municipales y, supuestamente, desaparecieron. Según informaron fuentes relacionadas con la comisión liquidadora, el robo nunca se denunció. Otro detalle sorprendente. Así las cosas, el perito designado para examinar los papeles de 'Tropical Fruits' tuvo que conformarse con bien poco. Incluso llegó a manifestar que nadie facilitó su labor -las entidades de crédito involucradas en este asunto tampoco facilitaron informes-.

Con tantas y tan clamorosas ausencias de colaboración, el técnico «llevó a cabo una pericial incompleta, sesgada, sin soportes contables e imprecisa». Y, dado que era la prueba clave, la Audiencia viene a decir que en esas condiciones es imposible sostener la condena. «No se ha probado con el mínimo rigor requerido la cantidad de la pretendida pérdida contable -de 'Tropical Fruits'-». El desenlace no deja de ser paradójico: Benavides ha salido absuelto porque el Ayuntamiento que él presidía no ayudó a que la investigación prosperase. Y luego está la guinda del robo de los informes sobre el funcionamiento de la sociedad... Todo muy raro.

El juez suspende la licencia del hotel Bahía

Así es la Justicia. El hotel ya está construído y abierto. ¿Podrá la Justicia cerrarlo? ¿Pagará alguien por haberse saltado a la torera las normas? ¿Habrá cobrado alguien por autorizar que se levanten nueve plantas donde se podían levantar cuatro? ¿Es una demagogia hablar de Marbellécar? 

El Juzgado de lo Contencioso número 2 de Granada ha suspendido la licencia de primera ocupación concedida en enero de 2007 por el Ayuntamiento de Almuñécar al hotel Bahía, en la avenida de Juan Carlos I. El auto -que es recurrible- impide que se abra al público el cuatro estrellas mientras que no se resuelva el pleito que mantiene la Junta con el Ayuntamiento. El establecimiento, que se inauguró hace casi un año, está incluido en los principales circuitos turísticos para este verano.

El contencioso entre las dos administraciones no es el único frente judicial en el que está inmerso el hotel sexitano. Según ha podido saber IDEAL, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha presentado recientemente una denuncia en el juzgado por posibles irregularidades en la construcción del establecimiento. El fiscal jefe del TSJA reabrió la investigación en diciembre de 2006 al apreciar indicios de delito en la altura del edificio y para aclarar por qué se había construido un hotel en una parcela que estaba destinada a equipamientos.

El Bahía de Almuñécar se bautizó popularmente como el hotel de los 'galácticos'. Con la promoción del establecimiento se ha relacionado a astros del fútbol como Fernando Morientes o los ya retirados Carlos Aguilera, Amavisca o Roberto Ríos. Alguno de ellos participó en la presentación del proyecto en un acto celebrado en Madrid en marzo de 2004. La misma sociedad ya tiene otro hotel en Almuñécar, abierto en 2001, el Bahía Tropical, por donde han pasado futbolistas internacionales. 

En enero de 2007 la Junta de Andalucía abrió un expediente con el que proponía la impugnación de la licencia de obras concedida por el Ayuntamiento en febrero de 2005.  Según el gobierno andaluz, la tramitación del proyecto ha sido supuestamente irregular. Primero, el Ayuntamiento cambió el uso de una parcela propiedad municipal que estaba destinada a equipamiento público. A través de una modificación puntual -una figura urbanística recurrente en Almuñécar-, el solar se convirtió en suelo de uso «residencial hotelero exclusivo». La Comisión Provincial de Urbanismo emitió informe desfavorable en 1998 para frenar este trueque, pero el Ayuntamiento de Almuñécar siguió adelante, según el informe de Obras Públicas.

Después, el pleno municipal acordó desprenderse del solar, ya listo para que se levantara un hotel. Con los cambios también se había conseguido pasar de «una edificación de cuatro plantas con uso equipamental, a una de nueve plantas con uso hotelero».  En total, el hotel supera en 3.366 metros cuadrados la edificabilidad que había prevista en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), subraya Obras Públicas.

No es el único hotel de Almuñécar sujeto a revisión. El pasado mes de abril, una sentencia del TSJA anuló un permiso del año 2000 para construir seis hoteles en el municipio costero. El problema es que tres de estos establecimientos ya están terminados, entre ellos el primer hotel de los peloteros. El acuerdo impugnado lo votó el Ayuntamiento almuñequero cuando estaba gobernado por una coalición formada por PP-PSOE. Esta vez no se le puede achacar en solitario al controvertido Juan Carlos Benavides.

Ávila Rojas pagó 5 millones de euros a Roca

El pobre Ávila Rojas, un benefactor a juicio de muchos, un creador de riqueza y empleo a juicio de los mismos, un buen hombre donde los haya, a juicio otra vez de los mismos, también tuvo que pagar para construir. Lo que no dice el señor Rojas es que pagaba para poder construir donde el PGOU no lo permitía. Es lo mismo que pasaba en Alhaurín. ¿Estará pasando eso también aquí? ¿La gente que construye pisos en este pueblo en zonas en las que no se puede construir más que naves, ¿habrán tenido también que pagar? Nooooo, que va. Aquí no hay corrupción. Aquí, si acaso, lo que hay es un acoso inmoral de algunos medios de comunicación. Eso es.

"Roca era insaciable y siempre quería más dinero". Así cierra José Ávila Rojas su segunda declaración -más bien ampliación de la primera- ante el juez que instruye el caso Malaya, de corrupción urbanística en Marbella, y que el martes levantó el secreto de sumario sobre miles de folios. El testimonio, al que ha tenido acceso Granada Hoy, se produjo el 28 de mayo a raíz de la detención del abogado Juan Hoffman, con el que el empresario granadino hizo un negocio para la compra de una sociedad suiza (Yambali) que disponía en Puerto Banús de "una parcela interesante".

El promotor granadino -en libertad bajo fianza de 500.000 por delitos de cohecho- reconoce que los pagos a Roca, que se produjeron dos días antes de la detención del cerebro del urbanismo marbellí, se efectuaron a cambio de tres licencias de primera ocupación, ya que, según dijo al juez, estaba seguro de no obtenerlas si no entregaba el dinero. Y accedió a pagar porque tenía las viviendas vendidas y "la gente prácticamente dentro de sus casas", añadió. De las tres promociones para las que obtuvo licencias mediante pagos a Roca, Ávila Rojas acertó a recodar en su declaración la de Brisas de los Naranjos y Río Real.

No obstante, el promotor granadino aclaró que José Antonio Roca le confesó que le pedía esas cantidades "para poder pagarle a los concejales", aunque Ávila Rojas se muestra convencido que exigía esos pagos porque "era insaciable y siempre quería más dinero".

Con todo, un informe policial de la Udyco estableció en su momento la existencia de 22 pagos de Ávila Rojas a José Antonio Roca que sumaban 5.013.897 euros con el objetivo de obtener resoluciones urbanísticas favorables.

En su nueva declaración, Ávila Rojas distingue entre el dinero que apresuradamente le exigía Roca para conseguirle las licencias de primera ocupación y las comisiones que se embolsaba el asesor de Urbanismo de Marbella por su intermediación en operaciones inmobiliarias. Así, Ávila Rojas asegura que el asesor urbanístico de Marbella se quedó con 2,1 millones de euros correspondiente al cinco por ciento de la compra de una parcela en La Trinidad en la que actuó como intermediario, y no en efectivo sino mediante la ejecución de unas obras en un hotel de Murcia propiedad de Roca.

Acerca de la adquisición de la sociedad Yambali 2000, el promotor granadino dijo que la oferta partió del abogado Juan Hoffmann y que cuando la compró desconocía que Roca y el primer teniente de alcalde de Marbella, Pedro Román, fuesen socios de la misma. Recordó que la paralización de las obras en la parcela de Yambali se produjo cuanto tenía "casi todas las 114 viviendas vendidas", por lo que tuvo que devolver el dinero.

En ese terreno se proyectó una torre de 24 plantas, pero se redujo a siete porque la Junta de Andalucía "dejó caer que permitiría la construcción siempre que se adaptara a las construcciones de las parcelas del entorno", manifestó.

Alhaurín: Serón cobraba 6.000 euros por cada casa de más que dejaba construir

Este es el alcalde que hace poco montó una mani a la puerta de la cárcel para apoyar a los empresarios. Estos son los empresarios que hace unos meses montaron una mani a la puerta de la cárcel para apoyar al alcalde. Hoy por ti, mañan por mí. 

La instrucción judicial de la operación Troya contra la corrupción urbanística en el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande (Málaga) ha sacado a la luz "el precio del soborno" presuntamente exigido por el alcalde, Juan Martín Serón (PP), y el concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra Gil (PP), a cambio de la concesión de licencias de obras: 6.000 euros por cada vivienda extra -fuera de planeamiento- y 80 euros por cada metro de exceso de edificabilidad. Así consta en un amplio informe que la Policía Nacional remitió al juez del caso, Carlos Peinado, el pasado 6 de junio, incluido en el sumario de la causa.

Las detenciones de ambos políticos el pasado 18 de enero fueron las primeras de las 22 practicadas en el marco de la operación Troya, por la que actualmente hay 24 personas imputadas. La mayoría son pequeños empresarios de la construcción que habrían abonado de 6.000 a 168.000 euros a cambio de licencias urbanísticas que vulnerarían el planeamiento urbanístico.

El informe policial recoge doce casos de presuntos sobornos, relativos a permisos otorgados en su mayor parte entre los meses de diciembre de 2005 y abril de 2006. Los agentes se han basado en la documentación que guardaba Guerra y en la que figuran los nombres de los promotores y junto a ellos, una cantidad en concepto de "comisión" que "responde al incremento de edificabilidad/número de viviendas sobre el máximo establecido en el PGOU correspondiente".

La suma de las cantidades que el alcalde y el edil presuntamente exigieron a esos doce promotores o constructores asciende a casi 750.000 euros. Y la concesión de las respectivas licencias habría dado vía libre a la construcción de 200 viviendas, de las que sólo la mitad estarían amparadas por el planeamiento en vigor.

El caso más llamativo, en cuanto al volumen de la comisión supuestamente exigida, es el de un solar propiedad de Los Rosales de Churriana donde sólo se podían construir 21,95 viviendas. Según consta en el sumario, el pago de más de 168.000 euros habría permitido a esta empresa edificar hasta 47 casas.

El expediente policial de la entidad Malcoreva, participada por cuatro socios también imputados, refleja que los empresarios supuestamente abonaron al Ayuntamiento 100.000 euros para poder edificar 21 viviendas en la calle Blas Infante donde estaban proyectadas cinco, en base a la normativa urbanística. La entrega del dinero quedó recogida en los soportes intervenidos.

La valoración policial es contundente. A juicio de los investigadores, la información "acredita la metodología seguida por el alcalde/concejal en la instrumentalización del cobro de cantidades perfectamente tasadas a cambio de licencias urbanísticas. Cantidades que no parecen repercutir en las arcas del Ayuntamiento y en el bien público de la localidad".

Según el sumario, los constructores pagaban a través de la sociedad de "movimientos de tierra" Conextran SL. La relación con el Ayuntamiento es que "la mujer del dueño de la misma trabaja con la esposa del alcalde, que tiene una gestoría".

Vuelta a empezar

El instructor del Caso Malaya prevé abandonar la investigación a finales de mes. Miguel Ángel Torres dejará su puesto en el Juzgado de Instrucción número 5 (bis) de Marbella y ocupará la plaza que le pertenece en Granada, al cumplirse el plazo de la última prórroga en la comisión de servicios que solicitó. La investigación del Caso Malaya se encuentra en su tramo final y podría ser el actual titular del Juzgado número 5 de Marbella, Óscar Pérez, el que culmine la instrucción del caso.

Esta es la noticia. Pero no se trata de un asunto administrativo, sino político. Lo que en realidad va a pasar es que el proceso se va a detener. Un juez nuevo tiene que leerse miles de folios, enterarse bien de qué va el asunto y continuar un trabajo que iba por buen camino y que veremos ahora cómo continúa. Total, un respiro para los delincuentes. Quizá ahora, algún buen abogado consiga para ellos la libertad provisional argumentando el retraso y la indefensión de sus clientes. Tiempo al tiempo.

Pantoja

Isabel Pantoja prefiere guardar su dinero en casa antes de depositarlo en una cuenta bancaria. Así se lo hizo saber al juez instructor del caso Malaya, Miguel Ángel Torres, al declarar que los 360.000 euros, que pagó en efectivo por el apartamento del hotel Guadalpín de Marbella, los tenía escondidos en un mueble de su dormitorio porque eso le daba "más seguridad económica".

En la declaración que realizó el pasado 3 de mayo tras ser detenida y que aparece en la parte del sumario que ayer se hizo pública, la cantante aseguró que su pareja sentimental y ex alcalde de la ciudad, Julián Muñoz (GIL), no intervino en la adquisición de este lujoso inmueble. De hecho, dijo desconocer por qué dos días después de convertirse en propietaria del apartamento, el ex regidor ordenó levantar la paralización de las obras del hotel por incumplir la legislación urbanística.

Además, Pantoja indicó que el dinero que entregó a la promotora del hotel (Aifos) procedía únicamente de sus galas y de las cantidades que durante años ha ido sacando de las cuentas de sus sociedades Panriver y Pantomar. Esta versión de los hechos es calificada como "increíble" en el auto del magistrado que decretó libertad bajo fianza de 90.000 euros para la artista por su presunta implicación en un delito de blanqueo. En opinión de Torres, Muñoz utilizó la estructura societaria de su novia para "inyectar fondos de procedencia ilícita en el mercado, dando lugar a la adquisición de costosas fincas".

Estos hechos parecen ser totalmente nuevos para Isabel Pantoja, que declaró ante el juez que no sabía quién pudo ingresar en efectivo, en sus cuentas personales y en las de sus sociedades, un importe de 603.000 euros durante 2003, otro de 205.000 euros en 2004, 191.000 euros en 2005 y 127.000 euros en 2006. Para colmo, reconoció que tampoco realizó ella esos suculentos ingresos e ignoraba por qué durante varios días consecutivos de 2003 se fueron ingresando 3.000 euros en efectivo. La folclórica manifestó que esas cuentas eran "controladas" por su asesor fiscal y posteriormente por su todavía novio. En este punto de la comparecencia, Pantoja llegó a declarar que se sentía "absolutamente engañada" y que está "sufriendo mucho".

Un vecino denuncia una construcción en Aduana Vieja, junto a Kelibia

Hace unos días, IU denunciaba al ayuntamiento por permitir la extracción de agua del acuífero mediante bombeo. Ahora nos llega una carta de un vecino en que, además de incidir en el tema del ataque al acuífero, se hacen otras observaciones acerca de la construcción prevista. El Área de Urbanismo de IU está estudiando todos los datos expuestos por este vecino y haciendo las consultas pertinentes en el ayuntamiento. Los extremos denunciados por el vecino afectado son los siguientes:

1. Parte de la parcela está incluida como zona verde en el P.G.O.U DE ALMUÑECAR  en la aprobación inicial.

2. La vivienda está dentro del conjunto histórico de Almuñécar y tiene una normativa que especifica  en el plan de 1987 (aún vigente) que las condiciones relativas a la altura, tamaño de parcela, porcentaje de ocupación, separación de lindes, fachada mínima y en su caso construcción de edificios auxiliares serán iguales a los existentes. Los proyectos de nuevas edificaciones contendrán un croquis detallado y fotografías DE LA FACHADA DE LA EDIFICACIÓN COLINDANTES con el fin de garantizar la unidad, integración y coherencia entre los diferentes volúmenes y elementos arquitectónicos, de modo que no resulten alteradas las características que se pretenden conservar.

3. La volumetría de este nuevo proyecto no es adecuada y es incompatible con la Ordenación vigente. Los vuelos del nuevo proyecto superan los establecidos contemplándose un número excesivo de plantas para una calle tan estrecha.

4. Se contemplan nuevos sistemas constructivos, así como acabados no acordes con las características tradicionales del área, no cumple las normas genéricas del conjunto histórico.

5. Se apropian de parte de vía pública para el disfrute del mismo proyecto.

6. Se está llevando a cabo en el solar situado extracción de agua dulce proveniente del acuífero de Río Verde, con utilización permanente de bombas de extracción para achicar el agua que invade la obra. El resultado es ecológicamente desastroso pues se está sacando agua del acuífero para tirarla al mar.

El art. 20.3 de la Ley 16/1985 de junio, de Patrimonio Histórico Español, establece: " Hasta la aprobación definitiva del Plan Especial, El  otorgamiento de licencias precisará resolución favorable de la administración competente.."

El articulo 22 citado texto legal dice: "Cualquier obra o remoción del terreno que se proyecte realizar en un Sitio Histórico o en una Zona Arqueológica declarados Bien de Interés Cultural deberá ser autorizada por la Administración competente para la protección de dichos bienes, que podrá, antes de otorgar la autorización, ordenar la realización de prospecciones y, en su caso, excavaciones arqueológicas, de acuerdo con lo dispuesto en el Titulo V de la presente Ley".

El articulo 23 de dicha Ley dice: "1. No podrán otorgarse licencias para la realización de obras que, conforme a lo previsto en la presente Ley, requieran cualquier autorización administrativa hasta que ésta haya sido concedida. 2. Las obras realizadas sin cumplir lo establecido en el apartado anterior serán ilegales y los Ayuntamientos o, en su caso, la Administración competente en materia de protección del patrimonio Histórico podrán  ordenar su reconstrucción o demolición con cargo al responsable de la infracción en los términos previstos por la legislación urbanística.