Opinión

Las causas de fondo de las recurrentes crisis financieras globales

Henry C. K. Liu

New Deal 2.0

Graves crisis financieras globales se han venido sucediendo década tras década: el desplome de 1987, la crisis financiera asiática de 1997 y la crisis crediticia de 2007. Esa recurrente pauta ha sido generada por la total desregulación financiera a escala planetaria. Pero las causas de fondo han sido la hegemonía del dólar y el Consenso de Washington.

El caso de Grecia

Siguiendo un malhadado asesoramiento neoliberal y fundamentalista de mercado, Grecia abandonó su moneda nacional, el dracma, a favor del euro en 2002. Este paso, críticamente cargado de consecuencias, permitió al Gobierno griego beneficiarse de la fortaleza del euro –no derivada, huelga decirlo, de la fortaleza de la economía griega, sino de la fortaleza de las economías más fuertes de la eurozona— para contratar préstamos a tasas de interés más bajas, respaldadas con el colateral de activos griegos denominados en euros. Con nuevo crédito disponible, Grecia se emborrachó con el gasto financiado por la deuda, con proyectos de elevado perfil, como las Olimpíadas de Atenas 2004, que dejaron a la nación griega con una enorme deuda soberana no denominada en su moneda nacional. Estos empréstitos públicos en tiempos de auge significaban una manifiesta distorsión de las políticas económicas keynesianas de financiación del déficit, consistentes en enfrentarse a las recesiones cíclicas respaldándose en los excedentes acumulados en los ciclos de auge. Lo que hizo Grecia, al revés, fue acumular masivamente deuda mientras se hinchaba su burbuja económica inducida por la deuda.

La trampa del euro

Al adoptar el euro, una moneda gestionada por la política monetaria del supranacional Banco Central Europeo (BCE), Grecia abdicó voluntariamente de su soberanía en materia de política monetaria nacional, y eso en la confianza, falsamente confortable, de que una política monetaria supranacional diseñada para las economías más robustas de la eurozona funcionaría también para una Grecia endeudada hasta las cejas. Como Estado miembro de la eurozona, Grecia puede ingresar y tomar prestados euros sin verse afectada por tasas de cambio, pero no puede emitir euros aun a costa de inflación. La incapacidad de emitir euros expone a Grecia al riesgo de quiebra de la deuda soberana en caso de déficit fiscal prolongado, y la deja sin las opciones abiertas a una solución monetaria nacional independiente, como la devaluación de la moneda nacional.

A despecho de la verborrea sobre el euro como incipiente alternativa al dólar como moneda de reserva, el euro no es en realidad sino otra moneda derivada del dólar. A pesar de que el PIB de la Unión Europea es mayor que el de los EEUU, el dólar sigue dominando los mercados financieros en todo el mundo como moneda de referencia a causa de la hegemonía política del dólar, que exige la denominación en dólares de todas las mercancías básicas. El petróleo puede comprarse con euros, pero aprecios sujetos al valor de cambio del euro en relación con el dólar. Ocurre, simplemente, que la Unión Europea, no posee el poder geopolítico que los EEUU vienen teniendo desde el final de la II Guerra Mundial.

La hegemonía del dólar y el Consenso de Washington

El crecimiento económico bajo la hegemonía política del dólar exige que las naciones que participan en los mercados sigan las reglas del Consenso de Washington, un término acuñado en 1990 por un economista del Institute of International Economics, John Williamson, para resumir la sincronizada ideología de los economistas del establishment radicados en Washington, una ideología que reverberó a escala planetaria durante un cuarto de siglo como evangelio de las reformas económicas indispensables para el crecimiento en una economía de mercado globalizada. Esa ideología ha metido a buena parte del globo en crisis financieras recurrentes.

Inicialmente aplicado a América Latina, y finalmente a todas las economías en vías de desarrollo, el Consenso de Washington ha terminado por ser sinónimo de la doctrina del neoliberalismo globalizado o fundamentalismo de mercado y a describir, en un angosto marco de limitaciones ideológicas, un conjunto de prescripciones políticas universales fundadas en principios de libre mercado y disciplina monetaria. Promueve para todas las economías control macroeconómico, apertura comercial, medidas microeconómicas favorables al mercado, privatización y desregulación en beneficio de una fe ideológicamente dogmática en la capacidad del mercado para resolver más eficientemente cualquier problema socioeconómico. Con el oscurantismo dogmático va también la resuelta negativa a admitir la obvia contradicción entre la pretendida eficiencia teórica del mercado y la empírica incapacidad para erradicar la pobreza o las crecientes desigualdades de ingresos y riqueza.

Vuelve la pugna entre el capital y los salarios

El crecimiento del capital financiero ha de lograrse a expensas del crecimiento del capital humano. El equilibrio monetario sin perturbaciones inflacionarias ha de lograrse manteniendo los salarios bajos a través del desempleo estructural. Las bolsas de pobreza en la periferia se consideran en el precio necesario para la prosperidad del centro. Dogmas de ese jaez confieren al desempleo y a la pobreza, verdadera catástrofe económica, una inmerecida aura de respetabilidad conceptual. La intervención del Estado ha sido traída a colación sobre todo para reducir el poder de los trabajadores en el mercado a favor del capital y favorecer mecanismos de mercado descaradamente predatorios.

El conjunto de reformas prescritas por el Consenso de Washington se compone de 10 directrices: 1) disciplina fiscal; 2) reorientación del gasto público hacia áreas que ofrezcan rendimientos económicos elevados; 3) reformas fiscales para bajar los tipos marginales y ensanchar la base fiscal; 4) liberalización de los tipos de interés; 5) tasas de cambio competitivas; 6) liberalización del comercio; 7) liberalización de la inversión exterior directa (IED); 8) privatización; 9) desregulación; y 10) afianzamiento de los derechos de propiedad privada.

Los Estados abdican de sus responsabilidades

Esas directrices vienen a sumarse por doquiera a una reducción generalizada del papel central del Estado en la economía, de su primaria obligación de proteger a los débiles frente a los fuertes, de fuera y de dentro. El desempleo y la pobreza se ven entonces como fenómenos temporales, morralla transitoriamente caída en el proceso de selección natural de los mercados, efectos inevitables de una evolución económica que, a largo plazo, generará una economía más robusta.  

Los economistas neoliberales arguyen que el desempleo y la pobreza, plagas económicas letales en el corto plazo, pueden traer consigo beneficios macroeconómicos en el plazo largo. Hay gente para todo: también algunos historiadores arguyen perversamente que la Peste Negra (1348) tuvo consecuencias beneficiosas a largo plazo para la sociedad europea.

La resultante escasez de fuerza de trabajo empujó, a corto plazo, al alza los salarios a mediados del siglo XIV, y el súbito incremento de la mortalidad trajo consigo una sobreabundancia de bienes, lo que hizo que se desplomaran los precios. Esas dos tendencias provocaron causalmente un incremento del nivel de vida de los supervivientes. Sin embargo, la escasez de mano de obra causada por la Peste Negra forzó a los terratenientes a frenar el proceso de liberación de los siervos y a extraer más trabajo de ellos. En reacción a eso, los campesinos se sirvieron en muchos frentes de su acrecido poder de mercado para exigir un tratamiento más equitativo o para aligerar las cargas soportadas. Frustrados, los gremios se rebelaron en las ciudades y los campesinos se rebelaron en el campo. La Jacquerie francesa de 1358, la Revuelta Campesina en la Inglaterra de 1381, la Rebelión Catalana de 1395, así como muchas revueltas en Alemania, muestran hasta qué punto llegó la mortalidad a quebrantar las relaciones económicas y sociales tradicionales.  

El neoliberalismo ha generado en el último cuarto de siglo una situación que se traduce en violentas protestas políticas en todo el globo, siendo la forma más extremista de las mismas el terrorismo. Pero al menos la plaga bubónica fue desencadenada por la naturaleza, no por una idea fija ideológica humana. Y el neoliberalismo mantiene a los trabajadores en el desempleo, pero vivos, con ayudas de subsistencia, al tiempo que conserva una perpetua reserva de trabajo excedente para evitar que los salarios suban a causa de escasez de fuerza de trabajo, lo que monta tanto como eliminar hasta los crueles beneficios a largo plazo de la Peste Negra.

Encogimiento del Estado

El Consenso de Washington se ha venido caracterizando como un “encogimiento del Estado” (Informe anual de la las Naciones Unidas, 1998) y un “nuevo imperialismo” (M. Shahid Alam, “Does Sovereignty Matter for Economic Growth?”, 1999). Pero el daño real provocado por ese Consenso dista aún mucho de reconocerse comúnmente: en lo que realmente consiste es en un conjunto de prescripciones para generar Estados fracasados entre las economías en vías de desarrollo que participan en los mercados financieros globalizados. Incluso en las economías desarrolladas, el neoliberalismo genera un síndrome, tan peligroso como generalmente inadvertido, de Estado fallido. [1]

NOTA: [1] Véase mi artículo del 3 de febrero de 2005: World Order, Failed States and Terrorism, señaladamente la primera parte (de 10): The Failed State Cancer. El presente artículo resume un trabajo extenso publicado en Asia Times.

Henry C.K. Liu es un reconocido analista económico y político que escribe regularmente en Asia Times. Es consejero del Roosevelt Institute norteamericano, y forma parte del equipo rector de la revista New Deal 2.0.

Traducción para www.sinpermiso.info: Casiopea Altisench

Fuente: http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=3342

LAS 'SICAVS', UN CHOLLO FISCAL PARA LOS RICOS

Invertia.- La SICAV es un híbrido de inversión a caballo entre una sociedad anónima y un fondo de inversión, con la particularidad de que tributa al 1% en el Impuesto de Sociedades. La reforma fiscal prevista por el Gobierno Zapatero no prevé ningún aumento, pese a las peticiones realizadas desde distintos sectores sociales y sindicales. Este vehículo de inversión, que exige un capital mínimo de 2,4 millones de euros y 100 partícipes o accionistas, es el favorito de los ricos y famosos. He aquí la explicación:

VENTAJAS DE LAS SICAVS

1. La ventaja fiscal de la que tanto se habla de las SICAV no es, en contra de lo que muchos creen, que sus dueños puedan reducir los impuestos que se pagan, sino que permite diferir su pago. En cuanto el dinero está a nombre de la Sicav y éste se invierte, los posibles beneficios obtenidos de la inversión tributan al 1% en lugar de al 30% en el impuesto de sociedades siempre que el capital permanezca en la SICAV. No obstante, cuando la SICAV devuelve el capital a su dueño, entonces éste tributa igual que las acciones y paga lo mismo que cualquier inversor: entre un 19 y un 21%.

Esta ventaja se ve muy clara respecto a la inversión directa en acciones o renta fija ya que en el momento de la venta de los bonos o las acciones hay que pasar por Hacienda. No se ve tan clara respecto a los fondos de inversión que se pueden traspasar sin tributar y mantienen las plusvalías latentes en cartera durante muchos años, haciendo que ese dinero genere a su vez plusvalías. Así, los fondos de inversión disponen en realidad de una fiscalidad que en muchos casos puede ser mejor que las SICAV.

2. La verdadera ventaja, y en este caso es muy clara incluso frente a los fondos de inversión también, radica en las reducciones de capital. Esto significa que los dueños de la SICAV pueden sacar dinero sin tributar hasta que no supere la cantidad inicialmente invertida, porque se considera que lo que se retira es capital y no las ganancias obtenidas por las inversiones de las sicav. Es lo que se conoce como criterio FIFO (First In First Out), es decir, que lo primero que inviertes es capital y lo primero que sacas también.

A primera vista, parece que es lógico no tributar si no se retira el dinero de las plusvalías, sino sólo el invertido inicialmente. El problema reside en que eso no se puede hacer en ninguna otra inversión salvo en las sicav, lo cual supone un agravio comparativo claro. Es decir, si alguien ha invertido en fondos de inversión y quiere retirar parte de su dinero, tiene que pagar por la plusvalía obtenida desde el primer euro, independientemente de que saque una cantidad inferior a la que invirtió inicialmente.

Esto, llevado al extremo, permitiría sacar todo el capital y dejar dentro de la sicav sólo las plusvalías, que a su vez pueden generar nuevas plusvalías si se acierta con las inversiones. Eso sí, una vez que el inversor ha sacado todo lo que aportó inicialmente, entonces sí, cualquier retirada adicional sí tiene que pasar por Hacienda se haga por la vía que se haga.

3. Otra ventaja de la SICAV, más allá de las fiscales, se encuentra en el control de la inversión por parte de los dueños, algo imposible de llevar a cabo en un fondo de inversión, cuya gestión escapa a la voluntad de los partícipes.

¿POR QUÉ ES UNA SITUACIÓN DIFICIL DE CAMBIAR?

La razón fundamental es que si se les exigen más impuestos a las SICAVS, se irán a otros países donde sea más fácil obtener más rentabilidad trasladando su patrimonio a una sociedad europea bajo legislación menos restrictiva, o lo que es lo mismo, al día siguiente están domiciliadas en Luxemburgo.

Haría falta una acción coordinada de todos los países importantes para endurecer todos a la vez las normas, y a la vez para obstaculizar lo suficiente la salida del dinero a países no participantes de dicha acción coordinada, para poder hacer algo – una cuestión que a día de hoy parece inviable – Además, hay demasiados intereses en que esto no ocurra, porque los dueños de las SICAV son probablemente el colectivo más poderoso del mundo.

Ideas sobre la mesa hay varias, pero sólo son eso, ideas. El estado óptimo, como en toda negociación, debe situarse en una solución intermedia:

Por ejemplo, un tipo impositivo intermedio del impuesto sobre sociedades entre el 1% al que actualmente tributan y el 30% aplicable en España. Una medida de aumento impositivo para las SICAV neutralizaría la sensación que actualmente tiene la opinión pública de que el Gobierno protege y beneficia a los más ricos.

Si se produjera una subida tributaria moderada a las SICAV, ante la excusa de una probable fuga de patrimonio accionarial a otros países, cabría esgrimir el contundente argumento de que entre nuestros vecinos europeos, con una mayor presión fiscal sobre estas sociedades, no se producen situaciones de fuga al exterior. ¿Por qué? Básicamente porque no es fácil desmontar una de estas sociedades y llevarse su patrimonio a otros países, sobre todo en el caso de España.

LA FUGA DE CAPITALES NO ES TAN FÁCIL

Para empezar, los accionistas que quisieran desmantelar una SICAV quedarían ‘radiografiados’ ante Hacienda , ya que para trasladar el patrimonio al exterior hay que liquidar la entidad, y eso tendría posteriores consecuencias ante el fisco. Al mismo tiempo, no hay que olvidar que la mayor parte de esos accionistas, con grandes fortunas, tienen otros intereses fijados en España de tipo empresarial o en base a otros depósitos, inversiones, etc.

Además, el traslado de ese patrimonio accionarial estaría sometido a fuertes controles, ya que existe una directiva comunitaria que obliga a los países a enviar información fiscal o a aplicar una retención a las inversiones de aquellos que depositen los ahorros en su territorio. De hecho, hay países en Europa que exigen la declaración anual de las ganancias aunque no se hayan retirado las inversiones o beneficios.

Disolver una SICAV en España acarrearía un coste significativo, ya que tendría que tributar por el 18% actual, que es el tipo con que están gravadas las ganancias patrimoniales, y que con la nueva subida quedaría en el 21%. Incluso se aplicaría el tipo impositivo sobre todas las plusvalías acumuladas a lo largo de la existencia de la sociedad.

La conclusión lógica de todo esto es que las actuales SICAV no se irían por el hecho de que hubiera una subida moderada de impuestos. En todo caso, podrían renunciar a crear una SICAV en España los que quisieran hacerlo a partir de esa subida, pero el efecto de esta pérdida quedaría compensado por los ingresos de los que tributaran a partir de entonces.

El magistrado y el banquero

CARLOS JIMÉNEZ VILLAREJO

 

Manuel Marchena, magistrado del Tribunal Supremo (TS), es el instructor de la causa penal contra el juez Baltasar Garzón por el patrocinio del Banco Santander a unos cursos que dicho juez moderó en la Universidad de Nueva York y en los que no hubo anomalía penal alguna.

 

En diciembre de 2007, el magistrado Marchena, con motivo de la resolución de un recurso de casación, tuvo ocasión de conocer los siguientes hechos: entre 1987 y 1989, el Banco Santander comercializó, junto con sus filiales Banca Jover, Banco Comercial Español, Banco Zaragozano y Banco de Murcia, un producto conocido como cesiones de créditos, dirigido a captar recursos financieros.

 

Uno de los principales reclamos del producto era su opacidad fiscal, que se concretaba en la inexistencia de obligación de practicar retenciones e ingresos a cuenta sobre sus rendimientos y, por ello, en la falta de obligación de comunicar de forma periódica y generalizada los datos de sus titulares e importes de la inversión a la Hacienda Pública. A ello se añadía una buena rentabilidad. Por sus características, este producto se convirtió en un instrumento ideal para la inversión de capitales del llamado dinero negro y llegó a captar más de 410.000 millones de pesetas.

 

Los acusados –el presidente de la entidad y varios altos directivos– participaron al más alto nivel en el diseño de la estrategia y la operativa para la comercialización de dichos productos. Posteriormente, prepararon las directrices de actuación para responder a los requerimientos de información de la Agencia Tributaria a fin de obstaculizar su tarea y facilitarle datos erróneos, incompletos o falsos.

La magnitud del movimiento de capitales que supusieron las cesiones de créditos, y su evidente éxito entre determinados sectores con alto poder adquisitivo, no pasaron desapercibidos para la Agencia Tributaria, que inició una serie de actuaciones frente a diversas entidades financieras para conocer y corroborar el origen de los fondos.

 

Singularmente, el Santander y sus filiales optaron por una actitud de resistencia frente a los intentos de la Agencia Tributaria por esclarecer las titularidades y regularizar las situaciones tributarias de los implicados, lo que se explicaba por el gran volumen de activos captado por el grupo bancario y las especiales garantías dadas a los clientes de su plena opacidad fiscal y la ausencia de riesgo fiscal en la contratación del producto.

Todo ello se concretó, en un primer momento, en la negativa a facilitar a la Agencia Tributaria la identidad de los inversores alegando la inexistencia de una obligación legal de hacerlo. Posteriormente facilitaron los datos, de forma tardía, parcial, incompleta o errónea, llegando finalmente, en determinados supuestos, a proporcionar datos falsos de personas que no se correspondían con la titularidad real de la inversión.

La actitud de obstrucción ante las actuaciones de la Agencia Tributaria fue in crescendo. Cuando esta inició la recopilación de información por el procedimiento de ejecución forzosa, los responsables del grupo bancario llegaron a la convicción de que la entrega o descubrimiento de los datos que se habían querido ocultar era inevitable y se puso en marcha la última fase de su estrategia obstructora. Consistió en el cambio de titularidades y la elaboración de documentación inexacta que avalara dichas titularidades falsas.

Estos eran los términos de las acusaciones formuladas por las acciones populares –ante la falta de acusación del fiscal– en la Audiencia Nacional en el curso de 2006. Acciones representadas por la Asociación para la Defensa de Inversores y Clientes e Iniciativa per Catalunya Verds.

 

Dicho tribunal decidió, mediante la creación de la llamada doctrina Botín, no enjuiciar a los acusados ante la irrelevancia de los acusadores –pese a que uno de ellos era un partido político con representación parlamentaria– y la ausencia del fiscal.

 

Qué diferencias con el proceso contra el juez Garzón, a quien el juez Varela se niega a aplicar dicha doctrina. Para que luego vengan a hablarnos de la igualdad ante la ley.

Cuando el Tribunal Supremo conoció del recurso de la acusación y confirmó por mayoría la sentencia anterior de la Audiencia Nacional, el magistrado Marchena se sumó a la posición mayoritaria en claro y directo beneficio de los acusados. Por cierto, unos meses después, el señor Marchena participaba en unas jornadas sobre la prueba en el proceso penal en Canarias bajo el patrocinio de una única entidad bancaria, el Banco Santander. ¿Podría saberse cuál fue el alcance de aquella subvención?

La gravedad de los hechos y la oposición del TS a que los acusados fueran juzgados –con “artimañas de leguleyo”, según el escritor José Mª Izquierdo– es una prueba de los condicionamientos del poder económico sobre el poder judicial y el ministerio fiscal ante un desafío que duró los 14 años de proceso.

Sin duda, la personalidad de los acusados generó, según el magistrado Jorge Barreiro –ahora instructor de la causa penal contra el juez Garzón por las escuchas del caso Gürtel–, una coyuntura procesal singular en la que “el abogado del Estado ha conseguido rizar el rizo del travestismo jurídico, pasando de parte acusadora que defiende los intereses del Estado contra un fraude fiscal que rebasa los 80 millones de euros, a convertirse en abogado defensor de quienes (…) resultan imputados como autores del presunto fraude”.

Realmente, el magistrado Marchena debería tener presente, entre otros, estos antecedentes para proceder ya al archivo del proceso.

Carlos Jiménez Villarejo es ex fiscal Anticorrupción

Endeudados hasta los dientes

Gustavo Duch Guillot

El Correo Vasco

En el siglo XIX el escritor romántico portugués Almeida Garrett se preguntaba: «¿se ha calculado el número de personas que es necesario condenar a la miseria, al trabajo desproporcionado, a la desmoralización, a la infamia, a la ignorancia, a la desgracia invencible, a la penuria absoluta, para producir un rico?». Después de conocer las medidas del gobierno de Zapatero, ¿no se hacen la misma pregunta?

Los recortes que se proponen son socialmente muy graves y vienen –dicen- para paliar la crisis y combatir el elevado déficit en el que navega nuestra economía. Aun sabiendo que España tiene un gasto público (e importantes necesidades sociales por cubrir) muy bajo en comparación con otros países de Europa, hay otros capítulos presupuestarios donde sí sería pertinente y beneficioso utilizar las tijeras.

Frente a bajar las pensiones propongo anular inversiones en armamento como el avión de combate EF-2000, blindados Leopard y otras cacharrerías que ascienden a 2.510 millones de euros al año; frente a reducir en 600 millones de euros la ayuda al desarrollo sería preferible llamar a la retirada de nuestra tropa que ‘lucha sin cuartel’ contra los ‘terribles piratas somalíes’; y así con otros gastos militares que ascienden a la sorprendente cifra -en fregados y combatientes- de 400€ por habitante del Estado español al año.

Pero estas recetas las ignoran nuestros gobernantes, Obama y el FMI. Aunque los datos son elocuentes. Nuestra dañada economía tiene previsto dedicar más de 18.000 millones de euros a gasto militar (frente a los 15.000 millones de ahorro que se obtendrán de las medidas de Zapatero), según los datos de Justicia y Paz, donde contabiliza los gastos propios del Ministerio de Defensa y muchas otras partidas inequívocamente militares agazapadas en capítulos de otros ministerios, como la contribución a la OTAN que aparece en el Ministerio de Exteriores o el gasto en Investigación y Desarrollo militar que cubre el Ministerio de Industria.

Para acabar, es posible que alguien aluda a la contención que ya el Ministerio de Defensa está haciendo bajo esta crisis. Los 18.000 millones de presupuesto para 2010 representarían una disminución del 2’4% con respecto al gasto del 2009. Pero, ojo, con estos dineros de la guerra suele suceder que al cierre del ejercicio los presupuestos, las presunciones, no se cumplen y se acaban gastando más de lo acordado. Que si un conflicto imprevisto, que si estos helicópteros podrían matar mejor, que si intercambiemos tecnología con Israel…

Endeudados sí, pero armados hasta los dientes.

Fuente: http://www.elcorreo.com/alava/v/20100514

Ibarra cree que el uso de software libre evitaría la congelación de pensiones

El ex presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, considera que el uso de software libre en vez del propietario en la Administración, que cuesta al año 1.500 millones de dólares (unos 1.412 millones de euros), podría haber evitado la congelación de las pensiones.

El político socialista ha hecho hoy una apasionada y muy aplaudida defensa de la neutralidad de la red y del uso del software libre al recibir, en el Senado y con motivo del día grande de la red de redes, el Premio de Internet 2010 a su trayectoria personal y profesional.

"Bastaría una decisión administrativa para cambiar de software propietario a software libre y podríamos haber evitado a lo mejor que las pensiones se hubieran congelado el año que viene, porque hubiéramos sacado más dinero de esta decisión, que es una decisión cultural, ética y al mismo tiempo política", ha explicado.

Rodríguez Ibarra ha asegurado que el valor de apostar por el software libre no sólo reside en que la Administración podría seguir ofreciendo "prácticamente todos los servicios" ahorrándose dinero, sino en que se podrían crear empresas locales para dar respuesta a la necesidad de un software abierto.

"El compromiso con el software libre (...) era en definitiva un compromiso con la democracia, es decir, no concibo un administrador, un gobernante, que cuando alguien le ofrece una infraestructura barata o gratis y la misma infraestructura pagando, decida pagar en lugar de apostar por lo gratis", así se ha referido el ex dirigente socialista a la implantación del código abierto en Extremadura.

Además, ha afirmado que poder repartir el conocimiento es "el sueño de la izquierda, el sueño de la socialdemocracia".

Rodríguez Ibarra, que considera que tras recibir el galardón concedido por la Asociación de Usuarios de Internet será "Ibarranet", ha indicado que la realidad virtual tendría que estar contemplada en la Constitución Española, por eso ha instado al Congreso de los Diputados y al Senado a promover una reforma de la Carta Magna.

También ha defendido la neutralidad de internet: "La red no es de nadie, la red es un bien mostrenco como el aire, que está a disposición de todos. Lo más que podemos hacer es intentar que el aire sea puro y cuidarlo, de igual forma hay que cuidar la red para que sea libre, de todos, por todos y con todos", ha apuntado.

El político ha sostenido que si las nuevas tecnologías asustan o provocan inquietud es por desconocimiento.

Rodríguez Ibarra ha criticado que la izquierda defienda "con tanto ahínco" la propiedad intelectual y ha asegurado que un cambio en el modelo de negocio de las industrias de los contenidos no va a "acabar con la creación", algo que cree que demuestra el hecho de que "nunca ha habido tanta creación cultural como hoy".

Por último ha asegurado, bromista, que las redes sociales son el sueño de su vida: "poder estar conectado con todo el mundo y poder practicar un internacionalismo socialista".

Zapatero entierra el socialismo

Juan E. Tur

L’informatiu

Hace pocos días se lo comentaba a un colega. Él me decía que Zapatero había ganado las últimas elecciones azuzando el fantasma de "que viene la derecha", y que volvería a intentar revalidar el puesto de la misma manera. Yo, en cambio, tengo un recuerdo diferente.

 

En la víspera de aquellos comicios, aunque el sistema se resistiera a reconocerlo, los primeros síntomas de una crisis a punto de estallar a gran escala eran ya perceptibles; y creo que ante su llegada, más que la amenaza de la derecha, fue más determinante la voluntad de que esa situación de crisis la abordara un gobierno al que a priori se le supone socialista, que otro que sin rubor aplicara en los más débiles el sacrificio necesario para salir de ella. El mismo Zapatero creo que lo sintió así, y por eso, en su discurso de la victoria del 9 de marzo de 2008, decía: "gobernaré para todos, pero pensando, antes que nadie, en los que no tienen de todo".

Ahora, dos años y pico después de aquello, cabría recordarle esas palabras al presidente del gobierno; pues, como las famosas "read my lips, no more taxes" ("lean mis labios, no más impuestos") que acompañarán siempre a George Bush Sr., por hacer precisamente lo contrario en su único mandato al frente del gobierno estadounidense, José Luis Rodríguez Zapatero ha traicionado lo que dijo aquella noche y, por qué no decirlo ya, lo que el socialismo significa. A menos que, a lo que se refiriera entonces fue a que se acordaría de los que menos tienen para que costearan una crisis de la que no son los principales responsables.

Porque, después de más de dos años de crisis en los que, desde su posición al frente del Estado, no ha tomado una sola decisión económica de carácter progresista para abordarla, anteayer definitivamente anunciaba una serie de medidas que principalmente afectarán a las rentas medias y bajas. Efectivamente, la retirada del cheque bebé no es una medida "de derechas" -sí lo fue, en cambio, darlo indiscriminadamente-, pero un nuevo recorte farmacéutico, la eliminación de la retroactividad en la ley de dependencia, una rebaja en las ayudas al desarrollo, o la congelación de las pensiones, excepto las mínimas y las no contributivas (faltaría), son medidas que no se podrían calificar de ningún otro modo. El mismo Mariano Rajoy lo confirmaba en las Cortes tras el anuncio: "yo le propuse esas mismas medidas hace unos días". Vamos, que mandando unos u otros (que no cualquier otro), habríamos pagado los mismos.

Sin embargo, un día después del mazazo a su electorado progresista, los socialistas (que son tan "socialistas" como "populares" los populares) no solo no se retractaban del camino emprendido, sino que, a los despistados de sus filas que se atrevían a insinuar -por mera intuición o vergüenza- que tras estas medidas derechistas llegarían otras que afectaran a las rentas más altas, se les desmintió y se les pidió que guardaran silencio: después de esto no habrá nada. Al margen, claro está, de la ya anunciada subida del IVA, que también la notaremos más los que menos tenemos.

Así pues, Zapatero, el hombre que con medidas de carácter social como la retirada de las tropa de Irak, el matrimonio entre parejas del mismo sexo o ligeros aumentos de las pensiones y similares, generó en buena parte de la ciudadanía la ilusión de que podía llegar a encarnar al socialismo moderno; Zapatero digo, con las medidas anunciadas -y las que se niega a tomar- para afrontar esta situación crítica, se confirma no como eso, sino como el líder en España de la derecha europea.

Más arriesgada socialmente si quieren que la de Sarkozy o Merkel, sí, pero con planteamientos económicos con los mismos principales beneficiarios. El PP encarnaría una derecha rancia y con tics autoritarios, y el PSOE, la derecha social; lo cual, todo sea dicho, es completamente lícito. La izquierda, a menos que las bases de su partido le canten las cuarenta a Zapatero y le pongan en su sitio, habrá que buscarla ya, definitivamente, en otro sitio.

Fuente: http://www.linformatiu.com/nc/opinio/detalle/articulo/zapatero-entierra-el-socialismo/

Cómo comprender que la derecha gane elecciones

Pascual Serrano

El gobierno que se llama socialista congela las pensiones y recorta las ayudas a la natalidad y a la atención de los dependientes. Zapatero dice que no ha descartado subir los impuestos a las rentas más altas durante 2011, pero la verdad es que no ha anunciado ninguna medida al respecto. Tampoco se toca el presupuesto del Ejército, ni de las ayudas a la Iglesia, ni de la Casa Real. La Junta Directiva de la Confederación Empresarial (CEOE) considera que muchas de las medidas anunciadas ayer por el presidente del Gobierno español para reducir el déficit público son positivas y van en línea con las que la CEOE ha propuesto siempre.

La derecha, tras llevar semanas pidiendo un recorte del gasto público, ahora acusa al presidente de acometer un "gran recorte de derechos sociales". También dijo Rajoy que la "incapacidad" del Gobierno la van a pagar "todos los españoles", entre ellos "pensionistas y futuras madres".

Conclusión, el gobierno socialista se encarga de aplicar las medidas de la derecha y cargar con la indignación popular que provocan esas medidas. Por su parte, la derecha puede permitirse abanderar el discurso social que nunca aplicaría si gobernase. Para quienes no entendían por qué los partidos de derechas ganan las elecciones, lo sucedido ayer es la prueba más pedagógica para poder comprenderlo.

Ni leyes, ni justicia

José Saramago

En Portugal, en la aldea medieval de Monsaraz, hay un fresco alegórico de finales del siglo XV que representa al Buen Juez y al Mal Juez, el primero con una expresión grave y digna en el rostro y sosteniendo en la mano la recta vara de la justicia, el segundo con dos caras y la vara de la justicia quebrada. Por no se sabe qué razones, estas pinturas estuvieron escondidas tras un tabique de ladrillos durante siglos y solo en 1958 pudieron ver la luz del día y ser apreciadas por los amantes del arte y de la justicia. De la justicia, digo bien, porque la lección cívica que esas antiguas figuras nos transmiten es clara e ilustrativa.

Hay jueces buenos y justos a quienes se agradece que existan, hay otros que, proclamándose a sí mismos justos, de buenos tienen poco, y, finalmente, además de injustos, no son, dicho con otras palabras, a la luz de los más simples criterios éticos, buena gente. Nunca hubo una edad de oro para la justicia.

Hoy, ni oro, ni plata, vivimos en tiempos de plomo. Que lo diga el juez Baltasar Garzón que, víctima del despecho de algunos de sus pares demasiado complacientes con el fascismo que perdura tras el nombre de la Falange Española y de sus acólitos, vive bajo la amenaza de una inhabilitación de entre doce y dieciséis años que liquidaría definitivamente su carrera de magistrado.

El mismo Baltasar Garzón que, no siendo deportista de elite, no siendo ciclista ni jugador de fútbol o tenista, hizo universalmente conocido y respetado el nombre de España. El mismo Baltasar Garzón que hizo nacer en la conciencia de los españoles la necesidad de una Ley de la Memoria Histórica y que, a su abrigo, pretendió investigar no sólo los crímenes del franquismo sino los de las otras partes del conflicto. El mismo corajoso y honesto Baltasar Garzón que se atrevió a procesar a Augusto Pinochet, dándole a la justicia de países como Argentina y Chile un ejemplo de dignidad que luego sería continuado.

Se invoca en España la Ley de Amnistía para justificar la persecución a Baltasar Garzón, pero, según mi opinión de ciudadano común, la Ley de Amnistía fue una manera hipócrita de intentar pasar página, equiparando a las víctimas con sus verdugos, en nombre de un igualmente hipócrita perdón general. Pero la página, al contrario de lo que piensan los enemigos de Baltasar Garzón, no se dejará pasar. Faltando Baltasar Garzón, suponiendo que se llegue a ese punto, será la conciencia de la parte más sana de la sociedad española la que exigirá la revocación de la Ley de Amnistía y que prosigan las investigaciones que permitirán poner la verdad en el lugar donde estaba faltando.

No con leyes que son viciosamente despreciadas y mal interpretadas, no con una justicia que es ofendida todos los días. El destino del juez Baltasar Garzón está en las manos del pueblo español, no de los malos jueces que un anónimo pintor portugués retrató en el siglo XV.

Izquierda y Republicanismo. El salto a la refundación: Un libro que aterriza en la realidad

Hace tiempo que en España se hace mucho ruido con la República y con la refundación de la izquierda. Eso está bien, pero no basta. Hace falta que algunas personas vayan definiendo lo que entienden por izquierda, por república, por refundación de la izquierda... Y, mucho más importante, cómo se relaciona todo eso con la realidad de los ciudadanos.

El libro de Armando Fernández Steinko, con un brillante prólogo de Julio Anguita, trata de esas cosas, pero además con el elemento positivo y esperanzador de quien nos quiere transmitir su convencimiento de que “se puede”, se puede cambiar la situación actual. La tesis del autor es que “la gravedad de la situación tiene la virtud de que obliga a reaccionar, a poner fin a la pasividad, al sectarismo y a las declaraciones vacías de contenidos: obliga a dar el salto”. Porque si hasta hoy muchos se dedicaban a decir “otro mundo es posible”, nuestro autor se atreve a plantear cómo debe ser ese otro mundo y cómo llegar a él.

Estamos sin duda ante un libro audaz. Su autor es valiente a la hora de pronunciarse sobre asuntos espinosos en nuestro país, como el de los nacionalismos, donde denuncia que en muchas ocasiones sirven para legitimar el poder de las elites locales. Son numerosas las ocasiones en que incluso nacionalismos de izquierda, cuando abanderan la reivindicación de las condiciones de vida de los sectores populares lo hacen a costa de otros territorios del Estado español, sin pedir cuentas a las clases privilegiadas de sus regiones.

La obra es también clarificadora cuando expone las diferentes opciones a partir de las cuales se puede plantear el republicanismo, que pueden ir desde una mera propuesta institucional que se limite a la reforma de la elección del jefe del Estado hasta la de poner en marcha una Segunda Transición que afecte al modelo y a las estructuras de poder del país. Y es un libro pedagógico cuando al final de la obra se atreve a proponer una hoja de ruta que incluye tres ideas básicas: el salto que deje atrás inercias paralizadoras, la necesidad de consensuar un escenario de trabajo conjunto, y la puesta en marcha de una necesaria convergencia organizativa.

Alguien podrá acusar al autor de ingenuo por atreverse a tamaña propuesta, quizás, pero en estos días lo que sobran son los pesimistas que nos paralizan, y lo que se necesitan son optimistas que empujen.

Armando Fernández Steinko. “Izquierda y Republicanismo. El salto a la refundación”. Ediciones Akal. Madrid 2010

Los sarcasmos, insultos e incoherencias de Fernando Savater

Vicenç Navarro

El Plural

Tengo que admitir que tengo un nivel bajo de tolerancia hacia autores que hacen del sarcasmo y del insulto el eje de sus discursos. De ahí que no sea un asiduo lector de Fernando Savater. Pero, de vez en cuando, le leo porque es representativo de un amplio sector de la intelectualidad conservadora no perteneciente a la órbita del PP, centrada en Madrid, que reproduce frecuentemente la sabiduría convencional de lo que en España se autodefine como “centro” en el espectro político, pero que en Europa correspondería a la derecha liberal.

Uno de los componentes de tal sabiduría convencional es su supuesto antinacionalismo, y digo supuesto porque lo considero a él profundamente nacionalista, aunque de signo contrario al de los nacionalismos que denuncia y critica (el catalán, el vasco y el gallego). El suyo es el nacionalismo españolista, que dificulta, en la práctica, el desarrollo del resto de identidades nacionales existentes en el estado español. Su deseo es que Cataluña, por ejemplo, se convierta en una región de España, semejante a lo que es la Cataluña francesa en Francia (en que la mayoría de la población catalana, en el país vecino, no sabe, ni siquiera, hablar catalán). Fernando Savater, como muchos otros “anti-nacionalistas”, está intentando imponer su nacionalismo centralista y uniforme a toda España. No es sorprendente, pues, que haya sido uno de los inspiradores del partido de Rosa Díez, un partido cuya principal característica identitaria es su antinacionalismo periférico y su profundo nacionalismo centralista.

Pero lo que motiva mi artículo no es esta incoherencia, sino la incongruencia expresada en su artículo de El País (22.04.10), titulado sarcástica y ofensivamente “Las sectas en pie de guerra”, en el que, con una narrativa predecible, lanza una enorme retahíla de insultos y aseveraciones, los cuales constituyen elementos importantes de la sabiduría convencional de los círculos conservadores y nacionalistas españolistas.

Además de las predecibles aseveraciones de equidistancia en las atrocidades cometidas por los dos lados durante la Guerra Civil Española y equiparar el comunismo con el fascismo (afirmaciones requeridas como indicador de ecuanimidad y equilibrio), concluye que, aún siendo bueno que se ayude a los familiares de los desaparecidos a encontrar a sus muertos y enterrarlos, encuentra mal que se quieran buscar responsabilidades en base al argumento de ser “crímenes contra la humanidad”, pues además de cuestionar la existencia de tal categoría de crímenes en el mundo, cree que la búsqueda de responsabilidades rompe la placidez y concordia que hemos alcanzado en este país, basada en el respeto a la ley de Amnistía, aprobada por los dos bandos del conflicto civil, que nos obliga a no mirar al pasado. Encuentro esta aseveración sorprendente, pues ignora la historia de este país.

La Ley de Amnistía no fue una ley de punto final, Alianza Popular no la apoyó, fue propuesta por las izquierdas para sacar a los suyos de las cárceles, y excluyó “actos de violencia grave contra la vida o la integridad de las personas” (artículo 1º (a) Ley de Amnistía, 15 octubre 1977). Supongo que Fernando Savater admite que un asesinato es violencia grave contra la vida. Pero asume, además, que esta supuesta concordia no tiene costes. Pero es fácil demostrar que los tiene. El gran retraso social que tiene España (que se demuestra en los indicadores tan bajos de gasto público social, entre otros indicadores), su enorme fraude fiscal (que deriva primordialmente de las rentas superiores), su bajísima carga fiscal, su escasa cultura democrática y muchos otros indicadores negativos se basan en el enorme poder que los vencedores de la Guerra Civil y sus descendientes tienen en España, y que se resisten a perder.

Parte de este poder se materializa en que ha tergiversado la historia de España, resistiéndose a que se corrija. Trivializar el proyecto de recuperar la Memoria Histórica (que debiera titularse, la corrección de la Memoria Histórica), como hace Fernando Savater, es aceptar la historia que se enseña y muestra como válida, siendo ella, precisamente, la que da gran poder a las derechas. Por lo visto Savater también desconoce que no se han podido presentar en las televisiones españolas, hasta muy recientemente, documentales críticos de aquella dictadura y la presentación de sus horrores (como “Els Nens Perduts del Franquisme”).

En cuanto a la supuesta equidistancia en las salvajadas (predeciblemente el punto que siempre aparece cuando se quiere diluir la responsabilidad de las derechas), una mera lectura del número de asesinatos por razones políticas de 1939 a 1978 muestra una ventaja abismal a favor del bando golpista. Es más, los asesinatos cometidos durante el periodo 1936-1939, fueron muchos más los cometidos por el estado fascista que por el estado republicano. Y no digamos ya durante el periodo 1939-1978, a lo largo de la dictadura, en la que prácticamente todos los asesinatos los cometieron los vencedores de aquel conflicto. ¿De qué equidistancia está hablando Savater?

La misma incoherencia se da entre la tan promovida equivalencia entre el comunismo (PCE) y el fascismo (La Falange), incoherencia basada en la misma ignorancia. El comunismo en España (aunque cometió errores que deben denunciarse) ha sido una fuerza política que ha favorecido históricamente la democracia y la expansión de los derechos sociales y laborales. El fascismo ha sido precisamente lo contrario. Y ello es fácil de mostrar.

Una última observación. Sería de desear que los rotativos de mayor difusión del país tuvieran un código de conducta que limitara el número de insultos por artículo. He vivido en muchos países en mi largo exilio y en ninguno se alcanza el nivel de estridencia, sarcasmos y ofensas al adversario como en España. Sería bueno que los medios no contribuyeran a la excesiva tensión existente en la vida política. Es un síntoma característico de los que pasaron el “sarampión” de ser de izquierdas en su juventud, que se pasen el resto de su vida intentando “lavarse” de aquel pasado, a base de un vulgar anti-izquierdismo rentable en una cultura, como la española, que es profundamente conservadora.

Vicenç Navarro es Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University 

Blog de Vicenç Navarro

Fuente: http://www.elplural.com/opinion/detail.php?id=46332

El 71,5% de los andaluces aceptaría una subida de impuestos para ayudar a los pobres

l 71,5 por ciento de los andaluces aceptaría que le subieran los impuestos para ayudar a los pobres, aunque solo el 32 por ciento lo haría para proteger el medio ambiente, según la Encuesta sobre la Realidad Social de Andalucía (ERSA) de 2009 realizada por el Centro de Estudios Andaluces.

Esta encuesta, realizada a 1.200 personas a domicilio de forma presencial, incluye datos referentes a la situación social y personal de la población, la demanda de políticas sociales, la percepción sobre la desigualdad, los valores y actitudes ante el medio ambiente y el consumo cultural, entre otros. Es la primera encuesta de este tipo del Centro de Estudios Andaluces y ha sido presentada por el director del Centro de Estudios Andaluces, Demetrio Pérez, y los investigadores Antonio Jaime Castillo e Ildefonso Marqués Perales.

Entre los resultados más relevantes de la encuesta respecto a la percepción de la situación individual y de la sociedad destaca, por una parte, que el 69 por ciento de los andaluces identifica el paro como el problema más importante en Andalucía, seguido de la crisis -un 12,5 por ciento-, y también a los políticos (4 por ciento).

Los encuestados apuestan mayoritariamente por que el Estado sea responsable del bienestar de los individuos en lugar de que estos asuman la responsabilidad de su propio bienestar, hasta el punto de que casi el 90 por ciento cree que el Gobierno debería asegurar un ingreso mínimo garantizado. Opinan que la probabilidad de llegar a ser médico o abogado es muy superior para los hijos de un médico o abogado que para los hijos de un jornalero (en concreto, la diferencia es de 30 puntos), y los ciudadanos con origen social más humildes creen que las diferencias son mayores.

Un 40 por ciento piensa que hay pobreza porque nuestra sociedad es muy injusta; y para el 70 por ciento una sociedad justa implica que las diferencias de ingresos sean pequeñas, según el Estudio, en el que se añade que los andaluces se posicionan ideológicamente en el centro izquierda -una media de 4,5 en escala de 1 a 10-. Ocho de cada diez andaluces consideran que hay que gastar más dinero público en sanidad, educación y pensiones; casi el 62 por ciento cree que las personas mayores debe ser el grupo prioritario para recibir la prestación social; y el 52 por ciento darían prioridad a un inmigrante en caso de escasez de empleo.

¿Un lapsus o una prueba?

Koldo Campos Sagaseta

Rebelión

La vidriera que acompaña esta pregunta se encuentra en la catedral de Valencia. Ignoro el nombre del autor y el tiempo que hace que decora el citado templo, pero por más explicaciones que le busco a su sentido, la explícita posición de sacerdote y niño, más que al pretendido y cristiano recogimiento que se le supone a la vidriera, mueve al sobrecogimiento que a cualquiera asalta ante lo que las imágenes sugieren, especialmente, en estos tiempos en que tantas vidrieras han acabado por romper sus místicos destellos de formas y colores.

Tampoco sé si el artista tuvo a bien basarse, para mejor inspirar su talento, en alguna experiencia personal, o si hubo modelos que recrearan la atmósfera que hiciera posible su trabajo, pero por más que observo la vidriera, y aún aceptando mi natural tendencia, que nadie tuvo en cuenta, a suponer deslices de flaqueza donde cualquiera advierte piadosa reverencia, me queda la duda, la humana suspicacia, de si habrá sido un lapsus o si será una prueba.

Guerrilla de Chávez

Pascual Serrano

Correo del Orinoco

El 12 de abril, más de 30.000 milicianos y milicianas venezolanos procedentes de sectores estudiantiles y campesinos, entre otros, desfilaron y juramentaron su lealtad a la soberanía e independencia del país. Todos los años hay actos y desfiles similares en la mayoría de países, pero como se trataba de Venezuela, el diario colombiano El Tiempo tituló al día siguiente: “Chávez arma su propia guerrilla”.

Viéndolo así, quien sí tiene una guerrilla propia es el rey de España, porque existe una Guardia Real que tiene como función, según la información proporcionada en su web oficial, “proporcionar el servicio de guardia militar, rendir honores y dar escoltas solemnes a Su Majestad El Rey y a los miembros de Su Real Familia que se determinen”, “proporciona el servicio de Guardia de Seguridad en la Residencia Oficial, así como en Palacios y Reales Sitios que eventualmente utiliza la Familia Real, cuando así lo dispone el Jefe de la Casa de S.M. El Rey” y “rinde honores y participa en paradas militares solemnes”.

“Además de desempeñar estos cometidos -señala la web oficial-, la Guardia Real atiende la asistencia sanitaria de la Familia Real, a través de su Servicio de Sanidad, y proporciona los apoyos que eventualmente requieren otras Unidades de la Casa de S.M. El Rey”. Eso sí que es tener tu propia guerrilla.

Juan Antonio Samaranch y la dictadura de Franco: La muerte de un fascista catalán

Carles Muntaner y Joan Benach

Counterpunch

Aunque la mayoría de catalanes gustan de pensar de sí mismos que son de centro-izquierda, como cualquier analista sobre las clases sociales sabe, la burguesía catalana fue cómplice del fascismo de Franco.

Uno de los fascistas catalanes más infame ha sido el recientemente fallecido Juan Antonio Samaranch, nombrado Marqués por el rey Juan Carlos, otro de los protegidos de Franco. Cuando yo era un niño en los años sesenta en las grises calles del Eixample en Barcelona, nos reíamos de sus carteles que a menudo aparecían durante las "elecciones". Obviamente, subestimábamos el privilegio de clase permanente, la obsesión de poder y la pura adulación que llevaría a Samaranch a la notoriedad internacional.

Samaranch no estaba en absoluto sólo. De hecho, la mayoría de los burgueses catalanes apoyaron a Franco explicita o implícitamente y se movieron rápidamente hacia posiciones nacionalistas cuando la ola se volvió en contra del fascismo hacia una democracia liberal. Pero el apoyo sin miramientos de Samaranch al dictador y su régimen fascista, junto con su proyección internacional al frente del Comité Olímpico Internacional (COI) en los años 80, lo hace particularmente ofensivo.

Samaranch nació en una familia burguesa de la industria textil, mostrando desde el principio su inclinación en contra de los trabajadores. El golpe de Estado de 1936 de Franco con el apoyo de los militares, los bancos, la iglesia y los grandes terratenientes le sorprendió en la zona republicana. Como debía ser, desertó hacia el lado fascista y se unió a la Falange (el partido fascista que hasta nuestros días acosa a españoles mediante la persecución del juez Baltasar Garzón, fiscal de los delitos cometidos durante el régimen de Franco desde 1936 hasta 1977).

Samaranch estudió en la Escuela de Negocios IESE conocida por sus vínculos con el Opus Dei, una organización católica ultraconservadora, y fue un miembro de alto rango del gobierno de la ciudad y la provincia de Barcelona, de las Cortes Españolas, y mantuvo un cargo equivalente a Ministro de Deportes, todo ello bajo el régimen de Franco. También se convirtió en embajador en Rusia, cargo que utilizó para ser elegido como presidente del COI. En sus últimos años se convirtió en presidente de “La Caixa”, la mayor de las instituciones de ahorros españolas.

La foto muestra como, todavía en 1974, Samaranch exhibía con orgullo su alianza a un régimen que envió más de un millón al exilio y asesinó a cientos de miles de civiles durante y después de la guerra. La foto muestra a Samaranch con el brazo derecho fascista al aire, rindiendo homenaje al 38 aniversario del golpe de estado fascista de Franco. A la muerte del dictador, fue entrevistado sobre el fascismo de Franco señalando que fue "... uno de los períodos más brillantes de la historia de España".

Las fechorías de Samaranch como miembro del COI han sido bien documentadas (ver “El Señor de los Anillos” por Andrew Jennings, quien terminó en la cárcel por exasperar a Samaranch y sus compinches). Samaranch pidió de forma enfermiza el derecho a ser tratado como Marqués, a ser llamado "excelencia", y tenía una forma totalitaria de dirigir el COI (obsesionado con la necesidad de una "sagrada unidad", una cultura de obediencia que él aprendió de la visión totalitaria del fascismo del mundo militar, la iglesia, el gobierno, las relaciones laborales y la monarquía). Adulador sin límites desde sus días de amistad con la hija de Franco, insistió en elogiar a su predecesor en el COI (Avery Brundage) con múltiples cartas no solicitadas como medio para promover su propio nombramiento. Transformó los Juegos Olímpicos en una gigantesca franquicia socavando ciudad tras ciudad lo que ha resultado en enormes deudas (Grecia 2004), un mercado laboral contrario a los trabajadores e inmigrantes (Barcelona 1992), un desplazamiento masivo de residentes (Beijing 2008), y la destrucción del medio ambiente (Vancouver 2010). Lejos quedan los días del espíritu olímpico cuando dio la bienvenida a la profesionalización de los deportes y la venta obligatoria de ciudades enteras en beneficio de las corporaciones globales. Esto dio lugar a la postergación y el abandono de las necesidades más urgentes de las ciudades (vivienda asequible, empleos dignos, espacios verdes, atención sanitaria, para nombrar sólo unos pocos). La cultura de la componenda y amiguismo que promovió en el COI le pilló en Salt Lake City con denuncias de corrupción que comportaron investigaciones internas. Aunque quedó absuelto de toda culpa, fue él quién había elegido a la mayoría de miembros del COI.

Desafortunada, pero previsiblemente, los medios de comunicación de la prensa oficial española, así como la mayoría de América del Norte y Europa han decidido ignorar el pasado de Samaranch y los hechos. Desde la incongruente alabanza de Carod-Rovira, uno de los líderes de Izquierda Republicana (un partido nacionalista liberal que detentó el poder en Cataluña antes del golpe de Franco): "El catalán más importante en el mundo del deporte ...", a la predecible desinformación de El País que reproduce el elogio del arzobispo de Barcelona: " ... hoy decimos adiós a un verdadero catalán ... que trabajó para la mejora de la comunidad internacional ... ".

Incluso nuestro apocado presidente del gobierno (Zapatero) cuyo abuelo fue victima de Franco, dignifico a Samaranch con un acto oficial. Y no nos vayamos a olvidar de los honores al fascista recibidos por el President Montilla cuya Generalitat fue otra victima institucional del Franquismo, o del silencio humillante de la Izquierda dentro del tripartido. El funeral, al que sólo asistieron 4.000 personas en un área urbana de más de 3 millones, mostró el “quien es quien” de los partidarios del régimen (el Rey Juan Carlos, el príncipe de Asturias Don Felipe de Borbón, la Iglesia católica), la cínica burguesía catalana que tan bien le fue tanto con Franco como con la democracia (Pasqual Maragall), y las celebridades modernas de derechas del mundo del deporte (Rafael Nadal, Emilio Sánchez Vicario, Joan Laporta, el presidente del FC Barcelona).

Las referencias al pasado fascista de Samaranch durante el asesino régimen de Franco han quedado vergonzosamente ausentes. Ese silencio es una prueba más del "pacto de silencio" de como se llevó a cabo la transición del fascismo a la democracia en España, y el precio que España sigue pagando por ella (económico, político y cultural, como Vicente Navarro ha mostrado en repetidas ocasiones en CounterPunch y en otros medios). Una vez más, un fascista español muere en paz en un cómodo hospital privado, tratado con honor, y elogiado por los medios de comunicación locales e internacionales.

Carles Muntaner es un epidemiólogo social de Barcelona. Trabaja en Toronto, Canadá. Joan Benach es un epidemiólogo social que vive y trabaja en Barcelona.

Fuente: http://www.counterpunch.org/muntaner04232010.html

Preguntas frecuentes sobre el caso Garzón: ¿Sigue vigente la Ley de Amnistía? ¿Qué es la doctrina Botín?

Carlos Martínez

Rebelión

El procesamiento del juez Garzón por parte del Tribunal Supremo a instancias de tres asociaciones fascistas está causando una gran conmoción que ha traspasado las fronteras del Reino de España. Los ciudadanos, en este caso y en tantos otros, terminan percibiendo que se trata de “un tema muy complejo jurídicamente”.

Sin embargo, la gran parte de los problemas e interpretaciones legales son fácilmente explicables a los ciudadanos si hay voluntad para ello. Veamos alguna de las cuestiones sometidas a debate público y cualquiera entenderá que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo está haciendo una interpretación del derecho muchísimo más retorcida que la que hizo el Baltasar Garzón para comenzar una investigación penal del genocidio franquista.

Una de las cuestiones que más llama la atención es la supuesta vigencia de la “Ley de Amnistía”. La aplicabilidad de esta ley es uno de los fundamentos más importantes del auto del Juez Valera por el cual se procesaba al Juez Garzón, pero lo cierto es que leyendo los preceptos de la Constitución es realmente aventurado concluir que aquella ley prohíbe investigar el genocidio cometido por el régimen franquista. Veamos el porqué.

El 20 de noviembre fallecía en su cama el general golpista Francisco Franco. Su sucesor, el Rey Juan Carlos tomaba el poder político e inició tibias reformas del régimen, presionado tanto por el pueblo como por sus socios internacionales. Tras la celebración de unas elecciones en junio de 1977, las nuevas Cortes, el 15 de octubre de 1977 aprobaron la Ley 46/1977 llamada “ley de Amnistía”. Se trataba de una ley por la que, a cambio de dejar en libertad a los presos políticos de la dictadura, se amnistiaba a los golpistas y criminales de Estado que, tras una sangrienta guerra civil, no cejaron de torturar y asesinar a sus opositores políticos durante los cuarenta años que duró el régimen franquista.

Un año después, el 29 de diciembre de 1978 entro en vigor la Constitución Española. La disposición derogatoria de la Constitución, después de derogar las leyes fundamentales del previo régimen totalitario, establece literalmente: “Asimismo quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en esta Constitución”. Esta carta magna reconoce en su Título I, derechos y libertades fundamentales, entre ellos el derecho a la vida, a la tutela judicial efectiva, a no sufrir torturas ni tratos degradantes... La Constitución en su artículo 10 ordena: "Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los Tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España" [1].

La jurisprudencia del Tribunal Constitucional [2] establece que el monopolio para la declaración de inconstitucionalidad de una ley post-constitucional es competencia exclusiva de este tribunal, sin embargo, cuando la ley es anterior a la entrada en vigor de la Constitución, cualquier juez puede inaplicar aquella norma por entenderla derogada en virtud de la disposición derogatoria de la propia Constitución.

En consecuencia, en modo alguno puede considerarse disparatado que un juez, como en este caso Garzón, pueda declarar inaplicable la llamada “ley de amnistía” por considerarla derogada, al ser totalmente incompatible con los derechos fundamentales y libertades públicas reconocidos por la Constitución Española y los Tratados Internacionales ratificados por el Reino de España. De hecho, fueron tres los Magistrados de la Audiencia Nacional que emitieron voto particular contra el auto que declaró la incompetencia del magistrado juez de Instrucción Baltasar Garzón en esta causa [3] apoyando que siguiera con la instrucción del sumario.

El delito de prevaricación consiste en dictar una resolución a sabiendas de su injusticia. La jurisprudencia del propio Tribunal Supremo ha establecido que ha de tenerse por resolución injusta aquella que "no puede explicarse mediante una interpretación razonable" [4]. Tan alta exigencia hace que sea muy difícil que se admita, ni siquiera, una denuncia contra un juez por prevaricación y excepcional que algún juez sea condenado por ello. Al juez Garzón parece que le han aplicado otras leyes y jurisprudencia que al resto de sus compañeros de la carrera judicial, pero no sólo por lo relatado, sino también por el papel del Ministerio Fiscal en el proceso.

La “Doctrina Botín”

El Ministerio Fiscal se opuso a que Baltasar Garzón iniciase el proceso contra el franquismo, sin embargo, pidió la inadmisión a trámite de las querellas contra el juez por parte de la Falange Española y “Manos limpias”. El fiscal, a pesar de que no compartía la interpretación que de la ley había hecho Garzón, entendía que en ningún caso el juez había dictado resoluciones a sabiendas de su injusticia.

La denominada “Doctrina Botín” tiene su origen en un proceso contra el banquero Emilio Botín por un delito de fraude fiscal, en el que ni siquiera hubo juicio al entender el Tribunal Supremo “que en el procedimiento abreviado, no puede abrirse juicio oral sólo a instancias de la acción popular”, como no acusó el Fiscal ni había perjudicados personados se archivó directamente el proceso contra el banquero.

Dicha doctrina, que debía aplicarse por igual a todos los ciudadanos por requerirlo así un principio elemental de justicia e igualdad, ya fue inaplicada por el propio Tribunal Supremo cuando condenó al ex-presidente de la Cámara vasca Juan María Atutxa, a pesar de que el fiscal no acusaba. Fueron cinco los Magistrados de la Sala del Tribunal Supremo los que discreparon de la decisión mayoritaria que condenaba a Atutxa. La mayoría de la Sala construyó una enrevesada fundamentación para no tener que aplicar la misma jurisprudencia que al poderoso Emilio Botín. Curiosamente el actual instructor de la causa contra el Juez Garzón fue el mayor defensor de mantener la “Doctrina Botín”. Luciano Valera en su voto particular a la sentencia indicó que a Atutxa "se le ha tributado una diversidad de criterio por circunstancias que no tienen la envergadura necesaria para determinar la diferencia de trato" [5].

El Fiscal sigue pidiendo hoy el archivo de la causa contra Garzón, sin embargo el instructor “olvida” su anterior interpretación de la ley y apuesta decididamente por juzgar al Juez Instructor de la Audiencia Nacional a pesar de que no hay acusación por parte del Ministerio Público.

En conclusión, el Tribunal Supremo esta obrando con una preclara injusticia contra el Juez Garzón al aplicarle una diferente vara de medir respecto a situaciones similares enjuiciadas por estos mismos Magistradosl A Garzón se le puede achacar, incluso penal o disciplinariamente, que en muchos sumarios ha tomado decisiones muy aventuradas y no ha respetado el derecho a la presunción de inocencia de los procesados, con la agravante de que en estos casos dictó autos de prisión contra personas que han resultado finalmente absueltas. Incluso, algunos de ellos han sido objeto de torturas y malos tratos cuando se encontraban bajo la custodia de los Cuerpos y Seguridad del Estado.

Y aquí aparece la razón última del procesamiento del magistrado-juez Garzón, cuando los perjudicados son presuntos “etarras” o “narcotraficantes” todo vale y nada es reprochable; mientras que el simple inicio de un proceso para devolver la dignidad a las víctimas del franquismo o investigar a la corrupción ligada al Partido Popular lleva aparejado el procesamiento y la separación del servicio. Todo un aviso a la carrera judicial.

-----------------------------------------------------------

[1] Paradójicamente, el Estado Español se adhirió en 1968 al “Convenio para la Prevención y la Sanción del delito de Genocidio”, aunque ni el régimen franquista ni la posterior monarquia han ratificado la “Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad”.

[2] http://www.uned.es/dpto-derecho-politico/s4.htm

[3] http://coordinadoravictimas.blogspot.com/2010/04/yo-discrepo-pero-no-prevarico-clara.html

[4] Sentencias del Tribunal Supremo 14-2-1891 y 21-1-1911.

[5] http://www.elpais.com/articulo/espana/Supremo/cambia/doctrina/Botin/condena/Atutxa/elpepiesp/20080417elpepinac_17/Tes

Evo Morales y la homosexualidad

Pascual Serrano

Rebelión

Vaya bronca que le han montado a Evo Morales por un fragmento de su discurso en la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra, celebrada ayer en Cochabamba. Los medios le han acusado de homófobo tomando textos de agencia. El País titulaba “Evo Morales atribuye la homosexualidad y la calvicie a los transgénicos” y Público “Morales culpa a los transgénicos de la homosexualidad y la calvicie”.

Incluso El País recogía la reacción de un portavoz de la Confederación Española de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales (COLEGAS) que “ha exigido una rectificación pública al presidente de Bolivia y ha anunciado que transmitirá su malestar a la embajada del país en España”. "Este tipo de afirmaciones sin base científica alguna, son además de insidiosas y falaces, un mensaje de odio y rechazo a la población homosexual, sobre todo cuando quien las hace es el presidente de un país", declaró un representante de Colegas.

El presidente de Bolivia estaba hablando sobre los pollos criados de forma intensiva en granjas, y afirmó textualmente: "El pollo que comemos está cargado de hormonas femeninas. Por eso, cuando los hombres comen esos pollos, tienen desviaciones en su ser como hombres". Como se puede apreciar no nombró la palabra homosexualidad. Es más, yo entiendo que por desviación pretendía referirse -quizás sin utilizar el vocablo más adecuado- a disfunción o esterilidad, de todos es sabido que la concentración de espermatozoides ha disminuido en el semen de los hombres de los países desarrollados. O quizás se refería a la alternación del proceso de maduración sexual de los niños debido a esas hormonas.

Es curioso que quienes acusan a Evo Morales de homófobo sean los que han relacionado desviación con homosexualidad. ¿Por qué el portavoz del colectivo Colegas se da por aludido cuando escucha la palabra desviación si nadie estaba hablando de homosexualidad?

Es oportuno recordar la sintonía entre el colectivo Colegas y el Partido Popular, así como los servicios prestados por esta organización para atacar a la revolución cubana. En enero de 2008 Colegas coordinó, con fondos de la Comunidad de Madrid y el apoyo del Partido Popular, unas jornadas denominadas "Cuba: Revolución y Homosexualidad". El 4 de noviembre de 2009, Colegas emitió en Madrid un comunicado de prensa en la que denunciaba el supuesto arresto de seis homosexuales cubanos, además de una cifra de miles de detenciones similares entre 2007 y 2008. Fueron los propios gays y lesbianas de Cuba quienes mediante un comunicado del Centro de Educación Sexual de Cuba desmintieron esa información.

La relación de Colegas con el Partido Popular es de sobra conocida, en junio de 2009, la asociación firmó un contrato-programa con el PP de Sevilla de cara a las elecciones de 2011, y que contemplaba también el rechazo a la Cabalgata del Orgullo Gay que esta ciudad, gobernada por el PSOE e IU, celebraba ese año por primera vez con financiación municipal.

Con independencia del mayor o menor rigor científico de Evo Morales, creo, sinceramente, que los ciegos intentos por desprestigiar a un líder campesino e indígena desde nuestro etnocentrismo ha llevado a periodistas y algún miembro del colectivo homosexual a ver gigantes donde sólo había molinos.

Más de 100 profesores, investigadores y docentes de EEUU apoyan al Juez Garzón y denuncian la perpetuación de la impunidad en el Estado español

Como profesores e investigadores de la Guerra Civil y la dictadura franquista de distintas universidades norteamericanas queremos expresar nuestro más profundo desacuerdo con la reciente decisión del Tribunal Supremo de procesar al juez Baltasar Garzón.

Independientemente de la opinión que nos merezcan las actuaciones del Juez Garzón en otros ámbitos, estamos convencidos de que la decisión y los argumentos del Juez Luciano Varela contribuyen decisivamente a consolidar la impunidad y ampliar la situación de desamparo que sufren las víctimas de la represión franquista. Los sobrevivientes de la violencia exterminadora del franquismo y sus familiares llevan décadas esperando que la justicia española esclarezca y castigue a quienes sean responsables de delitos tan graves como la desaparición forzada, la tortura o el secuestro de niños.

La causa abierta contra el franquismo por el Juez Garzón era un primer paso para revertir una situación de impunidad y desamparo establecida durante la dictadura y consolidada durante la transición a la democracia. Por ello, invocar la ley de amnistía de 1977 como fundamento para procesar al Juez Garzón por carecer de competencias no es más que una fórmula legal para seguir perpetuando la impunidad dictada por el aparato legal del franquismo.

El propio Juez Garzón en su auto de procesamiento contra Pinochet y otros jueces de la Audiencia nacional en casos similares, han revocado leyes de amnistía por entender que el delito de desaparición forzada no prescribe y por considerar que el exterminio planificado y sistemático de un grupo (i.e. “los rojos”) constituye un delito de crímenes contra la humanidad y/o genocidio que, como tal, puede ser perseguido en cualquier juzgado del mundo. En este sentido, cabe señalar que estos argumentos legales aplicados a otros países (Chile, Argentina) se llevaron a cabo sin que ningún juez fuera procesado por ello y con el apoyo mayoritario de la sociedad civil española. Por tanto, exigimos al Tribunal Supremo y a la judicatura española que sea coherente con sus propias decisiones legales y que aplique en España las leyes del derecho internacional que con tanta vehemencia ha aplicado en otros países que han sufrido episodios similares de violencia política y exterminio

Asimismo, observamos con suma preocupación que se admita a trámite una denuncia presentada por un grupo, Manos Limpias , que es heredero directo de Falange Española y del más rancio fascismo español. En la mayoría de otros países Europeos (Alemania, Italia) estos grupos son simplemente ilegales, como lo son también las expresiones de exaltación y glorificación del pasado fascista. Admitir como legítimos participantes del Estado de Derecho a quiénes participaron en la destrucción violenta del primer período enteramente democrático que hubo en España –la II República—es una cruel ironía del destino y un sinsentido político.

Por todo ello, pedimos al Juez Varela que desista en su intento de juzgar al Juez Garzón o que, al menos, considere los testimonios y pruebas aducidos por especialistas en derecho internacional y por historiadores de la represión franquista como parte del proceso. Sin embargo, aún más importante que el proceso abierto contra Garzón es entender que en España las víctimas de la represión franquista siguen viviendo en una situación de desamparo legal sin parangón en el mundo.

A pesar de la Ley de Memoria Histórica y de otras medidas reparatorias en España la mayoría de las fosas comunes se exhuman sin la presencia de un juez y sin que se establezca ninguna responsabilidad penal por los presuntos delitos evidenciados en la exhumación. Ninguna democracia digna de ese nombre puede dejar en las cunetas a miles de ciudadanos e ignorar las posibles responsabilidades legales que se deriven de tan ignominiosos hallazgos. Si finalmente se condena al Juez Garzón y se le aparta de la judicatura, España no sólo no habrá habido reparación y justicia para las víctimas de la dictadura, sino que éstas además seguirán siendo silenciadas y juzgadas por sus verdugos.

Queremos, finalmente, expresar nuestra más absoluta solidaridad a todas las asociaciones cívicas que trabajan por la recuperación de la memoria histórica y exigir con ellas el fin de la impunidad y la reapertura de los procesos legales que sean necesarios para dar un decisivo paso adelante hacia el establecimiento de la justicia.

• Virgnia Adán-Lifante Foreign Language Coordinator, University of California, Merced.
• Carlos Aguirre, Associate Professor, History, University of Oregon
• Enrique Álvarez, Assistant Professor, Florida State University.
• Tabea Alexa Linhard, Assistant Professor, Washington University
• Emilia Alonso Marks, Associate Professor of Spanish, Ohio University.
• Ana María Amar Sánchez, Professor, University of California, Irvine.
• Pepa Anastasio, Hofstra University, Nueva York
• Reinhard Andress, Professor, Saint Louise University.
• Alicia Arribas, Department of Romance Languages, University of Georgia
• Daniel Arroyo-Rodríguez, Researcher and Graduate Student, University of Michigan
• Edward Baker, Professor Emeritus University of Florida
• Alda Blanco, Chair Departament of Spanish and Portuguese, San Diego State University
• Carlos Blanco Aguinaga, Profesor Emérito de la Universidad de California, San Diego
• Erick Blandón, PhD,Professor, University of Missouri-Columbia.
• Maria Bernath, Researcher, University of California, San Diego
• Aaron Boalick, Graduate Student, University of Michigan
• Scott Boehm, Researcher of The Spanish Civil War Memory Project, University of California, San Diego.
• Kristina L. Bonsager, Chair of Department of International Languages & Literatures, St. Catherine University
• José Antonio Cano, Director Overseas Program in Spain, University of Alabama
• Nuño Castellanos, Lecturer of Spanish, Department of Romance Languages, University of Georgia.
• Francie Cate-Arries, Professor of Hispanic Studie, The College of William & Mary
• Mary Coffey, Professor, Pomona College.
• Jaime Concha, Professor, University of California, San Diego.
• Helena Contreras-Chacel, Escritora, Los Angeles.
• Jessica Córdova, Researcher The Spanish Civil War Memory Project, UC, San Diego
• Lucile C. Charlebois, Asistant Professor, University of South Carolina
• Justin Crumbaugh, Associate Professor, Mountholyoke College.
• Nuria Cruz-Cámara, Associate Professor of Spanish, University of Tennessee
• Isabel Cuñado, Assistant Professor of Spanish, Bucknell University.
• Juan Carlos de los Santos, Spanish Lecturer and Language Coordinator, University of Michigan.
• Andrea Davis, Researcher of The Spanish Civil War Memory Project, University of California, San Diego.
• Thomas Deveny, Professor, McDaniel College
• Simon Doubleday, Associate Professor of History, Hofstra University.
• Jodi Eisenberg, Researcher of The Spanish Civil War Memory Project, University of California, San Diego.
• Cecilia Enjuto Rangel Assistant Professor, University of Oregon.
• Javier Entrambasaguas, Researcher, University of Michigan.
• Sebastiaan Faber, Professor and Chair, Dept of Hispanic Studies, Oberlin College
• Ofelia Ferrán, Associate Professor, University of Minnesota.
• Francisco Fernández Alba, Assistant Professor, Weathon College
• Joaquin Florido Berrocal, Assistant Professor of Spanish, Southern Illinois University Edwardsville
• Pedro García Caro, University of Oregon.
• José M. García-Sánchez, Professor of Spanish, Eastern Washington University
• Yvonne Gavela, Assistant Professor of Spanish, University of Miami.
• Anthony L. Geist, Chair, Division of Spanish and Portuguese, University of Washington
• David T. Gies, Commonwealth Professor of Spanish, University of Virginia.
• Juan M. Godoy Márquez, Associate Professor, San Diego State University.
• Luis M. González, Assistant Professor of Spanish, Connecticut College.
• Linda Gould Levine, Professor of Spanish, Montclair State University.
• Margarita Graetzer, Professor of Spanish and General Studies, Berea College
• Ginna Herrmann, Associate Professor of Spanish, University of Oregon.
• María Hernández-Ojeda, Associate Professor of Spanish, Hunter College-CUNY.
• Juli Highfill, Associate Professor, University of Michgan.
• Roberta Johnson, Professor Emerita, University of Kansas
• Santiago Juan-Navarro, Professor of Spanish, Florida International University
• Patricia Keller, Assistant Professor, Cornell University.
• Susan Kirkpatrick, Professor Emerita, University of California, San Diego
• Kathy Korcheck, Assitant Professor, Central College.
• Misha Kokotovic, Associate Professor, University of California, San Diego.
• Larry La Fountain-Stokes, Associate Professor, University of Michigan
• Margarita Lezcano, Professor Emerita, Eckerd College
• Ignacio López-Calvo, Chair of the World Cultures Graduate Group, University of California, Merced.
• Kern L. Lunsford, Professor of Spanish and Chair, Modern Languages, Lynchburg College.
• María Cristina C. Mabrey, Professor, University of South Carolina.
• Viviana Macmanus, Researcher of The Spanish Civil War Memory Project, University of California, San Diego.
• Shirley Mangini, Professor Emerita, Cal State, Long Beach.
• Monica Marcos-Llinas, Ph, Department of Romance Languages and Literature University of Missouri.
• Andreea Marinescu, Assistant Professor, Colorado College.
• Jorge Mariscal, Professor, University of California, San Diego
• Luis Martin-Cabrera, Assistant Professor and Director of The Spanish Civil War Memory Project, University of California, San Diego.
• Eduardo Matos-Martín, Researcher, University of Arizona.
• Elize Mazadiego, Researcher of The Spanish Civil War Memory Project, University of California San Diego.
• Nancy J. Membrez, Associate Professor of Spanish, University of Texas at San Antonio
• Hugo Moreno, Professor, University of Western Ontario
• Santiago Morales-Rivera, Assistant Professor, University of California, Irvine.
• Cristina Moreiras-Menor, Associate Professor, University of Michigan.
• Sara Nadal-Melsió, Assistant Professor, University of Pennsylvania.
• Nancy Newton, Department of World Languages & Cultures, Indiana University
• Janet Pérez, Miembro Numerario, Academia Norteamericana de la Lengua Española
• Cindy Pinhal, Graduate Student, University of California, San Diego.
• Beatriz Pita, Profesora, University of California, San Diego.
• Jonathan Pitcher, Associate Professor, Bennington College.
• Amanda Powel, Senior Instructor of Spanish, University of Oregon
• Michael P. Predmore, Professor, Stanford University.
• Alicia Ramos Jordán, University of California, Merced
• Ricardo Ramos-Tremolada, University of Richmond
• Christian M. Ricci. Assistant Professor, University of California, Merced.
• Brandon Rigby, University of Oregon.
• María Robles Gila, Graduate Student, University of Michigan.
• Rodney Rodríguez, Ph.D., Manhattan College
• Esperanza Roncero, Associate Professor of Spanish, Hartwick College
• Víctor Roncero-López, Dept. of Hispanic Languages and Lit. Stony Brook University
• Benita Sampedro Vizcaya, Associate Professor, Department of Romance Languages and Literatures, Hofstra University.
• Rosaura Sánchez. Professor, University of California, San Diego
• Cintia Santana, Lecturer, Division of Literature, Culture and Languages, Stanford University.
• John Snyder, Independent Scholar.
• Jose Schraibman, Profesor, Washington University, Romance Languages
• William Sherzer, Prof. Emérito, Brooklyn College y el Graduate Center (CUNY)
• Doris Sommer, Profesora, Harvard University.
• Juan Carlos Toledano Redondo, Associate Professor of Hispanic Studies Lewis & Clark College
• Sarah Thomas, Ph.D. Candidate, New York University
• Joan Torres-Pou, Associate Professor, Florida International University, Miami.
• Ángel T. Tuninetti Associate Professor of Spanish / Chair, Department of Foreign Languages, West Virginia University
• Michael Ugarte, Prof. de Literatura Castellana, Universidad de Missouri-Columbia
• Amanda Valenzuela, Estudiante de Doctorado e investigadora, UCLA
• Mabel Velasco, Profesora, Virginia Wesleyan College.
• Alejandro Yarza, Associate Professor of Spanish, Georgetown Universtiy.
• Barbara Zecchi, Assistant Professor, University of Massachusetts.

Garzón, ¿un héroe antifascista?

Carlos Taibo

Son muchos los amigos latinoamericanos que, comprometidos con la causa de la memoria de las víctimas de las dictaduras en sus países, muestran su extrañeza por los avatares que ha acabado por asumir el ‘caso Garzón’. No faltan entre esos amigos, por añadidura, los que se sorprenden ante los recelos que muchos -más de los que pudiera parecer- hemos mostrado a la hora de apoyar al juez que tanta tinta ha hecho correr en las últimas semanas.

Vaya por delante que no se me escapa que lo que ocurre en estas horas con Garzón tiene una dimensión que de forma inequívoca debe preocupar a quienes, entre nosotros, han tomado cartas en el asunto de recordar a la ciudadanía algo de singular relieve: la Transición política, treinta años atrás, canceló cualquier posibilidad de enjuiciamiento crítico público de lo que el franquismo supuso y, con ello, cerró las puertas que conducían a un deseable resarcimiento material y moral para las víctimas de la dictadura.

Tampoco quiero olvidar que en la trifulca que en estos días tiene al juez Garzón como centro se hacen valer muchas de las miserias del juego partidario que nos acosa, y ello de la mano de una regla que no parece tener excepciones: si los partidos apoyan a los jueces cuando las decisiones de éstos les benefician, bien que se encargan de denostarlos cuando aquéllas les perjudican.

Mucho me temo, sin embargo, y vuelvo al principio, que la honrosa tarea que debía conducir a rectificar lo que tres decenios atrás se hizo manifiestamente mal aparece hoy lastrada de la mano del mentado ‘caso Garzón’. Ello es así por dos razones que, en virtud de caminos distintos, rodean a la figura del juez. La primera de esas razones bebe de la condición del propio Garzón. Qué excelsa paradoja es que en estas horas se nos presente como abanderado de una reconsideración crítica de muchas de las miserias que rodearon a la Transición española un personaje que por muchos conceptos ha estado inmerso de lleno en esas miserias.

Y es que haríamos mal en olvidar que la misma persona que tuvo el coraje de encausar a Pinochet se nos ofrece a muchos con un rostro que no es el del héroe popular sometido al acoso de las fuerzas más oscuras.

Estamos hablando -no se olvide- del responsable de muchos de los desafueros legales que han marcado indeleblemente una lucha contra el terrorismo de la que han sido víctimas tantas gentes inocentes; no es casual que en el País Vasco el nombre de Garzón se identifique a menudo con prácticas judiciales y policiales nada edificantes, comúnmente ocultadas tras un universal y cómplice silencio. Hablamos también de quien, en un momento de singular podredumbre de la vida política española, no dudó en acudir al llamado de Felipe González para secundar a éste en una polémica, y luego fallida, operación electoral. Cerremos nuestro recorrido con el recordatorio de los nombres, no precisamente heterodoxos, de las personas -desde el propio González hasta José Bono, pasando por Rosa Díez- que Garzón tuvo a bien invitar, unos años atrás, a sus cursos de Nueva York. Parece que los tres hitos que acabamos de rescatar bastan para concluir que nuestro juez se ha movido con singular soltura en algunos de los teatros más deplorables que la Transición española ha acabado por forjar. La imagen de luchador antifascista que tantos han alimentado ingenuamente en América Latina y que hoy vemos refrendada, mal que bien, entre nosotros no es sino un mito interesado que el propio Garzón ha puesto todo el empeño en promover.

Mayor relieve tiene, con todo, la segunda de las razones que antes invocaba. Aunque los protagonistas bienintencionados de la solidaridad con Garzón parezcan ignorarlo, es muy grave que el debate sobre la memoria histórica haya quedado engullido por una discusión relativa a si un juez prevaricó o no. Lo diré de otra forma: ya no se discute, hablando en propiedad, sobre la memoria y sí sobre Garzón. Aunque las explicaciones conspiratorias me han gustado siempre poco, no me resisto a sugerir que algo hay, en la trastienda, de inteligentísima y ocultatoria operación. Y es que, al cabo, el Partido Socialista, que nada hizo durante tres décadas para restaurar una memoria pisoteada, y que en los últimos años ha promovido una timorata y corta ley que nada resuelve al respecto, ha conseguido que la mayoría de quienes se sintieron defraudados por esta última hayan olvidado hacia dónde deben lanzar muchos de sus tiros y rodeen hoy arrobados a un juez de equívoca trayectoria y ego desmesurado. Nadie sale mejor parado de esta trifulca que ese Partido Socialista, responsable evidente de las miserias que han rodeado -que rodean- a la ley de memoria histórica.

Qué triste es contemplar, en fin, cómo algunos de los segmentos de la izquierda que resiste han preferido cruzar en estos días una frontera delicada: la que lleva a adentrarse en un mundo que obliga por igual a aceptar las reglas que otros imponen y a defender a quienes, al cabo, no lo merecen.

Garzón como pretexto

María Toledano

Rebelión

“Es extraña la ligereza con que los malvados creen que todo les saldrá bien”. Víctor Hugo

Cautivos y derrotados. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces quieren que traguemos su aceite de ricino? No hablemos del famoso juez Garzón. Poco importa su persona o actividad judicial. No se trata de la defensa del magistrado: cada cual tiene su opinión al respecto. Reservo la mía para otros tiempos, quizá menos agitados por la barbarie.

La memoria histórica, es decir, la reivindicación de un pasado de miseria y asesinato (los cimientos de la actual democracia), está en juego. Cabalgan de nuevo y sus botas acharoladas resuenan por los prados y desmontes. Ganaron la contienda y ellos, vencedores, tampoco quieren que se olvide.

La izquierda real (¿acaso existe tal cosa?) insiste en la defensa de la verdad frente al silencio gris de la Transición: frente a tantas lecturas hijas de Prego y Salamina. Todos culpables, todos inocentes. Como el ser de Aristóteles, la guerra de España se dice de muchas formas. Casi todas, salvo las inspiradas en la Causa General, hablan de lucha de clases, pobres contra ricos, milicianos contra un ejército regular, buenas botas y alimentos, apoyado por Alemania e Italia.

Estuvieron en Gernika probando aviones y corrieron, asustados, con los penachos en la mano, por los secarrales de Guadalajara. Eran muchos y organizados. Y contaban con la ayuda de su Dios todopoderoso (los curas disparaban desde la ventanas de los seminarios). Ganaron. No podían perder. Las democracias europeas cerraron los ojos. Es su costumbre. No quisieron ver en Franco -como si vio el doctor Negrín, primavera del 1939- un antecedente de la guerra mundial. A partir de ahí se estableció un régimen de terror conocido que finalizó con la muerte natural del Caudillo de las Españas todas. Muerto el dictador, apoyado por EE.UU., las Cortes se inmolaron -un falso sacrificio ritual- dejando paso a un “atado y bien atado” que nos gusta llamar democracia: estado social y democrático de derecho. Palabras.

Primero UCD, Suárez, que bastante hizo con contener las hordas; luego González, ausente de los temas cruciales, empeñado en la reconversión industrial y en la incorporación de España a las instituciones europeas. Era su salvoconducto hacia la gloria: conseguida. Más tarde, Aznar: pequeño oficial victorioso. Cacique local con aspiraciones de atleta, intentó cerrar el debate sobre el franquismo: fracaso. Zapatero, fiel a sus principios, legisló el problema, Ley de Memoria Histórica, criticada por la mayoría de las asociaciones, de forma que todo quedara más o menos igual: Lampedusa provincial.

Garzón, el juez del helicóptero, quita el polvo al Código Penal y cita a los responsables (la mayoría muertos) del genocidio español (expresión de Paul Preston). Enterrados bajos elegantes lápidas de mármol pero atentos a la actualidad, las cornetas resuenan. En la superficie, grupos parafascistas, magistrados, jueces, periodistas, voceros del mal alzan su cáliz de sangre y agitan sus huestes. El resultado es conocido: Garzón procesado. Es necesario dar un escarmiento. ¿Todavía no sabe esta gentuza que ganamos la guerra? La cruzada acabó con los rojos y, transcurridos más de 70 años, los nietos, amparados en una democracia de superficie, inmersos en la dinámica estructural del Capitalismo 3.0, quieren ahora, a estas alturas, condenarnos. Es lo que tiene la democracia, su fuerza simbólica. Los pobres se creen con derechos: se creen ciudadanos. Pongamos de nuevo las cosas en su sitio: demos un golpe de mano. Garzón al banquillo: Garzón como excusa.

Las democracias débiles, inseguras e inestables, edificadas sobre los escombros (y vigas) de una dictadura militar de inspiración nacional-católica, son así. Hilvanadas con urgencia, las costuras saltan al mínimo esfuerzo. España está remendada con hilos de sangre que dejan traslucir las heridas abiertas (profundas como surcos en la tierra, en las manos) en cuanto se cuestiona cualquier poder, pasado o presente.

Pasamos del arado y el turismo de las suecas al centro comercial sin cuestionarnos qué (nos) estábamos dejando en el camino. La paz social y el consumo eran objetivos prioritarios. Las “leyes de punto final”, extendidas por el universo, España como modelo, pretenden acallar el clamor popular con indulgencias plenarias y miradas de soslayo. Dejemos escapar a Sánchez Mazas. No disparemos al enemigo. Al fin y al cabo, es un hombre. Barros y lodos. No recuerdo que ellos, cada vez que tuvieron oportunidad, hicieran lo mismo.

La izquierda moral, ligeramente exquisita, confunde “reconciliación nacional” con silencio cómplice. Zapatero es su adalid, su paje. Otra conclusión: ya que no se puede meter a todos los rojos denunciantes en la cárcel, ya que no se puede fusilar dos veces a las mismas personas y sus familias, acusemos a Garzón de prevaricación.

Dicen que cuestionando la Transición (y sus interesados olvidos) se pone el peligro el espíritu que inspiró el paso del franquismo a la democracia monárquica. ¿Espíritu? Confunden, creando un caos semántico, “consenso popular” (proceso constituyente) con “consenso cupular” (proceso político). Entre todos haremos de Garzón un mártir de la democracia. Quede fijada mi opinión al respecto: parece que tanto al PP (tradicional) como al PSOE (renovado) les molesta la figura del juez.

Recordemos que pasó de fustigador a diputado de González; de aburrido parlamentario (plato de lentejas) a buscar la “x”, de nuevo como juez, del GAL; de la persecución del narcotráfico a la corrupción política y la lucha contra ETA. Por lo que se ve, los partidos políticos no van a interceder (podrían, por supuesto, sin vulnerar el principio de separación de poderes) en el proceso. Estos días, todos somos argentinos en el exilio.

La censura política en los medios españoles

Vicenç Navarro

Público

Durante mi largo exilio viví en dos monarquías (Suecia y Gran Bretaña) y en una república (EEUU), y pude ver en los medios de información de aquellos países críticas abundantes a sus jefes de Estado y a los sistemas políticos que representaban, como es de esperar en cualquier país democrático.

No así en España. Cuando me integré de nuevo a mi país vi una situación muy distinta. La gran mayoría de los medios de información ofrecían, y continúan ofreciendo, un blindaje mediático al Rey y a la Monarquía, frente a cualquier tipo de crítica.

En realidad, tales medios promocionaban al Rey y a la Monarquía en una campaña propagandística, presentando la Monarquía como un elemento de estabilidad, la manera cortesana de definir el orden profundamente conservador heredado del régimen dictatorial anterior. En tal propaganda, el Rey se presentaba como un demócrata, camuflado durante la dictadura, que nos había traído la democracia. Criticar al Rey se veía como criticar la transición y el establecimiento de la democracia.

Es fácilmente demostrable que esta imagen del Monarca es profundamente falsa. El Rey era un producto del régimen anterior y su comportamiento durante la dictadura y la transición así lo demostró. Su supuesta vocación democrática quedó falseada en las primeras propuestas que el primer gobierno monárquico hizo para establecer la democracia.

Tanto en las reglas del proceso democrático como en la limitación en las ofertas políticas al electorado, las propuestas del Rey eran escasamente democráticas. Fueron las movilizaciones populares, y muy en especial las huelgas políticas de la clase trabajadora, las que forzaron una apertura y democratización de aquellas propuestas.

La debilidad de las izquierdas, recién salidas de la clandestinidad, y el dominio de las derechas en el aparato del Estado, así como en la sociedad civil, incluidos sus medios de información y persuasión explican, sin embargo, que aquella transición nada modélica diera lugar a una democracia vigilada y enormemente limitada, en la que la cultura promovida por los medios era profundamente conservadora y excluyente de las voces republicanas. El orden profundamente conservador establecido tenía a la Monarquía como su eje, lo cual explica su blindaje mediático.

No fue hasta hace poco que la televisión (el mayor medio de difusión en España) mostró un documental “Els nens perduts del franquisme” (Los niños perdidos del fascismo), que mostró el nivel de represión y horror que representó aquella dictadura. Este documental vio la luz en la televisión pública catalana, documentando que el robo de niños de las familias represaliadas, que se estaba denunciando en Argentina, había ocurrido con creces bajo la dictadura de Franco.

En realidad, tal documental causó la integración del caso de los niños robados por el fascismo en la investigación del Juez Garzón sobre los crímenes del régimen anterior. Este documental, que recibió gran número de galardones en el extranjero, tuvo escasa difusión fuera de Cataluña, y las autonomías gobernadas por el PP nunca lo mostraron en sus medios televisivos públicos.

Tal resistencia a conocer aquel pasado fue lo que determinó el caso Garzón. El Tribunal Supremo, presidido por una persona profundamente conservadora, que había jurado lealtad al movimiento fascista, admitió la denuncia del partido fascista, la Falange, en contra del único juez en España, el juez Garzón, que intentó llevar a los tribunales a los responsables de aquellas atrocidades, siendo su causa supervisada por otro miembro del Tribunal, Adolfo Prego (que será el que redactará la sentencia final), admirador del mayor ideólogo que tiene el fascismo en España, Pío Moa.

Mientras, a los autores de aquel documental “Els nens perduts del franquisme” (Montserrat Armengou y Ricard Belis), se les ha prohibido, en la práctica, emitir su nuevo documental, “Monarquía o República”, en el que se daba voz a personas republicanas, críticas del sistema monárquico (algo bastante inédito en los canales públicos), así como partidarios de la Monarquía.

Mònica Terribas, directora de TV3, vetó el documental aduciendo, sorprendentemente, que lo hacía para proteger la libertad de los ciudadanos, asumiendo que su prohibición venía motivada por el interés de proteger a la ciudadanía de un posible sesgo republicano en el programa. Tal motivación no impidió, sin embargo, que tal directora aprobara un documental (presentado como ficción), “23F: el día más difícil del Rey”, que era una mera propaganda de la Monarquía y del papel del Rey en el fallido golpe militar del 23 de febrero de 1981.

No hay duda de que los portavoces de TV3 y sus apologistas en el mundo mediático negarán que haya habido un veto político, señalando –como hizo Mònica Terribas- que es una mera suspensión temporal hasta que se haya corregido su orientación. Tales declaraciones ignoran que el documental, tal como lo han hecho sus autores, ha sido prohibido, y nunca se mostrará su versión original, a no ser que se modifique. Esto, en una sociedad democrática, se llama censura.

La Vanguardia, el diario monárquico de Cataluña, propiedad de la familia del Conde Godó (uno de los mayores colaboradores que el régimen anterior tuvo en Cataluña), felicitó a Mònica Terribas por su suspensión (el término que se utilizó para definir el veto), indicando que “la objetividad y el rigor que deben ofrecer la actuación de toda la televisión pública, han llevado a suspender la emisión de un documental sobre la República y la Monarquía, que requería un enfoque distinto” (10-04-10), lo cual significa que se desea que se diluyan todavía más las voces republicanas, dilución que, en el caso de La Vanguardia alcanza su máxima expresión, equivalente a eliminación, pues tal rotativo nunca ha publicado un artículo favorable al establecimiento de la República en España. Esto es lo que el establishment mediático define como libertad de expresión.

Vicenç Navarro es Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas en la Universidad Pompeu Fabra

Fuente: http://blogs.publico.es/dominiopublico/1956/la-censura-politica-en-los-medios/