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Almuñécar contra la corrupción

Marbellécar

Aquí tenéis la intervención de nuestro concejal ante el anuncio del PP de un posible pufo urbanístico

¡No podrán callarnos!

IU denuncia maniobras dilatorias para impedir la sentencia de demolición del chalé del exarquitecto municipal

IU denuncia maniobras dilatorias para impedir la sentencia de demolición del chalé del exarquitecto municipal

El portavoz del grupo municipal de IU se enfrenta a un escrito de recusación por parte de la mujer del exarquitecto, propietaria legal, por el que se pretende  anular el voto del concejal y evitar el inicio de la demolición.

IU denuncia los intentos del partido del exalcalde Benavides de “torpedear” el proceso iniciado por el Ayuntamiento de Almuñécar para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a la demolición parcial de la casa inscrita a nombre de la mujer del exarquitecto municipal, y construida durante la etapa de gobierno de Juan Carlos Benavides. La sentencia dictada por el Tribunal Supremo declara nula la licencia de obras y de primera ocupación concedida a la mujer de José Luis Rodríguez Passolas al considerar que se excedió en la construcción lo recogido en el planeamiento y ordena que se proceda a la demolición parcial de la vivienda.

El pasado mes tuvo lugar la comisión informativa en la que el Ayuntamiento iniciaba el procedimiento para llevar a pleno el cumplimiento de la sentencia de demolición, cuestión que el concejal y exalcalde Benavides trató de impedir reclamando un informe sobre dicho procedimiento “en un burdo intento de alargar el proceso”, según señala el portavoz del grupo municipal de IU, Fermín Tejero. A los votos en contra de ejecutar la sentencia que partieron del PA, se sumaron también los de PSOE y Más Almuñécar.

No obstante, los intentos por “cortocircuitar la democracia”, manifiesta el coordinador provincial de IU, Manuel Morales, no han quedado solo en tales votos negativos, ya que la decisión de defender la legalidad le ha valido al concejal de IU en Almuñécar un escrito de recusación interpuesto por la mujer de José Luis Rodríguez Passolas. En la mañana de hoy, Fermín Tejero recibía la notificación de dicho recurso en el que la recusante alega que el edil tiene una “enemistad manifiesta” hacia el exarquitecto municipal, y que, dada esa circunstancia, el artículo 23 de la Ley 20/2015 contempla que el edil debe abstenerse de votar. De ser aceptado el escrito de recusación por parte de la secretaria del Ayuntamiento (sobre el que IU dispone de un día para hacer alegaciones), “el procedimiento de demolición de la casa no se llevaría al pleno de este mes, y la gente de Benavides habría cumplido exitosamente con sus deseos de dilatar el proceso lo máximo posible”, explica Manuel Morales. El coordinador provincial de IU ha tachado de “escandalosa” la actitud de los concejales del PA, así como de los del PSOE “con su negligente connivencia al intentar contradecir una sentencia”.

Ante las acusaciones de la propietaria de la vivienda, el concejal de IU en Almuñécar ha alegado que “es ridículo que considere animadversión personal la reclamación que hacemos desde nuestro grupo sobre que se cumpla la ley”. Tejero ha mantenido que, además de la sentencia del Tribunal Supremo que declara nula la licencia de obras, el Colegio de Arquitectos de Granada impuso a Rodríguez Passolas en junio de 2016 una sanción de suspensión en el ejercicio profesional de dos años. Asimismo, Fermín Tejero ha expresado que su voto en el Ayuntamiento de Almuñécar “no es una decisión particular, sino fruto del consenso en la Asamblea Local de IU”.

Izquierda Unida critica maniobras dilatorias para beneficiar al anterior arquitecto

Izquierda Unida critica maniobras dilatorias para beneficiar al anterior arquitecto

La formación de izquierdas denuncia la actitud de PA, PSOE y MÁS Almuñécar en la última Comisión de Urbanismo en la que se sometía a debate la licencia del chalé del anterior arquitecto municipal. Se trata de un chalé valorado en casi dos millones de euros que fue declarado ilegal por los tribunales hace ocho años. Esta revisión de la licencia ya se aprobó por el Pleno hace cuatro años, pero ha quedado paralizada por un defecto de forma.

Para reiniciar los trámites, el Pleno tiene que volver a aprobar la revisión de la licencia. Nada más empezar el debate de este punto en la Comisión de Urbanismo, el Partido Andalucista pidió nuevos informes con el único objetivo de retrasar aún más el proceso. Es lo mismo que hizo en noviembre de 2011, pero en aquella ocasión no se encontró con la ayuda inesperada del PSOE y Más Almuñécar.

Está claro que el partido de Benavides actúa en connivencia con el exarquitecto para salvaguardar sus intereses. Ambos tienen mucho que esconder de su gestión a lo largo de dos décadas de corrupción. Lo sorprendente, según Fermín Tejero, es que PSOE y Más Almuñécar votaran dejar sobre la mesa el asunto hasta un nuevo informe, a sabiendas de que estamos ante un grave caso de incumplimiento de las normas urbanísticas.

Todas las instancias judiciales y administrativas que se han pronunciado coinciden en declarar contraria a la ley la licencia que permitió al señor Passolas construir un chalé con el triple de superficie de lo que amparaba la normativa. Se han emitido numerosos informes sobre el particular, y los concejales los conocen sobradamente porque llevamos varios años con este tema.

Cabe recordar que en 2008, el juzgado de lo Penal nº1 de Motril condenó al arquitecto técnico que informó a favor de dicha licencia a siete años de inhabilitación. Este hombre, que recibió todas las presiones imaginables, es hasta la fecha el único que ha pagado por aquella ilegalidad, pues perdió su trabajo.

También lo ha perdido, aunque por causas distintas, el antiguo arquitecto, que ha sido inhabilitado por su propio Colegio Profesional. Hace poco hemos conocido que este verano, tras varios años de pelea judicial, los Tribunales han respaldado la decisión del Colegio de Arquitectos de imponer a este señor una “sanción de suspensión en el ejercicio profesional por dos años, con motivo del incumplimiento por dicho Colegiado de las normas legales, reglamentarias y estatutarias sobre incompatibilidad de los arquitectos en el ejercicio profesional.”

La sorprendente votación que se produjo en la Comisión de Urbanismo ha dado lugar a que este tema se caiga del orden del día del próximo Pleno. El portavoz de IU espera que estos partidos reconsideren su actitud y el tema pueda ir al próximo Pleno dejando en soledad al Partido Andalucista como único defensor de la ilegalidad y la corrupción.

El Defensor del Pueblo abre de oficio actuación pidiendo dirimir responsabilidades por la firma de convenios urbanísticos

El Defensor del Pueblo abre de oficio actuación pidiendo dirimir responsabilidades por la firma de convenios urbanísticos

Izquierda Unida informa de la actuación del Defensor del Pueblo Andaluz que ha iniciado de oficio una investigación respecto a la firma de convenios urbanísticos. El motivo:”las alarmantes noticias acerca de la deuda municipal que ello había ocasionado y las consecuencias que podía acarrear, dado su grave impacto en los presupuestos municipales, a la hora de poder prestar adecuadamente los servicios públicos.”

El Defensor del Pueblo Andaluz pide al Ayuntamiento “determinar si existen indicios de que hubieran sido rubricados (los convenios) y recibida la contraprestación pactada concurriendo dolo, culpa o negligencia grave por parte de autoridades o funcionarios municipales” y en ese caso, “exija la responsabilidad derivada de sus decisiones”.

En la respuesta del Ayuntamiento al Defensor del Pueblo “daba cuenta del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local determinando la aceptación de la sugerencia formulada por esta Institución en el curso de la tramitación de esta actuación de oficio, añadiendo que se ha dado traslado al Letrado a fin de que emita informe referente a las posibilidades de incoar expediente de responsabilidad patrimonial con indicación de convenio y responsable.”

El portavoz de IU, Fermín Tejero, aplaude la actuación del Defensor del Pueblo, puesto que “desde Izquierda Unida llevamos años denunciando una situación que es lesiva para los intereses generales de Almuñécar, dado que se han hipotecado las arcas municipales para muchos años”.

Desde la organización de izquierdas esperan que se resuelvan las responsabilidades políticas y judiciales, si las hubiera, para que se cierre un ciclo de “corrupción al más puro estilo marbellí”.

IU critica el uso electoralista del empleo

IU critica el uso electoralista del empleo

Izquierda Unida considera una desvergüenza la convocatoria hecha por el nuevo Partido Andalucista para un acto dirigido a las personas que buscan trabajo.

Para la coordinadora local de IU, el lema del cartel juega sin pudor alguno con la necesidad de la gente y da a entender que sus problemas de trabajo acabarán cuando se vote al partido que organiza el acto.

No sabemos si un acto organizado con ese lema será constitutivo de delito electoral, pero de lo que no nos cabe duda, asegura la coordinadora local de IU, es que ​se trata de una falta de respeto y un ataque a la dignidad de las personas que no tienen empleo.

Desde IU vuelven a denunciar el uso electoral y caciquil que hace del empleo el que ha sido alcalde de este pueblo durante tantos años, repartiéndolo de forma clientelar cuando era alcalde y ahora, desde la oposición, humillando a las personas paradas de este municipio prometiendo trabajo a cambio de votos.

Causa sonrojo, afirma Luci, que un partido que debe trabajar por mejorar la sociedad, abuse de esta manera de una problemática tan acuciante. El paro tiene muchas causas, sin duda alguna. Los representantes públicos tenemos la obligación de ofrecer alternativas para que se cree empleo de una forma digna. Pero de ahí a llamar a la gente con la promesa subliminal de un puesto de trabajo que nadie puede ofrecer, hay un trecho.

La coordinadora local de IU pide a los simpatizantes del PA que muestren su malestar a la dirección de su partido por esa forma tan sucia de hacer política. A los parados de este pueblo, Luci les pide que, por dignidad, den la espalda a este acto. Será una forma de indicar al resto de formaciones que ese no es un buen camino y que en campaña electoral no vale todo. Luci pide a los votantes que castiguen en las urnas a este tipo de partidos que llevan tanto tiempo gobernando a través de prácticas autoritarias, corruptas y humillantes para la dignidad de las personas.

Por último, el candidato a la alcaldía por IU, Fermín Tejero, apela al resto de partidos a realizar una campaña electoral limpia y en positivo. Es el momento de defender el modelo de pueblo que queremos y las propuestas políticas que ofrecemos a la ciudadanía. Las trampas, mentiras, engaños e insultos solo conducen al desencanto de los votantes y convierten el noble sentido de la política en simple basura.

Intervención IU: Convenios urbanísticos. Pleno 22/4/15

IU pide al PA más seriedad a la hora de afrontar el grave problema creado por su nefasta gestión

IU pide al PA más seriedad a la hora de afrontar el grave problema creado por su nefasta gestión

El Grupo Municipal de IU considera una frivolidad la respuesta dada por el grupo de Benavides ante lo que puede ser uno de los más serios problemas de la hacienda municipal. En lugar de jugar a la sucia política descalificando a IU, el anterior alcalde debería explicar, si es que puede, las dudas que los técnicos municipales nos han planteado a todos los concejales.

Hay un informe muy preocupante elaborado por el señor Pérez Alcalá, que es el Jefe de la Sección Administrativa de Urbanismo, y que ocupa ese cargo desde que fue nombrado para el mismo por el anterior alcalde.

El señor Alcalá, que no es comunista ni concejal de IU, ha escrito lo siguiente :

Sobre la problemática que están generando los numerosos convenios urbanísticos de gestión se informa de las graves consecuencias económicas que van a producirse para las arcas municipales, como resultado de la anulación sistemática por los Tribunales de la mayoría de ellos.

Es decir, el Jefe de Urbanismo nos indica que estamos ante un problema de graves consecuencias económicas. Y añade:

Estos convenios se han celebrado en su mayor parte sin el soporte de un planeamiento aprobado definitivamente y vigente. La anterior circunstancia determina la nulidad de los convenios y, en consecuencia, la devolución de las cantidades cobradas por el ayuntamiento, con intereses en su caso.

O sea, que estos convenios son nulos porque se han hecho al margen de la legalidad vigente. El señor Pérez Alcalá se limita a constatar lo que ya han dicho los tribunales de Justicia. Y añade:

Al parecer, no han sido intervenidas como depósitos parte de esas cantidades, sino que habrían sido aplicadas. Se puede provocar un importante quebranto al municipio si no se cuenta con los depósitos oportunos para hacer frente a las devoluciones que procedan.

Quiere decir que ese dinero no se ha depositado en una cuenta (como contempla la ley) sino que se ha gastado, y que eso ocasionará, sin duda, un grave quebranto a la economía del municipio. Por lo tanto, el señor Alcalá, no los concejales de IU, advierte sobre el peligro que se cierne sobre la hacienda municipal.

Y añade que, a pesar de haberse pedido reiteradamente informes a Tesorería acerca de los ingresos y los gastos relacionados con estos convenios, la responsable de Tesorería afirma carecer de esa información.

Mientras el grupo que ha dirigido este ayuntamiento desde 2003 a 20011 saca una nota frívola hablando de los comunistas en plan despectivo, el portavoz municipal de IU insiste en que la situación es altamente preocupante y que la obligación de los técnicos y los políticos que han gobernado es colaborar para que ese agujero negro de la contabilidad se aclare.

Fermín Tejero, al igual que los técnicos municipales, no sabe en qué se ha gastado esa cantidad tan enorme de dinero, pero en IU creemos necesario que se esclarezca hasta el último céntimo. Y si el anterior alcalde lo sabe, que lo explique lo más detalladamente que pueda.

Suponiendo que el dinero se haya ingresado de forma legal y se haya gastado de forma correcta, el problema para la hacienda sería igual de grave pero al menos no estaríamos ante un delito sino ante un problema de planificación para ver cómo se consigue ese dinero que nos están reclamando y que alguien se gastó tan alegremente sin pensar en las tremendas consecuencias que traería esa gestión.

Pero para aclarar esa situación es necesario que los técnicos nos digan quiénes, cómo y en qué fechas ingresaron en las arcas municipales ese dinero que ahora reclaman los promotores, y es urgente que los técnicos nos expliquen en qué partidas y en qué fechas se han ido gastando esas cantidades millonarias que tenían que haberse dejado en depósito o dedicarse a la compra de suelo.

Es por eso que IU ha pedido al equipo de gobierno que ponga estos hechos en manos de la Cámara de Cuentas y la Fiscalía porque es la única manera que tenemos de comprobar si estamos ante una gestión nefasta de un alcalde que se ha gastado por adelantado el dinero de varias legislaturas o estamos ante un delito de proporciones gigantescas.

Lo demás es ganas de enredar y escurrir el bulto, porque los concejales de IU lo único que hemos hecho es sacar a la luz pública los informes y las preocupaciones de los servicios técnicos.

El ayuntamiento tendrá que devolver cantidades millonarias por unos convenios de 2005 que la Justicia ha declarado nulos

El ayuntamiento tendrá que devolver cantidades millonarias por unos convenios de 2005 que la Justicia ha declarado nulos

IU pide que la Cámara de Cuentas actúe ante la dificultad de los servicios técnicos para localizar el destino de 16 millones de euros cobrados en 2005

El Grupo Municipal de IU ha tenido conocimiento de una situación grave derivada de la anulación judicial de numerosos convenios urbanísticos firmados en 2004 y 2005 por el anterior alcalde.

Según Fermín Tejero, la anulación de estos convenios, y la reclamación económica al ayuntamiento por parte de los promotores de algunos de ellos está creando una situación de alarma en los servicios técnicos municipales.

Por lo pronto, el próximo pleno del ayuntamiento, a celebrar el miércoles, tendrá que decidir acerca de las reclamaciones planteadas por los promotores de cuatro convenios. Las cantidades reclamadas al ayuntamiento en estos convenios son las siguientes:

Tropical Garden: 18.353€

Corrales: 33.473€

Altos de Cantarriján: 364.261€

Vergel Tropical: 558.904€.

A la vista del problema creado, Manuel Pérez Alcalá, Jefe de la Sección Administrativa de Urbanismo desde hace ocho años, ha emitido un informe en el que dice:

Sobre la problemática que están generando los numerosos convenios urbanísticos de gestión se informa de las graves consecuencias económicas que van a producirse para las arcas municipales, como resultado de la anulación sistemática por los Tribunales de la mayoría de ellos. Estos convenios se han celebrado en su mayor parte sin el soporte de un planeamiento aprobado definitivamente y vigente. La anterior circunstancia determina la nulidad de los convenios y, en consecuencia, la devolución de las cantidades cobradas por el ayuntamiento, con intereses en su caso. Al parecer, no han sido intervenidas como depósitos parte de esas cantidades, sino que habrían sido aplicadas. Se puede provocar un importante quebranto al municipio si no se cuenta con los depósitos oportunos para hacer frente a las devoluciones que procedan.

Tesorería, que debe fijar las cantidades exactas que habría que devolver a cada promotor en cada convenio, carece, según su responsable, de esa información, y ha manifestado por escrito la dificultad para identificar los ingresos efectuados.

Según el responsable de Economía de Izquierda Unida, Francisco Fernández, esto quiere decir, varias cosas:

Primero, que el anterior alcalde firmó decenas de convenios urbanísticos que han sido declarados ilegales, con sentencia firme, por los tribunales.

Segundo, que en esos convenios, el alcalde pidió a los promotores que en vez de dar al municipio los terrenos que correspondían al ayuntamiento por cada plan urbanístico (el 10% según fija la ley), le dieran el valor de esos terrenos en dinero ya que el ayuntamiento no necesitaba suelo.

Tercero, que en esos convenios, el alcalde se comprometió a convertir miles de metros de terreno rústico en urbano con alta edificabilidad.

Cuarto, que en esos convenios el alcalde recibió un 5% a cuenta de la cantidad que los promotores tenían que pagar cuando se aprobara el nuevo Plan de Urbanismo.

Quinto, que en esos convenios se establecía que si no había un nuevo Plan de Urbanismo en tres años, o el Plan de Urbanismo no recogía esa edificabilidad que se había pactado en el convenio, el ayuntamiento devolvería las cantidades cobradas a cuenta con los intereses correspondientes.

Sexto, que según la ley ese dinero cobrado a cuenta tenía que haberse dedicado a la compra de suelo para el ayuntamiento o haberse ingresado en un depósito y no haberse tocado.

Séptimo, que en Tesorería no saben cuánto dinero se ha cobrado por cada convenio, ni quién lo ha pagado, ni en qué fecha se pagó, ni si se pagó en mano o por banco, ni dónde está ese dinero.

Según Fermín Tejero, los promotores de esos convenios ya están reclamando las cantidades que dieron al alcalde en 2004 y 2005 en concepto de unos cambios urbanísticos que no se han producido. En consecuencia, el ayuntamiento se enfrenta a decenas de pleitos que ha empezado a perder y que va a perder uno a uno. En todos ellos, las personas que dieron ese dinero al ayuntamiento lo quieren recuperar, algo lógico ya que las promesas que se les hicieron no se han cumplido.

Aunque ni en Tesorería ni en Intervención tienen una cifra exacta acerca de la cantidad que el ayuntamiento ha ingresado por esos convenios, podríamos estar hablando de dieciséis millones de euros (casi tres mil millones de pesetas). Ese dinero debería estar en una cuenta del ayuntamiento a plazo fijo, tal y como establece la ley, pero todo parece indicar que en la cuenta destinada a este fin hay una cantidad ínfima del dinero que debería haber.

El portavoz municipal de IU estima altamente preocupante la situación y pide al equipo de gobierno que ponga estos datos en manos de la Cámara de Cuentas y la Fiscalía porque podríamos estar ante un fraude de proporciones gigantescas que bloquearía de manera irreversible la hacienda municipal.

IU pide una comisión de investigación por el escándalo de las obras del Majuelo

Después de trascender que presuntamente se han vuelto a certificar obras sin ejecutar, IU pide una comisión que esclarezca las responsabilidades políticas sobre la polémica palapa del Parque El Majuelo.

Con los datos que van apareciendo parece claro que el ayuntamiento ha pagado más de 400.000 euros por una palapa que nunca llegó a construirse tras las pegas puestas por Cultura. En su lugar, todo indica que se ejecutó una obra que no valía ni la mitad del dinero que se pagó.

IU considera necesario delimitar las posibles responsabilidades políticas, y para ello el marco adecuado es una comisión de investigación con representación de todos los grupos municipales. Respecto a las posibles responsabilidades penales, esperemos que se resuelvan con rapidez en el ámbito judicial.

Es necesario, por decencia democrática, pedir cuentas a los que tan gravemente podrían haber dañado las arcas municipales. Los grupos políticos, y toda la ciudadanía, debemos disponer de los documentos necesarios: proyecto inicial de obras, modificación, certificaciones de cada trabajo, valoración de los materiales efectivamente empleados, etc.

Este presunto fraude es uno más que se suma al ya denunciado hace unos meses en las obras de la red de hidrantes de Peña Escrita o en el asfaltado del carril de Rio Jate. En todos estos casos, se ha pagado por unos trabajos que no se han efectuado.

Los ciudadanos ya están cansados de que se les oculte información relevante. Tenemos derecho a conocer cuáles han sido las irregularidades y dónde ha ido a parar el dinero público.

IU llama inepto y mal gestor al anterior alcalde

IU llama inepto y mal gestor al anterior alcalde

El Partido Andalucista, para tapar su ineptitud en el tema de EPSA, vuelve a lanzar embustes y medias verdades porque el papel todo lo aguanta.

Cuando dicen que ese ‘solar se le había cedido gratuitamente a la Junta de Andalucía por el Ayuntamiento, gobernado entonces por el PSOE’, están ocultando lo más importante, y es que esa cesión era a cambio de hacer VPO. Ese convenio era bueno para el municipio porque conseguía hacer unas viviendas que se necesitaban.

Cuando EPSA no cumplió con su compromiso, los terrenos volvían al ayuntamiento, que podía habérselos dado, por ejemplo, a Visogsa, la empresa de la Diputación, para que construyera esas viviendas. Y también podía habérselos quedado el ayuntamiento para cederlos a la Junta y que esta hiciera el Palacio de Justicia.

La gran torpeza de Benavides consistió en admitir en ese convenio que los terrenos eran de EPSA, cuando eran del ayuntamiento, y comprometerse con EPSA a que si los nuevos solares ofrecidos no eran de su agrado, el ayuntamiento pagaría un pastón por unos solares que eran del municipio. Total, son los ciudadanos los que pagan todas esas meteduras de pata de sus gobernantes, crítica Fermín Tejero.

Esta es la denuncia que formuló IU hace ya unos meses, pero el problema de Benavides es que ahora es el propio abogado el que pone negro sobre blanco la denuncia. Ahí está el informe municipal, contundente, para que el señor ex alcalde lo conteste si es capaz.

Dice el partido de Benavides que “Dentro del plazo establecido en el convenio, el Ayuntamiento puso a disposición de EPSA las dos parcelas edificables comprometidas. Incumpliendo el convenio firmado, con un argumento baladí e inconsistente, rechazaron las parcelas ofertadas y reclamaron el pago en metálico.”

El problema que tenemos es que da igual que EPSA utilice un argumento baladí e inconsistente. Con la birria de convenio que Benavides firmó, puso en manos de EPSA aceptar o no las parcelas. Como bien dice el abogado, que no es de Izquierda Unida, ¿no es nula la estipulación sexta del convenio que deja en manos de EPSA el cumplimiento del contrato? En efecto EPSA elegirá entre los solares que le entregue el Ayuntamiento. Si le gustan o no. Así se explicita con cierto ropaje semántico, eso sí, para no evidenciar de nuevo la arbitrariedad de la estipulación. Más claro, agua. Que conteste Benavides a este impecable razonamiento y se deje de politiquería barata hablando de la presencia de IU en la Junta, que parece ser que le escuece bastante.

Para culminar su falta de argumentos, el partido de Benavides concluye con un razonamiento difícil de entender. Dicen que “Teniendo que elegir entre la defensa de los intereses municipales y los de la Consejería de Vivienda de la Junta de Andalucía-IU, no han dudado un solo instante en ponerse a favor de su partido y en contra de sus conciudadanos”.

Si eso es así, argumenta Fermín Tejero, cómo se entiende que IU de Almuñécar pida la nulidad del convenio para que no tengamos que darle un euro a EPSA. Precisamente todas nuestras gestiones están encaminadas a defender al ayuntamiento frente a un convenio torpe y mal redactado que nos deja a los pies de los caballos frente a EPSA.

Piensa el ladrón que todos son de su condición, dice Tejero. Pero no todos actuamos igual. La tendencia del señor Benavides a defender a cualquiera antes que a su pueblo, tiene su ejemplo más reciente en su postura descarada a favor de la empresa Hermanos García Motril. Algún día, el anterior alcalde tendrá que dar cumplidas explicaciones de los tejemanejes urdidos alrededor de este tema con una empresa a la que ha dado más contratos que a ninguna otra de fuera y de dentro del municipio

El abogado del ayuntamiento muestra su malestar ante un convenio muy perjudicial para el municipio

El abogado del ayuntamiento muestra su malestar ante un convenio muy perjudicial para el municipio

En 1.995, el ayuntamiento cedió a la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA) un solar en el P-4 para construir 25 VPO. El acuerdo de cesión contemplaba un plazo de cinco años para hacer las viviendas. Tal y como establece la ley, si a los cinco años esas viviendas no se habían hecho, el solar volvía a ser del ayuntamiento.

Pasaron nueve años en vez de cinco, y EPSA no construyó las viviendas. Dado que el ayuntamiento quería un solar para que la Junta hiciese un Palacio de Justicia, el ayuntamiento reclamó el solar a EPSA, pero en vez de pedirlo a cambio de nada, ya que la ley así lo estipula, el entonces alcalde firmó un convenio con EPSA para que el solar volviese a propiedad municipal, pero con una condición, y es que el ayuntamiento tenía que darle a EPSA otro solar.

Ese compromiso no era necesario, pero tampoco estaba mal dado el fin de la operación: hacer VPO. Lo que sí era una barbaridad era comprometerse a que si el ayuntamiento no podía conseguir ese solar en el plazo de cuatro años, le daría a EPSA una cantidad desorbitada de dinero. Y más aún, el alcalde se comprometía por escrito a que fuera EPSA la que decidiera si los solares le gustaban o no. En caso de que ningún solar le gustara, el ayuntamiento tendría que pagar. En la práctica, esto suponía que el ayuntamiento tendría que pagar un dineral por un solar que era nuestro, del municipio. El tiempo ha pasado y EPSA ha reclamado esas cantidades que Benavides se comprometió a pagarle. El ayuntamiento se ha negado y ahora estamos metidos en un pleito que no sabemos cómo terminará. La irresponsabilidad de Benavides puede terminar costándonos  1.257.705€.

La torpe gestión del anterior alcalde ha sido duramente criticada por el abogado del ayuntamiento. En un informe al que ha tenido acceso IU, este letrado ha dicho textualmente:

Este letrado tiene serias dudas de que el Convenio de 2004 no sea nulo de pleno derecho: en él se prevén estipulaciones abiertamente contrarias a instituciones jurídicas civiles y administrativas (una donación pura y simple se troca en una modal; se deja al arbitrio de un solo contratante el cumplimiento del convenio; se omite la reversión pactada en escritura previa al Convenio), además, se prescinde de periciales tasadoras que sustente los precios convenidos.

Hecha esta contundente exposición de motivos, el letrado desgrana una a una las sinrazones del convenio firmado por Benavides. En primer lugar, el abogado muestra su sorpresa por el hecho de que una donación gratuita para hacer VPO se convierta en un compromiso por parte del ayuntamiento para pagar por una parcela que era municipal:

El análisis de fondo de este proceso obliga a remontarse al Convenio de 1 de marzo de 1995 en el que existe una donación gratuita CONDICIONADA a la ejecución de viviendas de VPO por parte de EPSA. No obstante tal nítida condición, sorpresivamente el Ayuntamiento firma un nuevo CONVENIO con EPSA, en fecha 1 de julio de 2004, el cual HACE DE LA DONACIÓN CONDICIONADA UNA DONACIÓN SIMPLE: lo que en su día fue cedido gratis por el Ayuntamiento a EPSA para construir VPO, ahora lo recupera el Ayuntamiento, pero, a cambio, ¡o entrega otras parcelas de 7.660 m2 de techo edificable, o bien paga 838.760,38 euros más el 10% del valor!. Salta a la vista la improcedencia total de mantener viva una donación modal trocándola pura. Es un bien patrimonial del municipio: ¿cómo lo va a entregar gratis el Ayuntamiento a EPSA? Repárese bien que EPSA le está pidiendo a este Ayuntamiento de Almuñécar 1.257.705, 36 € por las parcelas que él le cedió gratis.

El informe del letrado continúa mostrando su perplejidad por una cláusula en la que se deja en manos de EPSA decidir si los solares que el ayuntamiento le ofrece a cambio son adecuados para construir VPO. Dice textualmente el abogado del ayuntamiento:

Dicho esto, ¿no es nula la estipulación sexta del convenio que deja en manos de EPSA el cumplimiento del contrato? En efecto EPSA elegirá entre los solares que le entregue el Ayuntamiento. Si le gustan o no. Así se explicita con cierto ropaje semántico, eso sí, para no evidenciar de nuevo la arbitrariedad de la estipulación. Estimamos que es totalmente improcedente dar validez a un contrato administrativo que dota de una plenipotencia a la recurrente que elige las parcelas que quiere, o no las elige, en función de su intitulada discrecionalidad, que más bien nos parece arbitrio.

Finalmente, el letrado critica con dureza que la valoración de la parcela se haga sin un informe técnico que respalde ese valor. El abogado se sorprende (y también nosotros) de que una parcela que valía 17 millones de pesetas (ciento dos mil euros) nos pueda acabar costando quince veces más:

Como último matiz creemos que no es desdeñable que la parcela que el Ayuntamiento le cedió a EPSA para VPO cuyo valor consta en la escritura (17.360.000 ptas), se torne en una petición económica de la empresa de nada más ni menos que 1.257.705, 36 €. Se nos antoja un auténtico disparate que lo cedido por 17.360.000 ptas, es verdad que en el año 1994, pueda suponer que EPSA, que lo recibe gratis, le pida al Ayuntamiento casi quince veces su valor.

En relación a este tema, IU recuerda que a instancias de su grupo, el Pleno aprobó, con el rechazo de Convergencia, llegar a una solución amistosa con EPSA para que el solar destinado a Palacio de Justicia pudiera albergar el prometido Palacio junto a las prometidas VPO. Si este acuerdo no fuese posible, IU insta al gobierno municipal a realizar los trámites necesarios para lograr la nulidad del calamitoso convenio de 2004.

Dos sentencias ordenan demoler parte del chalé del exarquitecto sexitano

Dos sentencias ordenan demoler parte del chalé del exarquitecto sexitano

Dos nuevas resoluciones judiciales favorables  al Ayuntamiento, aunque recurribles, avalan la nulidad de la licencia y obligan a restablecer la legalidad urbanística.

Ideal

Dos nuevos varapalos judiciales amenazan la casa del exarquitecto municipal de Almuñécar José Luis Rodríguez Passolas que, por el momento, ha perdido todos los procesos de índole contencioso que ha planteado contra el Ayuntamiento de Almuñécar, aunque aún tiene la posibilidad de seguir recurriendo.

El ayuntamiento de Almuñécar, en pleno celebrado el 3 de agosto de 2012, acordó anular la licencia de obras y primera ocupación de la vivienda del exarquitecto municipal y, posteriormente, en noviembre de 2012, le ordenó reponer la realidad física alterada, lo que obliga a demoler parte de la vivienda. Concretamente, el ayuntamiento entiende que la vivienda de 815 metros –que está a nombre de la esposa del exarquitecto- excede una planta lo establecido en el planeamiento y se pasa del techo edificable permitido, amparándose en la fórmula de no contabilizar la superficie construida en la primera planta, de 407,25 metros –que se calificó como sótano, a pesar de encontrarse la fachada sobre rasante- ni la superficie del torreón (51,13 metros cuadrados).

Los afectados recurrieron ambas decisiones por la vía contencioso administrativa y en ambos pleitos la justicia ha avalado la tesis del Ayuntamiento de Almuñécar, que ha sido defendido por el abogado Rafael Revelles.

La sentencia que obliga a reponer la legalidad urbanística alterada –el segundo proceso, cuya sentencia, no obstante, salió antes que la del proceso de nulidad de las licencias- fue dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Granada en julio de este año. La decisión judicial desestimó el recurso contencioso administrativo interpuesto por la esposa de José Luis Rodríguez Passolas frente al acuerdo de la Junta de Gobierno del ayuntamiento que el 20 de noviembre de 2012 le ordenaba adaptar el chalé a la edificabilidad máxima permitida. La jueza ordenaba eliminar el exceso de metros existente en el plazo de un mes y a justificar el ajuste de la legalidad mediante un proyecto técnico que recoja las actuaciones realizadas.

La jueza considera que la actuación del Ayuntamiento de Almuñécar fue ajustada a derecho e impone costas al denunciante. Pero, además, hay una última sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo número 2, con fecha del pasado 27 de octubre, que vuelve a decantarse del lado del ayuntamiento y avala la decisión municipal que declaraba nula la licencia de la vivienda de 815 metros cuadrados, que fue construida en el año 2000, con una particular interpretación de las ordenanzas que permitía esta extensión.

La condena al aparejador

Fue el Ayuntamiento de Almuñécar el que, en agosto de 2012, acordó revisar de oficio las licencias de obras y primera ocupación del chalé de Cotobro, después de que el arquitecto técnico municipal, que informó favorablemente sobre la licencia solicitada por la mujer del que eran entonces su jefe, fuese condenado en firme por un delito contra la ordenación del territorio. Ahora, la sentencia de Juzgado Contencioso Administrativo número 2 con fecha de octubre avala la nulidad de la licencia de obras, basándose precisamente en que cometió un delito contra la ordenación del territorio que ya fue enjuiciado y en que existe una sentencia penal firme que condena al arquitecto técnico municipal por prevaricación urbanística.

Efectivamente, en 2009 las obras del chalé del señor Passolas ya le valieron una condena firme y la inhabilitación por siete años al entonces aparejador municipal Gerardo García –que contó con otro abogado del propio ayuntamiento de Almuñécar- al entender el Juzgado de lo Penal de Motril y después la Audiencia Provincial de Granada que consintió irregularidades en la construcción de la vivienda de su jefe.

Así, catorce años después de que se terminase el chalé, las acciones llevadas a cabo por el ayuntamiento de Almuñécar –y que hasta ahora van teniendo el aval de los tribunales- van encaminadas a la reposición de la legalidad urbanística. De hecho, independientemente de la vía judicial, el Área de Urbanismo del ayuntamiento de Almuñécar abrió un expediente urbanístico disciplinario que sigue su curso.

Condenan al exarquitecto municipal de Almuñécar a demoler parte de su chalé

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Piden a Benavides dos años de inhabilitación

Granada Hoy

Benavides se vuelve a enfrentar a un nuevo proceso judicial. En esta ocasión se trata de una denuncia de la Fiscalía de Granada a instancias de la Junta de Andalucía, debido a un cargo de denegación de auxilio ante una documentación requerida por la administración autonómica, respecto a unos permisos en la gasolinera existente en los bajos del estadio municipal de Almuñécar, y que según la Junta no fue presentada en su momento.

En la vista oral, que se celebró en la mañana del pasado viernes en el juzgado de lo penal número 2 de Motril, la acusación solicitó para el entonces alcalde de Almuñécar y a su concejal de Urbanismo una condena de dos años de inhabilitación y al pago de 12 euros diarios durante 12 meses.

Condenan a los responsables de Cármenes del Mar a arreglar las casas y estabilizar la ladera

Granada Hoy

El Juzgado de Primera Instancia número 12 de Granada ha condenado a los ocho acusados por los graves defectos constructivos de las 400 viviendas de la urbanización Cármenes del Mar a hacerse cargo de las reparaciones necesarias para asegurar la viabilidad de los inmuebles. Según la sentencia dictada por la jueza María Cristina Martínez de Páramo, a la que ha tenido acceso este periódico, los acusados, considerados responsables solidarios, tendrán que efectuar las obras necesarias para la estabilización de la ladera; así como la reparación por los daños daños ocasionados como consecuencia del deslizamiento en la propia urbanización y en las suburbanizaciones de Los Altos, Altarazanas, Balcón y Pueblo.

La sentencia, contra la que cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, considera responsables de la situación a la promotora Cerro Gordo SL (Corporación Inmobiliaria Comarex), así como a Bética de Ingeniería y Control, al ingeniero Ricardo Rueda García, a los arquitectos Jesús del Valle Cardenete y Carlos Quintanilla Moreu, a la consultora Vorsevi SA, a la Fundación Empresa Universidad de Granada y a Comarex Desarrollos SLU. Es decir, que hace responsables a todos los implicados que hicieron posible levantar la urbanización en una ladera manifiestamente inestable. "Podemos considerar que procede determinar la responsabilidad de todas las partes demandadas y técnicos intervinientes de los daños no sólo producidos, sino que se siguen produciendo en la actualidad".

El fallo asegura que "la construcción adolece desde sus inicios de numerosas indefiniciones, y además de mal ejecutada fue negligentemente dirigida y vigilada, hasta comprometer la mayoría de estos defectos, los requisitos de seguridad, salud y adecuada funcionalidad, contraviniendo las más elementales reglas de un actuar profesional".

La sentencia ha acabado dando la razón a los propietarios, los promotores de esta demanda colectiva. La urbanización, con 425 casas, se vendió entre los años 2001 y 2005 por precios que rondaron los 100.000 euros. Desde su construcción en la ladera de Cerro Gordo han sufrido corrimientos de tierra que han ocasionado incluso el derrumbe de algunas de las viviendas.

El tiempo se ha detenido. Entre estas fotos de 2014 y la de abajo, de hace ya unos añitos, apenas encontramos diferencias

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IU apoyará construir un puerto cuando sea necesario y donde sea posible

IU apoyará construir un puerto cuando sea necesario y donde sea posible

IU no está en contra de que se haga un puerto si hay consenso acerca del lugar adecuado y si hay informes técnicos favorables. Desde luego, no hay consenso si se pretende hacer un puerto en el lugar que ahora ocupan los árboles, tal y como pretendían y pretenden quienes siguen defendiendo la necesidad de hacer un puerto deportivo en la Sandovala.

Con esta introducción, IU contesta a los escritos de PP y PA, que arremeten contra el Plan Director de Puertos, al que culpan de dejar a nuestra provincia al margen del progreso.

Aparte de que tendríamos dificultades para ponernos de acuerdo en lo que se entiende por progreso, habría que preguntarse si existe alguna empresa dispuesta a construir un puerto sin que ello lleve aparejado el permiso para construir quinientas viviendas en primera línea de playa, porque mucho nos tememos que es de eso de lo que se está hablando. La apuesta por los puertos deportivos encubre, en muchas ocasiones, una operación inmobiliaria pues va unida al permiso para construir centenares de viviendas, aparcamientos y locales de negocios en suelo no urbanizable.

En opinión de IU, la historia del puerto deportivo de Velilla pone de manifiesto la hipocresía de los políticos y determinados agentes sociales cuando hablan de la necesidad de ciertas infraestructuras. Si tan necesario es un segundo puerto deportivo para Almuñécar resulta extraño que el ayuntamiento haya dejado pasar casi cuarenta años sin que se construya un puerto que ya estaba aprobado en 1.979.

En enero de ese año, el Consejo de Ministros otorgó una concesión a la empresa Puerto Bueno S.A. para que construyera un puerto deportivo en Velilla. La empresa solicitó hasta siete prórrogas, la última en 1984. El PGOU de 1987 allanó el terreno para que se construyera el citado puerto. Curiosamente, detrás de la empresa Puerto Bueno, aparecía en aquellos años un arquitecto relacionado con el entorno de Benavides y que participó en la elaboración del PGOU de 1987.

Dado que pasaban los años y la empresa concesionaria no se decidía a hacer el puerto, la Empresa Pública de Puertos de Andalucía (EPPA) inició el expediente para recuperar la concesión otorgada a Puerto Bueno. Finalmente, una resolución de enero de 2001 de la Consejería de Obras Públicas fijó que la concesión había caducado.

Tampoco vio la luz jamás un proyecto altamente especulativo para construir un puerto en Chinagorda. Ese nuevo puerto, según promocionó Benavides en su momento a bombo y platillo, en otra nueva venta de humo, iba a contar con 543 atraques, 850 aparcamientos subterráneos y 450 en superficie. LO que nunca llegaron a explicar es por dónde irían los viales necesarios para soportar el brutal incremento del tráfico que habrían generado esas instalaciones. Quizá sus promotores deberían explicar qué pasó con ese proyecto y por qué motivo pronto fue sustituido por otro nuevo espectáculo electoral: un puerto en la Sandovala, arrancando árboles para poner barcos.

A IU le llama la atención la falta de iniciativa de los distintos alcaldes para resolver este tema por el que tanto parecen preocuparse de boquilla. Y, en segundo lugar, estos hechos aclaran bastante la falsedad de las argumentaciones dadas por PA y PP. En el fondo, lo que queda claro es que el puerto no se ha construido porque no es rentable, a no ser que junto al puerto se apruebe la construcción de miles de viviendas en zona no urbanizable.

Es un discurso reiterado y falso ese de culpar a IU de la falta de inversiones que generen riqueza. IU lleva dos años en el gobierno de la Junta y sólo desde la ignorancia o desde la mala fe se puede culpar a IU de que Almuñécar no tenga un segundo puerto. Desde 1.979 hasta aquí, PP y PSOE han gobernado en Madrid dirigiendo la Agencia Estatal de Puertos. El PSOE ha gobernado en Andalucía, por cierto, con la colaboración del PA durante varios años. En todos estos años no han podido desbloquear este tema. Y ahora resulta que la culpa es de Izquierda Unida.

Desde Izquierda Unida, no nos negamos a la construcción de puertos, pero hacer un puerto requiere de estudios previos de viabilidad económica y de impacto medioambiental, tanto en el mar como en la tierra. No olvidemos que al construir un puerto se está ocupando un espacio público para convertirlo en espacio privado del que se benefician unos pocos privilegiados.

La construcción de puertos afecta a cuestiones como el régimen de olas y mareas de la costa, el movimiento de arenas, la vida de animales y plantas, o la creación y desaparición de playas. En numerosas ocasiones, los técnicos han informado en contra de la construcción de un puerto por alteraciones graves de una especie protegida como son las praderas de Posidonia. Aunque a algunos, estos argumentos les parezcan peregrinos, sin estas praderas desaparecen miles de peces, redundando de forma negativa en un sector tan importante como es el de la pesca.

En numerosas ocasiones, dependiendo del sitio elegido, construir un puerto produce una alteración grave del movimiento del agua, alterando las playas próximas que pueden llegar a desaparecer, con el consiguiente perjuicio para todas las personas que disfrutan de esas playas o los negocios que trabajan en esas zonas, y con el consiguiente perjuicio para las arcas públicas que acaban pagando costosos espigones y grandes movimientos de tierra para rellenar playas cada seis meses.

Asimismo, en ocasiones se contaminan las playas cercanas por los residuos que generan este tipo de instalaciones: fugas de combustible, pinturas, lavado de embarcaciones, etc.

Habitualmente, al construir un puerto, se corre el peligro de incrementar el tráfico, la contaminación y el nivel acústico de ese espacio, convirtiendo una zona peatonal tranquila en una vía de entrada y salida permanente de vehículos a las instalaciones.

Todas estas cosas hay que estudiarlas bien antes de autorizar la construcción de un puerto. Si fuera algo tan simple como sugieren algunos dirigentes políticos que sólo piensan en el beneficio privado y el electoralismo, con un discurso fácil y simplón, no harían falta informes medioambientales a cargo de expertos que llevan toda su vida estudiando estas cuestiones.

Por otro lado, IU señala la necesidad de adecuar las inversiones a las expectativas de riqueza generada para todo un pueblo. En Almuñécar tenemos un puerto deportivo con 227 amarres que costó mucho dinero del contribuyente en su construcción y que aún sigue costando mucho dinero. No hace tanto, la Agencia Pública de Puertos de Andalucía tuvo que gastarse 1,27 millones de euros en estabilizar la ladera de Marina del Este. Pocos años antes se había gastado otros 400.000 euros en una intervención de urgencia para reparar la galería. Es decir, el negocio se lo lleva la empresa privada que gestiona el puerto y el dinero lo ponemos los ciudadanos.

Este gasto estaría justificado si el puerto fuese un revulsivo económico para la ciudad, pero basta con darse un paseo por Marina del Este para comprobar todo lo contrario. Aún en temporada alta, la mayoría de los establecimientos comerciales y negocios de hostelería están cerrados. El deterioro de los edificios es evidente. Decenas de embarcaciones están en venta y la actividad económica brilla por su ausencia. La demanda de amarres es inexistente en la actualidad.

¿Dónde está la riqueza aportada al municipio por este puerto que, en realidad, fue la excusa para construir centenares de viviendas en una zona con deslizamientos que se ha convertido en una ladera de bloques abarrotados de apartamentos de fin de semana?

El Supremo confirma el despido del anterior ingeniero municipal sexitano

Agencias

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso que en su momento presentó el que fuera ingeniero municipal de la localidad sexitana contra la sentencia que consideró procedente su despido, confirmando así que el cese laboral responde a su comisión de tres faltas graves. 

El Tribunal Supremo ratifica la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que aceptó como motivos justificados para el despido del ingeniero municipal las faltas graves en su comportamiento argumentadas y detalladas por el Ayuntamiento de Almuñécar.

Julio Roldán fue nombrado en 1986 jefe del servicio de ingeniería del Ayuntamiento de Almuñécar y el 30 de abril de 2012, el alcalde en funciones, Antonio Laborda, firmó su despido por motivos disciplinarios. Ante esto, el ingeniero denunció al Ayuntamiento ante el Juzgado de lo Social 1 de Motril, que declaró el despido como improcedente y ordenó su readmisión en el cargo o una indemnización por su cese de 125.425 euros.

El Ayuntamiento de Almuñécar recurrió esta primera sentencia ante el TSJA, que en una sentencia de febrero de 2013 consideró que el despido estaba justificado, ya que el Ayuntamiento sexitano argumentó y detalló la comisión de al menos tres faltas graves.

El Ayuntamiento de Almuñécar justificó ante el Tribunal Supremo el despido disciplinario del ingeniero municipal por su reiterada inasistencia al puesto de trabajo, hasta totalizar veinte días en tres meses, firmar informes favorables de obras sin terminar y realizar actividades privadas sin solicitar un informe de compatibilidades.

¿Quién pagará? ¿Quién construyó donde no se debía? ¿Quién permitió construir donde no se debía? ¿Quién movió Roma con Santiago para permitir que se hiciera lo que nunca debió hacerse? ¿Cuánto dinero han ganado los promotores, algunos técnicos y algunos responsables políticos?

¿Quién pagará? ¿Quién construyó donde no se debía? ¿Quién permitió construir donde no se debía? ¿Quién movió Roma con Santiago para permitir que se hiciera lo que nunca debió hacerse? ¿Cuánto dinero han ganado los promotores, algunos técnicos y algunos responsables políticos?

Un juez ordena medidas cautelares para sostener la ladera de Cármenes del Mar

Agencias

El juzgado de Primera Instancia 12 de Granada ha ordenado como medida cautelar ejecutar obras de sostenimiento en la ladera donde se ubica la Urbanización Cármenes del Mar valoradas en 4,5 millones -una cuantía insuficiente para cubrir los desperfectos de las viviendas- y el embargo de bienes por otros 3,6 millones de euros para los nueve acusados de diseñar y construir 400 viviendas con graves daños en La Herradura (Granada). Y ello hasta que se emita una sentencia pendiente de un informe del Ayuntamiento que decidirá quién costea las obras para la estabilización de la urbanización.