Enlaces
Temas
Archivos
|
Se muestran los artículos pertenecientes al tema Marbellécar.
 El Alcalde de Almuñécar ha acordado hacer una burda ejecución de la Sentencia Nº 235/06 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo núm. 2 de Granada, confirmada por Sentencia Núm. 481 de 2008 del TSJ de Andalucía.En dicha sentencia se acuerda ‘Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. Manuel Fernández Ledesma' y ‘Anular la resolución del ayuntamiento de Almuñécar de 2 de Junio de 2005, por ser contraria a Derecho.' La resolución de la que se habla es el cese caprichoso de este empleado como sub-inspector de la policía local. Para no ejecutar la sentencia, el equipo de gobierno argumenta que esa plaza ya no existe y que no hay presupuesto, por lo que no lo reintegran a su puesto de sub-inspector, dándole una limosna de 5.892,43 euros en base a los complementos no cobrados en los meses transcurridos desde que este hombre ganó el juicio. Los argumentos son absolutamente torpes y serían irrisorios, si no fuera por la gravedad que tiene esta serie infinita de burlas a la ley. La plaza no existe porque la han suprimido y su obligación es volverla a crear. Igual que han creado una plaza nueva de notificador y dos de inspectores para que pueda funcionar la recaudación, pueden y deben crear la plaza para este hombre que la ha ganado en los tribunales. Y si no hay presupuesto para esa plaza, se saca del presupuesto genérico de personal o se modifica el presupuesto, que es lo procedente y lo que el alcalde hace continuamente para dar cobertura a sus caprichos. El argumento utilizado por el equipo de gobierno es inadmisible, si tenemos en cuenta que cuando el señor alcalde convocó el inútil referéndum del PGOU, el presupuesto para actos de este tipo era de 6.000 euros, lo que no le impidió gastarse, según sus propios datos, 79.659,69€. La actuación de la Junta de Gobierno en este asunto no puede ser calificada más que como burla al Tribunal Superior de Justicia de Andalu ... (... continúa) El Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 1 de Granada ha dictado el pasado mes de Septiembre 4 Sentencias por las que anulan los Convenios de Gestión de LADERAS DE COTOBRO, CERRO GORDO (ALBOSCASA), MIRADOR BAHÍA DE LA HERRADURA Y RÍO SECO, firmados entre Benavides y los promotores de dichos sectores, por los que el Ayuntamiento cobró más de 300.000 euros.
Según las sentencias “los convenios de gestión impugnados carecen de cobertura con el actual PGOU, tratando de gestionar o ejecutar un planeamiento no aprobado; los convenios de gestión solo pueden suscribirse sobre terrenos que estén incluidos en un planeamiento previamente aprobado”. El Tribunal rechaza que sean convenios de planeamiento, ya que, si así fuera “los acuerdos económicos actuales y de inmediata efectividad y no futuros o meramente preparatorios serían contrarios al espíritu y finalidad del art. 95, 30 y 57 de la LOUA.” Finalmente, el Tribunal dice que si fueran convenios de planeamientos, deberían estar aprobado por el Pleno y no por el Alcalde. Estos convenios firmados por Benavides son perjudiciales para el municipio ya que se está poniendo precio ahora al suelo que el Ayuntamiento obtendrá, si se aprueba cada uno de esos planes en el PGOU, dentro de 8 ó 10 años cuando es de suponer que el precio de esos terrenos valdrá más. Pero es que, además, si el PGOU que se apruebe definitivamente no contempla esos planes parciales, los promotores que han adelantado esas cantidades querrán recuperarlas. Estas denuncias las presentó en su día el Partido Popular y casi todas las está perdiendo el ayuntamiento. Las pocas que ha ganado han sido en el Juzgado número 3 con el argumento de que el PP no tiene legitimación para interponerlas, porque no es propietario de suelo en los convenios. Por fortuna, y por respeto a la letra y al espíritu de la ley, este argumento está siendo rechazado por los demás Juzgados, ... (... continúa) Según se informa en el acta de la Junta de Gobierno del 19 de octubre, la Junta de Andalucía ha calificado como viviendas protegidas las 14 viviendas de Citalsol que llevan casi dos años terminadas sin adjudicar. Hay que atribuir a IU una parte importante en la consecución de esta calificación e imputa a la empresa promotora y al ayuntamiento una maniobra que a punto estuvo de triunfar para quitar a esas viviendas el carácter de protegidas.Por parte del grupo municipal, la asamblea local y la asesoría jurídica de IU, se han llevado a cabo en estos dos años diversas iniciativas tendentes a conseguir frenar ese intento, con denuncias en Fiscalía, escritos al ayuntamiento y a la Consejería de Obras Públicas. El último acto de IU en este tema fue la presentación de una moción en marzo de 2009 pidiendo que se adjudicaran dichas viviendas como VPO. La moción fue aprobada, pero hasta en ese Pleno quedó claro el enredo legal en que se había querido convertir un tema tan simple. En su intervención ante el Pleno, el alcalde mintió descaradamente al decir que desconocía las causas del retraso en el proceso de tramitación de estas viviendas. Las actas de la Junta de Gobierno demuestran todo lo contrario porque el tema se ha estudiado en más de cinco ocasiones. Analizando las actas de la Junta de Gobierno Local y examinando el expediente, se puede comprobar que durante un largo periodo de tiempo, la empresa Comarex, propiedad de los Rodríguez Acosta, y el equipo de gobierno han estado cruzándose escritos con el único fin de quitar a estas viviendas la calificación de VPO. El tema es tan grave como simple: Comarex compró a precio de saldo dos parcelas en Citalsol. Y las compró a precio de saldo porque eran para hacer VPO. La maniobra especulativa comenzó con un escrito de la empresa, cuando ya estaba la obra terminada, diciendo que no estaba claro de qué régimen eran esas viviendas. Y en ese momento, el ... (... continúa)  La Opinión. BALTASAR G. CANO El equipo de gobierno de Almuñécar (Convergencia Andaluza) reconoció ayer que está desbordado "por el volumen de denuncias del Defensor del Pueblo Andaluz" y manifestó que aún no han recibido la notificación de la Fiscalía provincial por la supuesta obstrucción a la institución consultiva.
El número de requerimientos recibidos en el Consistorio sexitano es tal que algunos consideran que detrás de las denuncias podría haber simpatizantes de los partidos de la oposición que quieren entorpecer el trabajo de Benavides. La concejal de Relaciones Institucionales y Participación Ciudadana, Eva Gaitán, se refirió, en este sentido, a que la última denuncia recibida desde el Defensor del Pueblo fue la de un vecino que se queja "por tener una parada de autobús en la puerta de su casa, cuando la parada lleva instalada más de 20 años". Fuentes municipales aseguraron que "hay medio ayuntamiento respondiendo a los requerimientos" de esta institución.
Por su parte, e l portavoz del grupo municipal socialista, Francisco Prados, declaró que si la Fiscalía ha denunciado a Benavides es porque "tendrá indicios de que se ha alterado la normalidad democrática en el Ayuntamiento de Almuñécar". Prados recordó que no es la primera vez que el Defensor culpa al alcalde sexitano de "obstaculizar" su trabajo y manifestó que esta actitud forma parte del "enfrentamiento que Benavides mantiene con otras instituciones para hacerse la víctima y decir que el PSOE lo persigue desde que abandonó el partido". El socialista reconoció que si la excusa del equipo de gobierno para no contestar los requerimientos es el volumen de denuncias que reciben, "se tendrían que preguntar si lo están haciendo bien".
La presidenta local del PP, Trinidad Herrera, manifestó, de otro lado, que no atender los requerimientos de José Chamizo "es de una gravedad importante", aunque será la Justicia "la que tenga la última palabra".
... (... continúa)  P. M. La Fiscalía provincial ha denunciado al alcalde de Almuñécar, Juan Carlos Benavides (CA), por un presunto delito contra las instituciones del Estado al considerar delictiva su obstrucción permanente a la labor del Defensor del Pueblo Andaluz. Su titular, José Chamizo, puso en conocimiento de la Fiscalía Superior de Andalucía la falta de colaboración reiterada del Ayuntamiento de Almuñécar, que no contestó a ninguno de los escritos remitidos hasta que apareció el caso en los medios de comunicación, según recuerda la Fiscalía.
El Ministerio Público considera que Benavides ha hecho caso omiso a las sucesivas peticiones de informes realizadas desde la Oficina del Defensor andaluz relacionadas con quejas de ciudadanos de esta localidad, la mayoría relacionadas con asuntos urbanísticos. Según destaca la Fiscalía provincial, los vecinos de Almuñécar se han topado con el desinterés de esta Administración local en la atención de sus derechos.
En el escrito de denuncia se detallan los expedientes de queja remitidos a la Alcaldía de Almuñécar donde se ponen de manifiesto las reiteradas peticiones de informe dirigidas a Juan Carlos Benavides. Estas gestiones, según señala el texto enviado al Decanato de los juzgados de Almuñécar, no merecieron respuesta alguna por parte del consistorio. También hubo contactos telefónicos y mediante Burofax que tampoco fueron atendidos, según la Fiscalía.
El Defensor del Pueblo dio un ultimátum al regidor sexitano el pasado 12 de mayo. Chamizo apercibió expresamente a Juan Carlos Benavides de que "la persistencia de esta falta de colaboración podría suponer el incurrir en un presunto delito de desobediencia". El plazo de 30 días concluyó, de nuevo, sin respuesta. La Oficina decidió poner el caso en manos de la Fiscalía Superior y a su vez hacía pública esa falta de colaboración. La re ... (... continúa) Por fin, después de dos años de lucha soterrada, con denuncias en Fiscalía, escritos al ayuntamiento y a la Consejería de Obras Públicas, hemos conseguido que las viviendas de Citalsol sean declaradas viviendas protegidas frente a los intentos de los promotores para convertirlas en libres. Paramos a tiempo unos escritos del arquitecto en los que decía haberse equivocado y que en realidad no eran viviendas de protección pública lo que se había construido allí. Ahora sólo falta que el ayuntamiento agilice la entrega de las mismas a los demandantes del municipio que más las necesiten. Acta de la Junta de Gobierno del 19 de octubre: Se da cuenta del otorgamiento por parte de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Calificación Provisional de Viviendas Protegidas para las 14 viviendas situadas en la Parcela 4 del Sector P-13 en la Urbanización Citalsol, Almuñécar, a la sociedad COMAREX DESARROLLOS. La Junta de Gobierno Local acordó admitir dicha documentación al expediente.  IDEAL Según el concejal de IU en el Ayuntamiento de Almuñécar, Fermín Tejero, la sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso Tropical Fruits «es una mala noticia para los amantes de la justicia y la legalidad».
Esta sentencia, según Tejero, pone de manifiesto «la incapacidad del poder judicial para ajustar las cuentas con aquellos individuos que disponen de unos buenos equipos jurídicos. Por lo pronto, ya es lamentable ver que un hecho como este tarde veinte años en ser juzgado». «A diario -dice el concejal de IU- vemos cómo quedan absueltos personajes importantes de la banca, grandes directivos de poderosas empresas y políticos de todo tipo a los que no se puede condenar porque el delito ha prescrito, porque los documentos inculpatorios se han perdido...». Según Tejero la sociedad tiene bien claro que una cosa es la sentencia y otra la justicia. «A nadie le cabe la menor duda en este municipio de que aquí se montó una empresa en la que se perdieron centenares de millones de las antiguas pesetas pero la justicia es incapaz de atribuir a nadie la responsabilidad de esa pérdida y nadie va a reponer ese dinero que se perdió». Para el concejal de IU, es lamentable que queden impunes «delitos evidentes» y que ahora se trate de machacar a Cervilla, «una persona que fue elegida para aclarar esas cuentas».  Infocosta El fallo del Tribunal Supremo que cierra definitivamente el caso “Tropical Fruits” después de 17 años de litigio, pone de manifiesto – a juicio del concejal de IU Fermín Tejero- “la incapacidad del poder judicial” frente a aquellos “que disponen de unos buenos equipos jurídicos”.
El concejal de IU considera lamentable ver que un hecho como este tarde veinte años en ser juzgado. “Vemos cómo quedan absueltos personajes importantes de la banca, grandes directivos de poderosas empresas y políticos de todo tipo a los que no se puede condenar porque el delito ha prescrito, porque los documentos inculpatorios se han perdido, porque el testigo se ha retractado, porque las grabaciones no se han admitido por el tribunal o porque un defecto de forma ha anulado todo el proceso”, denuncia.
Fermín Tejero compara este caso con el caso “Gurtel”, afirmando que “en ese entramado hay delitos suficientes para meter en la cárcel a una decena de personas pero también tenemos la sospecha de que finalmente no se pueda concretar en condenas lo que es una evidencia”.
Para Fermín Tejero, “una cosa es la sentencia y otra la justicia. A nadie le cabe la menor duda en este municipio de que aquí se montó una empresa en la que se perdieron centenares de millones de las antiguas pesetas pero la justicia es incapaz de atribuir a nadie la responsabilidad de esa pérdida y nadie va a reponer ese dinero que se perdió”.
Por último, Tejero sale en defensa de Luis Carlos Cervilla ofreciéndole todo su apoyo, a la vez que manifiesta su “pesar” por esta sentencia del Tribunal Supremo.  Costadigital En opinión del concejal de IU, Fermín Tejero, la sentencia del Tribunal Supremo en el caso Tropical Fruit es una mala noticia para los amantes de la justicia y la legalidad. Esta sentencia, según Tejero, pone de manifiesto la incapacidad del poder judicial para ajustar las cuentas con aquellos individuos que disponen de unos buenos equipos jurídicos. Por lo pronto, ya es lamentable ver que un hecho como este tarde veinte años en ser juzgado.
A diario, dice el concejal de IU, vemos cómo quedan absueltos personajes importantes de la banca, grandes directivos de poderosas empresas y políticos de todo tipo a los que no se puede condenar porque el delito ha prescrito, porque los documentos inculpatorios se han perdido, porque el testigo se ha retractado, porque las grabaciones no se han admitido por el tribunal o porque un defecto de forma ha anulado todo el proceso.
La sociedad, continúa Fermín Tejero, tiene bien claro que una cosa es la sentencia y otra la justicia. A nadie le cabe la menor duda en este municipio de que aquí se montó una empresa en la que se perdieron centenares de millones de las antiguas pesetas pero la justicia es incapaz de atribuir a nadie la responsabilidad de esa pérdida y nadie va a reponer ese dinero que se perdió.
Para el concejal de IU, es lamentable que queden impunes delitos evidentes y que ahora se trate de machacar al señor Cervilla, una persona que fue elegida para aclarar esas cuentas en representación del ayuntamiento y que no ha dejado de recibir en estos años presiones de todo tipo por parte de quienes tienen el poder real en Almuñécar.
Fermín tejero concluye señalando el apoyo total de IU a Luis Carlos Cervilla por su defensa desinteresada de los intereses del municipio en este largo y frustrante proceso jurídico.  La sentencia del Tribunal Supremo en el caso Tropical Fruit es una mala noticia para los amantes de la justicia y la legalidad. Esta sentencia pone de manifiesto la incapacidad del poder judicial para ajustar las cuentas con aquellos individuos que disponen de unos buenos equipos jurídicos. Por lo pronto, ya es lamentable ver que un hecho como éste tarde veinte años en ser juzgado.A diario vemos cómo quedan absueltos personajes importantes de la banca, grandes directivos de poderosas empresas y políticos de todo tipo a los que no se puede condenar porque el delito ha prescrito, porque los documentos inculpatorios se han perdido, porque el testigo se ha retractado, porque las grabaciones no se han admitido por el tribunal o porque un defecto de forma ha anulado todo el proceso. De hecho, no hace tanto que el Tribunal Superior de Valencia archivaba la causa contra Camps porque no se había podido demostrar que los trajes recibidos de un delincuente con el que su partido contrataba de forma cotidiana fuesen un delito. Todo el mundo sabe que en ese entramado conocido como caso Gurtel hay delitos suficientes para meter en la cárcel a una decena de personas pero también tenemos la sospecha de que finalmente no se pueda concretar en condenas lo que es una evidencia. La sociedad tiene bien claro que una cosa es la sentencia y otra la justicia. A nadie le cabe la menor duda en este municipio de que aquí se montó una empresa en la que se perdieron centenares de millones de las antiguas pesetas pero la justicia es incapaz de atribuir a nadie la responsabilidad de esa pérdida y nadie va a reponer ese dinero que se perdió. Es lamentable que queden impunes delitos evidentes y que ahora se trate de machacar al señor Cervilla, una persona que fue elegida para aclarar esas cuentas en representación del ayuntamiento y que no ha dejado de recibir en estos años presiones de todo tipo por parte de quienes tienen el poder real en Almu&ntild ... (... continúa) IDEAL Si en 2007 el Juzgado de Primera Instancia Número 1 de Almuñécar le daba la razón a los vecinos de los edificios 5 y 8 contra la ocupación de los bajos de los mismos que había realizado el Consistorio, ahora es la Audiencia Provincial de Granada, a través de la Sección Número 5, la que la ha ratificado al desestimar el recurso de apelación que realizó el Ayuntamiento de Almuñécar contra la citada sentencia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción sexitano, que le condenaba «a que haga entrega de la posesión material de las zonas ocupadas en los porches de las comunidades de propietarios de los edificios 5 y 8 del grupo de viviendas de La Carrera».
Demolición En la sentencia, a la que ha tenido acceso IDEAL, también se indica al Consistorio sexitano que «deberá demoler previamente a su costa las obras realizadas y reponiendo el lugar al estado en que se encontraba antes de las obras, y para el caso de no verificarlo se proceda a dar posesión judicial de la misma». El fallo también le condena, y advierte al Ayuntamiento, de que «en el futuro se abstenga de perturbar la legítima posesión de la finca y además le impone las costas del procedimiento», señala. Y es que en el fallo, el juez declara a las mencionadas comunidades de propietarios 5 y 8 de La Carrera, como «única y legítima propietaria, en pleno dominio de los porches y espacios en planta baja de sus respectivos edificios, delimitados por el espacio ocupado por la primera planta». Esta sentencia se produce porque las citadas comunidades ya estaban «cansadas» de que desde el Consistorio almuñequero ... (... continúa) IDEAL Izquierda Unida ha salido al paso de las manifestaciones del portavoz de Convergencia Andaluza, Jesús García Alabarce, sobre la petición de una gasolinera que ha realizado la cooperativa Hercofrut y de la que es vicepresidente su concejal, Fermín Tejero, pidiéndole «que deje de lanzar cortinas de humo para ocultar su nefasta gestión al frente del municipio».
«Las declaraciones periódicas que se difunden desde Convergencia contra aquellas personas y organizaciones que les resultan molestas son tan inútiles como malintencionadas», dice. Acusa a CA, «partido creado a capricho del alcalde de Almuñécar, Juan Carlos Benavides», de llevar años «amparando y promoviendo la corrupción en este municipio», y advierte que, no va a conseguir con «sus torpes» campañas mediáticas engañar a nadie. «Los ciudadanos almuñequeros saben muy bien la diferencia moral y ética que hay entre los militantes de Izquierda Unida y ese complejo de intereses especulativos al que ahora llaman C A», señala. «Lamentamos que la obsesión por castigar a una persona por decir a la cara lo que piensa de la política que hace Benavides y su grupo, haya llevado al Ayuntamiento a cerrar un camping y ahora a poner en la picota a una cooperativa agrícola que lo único que hace es solicitar algo a lo que cree que tiene derecho», aclara. Por otro lado, IU considera que si los técnicos dicen que hay motivos para no autorizar a Hercofrut la construcción de una gasolinera, «hacen muy bien en no darle ese permiso, pero deben dejar ya de intentar el desprestigio de un concejal que, entre sus múltiples defectos, no tiene el de corrupto, pues en ese caso estaría afiliado al mismo partido que el señor Benavides». ... (... continúa) Fermín Tejero (IU) afirma que la modificación del parque acuático llevaba dos años pendiente y el gobierno local ha dilatado los plazos hasta seis días antes de expirar BALTASAR G. CANO No hubo sorpresas en la votación pero sí en la composición del pleno municipal. El primer edil de Almuñécar, Juan Carlos Benavides (CA), no acudió a la sesión plenaria, que presidió por delegación el teniente de alcalde Organización Administrativa y Hacienda, Antonio Díaz González. El pleno municipal aprobó por unanimidad solicitar a la Dirección General de Costas la licencia de explotación requerida para que pueda seguir manteniéndose en la localidad el parque acuático Aquatropic.
La modificación del proyecto del parque acuático era el requisito que había puesto Costas para renovar la concesión de ocupación de los terrenos de dominio público. Costas rechazó que el centro de ocio que había dentro del parque fuera una discoteca, Aquanoche, por lo que impuso el cierre si el parque acuático quería seguir en Punta Velilla.
El portavoz de IU, Fermín Tejero, antes de comenzar el pleno solicitó una aclaración de la secretaria municipal sobre la legalidad de la convocatoria del pleno. La funcionaria del Ayuntamiento recordó al portavoz de la oposición que al no reunirse "el quorum necesario" el miércoles se convocó de forma automática el pleno para el sábado. Tras subsanarse algunos errores en los nombres de los compradores de las plazas de aparcamiento de los subterráneos de los paseos de Playa Velilla y San Cristóbal, Tejero manifestó que el punto de la concesión del parque acuático se iba a tratar gracias a la responsabilidad de la oposición, ya que Benavides no había acudido al pleno "ni ha justificado su ausencia". El portavoz de IU recordó que hace dos años que había caducado l ... (... continúa) Declaración del Consejo Local de Izquierda Unida de AlmuñécarIzquierda Unida pide a Convergencia que deje de lanzar cortinas de humo para ocultar su nefasta gestión al frente del municipio. Las declaraciones periódicas que se difunden desde Convergencia contra aquellas personas y organizaciones que les resultan molestas son tan inútiles como malintencionadas. Este partido, creado a capricho del alcalde de Almuñécar, que lleva años amparando y promoviendo la corrupción en este municipio, no va a conseguir con sus torpes campañas mediáticas engañar a nadie. Los ciudadanos almuñequeros saben muy bien la diferencia moral y ética que hay entre los militantes de Izquierda Unida y ese complejo de intereses especulativos al que ahora llaman Convergencia. Lamentamos que la obsesión por castigar a una persona por decir a la cara lo que piensa de la política que hace Benavides y su grupo, haya llevado al ayuntamiento a cerrar un camping y ahora a poner en la picota a una cooperativa agrícola que lo único que hace es solicitar algo a lo que cree que tiene derecho. Si los técnicos municipales consideran que hay motivos para no autorizar a la cooperativa Hercofrut la construcción de una gasolinera, hacen muy bien en no darle ese permiso, pero deben dejar ya de intentar el desprestigio de un concejal que, entre sus múltiples defectos, no tiene el de corrupto, pues en ese caso estaría afiliado al mismo partido que el señor Benavides. Fermín Tejero es uno de los cientos de socios de una cooperativa agrícola sin ánimo de lucro que pelea por subsistir para mejorar la calidad de vida de los agricultores. Al igual que el resto de miembros del Consejo Rector de la cooperativa, no cobra un solo euro por su trabajo en la cooperativa. Es difícil que esto sea admitido por personajes que sólo utilizan la política para medrar y conseguir beneficios materiales de todo tipo, hecho fácilmente comprobable. T ... (... continúa) IDEAL El coordinador local de IU, Antonio Leyva ha denunciado el «acoso» que viene realizado el alcalde, Juan Carlos Benavides, contra el camping Carambolo «motivado por venganza política, al pertenecer a una sociedad en la que forma parte de la misma el edil de IU, Fermín Tejero Mesa». Para Leyva, este ataque a un rival político por parte del alcalde «es capaz de hundir a un negocio sin importarle el daño que hace a la imagen del municipio, a un tipo de turismo que viene buscando camping o a las familias que trabajaban en el mismo». El Coordinador Local acusa a Benavides de utilizar «estratagemas de todo tipo» para mantener cerrado un camping «que tiene todos sus papeles en regla». Leiva señala que, además de perder todos los juicios celebrados hasta ahora, «hasta el mismo equipo de asesores de Benavides acaba de darle la razón al camping», en una junta de gobierno donde se da cuenta de un informe jurídico elaborado por el letrado, Rafael Revelles Juárez -que forma parte del gabinete del señor Tastet que asesora al Consistorio sexitano- donde «da la razón cien por cien al escrito de los abogados del camping y en consecuencia, revoca el acuerdo de 21 de enero pasado en lo que respecta al cambio de titularidad pretendido por Fermin Tejero Mesa, accediendo a su pretensión». «Este cambio de titularidad, que es un trámite automático en el que lo único que hace la administración es darse por enterada, fue solicitado hace cuatro años y medio por el camping y se ha ido negando sin argumento jurídico», dice IU. Comentarios jose antonioaki manda el emir benata y se hace lo ke a el le da la gana , otro mas ... (... continúa) Granada Hoy Otros tres convenios urbanísticos suscritos por el Ayuntamiento de Almuñécar con particulares han sido anulados este mes por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de la capital. Los acuerdos echados por tierra contemplaban aprovechamientos en los sectores Cerro Gordo, Mirador Bahía de la Herradura y Río Seco, según han informado fuentes del caso.
Las mismas fuentes subrayaron que las sentencias dictadas por el referido órgano judicial inciden en los razonamientos plasmados en las anteriores resoluciones que declararon nulos los convenios relativos a las Laderas del Cotobro, El Molino y Las Maravillas. El motivo: un consistorio no puede cobrar por adelantado el dinero de un Plan que aún no está aprobado.
Las nuevas resoluciones, emitidas los días 1 y 4 de septiembre, confirman así el planteamiento jurídico de los recursos presentados por el Partido Popular (PP), expuestos por el despacho de abogados Castillo-Calvín.
Como en sentencias anteriores, que están siendo recurridas ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el juzgado acoge la neta distinción mantenida en los recursos planteados entre convenios de planeamiento y de gestión. En este sentido, admite que los de gestión no pueden tener cobertura en un Plan que está pendiente de aprobación definitiva.
Respecto a los tres nuevos acuerdos ahora echados para atrás, las fuentes consultadas precisaron que el municipio costero percibió por ellos un importe cercano a los 300.000 euros.
En concreto, las citadas fuentes precisaron que el Ayuntamiento sexitano ingresó y gastó más de 104.000 euros por el convenio del sector de Cerro Gordo, cuantía "que supone el cinco por ciento del total que hubiera correspondido al consistorio de haberse ejecutado completamente el convenio". En cuanto al acuerdo de Mirador Bahía de la Herradura, el Ayuntamiento percibió cerca de 27.000 euros, mientras que por el de Río Seco ingresó más de 160.000.
... (... continúa)  Más de cinco meses han pasado desde que el ayuntamiento ordenara a la Promotora Cercado de la Santa Cruz que retirara de forma inmediata las casetas de suministros colocadas junto a la carretera del Suspiro del Moro en Laderas de Castelar de este término municipal.El 20 de abril se requirió a la citada empresa para que en un plazo improrrogable de 30 días, a partir de dicha fecha, procediera a la retirada de las edificaciones efectuadas en la Carretera suspiro del Moro, C/ Laderas de Castelar de este Término Municipal (vivienda joven), situándolas fuera del ámbito de protección de la citada carretera, todo ello por no ser compatible con el Planeamiento Urbanístico. El servicio de inspección se personó en el lugar el día 2 de junio comprobando que las edificaciones aludidas siguen en su estado primitivo, como se observa en las fotografías que acompaña, haciendo de esta forma caso omiso a la orden dada. El 8 de junio tuvo lugar una reunión de la Junta de Gobierno Local donde se analizó este nuevo informe. El alcalde y su equipo de gobierno olvidaron que el plazo de 30 días había finalizado el 20 de mayo y era improrrogable. En lugar de sancionar a la empresa por el incumplimiento de la orden acordaron dar un nuevo plazo de treinta días, también improrrogable. Este plazo acabó el 8 de julio. Ha pasado julio, agosto y septiembre y las edificaciones siguen en su lugar. ¿Qué ha hecho el ayuntamiento? Nada absolutamente. Pero esto no es nuevo, el alcalde y sus concejales cómplices están incumpliendo la Ley en todo lo que concierne a la Promotora del Cercado y del Sr. Betoret: Eroski sin licencia de apertura, Club Náutico sin licencia de apertura, construcción ilegal de un supuesto hotel en zona protegida... Esta actitud del ayuntamiento contrasta con la actitud inflexible mantenida hacia otros vecinos a los que se dan órdenes ejecutivas de cierre y precinto o se imponen multas desmesuradas sin dar tantos plazos y sin dar opción a que se subsanen las faltas. El ca ... (... continúa) La actuación de Benavides en contra del camping Carambolo forma parte de una estrategia calculada de venganza política. Por tal de atacar a un rival político, este alcalde es capaz de hundir a un negocio sin importarle el daño que hace a la imagen del municipio, a un tipo de turismo que viene buscando camping o a las familias que trabajaban en este camping. Una y otra vez, Benavides utiliza estratagemas de todo tipo para mantener cerrado un camping que tiene todos sus papeles en regla. Además de perder todos los juicios celebrados hasta ahora, como ayer daba a conocer el abogado del camping, el mismo equipo de asesores de Benavides acaba de dar la razón al camping. Así, en la Junta de Gobierno del siete de septiembre se da cuenta de un informe jurídico elaborado por el letrado Rafael Revelles Juárez, que forma parte del gabinete del señor Tastet. El informe da la razón cien por cien al escrito de los abogados del camping y en consecuencia, la Junta de Gobierno ha acordado que procede revocar el acuerdo de 21 de enero en lo que respecta al cambio de titularidad pretendido por el Sr. Tejero Mesa, accediendo a su pretensión. Este cambio de titularidad, que es un trámite automático en el que lo único que hace la administración es darse por enterada, fue solicitado hace cuatro años y medio por el camping y se ha ido negando sin argumento jurídico alguno con el único objetivo de hacer daño a un rival político. A pesar de este informe jurídico, a pesar de que han perdido todos los juicios que sobre el tema se están celebrando, el alcalde, y sus concejales cómplices, han acordado mantener el camping cerrado y para ello acuerdan en la misma Junta de Gobierno solicitar un nuevo informe de Tastet y un nuevo informe del Servicio de Ingeniería Técnica Industrial, servicio que en las dos ocasiones anteriores en que se le ha pedido informe, ha dicho que no había razón para tener el camping cerra ... (... continúa) Comunicado de Karanda S.L. La Audiencia Provincial de Granada ha vuelto a dar otro varapalo jurídico a Benavides. En un auto reciente, la Audiencia ha decidido rechazar un recurso de apelación que había presentado el Ayuntamiento de Almuñécar contra un auto de 26 de noviembre de 2008 que había acordado archivar una denuncia presentada por Benavides contra Fermín Tejero. La historia se remonta a 2006. Este año, Benavides presenta una denuncia contra Fermín Tejero Mesa por un supuesto delito urbanístico en el camping Carambolo. Esta denuncia, sin pies ni cabeza, fue archivada por el juzgado nº 2 de Almuñécar. En respuesta, el Ayuntamiento presentó un recurso de reforma contra el archivo de la denuncia. También el recurso fue desestimado. Por último, Benavides decidió apelar este segundo auto ante la Audiencia Provincial. Pues bien, en un auto dictado este verano y conocido ahora, la Audiencia Provincial ha desestimado la apelación. Así pues, es la tercera vez que los tribunales le quitan la razón a Benavides en relación al mismo tema. Por más que el alcalde quiera intoxicar, lo cierto es que todos los juicios que está habiendo en relación al Centro de Ed. Ambiental "camping Carambolo" los está perdiendo el alcalde. Insisto en hablar del alcalde porque esta persecución que hace varios años decidió emprender contra Fermín Tejero, (un socio mas de KARANDA S.L.) es una persecución personal aunque pagada por toda la ciudadanía. De hecho, el auto de la Audiencia Provincial deja muy claro que ‘se presenta el recurso de apelación en nombre y representación del Excmo. Ayuntamiento de Almuñécar; sin embargo, no existe acuerdo alguno de tal ente oficial autorizando el ejercicio de las acciones penales...' La Audiencia Provincial acusa a Benavides de haber suplantado al Pleno, pues el alcalde no está legit ... (... continúa) El juicio por un supuesto delito urbanístico, que tendrá lugar el 16 de diciembre, debe aclarar si la junta de gobierno local aprobó el proyecto del pabellón de La Herradura a sabiendas de que el suelo era no urbanizable La Opinión. ÁLVARO CALLEJA El alcalde de Almuñécar, Juan Carlos Benavides (Convergencia Andaluza), se sentará en diciembre en el banquillo, esta vez junto a seis ediles del equipo de gobierno del mandato anterior, todos ellos acusados por un presunto delito contra la ordenación del territorio relacionado con la construcción del pabellón de La Herradura, cuyo proyecto se aprobó en 2005, según el fiscal, a sabiendas de que el terreno era protegido.
La fecha de juicio oral que tendrá lugar en el Juzgado de lo Penal 1 de Motril se ha fijado para el próximo 16 de diciembre, según informaron fuentes judiciales. Tanto Benavides como el resto de acusados se enfrentan a dos de años de prisión y a diez de inhabilitación para el ejercicio de cargo público, según consta en el escrito del fiscal.
Después de la reciente condena a dos años y cuatro meses de prisión por un delito de coacciones a la empresa adjudicataria de la televisión local de Almuñécar –sentencia recurrida ante la Audiencia–, el siguiente compromiso serio de Benavides con la Justicia guarda relación con la polémica decisión de construir un pabellón deportivo en terrenos "no urbanizables y de protección de cultivo".
El embrollo tiene su origen en una sesión de la junta de gobierno de 25 de enero de 2005 donde, previa declaración de urgencia, se aprobó el proyecto básico para la ejecución del polideportivo de La Herradura a sabiendas, según el fiscal, de que afectaba a suelo no urbanizable y sin que se hubiera procedido a cambiar la calificación de los terrenos. Además de Benavides, los que hicieron posible su aprobación fuer ... (... continúa) A espaldas del Centro de la Tercera Edad, frente a una de las puertas del Mercadona, nos encontramos este horrible churrete que está allí desde mediados de agosto. A pesar de que por allí pasan cada día miles de personas, el churrete persiste. Esta dejadez, que se nota en todo el municipio, (quizá porque hay pocas personas para limpiar la mugre de tantos) le habría costado al Mirlo una multa de aupa. Así, durante un verano entero estuvieron crujiendo a multas a la antigua empresa de limpieza porque dejaba manchas junto a los contenedores, porque se veían bolsas rotas, porque un camión se retrasaba o porque una máquina barredora se averiaba y dejaba de funcionar dos días. El alcalde echó, con la complicidad del PP, a la antigua empresa y contrató a otra que tiene una gran virtud: NO LE COBRA, le da fiado. Para eso quería el alcalde a FCC, para poder estar sin pagarle los meses o años que hiciera falta. Ya se le pagará en su momento, y con los intereses lógicos, que aquí nadie regala nada. Pero ahora ya no hay problemas en limpieza. Aunque el pueblo esté hecho un asquito. Claro que la culpa no es solo del alcalde. ¿Qué dignidad tienen esos funcionarios que hacen informes a la carta sin escrúpulos sabiendo que mienten descaradamente y que sus informes sirven para hundir a un empresario, a un comerciante o a un vecino cualquiera que se le haya atravesado al alcalde?  Tal y como denunció hace más de un año IU, las VPO de Citalsol no se adjudican porque el promotor ha estado chalaneando con el ayuntamiento para intentar colarlas como viviendas libres. La operación no ha llegado a cuajar porque IU levantó el pastel al enviar a Fiscalía varios documentos del arquitecto municipal en los que este señor decía que cuando calificó las viviendas como VPO se había equivocado, que no eran VPO. Ante la denuncia en Fiscalía el tema se paró y al parecer han desistido de venderlas como libres pero el caso es que siguen cerradas mientras muchos almuñequeros esperan una casa a precio asequible. Hoy reproducimos aquí esta foto denuncia que aparece en un periódico digital de la comarca.  IDEAL Fermín Tejero asegura que una de las personas a la que se le han «anulado» las sanciones es la edil de Tráfico
El alcalde de Almuñécar, Juan Carlos Benavides, (CA) ha resuelto dar de baja cientos de multas de tráfico que fueron impuestas a concejales, asesores y personas afines a su partido, Convergencia Andaluza, según ha denunciado públicamente el portavoz de IU, Fermín Tejero tras constatar los hechos a través de distintas resoluciones de Alcaldía. Para Tejero, aunque se han utilizado «pretextos legales», es discriminatorio que a otros ciudadanos con sanciones en la misma situación administrativa se les haya denegado la anulación de sus sanciones, señala. Tejero informa que si es poco el escándalo, ha podido saber «que una de estas personas a las que se han anulado las multas es la concejala de Tráfico y Seguridad Ciudadana, María Dolores Sánchez». «Esta concejala, responsable de la Policía Local, cometió decenas de infracciones de tráfico y se ha visto beneficiada de resoluciones de alcaldía en las que le anulan multas por valor de más de 1.200 euros. Baste como ejemplo la resolución de alcaldía número 2758/07». Fermín Tejero reconoce que aunque ningún ciudadano está libre de cometer infracciones de tráfico, «no es muy estimulante que una infractora reincidente sea la responsable de la Policía Local». Lo que ya resulta moralmente inaceptable, añade, es que «esta concejala consiga la anulación de sus multas mientras el resto de ciudadanos las pagan o las recurren, pero no consiguen que les sean anuladas. Contrasta especialmente esta actuación con las recientes declaraciones de la concejala acerca de la política de multas y la responsabilidad ciudadana», señala.
... (... continúa) Granada Hoy El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha emitido una sentencia en la que considera contrarias a la legalidad las decisiones urbanísticas adoptadas por el Ayuntamiento para permitir la construcción del hotel Gran Cortijo de Andalucía, primero de cinco estrellas que se construye en la Costa Tropical. La decisión judicial anula el acuerdo tomado por el Consistorio el 3 de agosto de 2000, declarando de utilidad pública un hotel residencia geriátrica en la zona del Cercado situada en la vega de Río Seco.
El contenido de la sentencia ha sido dado a conocer por Grupo Municipal de IU de Almuñécar, que la considera "otro varapalo al Ayuntamiento", añadiendo que "se ha buscado en estos años el camino más corto y el menos legal para dar licencias a proyectos especulativos". Según el portavoz de la formación, Fermín Tejero, "todos estos proyectos están siendo anulados uno tras otro y tienen en común que generan grandes ingresos a los promotores, permitiéndoles levantar grandes edificios en zonas donde no se podía construir o la edificabilidad era muy reducida".
Según explicó IU, la sentencia anula el acuerdo municipal que declara la utilidad pública de un denominado hotel residencia geriátrica, y que "daba vía libre para construir un edificio de cuatro plantas en suelo no urbanizable". Para Tejero, se trata de "un pelotazo urbanístico por el cual se permite levantar un edificio de cuatro plantas allí donde el Plan de Urbanismo de Almuñécar no permitía construir ni una casa".
"Lo que empezó llamándose hotel residencia geriátrica, pronto pasó a llamarse hotel de cuatro estrellas del Cercado, y poco después acabaría siendo denominado por sus promotores Hotel Gran Cortijo de Andalucía", indicó el portavoz de IU, agregando que "se anuncia como un hotel de cinco estrellas y ya no aparece por ningún lado el adjetivo geriátrico". Asimismo, destacó que ... (... continúa)  El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía considera contrarias a la legalidad las decisiones urbanísticas adoptadas por el Ayuntamiento para permitir levantar un hotel en la vega de Río Seco en la zona conocida como el Cercado.Casi al mismo tiempo que se ha conocido la sentencia anulando el proyecto de la plaza de toros, hemos conocido la sentencia 362/2008 del TSJA. Este auto judicial, que curiosamente no ha sido divulgado por el alcalde a pesar de que tiene en su poder la sentencia hace bastante tiempo, vuelve a dar otro varapalo al ayuntamiento. Se ha buscado en estos años el camino más corto y el menos legal para dar licencias a proyectos especulativos. Todos estos proyectos que están siendo anulados uno tras otro tienen en común el que generan grandes ingresos a los promotores permitiéndoles levantar grandes edificios en zonas donde no se podía construir o la edificabilidad permitida era muy reducida. La sentencia anula el acuerdo tomado por el ayuntamiento el 3 de agosto de 2000 declarando la utilidad pública de un denominado hotel residencia geriátrica. El acuerdo ahora anulado por el máximo tribunal andaluz daba vía libre para construir un edificio de cuatro plantas en suelo no urbanizable. Lo que empezó llamándose hotel residencia geriátrica pronto pasó a llamarse hotel de cuatro estrellas del Cercado y poco después acabaría siendo denominado por sus promotores Hotel Gran Cortijo de Andalucía. Se anuncia como un hotel de cinco estrellas y ya no aparece por ningún lado el adjetivo geriátrico. En suma, se trata de un pelotazo urbanístico por el cual se permite levantar un edificio de cuatro plantas allí donde el Plan de Urbanismo de Almuñécar no permitía construir ni una casa. Las obras del edificio en cuestión están paralizadas por los tribunales desde hace dos años pero en la práctica, está casi terminado, una norma habitual en este tipo de operaciones en las que cuando aparecen los primeros problemas legales, la promotora acelera los trabajos al m&aacut ... (... continúa) El pasado 29 de Junio recayó Sentencia en el Procedimiento 791/06 tramitado ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Granada, por demanda interpuesta por el Partido Popular contra un Decreto de Benavides que aprobaba el Convenio Urbanístico de Gestión Laderas de Cotobro.
Este decreto aprobaba un Convenio de Gestión denominado “Laderas de Cotobro”, por el que el Ayuntamiento vendía el 10% de los aprovechamientos que le corresponderán a futuro en el Plan Parcial del mismo nombre, cobrando el 5% de ese importe por adelantado, y siempre y cuando el PGOU se aprobara con dichas determinaciones. El Juzgado anula el citado convenio, ya que no puede cobrarse por adelantado el dinero de un Plan General que todavía no está aprobado. Ya se han anulado, además, el convenio de Río Seco y el de Río Verde.  El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha estimado parcialmente el recurso Contencioso Administrativo interpuesto a instancias de un vecino y ha anulado el acuerdo adoptado por unanimidad el 21 de junio de 2001 en el pleno del Ayuntamiento para aprobar el proyecto de Plaza de Toros. La propuesta ahora anulada por el TSJA fue aprobada por unanimidad de todos los concejales (PP, PSOE, PILH y PA).
Según refleja la sentencia, el proyecto de Plaza de Toros y el conjunto lúdico comercial se aprobó definitivamente por el Ayuntamiento tras una modificación puntual del proyecto de urbanización del P-4, "en el que se agruparon las dos parcelas afectadas, se modificó el trazado de un vial y se alteró la edificabilidad de las mencionadas parcelas con una forzada interpretación de la ordenanza de las zonas verdes públicas del PGOU", lo que a juicio del tribunal era "un subterfugio para llevar a cabo una modificación encubierta del planeamiento vigente".
El artículo 128,1 de la ley del Suelo de 1992, establece que "las modificaciones de cualquiera de los elementos, planes, proyectos, programas, normas y ordenanzas se sujetarán a las mismas disposiciones enunciadas para su tramitación y aprobación". El TSJA entiende que esa modificación no fue correctamente tramitada. La sentencia señala que "no se puede amparar una actuación administrativa de tipo urbanístico, en la que claramente se advierte la utilización de un mecanismo fraudulento de modificación de un elemento del plan parcial, tendente a impedir la participación de los integrantes del sector en defensa de sus legítimos intereses".  Encima de la Playa del Muerto y Los Berengueles el ayuntamiento ha aprobado dos planes parciales que van a urbanizar 259.939 metros cuadrados. Estos planes se denominan Peñón del Lobo 1 y 2. El 11 de agosto de 2008, PP y Convergencia dieron el sí definitivo al Plan Parcial del sector 1. PSOE y PA se abstuvieron así que el único voto en contra del proyecto fue el del concejal de IUHasta ahora, curiosamente, se les había olvidado aprobar las ordenanzas que regulan la urbanización y construcción en la zona. A pesar de no tener ordenanzas, se están haciendo unos impresionantes desmontes que son el avance de lo que pronto veremos ahí: una mole de edificios de varias plantas que afectarán de forma lamentable a la imagen del municipio. Durante estos años, IU ha elevado numerosas protestas ante lo que consideramos un grave atentado urbanístico porque estas construcciones se van a situar justo encima de estas dos playas, en unos acantilados con un desnivel tremendo y que formaba parte del dominio público marítimo terrestre. Durante varios meses estos trabajos se han realizado sin licencia de obras y, como ahora sabemos, sin ordenanzas que regularan el desarrollo de esos trabajos. La complicidad del ayuntamiento en estos años ha sido total hasta el punto de que el ayuntamiento presentó alegaciones a Costas pidiendo un nuevo deslinde favorable a los promotores, deslinde que finalmente consiguieron. En opinión de IU, esta modificación del deslinde de Costas permitiendo construir en unos acantilados choca frontalmente con las declaraciones de los responsables gubernamentales cuando hablan de aumentar la separación entre las construcciones y la línea de costa. En el expediente de estas obras se encuentran numerosas controversias entre los propietarios, de estos con la Junta y de la Junta con el Ayuntamiento. De hecho, a principios de 2007, ya se produjo la primera intervención judicial paralizando tres bloques con ... (... continúa) Hace poco que se han aprobado las Ordenanzas del Plan Parcial Peñón del Lobo 1. Según dice el Boletín de la Provincia, se les habían olvidado. Eso no ha sido obstáculo para que ya haya varios bloques construidos y paralizados (es un decir) por la Justicia. Después de varios años de proyectos, aprobaciones iniciales, pleitos y reuniones de todo tipo, el 11 de agosto de 2008 el ayuntamiento aprobó el Plan Parcial del que hablamos. Está diseñado para ganar mucho dinero a costa de cargarse los acantilados que hay por encima de la Playa del Muerto y Los Berengueles. Aquí reproducimos el acta de ese Pleno en el que se ponen de manifiesto dos cosas: Primero, el silencio de los c ... (... continúa) Colectivos y particulares han presentado más de 200 denuncias contra la gestión del alcalde de Almuñécar La Opinión M.A.R. El alcalde de Almuñécar, Juan Carlos Benavides, acaba de ser condenado a 28 meses de cárcel y a otros 28 de inhabilitación especial por un delito de coacciones cometido contra la empresa adjudicataria de la televisión municipal en 2004. No deja de resultar curioso que esta última sentencia judicial, que el regidor ha recurrido, se centre en un asunto que nada tiene que ver con el urbanismo, cuando es precisamente la ordenación urbanística la que lo ha llevado más veces a los tribunales. En la actualidad, Benavides tiene pendientes más de 65 contenciosos administrativos interpuestos por la Junta contra acuerdos adoptados por el Ayuntamiento sexitano, lo que convierte a Almuñécar en el municipio granadino con mayor número de expedientes en materia de disciplina urbanística. Según fuentes judiciales, la mayoría de los casos (alrededor de medio centenar) se refiere a acuerdos municipales relativos a órdenes de ejecución, proyectos de urbanización o declaraciones de innecesariedad de licencia que infringen el ordenamiento territorial.
Durante la tramitación de estos procedimientos judiciales se ha dictado una quincena de medidas de suspensión cautelar, con la intención de obligar al Ayuntamiento a paralizar sus actuaciones para garantizar la finalidad del proceso legal y el interés general. Desde el año 2004, además, se han solicitado al gobierno municipal unas 35 revisiones de oficio de acuerdos municipales que la Junta consideraba contrarios a derecho.
Más enemigos. De todos es conocido el enfrentamiento abierto que Benavides mantiene con la Junta de Andalucía, a la que ha acusado en más de una ocasión de impulsar un "complot" contra su persona. Pero el alcalde sexitano tiene otros muchos frentes abiertos. De hecho, según fuen ... (... continúa) Casi tres meses han pasado desde que el ayuntamiento ordenara a la Promotora Cercado de la Santa Cruz que retirara de forma inmediata las casetas de suministros colocadas junto a la carretera del Suspiro del Moro en Laderas de Castelar.El 20 de abril se requirió a la citada empresa para que en un plazo improrrogable de 30 días, a partir de dicha fecha, procediera a la retirada de las edificaciones efectuadas en la Carretera suspiro del Moro, C/ Laderas de Castelar de este Término Municipal (vivienda joven), situándolas fuera del ámbito de protección de la citada carretera, todo ello por no ser compatible con el Planeamiento Urbanístico. El servicio de inspección se personó en el lugar el día 2 de junio comprobando que las edificaciones aludidas siguen en su estado primitivo, como se observa en las fotografías que acompaña, haciendo de esta forma caso omiso a la orden dada. El 8 de junio hay una reunión de la Junta de Gobierno Local donde se analiza este nuevo informe del servicio de inspección y el alcalde y su equipo de gobierno olvidan que el plazo de 30 días había finalizado el 20 de mayo y era improrrogable. En lugar de sancionar a la empresa por el incumplimiento de la orden acuerdan dar un nuevo plazo de treinta días, también improrrogable, que la empresa ha vuelto a incumplir porque las edificaciones siguen en su lugar. Esta actitud permisiva del ayuntamiento contrasta con la actitud inflexible mantenida hacia otros vecinos a los que se dan órdenes ejecutivas de cierre y precinto o se imponen multas desmesuradas sin dar tantos plazos. No es la primera vez que se mantiene un trato de favor hacia esa sociedad dirigida por Germán Ureña y Trinitario Betoret, promotores de la famosa Vivienda Joven y del ilegal Hotel Gran Cortijo así como del Club Náutico y ahora más recientemente, copropietarios del Supermercado Eroski. En relación con este trato de favor, hay que recordar que a estos mismos señores el alcalde les regaló una gasolinera en los bajos del estadio municip ... (... continúa) Andalucía es una de las regiones españolas que muestra "un mayor desprecio" por sus espacios naturales protegidos, según mantiene Greenpeace en su informe Destrucción a Toda Costa 2009. En su repaso al estado del litoral andaluz, se centra en dos puntos en la provincia de Granada: los fondos marinos del Tesorillo, en Salobreña; los acantilados de Maro-Cerro Gordo y los fondos marinos de la Punta de la Mona, ambos en Almuñércar.
Según el informe de la organización ecologista, el riesgo en el fondo marino de Salobreña se debe a un "urbanismo mal planificado" que ha llevado a la "destrucción" de la playa de La Cagadilla y de parte del delta del Guadalfeo, lo que podría repercutir negativamente en el ecosistema marino.
Por otro lado, Almuñécar es uno de los objetivos de crítica habitual de la formación ecologista porque su urbanismo,"alejado de la sostenibilidad", "está bajo sospecha de la justicia"  Granada Hoy El alcalde de Almuñécar, Juan Carlos Benavides, ha recurrido también a la Audiencia Provincial el auto judicial que abre la puerta a la celebración de un nuevo juicio por prevaricación contra el regidor. El juez había señalado en su escrito que había "motivos suficientes" para sentarlo en el banquillo en el caso del Camping Carambolo.
Esta situación ha coincidido con la reciente condena a 28 meses de cárcel derivada de su actuación en el cierre de la televisión municipal. El alcalde de Almuñécar ya ha anunciado que tiene previsto recurrir a la Audiencia Provincial para que revoque la sentencia que le podría llevar a la cárcel y hacerle perder la alcaldía.
El otro caso por el que podría ser juzgado en breve es el del camping, un establecimiento de Almuñécar que el Ayuntamiento cerró y contra el que adoptó una serie de medidas contrarias a los intereses de sus propietarios. El juez expuso en su reciente auto, con el que daba por finalizada la investigación, que encontraba suficientes argumentos para que Benavides fuera juzgado por prevaricación.
El camping, que es propiedad del concejal de IU en Almuñécar, Fermín Tejero, fue cerrado por el Ayuntamiento de esta localidad en el verano de 2005 y actualmente se mantiene en esa situación desde marzo de 2008, cuando volvió a ser clausurado por el municipio. Esto motivó la denuncia contra el alcalde, el ex concejal de Urbanismo, Emilio González Pavesio y otro funcionario municipal. En el auto, el juez señala que "de las diligencias practicadas hasta ahora se desprende que, a sabiendas de su injusticia, se promovieron, ejecutaron y dictaron resoluciones administrativas en contra de la entidad de la que el denunciante es representante".
Después de la comunicación de este auto, el siguiente paso era esperar los escritos de las partes y el señalamiento de la fecha del juicio, ya que la Fiscalía se había mostrado partidar ... (... continúa) Los recursos de las partes dejan el fallo definitivo en manos de la instancia provincial, que revisará el caso antes de que acabe el año
QUICO CHIRINO Y M. NAVARRETEAl alcalde sexitano Juan Carlos Benavides parecen no gustarle los jueces «sustitutos» que llevan sus asuntos en los juzgados de Almuñécar y Motril. Sin embargo muestra su «absoluta confianza en las altas instancias de la justicia», que hasta ahora le han sido favorables. En su comunicado para valorar el fallo, que le condena a 28 meses de prisión e inhabilitación por coacciones a la televisión local, el alcalde subrayaba que todas las sentencias en primera instancia que le han condenado «dictadas por un juez sustituto» las ha tumbado la Audiencia Provincial, que le absolvió, por ejemplo, del cacareado caso Tropical Fruits, que ahora está en manos del Supremo. Así que con «absoluta confianza» Benavides se encomienda a la Audiencia Provincial, que tendrá que revisar la sentencia, ya que ambas partes, tanto el alcalde de Almuñécar como la acusación particular -la empresa Medios Informativos de la Costa Tropical-, han anunciado que presentarán el correspondiente recurso contra la sentencia dictada por Francisco Pérez Venegas, magistrado del Penal de Motril. La condena se verá así en la Audiencia y aquí Benavides sí que se la juega. No cabe recurso de casación en el Supremo. La pena de inhabilitación no sólo puede hacer que pierda la alcaldía de Almuñécar, lo que supondría una convulsión en el municipio costero, sino que, si se ratifica el fallo, el alcalde podría ir a la cárcel, al ser ... (... continúa) El Ayuntamiento ha presupuestado este año 300.00 euros para gastos jurídicos y 219.000 para pagar indemnizaciones
IDEAL . 29.06.09 - M. N.| ALMUÑÉCAR Los costes del procedimiento legal que ha supuesto la denuncia de la televisión y la posible indemnización a esta empresa volverán a salir del bolsillo de los almuñequeros, que llevan años asumiendo, con sus impuestos municipales, los gastos jurídicos que generan la maraña de pleitos que o bien promueve o bien le caen solitos a su alcalde. El Ayuntamiento almuñequero tiene contratados actualmente los servicios de 17 asesorías jurídicas externas que además de asumir los procedimientos judiciales habituales que genera un Ayuntamiento grande como el de Almuñécar, con un importante grueso de contenciosos que el Consistorio sexitano mantiene con la Junta de Andalucía, también hace frente a otro tipo de denuncias como las que Benavides ha puesto a concejales y ex concejales de la oposición o la defensa del alcalde en pleitos como el de la televisión. De ahí que este año, en los presupuestos municipales para 2009 aprobados el pasado viernes, se haya incluido una partida de 300.000 euros para los gastos jurídicos y otra de 219.000 euros para afrontar las indemnizaciones que previsiblemente tendrá que asumir el Ayuntamiento.
Suma y sigue Y ésto es un suma y sigue, ya que en este 2008 el Ayuntamiento también se ha gastado 300.000 euros en pleitos, abogados y demás. Unos costes con los que todos los grupos municipales de la oposición, PP, PSOE PA e IU son muy críticos. «El abogado del Ayuntamiento está en excedencia y la plaza ... (... continúa) Ante la denuncia que ha presentado el Defensor del Pueblo contra Benavides, el alcalde le ha endosado la responsabilidad de esta obstrucción a la concejala de Relaciones Institucionales y a los empleados de diversos negociados municipales a los que Benavides culpa de no tramitar con diligencia las peticiones del Defensor del Pueblo. IU considera una cobardía culpar a la concejala Eva Gaitán y a los empleados municipales de actuaciones cuyo único responsable es el alcalde.La actitud del alcalde no es nueva. Hace pocos días ocurrió algo parecido en el juicio por el cierre de la televisión local a principios de la anterior legislatura. En este caso fue Miguel Ávila, la mano derecha de Benavides en el ayuntamiento, quien asumió de manera voluntaria la responsabilidad por el cierre ilegal de la televisión local de Almuñécar. El gesto pierde valor si tenemos en cuenta que Miguel Ávila ya no es concejal y está jubilado pero no deja de ser un indicador de la catadura moral del alcalde el que permita que un viejo amigo suyo dé la cara por él arriesgándose a una condena que no le corresponde salvo en lo que pueda tener de complicidad como miembro de la Junta de Gobierno. Asimismo, un empleado jubilado del Ayuntamiento de Almuñécar se autoinculpó de haber cambiado la cerradura del estudio de televisión por propia iniciativa, sin que nadie se lo hubiese dicho. La jugada no le ha valido en este caso según se desprende la sentencia condenatoria que se ha divulgado este fin de semana, pero ahí queda el detalle de hasta donde llega la desfachatez de Benavides al permitir que un empleado que sólo cumplía órdenes afirme bajo juramento que cambió las cerraduras por su cuenta y riesgo. Pero la cosa no queda ahí. Algunos servicios municipales se esmeran en hacer informes "a la carta" para satisfacer los deseos de un alcalde que, cuando se sienta en el banquillo, descarga toda su responsabilidad sobre los autores de los informes. El miedo o el servilismo cooperan en numerosas ocasiones pa ... (... continúa) El Juzgado de lo Penal de Motril responsabiliza al alcalde de Almuñécar del corte de suministros a la cadena municipal que emitió hasta 2004 y lo inhabilita para cargo público por otros 28 meses P. MARISCAL / Á. CALLEJA El alcalde de Almuñécar, Juan Carlos Benavides, ha sido condenado a 28 meses de cárcel y a otros 28 de inhabilitación especial por un delito de coacciones cometido contra la empresa adjudicataria de la televisión municipal en 2004. El Juzgado de lo Penal de Motril condena al regidor de la localidad sexitana por autorizar el cambio de cerraduras de las instalaciones de la cadena y por cortarle el suministro de agua, luz y teléfono, según han confirmado fuentes judiciales. El contenido íntegro del fallo podría conocerse el próximo lunes, precisaron las fuentes.
La sentencia condenatoria rebaja en dos meses la pena del fiscal, que solicitó dos años y medio de prisión para Benavides más la correspondiente inhabilitación. El juez considera probado que el alcalde de Almuñécar fue el responsable de las órdenes que acabaron con el cierre de la empresa Medios Informativos Costa Tropical S.L., que emitía su programación por el canal municipal. En enero de 2004 se ejecutó el corte de los suministros básicos, así como el cambio de cerradura. El contrato con esta empresa finalizaba apenas unos meses después, en mayo de 2004.
El Juzgado de lo Penal de Motril da la razón al empresario Vicente Fernández Guerrero, propietario de la cadena que en el momento de las coacciones empleaba a 17 personas y facturaba seis mil euros al mes, según declaró en el juicio. El denunciante afirmó que Medios Informativos tenía autonomía para emitir y que la empresa concesionaria anterior no pagaba agua ni luz ni teléfono porque además tenía la "deferencia" con el Ayuntamiento de Almuñécar de cobrarle la mitad del coste de la publicidad. El fiscal acusó a Juan Carlos Benavides de un delito de coacciones c ... (... continúa) En el Pleno celebrado el viernes 26 de julio, el alcalde ha dado por finalizada la sesión sin que se vote nada acerca del rescate de los aparcamientos. La interpretación que ha hecho el alcalde contando como abstenciones los silencios de los concejales es inadecuada y fuera de la legalidad. El alcalde de Almuñécar ha creado un estúpido problema de orden público al negar el uso de la palabra al concejal andalucista con la torpe excusa de que había utilizado un lenguaje inapropiado. El concejal andalucista se ha limitado a llamar mentiroso al alcalde porque éste había hecho en el turno anterior afirmaciones despreciativas e irónicas acerca del portavoz del PA. Cuando ha retomado la palabra Luis Aragón, ha utilizado la expresión 'manda cojones', momento en que el alcalde le ha apagado el micrófono y ha amenazado con echarlo del pleno. En esas circunstancias, el portavoz de IU se ha negado a intervenir en solidaridad con Luis Aragón y lo mismo han hecho el resto de portavoces. El alcalde ha tomado la palabra pero con el tumulto provocado no se podía escuchar a nadie. IU culpa al alcalde no haber sabido moderar la reunión, primero quitando la palabra sin motivo alguno porque de la boca del propio alcalde han salido insultos y descalificaciones de todo tipo en anteriores plenos. En una ocasión, Benavides le dijo al concejal socialista que le tocara los pirindolos, y más recientemente, llamó payaso a un ciudadano que manifestaba su malestar desde los asientos del público. En cualquier caso, la obligación del alcalde es la de moderar el debate y garantizar que todos los portavoces puedan expresarse. Al no acabar con el tumulto, el alcalde ha impedido que los portavoces dieran su opinión acerca de la situación de los aparcamientos. La irregularidad más grave la ha cometido el alcalde cuando ha pasado a votación el dictamen sin que nadie le oyera ni nadie votase y a grito pelado ha dicho que el dic ... (... continúa) En una rueda de prensa cargada de embustes y demagogia, Benavides echó balones fuera ante la acusación del Defensor del Pueblo. Dijo que está agobiado por los pleitos que le ponen las administraciones y los particulares. Se le olvidó mencionar los pleitos que le hemos puesto desde Izquierda Unida. Lo que no dijo es que todos estos pleitos los podía evitar el ayuntamiento actuando conforme a derecho. Luego dijo que no era para tanto, que él trata muy bien al Defensor del Pueblo y que está sorprendido por ser el único alcalde de toda Andalucía que ha sido denunciado por obstrucción al Defensor del Pueblo. Para terminar, echó la culpa a los empleados municipales y a una concejala a la que pretende colgar el marrón. Esto fue lo que dijo de los empleados municipales: Por último, indicó que si en algún momento se ha producido algún entorpecimiento "ha sido porque algún departamento municipal no ha funcionado como debería haberlo", y concluyó que "si por eso nos quieren criminalizar para que nos volvamos a pasear por la Fiscalía, tendremos que hacerlo, no es la primera vez, lamentablemente ya estamos acostumbrados". Y esto fue lo que dijo de la concejala que tendrá que comerse el marrón porque al parecer va incluido en el sueldo de los concejales del equipo de gobierno comerse los marrones del alcalde: En lo que respecta a las agilidad de las respuestas por parte de los responsables de los diferentes departamentos municipales a los que van dirigidos, el alcalde sexitano aclaró que mediante resolución de alcaldía fechada el 25 de noviembre de 2008, se delegaban en la concejal de Relaciones Institucionales Eva Gaitán, las funciones para recibir, tramitar y responder todas las cuestiones relacionadas con la Oficina del defensor del Pueblo “con la intención de evitar atascos” .  Es la primera vez que se lleva a la Fiscalía a un alcalde por la obstrucción a la labor de la Institución, que le achaca un delito de «desobediencia»
El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, ha denunciado ante la Fiscalía Superior al alcalde de Almuñécar, Juan Carlos Benavides, por una «actitud entorpecedora persistente» a la labor de la institución basada en la falta de colaboración y desatención a la información solicitada por la misma en relación por más de una decena de quejas. Según informaron fuentes de la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz es la primera vez que la institución acude a la justicia por «obstrucción» de su labor por parte de un representante de la Administración, una situación recogida en el Código Penal como un delito de «desobediencia» y que obliga al Defensor a dar cuenta de ello ante el Parlamento de Andalucía y el Ministerio Fiscal. Además, al tratarse de una autoridad o funcionario público «podría conllevar la imposición de una pena de suspensión de empleo o cargo por un tiempo de seis meses a dos años».
Tal y como explicaron, la institución acumuló hasta cinco expedientes de quejas ciudadanas sin resolver por la falta de colaboración del Ayuntamiento a la hora de facilitar los informes y datos requeridos, a las que se sumaron seis expedientes más desde el año 2007, ninguno de ellos «atendido», lo que ha producido una situación de «acumulación de no colaboración» que constituye un supuesto de «especial gravedad». Todos estos expedientes, aclararon -la mayoría relacionados con el urbanismo-, siguieron su correspondiente tramitación, con la petición ... (... continúa) El ministerio público considera probado que hubo coacciones a la televisión local. El regidor alega que la empresa incumplió reiteradamente el contratoB. G. CANO / E. PRESS. La Fiscalía de Granada mantuvo ayer en sus conclusiones definitivas su petición de dos años y medio de prisión para el alcalde de Almuñécar, Juan Carlos Benavides, por la posible comisión un delito de coacciones contra la que fuera adjudicataria de la televisión municipal Medios Informativos Costa Tropical S.L., después de que la junta de gobierno local que presidía autorizara el cambio de cerraduras de sus instalaciones y el "corte unilateral" de su suministro de agua, luz y teléfono "sin utilizar el procedimiento legal establecido".
El regidor sexitano, que llegó al Palacio de Justicia de Motril una hora antes de que comenzara la vista oral, prevista para las 12.00 horas en el Juzgado de lo Penal, alegó en su declaración que la concesionaria, que consiguió la adjudicación en el año 2000, incumplió el pliego de condiciones contratado, entre otros puntos, que debía pagar las facturas de luz, agua y teléfono y que no había abonado la fianza necesaria.
Así, según aseguró, fue el entonces concejal delegado de Hacienda el que detectó esas "anomalías" y el que llevó en noviembre de 2003 la propuesta del corte de suministro a la junta de gobierno local. Sin embargo, fue en enero de 2004 cuando, según mantuvo, se hizo efectivo el acuerdo adoptado, tras "reiteradas" notificaciones a la empresa de que debía contratar los servicios que utilizaba.
El alcalde señaló, además, que los cambios de cerradura de las instalaciones desde las que trabajaba Medios Informativos Costa Tropical se hizo por orden del edil de Relaciones Institucionales, que recibió un oficio del jefe de la P ... (... continúa) Granada Hoy IU de Almuñécar calificó de "calumnia" y "chantaje" la denuncia que ha decidido interponer el alcalde, Juan Carlos Benavides, contra la magistrada del Juzgado número 2 de Almuñécar, Marta Cortés. Para esta formación, el primer edil estaría "preparando el terreno" a posibles actuaciones judiciales, tales como las que han tenido lugar en otros municipios como Marbella o Alhaurín.
El portavoz de IU, Fermín Tejero, cree que si el alcalde no tiene nada que ocultar, "en nada tendría que preocuparle la celebración de uno de veintiún juicios. Sólo puede tener miedo a la justicia si realmente ha cometido delitos". En su opinión, "está acusando a esta jueza de actuar por motivos diferentes a los judiciales, es decir, de prevaricar".
"Cuando Benavides dice que en el Juzgado no se sigue el turno habitual de reparto o que sus juicios van a un ritmo superior al esperado, en realidad está acusando a los trabajadores del Juzgado de cometer un delito, cuestión grave si no se dispone de pruebas", afirmó Tejero. Y añadió que "es una calumnia que sólo se puede entender desde la crispación que tiene un señor que va a seguir siendo imputado en muchos más delitos ".
La denuncia a la jueza, para IU, es "un chantaje que demuestra que el alcalde está preocupado por las imputaciones, y quizá está preparando el terreno a sus seguidores para una campaña de las que se suelen orquestar en los municipios en los que el alcalde acaba detenido por delitos diversos".
Para Fermín Tejero, es "inadmisible" que Benavides "pretenda involucrar a los técnicos del Ayuntamiento en unas decisiones tomadas por él".  Granada Hoy La Fiscalía mantuvo ayer en el juicio la petición de dos años y medio de cárcel y 36.000 euros de multa para el alcalde de Almuñécar, Juan Carlos Benavides, por un presunto delito de coacciones realizadas a la empresa adjudicataria de la televisión local.
En el juicio celebrado ayer, que duró unas cinco horas, Benavides aseguró que la empresa había incumplido el pliego de condiciones al no hacer frente a la fianza que tenía que depositar y no pagar las deudas reclamadas por el Consistorio correspondiente a la luz, agua y teléfono. Resaltó que fue el entonces concejal de Hacienda el que detectó las "irregularidades", por lo que en noviembre de 2003 solicitó a la Junta de Gobierno el corte, pero la decisión no se tomó hasta enero de 2004 tras "reiteradas" notificaciones a la empresa.
Por contra, el denunciante, el administrador único de la empresa, Vicente Fernández Guerrero, indicó que ellos tenían autonomía para emitir y que, como la empresa concesionaria anterior, no pagaban agua, ni luz ni teléfono porque lo compensaban con el Ayuntamiento al cobrarle la mitad del coste de la publicidad que emitía.
Fernández aseguró que no recibieron aviso alguno del corte de los servicios de las instalaciones de la empresa, que entonces contaba con diecisiete empleados.
Sin embargo, el Ministerio Público consideró que quedan probadas las coacciones ejercidas en ese momento a la televisión, que tuvo que cerrar poco después cuando se le cortó el suministro de la luz. El Fiscal considera también el agravante de la utilización de medios públicos y aprovecharse de una posición de superioridad, además de que no se utilizaron los procedimientos establecidos legalmente para la rescisión del contrato a esta empresa.
Por su parte, la acusación particular, después de adherirse al informe de la Fiscalía, solicitó tres años de prisión por las coacciones y 20 de inhabilitaci&oacu ... (... continúa) En enero de 2004, el Ayuntamiento almuñequero provocó la marcha de la empresa concesionaria de su televisión local tras cortarle la luz y cambiarle las cerraduras de las instalaciones que necesitaba para seguir emitiendo. Hasta aquí los hechos objetivos que, sin embargo, acusación y defensa interpretaron de formas radicalmente opuestas durante el proceso -ayer quedó visto para sentencia- que ha sentado al alcalde almuñequero, Juan Carlos Benavides, en el banquillo acusado de un supuesto delito de coacciones, prevaricación y contra los derechos constitucionales. Para la empresa que gestionaba entonces la televisión local de Almuñécar, 'Medios Informativos de la Costa Tropical S. L.', aquello fue una maniobra «burda», por la fuerza y por la vía de los hechos consumados, «orquestada» por un alcalde que, envalentonado tras ganar unas elecciones municipales, quiso quitarse de en medio a un medio informativo que le era molesto y, de paso, meter a otra televisión, vinculada a su propio hijo, en el canal que ocupaba la anterior. Y todo con prisas -no daba tiempo a practicar un procedimiento legal de rescisión del contrato- porque llegaban las elecciones autonómicas y hacia falta la tele para hacer campaña. Es la teoría que expuso ayer, en sus conclusiones finales, el abogado de la empresa Medios Informativos de la Costa Tropical, José Carlos López Pérez. Sin embargo, para las defensas del alcalde almuñequero y del Ayuntamiento, al que le piden responsabilidad civil, no hubo un solo resquicio de actuación irregular por parte de Benavides. Todo lo contrario, el Ayuntamiento impulsó una actuación totalmente correcta para defender los «intereses públicos» ya que la empresa incumplió el pliego de condiciones que le obligaba, entre otros puntos, a pagar las facturas de luz, agua y teléfono. La defensa de Benavides se aferró así al «cúmulo de irregularidades» de la conc ... (... continúa) Ideal
A las cuatro y media de esta tarde -la vista comenzó a las doce del mediodía- ha quedado visto para sentencia el juicio contra el alcalde de Almuñécar, Juan Carlos Benavides, por en el cierre, por la fuerza, de la empresa concesionaria de la televisión local de Almuñécar. La defensa del alcalde y del Ayuntamiento por un lado, y por el otro Ministerio Fiscal y Acusación han dado, durante la sesión, versiones muy distintas de los episodios que tuvieron lugar en enero de 2004, cuando el el Ayuntamiento almuñequero cambió las cerraduras de las instalaciones que empresa 'Medios Informativos de la Costa Tropical S. L.', concesionaria de la televisión local, necesitaba para emitir y la dejó sin suministro eléctrico. La defensa de Benavides se ha aferrado a las múltiples irregularidades de la concesión a la empresa que dirigía Vicente Fernández y a sus incumplimientos para justificar el corte del suministro eléctrico, acordado en junta de gobierno y notificado correspondientemente a la empresa, según esgrimieron. La defensa alegó que Benavides nunca dio la orden del cambio de cerraduras, "ni tuvo relación con estos hechos que estaban motivados" como acreditaron los testigos, entre ellos concejales del equipo de gobierno y empleados municipales. Así, el empleado responsable del mantenimiento de la Casa de la Cultura declaró que cambió la cerradura de la zona de la terraza porque se había roto por unas obras, mientras que el teniente de alcalde Miguel Ávila aseguró que él mismo dio la orden de cambiar la cerradura de la torreta de Río Verde, donde se encontraban los aparatos emisores de la televisión, por motivos de seguridad, ya que la Policía se había quejado de que demasiada gente tenía acceso a esa instalación. Los abogados de la defensa ... (... continúa) IU considera una burla a la ciudadanía el que este alcalde denuncie a una jueza sin dar argumento alguno en la patética rueda de prensa del martes 9 de junio.IU muestra su sorpresa por esta denuncia ya que si el alcalde presume de no tener nada que ocultar y de actuar conforme a la ley en todo momento, en nada tendría que preocuparle la celebración de uno de veintiún juicios. Sólo puede tener miedo a la justicia si realmente ha cometido delitos. La denuncia a la jueza es un vulgar chantaje que demuestra que el alcalde está seriamente preocupado por las recientes imputaciones y quizá está preparando el terreno a sus seguidores para una campaña de las que se suelen orquestar en aquellos municipios en los que el alcalde acaba detenido por delitos diversos. Esos montajes los hemos visto en Marbella, Alhaurín o Alcaucín, por no salirnos de Andalucía. Los ataques directos e indirectos a la jueza del Juzgado número dos utilizando una y otra vez el término sustituta pasan la raya de lo que debe ser la crítica concreta de una actuación judicial ya que, en realidad, Benavides está acusando a esta jueza de actuar por motivos diferentes a los judiciales, es decir, la está acusando directamente de prevaricar. Cuando Benavides dice que en el Juzgado no se sigue el turno habitual de reparto o que sus juicios van a un ritmo superior al esperado, en realidad está acusando a los trabajadores del Juzgado de cometer un delito, cuestión esta especialmente grave si no se dispone de pruebas. Es una calumnia que sólo se puede entender desde la crispación que tiene un señor que va a seguir siendo imputado en muchos más delitos de los que ahora se le achacan. Es inadmisible que el alcalde pretenda involucrar a los técnicos del ayuntamiento y al resto de concejales en unas decisiones que han s ... (... continúa) Benavides ha anunciado hoy acompañado por una veintena de concejales -de esta corporación y de anteriores- que ha denunciado a la jueza del Juzgado de Instrucción número 2 de este municipio, por "unas reiteradas actuaciones que suponen la vulneración de nuestro derecho constitucional a una tutela efectiva por los Tribunales de Justicia".
Dice que, en este caso, "la justicia que busca el esclarecimiento de la verdad intenta sustituirse por una justicia inquisitorial, donde la presución de culpabilidad, sustitye a la presunción de inocencia". Benavides se ha limitado a leer un papel en el que no explica las verdaderas razones de la denuncia y tampoco ha aceptado preguntas de los periodistas.  EFE La Fiscalía ha solicitado una pena de dos años y seis meses de prisión para el alcalde de Almuñécar, Juan Carlos Benavides, por un delito de coacciones contra la empresa Medios Informativos de la Costa Tropical S.L., adjudicataria de la televisión local cuando ocurrieron los hechos.
El Ministerio Público pide igualmente para Benavides el pago de una multa de 36.000 euros y que en concepto de responsabilidad civil indemnice conjunta y solidariamente con el Ayuntamiento de Almuñécar a la empresa Medios Informativos Costa Tropical en las cantidades dejadas de percibir desde que ocurrieron los hechos y hasta la finalización del contrato de adjudicación.
Está previsto que el juicio por esta causa se celebre el próximo miércoles en el Juzgado de lo Penal 1 de Motril.
Según el escrito de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Efe, un acuerdo de la comisión municipal de gobierno del Ayuntamiento del 7 de abril de 2000 adjudicó por cuatro años a la empresa Medios Informativos Costa Tropical los servicios relativos al desarrollo, producción de programas, tiempo de difusión y publicidad institucional en medios audiovisuales de titularidad municipal.
Para el desarrollo de sus funciones la empresa utilizaba la segunda planta del edificio de la Casa de la Cultura y un cuarto situado en la terraza, así como una caseta en el Rancho de Río Verde, de titularidad municipal, lugares donde se encontraban todas sus instalaciones y material técnico necesario para dicha actividad.
Esta utilización fue concedida desde el primer momento por el Ayuntamiento, que suministraba el servicio de electricidad.
En enero de 2004, siendo alcalde Benavides, éste ordenó el cambio de cerradura de la caseta de emisión situada en Río Verde, así como en los locales de la Casa de la Cultura que utilizaba la empresa adjudicataria, mientras que en la Junta de Gobierno de ese mes se acordó el corte del suministro eléctrico de los locales.
Según el escrito del fiscal, la orden se hiz ... (... continúa) Granada Hoy El coordinador provincial de IU, Manuel Morales, ha reclamado a la Junta de Andalucía que abra una investigación interna con respecto al papel que está jugando el gobierno autonómico en el urbanismo de Almuñécar, después de que se le hayan rechazado varias denuncias interpuestas por licencias. Según Morales, se deben esclarecer los "fallos" de los servicios jurídicos de la Junta en los contenciosos que mantiene con el Ayuntamiento sexitano, ya que en los últimos meses "se han acumulado retrasos, presentación de escritos fuera de plazo y otras actuaciones deficientes". Estos errores, según IU, han conllevado la emisión de sentencias favorables al alcalde, en casos "de evidente incumplimiento de la legalidad urbanística".  IDEAL. IU reclama que el Gobierno andaluz investigue los hechos que han permitido hasta tres sentencias favorables para Almuñécar
El coordinador provincial de Izquierda Unida, Manuel Morales, junto con el concejal de la coalición en el consistorio sexitano, han reclamado a la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada, el inicio de una investigación interna con respecto al papel que está jugando el Gobierno autonómico en el urbanismo de Almuñécar. La denuncia de los representantes de IU alude a la información que publicaba ayer este periódico, en la que se recordaba que los fallos jurídicos al presentar fuera de plazo los recursos, ha permitido que la Junta pierda cuatro pleitos urbanísticos, uno en Armilla y tres en Almuñécar. IU considera esta investigación necesaria «para esclarecer los reiterados fallos de los servicios jurídicos de la Junta en los contenciosos que ésta mantiene con el alcalde de Almuñécar». Y agrega: «En los últimos meses se han acumulado retrasos, presentación de escritos fuera de plazo y otras actuaciones deficientes, cuya consecuencia ha sido la emisión de sentencias favorables al alcalde, Juan Carlos Benavides, en casos de evidente incumplimiento, por parte de éste, de la legalidad urbanística».
Para Morales, la situación puede deberse «a la grave incompetencia de técnicos -cuya responsabilidad debería esclarecerse-, o también a unos servicios deficientes -incapaces de enfrentar la carga de trabajo existente-, lo que requeriría de la asunción de responsabilidades políticas». Mor ... (... continúa) Una vez conseguido su objetivo de echar al Mirlo, Benavides ha aprobado pagar a FCC, la nueva empresa de limpieza, 1.107.561 euros más de los que habían aprobado en diciembre de 2008, y eso que, en esta fecha, las cantidades asumidas como coste del servicio ya se habían aumentado bastante respecto a las que se pagaban al Mirlo. La Junta de Gobierno del 26 de mayo ha aprobado pagar a FCC 3.843.032 euros por su trabajo en 2008 y 3.861.407 por su trabajo en 2009. Esto hace un total de 7.704.439 en los dos años. Para pagar esta cantidad, la Junta de Gobierno Local se basa en un informe elaborado por un economista amigo de Benavides y que ya ha elaborado con anterioridad hasta cuatro informes distintos en los que daba cantidades completamente diferentes del coste del servicio. La elevada minuta que cobra este señor por unos informes que deberían hacer los técnicos municipales parece estar relacionada con su habilidad para dar cifras distintas acerca de una misma realidad en cada informe. El último informe de este economista, el señor Martín Recuerda, es de hace seis meses, concretamente del 16 de noviembre de 2008. En este informe, el experto economista decía que el coste de ese mismo servicio era de 3.152.190 euros para 2008 y de 3.444.688 para 2009. La diferencia entre uno y otro informe es escandalosa porque estamos hablando nada más y nada menos que de pagar algo setecientos mil euros de más por el trabajo de 2008 y cuatrocientos mil euros de más por el de 2009. Las diferencias serían mucho mayores si comparamos estas cifras con las que el mismo economista daba para el coste del servicio hace un año o año y medio, cuando todo el interés del ayuntamiento estaba en despedir al Mirlo. Sólo el 11 de octubre de 2007, el arquitecto técnico del ayuntamiento, el señor Alejandro Roldán Fontana, valoraba en un informe oficial el coste para 2008 del servicio que prestaba el Mirlo en 2.966.744 euros. Es decir, al Mirlo se le quería contentar con algo menos de 3 millo ... (... continúa) La Opinión. P. M Almuñécar es el municipio de la provincia que ha recurrido en más ocasiones a las modificaciones puntuales del PGOU como herramienta para materializar cambios urbanísticos. El pleno del Ayuntamiento ha aprobado en los últimos años 120 cambios del planeamiento mediante esta fórmula, que permite alterar el uso del suelo sin pasar por el control de la Comisión provincial de Ordenación del Territorio.
La Junta de Andalucía no ha dudado en calificar esta práctica como un "uso excesivo" de un recurso que fue ideado para corregir los errores del planeamiento de forma excepcional, de ahí que incluya en su denominación la palabra ´puntual´. En el caso de Almuñécar, las modificaciones son más usuales que puntuales. El PGOU actual lleva vigente 22 años (desde el año 1987) y la redacción del próximo ha cumplido 8 años de tramitación. Como la revisión global del PGOU siempre ha sido una empresa difícil, Benavides optó por explotar al máximo las posibilidades que ofrecen las modificaciones puntuales del plan general. Ciento veinte en total, de las que prácticamente el 97% se han realizado durante las etapas de Benavides como alcalde.
Los datos de las modificaciones puntuales aprobadas en otros municipios distan mucho de lo que sucede en Almuñécar. Motril, con el doble de habitantes que la localidad sexitana, ha efectuado unos setenta cambios de ese tipo. En municipios costeros como Gualchos-Castell de Ferro se han aprobado una treintena, que es la media de las localidades pequeñas, según han confirmado fuentes de la administración autonómica.
Almuñécar, con 120, lidera en solitario y con gran ventaja la lista de municipios de la provincia que recurren a las modificaciones puntuales. La mayoría de estas localidades las aprueban para corregir fallos o deficiencias detectadas en el PGOU en vigor (cambios de rasante, divisiones, etc) < ... (... continúa) El alcalde de Almuñécar, Juan Carlos Benavides, ha gastado en 2008 un total de 260.618 euros en asesorías jurídicas, casi el doble de los presupuestado para ese año, según un informe entregado por la interventora al grupo municipal de Izquierda Unida en la localidad costera.
La situación no es nueva, según IU, porque se vuelve a repetir la historia de los últimos años. De hecho, según informó en un comunicado el concejal de IU Fermín Tejero en 2007 el Ayuntamiento duplicó el presupuesto inicial al gastarse en este apartado 303.739,63 euros.
El edil consideró "inadmisible" que "año tras año" el alcalde se "salte a la torera" unos presupuestos aprobados por él mismo "dejando claro ante los ciudadanos que el respeto a los acuerdos plenarios es nulo porque, al fin y al cabo, Benavides obra a su antojo gastando lo que considera oportuno al margen de los presupuestos aprobados". En dos años, indicó, el Ayuntamiento ha gastado en asesoramiento jurídico casi 600.000 euros. "No es de extrañar que el Ayuntamiento tenga que recurrir a subir los impuestos", denunció Tejero.  El alcalde de Almuñécar, Juan Carlos Benavides (CA), ha gastado en 2008 un total de 260.618 euros en asesorías jurídicas, casi el doble de los presupuestado para ese año, según un informe entregado por la interventora al grupo municipal de IU en la localidad. La situación no es nueva, según IU, porque se vuelve a repetir la historia de los últimos años. De hecho, según informó el concejal de IU Fermín Tejero, en 2007 el Ayuntamiento duplicó el presupuesto inicial al gastarse en este apartado 303.739,63 euros. El edil consideró «inadmisible» que «año tras año» el alcalde se «salte a la torera» unos presupuestos aprobados por él mismo «dejando claro ante los ciudadanos que el respeto a los acuerdos plenarios es nulo porque, al fin y al cabo, Benavides obra a su antojo gastando lo que considera oportuno al margen de los presupuestos aprobados». 600.000 euros en dos años En dos años, indicó, el Ayuntamiento ha gastado en asesoramiento jurídico casi 600.000 euros. Con este nivel de gasto, dijo Fermín Tejero, «no es de extrañar que el Ayuntamiento tenga que recurrir continuamente a subir los impuestos y las tasas que pagamos los vecinos». Para valorar la importancia de este gasto, el concejal de IU lo comparó con el destinado en los presupuestos a las retribuciones de todos los bomberos del municipio, que supone una cantidad de 269.094 euros. Asimismo, con la cantidad invertida en abogados, el municipio podría haber contratado durante todo el año a diez o doce personas para la limpieza de las playas, el cuidado de los jardines o la atención a las personas mayores. El concejal cree que es «una estafa en toda regla» el que se destine una cantidad «tan impresionante» a pagar abogados privados en lugar de contratar profesionales de plantilla, puesto que s&oacu ... (... continúa) Diario La Opinión. PABLO MARISCAL. Los excesos de edificación materializados por algunos hoteles de Almuñécar gracias a la intervención del alcalde Juan Carlos Benavides (Convergencia Andaluza) y su equipo urbanístico pueden acabar en la escombrera. El fiscal acaba de solicitar el "restablecimiento de la legalidad urbanística" en varios establecimientos del municipio donde se han edificado cerca de 90.000 metros cuadrados al margen de la ley.
El Ministerio Público pide concretamente la "demolición de lo indebidamente construido" gracias a catorce modificaciones puntuales del PGOU aprobadas por el consistorio, según consta en el escrito de acusación presentado en el Juzgado de Instrucción 2 de Almuñécar. Estas modificaciones afectan, al menos, a ocho establecimientos hoteleros, según han informado a este periódico fuentes del sector. Se trata del Bahía de Almuñécar, la ampliación del hotel Carmen, San Carlos, el recién inaugurado Playa de Cotobro, Best Alcázar, Bahía Tropical y otros que aún no se han materializado, entre ellos El Fuerte (sin construir) o el Gran Cortijo de Andalucía (paralizado desde hace más de dos años). El fiscal solicita la demolición de los incrementos de ocupación logrados por los hoteles gracias a las modificaciones del PGOU.
El juez Raúl Muñoz investiga los numerosos cambios de uso aprobados por el Ayuntamiento de Almuñécar, con Benavides al frente, que han "favorecido" la construcción en la localidad de diversos hoteles. El fiscal acusa al alcalde por estos hechos de un delito de prevaricación y otro contra la ordenación del territorio. Solicita por ellos la inhabilitación especial durante 18 años, más otro de prisión. La misma pena reclama para Gerardo García Guillén, jefe de la Secci&oac ... (... continúa) En 2008, los gastos del ayuntamiento en asesorías jurídicas han sido de 260.618 euros, según un informe entregado al concejal de Izquierda Unida por la Interventora. Este tremendo gasto rompe el presupuesto aprobado para este tipo de gastos, que era de 148.000€. La situación no es nueva porque se vuelve a repetir la historia de los últimos años. IU recuerda que en 2007 el ayuntamiento duplicó el presupuesto inicial al gastarse en este apartado 303.739,63€. IU considera inadmisible que año tras año el alcalde se salte a la torera unos presupuestos aprobados por él mismo dejando claro ante los ciudadanos que el respeto a los acuerdos plenarios es nulo porque, al fin y al cabo, Benavides obra a su antojo gastando lo que considera oportuno al margen de los presupuestos aprobados. En dos años, este ayuntamiento ha gastado en asesoramiento jurídico casi cien millones de las antiguas pesetas. Con este nivel de gasto no es de extrañar que el ayuntamiento tenga que recurrir continuamente a subir los impuestos y las tasas que pagamos los vecinos. Para valorar la importancia de este gasto, lo podemos comparar con el destinado en los presupuestos a las retribuciones de todos los bomberos del municipio, que supone una cantidad de 269.094€. Asimismo, con la cantidad invertida en abogados, el municipio podría haber contratado durante todo el año a diez o doce personas para la limpieza de las playas, el cuidado de los jardines o la atención a las personas mayores. Teniendo en cuenta que Nieves Echevarría Giménez pertenece al despacho de Tastet, podemos comprobar como el negocio de este viejo amigo de Benavides se ha llevado casi doscientos mil euros de nuestros impuestos. IU considera una estafa en toda regla el que se destine una cantidad tan impresionante a pagar abogados privados en lugar de contratar profesionales de plantilla. IU considera doblemente gravoso este gasto ya que la mayor parte de los pleitos en los que intervienen estos profesionales tienen su origen en actuaciones irregulares del equipo de gobierno que malgasta nuestro dinero en largos y costosos procesos judiciales, l ... (... continúa) Los tribunales dan la razón al Mirlo en uno de los innumerables pleitos que tendrán que resolverse. La historia de este pleito es simple. El ayuntamiento, saltándose la legalidad a la torera, le ha quitado a esta empresa el servicio de limpieza y, no contentos con eso, le ha crujido innumerables multas de distinta cuantía por un valor superior al millón de euros. Como parte de esta estrategia de no pagar a la empresa para tener liquidez, Benavides y sus concejales aprobaron en la Junta de Gobierno del 1 de diciembre de 2008 retenerle casi medio millón de euros de los que le debían a la empresa con cargo a unas multas por supuestos incumplimientos. Como es lógico, la empresa recurrió esta arbitraria decisión y los tribunales le han dado la razón así que en la Junta de Gobierno del 27 de abril de 2009, Benavides toma nota de la sentencia y ordena que se le pague al Mirlo ese medio millón de euros que le habían retenido por la cara. Este es el texto de las acta de las dos Juntas de Gobierno, la de diciembre y la de abril: 1-12-08 Se da cuenta de Resolución de 28.11.08 del Instructor de los expedientes sancionadores, acordando lo siguiente: 1) Reconocer el derecho a una indemnización por importe de 372.748,58 € por los incumplimientos correspondientes a los meses septiembre 2007 a julio 2008. (... continúa)  Habla Ideal de una feria de turismo a la que van representantes del sector. Y, como es habitual, los lectores hacen sus comentarios. Reproducimos éste que cuenta bastante bien la opinión de muchos forasteros que llegaron a esta tierra y se quedaron enamorados de su paisaje. Ese amor inicial hoy ya es desamor para muchos de ellos.Luis CalderyAlmuñecar, Costa Tropical deliciosa que fuiste un verdadero ejemplo de la generosidad de la naturaleza llevada al límite de lo bello, lástima que tus legisladores te fueron llenando de edificios ilegales, de favoritismos lacayos, de obras inacabadas, de pobretones, de paro y como no de multas a tu Ayuntamiento por cientos de irregularidades urbanísticas bajo cualquier gobierno. Te fueron vaciando de Edificios Protegidos que eran Patrimonio Cultural de España y hoy en su lugar podéis ver los ruines esqueletos de hierro que se apresuraron a construir quienes los demolieron para lucrarse ilegalmente y que han sido parados por la Justicia. Qué poca clase y que mala gestión la de sus próceres. Sexitania romana, me enamoré de tí a primera vista hace 35 años, te he vivido casi 10, ya no me gustas, no me gusta el destino a que te han condenado quienes por codicia y no por amor te han gobernado, no me gusta el aborto sin gracia en que habéis convertido Marina del Este, llámalo Velilla II, construída inicialmente con gusto elitista y culto, arruinada despues de 30 años con tal aglomeración de edificios construidos por gente que no tiene idea de lo que significan esas dos palabras: elitismo y cultura. Gobernada por cortijeros catetos codiciosos y para CATETOS SIN OPINIÓN NI CAPACIDAD DE CRÍTICA. Terminad, Gobernantes, al menos, las obras que han arruinado los paseos marítimos, no vendáis como algo bueno la enorme aglomeración de coches en verano o la vergüenza que da ver esos dos enormes agujeros de varios ... (... continúa) Para instalar la Estación Naútica, el alcalde no encontró otra solución que echar a la empresa Granada Sub del local. La veterana empresa de buceo presentó un recurso y lo ganó. El ayuntamiento recurrió y perdió. Los tribunales han obligado al ayuntamiento a indemnizar a la mencionada empresa. Según los cálculos del ayuntamiento, habrá que pagar algo más de 10.000 euros. Eso, contando con que los propietarios de la empresa estén conformes con la cantidad. Ese dinero lo pagaremos entre todos los ciudadanos aunque tenía que pagarlo el cacique que actúa como un elefante en una cacharrería atropellando la legalidad a cada paso que da. El acta de la Junta de Gobierno del 27 de abril lo cuenta así:
Informe del Director Técnico del Patronato de Turismo de Almuñécar, al objeto de dar cumplimiento a la Sentencia núm. 1615 del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, correspondiente al procedimiento ordinario 183/2004 en el que es recurrente Granadasub, S.L. Conforme al fallo recaído, el importe a abonar sería:
(... continúa)  La amplia acera de la calle Guadix quedó prácticamente desaparecida en su tramo final cuando un concejal co-propietario del Hotel Najarra decidió que ese trozo de acera quedaba mejor integrado dentro de su hotel. Dicho y hecho. En menos que canta un gallo construyeron una sólida estructura metálica y lo que antes era acera para paso de todos los ciudadanos quedó convertida en zona privada de acceso para el hotel. Ignoramos por qué motivos en 2006 pidieron licencia de obras para ampliar la acera. El caso es que esa ampliación no se ha llevado a cabo y ahora, tres años después, la Junta de Gobierno Local, es decir, Benavides y sus concejales, dan permiso para que esa ampliación se anule y la acera se quede como está. Aquella persona que tenga más información sobre el tema puede hacerla llegar mediante un comentario a esta misma página. A continuación transcribimos el acuerdo tomado en la Junta de Gobierno del 27 de abril: 12.- GONPA, S.A., representada por D. Francisco J. González Pavesio, solicita se anule la licencia de obras concedida por la J.G.L. de 24.1.06 para "ampliación de acera para que los transeúntes pasen por el exterior del toldo que está instalado en la zona de la Comunidad, sin perjuicio de los aparcamientos existentes", y se le devuelvan los impuestos abonados así como el aval. La Junta de Gobierno Local acordó: - Aceptar la renuncia formulada por GONPA, S.A. a la Licencia de obras.
- Declarar concluso el procedimiento, procediéndose a su archivo.
- Devolver el aval bancario.
- Que se informe por el Jefe de Rentas sobre devolución de los impuestos.
... (... continúa)
 Benavides ha falseado los acuerdos de un Pleno con el propósito de hacer que se tenga por aprobado algo que el pleno ha rechazado. El pleno del 30 de abril ha debatido, entre otros asuntos, la autorización a la Promotora Cercado de la Santa Cruz para ceder la concesión de la polémica gasolinera del estadio a otra empresa. El Pleno ha aprobado esta cesión con los votos a favor de Convergencia y el voto en contra del resto de concejales presentes. Recordemos que a este Pleno han faltado varios concejales, unos por motivos médicos y otros por decisión personal. Según denunció el Concejal de IU en el Pleno, en el acuerdo que se ha aprobado se decía que, además de permitir el traspaso de la concesión a una nueva empresa, se autorizaba a esta a subrogarse en la hipoteca que el Pleno había aprobado el 17 de diciembre de 2007. La falsedad está en que ese día el Pleno no discutió nada referente a la gasolinera ni a la hipoteca. La única vez que el Pleno ha discutido el tema de autorizar a la gasolinera para hipotecar la concesión fue el 17 de septiembre de 2007 y que la decisión del Pleno fue la de no autorizar esa hipoteca. La negativa del Pleno a autorizar esa hipoteca sentó muy mal a Benavides y a los propietarios de la gasolinera por lo que la inclusión de este dato falso en el acuerdo se ha hecho con el objetivo perverso de conseguir para la gasolinera una hipoteca que el Pleno había denegado. Con el acta de este último Pleno la nueva empresa puede ir a una entidad bancaria y pedir un préstamo hipotecando una propiedad municipal, algo que el Pleno denegó expresamente. Introducir esta falsedad en la propuesta de acuerdo es un hecho muy grave ya que no se puede hablar de despiste porque el concejal de IU hizo esta advertencia en el Pleno, leyó el acta del mismo y pidió a la secretaria que certificara que ese dato es falso. El alcalde ha hecho caso omiso y ha seguido con el trámite adelante aún s ... (... continúa) El País El alcalde de Almuñécar fue "injusto" con un concejal de IUV. CORTÉS - Granada - 30/04/2009 El alcalde de Almuñécar (Granada), Juan Carlos Benavides (Convergencia Andaluza, CA), suma una causa judicial más. La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de la localidad, Marta Cortés, ve "indicios de la perpetración" de un posible delito de prevaricación por parte del regidor, el ex concejal de Urbanismo González Pavesio y un funcionario del área. Cree que tomaron decisiones administrativas "injustas" contra un cámping y una escuela ambiental, administradas por Fermín Tejero, concejal de Izquierda Unida, que denunció los hechos. Fue a raíz de que el edil se opusiera al urbanismo que promovía Benavides cuando comenzó el conflicto. En concreto, el regidor pretendía aumentar la edificabilidad de terrenos de vega, según Tejero, y él se negó. Por ello comenzó una "persecución", en palabras del propio edil de IU, que terminó con una denuncia cuya investigación prosperó en vía judicial. La juez, de hecho, considera que de las diligencias practicadas "se desprende que, a sabiendas de su injusticia, se promovieron, ejecutaron y dictaron resoluciones administrativas en contra de la entidad" del denunciante. Hasta cinco inspecciones se realizaron en las instalaciones respecto a las que se acordó el cese de su actividad en el Consistorio, si bien posteriormente fue anulado dicho acuerdo por un juzgado. Benavides pretendía, según Tejero, aumentar la edificabilidad en los terrenos de Karanda S. L. y se encontró con su oposición. A partir de ahí se iniciaron los conflictos y eso ha provocado la presentación de hasta seis recursos contencioso administrativos, la mayoría de los cuales están en tramitación. Tejero acusa al alcalde de haber iniciado una "persecución política sin precedentes" y de perjudicar a una empresa desde hace año ... (... continúa) Infoalmunecar El juez ha considerado que se tomaron decisiones ‘injustas’ relacionadas con el cierre del camping de Carambolo. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Almuñécar ha dictado trámite de procedimiento abreviado por un delito de prevaricación contra el alcalde sexitano, Juan Carlos Benavides, Emilio González Pavesio, ex concejal de Urbanismo, y el técnico municipal, Francisco Onofre Montes. El juez considera que tomaron decisiones administrativas ‘injustas' en lo referido al cierre del camping de Carambolo, instalación en la que se desarrollaban actividades ambientales y que de la que es copropietario el concejal de IU, Fermín Tejero. Tejero ha manifestado que el cierre del establecimiento y otros expedientes abiertos contra él son una represalia por su oposición al nuevo PGOU que promueve el alcalde sexitano. ‘Es lamentable que esta campaña de acoso contra mi persona haya perjudicado directamente a una empresa, a un proyecto de turismo sostenible y a unos puestos de trabajo que están perdidos desde hace varios años'. En este sentido, Tejero ha explicado que tanto el Centro de Educación Medioambiental como el camping ‘están totalmente legalizados y con los permisos y licencias pertinentes desde 1995', y que, además, desde 2005, el territorio del Rancho California está catalogado por resolución de la Junta de Andalucía como Reserva Ecológica. Fermín Tejero ha recordado que el Juzgado les dio la razón en una sentencia dictada el 8 de enero de 2008 por la que se declaraba nulo todo el expediente urbanístico desde el principio. ‘Sin embargo, año y medio después, se queja Tejero, la sentencia sigue sin cumplirse, en un desprecio de la Justicia que ya resulta habitual en este municipio, y el Centro de Educación Ambiental y el Camping Carambolo siguen cerrados', puntualiza el edil.  Costa Digital La juez titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Almuñécar (Granada) considera que existen "motivos suficientes" para atribuir un delito de prevaricación al alcalde de Almuñécar, Juan Carlos Benavides (CA), por promover y ejecutar varias resoluciones administrativas en contra del Centro de Educación Ambiental 'Karanda S.L'. y el camping Carambolo, de los que es representante el edil de IU en el Consistorio, Fermín Tejero.
En el auto, que transforma las diligencias abiertas en procedimiento abreviado, la juez ve los mismos indicios de delito en la actuación del ex concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Almuñécar, Emilio González Pavesio, y en la de un administrativo de la entidad local, F.O., aceptando así la denuncia del edil de la formación de izquierdas que motivó la apertura de la investigación.
Así, de las diligencias practicadas se desprende, según consta en la resolución judicial, facilitada a Europa Press, que las citadas resoluciones se promovieron y ejecutaron "a sabiendas de su injusticia", por lo que puede considerarse "a prima facie" que existen indicios de prevaricación por parte de los imputados, que se sitúan a un paso de la apertura de juicio oral. Según se informa desde Izquierda Unida, “este es el primer resultado de la querella interpuesta por la sociedad propietaria del Camping Carambolo tras cuatro años de acoso sistemático por parte del equipo de gobierno”.
El concejal de IU informa de que el Juzgado ha encontrado indicios más que fundados de la existencia de múltiples irregularidades de todo tipo por parte del alcalde, el concejal de urbanismo y un funcionario del servicio de Urbanismo y por ello han sido imputados de un delito de prevaricación previsto en el artículo 404 del Código Penal.
Según declaraciones de Fermín Tejero, portavoz de IU en el Ayuntamiento, “espera que el funcionario i ... (... continúa)En los comentarios de Ideal a la noticia sobre el procesamiento de Benavides aparece este relato tan sincero y espontáneo como estremecedor. Relata a las mil maravillas el calvario que sufre un ciudadano normal cuando se enfrenta a la burocracia, el poder y la marrullería. Habrá cientos de personas que se sientan identificadas con este ciudadano. Rolf-Eckhard Pieper A continuación un breve relato sobre mi experiencia con vecinos, abogado y Ayuntamiento de Almuñécar: Aprox. hace un año comenzaron mis vecinos con trabajos de movimientos de tierra en su parcela ( Almuñécar Po.: 13 Parcela 312). Ya en esta ocasión se eliminaron unos 100 m2 de mi parcela en el catastro. Después de varios intentos fallidos de ponerme de acuerdo con el vecino de forma amistosa, solicité al topógrafo del catastro de Almunecar que midiera mi parcela. Pero como también es amigo de mi vecino y este ya le instruyó debidamente, apareció en mi finca y midió por mitad de mi parcela. Después de varias consultas por mi parte, consiguió terminar un plano después de una semana. Cuando fuí a recogerlo, comprobé que sobre el plano había cortado en una parte un trozo de mi finca sin haberlo añadido en ningún otro lado ( lo que hubiera sido necesario para llegar a los m2 de mi propiedad). Cuando le pregunté por el precio, me pidió el doble de lo que habíamos acordado ( 380,- €/750,- €. Le dije, que no podía pagar el doble por un plano falso. A continuación rompió ante mis ojos los 5 planos ( con cierto alivio ). Puesto que con los trabajos de movimientos de tierra se había producido en la linde del “terreno de mi vecino” una pendiente vertical de 4 metros, se hizo un muro de contención de 2,5 m y a continuación del mismo un depósito de agua. Naturalmente se produjo la caída de aprox. 2 m de tierra de mi terreno por encima del muro de contención causado por las ultimas lluvias. Para evitar mas “molestias” por mi parte pusieron en prolongacion del muro una valla metalica, lo que pro ... (... continúa) La Opinión La juez ve indicios de arbitrariedad en el cierre del camping y del centro ambiental de la empresa Karanda. El alcalde prefiere esperar a que los tribunales aclaren los hechos NOELIA M. ESTEBANÉ El alcalde de Almuñécar, Juan Carlos Benavides (Convergencia Andaluza), suma una nueva causa judicial a su lista de acusaciones. Ahora ha sido la magistrada sustituta del juzgado sexitano de Primera Instancia e Instrucción número 2 la que observa indicios de un presunto delito de prevaricación por parte del regidor, el ex concejal de Urbanismo, Emilio González Pavesio, y el administrativo del Ayuntamiento Francisco Onofre.
Los hechos investigados se remontan al año 2005, cuando el gobierno local de Almuñécar dictó, en una junta extraordinaria, un expediente de disciplina urbanística que obligaba al cierre del camping Carambolo y el centro de Educación Ambiental Karanda, de los que es representante legal el concejal de IU en el Ayuntamiento, Fermín Tejero.
El auto judicial (que responde a la querella presentada por Tejero en 2006) considera, no obstante, que la resolución administrativa en contra de la empresa Karanda S. L. se dictó "a sabiendas de su injusticia, según se desprende de las diligencias practicadas".
Los argumentos aducidos en la resolución judicial se basan en un informe del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) y en una sentencia del juzgado contencioso-administrativo número 3 de Granada que anulaba "por indefensión" los efectos del expediente disciplinario con efectos retroactivos. "Puede considerarse ´a prima facie´ que existen indicios de la perpetración de un posible delito de prevaricación por parte de los imputados", recoge la resolución.
Según Tejero, la actuación del grupo político de Benavides se produjo "como represalia por denunciar el urbanismo salvaje del Ayuntamiento", pues IU rechazó el ... (... continúa) Granada Hoy El alcalde de Almuñécar se encuentra a un paso de ir a juicio por haber cerrado y adoptado otras medidas contra el Camping Carambolo, que es propiedad de un concejal de IU y detractor del PGOU El caso del cierre del Camping Carambolo, la enésima causa judicial de todas las que el alcalde de Almuñécar, Juan Carlos Benavides, tiene abiertas, obligará previsiblemente a que el regidor se siente en el banquillo para ser juzgado por un delito penal. Es la consecuencia del auto dictado por una juez de instrucción de la localidad, que encuentra suficientes indicios de prevaricación.
La instructora de la causa ha investigado una denuncia contra el alcalde, el ex concejal de Urbanismo Emilio González Pavesio y un técnico municipal por supuestas actuaciones arbitrarias que iban en contra de la actividad del Camping Carambolo, una instalación en la que se desarrollaban actividades de educación ambiental y que es propiedad del concejal de IU en el Ayuntamiento de Almuñécar, Fermín Tejero Mesa. El edil aseguró ayer que el cierre del establecimiento y otros expedientes abiertos contra él son una represalia por su oposición al nuevo PGOU que promueve Benavides.
La juez ha terminado la investigación y ha pedido a las partes (acusación particular y Fiscalía) que hagan sus peticiones de cara a la apertura de un juicio oral, que debería de celebrarse en un juzgado penal. "De las diligencias practicadas hasta ahora se desprende que, a sabiendas de su injusticia, se promovieron, ejecutaron y dictaron resoluciones administrativas en contra de la entidad de la que el denunciante es representante", expone la juez en su auto de apertura de procedimiento abreviado.
El Camping fue cerrado por el Ayuntamiento de Almuñécar durante el verano de 2005 y actualmente se mantiene en esa situación desde marzo de 2008. El auto destaca que en pocos días, el Consistorio hubiera ordenado hasta cinco inspecciones del establecimiento, que ... (... continúa) Ideal El juez ve indicios de prevaricación porque «a sabiendas de su injusticia» dictaron resoluciones administrativas contra esta instalación regentada por Fermín Tejero
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Almuñécar ha decretado la apertura de juicio contra el alcalde de la localidad, Juan Carlos Benavides, el que fuera edil de Urbanismo Emilio González y un administrativo, por un delito de prevaricación. Según el auto del juzgado las investigaciones «evidencian que existen motivos suficientes» para que las actuaciones desarrolladas por el Ayuntamiento contra el Centro de Educación Ambiental de Karanda S.L. y el camping Carambolo «pudieran constituir un delito de prevaricación». De hecho, el juez detalla que los imputados, «a sabiendas de su injusticia, promovieron, ejecutaron y dictaron» resoluciones administrativas contra estas instalaciones, cuyo representante legal es el concejal de IU en la localidad, Fermín Tejero. Los hechos se remontan a 2005, cuando el edil denunció al Consistorio por «indefensión y acoso» después de que éste ordenara el cierre del Centro de Educación Ambiental y del camping «sin explicar los motivos», según aseguró Tejero, quien añadió que en dos semanas recibieron hasta cinco inspecciones sin ser informados de los plazos para subsanar posibles irregularidades. Según el concejal de IU, estas actuaciones se produjeron como «represalia» ante la postura que él había manifestado públicamente en contra de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la localidad. El caso, que también fue llevado a los tribunales por la ví ... (... continúa) El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Almuñécar ha dictado trámite de procedimiento abreviado por un delito de prevaricación contra Juan Carlos Benavides Yanguas, Emilio González Pavesio y Francisco Onofre Montes Rodríguez. Este es el primer resultado de la querella interpuesta por la sociedad propietaria del Camping Carambolo tras cuatro años de acoso sistemático por parte del equipo de gobierno. El Juzgado ha encontrado indicios más que fundados de la existencia de múltiples irregularidades de todo tipo por parte del alcalde, el concejal de urbanismo y un funcionario del servicio de Urbanismo y por ello han sido imputados de un delito de prevaricación previsto en el artículo 404 del Código Penal. Fermín Tejero espera que el funcionario imputado explique en el juicio quiénes le han dado las órdenes en cada momento para actuar de la manera tan ilegal en que se ha actuado en este tema y espera que no asuma el papel de víctima tapando a los verdaderos responsables de un proceso kafkiano plagado de irregularidades. Según Fermín Tejero, el proceso de acoso se inició contra el centro de Educación Ambiental de Karanda S.L. y el camping Carambolo, como represalia contra su persona por el simple hecho de haberse enfrentado abiertamente a la destrucción de las vegas agrícolas del municipio. El concejal de IU acusa al alcalde de haber iniciado una persecución política sin precedentes después de conocer una nota de prensa de CGT, sindicato en el que milita Fermín Tejero, criticando el campo de golf de la vega de Río Verde. Fermín Tejero afirma que las palabras del alcalde fueron textualmente, que había que "enviarle a los perros". El concejal de IU lamenta que esta campaña de acoso contra mi persona haya perjudicado directamente a una empresa, a un proyecto de turismo sos
... (... continúa) Tal y como hemos repetido en numerosas ocasiones, Benavides ha firmado numerosos convenios urbanísticos a cuenta del PGOU que aún sigue en el limbo. En base a esos convenios, Benavides malvendió el suelo que corresponde al ayuntamiento y cogió dinero calentito de unos promotores que se creían que el cuento del PGOU estaba al caer. Ahora, muchos de estos convenios están siendo declarados ilegales por los tribunales y algunos promotores empiezan a ponerse nerviosos. Le piden al ayuntamiento que devuelva ese dinero que ellos adelantaron y que Benavides gastó alegremente en lugar de haberlo invertido en más suelo o en vivienda protegida que es el fin al que se debe dedicar ese dinero según la LOUA. En la Junta de Gobierno del 6 de abril ya han tenido que analizar la petición que les formula en tal sentido una promotora, la que había firmado el convenio Tropical Garden Barranco para regular la urbanización de unos terrenos situados en Los Cursos y Río Seco. Reclama tres millones de pesetas y por ahora no se le van a devolver pero este es sólo el comienzo. 16.- Se da cuenta de escrito presentado por D. Miguel Puerta Castro, en representación de Promociones Inmobiliarias Trópico de Europa, S.L., en relación al convenio de gestión urbanística “Tropical Garden”, solicitando, por las razones que expone en su escrito, la devolución de la cantidad de 18.408,68 €, en base a estar resuelto de pleno derecho el convenio urbanístico firmado el día 7 de noviembre de 2005. Visto informe de URBALEX CONSULTORES, S.L., la Junta de Gobierno Local, por un ... (... continúa)Pues eso depende. ¿De qué depende? No lo sabemos muy bien, pero estamos intentando averiguarlo. Veamos unos ejemplos.
El 6 de abril de 2009, la Junta de Gobierno acuerda prohibir a un vecino convertir en vivienda un local que tiene en El Tesorillo. Al aparejador le parece bien. Al arquitecto no le parece bien. La Junta de Gobierno deniega la licencia. Esto es lo que dice el acta de la Junta de Gobierno: 10.- D. Antonio Miguel Tarifa Sánchez solicita Licencia de Obras para cambio de uso de local a vivienda en Urbanización El Tesorillo, Local 11, Bloque 7, y visto informe del Arquitecto Municipal de fecha 12.03.09, siguiente: “Consta en el Expediente informe del Arquitecto Técnico Municipal de fecha 3 de junio de 2008, en el que se señala: “Según la documentación presentada y justificando las normas 3.12; 3.14.1 apartados 3ºi y 5ºc del PGOU 1987, puesto que el uso comercial es inviable por la situación y existiendo unos precedentes en los que se ha otorgado este tipo de autorización en la misma Urbanización, el Técnico que suscribe estima que no existe inconveniente en ... (... continúa) La decisión de Benavides despidiendo a las dos secretarias de grupo que tenía el PP es la última muestra de que la moción de censura no era un amaño entre Benavides y el PP. Las declaraciones de sus portavoces oficiosos en los días posteriores a la moción, el escrito de Ledesma y la sustitución de Antonio Díaz por Daniel Barbero en la Mancomunidad eran pruebas evidentes de que la moción de censura había irritado profundamente a Benavides. La última represalia no hace sino confirmar ese análisis. En IU ya sabemos desde hace tiempo que Benavides es un cacique y es posible que quienes lo han apoyado en toda la legislatura ahora se arrepientan de algunas votaciones y componendas por las que se ha marginado a Izquierda Unida de manera tan injusta como consensuada. El hecho de que IU y PA no tengan secretaría de grupo ni local en el ayuntamiento se debe a un pacto entre Benavides, el PP y el PSOE, que firmaron al empezar la legislatura una componenda por la cual, a cambio de algunas migajas para ellos, concedían a Benavides todo lo que exigió: diez concejales liberados, cuatro cargos de confianza y nada de nada para aquellos grupos que se habían mostrado claramente opuestos a cualquier forma de pasteleo. El pacto incluía el respaldo al grueso de su política y hacer la vista ciega ante una retahíla de nombramientos tan costosos como inútiles, o ante acuerdos claramente irregulares que nos van a costar mucho dinero a los ciudadanos, como fue la rescisión unilateral del contrato con El Mirlo o esta aventura alocada en torno a la recaudación. Ahora le ha tocado al PP y lo lamentamos como demócratas. También le habría tocado al PSOE de haber apoyado la moción de censura, pero por ahora pueden estar tranquilos. Además de una cacicada, la resolución de alcaldía es completamente ilegal, ya que la decisión de nombrar s ... (... continúa)Con el titular ’Los juzgados dan la razón al ayuntamiento’ se engaña a los ciudadanos acerca de un tema en el que el ayuntamiento está perdiendo todos los recursos planteados. La noticia viene en los dos medios digitales de Benavides: Costa Tropical e Infocosta. Leyendo entre líneas ya se puede uno dar cuenta de que el juez no le ha dado la razón al ayuntamiento porque le convenzan sus argumentos. Simplemente, los recursos interpuestos han caducado porque el recurrente ha dejado pasar los plazos sin realizar los trámites necesarios para dar continuidad a la demanda; es decir, el PP se ha retirado del recurso, ignoramos por qué motivo. Pero cuando los recursos siguen adelante con su trámite normal, el ayuntamiento los está perdiendo todos porque todos son ilegales. LOS JUZGADOS DAN LA RAZÓN AL AYUNTAMIENTO SEXITANO EN DOS PLEITOS PRESENTADOS POR EL PP POR LOS CONVENIOS DE GESTIÓN
El juzgado de lo Contencioso Administrativo número dos de Granada ha hecho públicas dos sentencias a favor del Ayuntamiento de Almuñécar, planteadas por el Partido Popular en el año 2005, referentes a los convenios de gestión del planeamiento. En ambos casos, se declara “la caducidad” de los recursos, “procediéndose al archivo de las actuaciones sin más trámites”.
El primero de los autos del Juzgado hace referencia al convenio urbanístico de gestión “Sector de Cerro Gordo”. Un convenio suscrito en entre el Ayuntamiento y la D. José Rodríguez Acosta, contra el que interpuso escrito de denuncia el Partido Popular de Almuñécar con fecha 11 de agosto de 2005. La demanda pretendía anular la nulidad de un convenio cuya finalidad es fijar la compensación en metálico del aprovechamiento urban&i ... (... continúa) Ideal Plantearle un órdago al alcalde de Almuñécar, Juan Carlos Benavides no sale gratis. Lo ha descubierto pronto el Partido Popular de Almuñécar que ayer se quedó sin las dos secretarías de grupo con las que contaba. Son los efectos colaterales del intento de moción de censura contra el alcalde de Convergencia Andaluza que lideró el Partido Popular y que no ha prosperado por la negativa del grupo socialista. A pesar de que IU y PA sí firmaron, la moción no llegó a registrarse en el Ayuntamiento. El PP no gana así para disgustos desde que amenazó con la moción. Tras el desmarque de su concejal Francisco Ledesma, que tiene abierto un expediente de expulsión y probablemente pasará al Grupo no adscrito con lo que tiene todas las papeletas para convertirse en el concejal número 11 de Benavides, ahora los populares se quedan sin sus dos secretarías de grupo. Eso para que se les quiten las ganas de ponerle mociones a Benavides.
El lunes, poco antes de reunirse con los representantes de los trabajadores para garantizarles que sus nóminas estaban aseguradas, Benavides llamó por teléfono a las dos secretarias del PP, «por deferencia personal» con ellas, que no con su partido, según confirmaron las trabajadoras, y les comunicó que «se resolvía su relación laboral de funcionariado eventual» como secretarias del grupo popular.
Mediante resolución de Alcaldía, registrada con el número 792/09, las secretarias María Teresa Matías y María José Tobio se van a la calle. La resolución cogió por sorpresa al PP que no realizó ayer declaraciones y está estudiando el asunto por si encuentran algú ... (... continúa) Jerónimo Paéz. 29 de marzo de 1983. Ideal. Después de todo lo que hemos analizado, resulta claro que el sr. Benavides no podia ir contra el sr. Millán. La conexión Daza le es necesaria. Al igual que le sucede con Joaquín Higueras. Gracias a ello y a su movilidad, se pudo montar lo que se ha dado en llamar la revolución de los catetos y el asalto al poder. Las contraprestaciones de este tinglado son tantas que al sr. Higueras, después incluso de las primeras denuncias, el sr. Benavides, bueno el sr. alcalde, le contrata como ingeniero municipal del Ayuntamiento de Almuñecar, en Enero de este año, con 50.000 ptas de sueldo. Algunos de los miembros de la Ejecutiva del PSOE deben tener el don de la ubicuidad. Lo de plata al amigo aquí va demasiado lejos, y lo malo es que la plata no es del sr, Benavides sino de todos los contribuyentes. La Comisión de Encuesta debería habernos dicho a cuantos millones de honorarios ascienden todos estos encargos, lo cobrado y lo devengado. Ya que si además de aguantarles, tenemos que pagarles, -y nada mal- por lo menos conviene que sepamos, y con nosotros, el resto de las Agrupaciones, que al parecer tanto les apoyan, cuánto cobran por servir al pueblo. Sin duda que la capacidad de trabajo para poder atender tal número de asesoramientos debe ser portentosa. Por otra parte, estamos seguros de que todos estos pueblos se los han adjudicado exclusivamente por su capacidad técnica. Hay que decir, por otra parte, que la mayoria del resto de los pueblos no tienen nada que ver con este tinglado. Viene de arriba, está en la Ejecutiva y su epicentro está en la cúspide. Su marco territorial, Almuñecar y Salobreña. Por eso se explica que el acuerdo del Comité Regional -por lo único que hasta la fecha hay que felicitarlo- de dec ... (... continúa) "Y COMO SE HA REPARTIDO EL URBANISMO DE LA PROVINCIA DE GRANADA" Jerónimo Paéz. 28 de Marzo de 1983 Terminaba ayer diciendo que lo grave del tema del Urbanismo de Almuñécar era precisamente el hecho que se hubiera contratado al arquitecto municipal a pesar de las irregularidades y de las incompatibilidades, con pleno conocimiento de dicha Corporación. Hay que tener en cuenta que a pesar de lo que se ha filtrado entre líneas, el señor Benavides no se opone a su contratación, y el encargo del Plan de Ordenación del municipio se aprueba por unanimidad. El nombramiento del arquitecto municipal se hace solo con el voto en contra del señor Francisco Aguado (PCE). (Estas son conclusiones de la Comisión de Encuesta). Sabido es, por otra parte, que el hombre fuerte del Ayuntamiento de Almuñécar no es el alcalde, sino Juan Carlos Benavides Yanguas y que en dicho Ayuntamiento, con la oposición expresa del Sr. Benavides no se contrata a nadie. A estas alturas imagino que muchos de ustedes se harán la misma pregunta que me hice en su dia. Pasé muchas horas dándole vueltas a la cabeza. Había un dato que no cuadraba. Era simplemente irracional ¿Cómo era posible que el Sr. Benavides denunciara públicamente a un arquitecto, poniendo en duda hasta su moralidad profesional, y posteriormente le nombrara arquitecto municipal y le diera el Plan General, y que estos nombramientos se hubieran hecho por unanimidad en un caso y sin su oposición en otro? Antes de contestar a esta pregunta, conviene hacer una serie de disgresiones de cual ha sido la vía para escamotear las responsabilidades políticas en este tema y pretender reducir todo este asunto a un leve error político, cuya cabeza de turco es el arquitecto municipal exclusivamente.
... (... continúa) Nicolás Maraver Hace ya casi 30 años que ocurrieron cosas en Almuñécar que son desconocidas por aquellos que en aquella época estaban en la más tierna pubertad y adolescencia política. Y resulta que el otro día, buscando unos papeles que no encontraba, me encontré con otros que pueden ayudarles a conocer la historia reciente de Almuñecar, habida cuenta de que alguno, que siempre gana, intenta manipular escribiendo y falseando la historia, utilizando recientemente la eterna complicidad de serviles y genuflexas escribanías al dictado de la voz de su amo, quien paga los salarios de sus miedos en los comentarios de periódicos digitales. Se trata de tres artículos, (que ahora digitalizo) escritos por Jerónimo Páez, entrañable amigo del colegio de nuestra niñez, denunciando en el periódico Ideal la corrupción político urbanística de entonces en Almuñécar. "De aquellos lodos, vienen estos barros", todo sea al objeto de intentar evitar, si puedo, aquello de que quien desconoce la historia está condenado a repetirla. URBANISMO EN ALMUÑECAR Y SALOBREÑA, HISTORIA ENTRE BASTIDORES (1) El abogado granadino Jerónimo Páez López ha redactado un escrito en el que resume sus opiniones sobre la polémica desatada en torno a las supuestas irregularidades urbanísticas de la costa. IDEAL publicará en tres partes dicho trabajo, ya que considera de interés para sus lectores el que conozcan la versión completa de Jerónimo Páez sobre este tema, de cuya polémica, que aún perdura, ha sido el principal promotor. Este periódico siempre ha abierto sus páginas a todos los temas de interés de nuestra provincia; lo hizo en su momento para este debate sobre el urbanismo de la costa y a ... (... continúa) Ideal El pasado verano Juan Carlos Benavides se enfrentó a la Diputación por la decisión de reemplazar al que durante la última década había sido el encargado de la oficina de recaudación de impuestos de la institución provincial en Almuñécar. El pulso se resolvió por la tangente y el Ayuntamiento sexitano decidió -con los votos de Convergencia Andaluza (CA) y del PP- romper el convenio que existía desde 1992 con Diputación para recaudar los impuestos en el municipio. Tras un procedimiento no exento de polémica, el pasado 16 de marzo el pleno de Almuñécar adjudicó definitivamente el servicio de recaudación a una unión de empresas, que ha puesto de director en su oficina a la misma persona que tenía la Diputación, Francisco Ledesma, que en la actualidad es concejal del PP en el municipio. Este es el guión del nuevo conflicto.
La Junta recurrió el acuerdo y el juzgado lo ha dejado en suspenso hasta que haya sentencia firme. Esto significa que el Ayuntamiento de Almuñécar tiene básicamente dos caminos: o recaudar los impuestos con sus propios funcionarios o delegar en algún organismo público. El diputado de Economía, José María Aponte, abrió ayer la puerta al Consistorio por si quiere regresar al servicio de la institución provincial: «No vamos a endurecer las condiciones».
Hay otro segundo recurso -presentado por IU y CGT- con similar trasfondo. El sindicato CGT apunta además que la adjudicación del pleno se produjo seis días después de que el juez paralizara el contrato, lo que podría representar un presunto caso de prevaricación. En una línea similar, el diputado ... (... continúa) Granada Hoy El responsable provincial, Manuel Morales, señala que la moción de censura "parece lo más sensato", después de que el municipio se haya declarado en suspensión de pagos. IU ha abogado hoy por un pacto entre los partidos de la oposición (PP, PSOE, IU y PA) en el Ayuntamiento de Almuñécar (Granada) mediante el cual se ofrezca un programa alternativo para gobernar el consistorio, que se encuentra en suspensión de pagos.
El coordinador provincial de IU, Manuel Morales, ha señalado hoy en rueda de prensa que, aunque la moción de censura "parece lo más sensato y más sencillo", hay otras posibilidades de acuerdo entre los partidos, por lo que espera "un ejercicio de responsabilidad" en el que no se antepongan los intereses de cada formación a los de los ciudadanos de la localidad.
Morales ha explicado que si las fuerzas políticas no se ponen de acuerdo "tendría que entrar la Junta de Andalucía", aunque esta opción es un extremo "al que no queremos llegar", por lo que ha apostado por ofrecer "una alternativa al pueblo" con un programa que permita "restaurar la normalidad en el Ayuntamiento".
Para el responsables provincial de IU es necesario que la situación no se prolongue "ni un día más", por lo que ha mandado hoy una carta a cada responsable provincial de los partidos de la oposición para concretar una reunión a lo largo de la semana y "conformar un pacto sobre el futuro de Almuñécar".
Ha denunciado la política económica llevada por el alcalde, Juan Carlos Benavides (Convergencia Andaluza), del que ha dicho que es "un cadáver político" que está permanentemente "en una huida hacia adelante" basada en el "clientelismo" existente en la localidad.
El coordinador local de esta formaci&oac ... (... continúa) GRANADA HOY Los grupos de la oposición de PP e IU en el Ayuntamiento de Almuñécar han culpado al alcalde de la localidad costera, Juan Carlos Benavides (Convergencia Andaluza), de la situación de "bancarrota" que sufre el Consistorio, que ha anunciado que se encuentra en suspensión de pagos.
Los populares han interpretado el aviso del regidor como un "reconocimiento de su incapacidad para gestionar y sacar adelante el Ayuntamiento" y han achacado la "insolvencia" actual al "enorme gasto" efectuado durante la campaña de las anteriores elecciones municipales.
Además, el PP también ha criticado la actitud del PSOE por acatar las ordenes dictadas "por sus superiores" y continuar su "guerra abierta" contra Almuñécar "sirviéndose de todo lo que tengan a mano para machacar a los ciudadanos del municipio".
Por su parte, el concejal de IU Fermín Tejero ha pedido a la oposición municipal que haga un "esfuerzo de responsabilidad" y plantee una moción de censura que "desaloje del poder" a Benavides para "acabar con el desaguisado administrativo y su nefasta gestión".
En este sentido, ha ofrecido su apoyo para dar "este complicado, pero cada vez más necesario paso" ante la "irresponsabilidad" del regidor por tratar de culpar a terceros de la situación del Consistorio.  IDEAL Los grupos de la oposición , PP, PSOE, IU y PA el Ayuntamiento de Almuñécar culparon ayer a la gestión realizada por el alcalde, Juan Carlos Benavides (Convergencia Andaluza), y nadie más, de la situación de «bancarrota» que sufre el Consistorio, que anunció este pasado viernes por sorpresa que se encuentra en suspensión de pagos. Los populares han interpretado el aviso del regidor como un «reconocimiento de su incapacidad para gestionar y sacar adelante el Ayuntamiento» y achacaron la «insolvencia» actual al «enorme gasto» efectuado durante la campaña de las anteriores elecciones municipales.
A juicio del PP, el Ayuntamiento no puede pagar por la «nefasta gestión» económica realizada por el alcalde, no por el lío judicial de la suspensión del servicio de recaudación. «Incluso, le ha venido bien esta confusión, ya que va a aparentar que no paga porque el Juzgado se lo impide». Como es habitual, el PP repartió a los dos bandos y también criticó la actitud del PSOE «por acatar las ordenes dictadas por sus superiores» y continuar su guerra abierta contra Almuñécar sirviéndose de todo lo que tengan a mano para machacar a los ciudadanos».
Desalojo del poder Por su parte, el concejal de IU Fermín Tejero fue ayer más lejos y pidió a todos los grupos de la a oposición municipal que hagan un «esfuerzo de responsabilidad» y planteen una moción de censura que «desaloje del poder» a Benavides para «acabar con el desaguis ... (... continúa) Las declaraciones que ha formulado el alcalde de Almuñécar ante los empleados municipales son una vergüenza para este municipio. Amenazar a los empleados con el impago de sus nóminas y desviar la responsabilidad hacia terceros es una muestra de irresponsabilidad y de cinismo. Un alcalde que demuestra su desprecio hacia todos los grupos de la oposición, y que ni ha sido capaz de reunir la junta de portavoces para explicar la situación está desacreditado como alcalde, quedando en evidencia una vez más sus formas caciquiles de gobernar. No se puede decir a los trabajadores que no hay dinero para sus nóminas después de tener colocados a 20 enchufados que viven de la política y que cuestan alrededor de un millón de euros anuales. Esta lista de vividores la encabeza el propio alcalde, que cobra un sueldo muy por encima del que cobran los alcaldes de municipios mucho más grandes que el nuestro, y su esposa, que cobra un sueldo fantástico por un trabajo que nadie ve. Es inmoral decir a los trabajadores que no hay dinero para sus nóminas después del derroche escandaloso que acaba de protagonizar en un referéndum que no hacía ninguna falta y que no ha servido para nada. El PGOU sigue igual acabando marzo que el día 27 de febrero. Su actitud en este tema ha sido tan cínica que se ha carcajeado de todos los ciudadanos diciendo que a él le importaba un comino lo que costase el referéndum, que era un tema que no le preocupaba. Hacer esas afirmaciones en una época de crisis y con un ayuntamiento arruinado es una grave irresponsabilidad. ¿O es que la crisis económica del ayuntamiento se ha generado en dos semanas? Todavía no nos ha dicho ni a los ciudadanos ni a los grupos municipales cuánto se ha gastado, de qué partidas ha sacado el dinero, y qué cosas no se podrán hacer porque se ha gastado el dinero previsto para otras actuacion ... (... continúa) ¿Cómo se puede decir a los trabajadores que no hay dinero para sus nóminas después de tener colocados a 20 enchufados que viven de la política, empezando por él y su esposa? ¿Cómo se puede decir a los trabajadores que no hay dinero para sus nóminas después del derroche escandaloso que acaba de protagonizar en forma de tele, pancartas, dvds, etc? ¿Cómo se puede decir a los trabajadores que no hay dinero para sus nóminas si acaba de aprobar gastos millonarios en Peña Escrita para jaulas y para muros? ¿Cómo se puede decir que no hay un auto del juez suspendiendo el contrato de la recaudación y al mismo tiempo decir que no puede cobrar los anticipos que la nueva empresa le tenía que dar? ¿Cómo se puede decir que parte de la culpa es de que la Diputación no le ha dado bien los datos informáticos si esta nueva empresa ya ha distribuido y cobrado con esos datos los dos recibos de la basura? ¿Cómo se puede negar un auto que está publicado en todos los medios de comunicación, que está firmado por el juez desde el diez de marzo y que hemos extractado en esta página en la noticia anterior? ¿Cómo se puede ser tan irresponsable, tan mentiroso, tan soberbio y tan incapaz?  El proceso para adjudicar la recaudación está viciado desde su inicio y, aunque la anulación de la adjudicación va a suponer un innegable problema, más vale que este tema se pare ahora que no dentro de unos años cuando el problema sea aún mayor. Todos los políticos y técnicos que han colaborado en esta ilegalidad son responsables del problema que ahora se le crea al municipio y al que el alcalde está obligado a dar una pronta salida para no dejar en bancarrota las arcas municipales. La irresponsable decisión adoptada por PP y Convergencia puede poner en riesgos económicos al Ayuntamiento, riesgos que acabaremos pagando todos los ciudadanos. Al margen del auto del juez, y al margen del historial de la empresa adjudicataria, con dirigentes condenados en asuntos relacionados precisamente con delitos monetarios, la gestión a cargo de esta nueva empresa ya estaba demostrando su poca eficacia y su escaso nivel de profesionalidad en asuntos tales como el mismo formato de los recibos o el reparto deficiente de los mismos, que ha dado lugar a que muchos vecinos no hayan podido pagar la tasa de basura al no ser notificados debidamente. En relación a los recibos, el concejal de IU ya denunció en Pleno que el reparto de estos recibos ha sido una auténtica calamidad y que el formato de estos no se ajusta a la confidencialidad que debe existir en un documento de este tipo ya que los datos fiscales y catastrales han estado expuestos al fisgoneo de cualquier vecino o incluso de las mismas personas que han hecho el reparto, lo que constituye un delito. Nos parece fuera de lugar el que, para dar una apariencia de administración, la empresa RECAM haya colocado un enorme escudo de Almuñécar en su oficina del P4. El escudo de la ciudad debe ser utilizado por las instituciones públicas y no por las empresas privadas. Siguiendo esta línea habría ... (... continúa) El Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Granada ha acordado la suspensión del acuerdo provisional para adjudicar el servicio de recaudación de Almuñécar a una empresa privada y ha quedado formalizado en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Granada, en Procedimiento Abreviado, el recurso que ha presentado el sindicato CGT, por medio de su sección sindical en la Diputación Provincial acerca del mismo tema. El pasado verano el Alcalde de Almuñécar y los concejales del Partido Popular de Almuñécar amenazaron a la Diputación con no renovar el convenio de gestión de impuestos que mantenía con la Diputación Provincial desde el año 1992 y que cumplía el año pasado, si no se restituía al jefe de la oficina de recaudación de Almuñécar, ya que éste no había superado un concurso de promoción interna por no alcanzar la puntuación suficiente y como consecuencia fue sustituido por otro trabajador con mayor calificación. El Alcalde de Almuñécar consumó su amenaza gracias al apoyo de los concejales del Partido Popular y aprobaron un polémico pliego que contemplaba adjudicar la recaudación a una empresa privada por un periodo de 15 años. Tras la aprobación inicial, el sindicato CGT e Izquie ... (... continúa) Ideal El Juzgado de lo Contencioso Administrativo 1 de Granada ha suspendido el acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Almuñécar que adjudicó su servicio de recaudación a una unión de empresas después de no renovar el contrato con la APAT, dependiente de la Diputación. En el auto, al que ha tenido acceso este periódico, el juez argumenta que el Consistorio sexitano «no puede escudarse en la falta de medios materiales y personales para la gestión tributaria», unas tareas que deben desempeñarse por «personal seleccionado con arreglo a los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad».
Denuncia de la Junta De hecho, recuerda que «son funciones públicas en todas las corporaciones la de secretaría e intervención», que comprende la fiscalización y control interno de los ingresos y gastos. Esta decisión judicial se produce después de que la Junta de Andalucía solicitara al juez la anulación de todos los acuerdos adoptados en Pleno en Almuñécar relativos a la suspensión del servicio de recaudación con la Agencia Provincial de Administración Tributaria de Granada y su adjudicación a la unión temporal de empresas Ferroser y Recam UTE.
La sección sindical de la CGT en la Diputación Provincial de Granada interpuso el recurso junto a la Junta de Andalucía, según informó la CGT, para denunciar la privatización. El sindicato recuerda que en el auto, se señala que el procedimiento de adjudicación «no ha contado con los informes jurídicos y económicos esenciales y concluyentes que dieran el visto bueno a esa operación». CGT añade que hay «im ... (... continúa) Coincidiendo con una nota del sindicato CGT en la que nos informaba del recurso presentado por este sindicato contra la privatización de la recaudación, nos llega la noticia de que el Juzgado de lo Contencioso nº 2 en su procedimiento abreviado 928/08 ha anulado la irregular adjudicación del servicio de recaudación municipal a una empresa privada cuyos propietarios ya habían sido retratados en estas páginas como unos señores del PP con deudas por todos sitios y sentencias condenatorias por aquí y por allá. A la espera de conocer el auto del juzgado, incluimos aquí el comunicado remitido por la sección sindical de CGT. Ha quedado formalizado en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Granada, en Procedimiento Abreviado, el recurso que ha presentado el sindicato CGT, por medio de su sección sindical en la Diputación Provincial de Granada, por la privatización del servicio de recaudación del Ayuntamiento de Almuñécar en el que solicita, además, que se suspenda la adjudicación a una empresa privada. Los motivos fundamentales que han llevado al sindicato CGT a presentar el citado recurso son varios: El argumento principal es que se ha privatizado un servicio que por su naturaleza es público, es decir, debe ser realizado por funcionarios ya que el ejercicio recaudatorio está reservado en exclusividad a la administración, al Ayuntamiento en este caso, o a otras administraciones en las que pueda delegar esa función, tal y como dispone el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales En segundo lugar que el procedimiento no ha contado con los informes jurídicos y económicos esenciales y concluyentes que dieran el visto bueno a esa opera ... (... continúa) La Justicia ha asestado un nuevo varapalo al alcalde almuñequero Juan Carlos Benavides al anular otro de los convenios urbanísticos firmados a cuenta de un PGOU aún inexistente. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 1 de Granada ha anulado el ’Convenio de gestión del sector Río Verde’ firmado entre el Ayuntamiento de Almuñécar y la sociedad ’Almuñécar Golf Río Verde’, el del polémico campo de golf en plena vega, que fue aprobado por resolución del alcalde sexitano Juan Carlos Benavides, el 11 de agosto de 2005.
El juez anula el convenio al admitir a trámite el recurso contencioso administrativo interpuesto por la Comunidad de Regantes de Río Verde de Jete y Almuñécar. La sentencia, contra la cabe recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en sus fundamentos recuerda que el mencionado convenio -suscrito con fecha 9 de febrero de 2005 entre el alcalde sexitano y los representantes de la sociedad Almuñécar Golf Río Verde- tenía como finalidad fijar la compensación en metálico que le correspondía al Ayuntamiento sexitano por la cesión obligatoria del 10% del suelo que el Ayuntamiento recibiría por la urbanización del sector denominado Río Verde en el PGOU de 2005, aún sin aprobar por la Junta. Según recoge el convenio, el Ayuntamiento iba a emplear el dinero que le correspondía de los promotores «en la construcción del parque de bomberos, el plan integral de rehabilitación del casco histórico del Castillo de Almuñécar, La Herradura y San Sebastián y otros equipamientos públicos de carácter social». Precisamente el 5% de la compensación sustitutoria qu ... (... continúa) Las quejas contra la Justicia y la Junta de la denominada Asociación de Promotores de Almuñécar no son algo nuevo. Al fin y al cabo, Trinitario Betoret y Germán Ureña no han descubierto nada. Repiten, con total exactitud, el guión ya escrito hace seis años en Marbella. Es bueno recordar la historia y aprender de ella para que no nos engañen ni nos confundan. JOSÉ MARÍA IRUJO - Marbella - 16/11/2003 Desde el pasado mes de marzo, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha acordado una medida excepcional y atípica, la paralización de 30 expedientes de obras que afectan a más de 2.000 viviendas ilegales que ya estaban siendo levantadas. Promotores y constructores aseguran que otros 23.600 apartamentos y hoteles que se están construyendo con licencias concedidas durante la etapa del GIL serán precintados si la Junta de Andalucía continúa remitiendo a la fiscalía denuncias por delitos urbanísticos. La Consejería de Obras Públicas, que dirige Concepción Gutiérrez del Castillo, ha impugnado 280 licencias de obras, por considerarlas ilegales, durante los últimos tres años. De ellas, 166 corresponden a promociones ya edificadas, 84 a bloques en construcción y 30 a obras suspendidas. "Si continuamos a este ritmo será la hecatombe total y absoluta de Marbella", augura José Prado, presidente de la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga. El pasado día 6, el hotel Guadalpin, en Marbella, fue escenario de una reunión en la que se reflejó el temor que el inesperado cambio de actitud de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA -que preside Joaquín García Bernaldo de Quirós- ha provocado en el sector de la construcción marbellí. Y en especial entre los promotores que hicieron oídos sordos a los consejos de sus abogados y aceptaron las licencias presuntamente ilegales que les proporcionó primero Jesús Gil y, tras su inhabilitación j ... (... continúa) Es difícil, dada la catarata de artículos que analizan la actual crisis, añadir algo original a lo ya escrito, por lo tanto podría ser más útil para el enfoque de nuestro colectivo esbozar algunas reflexiones capaces de responder a unos planteamientos apriorísticos que, disfrazados de novedosos, mantienen el erre que erre de los postulados neoliberales o incluso dar una nueva vuelta de tuerca en detrimento de los pocos derechos sociales que a duras penas aún se mantienen en pie. En primer lugar, situemos en el centro del debate una idea motriz, ¿quién debe pagar la crisis? Analizando las distintas propuestas pretendidamente “de choque” que han puesto en marcha los gobiernos, nos encontramos con que al final subyace la respuesta de siempre: lo hará la clase trabajadora aunque ella no haya estado en la génesis del hundimiento ni tenga responsabilidad ni en su gestación ni en su desarrollo. Y por eso resulta llamativo que mientras se nos inunda con cifras astronómicas sobre el coste del rescate financiero que, sin discusión, debe asumir toda la sociedad, no se pone el mismo énfasis en valorar a quien está golpeando con más crudeza la situación, cuales son los sectores realmente castigados y si se ha establecido como actuación prioritaria mejorar las condiciones de estos grupos sociales. La respuesta está clara: No. Desde primera hora se sigue el guión tradicional que el capitalismo pone en marcha para estos casos: asfixiarnos con números (porcentaje de parados, empresas cerradas, endeudamiento global, relación de éste y el PIB...) para que dejemos de ver tras las cifras a sere ... (... continúa) Solicita dos años y medio de prisión para el alcalde, uno de sus hombres de confianza y sus mujeres por maquinar en «connivencia» su ruptura con «finalidad defraudatoria» La Fiscalía entiende que redujeron su patrimonio para eludir la sentencia de ’Tropical Fruit’
A finales de los años ochenta el Ayuntamiento de Almuñécar -gobernado con mayoría absoluta por Juan Carlos Benavides, entonces en el PA- creó la empresa ’Tropical Fruit’ para promocionar los preciados frutos de la zona. La sociedad -con capital mayoritario municipal- empezó a funcionar en 1989 con un importante desembolso. En 1991, y contra todo pronóstico, el PSOE ganó las elecciones municipales y con ello cogió también el mando del consejo de administración de ’Tropical Fruit’.
En tan sólo dos años la empresa había acumulado unas pérdidas abultadas. Rodeados por los embargos promovidos por los acreedores, los socialistas liquidaron la sociedad. El nuevo consejo de administración puso además un contencioso en los juzgados de Motril para que se investigara el agujero económico. Según la demanda, ’Tropical Fruit’ compraba a los productores a precios que estaban por encima del mercado y después los comercializaba mucho más baratos. Este peculiar técnica derivó irremediablemente en cuantiosas pérdidas. La demanda se presentó en 1992. En noviembre de 2003 el juzgado de Primera Instancia número 3 de Motril condenó a Benavides y al resto de ... (... continúa) EFE. El alcalde de Almuñécar, Juan Carlos Benavides, anunció ayer que “tiende la mano” a la Junta para alcanzar los acuerdos necesarios en materia urbanística, tras conocer el resultado del referéndum sobre su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que la oposición tachó de “fracaso”. El 77,8% de los votantes dio el sábado el sí al planeamiento, en la primera consulta que se produce en un municipio español en relación a un documento urbanístico, aunque la abstención alcanzó el 67,6%.
Benavides aseguró que es “imprescindible” que se alcancen los acuerdos necesarios para ambas administraciones y apostó por buscar un “punto de encuentro” que permita la aprobación de la revisión del PGOU de la localidad para que cumpla la normativa. Por su parte, los grupos de la oposición –PSOE e IU– que habían pedido el voto negativo en el referéndum, tacharon estas elecciones de “rotundo fracaso” y “derroche impresionante”.
Dimisión. El portavoz socialista, Francisco Prados, señaló que el 75% de los vecinos de la localidad ha rechazado el PGOU de Benavides, por lo que consideró que “no le queda otra solución que dimitir”, mientras que el concejal de IU, Fermín Tejero, calificó de “ridícula” la participación después del “despliegue propagandístico” que se ha llevado a cabo.  Granada Hoy La oposición en el Ayuntamiento de Almuñécar consideró ayer que el referéndum sobre el PGOU celebrado el sábado en esta localidad -con una participación del 32,4% del que votó a favor un 77,8%- fue un "fracaso por las alta abstención".
El portavoz de Izquierda Unida, Fermín Tejero, manifestó que, "a pesar del derroche tan impresionante que ha supuesto este referéndum sin sentido, el alcalde, Juan Carlos Benavides, no ha conseguido llevar a las urnas a sus votantes".
La coalición de izquierdas destacó que los partidos que apoyaban el sí en el plebiscito celebrado ayer, Convergencia Andaluza, PP y Grupo Popular Independiente obtuvieron en las últimas elecciones municipales, celebradas el 27 de mayo de 2007, 8.541 votos, sin embargo, en el referéndum sobre el PGOU sólo recibieron el apoyo de 4.734 ciudadanos.
Para Tejero, eso quiere decir que sólo un 32% del censo ha mostrado su respaldo a Benavides, mientras que la cifra "es más elocuente si consideramos que ni siquiera han acudido a votar los partidarios de Benavides, ya que en las últimas municipales Convergencia obtuvo 5.326 votos".
Fuentes próximas a CA respondieron que no se puede cotejar datos de elecciones con los cosechados en un referéndum donde la participación es menor, puesto que lo único que importa "es el resultado".
El concejal de IU consideró además "ridícula esta cantidad de votos después del despliegue propagandístico tan impresionante llevado a cabo". Según, Tejero "ahora es el momento de que el alcalde explique a los ciudadanos el coste real de esta mascarada y que todos reflexionemos acerca de lo caro que nos sale mantener a este señor en la Alcaldía".
"Una vez acabada esta farsa", dijo Fermín Tejero, el alcalde de Almuñécar debe "dejar de perder el ... (... continúa) - Censo: 18.748
- Sí: 4.734
- No: 1.174
- Nulos: 63
- Blancos: 112
A pesar del derroche tan impresionante que ha supuesto este referéndum sin sentido, Benavides no ha conseguido llevar a las urnas a sus votantes. En las anteriores elecciones, Convergencia, Partido Popular y Grupo Popular Independiente sumaron 8.541 votos. Sin embargo, el número de ciudadanos que han acudido a las urnas a mostrar su apoyo al documento inicial del PGOU ha sido tan solo de 4.734. Eso quiere decir que sólo un 25% del censo ha mostrado su respaldo a Benavides. La cifra es más elocuente si consideramos que ni siquiera han acudido a votar los partidarios de Benavides, ya que en las últimas municipales Convergencia obtuvo 5.326 votos. IU considera ridícula esta cantidad de votos después del despliegue propagandístico tan impresionante llevado a cabo. Ahora es el momento de que el alcalde explique a los ciudadanos el coste real de esta mascarada y que todos reflexionemos acerca de lo caro que nos sale mantener a este señor en la alcaldía. Una vez acabada esta farsa, la situación sigue igual que el día antes del referéndum en lo que se refiere al PGOU, pero los ciudadanos han dejado claro que ya sobran esas proclamas embusteras que llevan circulando varios años en nombre de un apoyo popular que no existe. El alcalde de Almuñécar debe dejar de perder el tiempo y adecuar el PGOU a la legalidad para conseguir que, cuanto antes, Almuñécar tenga un nuevo documento que ordene la estructura del municipio en el marco de la legalidad. En opinión de IU, la decisión del pueblo está más que clara. Cualquier dirigente demócrata debería sacar conclusiones de ese fracaso y actuar en consecuencia dejando paso a otros dirigentes políticos que actúen desde el consenso y desde la cordura. Cada minuto que pase a partir de ahora sin que el ayuntamiento revise su actuación prepotente de los últimos ... (... continúa) La sentencia del Tribunal Supremo declarando ilegal parte del Hotel Bahía Tropical y abriendo la puerta a una posible demolición supone un duro golpe a la actuación del ayuntamiento en materia de urbanismo. Como bien señala la dirección del hotel, ellos han actuado en todo momento de acuerdo a las licencias concedidas por el ayuntamiento, que es el único culpable de la situación. IU considera tan lamentable como inevitable que, si la demolición llega a producirse, los vecinos tengamos que pagar una importante indemnización a la empresa propietaria del hotel. El número de sentencias desfavorables al ayuntamiento no deja de crecer y pone de relieve una política totalmente equivocada en lo que se refiere a los criterios que han regido el urbanismo en esta localidad en los últimos veinte años. Es esta actitud del ayuntamiento la que crea inseguridad a los empresarios y problemas a los compradores de viviendas. Tanto unos como otros ven como sus obras o sus casas, con todos los papeles aparentemente en orden, son declaradas ilegales con todos los problemas que ello acarrea. La solución no está, como piden algunos promotores, en acabar con la paralización cautelar de las obras presuntamente irregulares, sino todo lo contrario, en exigir a la Junta de Andalucía y a la justicia una mayor celeridad en sus actuaciones aunque no podemos olvidar que en muchos casos, la dilación de estos organismos se debe a una actuación premeditada del ayuntamiento que retrasa todo lo que puede el envío de la documentación requerida para que las licencias concedidas se puedan analizar. El ayuntamiento es consciente de que los criterios urbanísticos utilizados en el municipio durante veinte años son contrarios a la legalidad. Buena prueba de ello es que en septiembre de 2007 fue la propia Junta de Gobierno Local la que acordó cambiarlos de man ... (... continúa) El Hotel Bahía Tropical que se inauguró en el verano de 2001 podría estar obligado a demoler parte de sus instalaciones, según una sentencia firme dictada por el Tribunal Supremo que confirmaba una anterior del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
El origen del pleito son dos vecinos el origen de este fallo que presentaron un contencioso al cual se sumó otro pleito de los mismos protagonistas y otros dos de la Junta de Andalucía.
La primera demanda fue presentada contra el Ayuntamiento y contra la empresa promotora por la licencia de obras concedida el 24 de mayo de 1999 por la comisión de gobierno presidida por el PA. Posteriormente, el pleno, por unanimidad aprobó una modificación puntual para legalizar la situación pero esa modificación es nula al no haber sido aprobada por la Junta de Andalucía, que es la competente.
La sentencia del TSJA anuló en febrero de 2007 todos los actos impugnados por no ser ajustados a derecho -el estudio de detalle, la licencia y el acuerdo del pleno- e instó a demoler la construcción efectuada a su amparo en la parte que no resulte legalizable según el planeamiento (PGOU) de Almuñécar en aquella época.
La sentencia dice que se utilizó una parcela de 10.300 metros cuadrados que estaba dividida en tres partes. En una (5.707 metros) el PGOU sólo permitía construir pequeños bloques aislados. En otra (3.633 metros), chalecitos de dos plantas separados cinco metros entre sí. Y quedaban 959 metros cuadrados de zona verde privada. El PGOU sólo autorizaba cierto uso hotelero en un trozo y estaba prohibido en el resto. Lo que hizo el estudio de detalle -una figura menor que no necesita pasar por el filtro de la Junta- fue aglutinarlo todo, suprimir la separación entre edificios, fijar tres plantas de altura máxima y establecer como uso exclusivo el hotelero, recoge la sentencia del TSJA. Este documento se utilizó como soporte para conceder la licencia de obras. El tribunal considera que es indudable que se excedió en la finalidad que legalmente tiene reconocida.
< ... (... continúa) Ureña y Bertoret deben cerca de medio millón, según Izquierda Unida. Ambos encabezan la plataforma que reclama a la Junta el desbloqueo de obras paralizadas. BALTASAR G. CANO. Izquierda Unida denunció ayer que la empresa de Germán Ureña y Trinitario Bertoret, integrantes de la plataforma empresarial que respalda el Plan de Ordenación Urbana (PGOU) de Almuñécar que se votará en referéndum, adeudan al Ayuntamiento cerca de 500.000 euros por licencias de obras obtenidas durante 2006.
Para la formación de izquierdas, resulta “llamativo” que ambos empresarios –promotores de la asociación que reclama al Gobierno andaluz el desbloqueo de distintos proyectos paralizados por los contenciosos administrativos que tiene abiertos contra el Consistorio– sean los propietarios de la sociedad “morosa”
Según recordó el portavoz de la coalición de izquierdas, Fermín Tejero, en junio de 2007 el alcalde, Juan Carlos Benavides, firmó una resolución autorizando el pago fraccionado de la deuda que la empresa constructora mantenía con el Ayuntamiento, que ascendía a 872.408 euros, más los intereses por la demora de un año.
Primer pago. La sociedad, que promueve el Cercado de la Santa Cruz, satisfizo el primer plazo, pero “Ureña y Bertoret no volvieron a ingresar nada en las arcas municipales”, señaló Tejero. El portavoz de IU se preguntó, en este sentido, “los motivos por los que Benavides da tantas facilidades a esta compañía”, mientras que “con los vecinos más humildes se muestra más rígido”.
La “impunidad” de estos empresarios “contrasta” –en palabras de Tejero– con la “mano firme” que muestra el Ayuntamiento con otros vecinos que no puedan pagar impuestos o tasas municipales, ya que la junta de gobierno local aprobó el 9 de febrero la retirada de los puestos de nueve comerciantes del mercado local “que no estaban al corriente de pago&r ... (... continúa) El referéndum de Almuñécar, para apoyar una aprobación inicial del año 2005, no deja de ser una mascarada para mayor gloria de su alcalde Benavides, ya que el documento del PGOU que se baraja hoy día, no se parece en nada al que se refiere la pregunta del referéndum. Por lo pronto parece que la única ambición de este alcalde es ser "el primero" en realizar un acto de este tipo en España. No le preocupan los gastos a realizar por un ayuntamiento en quiebra, ya que se niega a confesar lo que puede costar este acto-, pero la prensa calcula que más de 41.000 euros saldrán de las arcas municipales sólo para pagar la campaña que llevan a cabo tres empresas sevillanas especializadas. A esto hay que añadir los costes propios de unas elecciones (dietas para personas en las mesas, papeletas, etc) además de cuñas radiofónicas y la puesta en marcha de su televisión, el Canal Tropical, que cerró tras las últimas elecciones municipales y vuelve a abrir, desde el 16 de enero hasta que finalice la campaña. Su parrilla se centra exclusivamente en la emisión de actos públicos y ruedas de prensa relacionadas con el Plan Urbanístico. Para aliñar más el ambiente el gobierno municipal decide subir los impuestos el 5,3% con los votos a favor de Convergencia y el PP. Sube el impuesto de coches, la zona azul, las cocheras y las terrazas de los bares, por citar algunos ejemplos. No debe extrañar esta subida espectacular, ya que se calcula que el coste global de esta campaña va salir por bastante más de 150.000 euros, que pagará íntegramente el ayuntamiento, o sea, todos los almuñequeros, y a lo que el señor alcalde, tan espléndido como siempre, considera que se ... (... continúa) La Plataforma pro-defensa de La Vega y del Litoral de Almuñecar, ante la mascarada de Referéndum que, para el 28 de Febrero propone Benavides, manifiesta: - El Referéndum someterá a consulta un PGOU actualmente inexistente, pues al adaptarlo a la legalidad urbanística, el Plan Inicial ha sufrido múltiples modificaciones.
- El Alcalde de Almuñecar, según se desprende de sus manifestaciones, solo quiere el voto favorable de los almuñequeros para adquirir fuerza y, con el poder del Referéndum que piensa ganar, presionar a las Autoridades Urbanísticas y vencerlas en "el pulso" de la negociación que desea establecer.
- A este dirigente político no le importa gastarse más de 120.000 euros del pueblo de Almuñecar, en un Referéndum no vinculante e inútil por irreal. Todo vale si su "poderío político" sale reforzado.
- La demagogia de este dirigente político raya en lo patético cuando, por su televisión puesta en funcionamiento para el evento, hace llamadas a los almuñequeros para que participen masivamente en el Referéndum, diciéndonos que lo hace para que "el futuro de Almuñecar sea una decisión del Pueblo y de quienes vivimos en el". Según parece Benavides tiene una memoria frágil y ha olvidado los muchos obstáculos y triquiñuelas legales que usaron en la fase de exposición publica del PGOU, (negar información, rechazar las alegaciones de los no empadronados, ser reacio a adjuntar las alegaciones al dossier del Plan, no contestar ni tener en cuenta lo alegado, etc. y como "broche de oro", decir ante nuestras mas de 7.000 alegaciones contrarias al PGOU: "mis alegaciones a favor del Plan son más que las que habéis presentado en contra".
- Machaconamente, sirviéndo
... (... continúa) La Opinión Izquierda Unida denunció ayer que el partido de Benavides ha colocado pancartas en edificios públicos, como la fachada del Ayuntamiento o la Casa de la Cultura, “contraviniendo la legalidad y la ética”, y que, además, utiliza para ello a los empleados públicos, que instalan la propaganda sobre el referéndum del PGOU en horario de trabajo. Según el concejal de IU, Fermín Tejero, en los edificios como el Ayuntamiento o la Casa de la Cultura “no están autorizados para colocar propaganda electoral”.
El concejal de IU considera “inmoral que el alcalde autorice extender sobre las paredes de los mismos pancartas enormes que cubren paredes enteras e incluso balcones y zonas de trabajo de los empleados municipales”. En opinión del edil de IU, seguramente “unas pancartas similares no serían autorizadas a otros partidos, porque el alcalde confunde lo público y colocando carteles y pancartas en edificios, fachadas y balcones sin autorización de sus propietarios, “utilizando la vía de los hechos consumados poniendo a los dueños de estos edificios en un aprieto ante la decisión de aceptar el cartel o enfrentarse a Benavides con los riesgos de todo tipo que ello conlleva”.
IU aseguró también que “Benavides está utilizando empleados públicos del Ayuntamiento de Almuñécar que, en su horario de trabajo, están colocando pancartas y repartiendo propaganda de Convergencia, lo cual, además de una ilegalidad, es una inmoralidad tremenda”. El edil de la coalición anunció que no va a recurrir a la Junta Electoral porque “una hipotética actuación de este organismo llegaría tan tarde que no tiene efecto alguno”.
“Esto lo sabe bien Benavides ya que todos recordamos el nulo efecto que tuvo la decisión de la Junta Electoral en las últimas elecciones, cuando prohibió a Benavides utilizar todas las farolas del municipio para su propaganda”, dijo. Para Fermín Tejero, “ ... (... continúa) La Justicia ha dicho que la casa del arquitecto es ilegal por muchos motivos: más plantas de las permitidas y más metros de los permitidos, básicamente. El alcalde tiene la competencia del control urbanístico. Hace varios años la Junta le pidió que revisara esta licencia. Ahora es el concejal de IU el que le pide que cumpla la ley. ¿Por qué tiene que dar lugar a que el concejal de IU le envíe un escrito si esa es su obligación? Ahora se descuelgan con pedir un informe jurídico para demorar el tema otros cuantos meses o años. En buenas manos estamos. Vean el acta de la Junta de Gobierno del 16 de febrero. Este es el que quiere consultar a los ciudadanos: 1.- Se da cuenta de escrito presentado por D. Fermín Tejero Mesa, Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, referente al incumplimiento de las normas urbanísticas de la vivienda de la esposa del Arquitecto Municipal, solicitando adopción de medidas para restaurar la legalidad urbanística. La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes, acordó se informe por la Asesoría Jurídica, D. Antonio Tastet. Esta licencia de obras no la ha parado la Junta sino el alcalde con un informe del arquitecto municipal, ese que tiene una vivienda ilegal de 700 metros cuadrados. Es de suponer que hay motivos suficientes para parar la obra ¿O no? Pero el tema es el siguiente: ¿cuando el alcalde para una obra está destrozando la economía local? ¿cuando el alcalde deniega una licencia de obras es porque quiere enviar a más gente al paro? ¿Puede parar obras el alcalde y no pasa nada? Suponemos que la Asociación de Promotores habrá visto el acta de la JGL del 16 de febrero: 8.- Se da cuenta de expediente a instancias de Dª Raquel Entero Royo, con domicilio en C/ Ruiseñor nº 15, La Herradura, en petición de licencia de obras para la reforma de un local para su adaptación a vivienda, local núm. 407 Marina del Este. La Herradura. Visto informe del Arquitecto Municipal, siguiente: 1) La superficie útil de la coc ... (... continúa) Izquierda Unida denuncia que el partido de Benavides ha colocado pancartas en edificios públicos (fachada del ayuntamiento, casa de la cultura, cueva siete palacios...) contraviniendo la legalidad y la ética. Aparte de que estos edificios no están autorizados para colocar propaganda electoral, IU considera inmoral que el alcalde autorice extender sobre las paredes de los mismos pancartas enormes que cubren paredes enteras e incluso balcones y zonas de trabajo de los empleados municipales. Es seguro que unas pancartas similares no serían autorizadas a otros partidos, porque el alcalde confunde lo público y lo privado. Desde IU se denuncia además que Convergencia está colocando carteles y pancartas en edificios, fachadas y balcones sin autorización de sus propietarios, utilizando la vía de los hechos consumados poniendo a los dueños de estos edificios en un aprieto ante la decisión de aceptar el cartel o enfrentarse a Benavides con los riesgos de todo tipo que ello conlleva. También se denuncia desde IU que Benavides está utilizando empleados públicos del Ayuntamiento de Almuñécar que, en su horario de trabajo, están colocando pancartas y repartiendo propaganda de Convergencia, lo cual, además de una ilegalidad es una inmoralidad tremenda. IU no va a recurrir a la Junta Electoral porque una hipotética actuación de este organismo llegaría tan tarde que no tiene efecto alguno. Esto lo sabe bien Benavides ya que todos recordamos el nulo efecto que tuvo la decisión de la Junta Electoral en las últimas elecciones cuando prohibió a Benavides utilizar todas las farolas del municipio para su propaganda. Cuando un individuo piensa que el pueblo le pertenece, la única solución es demostrarle que está equivocado y en ese sentido, lo mejor es darle la espalda en la ridícula mascarada del día 28.  Izquierda Unida considera lamentables las declaraciones de algunos promotores almuñequeros culpando a la Justicia y a las administraciones de la paralización del sector. IU considera un ataque al Estado de Derecho el intento de algunos empresarios sin escrúpulos por saltarse la ley y las normas establecidas en este país. Cuando dicen que no están dispuestos a dejar su futuro en manos de los políticos ni de los jueces, a los ciudadanos de este municipio nos gustaría saber en qué manos pretenden situar ellos el control de la legalidad. IU denuncia también la falsedad en que incurren estos promotores cuando dicen que la Junta les tiene paradas decenas de obras. Mienten a los ciudadanos de manera consciente porque en la legislación andaluza y española las administraciones autonómicas no paran las obras. Aquí, en Andalucía, en Almuñécar, las obras las puede parar un juez o un alcalde. Lo que hace la Junta, como cualquier vecino puede hacer, es presentar una denuncia o una petición para que un juez o un alcalde tome la decisión pertinente. En este municipio hay bastantes obras paralizadas por decisión del alcalde y otras han sido paradas por decisión judicial, normalmente con pruebas más que abrumadoras de la ilegalidad que se estaba cometiendo. En el colmo de la desfachatez, el alcalde permite que sigan cerradas catorce viviendas de protección oficial que ya están terminadas desde hace un año. Esas viviendas están en Citalsol, junto al antiguo campo de fútbol, y nos sorprende que no hagan ninguna mención a ellas quienes tan preocupados se mostraban por la promoción de vivienda joven que, por cierto, es una muestra clara de una ilegalidad consentida por la Junta. Junto a estas obras paradas, hay cientos de obras que la Junta de Gobierno Local ha declarado caducadas porque sus promotores no han querido desarrollarlas. Sin ir más lejos, las obras del tanatorio se han demorado más de un a& ... (... continúa) JOSÉ ANTONIO APARICIO LÓPEZ. La Opinión Eso es lo que ha decidido el alcalde de Almuñécar, disponiendo a tal fin lo que sea menester del erario público. Sin rubor ha declarado al presentarlo que no sabe cuánto puede costar, aunque por lo pronto, partiendo de los 6.000 iniciales, ya ha adjudicado 41.000 a repartir entre empresas y creativos publicitarios. Nada de roñerías, aquí todo a lo sultán de Alhucemas, que de casta y costumbre le viene al galgo. No obstante, la cosa no ha hecho más que empezar: 300 banderolas, 90 vallas y lonas faraónicos (6 y 8 metros de altura), buzoneo, reapertura de la tele del emir (cerrada desde las elecciones, que para eso la creó).
Dicen los que saben que, copichuelas, merendolas y gastos indirectos aparte, se acercará a los 150.000 euros (25 kilitos de las antiguas pesetas), sin contar tampoco la fiesta exótico orientalista, vestimentas, elefantes y sombrillitas de colores relucientes portadas por vasallo a pie y mano alzada, que nada extrañaría que preparase para la noche del autohomenaje de marras. Todo ello a desangrar de un presupuesto, el de 2007, dos veces prorrogado en el que no rezaba lógicamente partida alguna para tan superfluo autobombo.
Necesitará, y tendrá luego, el necesario voto del PP para perpetrar el endoso correspondiente a una situación económicamente difícil para cualquier ayuntamiento, menos para quien lo usa como satrapía tan ególatra como egocéntrica. Siendo mal, no es lo peor. Es peor que la excusa refrendaria padezca de estupidez intelectual: ¿Respalda usted el acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 17 de agosto de 2005, aprobando inicialmente el PGOU de Almuñécar? O lo que es lo mismo: ¿A que a usted le hubiera parecido bonito que me hubieran permitido hacer lo que ya no existe y que yo mismo he ido cambiando por ser ilegal?
Veamos: el Plan vigente es de 1987; la corporación anterior, la no ... (... continúa) Granada Hoy IU de Almuñécar ha presentado una moción al pleno para pedir que los recursos presentados ante demandas perdidas por el Consistorio sean decididos por toda la corporación, y no sólo por el equipo de gobierno, al que acusa de "retrasar todo lo posible" la ejecución de las sentencias. También le exige que acate las decisiones judiciales sobre los bajos de la Carrera y la acequia de Torrecuevas, y que desista de recurrirlas.
El grupo opositor recordó que recientemente los tribunales han dado la razón a los vecinos de las viviendas sociales de La Carrera de la Concepción, debido a que el equipo de gobierno "ha procedido de manera unilateral al cierre de algunos soportales en los edificios", actuando sobre ellos "sin el permiso de sus propietarios". Y destacó que anteriormente, "algo parecido ha ocurrido en una acequia que fue entubada en Torrecuevas sin pedir permiso a sus propietarios".
IU aseguró que las dos "han sido derrotadas en los tribunales con el argumento coherente y razonable de que las actuaciones municipales han de respetar los derechos de los propietarios". Agregó asimismo que en ambos juicios "un grupo de ciudadanos ha sido atropellado por una actuación contraria a la ley", resaltando además que "el conjunto de los ciudadanos ha tenido que dedicar parte de sus impuestos a costear unos gastos jurídicos que habrían sido innecesarios si el Ayuntamiento hubiese actuado respetando la ley".
Para la coalición "a pesar de perder estos juicios, el Ayuntamiento retrasa todo lo posible la ejecución de las sentencias" mediante la interposición de recursos, "sin importarle el coste económico que conlleva".  En julio de 2007, los vecinos de varios bloques de La Carrera mostraron su indignación por la decisión del alcalde de ocupar unos terrenos que eran de los vecinos, como son los bajos de los bloques. En aquel momento, IU mostró públicamente su apoyo a los vecinos porque no tiene lógica que el alcalde utilice esos bajos como si fueran propiedad municipal. IU le recordaba al alcalde en aquel comunicado que en los cuatro años de la legislatura anterior, había firmado decenas de convenios urbanísticos en los que podía haber incluído la cesión al ayuntamiento de algunos locales para destinarlos a uso social. Los vecinos de La Carrera no tienen la culpa de que el alcalde haya vendido todo el suelo conseguido en los distintos convenios cuando podía haber tenido locales de sobra en todos los barrios del municipio. IU le pide a Benavides que si realmente necesita algún local para una asociación de amigos suyos, que les ceda parte de su chalet, pero que no es nadie para meterse en la casa de los demás a repartirla. Recientemente, los tribunales se han pronunciado y han dado la razón a los vecinos. La sentencia ordena al ayuntamiento que reponga los soportales a la situación anterior ya que no se puede construir en un terreno que tiene sus legítimos propietarios, los vecinos. El alcalde, lejos de cumplir la sentencia y dialogar con los vecinos, ha encargado a esos abogados que pagamos entre todos, que recurran la sentencia con lo cual la ilegalidad seguirá adelante otros cuantos años y los vecinos verán cómo, aún teniendo razón, no les sirve de nada por la falta de respeto a la legalidad que muestra el alcalde. IU vuelve a mostrar su apoyo a los vecinos y ha presentado una moción ... (... continúa) Según informaciones aparecidas en los medios de comunicación, la vivienda del arquitecto municipal, además de ser ilegal, no está registrada en el catastro. De ser cierta esta información, pudiera darse el caso de que el señor Passolas no estuviera pagando el IBI o lo estuviera haciendo por una cantidad muy por debajo de lo que correspondería a una vivienda con 700 metros construidos. Igual ocurriría con la tasa de basura de 2008, que se ha pagado en proporción al valor catastral de la vivienda. El alcalde debe explicar públicamente si el arquitecto municipal paga IBI y basura, y en qué cantidades. Dado que hay miles de viviendas que, por unos u otros motivos, no pagan IBI ni basura, sería conveniente aclarar este dato porque tiene una importancia grande cara a los miles de ciudadanos que sí que se ven obligados a pagar cantidades grandes en concepto de IBI o basura. IU ha presentado igualmente una moción al Pleno en la que se pide que se abra expediente urbanístico a la vivienda del arquitecto municipal una vez que ha quedado acreditado que incumple por completo la normativa urbanística. La moción de IU pide también que se proceda a la revisión de la licencia. El señor Benavides no puede liquidar el tema diciendo que la licencia la dio otro alcalde. También fue otro alcalde quien dio la licencia para hacer el Hotel Picadilly y lo primero que hizo Benavides al llegar a la alcaldía en 2003 fue anular la licencia y parar la obra. Es obligación del alcalde iniciar el procedimiento de revisión de la licencia ya que se ha comprobado que el informe no se ajustaba a la realidad y que la vivienda tiene construidos 700 metros frente a los 158 declarados, lo que no deja de ser un incumplimiento brutal de las ordenanzas urbanísticas. Si Benavides no toma esa decisión, se convierte en cómplice de la ilegalidad de su arquitecto. IU señala la diferencia de trato entre una pasividad total ante esta ilegalidad y la contundencia ... (... continúa)Y a esta señora tampoco la conocemos. Ni sabemos dónde está su casa. Ignoramos las circunstancias concretas del aparato de aire acondicionado, pero nos ha sorprendido la contundencia, el despliegue, la tenacidad con que Benavides se ha propuesto resolver este gravísimo problema urbanístico. Lean el acta de la Junta de Gobierno del 12 de enero porque es sorprendente la fuerza que se utiliza para resolver este caso y la inactividad que se observa cuando hay verdaderos atentados al urbanismo, por ejemplo, la casa ilegal de 700 metros cuadrados del arquitecto municipal. 1.- Se da cuenta acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 14 de octubre de 2008, siguiente: “12.- Se da cuenta de expediente de disciplina urbanística 028/07 que se sigue a Dª María Luisa Berrios Peralta, con domicilio en C/ Clavelicos 21-1º, por la instalación de aparato de aire acondicionado, en el domicilio indicado, careciendo de la correspondiente Licencia Municipal. Que por acuerdo de la J.G.L. en sesión de 26.6.07, se le concedió un plazo de alegaciones. Que la interesada alegó con fecha 18 de julio de 2007. ... (... continúa) En opinión de IU, pedir a los vecinos la opinión sobre un documento que ya no existe es una estupidez que nos va a salir muy cara y que no tiene valor alguno salvo el de volver a destrozar las aceras y el presupuesto para colocar decenas de vallas publicitarias en otro rentoy de Benavides. IU no va a participar en esta mascarada. Es una pérdida de tiempo y un gasto inútil el que se nos pregunte a los ciudadanos por un proyecto que ya no existe y que aún tiene que seguir siendo modificado. Preguntar a los ciudadanos por el documento de aprobación inicial del PGOU sabiendo que ya está aprobado el documento provisional, y que aún tendrá que haber más modificaciones para llegar al PGOU definitivo, es buena gana de perder el tiempo y el dinero, en opinión del portavoz de IU, salvo que lo único que se quiera es hacer política de la mala y propaganda barata a favor de propuestas que luego no se van a concretar. Lo que tiene que hacer el alcalde de Almuñécar es adaptar el proyecto de Plan de Urbanismo a la legalidad y cuando tengamos un documento con los informes positivos de quien tiene la capacidad de darlos, entonces, que se nos pregunte a los vecinos si ese texto, que ya es legal, cuenta con nuestro apoyo. Es en ese momento cuando tiene lógica pedir a los vecinos su opinión. En todas las consultas se le ha pedido a la gente su opinión acerca de un texto concreto y cerrado, no de un borrador. Cuando se preguntó a los españoles si les parecía bien la constitución, no se les preguntó sobre el primer o el segundo borrador que habían manejado los diputados sino sobre un texto definitivo que había que aprobar o rechazar. Del mismo modo, cuando se preguntó a los andaluces si queríamos el Estatuto, no se nos preguntó por un proyecto de los muchos que estuvieron discutiendo los parlamentarios, sino por el texto definitivo, que fue respaldado por la mayoría de los andaluces, entre los que por cierto, no se encuentra el alcalde, que pensó y dijo públicamente que ese no era su referéndum. A IU le parec ... (... continúa) Vuelve a destrozar las aceras para colocar sus vallitas y pedirnos el voto en ese estúpido referéndum sobre un PGOU que ya no existe. Y lo volvemos a repetir: que ya no existe porque el documento inicial sobre el que se nos pide que nos pronunciemos ya lo ha anulado el mismo Pleno al aprobar otro documento titulado Aprobación Provisional del PGOU. Y no se parece en nada al de aprobación inicial. Así que es una solemne chorrada preguntar a los vecinos por un documento que no existe. Deje de engañar y de malgastar nuestro dinero, deje de hacer vacaciones a costa del contribuyente, gánese usted el sueldo trabajando como hacemos todos en lugar de estar fuera del pueblo la mitad del mes, y en vez de subir los impuestos un 5,3%, practique algo de austeridad y sentido común y reduzca gastos innecesarios. De la noticia de Ideal hemos entresacado este comentario de una lectora que refleja perfectamente la tontería del referéndum. Y nosotros añadimos. Haga el referéndum cuando ya esté listo el documento definitivo, ese que va al Boletín Oficial y del que no se va a cambiar una coma. Pregúntenos entonces si ese PGOU, el definitivo, nos gusta. Y entonces le daremos nuestra opinión. Mientras, tanto, váyase a hacer puñetas, señor alcalde y déjenos tranquilos. Luisa Fases del PGOU: primero, se aprueba un documento que llaman Avance. Se presentan alegaciones, se cambia de arriba abajo y se hace otro documento nuevo. Este documento se llama de aprobación inicial. Cuando el Pleno lo aprueba, se presentan alegaciones (a este se presentaron cerca de 10.000). Además, las distintas administraciones, que son las que al final tienen que construir las carreteras, los centros de salud, los colegios, los institutos, traer más agua y un largo etcétera, hacen sus informes y dicen lo que hay que cambiar a la fuerza del pgou. Entonces, se hace otro documento completamente nuevo, y ya estamos en lo que se llama aprobación provisional. El Pleno aprueba este documento nuevo y enton ... (... continúa)¿Y por qué en Almuñécar no se atreven a hacer lo mismo siendo que el caso nuestro es el mismo multiplicado por mil? Cuatro concejales del Ayuntamiento de Agrón (dos del PP y otros dos del PSOE) han denunciado en la Fiscalía al alcalde del municipio, el independiente Guillermo López Romero. Los ediles que se han aliado para destapar las presuntas irregularidades aseguran en su escrito, al que ha tenido acceso este periódico, que Guillermo López incumple sistemáticamente los acuerdos adoptados en el pleno (en el que tienen mayoría: 4 frente a los 3 del grupo independiente). En la denuncia, además, acusan al regidor de prevaricación, amenazas y robo de documentación entre otros delitos que supuestamente habría cometido. La querella inicial fue presentada el 4 de diciembre y después ha sido ampliada con otros escritos en los que se han ido añadiendo nuevas conductas presuntamente irregulares. Los ediles del PP y del PSOE consideran que la situación política y administrativa del municipio “es muy grave” y por eso piden al fiscal que adopte medidas “urgentes y de carácter extraordinario” mientras se instruyen las diligencias de investigación penal.
En la denuncia se informa de seis incumplimientos de acuerdos plenarios, la ejecución de una obra “ilegal” pese a contar con informes de los técnicos en contra y la firma de talones bancarios con menos firmas de las requeridas. El pleno de Agrón acordó dejar sin teléfono móvil oficial al alcalde y, pese a ello, denuncian que Guillermo López sigue usándolo con cargo a las arcas municipales. Otra de las irregularidades denunciadas está relacionada con la contratación de un “empleado de confianza” del alcalde, sobre la que el pleno se opuso.
Según los ediles del PP y del PSOE, el regidor “sigue contratando” a esta persona, situación que obligó al tesorero a negarse a firmar los cheques de las nóminas de este traba ... (... continúa) Así se expresan los lectores de Ideal mediante los comentarios de la página web del periódico JavierCuanto tiempo más tendremos que aguantar los almuñequeros las cacicadas de esta pandilla de sinverguenzas, el que paga no es el ayuntamiento sino el pueblo de almuñecar, que al mismo tiempo pagamos los impuestos más caros del pais.
Juan Pelaez Al final, todos los afectados lo teniamos claro, el tiempo pondria las cosas en su sitio. Y eso se esta cumpliento. Ya esta llegando la hora que estos delincuentes de guante blanco paquen sus condenas. Saludos Juan YolandaENHORABUENA,, A GRANADA SUB. JAVIER LLEVAS RAZON PERO EL PUEBLO DEBERIA DE VER QUE NO ERA NORMAL QUE CERRARA 4 EMPRESAS TODAS DEL MISMO SECTOR SALVO LA MENCIONADA EN EL PERIODOICO Y QUITARLE AL PUEBLO LOS BENEFICIOS QUE ESTAS EMPRESAS APORTABAN A LA ECONOMIA DEL PUEBLO. CACICAZOS Y SUMISOS¡Qué vergüenza de los políticos de Almuñécar y de quienes los votan! Los caciques necesitan población sumisa que los apoye. La historia de por qu´´e echaron a los de Sub es mucho más rocambolesca y tiene que ver con una presunta corrupción municipal de bastante calibre que este empresario no aceptó y de ahí le vino lqa desgracia en ese municipio. rosarioAhora que dira el ladron del benata ¿que tambien ha ganado este juicio? en los ultimos meses ya ha perdido tres juicios por abusos de poder y por su actuaciones FASCISTAS Y CHAVACANAS haber si dentro de poco en una de estas te llevan al talibe qu ... (... continúa) La sentencia entiende que el equipo de gobierno trató de beneficiar a otra sociedad del presidente de la Estación NáuticaEl Ayuntamiento de Almuñécar ha sido condenado a indemnizar a la sociedad Granada Sub, que ocupaba en régimen de arrendamiento las instalaciones municipales situadas junto al paseo marítimo Andrés Segovia y el Hotel Sol Los Fenicios de La Herradurra, por echarla para ubicar en estas dependencias la sede de la Estación Náutica. La cantidad por los perjuicios sufridos por la empresa, un centro de buceo, aún no se ha determinado aunque la sociedad calcula que será «importante». El conflicto comenzó el 21 de enero de 2004, cuando el Ayuntamiento almuñequero presentó una denuncia para que no se renovase el contrato que tenía con la arrendataria, el centro de buceo y que cumplía el 29 de abril del mismo año. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Granada desestimó entonces el recurso de apelación interpuesto por el propio Consistorio sexitano y dio la razón a la empresa, a través de una sentencia de fecha 20 de enero de 2006. El Ayuntamiento almuñequero recurrió esta sentencia de 2006 y ahora se ha conocido que la Sección Primera del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha vuelto a fallar en su contra y confirma el fallo a favor del arrendatario, contra el que ya no cabe ya recurso alguno. El Ayuntamiento echó al arrendatario porque chocaba con sus planes de fijar en el local la sede de la Estación Náutica, que se incluía en los proyectos del Plan Turístico local. El arrendatario Granada Sub recurrió la resolución de desalojo argumentando, según la sentencia, que lo que el Ayuntamiento «pretendía favorecer los ... (... continúa) Esta sentencia sólo será útil si los empleados del ayuntamiento toman nota de ella y hacen frente a las coacciones diarias que sufren en su trabajoTras la sentencia que inhabilita al aparejador municipal, IU pide el cese inmediato del Jefe de Urbanismo, el arquitecto municipal, señor Passolas, al que considera responsable último de la situación. La casa del señor Passolas es completamente ilegal, esto es algo que la sentencia deja claramente fijado. La condena del aparejador se basa en que emitió un informe ocultando las múltiples irregularidades de la mansión. No se puede perder de vista que el aparejador era y sigue siendo un subordinado de Passolas, un empleado a sus órdenes. IU culpa a Passolas de haber dejado en la estacada a la persona que permitió, con su informe, la construcción de su magnífico e ilegal chalet. Passolas usó al aparejador municipal y luego lo ha dejado tirado para que se coma el marrón él solito. La sentencia da por probado que el chalet construido por Passolas excede del número de plantas permitidas, incumple el máximo permitido de altura y excede del máximo permitido de edificabilidad. Es decir, lo incumple todo. Es inadmisible que la persona que decide si nuestros proyectos de obras se ajustan a la legalidad sea el propietario de un chalet ilegal desde la primera hasta la última piedra. El alcalde no puede mantener por más tiempo al frente del urbanismo en Almuñécar a un arquitecto que se ha construido una casa totalmente al margen de las normas urbanísticas municipales. Los ciudadanos y los promotores tienen derecho a que sea un técnico libre de sospecha el que les revise los proyectos y les diga si la obra prevista cumple o no cumple con la legalidad urbanística. Llueve sobre mojado porque el señor Passolas, además de haberse construido una casa ilegal, está siendo juzgado por la ... (... continúa) Otra vista del chalet que Gerardo informó, quizá por miedo, quizá por lealtad, como una obra legal. El arquitecto municipal bien sabía que era ilegal.  Aspecto de la obra en el que se aprecia con claridad que no se respeta ni la altura ni el volumen previsto en la zona  Esta es la mansión del arquitecto municipal que decide qué es legal y qué es ilegal. Atentó contra la ordenación del territorio al autorizar irregularidades en el chalé de la esposa de Rodríguez Passolas, el arquitecto municipal El acusado alegó en su defensa que su «interpretación de la normativa urbanística» es la que se aplica en la ciudad desde hace dos décadas Carlos Morán y Quico Chirino Se supone que una de las prioridades de un aparejador que cobra una nómina municipal es velar a por una buena ordenación del territorio. Pues bien, el técnico que ejerce esa función en el Ayuntamiento de Almuñécar ha sido condenado por hacer justamente lo contrario, esto es, atentar contra la ordenación del territorio. La sentencia dictada por un juzgado de Motril -que puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial- es clara al respecto: Gerardo García Villén, que así se llama el ahora condenado, consintió diversas irregularidades en la construcción de un chalé -casi una mansión- que es propiedad de la esposa de José Luis Rodríguez Passolas, a la sazón, arquitecto municipal de Almuñécar, un detalle que está recogido en el apartado de hechos probados de la resolución judicial y que, por razones obvias, resulta muy llamativo. La pena prácticamente coincide con la que solicitó la Fiscalía de Granada: inhabilitación especial para empleo o cargo público durante siete años, multa de 4.320 euros -en caso de impago, debería ingresar en prisión- y, además, debe pagar las costas del proceso -el Ministerio Público había reclamado un año más de inhabilitación para el encausado y una sanción económica algo más elevada-. Uno de los argumentos defensivos del aparejador, seg ... (... continúa) Quizá la persona que más se resiste al urbanismo salvaje de Almuñécar sea esta que ha pagado con su inhabilitación. El arquitecto municipal, señor Passolas, se empeñó en construirse en Cotobro una mansión acorde con su poderío económico pero no acorde con las normas urbanísticas. Esas normas están para los mindunguis, no para los poderosos. Consiguió la licencia de primera ocupación gracias al informe favorable del arquitecto técnico, Gerardo Villén. Hoy, los tribunales han decidido que ese informe de Gerardo no debió haberse emitido porque no era correcto al pretender amparar la construcción ilegal del señor Passolas. Quizá se pueda pensar que pagan justos por pecadores. Y quizá se pueda extraer alguna conclusión en positivo: los funcionarios municipales no tienen entre sus obligaciones la de callar, amparar y ser cómplices de las ilegalidades que se cometen por acción y por omisión. La historia se remonta a mayo de 2000, año en que Francisca Cantal Sánchez, esposa del arquitecto municipal, Jefe del Servicio de Urbanismo del Ayuntamiento, solicita licencia de obras para la ejecución de una vivienda unifamiliar aislada en la Calle El Olivo, de Cotobro, siendo concedida en fecha 20 de septiembre de 2000. Una vez finalizada la obra , el aparejador municipal, hoy condenado, emitió con fecha 23 de septiembre de 2002 informe favorable al otorgamiento de licencia de primera ocupación, precisando que “ No existe inconveni ... (... continúa)El urbanismo de la localidad granadina de Almuñécar ya tiene una condena. El Juzgado de lo Penal número 1 de Motril ha condenado al aparejador municipal del Ayuntamiento, Gerardo García Vilén, por un delito contra la ordenación del territorio por permitir irregularidades en la construcción de la casa de la esposa del arquitecto municipal, uno de los hombres próximos al alcalde sexitano, Juan Carlos Benavides. La sentencia inhabilita durante siete años al aparejador y le condena además a 12 meses de multa o un año de cárcel. Hay otros juicios pendientes a propósito de los supuestos desmanes urbanísticos en Almuñécar, también con petición de cárcel por parte de la Fiscalía.  El Ayuntamiento de Almuñécar tendrá que reformar el trazado de un tramo de la acequia de la Comunidad de Regantes de Río Verde, a su paso por Torrecuevas para cumplir así una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº1 de Granada que le condena a restituir este canal propiedad de la citada Comunidad de Regantes. El Ayuntamiento tapó la acequia, a su paso por el acueducto romano de Torrecuevas, con la construcción de una plaza, por lo que fue demandado por los regantes. Ahora tendrá que recuperar el canal reformando el trazado. Un proyecto que el Ayuntamiento acometerá aprovechando la llegada de las inversiones del Fondo Estatal de Inversión Local con un presupuesto de 42.837,80 euros. Esta sentencia, que atiende al recurso 365/05 del citado Juzgado, se produjo tras la denuncia de la Comunidad de Riegos y ha provocado que los técnicos municipales tuvieran que elaborar varios proyectos para acatarla. Pero además han tenido que valorar que el proyecto tenga la menor repercusión en el entorno, dado que la acequia está tapada con una plaza que incluye una zona de parque infantil. Todo ello junto al citado acueducto romano.
El Ayuntamiento construyó la plaza para embellecer el entorno del monumento, el acueducto de Torrecuevas, declarado bien de interés cultural, por lo que cualquier actuación que se acometa debe contar con el visto bueno de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Por ello, la Junta de Gobierno Local, tras conocer los informes técnicos con las distintas opciones optaron por dar luz verde al proyecto de modificación del trazado de la acequia para evitar que divida la plaza y la zona de juego con el consiguiente peligro para los pequeños. El acuerdo, junto con el informe y el proyecto de referencia, ha sido ya trasladado al Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Granada, a la Comunidad de Regantes de Río Verde y a la delegac ... (... continúa) Han perdido la sentencia. El juez ha dicho muy claro que la acequia no era de Benavides, así que él no era nadie para toquetear en la acequia. Este hombre está acostumbrado a hacer lo que le da la gana en todos lados. El pueblo entero es suyo, pero no es verdad. Las cosas tienen su dueño y es de personas educadas y respetuosas con la ley pedir permiso, hablar, dialogar, negociar, contratar, permutar... Eso es lo que hay que hacer cuando se encuentran dos intereses en conflicto, pero no, el señor alcalde tira por la calle de enmedio. Pues como ha perdido la sentencia, no quiere ejecutarla y no hace más que dar vueltas y vueltas encargando informes y más informes. Que cumplas ya la sentencia, hombre, y que antes de destrozar una cosa pienses si tienes tú la propiedad de esa cosa. En fin, esto es lo que dice el acta de la Junta de Gobierno del 15 de diciembre sobre la acequia de Torrecuevas: 5.- Se da cuenta de expediente seguido para ejecución de la Sentencia del recurso núm. 365/05, del Juzgado Cont-Admvo. Nº 1 de Granada, seguido a instancias de la Comunidad de Regantes de Río Verde, en relación con acequia propiedad de la misma, junto al Acueducto Romano de la plaza de Torrecuevas, así como de acuerdo anterior adoptado por la Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 1 de Diciembre pasado, sobre requerimiento de informe y proyecto técnico a los Servicios Técnicos Municipales. Asimismo, se da cuenta de informe, acompañado de proyecto técnico, remitido por el Arquitecto Técnico Municipal, D. Dionisio Rivas Jiménez, del tenor literal siguiente: “Se requiere de estos Servicios Técnicos Municipales la redacción de proyecto técnico a la mayor urgencia, al ... (... continúa) El Juzgado de lo Social 2 de Granada ha estimado la demanda interpuesta por una trabajadora del Ayuntamiento de Almuñécar y ha constatado que sufrió actos que atentaban contra su dignidad en el ejercicio de su empleo.
La sentencia señala la "actitud de hostigamiento, aislamiento y vacío de tareas" que sufrió la trabajadora después de ser apartada de su trabajo en ls Oficina de Turismo en una más de las cacicadas de Benavides. La sentencia señala texttualmente que a esta mujer "se le encomendaban tareas simples y sin responsabilidad, poco acordes a su calificación profesional".
Esta situación viene de 2004. Cuando la trabajadora presentó la denuncia, la Inspección de Trabajo levantó un acta de infracción con propuesta de sanción económica de 60.000 euros, cuantía que podría hacerse efectiva una vez que se declare la firmeza del fallo judicial. Se trata de un nuevo gasto al que tendremos que hacer frente con nuestros impuestos. Es el precio de tener un cacique en la alcaldía.  Hace tres años que una empresa le ganó un pleito al ayuntamiento. Esto ya no es noticia porque rara es la semana que no ocurre algo similar. A pesar de tener cerca de veinte abogados en los que gastamos un dineral, pierden una y otra vez. La razón es clara: cometen tantas arbitrariedades que algunas no cuelan de ninguna de las maneras. Pero hecha la ley, hecha la trampa. Desde que se dicta sentencia hasta que se ejecuta, hay mil maneras de dilatar los plazos para que la justicia no se aplique. Esto es lo que pasa con la empresa en cuestión, Granada Sub. En enero de 2006 ganaron el pleito, pero aún sigue el señor Benavides dando vueltas y más vueltas, enredando y gastando nuestro dinero y pidiendo informes y más informes a técnicos que lo que tenía que estar haciendo es los proyectos y las gestiones para poner en marcha las obras con los seis millones de euros que nos han dado el gobierno y la Junta. Dicen que hay un escrito del arquitecto, escrito que ni aparece en el acta ni lo conocemos, y ahora, después de ese escrito desconocido, se pide otro a la secretaria, y después le pedirán uno al asesor técnico de juicios perdidos, y luego otro a Tastet y después al señor Martín Recuerda para que valore el coste de la ejecución, y después, si la criatura que ha ganado el juicio, sigue con vida y no se ha ido a vivir a Santillana del Mar, pues igual deducen que es imposible ejecutar la sentencia y piden aclaración al juzgado. En fin, de pena y de cachondeo. Esto es lo que dice el acta de la JGL del 15 de diciembre: 2.- Se da cuenta de informe del Arquitecto Municipal en relación con acuerdo de la J.G.L. de 24.11.08, siguiente: (... continúa)
 IU denuncia una actuación gravísima del equipo de gobierno en relación a diez viviendas construidas en Las Palomas de La Herradura. La Junta de Gobierno ha decidido dar licencia de primera ocupación a diez viviendas supuestamente ilegales, y ello a pesar de que el Pleno del ayuntamiento acordó, el 3 de julio de 2008, anular la licencia de obras de esa promoción. La historia se remonta a julio de 2005 en que se concede una licencia para construir viviendas en Cerro Gordo a la promotora Estel-Sud. Un año después, el 25 de julio de 2006, la Junta de Gobierno Local aprueba la modificación del proyecto dándose permiso para construir diez viviendas en una parcela, que según la Junta de Andalucía, sólo permite construir dos. La intervención de la Junta se produce un año después y sólo porque una vecina denuncia las obras el 20 de marzo de 2007. Esta vecina denuncia que, además, las obras no cumplen la ordenanza residencial extensiva XIII porque, frente a los 6 metros de altura máxima se está levantando ‘un mamotreto de 15 m'. A raíz de esta denuncia, la Junta se dirige al ayuntamiento el 16 de abril pidiendo copia de la licencia, de los informes y del proyecto. Dado que el ayuntamiento no contesta al escrito de la Junta, esta se vuelve a dirigir al alcalde el 10 de octubre de 2007. Por fin, el 22 de octubre, el señor alcalde se digna contestar a la Junta con una respuesta sorprendente: ‘este ayuntamiento no dispone de medios técnicos suficientes para la copia de proyectos, siendo este el motivo del retraso en el envío de la documentación'. Tras muchos dimes y diretes, la Junta exigió al ayuntamiento que anulara la licencia de obras y así se hizo el 3 de julio de 2008. El Pleno anuló la licencia por entender que estaba mal dada. Sin embargo, todo cambia de repente y, basándose en un informe de Tastet, que desconocemos, la Junta de Gobierno decide ignorar el acuerdo del Pleno y concede ... (... continúa) ¡Qué poco le gusta a este alcalde ejecutar las sentencias, es decir, cumplir la ley. Hace ya casi un año que se dictó sentencia en contra de una decisión unilateral del alcalde (otra más). Destrozó, porque le dio la gana, una acequia que no era suya (a él le da lo mismo de quien sean las cosas). Perdió un juicio con la Comunidad de Regantes y todavía no ha cumplido con lo que le ordenan desde el Juzgado. Parece que ahora ya va a cumplir, pero tenemos que verlo para creerlo porque estamos demasiado acostumbrados a embustes y añagazas. En la Junta de Gobierno del 1 de diciembre viene este punto: 11.- En relación con la Ejecución de la Sentencia del recurso nº 365/05 seguido a instancias de la Comunidad de Regantes de Río Verde, Jete y Almuñécar, y como continuación del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de 7 de Abril de 2008, dada la existencia de la plaza del acueducto de Torrecuevas, y del parque infantil de la misma, y a los efectos de lograr la compatibilidad de usos de la plaza y parque infantil, con la funcionalidad de la acequia de riegos de la Comunidad de Regantes mencionada, y al objeto de dar cumplimiento a la Sentencia aludida, teniendo en cuenta las medidas de seguridad que habrían de adoptarse, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes, acuerda: 1.- (... continúa)  Benavides ha reabierto un expediente urbanístico que él mismo había ordenado cerrar. El acuerdo ha sido tomado por la Junta Local el 3 de noviembre. Bajo un aspecto meramente técnico se oculta lo que podría ser una posible venganza. El expediente urbanístico reabierto ahora de una manera sospechosa y claramente ilegal, se tramita contra un miembro del Colegio de Arquitectos. Curiosamente, este señor ha sido durante varios años presidente de la Comisión de Deontología del Colegio de Arquitectos y no podemos olvidar, cuenta Fermín, que fue este órgano el que acordó la inhabilitación del arquitecto municipal de Almuñécar por un periodo de cuatro años. El arquitecto municipal, señor Passolas recurrió ante el Colegio Andaluz esta condena impuesta por sus compañeros y también en Sevilla vieron procedente inhabilitar a Passolas, aunque reduciendo a dos años la sanción. En la actualidad, el tema está en los tribunales porque Passolas ha interpuesto un recurso contra la decisión del Colegio Oficial de Arquitectos. Inmediatamente se abrieron tres expedientes urbanísticos sobre una vivienda que la familia de este directivo del Colegio de Arquitectos tiene en Almuñécar. Es imposible no vincular ambas decisiones, ya que estamos hablando de una vivienda con más de veinte años de antigüedad, a la que, por cierto, fue Passolas quien dio la licencia. Los expedientes son tan carentes de base y tan faltos de rigor que la abogada del ayuntamiento encargada de analizarlos, emitió informe negativo. En el mismo sentido iba el informe emitido por el Servicio de Inspección Urbanística de la Junta de Andalucía. Ante la contundencia de estos informes, Benavides, mediante sendos Decretos de Alcaldía, declaró caducados los expedientes urbanísticos de esta vivienda. Además de los dos informes anteriores, exi ... (... continúa) El equipo de gobierno de Juan Carlos Benavides (CA) en el Ayuntamiento de Almuñécar deberá devolver la plaza de Subinspector de la Policía Local y abonar entorno a unos 30.000 euros, además de abonar las costas de juicios, al ex-Jefe de la Policía Local de Almuñécar, Manuel Fernández Ledesma, según ha tenido acceso IDEAL. La sentencia ya firme dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) el pasado 3 de noviembre de 2008 y hecha pública esta semana, viene a desestimar el recurso de apelación interpuesto por el Ayuntamiento de Almuñécar contra la sentencia dictada el 14 de septiembre de 2006 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo 2 de Granada, en la que estimaba la petición de Fernández Ledesma a ser reincorporado en su condición de Subinspector, con sus retribuciones correspondientes, además de ser indemnizado con las cantidades no satisfechas desde el momento de su destitución hasta el momento actual. Los hechos acontecidos, y que recoge la sentencia, recuerda que Manuel Fernández Ledesma forma parte de la plantilla de la Policía Local de Almuñécar con plaza en propiedad de Oficial, desde su nombramiento en fecha 30 de abril de 1990. El 14 de mayo de 2001, y tras un concurso oposición para cubrir con carácter de interinidad una plaza de Suboficial de la Policía Local, vacante en la plantilla, la consigue Fernández Ledesma, que desempeñaba también las funciones de Jefe de la Policía Local de Almuñécar. Con fecha 24 de mayo de 2005, Fernández Ledesma, presenta su dimisión como Jefe de la Policía Local, «ante las desavenencias que mantenía con el equipo de gobierno y en especial con los máximos responsables de Seguridad Ciudadana, el alcalde, Juan Carlos Benavides y el entonces concejal del área, Daniel Barbero», lo cual es aceptado en resolución de Alcald&i ... (... continúa) La sentencia de la urbanización El Faro es fruto de un recurso interpuesto por la Comunidad de Propietarios de Marina del Este y las actuaciones se remontan a unas licencias de obras concedidas diez años antes, en 1997, a la empresa Doble Cote SL. El TSJA ha anulado las licencias y también las licencias de primera ocupación al entender que se vulneró el PGOU otorgando a las parcelas más edificabilidad de la que se permitía en la zona. En concreto, la sentencia dice que de los cuatro mil metros cuadrados construidos, mil de ellos superan lo previsto en el Plan de Urbanismo. Asimismo, la sentencia concluye que las viviendas no se han retranqueado los tres metros que indica la norma urbanística para la zona. El fallo criticaba duramente al ayuntamiento por haber dado la callada como respuesta a los escritos que le ha presentado la Comunidad de Propietarios de Marina del Este. La sentencia establecía con claridad además que en las pocas ocasiones en que el ayuntamiento se expresó sobre el tema fue para justificar la legalidad de las obras. Para IU, es sorprendente observar la cantidad de obstáculos legales que los abogados del ayuntamiento han ido colocando en todo el proceso para evitar que los vecinos obtuviesen un fallo favorable. En primer lugar, se impugnó la capacidad del presidente de la Comunidad para presentar la denuncia. Cuando la Comunidad aporta todas las actas de asambleas en que el tema se había tratado, se argumenta que la demanda va fuera de plazo y con posterioridad se buscan hasta tres razones técnicas más para conseguir que la demanda no prospere. El TSJA desestimó todas las objeciones del ayuntamiento y acabó fallando contra éste, considerado como el único culpable al haber dado unas licencias que incumplen el PGOU.  El ayuntamiento está burlándose de la justicia y de los ciudadanos al retrasar con distintas estratagemas la ejecución de una sentencia que declara ilegales 32 viviendas de Marina del Este autorizadas por Benavides en 1997. Los propietarios de esas casas de la Urbanización El Faro están indignados con Benavides al que consideran responsable de la situación de ilegalidad en que se encuentran sus viviendas. Hace ya año y medio, el 12 de marzo de 2007, el TSJA dictó sentencia obligando al ayuntamiento a demoler el exceso de edificación construido en la urbanización. Pues bien, desde esa fecha están los vecinos esperando que la sentencia se ejecute mientras sus viviendas están en una situación de total ilegalidad. Los vecinos argumentan, en un escrito entregado en el ayuntamiento, que, como es lógico, desconocían la situación de ilegalidad ya que ellos compraron las viviendas con la licencia de obras y la licencia de ocupación. La actuación del ayuntamiento, argumentan, ‘nos ha colocado en una situación de ilegalidad sobrevenida con los consiguientes daños y perjuicios que ello necesariamente nos conllevará y que ya nos está suponiendo (no poder vender la vivienda, por ejemplo)'. Los propietarios de las viviendas se quejan ya que ‘la sentencia ordena a ese ayuntamiento la reposición de la legalidad sin que hasta la fecha esta parte tenga conocimiento de que esa corporación haya iniciado trámite alguno tendente a dar cumplimiento a la sentencia. La inactividad de esa corporación sólo está causando indefensión a los propietarios que, como nosotros, nos hemos visto afectados, además de agravar y prolongar en el tiempo los perjuicios producidos.' El escrito de los propietarios concluye solicitando del ayuntamiento ‘que adopte las medidas necesarias para, dando cumplimiento a la sentencia del TSJA de 12 de marzo de 2007, reponer la legalidad de nuestra vivienda de la forma menos lesiva posib ... (... continúa) El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, ha declarado la "actitud entorpecedora" del alcalde de Almuñécar, Juan Carlos Benavides, por no haber facilitado a la institución la información que se le solicitó sobre un asunto urbanístico, después de que llegara una denuncia sobre la supuesta instalación de una gasolinera en una parcela que estaba destinada a uso o equipamiento deportivo. En el curso de las investigaciones desarrolladas con motivo del citado expediente se ha procedido a solicitar la colaboración del alcalde al objeto de obtener la información necesaria para la aclaración del asunto planteado en la queja recibida. Ante la falta de colaboración mostrada por la citada autoridad y en aplicación de lo dispuesto en los artículos 18.2 de la Ley del Defensor del Pueblo Andaluz y el 26.3 de su Reglamento de Organización y Funcionamiento, el Defensor del Pueblo Andaluz ha dictado resolución por la que se declara la actitud "entorpecedora" de Benavides. Según consta en el escrito del defensor, con fecha 11 de enero de 2007 se le reclamó un informe al alcalde, sin que se obtuviera respuesta, por lo que la institución se vio obligada a requerir en otras dos ocasiones dicha información, mediante peticiones realizadas el 22 de marzo y el 18 de mayo de 2007. Como quiera que tampoco se obtuvo contestación, el 10 de agosto de 2007 se le dirigió un nuevo escrito en el que se indicaba expresamente que "ante tal situación, resulta oportuno recordar (como ya se la hacía saber en anteriores escritos) que el artículo 19.1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, reguladora del Defensor del Pueblo Andaluz, señala que los poderes públicos están obligados a auxiliar, con carácter preferente y urgente, al Defensor el Pueblo And ... (... continúa) Cuando El Mirlo tenía aún la concesión de la limpieza, una de las cosas que Benavides usó en su contra era acusarle de que el local donde guardaban los camiones no era legal porque estaba en suelo no urbanizable. Ahí ha estado siempre, por supuesto, pero en los últimos meses ese tema ya se había vuelto importante. Antes de que les diesen la patada en el culo, los responsables del Mirlo protestaron contra todas y cada una de las acusaciones que les hacía el ayuntamiento. En esa larga serie de recursos, pusieron uno contra el escrito del ayuntamiento que les venía a decir que se buscaran otras cocheras porque esas estaban en suelo no urbanizable. Ya ves, lo mismo que le dice la Junta a Benavides cada dos por tres cuando él decide construir cualquier instalación. Pues bien, ahora que el dueño de las cocheras no es El Mirlo, sino otros que, hoy por hoy, son amigos, resulta que ese terreno ya no es problema. Ahora no es suelo no urbanizable sino urbanizable y lo que le dijeron al Mirlo se debió a un lamentable error. ¿Alguien de los que tienen poder hará algo para frenar esta lista interminable y escandalosa de errores? Porque también dijeron que había un error para intentar que las 14 viviendas de Citalsol, que aún siguen cerradas, dejaran de ser de protección oficial. Cuántos errores para una gente tan profesional. Este es el acta de la Junta de Gobierno del 3 de noviembre: 3.- Se da cuenta de recurso de reposición interpuesto por D Guillermo Contreras Manrique, en representación de Servicios Integrales El Mirlo, S.L., con domicilio en C/ Nécora 5-4º, 18003-Granada, contra acuerdo de la J.G.L. de 3.9.08, sobre usos y ubicación a ... (... continúa) La Junta de Gobierno del 29 de octubre ha decidido, modificando un acuerdo de ese mismo órgano del 22 de septiembre, dar licencia de primera ocupación a 15 viviendas construidas en el vial 98 de Cotobro. Hace un mes, el acuerdo de la Junta de Gobierno fue el de no conceder la licencia solicitada hasta que los tribunales resuelvan sobre un recurso interpuesto por la Entidad Urbanística de Conservación de Cotobro. (recurso contencioso-administrativo 170/2006)El acta de esta reunión decía textualmente: La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes, acordó: Desestimar la Licencia de Primera Ocupación solicitada hasta tanto se resuelva el recurso administrativo en trámite. Un mes después, a instancias de no se sabe quien, el abogado Antonio Tastet emite un informe señalando una posible solución al problema. Se trataría de conceder la licencia siempre que la empresa se comprometa por escrito a no pedir daños y perjuicios en caso de que los tribunales declaren que esas viviendas son ilegales. Este acuerdo es preocupante para las personas que pudiesen comprar las viviendas ya que la empresa promotora está comprometiendo el futuro de esta inversión si en unos años los tribunales deciden que esas viviendas han de ser demolidas. Esta política urbanística del ayuntamiento es, a su vez, una fuente de problemas para las arcas municipales, ya que, además del gasto enorme que tenemos que soportar en abogados y procuradores, nadie nos puede garantizar que estos ciudadanos que compren su vivienda en Cotobro vayan a renunciar tan fácilmente a pedir daños y perjuicios al ayuntamiento aunque la promotora haya asumido ese compromiso. Con actuaciones como ésta, tenemos a cientos de vecinos estafados en distintas urbanizaciones, siendo la más reciente la promovida por Doble Cote en La Herradura. Los propietarios de estas viviendas, que sin duda compraron de buena fe, ahora se encuentran con que su casa es ilegal y tiene q ... (... continúa) Cientos de manifestantes, miles de alegaciones y, por último, once concejales que quieren bajar la tasa de basura, pero el alcalde dictador no permite que los representantes legítimos de los ciudadanos voten en el Pleno. Cualquier postura de justificación o excusa es inmoral. Este tipo está ahí burlándose de la ley porque demasiadas voces callan, toleran y aprueban (según los momentos y temas). Almuñécar no se merece que un sujeto así esté al frente del ayuntamiento. Ya es hora de que los ciudadanos demos un paso al frente y dejemos la pasividad y el conformismo ante lo que es una inmoralidad. ¿Cómo se puede permitir que este personaje hable de democracia, de referendum y de participación? Mancha esas palabras cuando las pone en su boca  Y en otro periódico digital de la comarca viene una interesante columna firmada por El Vándalo. El análisis es certero. Señor alcalde, sus palabras ante los promotores el día antes de dar a conocer la sentencia sobre el pgou tienen demasiadas contradicciones, aunque ya sabemos que eso no le preocupa demasiado. Hace cinco años, usted y sus amigos de la Asociación de Promotores alarmaban sobre la falta de suelo. Era urgente, vital, imprescindible, aprobar lo antes posible un PGOU nuevo porque de lo contrario, el pueblo quedaría sumido en la ruina. Y además, no cualquier PGOU, no el del PP-PSOE, sino el de ustedes, el de las 30.000 viviendas, los cuatro campos de golf y el puerto deportivo en la Sandovala. Sin ese PGOU no había futuro. Consiguieron convencer al PP para echar atrás aquel PGOU que, con todos sus defectos, era bastante menos malo que el que parieron ustedes unos años después y que aún sigue dando tumbos en busca de una legalidad que anda lejos de conseguir. Ahora, cinco años después de aquellas declaraciones catastrofistas, usted dice la verdad: hay suelo más que de sobra para seguir construyendo en Almuñécar. Que nadie se alarme, es su intención. Bien, pero entonces usted tendrá que explicar por qué ha bajado de manera tan alarmante el ritmo en la construcción. Y en esa pregunta usted lanza otra respuesta falsa: la construcción tiene problemas por culpa de la Junta y de todos aquellos que ponen trabas legales. No mienta usted tanto. En diez años se ha construido lo que tenía que haberse construido en 30 y se han puesto unos precios imposibles de asumir. Y ahora ya no hay a quien vender porque tenemos los bolsillos vacíos. Esa y no otra es la situación. El verdadero problema es que no tenemos instrumentos legales para echarle el guante a quienes se lo han llevado calentito. Esta es la columna del Vándalo: Leo en estas mismas páginas que en Almuñécar todavía queda suelo para construir más de cinco mil viviendas y otra ... (... continúa)Después de estar años y años trabajando de manera altruista con corporaciones de todos los colores, el ayuntamiento ha acordado dar fin a la colaboración que mantenía con la Asociación de Amigos Cueva Siete Palacios El 8 de septiembre se tomaron por la Junta de Gobierno dos acuerdos en este sentido. El primero consistía en quitar a esta asociación la organización de la cabalgata de reyes para dárselo a una asociación recién creada denominada con el curioso nombre de Hada madrina. La segunda decisión era la de echar a la Asociación Amigos de Cueva Siete Palacios del local municipal que tenían cedido y no ofrecerle otro. Recordemos que en Almuñécar hay un sinfín de asociaciones que se crearon para apoyar el PGOU, a las que les fue cedido un local para sus actividades. Miguel Torres, presidente de la asociación caída en desgracia, envió un escrito al ayuntamiento pidiendo que, al menos, se les permita mantener la cesión durante y mientras no se destine a otro fin, procediendo a su desalojo en el momento en que sea cedido a otra asociación. La Junta de Gobierno del día 29 de septiembre, en respuesta al escrito, acordó por unanimidad, denegar lo solicitado y participar a la Asociación Amigos de Cueva 7 Palacios que dicho local se ha adjudicado a otra asociación, organizadora de la Cabalgata de Reyes 2009, debiendo desalojarlo tal y como se indicó en anterior acuerdo (J.G.L. 8.9.08). Decisiones de este tipo merecen una explicación a los ciudadanos porque estas personas llevan media vida trabajando y colaborando gratis con el municipio, al margen de quien haya gobernado en el Ayuntamiento, y no se les puede tratar de esta manera. IU pide que se explique si es que estos vecinos se han portado mal en algún momento, en cuyo caso sí que estaría justificado quitarles el local y pedirles responsabilidades, pero si no es así, si estas personas han organizado la cabalgata al gusto de todos, si no hay problemas ocu ... (... continúa)Ya hemos informado hace diez días de la decisión del equipo de gobierno de quitar a la Asociación Amigos de Cueva Siete Palacios la organización de la cabalgata y echarlos del local donde se reúnen y guardan sus materiales (carrozas, imágenes, vestuario, etc). Quizá con la secreta esperanza de que la decisión pudiera cambiarse, han escrito una carta pidiendo que, al menos, se les deje seguir en el local que hasta ahora vienen utilizando. La respuesta contundente y escueta viene en el acta de la Junta de Gobierno del 29 de septiembre: 4.- D. Miguel Torres, Presidente del Grupo Amigos de Cueva 7 Palacios, en relación con escrito de este Ayuntamiento por el que le interesan el desalojo de la sede sita en C/ Laderas de Castelar nº 52, solicita se les permita mantener la cesión durante y mientras no se destine a otro fin, procediendo a su desalojo en el momento en que sea cedido a otra asociación. La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes, acordó denegar lo solicitado y participar a la Asociación Amigos de Cueva 7 Palacios que dicho local se ha adjudicado a otra asociación, organizadora de la Cabalgata de Reyes 2009, debiendo desalojarlo tal y como se indicó en anterior acuerdo (J.G.L. 8.9.08). Eso es lo que hay. Y después, como es previsible, vendrá la negativa del cacique para que esta asociación organice la pasión viviente. Y si no, al tiempo. Es de suponer que ya tendrá buscado el recambio. Siempre hay personajes que no tienen escrúpulos y están prestos para intervenir en ... (... continúa) El Sr. Benavides vuelve a acosar al Centro de Educación Ambiental Karanda con la misma estrategia y parecidos argumentos a los que viene usando desde hace ya tres años y medio. Por mucho que pretenda enmascararlo, toda la actuación del alcalde es una pura represalia por la postura mantenida por mi persona en Defensa de la Vega del Río Verde y en contra de los planes depredadores del equipo de gobierno en el nuevo PGOU de Almuñécar. Esta actitud vengativa del alcalde le ha costado a la empresa de la que formo parte más dinero del que nunca hemos ganado con el camping, pero el objetivo verdadero del señor Benavides es intentar silenciar y desprestigiar la voz de unas personas que decimos lo que pensamos, que no nos callamos y que hemos tenido la osadía de situarnos claramente enfrente de su política urbanística. Esa es la única razón de que se nos haya abierto un expediente que, batiendo todos los records, lleva abierto ya 42 meses y no tiene visos de terminar. Desde hace tres años venimos exigiendo la terminación de este expediente y que el Ayuntamiento nos diga fundamentada y razonadamente como establece la LOUA, qué tenemos mal y qué tenemos que hacer para solucionarlo, tal como confirma dice la sentencia de 5/08 de 8-1-8. Y sin embargo, tenemos que decir que ya hay, desde enero, una sentencia firme que nos da la razón por completo. El Juzgado de lo contencioso nº 3 de Granada en sentencia 5/08 de 8 de enero de 2008 dio la razón a Fermín Tejero representando a Colibrí CB y KARANDA S.L. (propietarias del Centro de Educación Medioambiental). La sentencia obliga al ayuntamiento a anular todo el expediente urbanístico iniciado en 2005, por la manifiesta indefensión en que se había colocado a la sociedad. A fecha de hoy, el Ayuntamiento aún no ha cumplido la sentencia, y para mantener abierto el expediente y cerrado el camping se presenta el 21-01-08 ante la Junta Local de Gobierno (13 días despu&eacut ... (... continúa) El camping de La Herradura ha sido precintado esta semana por decisión de la Junta de Gobierno. Su dueño se fue hasta el último Pleno, pancarta en ristre a protestar. Ayer, una decena de familiares y empleados se manifestaron en las puertas del camping. La información de este tema venía así en el periódico Granada Hoy del cuatro de octubre: La falta de licencia de apertura es, según el Ayuntamiento de Almuñécar, el motivo por el que el jueves fue precintado y desalojado el Nuevo Camping La Herradura, tras una orden judicial dictada hace un mes. El propietario, José López Pozo, reconoció la situación, aunque cargó contra el alcalde y el ingeniero municipal por considerar que todo se trata de una campaña en su contra. El camping, admitió, no tiene licencia "como tampoco están en regla otros muchos negocios, pero Benavides lo ha tolerado hasta que le ha parecido conveniente".
El Consistorio explicó que el cierre se produjo porque "carece de licencia, requisito indispensable para que cualquier establecimiento pueda abrir al público". Y añadió que el empresario "sólo debe regularizar la situación del negocio". Hace poco, pudimos informar de que el camping de La Herradura seguía abierto a pesar de la orden de desalojo. Hoy, la situación es distinta. El camping ha sido precintado. Ya tenemos dos campings cerrados en el municipio. Y aunque los motivos sean distintos, hay ciertos elementos de reflexión. El dueño del camping de La Herradura lo ha dicho públicamente. Y ahora es el momento de que nosotros insistamos en ese hecho: el camping ha estado abierto once años a pesar de no tener licencia de apertura. Benavides lo ha tolerado, afirma el propietario del camping. Ese es el principal motivo de oposición por nuestra parte a este señor alcalde. No cumple ni hace cumplir la ley. Ese camping, con la ley en la mano, no se debía haber abierto. Pero, como bien dice su dueño, el alcalde lo ha to ... (... continúa)De nuevo, la Junta se dirige por escrito al ayuntamiento para recordarle que cuando hay una irregularidad urbanística tiene que intervenir. En esta ocasión se trata de 15 viviendas en Cotobro. Dado que las denuncias de los vecinos caen en saco roto y el ayuntamiento se inhibe dejando que los plazos transcurran y las barbaridades se consumen, los vecinos tienen que ir a denunciar ante el Seprona para que se haga algo. La respuesta del ayuntamiento, que conoce perfectamente los hechos porque la denuncia lleva bastante tiempo rodando, es, de nuevo, dilatoria. Se acuerda pedir un informe para dejar que siga pasando el tiempo y de nuevo estemos ante otro problema de viviendas ilegales con personas viviendo en ellas. Este es el acuerdo que tomaron en la Junta de Gobierno del 8 de septiembre, 3.- Se da cuenta de expediente de Licencia de Primera Ocupación de la construcción de 15 viviendas en Urb. Cotobro, vial nº 98 del PGOU 97, a instancias de Alterna, Alternativas Empresariales y Comerciales, S.L., y de escrito de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, D.G. Inspección de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda, sobre “Requerimiento ejercicio potestades disciplina urbanística”, referente a denuncia interpuesta ante el SEPRONA de Motril por D. Antonio Blanco Cabrerizo, relativo a ciertas irregularidades urbanísticas en la construcción en suelo Urbano de 15 viviendas unifamiliares en la zona conocida como Cotobro, e indicando las potestades de disciplina urbanística que pudieran corresponder a este Ayuntamiento en relación con tales hechos(... continúa) Se ha permitido una construcción irregular, otra más. Hay una sentencia que dice que hay que proceder a la demolición de lo construido irregularmente. Y el ayuntamiento da vueltas y vueltas, quiza porque como ellos mismos dicen, en ocasiones, al llegar las sentencias tan tarde, es peor el remedio que la enfermedad. El acta de la Junta de Gobierno del 8 de septiembre da a entender que no saben qué hacer con el marrón y prefieren pasar el tiempo de informe en informe. 1.- Se da cuenta de informe del Arquitecto Municipal, referente al interesado por la Asesoría Jurídica sobre la forma de cumplir la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada, emitida en el recurso de apelación núm. 0509/2001 dimanante del procedimiento ordinario núm. 2/1998, seguido ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo núm. uno de Granada, y haciendo referencia a los expedientes de disciplina urbanística iniciados a Doble Cote, S.L., por la Oficina Municipal de Urbanismo, núms. 16X/08, 17X/08, 18X/08 y 19X/08, entendiendo que con dicha apertura y tramitación se está dando cumplimiento a la citada Sentencia. Que para el establecimiento de la legalidad urbanística, entendiendo por esta la que se señala en el Fundamento de Derecho Undécimo de la repetida Sentencia, habrá que eliminar todas aquellos semisótanos que no guarden la separación de tres metros a v&iac ... (... continúa) Granada Hoy Guillermo Ortega Hace ya bastantes años que se emopezó a hablar de la judicialización de la vida política, cuando quienes están en la cosa pública empezaron a llevar -o a verse llevados- a los juzgados, las más de las veces por presuntos delitos relacionados con sus cargos, como los cohechos, las prevaricaciones o las injurias. Aunque en realidad lo de insultar no forme parte de sus atribuciones, es de lo más habitual.
Ver a políticos en el banquillo o declarando ante un juez ya no constituye novedad. Sin embargo, esas comparecencias siguen levantando expectación. En Granada, los casos más significativos han llegado a las portadas. Y este nuevo curso político no va a estar falto de noticias que relacionan a políticos y juzgados, porque hay muchos casos pendientes.
Uno de los que más revuelo armó fue el del ex diputado nacional del PP José Luis del Ojo, imputado por una presunta prevaricación administrativa en la adjudicación del pabellón polideportivo y la Casa de la Cultura de Ogíjares, donde fue concejal de Urbanismo. Del Ojo acudirá a declarar el próximo día 24 al juzgado de Instrucción número 5.
También por prevaricación está imputado su compañero de partido Ignacio Fernández, alcalde de Otura. La Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo entiende que él y otros cuatro concejales pudieron delinquir al recepcionar obras y licencias de primera ocupación para una urbanización de 50 viviendas sobre la que los técnicos habían informado negativamente en varias ocasiones.
La mencionada Fiscalía de Medio Ambiente también aprecia indicios de delito en l ... (... continúa) El señor que dijo que muchos trabajadores del Mirlo eran un cáncer que había que extirpar no ha logrado convencer a ningún grupo de que lo mejor para el pueblo y para los trabajadores es cargarse a la empresa de limpieza. El señor que ahora trata de indignos e inmorales a los dueños de la empresa y que se niega a recibirlos es el mismo que hace un año decía que los trabajadores eran los culpables de todo y que la gestión de la empresa era intachable. Por ahora, Benavides no ha conseguido su objetivo: cargarse a la empresa para que en su lugar venga otra que sea más dócil y/o que tenga más dinero para aguantar meses o años sin cobrar. El alcalde no quiere reconocer que la responsabilidad de que el pueblo esté sucio es de él mismo. Fermín le ha dicho que si quiere rescatar el servicio, adelante, que pase a los cien trabajadores a la plantilla del ayuntamiento y tendrá el voto de IU. Pero no es eso lo que quiere el cacique. Quiere una empresa sumisa que, para empezar, suelte para el periódico Costa Tropical la misma cantidad que soltaba el anterior dueño del Mirlo. A partir de hoy mismo, ya sabemos lo que va a pasar. Este individuo, que no sabe perder y que desconoce el significado de palabras tales como democracia, mayoría o consenso, apretará aún más las clavijas a la empresa con el único objetivo de asfixiarla y obligarla a que sea la propia empresa la que se retire y pida la ánulación del contrato. Ese es el objetivo inmediato de Benavides. No había más que oírle en el Pleno o verle la cara de soberbia y de rabia para saber cuales son sus primeros pasos. Antes, tendrá que preparar la maleta para el nuevo viaje que se han montado a Alemania. Comer salchichas y beber cerveza. Y después, a seguir golpeando. Que para eso cuenta con una plantilla magnífica de personajes que están dispuestos a firmar los informes que sean necesarios para demostrar lo que ya sabemos todos que se quiere demostrar. La empresa, a pesar de que el ayuntamiento sigue sin pagar, se ha comprometido a pagar a los trabajadores las nóminas atrasadas, así como 900 euros que les adeuda por aplicación del convenio. Este compromiso, logrado el miércoles 10 de septiembre en el SERCLA, ha motivado la suspensión temporal de la huelga. Los trabajadores están satisfechos y esperan que la empresa cumpla sus compromisos. En caso contrario, irían a la huelga a finales de septiembre. El alcalde sigue empeñado en quitar la concesión al Mirlo y lleva al Pleno del Viernes su propuesta de rescatar la concesión. Si consigue algún voto despistado o interesado, Benavides habrá conseguido su objetivo, el que se marcó hace un año cuando decidió dos cosas: una, acabar con esos trabajadores a los que llamó cáncer, y a los que hoy se dirige en términos elogiosos con la misma ternura con que la cobra hipnotiza a sus víctimas antes de asesinarlos; el otro objetivo marcado hace ya un año era el de darle la concesión a otra empresa que acepte todas las peticiones del cacique. Recordemos que uno de los hechos que coincidió con el inicio de esta guerra fue el impago por parte de la empresa de unas cantidades que la anterior empresa pagaba como gastos de publicidad en medios de comunicación locales, es decir, la tele y el periódico del partido del alcalde. 2.684€ cada año es una cifra ridícula, en nuestra opinión, para un partido que maneja dinero a espuertas, pero a Benavides no le gusta que le toquen ni una peseta, así que no le ha gustado que esta empresa se haya pasado por el forro el pago de esos euritos que venían llegando puntuales cada año para ayudar a financiar el periódico y la tele. IU felicita a los trabajadores de la limpieza y a los vecinos de Almuñécar IU felicita a los trabajadores de la limpieza por su capacidad de sacrificio, la unidad que han demostrado en este conflicto y su resistencia ante las presiones recibidas. Igualmente, IU felicita a los vecinos de Almuñécar y visitantes porque el conflicto ha terminado y por fin podremos ver nuestra bella ciudad limpia. IU critica la actitud irresponsable del alcalde que ha permitido que el pueblo se llene de basura sin haber mantenido ni una sola reunión con los trabajadores y la empresa. Ayer mismo, cuando se llegó al acuerdo que ponía fin a la huelga, no asistió a la reunión en el SERCLA ningún representante del ayuntamiento a pesar de estar invitados. Tenemos que insistir en que el alcalde es el responsable de que funcionen los servicios municipales, y éste es un servicio municipal. No conocemos ningún alcalde que haya tenido una huelga de limpieza y que no haya intentado reunir a las parte implicadas para tratar de alcanzar un acuerdo. IU censura las palabras que el alcalde ha dirigido a los representantes legales de los trabajadores calificándolos de ‘cáncer que hay que extirpar’. Es una vergüenza que una persona que nos representa a todos los almuñequeros hable así de vecinos suyos, trabajadores honrados que apenas alcanzan con su sueldo para sacar adelante a su familia y que cobran en un mes lo que el señor alcalde se gasta en un día de vacaciones. El alcalde debería pedir perdón a todos los trabajadores almuñequeros pues sus palabras, sin duda poco ... (... continúa)Hace un año, el alcalde viajero dijo dos cosas importantes: la primera, que tenía intención de rescatar el servicio; la segunda, que tenía ganas de quitarse del medio a todos aquellos trabajadores que tuviesen la fea costumbre de pelear por sus derechos. A los trabajadores combativos los llamó cáncer. Y algunos de ellos hoy están en el paro gracias a las presiones de Benavides. En su nuevo reto de ahora, el alcalde viajero quiere quitarse del medio a la empresa para que otro empresario más 'enrollao' lleve el tema. Sin lugar a dudas, otros trabajadores irán al paro una vez que un nuevo empresario más obediente a las consignas de Benavides coja las riendas. Esto es lo que decía la prensa hace un año. Conviene no olvidarlo:  Granada 08-08-2007
Benavides anuncia que rescatará la concesión de 'El Mirlo' y despedirá a los empleados si la huelga no concluye
El alcalde de Almuñécar (Granada), Juan Carlos Benavides (CA), amenazó hoy con rescatar el servicio de limpieza con la rescisión del contrato a la empresa 'El Mirlo' y despedir a todos los trabajadores que secundan la huelga en el municipio, en el caso de no resolverse el conflicto.
Así lo afirmó hoy en una rueda de prensa en la que acusó al comité de empresa de ser un 'cáncer a extirpar' para Almuñécar, ya que, según indicó, 'dio instrucciones' a los trabajadores para que los servicios mínimos no recogieran anoche 'ni el diez por ciento de lo que se recoge en un día normal' de verano.
Benavides reiteró la decisi&oacut
... (... continúa) Las recientes declaraciones de Benavides acerca de las deudas que el ayuntamiento mantiene con la empresa concesionaria de la recogida de basura representan una manipulación descarada de los datos en un torpe intento de engañar a la opinión pública. Benavides habla de dos cuestiones distintas. En una habla de datos antiguos, y en la otra, miente descaradamente con una cara dura impropia de un gobernante. Dice Benavides en primer lugar que los servicios técnicos valoraron en 1.047,443€ la deuda del ayuntamiento con la empresa. Ese es un dato cierto, como cierto es que esa cuantía aún está en litigio entre la empresa y el ayuntamiento. Dice Benavides que el 14 de marzo de 2007, los servicios económicos pagaron a la empresa 449.797€, la mitad de la deuda, y que el resto ya habían acordado el 21 de agosto de 2006 compensarlo reduciendo servicios. Esto también es cierto, así que ya sabemos que desde hace dos años en el pueblo hay menos empleados que antes porque así lo decidió el alcalde para tener que pagar menos a la empresa. Y a partir de ahí, el resto de las declaraciones de Benavides son mentiras y medias verdades Dice Benavides que "Es radicalmente falso que el ayuntamiento no esté cumpliendo con sus obligaciones con la empresa y que no haya abonado los atrasos del convenio para restablecer el equilibrio económico financiero". Pues sólo podemos decir que Benavides miente más que habla. El 22 de noviembre de 2007, hace ya casi diez meses, el Pleno aprobó crear la tasa de basura separándola del IBI, con una subida que suponía el 28% respecto a la situación anterior. El único argumento esgrimido en aquella ocasión por el PP y Convergencia era que de algún lado había que sacar el dinero para pagar la subida pactada en el convenio provincial. Después de esa subida brutal, el alcalde tenía que haber llevado a Pleno la propuesta de reconocer el desequilibrio financiero de la concesión y, en consecuencia, pagarle a la empresa que recoge la basura ese dinero de más q ... (... continúa) Desde hace varios meses, las catorce viviendas de protección oficial de Citalsol, construidas junto al polígono industrial, están terminadas y cerradas sin que el ayuntamiento las adjudique. Es una lástima que habiendo cientos de personas que necesitan una vivienda de ese tipo, permanezcan cerradas. La dilación en adjudicar estas viviendas tiene su origen en un intento de los propietarios para conseguir, con la complicidad del ayuntamiento, quitarles a las viviendas el calificativo de vpo y así poder venderlas como libres. El tema llegó a estar casi listo porque incluso se estudió en comisión para ir a Pleno, pero a última hora, Benavides decidió sacarlo del orden del día porque encontraría algún problema que desconocemos.
La excusa que utiliza el arquitecto municipal es que ha habido un error en el expediente y que, en realidad, nunca debió poner vpo en los documentos. Esta afirmación de Passolas es sorprendente. Desde el principio, en todos los documentos e informes se establece con claridad que allí se van a construir viviendas de protección oficial. No se trata de un error aislado sino de un dato repetido en todos y cada uno de los documentos: informe de Contratación, informe de Urbanismo, acta del Pleno de aprobación del Pliego de cláusulas, acta del pleno de adjudicación de la parcela, escrito de la empresa pidiendo licencia de obras, acta de la Junta de Gobierno concediendo licencia de obras...
... (... continúa) El 16 de octubre de 2006 terminó el ayuntamiento de enviar a Medio Ambiente los documentos del PGOU. Tres meses después, el 16 de enero de 2007, el ayuntamiento hizo la aprobación provisional del PGOU sin que hubiese llegado aún el informe vinculante que tenía que hacer Medio Ambiente al documento inicial. Este informe, que se llama Declaración previa de Impacto Ambiental llega al ayuntamiento un mes después, el 14 de febrero. Lógicamente, el documento provisional se hizo sin tener en cuenta el informe de Medio Ambiente, y por este motivo, Medio Ambiente, nada más recibir el nuevo PGOU, se lo devolvió al ayuntamiento. No podemos olvidar que el informe de Medio Ambiente es vinculante y en él se indicaban una cantidad enorme de fallos, incongruencias y problemas de todo tipo que debían ser subsanados cuando se hiciera la aprobación provisional. Así, en esta Declaración Previa de Impacto Ambiental, se dice textualmente: Se determina como NO VIABLE el Plan hasta que no quede acreditado documentalmente el cumplimiento de las especificaciones indicadas en el condicionado de esta Declaración Previa, que deberán recogerse convenientemente en el documento de Aprobación provisional. (... continúa) Las últimas declaraciones del alcalde invitando a los turistas que no se sientan cómodos a elegir otros destinos son una muestra más de la deriva irracional de este señor en la última legislatura. Un pueblo que vive en su mayor parte del turismo no puede permitirse el lujo de tener un alcalde que desprecie de esa manera tan soberbia y tan grosera a las personas que, con todo derecho, critican las medidas que no les gustan. Benavides no está acostumbrado a tolerar la crítica pero no debe olvidar que es el representante de todos los vecinos, de los hoteleros, de los comerciantes, de los trabajadores, de los taxistas, de todas las personas que aquí vivimos y trabajamos. Los turistas y los residentes tenemos todo el derecho del mundo a criticar aquello que no nos gusta y la obligación del alcalde es trabajar para que este pueblo sea cada vez más atractivo, tenga mejores servicios y ofrezca más posibilidades de trabajar y disfrutar. Benavides es un empleado nuestro, de los vecinos de este municipio. Y cobra un sueldo espléndido por su trabajo, pero Almuñécar no es propiedad privada suya, así que no es nadie para recomendar a los turistas que se vayan a otro sitio. Si todos los partidos políticos y miles de vecinos han mostrado s ... (... continúa) Nada menos que 253,5 millones de euros, más de 40.000 millones de las antiguas pesetas, en tan sólo cuatro años. Ése es el agujero que dejó la corrupción en Marbella entre 2002 y 2006, de acuerdo al informe aprobado por el Tribunal de Cuentas y que fue hecho público ayer.
El órgano fiscalizador hace un dibujo desolador del Consistorio bajo los gobiernos de los entonces alcaldes Julián Muñoz y Marisol Yagüe y la sombra del todopoderoso asesor de Urbanismo por aquellos años, Juan Antonio Roca: el saqueo fue continuado, con un Ayuntamiento que pagaba sin problemas obras inexistentes, que cobraba lo que quería por las licencias o que adjudicaba a dedo los concursos. Y todo ello, sin respetar las más mínimas normas administrativas.
El tribunal fiscalizador asegura que esos más de 250 millones de euros desaparecieron en las cuentas de las 31 sociedades mercantiles creadas por el Ayuntamiento y se convirtieron en la gran herramienta de los corruptos. Un turbio entramado empresarial, se afirma en el informe fiscalizador, para crear una administración paralela sin ningún tipo de «control financiero». Nadie «exigía la justificación del empleo dado a las transferencias o las deudas asumidas» por esas empresas del consistorio.
Todo era descontrol, según el estudio del tribunal. Los responsables de esas empresas municipales no tenían problemas para pagar, sin que constara en libro de contabilidad alguno, «con talones al portador o en metálico importes elevados» a supuestos prestadores de servicios. Incluso, se agrega, «las sociedades municipales aceptaban facturas de proveedores por obras en las que no constaban presupuestos ni proyectos técnicos».
La trama tejida por los herederos políticos de Jesús Gil se encargó de que nadie fuera de sus acólitos pudiera saber lo que estaba pasando. Durante los últimos años de la corrupción en Marbella, «el Pleno del Ayuntamiento no tuvo información ni ejerció ning&uacut ... (... continúa) El Pleno del 3 de julio ha acordado anular una licencia de obras concedida por la Junta de Gobierno el 12 de julio de 2005. Esta anulación se produce a petición de la Junta de Andalucía, que considera la licencia contraria al PGOU de Almuñécar, y sólo ha tenido los votos a favor de Convergencia Andaluza. La historia se remonta a julio de 2005 en que se concede una licencia para construir viviendas en Cerro Gordo a la promotora Estel-Sud. Un año después, el 25 de julio de 2006, la Junta de Gobierno Local aprueba la modificación del proyecto dándose permiso para construir diez viviendas en una parcela, que según la Junta de Andalucía, sólo permite construir dos. Fermín Tejero explica que la intervención de la Junta se produce un año después y sólo porque una vecina denuncia las obras el 20 de marzo de 2007. Esta vecina denuncia que, además, las obras no cumplen la ordenanza residencial extensiva XIII porque, frente a los 6 metros de altura máxima se está levantando ‘un mamotreto de 15 m’. Es lamentable que tengan que ser vecinos afe ... (... continúa) Un juzgado de Motril ha condenado a penas que suman tres años y tres meses de cárcel a tres vecinos de Almuñécar que intentaron impedir el inicio de la construcción de un aparcamiento público promovido por el Ayuntamiento, durante una concentración vecinal de oposición a la citada obra. Los hechos tuvieron lugar al mediodía del 7 de diciembre de 2005. La sentencia del juzgado motrileño condena a los acusados (que responden a las iniciales de M.D.N.D, J.G.M.F. y R.M.M.) a diferentes penas de prisión e indemnizaciones por atentado a la autoridad, delito de lesiones, resistencia y falta de maltrato de la obra. En el fondo de la noticia, estamos hablando de unos ciudadanos que exigían antes de comenzar el aparcamiento, unos estudios que no se habían dado a conocer, unos ciudadanos que han estado tres años puteados en sus negocios y en sus viviendas para beneficiar a un hotel al que después le han permitido vender las plazas a precio de mercado para hacer el negocio del siglo. Los delincuentes no estaban en ese juicio sentados en el banquillo.  El grupo municipal de IU denuncia que se incumple la ley de manera deliberada en el municipio.
El portavoz del grupo municipal de IU asegura que mientras a la mayoría de los comercios se les exige, como no podía ser de otra manera, el cumplimiento estricto de la normativa legal, hay otros establecimientos a los que se ampara en el incumplimiento de las normas.
En IU hemos recibido información verbal según la cual el Club Naútico carece de licencia de apertura y, sin embargo, está abierto. En la misma situación ha estado varios meses el Complejo Salud y Natura, que ha obtenido la licencia de apertura hace un mes y que fue inaugurado con asistencia del alcalde hace ya bastante tiempo. Desde su inauguración hasta hace poco, este establecimiento ha estado funcionando sin licencia de apertura.
¿Cómo es posible que el alcalde asistiera a la inauguración de un establecimiento que no tenía la licencia de apertura? ... (... continúa)  En 2007, según datos del ayuntamiento, se han gastado 303.739,63€ en asistencia jurídica, duplicando el presupuesto inicial que era de 148.000€.
El presupuesto de gastos jurídicos para 2007 ya resultaba bastante más elevado que el de 2006, que era de 122.000€. Y aún así, se ha revelado como insuficiente.
La actuación temeraria e irresponsable de nuestro alcalde le está costando muy cara al contribuyente. 50 millones de las antiguas pesetas es una cantidad demasiado elevada, sobre todo si la comparamos con el gasto en limpieza de playas, que está alrededor de esa cantidad, o las retribuciones de todos los bomberos, que suman un total de 269.094€ según el presupuesto de 2007. Muy por debajo de este gasto jurídico quedan partidas de carácter social como la de Promoción de la Tercera Edad, que cuenta con un presupuesto de 127.650€ o la del Centro de Información a la Mujer, con 75.950€. (... continúa)  La licencia concedida a COREAL PROCENTRO S.L. para la construcción de 64 viviendas contraviene la normativa urbanística vigente en el municipio de Almuñécar.
El 9 de abril de 2007, Ecologistas en Acción denunció, ante la Agencia Andaluza del Agua y ante Obras públicas, que la Urbanización que estaba a punto de finalizar denominada Arroyo Marinos, se enclavaba sobre un barranco con este nombre.
El barranco ha quedado cubierto e incluido dentro de la propia urbanización como jardín, paseo y piscinas, con el consiguiente peligro en caso de lluvias torrenciales que podrían hacer reventar el cauce. Este cauce, al final de la urbanización se convierte en calle asfaltada de acceso, cubriendo el barranco, que ve mermada su capacidad de desagüe.
La Agencia Andaluza aún no ha tenido tiempo de responder, pero s&ia ... (... continúa) El otorgamiento de licencia y aprobación en pleno de una casa en la Vega de Almuñécar en el 2003, ha llevado a que las dos corporaciones que gobernaron en el periodo comprendido entre 2002 y 2003 tengan que comparecer ante el juez desde hoy miércoles 11 de junio hasta el lunes 16.
Los ediles de los grupos municipales del Partido Popular, PSOE, PILH y Partido Andalucista que conformaron la corporación saliente de la legislatura 1999-2003 y la entrante del 2003-2007 irán compareciendo sucesivamente en el Juzgado de primera instancia e instrucción nº 2 de Almuñécar, para responder a la demanda interpuesta por el Ministerio Fiscal y la Federación Ecologistas en Acción, contra María Arellano Ruiz, Juan Carlos Benavides Yanguas, Gerardo García Villen y Jose Luis Rodríguez Pasolas, por la presunta edificación de una edificación ilegal en la Vega.
La construcción de la vivienda fue aprobada en el Pleno de 8 de octubre de 2002, durante el mandato PP-PSOE-PILH, mientras que fue la Junta de Gobierno Local del mandato del PA, la que otorgó la licencia el 25 de agosto de 2003, fue justo la primera Junta de Gobierno con Juan Carlos Benavides como alcalde en esa legislatura.
Con posterioridad, el ayuntamiento promovió la declaración de lesividad de la licencia por interés público, y en este momento se encuentra, por ese motivo, en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Granada, donde está en tramitación
El miércoles comparecían los concejales: Juan Luis González Montoro, Fernando callejón Guidet, Trinidad Herrera Lorente, Andrés Palacios Estévez, Francisco José Sánchez Alaminos, Pedro Torres Zurita, Juan Jesus Mora Barbero y Antonio Rebollo Martínez. La declaración de los ediles del PP fue pospuesta por problemas de desplazamiento del letrado del caso.
El Jueves han declarado: Rocío Palacios de Haro, Sergio García Alabarce, ... (... continúa) El Juzgado de Instrucción 2 de Almuñécar ha citado a declarar como imputado el próximo mes de julio a Benavides, a Rafael Contreras y a las mujeres de ambos por un supuesto caso de alzamiento de bienes. A instancias de la Fiscalía, la juez de instrucción levantó hace unos días el secreto de las actuaciones para iniciar la ronda de declaraciones a los cuatro implicados por el supuesto delito de insolvencias punibles ante la posibilidad de que acordaran una separación ficticia en el momento en el que el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Motril les condenó a pagar 3,4 millones de euros por la bancarrota de Tropical Fruits.
La juez, en su día, solicitó una investigación a las autoridades policiales para tratar de conocer los bienes y el patrimonio de Benavides y el secretario local de Convergencia Andaluza, Rafael Contreras, que llegaron a declararse insolventes tras iniciar un proceso de separación supestamente ficticio.
Se supo entonces que el alcalde sólo había hecho constar una motocicleta en la declaración de bienes que entregó en el Ayuntamiento de Almuñécar y cedía a su ex esposa, como pensión compensatoria, buena parte del sueldo como alcalde, lo que le impedía hacer frente a un embargo. La citación ahora en calidad de imputados supone un paso más en la instrucción de un caso que se remonta a 2006 y que se ha llevado con suma discreción.
En dicha decisión judicial, sin duda, han tenido que ser determinantes los resultados de la investigación patrimonial que han llevado a cabo los distintos Cuerpos de Seguridad que a lo largo de este tiempo han tratado de averiguar la existencia de posibles propiedades a nombres de terceros o en el extranjero  La comunidad de propietarios Marina del Este Primera Fase A interpondrá una querella por "delito de desobediencia" contra el alcalde de Almuñécar, Juan Carlos Benavides, al no haber cumplido con la sentencia del TSJA que obliga a demoler por exceso de edificabilidad parte de la urbanización El Faro, situada en el entorno del puerto deportivo de la Punta de la Mona.
Los demandantes aseguran que "ni el Ayuntamiento ha hecho el más mínimo caso al fallo y a los cuatro requerimientos que al efecto le ha remitido el juzgado, ni la sociedad promotora o su responsable máximo han dado señales de vida".
La Sala de lo Contencioso Administrativo de Granada Sección Segunda del TSJA emitió el 12 de marzo de 2007 una sentencia firme que obligaba al Ayuntamiento a demoler el exceso de edificación en el conjunto de 32 viviendas que compone la urbanización El Faro, en Marina del Este. El tribunal anulaba las licencias de obra concedidas en marzo de 1997 a la empresa Doble Cote SL por considerar que los 4.000 metros cuadrados construidos de la parcela exceden en unos 1.400 a la edificabilidad permitida en el Plan de Urbanismo, además de que la obra no respetaba el retranqueo obligatorio de tres metros.
La resolución rechazaba la actitud del Ayuntamiento al no haber dado respuesta a los escritos presentados por la comunidad de propietarios, denunciando la situación cuando las viviendas aún no estaban construidas.
Según ésta, las irregularidades se cometen desde que se concedió la licencia, pero el Consistorio hizo caso omiso y las obras siguieron adelante. Entre otras medidas, impugnó la capacidad del presidente de la comunidad para presentar la denuncia, luego argumentó que la demanda estaba fuera de plazo y finalmente invocó hasta tres razones técnicas para que no prospere. No obstante, el TSJA terminó desestimando todas las ... (... continúa) La Fiscalía ha pedido al ayuntamiento de Almuñécar que le remita información diversa acerca de tres expedientes de desequilibrio económico que han sido denunciados por IU el 27 de marzo. El ayuntamiento de Almuñécar está actuando, a juicio del concejal de IU, de manera inadecuada y con grave perjuicio para el interés público en diversas contrataciones y concesiones de cierta importancia, recurriendo con excesiva frecuencia a la figura excepcional denominada ‘restablecer el desequilibrio financiero’ de una concesión o contratación.
La figura en cuestión, en opinión de Fermín Tejero, está prevista para que, en el caso de un desvío importante del presupuesto de una obra, el ayuntamiento, o cualquier administración contratante, pueda modificar al alza la partida de gasto permitiendo pagar más al contratista o concesionario por unas obras que han resultado más gravosas de lo inicialmente previsto.
Esta figura es excepcional y se aplica cuando el contratista encuentra en el desarrollo ... (... continúa) El pasado 4 de abril recayó Sentencia en el Procedimiento 90/08 tramitado ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Granada, por demanda interpuesta por el Partido Popular contra un Decreto de Juan Carlos Benavides que aprobaba un Convenio Urbanístico de Gestión.
Dicho decreto, de fecha 11 de agosto de 2.005, aprobaba un Convenio de Gestión firmado el 4 de Abril de 2.004, denominado “La Mariquilla”, por el que el Ayuntamiento vendía el 10% de los aprovechamientos que le corresponderán a futuro en el Plan Parcial del mismo nombre, cobrando el 5% de ese importe por adelantado, y siempre y cuando el PGOU se aprobara con dichas determinaciones.
El Juzgado viene a dar la razón al PP, y anula el citado convenio, ya que no puede cobrarse por adelantado el dinero de un Plan General que todavía no está aprobado. El Juzgado determina que el Convenio contraviene la Ley, y lo anula.
Esta es la segunda sentencia que se dicta en pocos días y que anula otra de las ventas realizadas por Benavides a cuenta del futuro planeamiento. El Partido Popular ha impugnado ante los Tribunales 24 de estos Convenios, mientras que los particulares han impugnado 3, habiendo recaído ya Sentencia que anula el del Sector Río Seco.
La novedad en este caso es que el Juzgado determina que el PP sí está legitimado para interponer dichas demandas, ya que entiende que los actos urbanísticos son de Derecho Público, afectan a materias generales y pueden ser objeto de revisión a petición de cualquiera; además, el Juzgado recuerda que entre los fines de los Partidos Políticos está velar por la legalidad y por el interés general, y que, por tanto, procede que dichos Partidos puedan impugnar actos administrativos que afecten a una generalidad de personas.
El Portavoz del Grupo Popular, Juan Luis González Montoro ha explicado que si esta ... (... continúa) D. MÁRQUEZ El crecimiento desmesurado de Almuñécar y la necesidad de adaptarse a un turismo cada vez más competitivo ha llevado en los últimos años a su Ayuntamiento a un crecimiento urbanístico desproporcionado que en ocasiones llegó a contravenir el plan urbanístico vigente en el municipio. Eso llevó a la Junta a recurrir determinadas decisiones. En concreto, han sido 56 impugnaciones las que en los últimos diez años ha interpuesto la Administración contra acuerdos municipales. El número podría ser mayor dado que la contabilidad de estas acciones judiciales no está informatizada. Los contenciosos afectan a 656 viviendas, algunas de las cuales están en construcción, otras terminadas y otras aún con las obras sin empezar. Según fuentes de los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía, catorce de estas impugnaciones han contado con sentencias a favor de los postulados de la Administración andaluza, mientras que doce han sido contrarias.
En cualquier caso, han sido recurridas por las partes en litigio y en su gran mayoría están pendientes de resolución. Entretanto, las construcciones objeto de litigio continúan y también el modelo urbanístico defendido por el alcalde sexitano, Juan Carlos Benavides. Para comprobar esto último no hay más que darse un paseo por San Cristóbal, donde actualmente se levantan varios hoteles, al tiempo que se adecenta la zona. Las impugnaciones también afectan a seis hoteles, entre los que destacan el Bahía Almuñécar, en la avenida Juan Carlos I, con diez plantas de altura. La impugnación, como la mayoría de las 56 contabilizadas, va dirigida contra la licencia de obras concedida en su día por el Ayuntamiento. Aún no hay una resolución firme del juzgado ante el que se presentó recurso por este hotel que sigue abierto.
El retras ... (... continúa) El acuerdo es nulo. El Juzgado de lo Contencioso número 3 de Granada ha estimado el recurso de unos vecinos contra un convenio urbanístico firmado por el Ayuntamiento de Almuñécar en 2004. El falló -todavía recurrible- anula el acto impugnado por ser contrario a derecho. La operación que se queda en el aire es de 3.208.483 euros.
Detrás del pleito están los convenios que Juan Carlos Benavides ha venido firmando a lo largo de los últimos años a cuenta de un plan de ordenación (PGOU) que aún no está aprobado y que la Junta -que es quien tiene que darle el visto bueno- ha rechazado en varias ocasiones.
La fórmula era totalmente legal hasta 2005. Lo que hacía el Ayuntamiento era vender por anticipado la bolsa de suelo municipal que se podría generar con el futuro PGOU pero que aún hoy es pura entelequia. Los empresarios pagaron con la condición de que se pudiera construir.
El gobierno municipal consiguió así dinero en efectivo para financiar proyectos, un soplo de oxígeno para un Ayuntamiento que en 2004 refinanció con el Banco de Crédito Local (BCL) una deuda de 16 millones de euros.
El problema surge cuando al final no se pueden cumplir los compromisos adquiridos con los constructores y el Ayuntamiento tiene que devolverles el dinero. En algún caso con intereses.
En los últimos años Benavides ha firmado alrededor de 40 acuerdos de este tipo. Muchos se han hecho por resolución de Alcaldía, sin pasar ni siquiera por el pleno. Según un informe del interventor municipal, fechado en octubre de 2006, el Ayuntamiento había ingresado 3,4 millones de euros. Los compromisos firmados son muy superiores.
El PP presentó 26 contenciosos por otros tantos convenios. La mayoría no están prosperando al no ser el partido una parte afectada por los acuerdos. La Fiscalía solicitó información sobre estas operaciones cuando eran una minucia pero acab&o ... |
