2.- Los efectos de estas medidas no se limitarán a empobrecer a los más débiles y degradar las condiciones de vida de quienes no tienen responsabilidad en la crisis, tendrán además graves consecuencias económicas, disminuirán el consumo y deprimirán la economía, provocarán la caída de los ingresos que afectará negativamente a la evolución del déficit público, sin que todo ello garantice la superación de los graves desequilibrios económicos y financieros que están en el origen de la crisis específica del estado español, enorme déficit comercial, colosal deuda de las empresas privadas y de las familias fruto del “boom” inmobiliario, incremento de la deuda pública, rápido crecimiento del déficit público, deterioro de la solvencia bancaria (especialmente de las Cajas de ahorro), etc.
3.- El conjunto de estas medidas pretende reducir 15.000 millones de euros del déficit público (ahora en el 11,2% según cifras oficiales), pero el objetivo declarado es reducir el déficit hasta el 3% en 2013, lo que anuncia una espiral de sucesivos recortes, despidos, privatizaciones y nuevas agresiones sociales en todos los ámbitos.
En un contexto de turbulencias económicas a escala internacional, de persistencia de los graves problemas que estuvieron en el origen del estallido de la crisis, de aumento rampante de la deuda pública de los estados y de competencia por la obtención de nuevos créditos, la situación económica de la UE se ha convertido en una gigantesca trampa para los estados cuya estructura económica es débil y desigual respecto de los países del eje formado por Alemania y Francia.
El pecado original de la UE, su construcción monetarista y neoliberal, con un presupuesto raquítico del 1% del PIB europeo, es decir, sin un verdadero presupuesto que permitiera una política de modernización y homogeneización de la estructura económica en el conjunto de la UE, sin política fiscal a la altura del proyecto, sin cohesión social suficiente, pone al desnudo la inviabilidad de la UE que conocemos en un contexto de crisis y agotamiento del sistema.
4.- El dilema aparece con toda crudeza, o la UE se reforma de urgencia y se dota de una estructura de gobierno económico capaz de atender los graves desequilibrios provocados y garantizar la cohesión social, el incremento del bienestar social, y el funcionamiento democrático pleno en todos los niveles, o la UE aparecerá ante sectores crecientes de la ciudadanía europea como un instrumento al servicio de los causantes de la crisis que los arrastra a la involución social y económica en una perspectiva sin salida.
Con la crisis regresan los viejos métodos de la dominación colonial dentro de Europa. Grecia queda relegada al papel de una colonia de la UE bajo la estrecha supervisión y dictado de la Comisión Europea, del BC Europeo, y el gobierno de Angela Merkel. Idéntica degradación se impone al resto de países en dificultades. Los presupuestos, cada decisión económica de relieve, será fiscalizada por los organismos técnicos de la UE. Comisiones no electas, sin control democrático de la ciudadanía, decidirán sobre el destino de millones de ciudadanos/as. Los gobiernos de los estados renuncian a gobernar, los Parlamentos del estado y de sus comunidades autónomas quedan limitados al papel de oyentes. La voluntad del pueblo es secuestrada, la democracia se vacía de contenido.
La responsabilidad en la crisis de la UE está ampliamente compartida, los superávits de unos países como Alemania han sido alimentados por los crecientes déficits de otros como es el caso del estado español. Mientras la “fiesta” se prolongaba, ebrios del éxito de la especulación financiera e inmobiliaria, la Comisión, el Consejo de la UE, el Banco Central, los gobiernos de los estados, los amos de las finanzas, bancos y empresas, cerraban los ojos ante una realidad que no podía sostenerse indefinidamente.
5.- Para los “PIIGS”, eslabones débiles de la cadena europea en crisis, el anuncio de medidas de financiación extraordinaria como el fondo de hasta 700.000 millones de euros con participación del FMI, la disposición del BCE para la compra de bonos de los estados más vulnerables, etc., ha sido la coartada para precipitarse en la vía griega de agresiones sociales. Sin embargo, la falta de concreción de tales medidas, la insuficiencia para representar un giro hacia un verdadero gobierno económico y social europeo, las dificultades jurídicas contenidas en el Tratado de Lisboa para avanzar en tal dirección, la disparidad de intereses políticos entre los estados de la UE, junto a la velocidad de la crisis económica que acorta tiempos y márgenes para la acción, y la debilidad de las fuerzas sociales y políticas para impulsar o forzar una refundación democrática, social y solidaria de Europa, sitúan a los países europeos periféricos ante el escenario de romper con la camisa de fuerza que representa el euro y las políticas de ajuste depresivas y antisociales que trata de imponer la UE.
6.- La participación en la UE no puede ser al precio del suicidio democrático, económico y social de la clase trabajadora y de la mayoría ciudadana de los PIIGS, también del estado español. Hay que levantar acta del fracaso de la UE monetaria y neoliberal, y recuperar la capacidad e instrumentos, para salir de la crisis: moneda propia, fiscalidad progresiva y lucha sin cuartel contra el fraude fiscal, Bancos centrales sometidos a la voluntad democrática ciudadana, políticas de inversión públicas y gasto social suficientes que incrementen la demanda, reparto del trabajo para trabajar todos mediante la reducción radical de la jornada, medidas urgentes de cohesión social como una prestación de empleo indefinida mientras se continúe sin empleo, reconstrucción del tejido económico en la industria, servicios y agricultura, nacionalizar la banca para asegurar la financiación y los créditos especialmente los proyectos de interés general, nacionalización de los sectores estratégicos de la energía y el transporte para que estén al servicio de los intereses colectivos, potenciar los servicios públicos de la salud y educación, por el pleno desarrollo de las políticas sociales y la ley de dependencia, impulso del sector público de las energías renovables, creación de un parque de vivienda de alquiler que atienda las necesidades de vivienda y dé salida a los stoks de edificios sin habitar y de valor menguante, reducción de los gastos inútiles de la burocracia, ejército y fuerzas de orden, retirada de las tropas de Afganistán, etc.
La perspectiva de una salida de la crisis fuera del euro y de la UE, no significa apostar por autarquía inviable, debe ser un primer paso para una vez superada la crisis plantear sobre nuevas bases la construcción de una verdadera Europa política, democrática, económica y social, la Europa de la clase trabajadora y la ciudadanía, la Europa socialista y de la solidaridad.
7.- En lo inmediato hay que responder a las medidas de choque antisociales con la movilización general de la clase trabajadora, activos y sin empleo, de los pensionistas, y de la ciudadanía solidaria. Hay que apoyar las primeras movilizaciones que los sindicatos de los empleados públicos anuncian, para extenderlas en una marea que haga incontenible la organización de la Huelga General, las que sean necesarias, hasta que el gobierno Zapatero retire las medidas anunciadas.
En este conflicto el gobierno Zapatero cuenta con el apoyo directo de los gobiernos autonómicos que controla, del Presidente Montilla y el gobierno tripartito de la Generalitat de Catalunya, de la patronal CEOE, también cuenta con la complicidad, en última instancia, de los partidos de la derecha política desde el PP a las organizaciones de la derecha nacionalista que, a pesar de sus proclamas y críticas llenas de cinismo e hipocresía electoralista, comparten con el gobierno social-liberal el sometimiento a las políticas dictadas por la Unión Europea.
En el otro lado de la barricada se encuentran los damnificados por la crisis, las víctimas del “Tsunami” antisocial que se nos echa encima, del atentado a la democracia y la soberanía de la mayoría social y ciudadana de Catalunya, y del resto de pueblos del estado español.
Es hora de elegir, o ser cómplices de los gobiernos social-liberales en una agresión histórica contra el bienestar social de la mayoría, o abandonar la participación en dichos gobiernos para sumarse a la preparación de la movilización general de la clase trabajadora para rechazar la agresión.
Ivan Escofet, Anna Gabarró, Eduardo Luque, Juan Montero, Diosdado Toledano son miembros de la Associació Socialisme XXI de Catalunya
En el plazo de tres meses se tomarán las medidas legales necesarias para suprimir la bonificación del 100% en el Impuesto sobre el Patrimonio, se anulará la legislación favorable a las SICAV y se establecerá su tributación como sociedades normales.
