Marbellécar

El fiscal pide que Benavides pague la demolición del pabellón cubierto

El juicio por un supuesto delito urbanístico, que tendrá lugar el 16 de diciembre, debe aclarar si la junta de gobierno local aprobó el proyecto del pabellón de La Herradura a sabiendas de que el suelo era no urbanizable

La Opinión. ÁLVARO CALLEJA

El alcalde de Almuñécar, Juan Carlos Benavides (Convergencia Andaluza), se sentará en diciembre en el banquillo, esta vez junto a seis ediles del equipo de gobierno del mandato anterior, todos ellos acusados por un presunto delito contra la ordenación del territorio relacionado con la construcción del pabellón de La Herradura, cuyo proyecto se aprobó en 2005, según el fiscal, a sabiendas de que el terreno era protegido.

La fecha de juicio oral que tendrá lugar en el Juzgado de lo Penal 1 de Motril se ha fijado para el próximo 16 de diciembre, según informaron fuentes judiciales. Tanto Benavides como el resto de acusados se enfrentan a dos de años de prisión y a diez de inhabilitación para el ejercicio de cargo público, según consta en el escrito del fiscal.

Después de la reciente condena a dos años y cuatro meses de prisión por un delito de coacciones a la empresa adjudicataria de la televisión local de Almuñécar –sentencia recurrida ante la Audiencia–, el siguiente compromiso serio de Benavides con la Justicia guarda relación con la polémica decisión de construir un pabellón deportivo en terrenos "no urbanizables y de protección de cultivo".

El embrollo tiene su origen en una sesión de la junta de gobierno de 25 de enero de 2005 donde, previa declaración de urgencia, se aprobó el proyecto básico para la ejecución del polideportivo de La Herradura a sabiendas, según el fiscal, de que afectaba a suelo no urbanizable y sin que se hubiera procedido a cambiar la calificación de los terrenos. Además de Benavides, los que hicieron posible su aprobación fueron los concejales Jesús García Alabarce, Miguel Ávila, Emilio González Pavieso, José Rodríguez Jaime, María Victoria Ruiz y Dolores Rull.

El complejo deportivo se inauguró el 22 de marzo de 2007 y fue el 15 de mayo de ese mismo año cuando se informó en el pleno de que la construcción se había realizado sobre suelo urbanizable sectorizado de equipamientos, poniéndolo en conocimiento de la Junta dos días más tarde.

El ministerio público también solicita en concepto de responsabilidad civil que se restaure la legalidad urbanística. Para ello, no descarta la demolición del pabellón, cuyas costas, según el fiscal, deben correr a cuenta de los acusados.

Por este asunto, Benavides logró apuntarse una victoria al menos momentánea después de que el Juzgado Contencioso Administrativo 3 de Granada desestimara el recurso presentado por la Junta de Andalucía por un problema de forma.

La administración autonómica, que anunció el pasado mes de mayo que recurriría el fallo, presentó la revisión de oficio fuera del plazo reconocido por la normativa de Régimen Local. El juez entendió que la decisión municipal se ajustó a derecho en base a la Ley de Ordenación Urbana de Andalucía (LOUA) que permite autorizar actuaciones de interés público en el supuesto de que se destinen a utilidad pública o interés social.

La mugre nos come... y el alcalde de vacaciones permanentes

A espaldas del Centro de la Tercera Edad, frente a una de las puertas del Mercadona, nos encontramos este horrible churrete que está allí desde mediados de agosto. A pesar de que por allí pasan cada día miles de personas, el churrete persiste.

Esta dejadez, que se nota en todo el municipio, (quizá porque hay pocas personas para limpiar la mugre de tantos) le habría costado al Mirlo una multa de aupa. Así, durante un verano entero estuvieron crujiendo a multas a la antigua empresa de limpieza porque dejaba manchas junto a los contenedores, porque se veían bolsas rotas, porque un camión se retrasaba o porque una máquina barredora se averiaba y dejaba de funcionar dos días.

El alcalde echó, con la complicidad del PP, a la antigua empresa y contrató a otra que tiene una gran virtud: NO LE COBRA, le da fiado. Para eso quería el alcalde a FCC, para poder estar sin pagarle los meses o años que hiciera falta. Ya se le pagará en su momento, y con los intereses lógicos, que aquí nadie regala nada. Pero ahora ya no hay problemas en limpieza. Aunque el pueblo esté hecho un asquito.

Claro que la culpa no es solo del alcalde. ¿Qué dignidad tienen esos funcionarios que hacen informes a la carta sin escrúpulos sabiendo que mienten descaradamente y que sus informes sirven para hundir a un empresario, a un comerciante o a un vecino cualquiera que se le haya atravesado al alcalde?

Las VPO de Citalsol siguen cerradas

Tal y como denunció hace más de un año IU, las VPO de Citalsol no se adjudican porque el promotor ha estado chalaneando con el ayuntamiento para intentar colarlas como viviendas libres. La operación no ha llegado a cuajar porque IU levantó el pastel al enviar a Fiscalía varios documentos del arquitecto municipal en los que este señor decía que cuando calificó las viviendas como VPO se había equivocado, que no eran VPO.

Ante la denuncia en Fiscalía el tema se paró y al parecer han desistido de venderlas como libres pero el caso es que siguen cerradas mientras muchos almuñequeros esperan una casa a precio asequible.

Hoy reproducimos aquí esta foto denuncia que aparece en un periódico digital de la comarca.

IU denuncia que Benavides «quita multas» a concejales

IDEAL

Fermín Tejero asegura que una de las personas a la que se le han «anulado» las sanciones es la edil de Tráfico

El alcalde de Almuñécar, Juan Carlos Benavides, (CA) ha resuelto dar de baja cientos de multas de tráfico que fueron impuestas a concejales, asesores y personas afines a su partido, Convergencia Andaluza, según ha denunciado públicamente el portavoz de IU, Fermín Tejero tras constatar los hechos a través de distintas resoluciones de Alcaldía.

Para Tejero, aunque se han utilizado «pretextos legales», es discriminatorio que a otros ciudadanos con sanciones en la misma situación administrativa se les haya denegado la anulación de sus sanciones, señala.

Tejero informa que si es poco el escándalo, ha podido saber «que una de estas personas a las que se han anulado las multas es la concejala de Tráfico y Seguridad Ciudadana, María Dolores Sánchez».

«Esta concejala, responsable de la Policía Local, cometió decenas de infracciones de tráfico y se ha visto beneficiada de resoluciones de alcaldía en las que le anulan multas por valor de más de 1.200 euros. Baste como ejemplo la resolución de alcaldía número 2758/07». Fermín Tejero reconoce que aunque ningún ciudadano está libre de cometer infracciones de tráfico, «no es muy estimulante que una infractora reincidente sea la responsable de la Policía Local».

Lo que ya resulta moralmente inaceptable, añade, es que «esta concejala consiga la anulación de sus multas mientras el resto de ciudadanos las pagan o las recurren, pero no consiguen que les sean anuladas. Contrasta especialmente esta actuación con las recientes declaraciones de la concejala acerca de la política de multas y la responsabilidad ciudadana», señala.

Suena a «cachondeo»

El edil de IU afirma que en la misma resolución «también se anulan multas del señor Pavesio», anterior Concejal de Urbanismo y actualmente contratado por el alcalde con un sueldo de 61.634 euros. «Al parecer -aclara- estas multas del señor Pavesio han caducado porque no se han podido notificar adecuadamente al no encontrarse al infractor, una excusa que suena a cachondeo cuando menos», dice.

Para evitar estos agravios, el concejal de IU, Fermín Tejero, ha entregado un escrito exigiendo al alcalde «el mismo trato para todos los ciudadanos y el cumplimiento estricto de la legislación en materia de multas, de forma que se anulen de oficio todas aquellas multas que hayan prescrito o tengan algún defecto en su tramitación, con los mismos criterios que se han utilizado para anularlas a concejales, asesores, familiares... y cumpliendo la legislación en materia de tráfico y procedimiento administrativo», sugiere.

Ingresos previstos

Desde Izquierda Unida se subraya que para este año 2009, el alcalde ha previsto ingresos por valor de 622.389 euros en concepto de multas y tasas por retirada de vehículos, «duplicando la cantidad presupuestada por estos conceptos en 2008; esta decisión presupuestaria necesita de una Policía Local dedicada casi en exclusiva a multar», señala.

Por otro lado, informa que para la tramitación de las multas de tráfico se ha adjudicado a una empresa privada, «poniendo en manos de particulares actuaciones reservadas a los funcionarios públicos», dice.

Por último, y con el fin de ayudar a los ciudadanos de Almuñécar y que no se vulneren sus derechos, IU va a colgar en su blog un modelo de recurso a disposición de los afectados. Por ello, dice, «se recomienda a todo aquel que haya sido multado que, antes de pagar o recurrir, pida copia del expediente y de las actuaciones que ha hecho».

El TSJA declara ilegal la construcción del Hotel Gran Cortijo de Andalucía

Granada Hoy

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha emitido una sentencia en la que considera contrarias a la legalidad las decisiones urbanísticas adoptadas por el Ayuntamiento para permitir la construcción del hotel Gran Cortijo de Andalucía, primero de cinco estrellas que se construye en la Costa Tropical. La decisión judicial anula el acuerdo tomado por el Consistorio el 3 de agosto de 2000, declarando de utilidad pública un hotel residencia geriátrica en la zona del Cercado situada en la vega de Río Seco.

El contenido de la sentencia ha sido dado a conocer por Grupo Municipal de IU de Almuñécar, que la considera "otro varapalo al Ayuntamiento", añadiendo que "se ha buscado en estos años el camino más corto y el menos legal para dar licencias a proyectos especulativos". Según el portavoz de la formación, Fermín Tejero, "todos estos proyectos están siendo anulados uno tras otro y tienen en común que generan grandes ingresos a los promotores, permitiéndoles levantar grandes edificios en zonas donde no se podía construir o la edificabilidad era muy reducida".

Según explicó IU, la sentencia anula el acuerdo municipal que declara la utilidad pública de un denominado hotel residencia geriátrica, y que "daba vía libre para construir un edificio de cuatro plantas en suelo no urbanizable". Para Tejero, se trata de "un pelotazo urbanístico por el cual se permite levantar un edificio de cuatro plantas allí donde el Plan de Urbanismo de Almuñécar no permitía construir ni una casa".

"Lo que empezó llamándose hotel residencia geriátrica, pronto pasó a llamarse hotel de cuatro estrellas del Cercado, y poco después acabaría siendo denominado por sus promotores Hotel Gran Cortijo de Andalucía", indicó el portavoz de IU, agregando que "se anuncia como un hotel de cinco estrellas y ya no aparece por ningún lado el adjetivo geriátrico". Asimismo, destacó que las obras del edificio en cuestión están paralizadas por los tribunales desde hace dos años, pero "en la práctica está casi terminado, una norma habitual en este tipo de operaciones", con el objetivo de "presentar hechos consumados".

Por último, la coalición de izquierdas insistió en pedir a la Junta "que actúe de una manera definitiva quitando al Ayuntamiento las competencias sobre urbanismo, tal y como prevé la ley en casos graves de manifiesta reiteración en el incumplimiento de la legalidad". Tras señalar que en muchos de estos casos la responsabilidad no sólo recae en el equipo de gobierno de Juan Carlos Benavides, sino que también es compartida por el PP y el PSOE.

Tejero recordó que la empresa promotora del Gran Hotel Cortijo de Andalucía lo es además de otra serie de actuaciones presuntamente irregulares en el municipio, como el plan Vivienda Joven, la gasolinera del estadio, el Club Náutico y un supermercado.

El TSJA declara ilegal el Hotel Gran Cortijo que se está construyendo en El Cercado

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía considera contrarias a la legalidad las decisiones urbanísticas adoptadas por el Ayuntamiento para permitir levantar un hotel en la vega de Río Seco en la zona conocida como el Cercado.

Casi al mismo tiempo que se ha conocido la sentencia anulando el proyecto de la plaza de toros, hemos conocido la sentencia 362/2008 del TSJA. Este auto judicial, que curiosamente no ha sido divulgado por el alcalde a pesar de que tiene en su poder la sentencia hace bastante tiempo, vuelve a dar otro varapalo al ayuntamiento. Se ha buscado en estos años el camino más corto y el menos legal para dar licencias a proyectos especulativos. Todos estos proyectos que están siendo anulados uno tras otro tienen en común el que generan grandes ingresos a los promotores permitiéndoles levantar grandes edificios en zonas donde no se podía construir o la edificabilidad permitida era muy reducida.

La sentencia anula el acuerdo tomado por el ayuntamiento el 3 de agosto de 2000 declarando la utilidad pública de un denominado hotel residencia geriátrica. El acuerdo ahora anulado por el máximo tribunal andaluz daba vía libre para construir un edificio de cuatro plantas en suelo no urbanizable.

Lo que empezó llamándose hotel residencia geriátrica pronto pasó a llamarse hotel de cuatro estrellas del Cercado y poco después acabaría siendo denominado por sus promotores Hotel Gran Cortijo de Andalucía. Se anuncia como un hotel de cinco estrellas y ya no aparece por ningún lado el adjetivo geriátrico. En suma, se trata de un pelotazo urbanístico por el cual se permite levantar un edificio de cuatro plantas allí donde el Plan de Urbanismo de Almuñécar no permitía construir ni una casa.

Las obras del edificio en cuestión están paralizadas por los tribunales desde hace dos años pero en la práctica, está casi terminado, una norma habitual en este tipo de operaciones en las que cuando aparecen los primeros problemas legales, la promotora  acelera los trabajos al máximo para presentar hechos consumados.

Es lamentable que un día sí y otro también el municipio aparezca en los medios de comunicación por actuaciones ilegales de aquellos que deberían ser los máximos garantes de la legalidad. No entendemos por qué, con tantas actuaciones irregulares, se molestan los miembros del equipo de gobierno cuando desde Izquierda Unida se habla de este municipio como de Marbellécar.

Asimismo, insistimos en pedir a la Junta que actúe de una manera definitiva quitando al ayuntamiento las competencias sobre urbanismo tal y como prevé la ley en casos graves de manifiesta reiteración en el incumplimiento de la legalidad.

 No hay que considerar a Benavides como el único culpable de esta situación de ilegalidad permanente. Aunque es el cerebro de todas estas operaciones, cuenta en muchas ocasiones con la complicidad de otros grupos políticos que luego se escandalizan de manera hipócrita cuando los tribunales actúan. Es necesario que tanto el PP como el PSOE den explicaciones públicas de por qué han apoyado con su voto afirmativo o su abstención muchas de estas actuaciones irregulares que en el fondo no han hecho sino privar al municipio de miles de metros de zonas verdes o equipamientos para generar cuantiosos ingresos en un puñado de promotores.

La empresa promotora de este hotel es la misma que consiguió del ayuntamiento permiso para hacer la llamada Vivienda Joven, un bloque de pisos con seis plantas de altura en suelo industrial. También obtuvo esta promotora permiso para construir una gasolinera en suelo público bajo el estadio municipal. Es la misma promotora que abrió sin licencia un denominado Club Náutico en el edificio del antiguo híper, y que hace poco ha convertido parte de ese club náutico en un supermercado que también está abierto al público a pesar de que tampoco tiene licencia ni de obras ni de actividad ni de apertura. La connivencia del ayuntamiento con este empresario es tal que el propio alcalde estuvo en la inauguración de Salud y Natura a pesar de no tener licencia de apertura. Muy distinto trato reciben otros negocios del pueblo que son cerrados inmediatamente cuando se comprueba que carecen de algún tipo de licencia.

La propietaria de todos estos negocios es la promotora Cercado de la Santa Cruz, dirigida por Trinitario Betoret, un empresario que ha recalado en nuestro pueblo de la mano de su socio Germán Ureña y con la valiosa ayuda de Benavides. Trinitario ya tenía una gasolinera en Castellón y después de cerrarla, llegó a Granada. En esta ciudad consiguió introducirse en la Asociación Manjoniana y acabó de gerente de una pequeña empresa dependiente de la misma, la Cerámica Granadina. Cuando la empresa llegó a la quiebra, este emprendedor solicitó a la oficina del INEM el cobro por anticipado de las prestaciones del desempleo. Para justificar esta petición alegó nada más y nada menos que era pobre de solemnidad. Finalmente, este señor ha conseguido extender una tupida red empresarial con centro en Almuñécar y algún hotel en la capital. Nos preguntamos qué tipo de relación hay entre Trinitario Betoret Parreño y Rafael Betoret Parreño, uno de los políticos imputados junto a Camps en la trama de corrupción del PP valenciano. Quizá por ahí se puedan buscar algunas de las conexiones entre el PP y Benavides.

Los Tribunales anulan otro convenio firmado por Benavides

El pasado 29 de Junio recayó Sentencia en el Procedimiento 791/06 tramitado ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Granada, por demanda interpuesta por el Partido Popular contra un Decreto de Benavides que aprobaba el Convenio Urbanístico de Gestión Laderas de Cotobro.

Este decreto aprobaba un Convenio de Gestión denominado “Laderas de Cotobro”, por el que el Ayuntamiento vendía el 10% de los aprovechamientos que le corresponderán a futuro en el Plan Parcial del mismo nombre, cobrando el 5% de ese importe por adelantado, y siempre y cuando el PGOU se aprobara con dichas determinaciones. El Juzgado anula el citado convenio, ya que no puede cobrarse por adelantado el dinero de un Plan General que todavía no está aprobado. Ya se han anulado, además, el convenio de Río Seco y el de Río Verde.

El TSJA anula la 'jugada' urbanística que autorizaba una Plaza de Toros en el P-4

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha estimado parcialmente el recurso Contencioso Administrativo interpuesto a instancias de un vecino y ha anulado el acuerdo adoptado por unanimidad el 21 de junio de 2001 en el pleno del Ayuntamiento para aprobar el proyecto de Plaza de Toros. La propuesta ahora anulada por el TSJA fue aprobada por unanimidad de todos los concejales (PP, PSOE, PILH y PA). 

Según refleja la sentencia, el proyecto de Plaza de Toros y el conjunto lúdico comercial se aprobó definitivamente por el Ayuntamiento tras una modificación puntual del proyecto de urbanización del P-4, "en el que se agruparon las dos parcelas afectadas, se modificó el trazado de un vial y se alteró la edificabilidad de las mencionadas parcelas con una forzada interpretación de la ordenanza de las zonas verdes públicas del PGOU", lo que a juicio del tribunal era "un subterfugio para llevar a cabo una modificación encubierta del planeamiento vigente". 

El artículo 128,1 de la ley del Suelo de 1992, establece que "las modificaciones de cualquiera de los elementos, planes, proyectos, programas, normas y ordenanzas se sujetarán a las mismas disposiciones enunciadas para su tramitación y aprobación". El TSJA entiende que esa modificación no fue correctamente tramitada. La sentencia señala que "no se puede amparar una actuación administrativa de tipo urbanístico, en la que claramente se advierte la utilización de un mecanismo fraudulento de modificación de un elemento del plan parcial, tendente a impedir la participación de los integrantes del sector en defensa de sus legítimos intereses".

El ayuntamiento permite que la Playa del Muerto quede cercada por una pantalla de mamotretos construidos en unos acantilados

Encima de la Playa del Muerto y Los Berengueles el ayuntamiento ha aprobado dos planes parciales que van a urbanizar 259.939 metros cuadrados. Estos planes se denominan Peñón del Lobo 1 y 2. El 11 de agosto de 2008, PP y Convergencia dieron el sí definitivo al Plan Parcial del sector 1. PSOE y PA se abstuvieron así que el único voto en contra del proyecto fue el del concejal de IU

Hasta ahora, curiosamente, se les había olvidado aprobar las ordenanzas que regulan la urbanización y construcción en la zona. A pesar de no tener ordenanzas, se están haciendo unos impresionantes desmontes que son el avance de lo que pronto veremos ahí: una mole de edificios de varias plantas que afectarán de forma lamentable a la imagen del municipio.

Durante estos años, IU ha elevado numerosas protestas ante lo que consideramos un grave atentado urbanístico porque estas construcciones se van a situar justo encima de estas dos playas, en unos acantilados con un desnivel tremendo y que formaba parte del dominio público marítimo terrestre. Durante varios meses estos trabajos se han realizado sin licencia de obras y, como ahora sabemos, sin ordenanzas que regularan el desarrollo de esos trabajos. La complicidad del ayuntamiento en estos años ha sido total hasta el punto de que el ayuntamiento presentó alegaciones a Costas pidiendo un nuevo deslinde favorable a los promotores, deslinde que finalmente consiguieron.

En opinión de IU, esta modificación del deslinde de Costas permitiendo construir en unos acantilados choca frontalmente con las declaraciones de los responsables gubernamentales cuando hablan de aumentar la separación entre las construcciones y la línea de costa.

En el expediente de estas obras se encuentran numerosas controversias entre los propietarios, de estos con la Junta y de la Junta con el Ayuntamiento. De hecho, a principios de 2007, ya se produjo la primera intervención judicial paralizando tres bloques con 144 viviendas.

Además del problema del deslinde con Costas, que está recurrido, hay numerosas irregularidades que siguen sin subsanarse mientras la construcción avanza. Entre estas irregularidades, hay que señalar que el vial de conexión con Punta de la Mona invade terrenos ajenos al Plan Parcial y que, según los técnicos, debido a la pendiente del terreno, en 25 metros de fondo se suben 20 metros de altura en muchos puntos, por lo que algunas edificaciones tendrán en apariencia diez plantas de altura.

Recientemente se han publicado en el Boletín Oficial de la Provincia las Ordenanzas que regulan ese Plan Parcial denominado Peñón del Lobo 1 y contra ellas ha presentado alegaciones Izquierda Unida.

Estas ordenanzas vienen a legitimar lo que ya se está haciendo sin ellas: unas construcciones mastodónticas que van a crear un gran impacto visual formando grandes pantallas en una zona que no se debía haber tocado por su elevada pendiente y cercanía a la playa.

La reclamación principal presentada por el portavoz de IU es la de que se ha cambiado el criterio para determinar la altura de los edificios. El criterio que recoge el PGOU del 87 ha sido sustituido por otro que va a permitir una mayor ambigüedad con lo que los promotores podrán levantar más plantas y de nuevo tendrá que ser la justicia la que intervenga cuando empiecen a llover las denuncias.

También se han redactado de manera confusa los criterios para transferir edificabilidad de una zona a otra. Si esta cuestión no queda clara, el número de mamotretos puede acabar siendo insufrible en aquellas partes del acantilado en que sea más fácil la construcción.

Se supera con creces la edificabilidad máxima prevista en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, una ley que fue aprobada en 2002 y tiene que ser respetada por todos los planes aprobados con posterioridad. Así, en residencial se alcanza el 1,04 y en hotelero el 1,80 cuando los máximos son el 1% y el 0,30%.

De igual manera, estas ordenanzas van a permitir que se construya con una densidad de viviendas también muy por encima de lo que contempla la LOUA. Según los cálculos de IU, la ordenanza hotelera que se ha aprobado para esta zona permitiría una densidad de 135 viviendas por hectárea frente al tope de 75 viviendas por hectárea establecido en la LOUA.

Todas estas circunstancias nos hacen pensar que estas obras van a estar durante muchos años en los tribunales, que algunos ciudadanos comprarán viviendas cuya legalidad no está clara y que los ciudadanos de Almuñécar seguiremos pagando abogados para defender las ilegalidades que tantos beneficios reportan a unos pocos a costa de cargarse nuestro patrimonio natural y paisajístico.

Poderoso caballero don dinero

Hace poco que se han aprobado las Ordenanzas del Plan Parcial Peñón del Lobo 1. Según dice el Boletín de la Provincia, se les habían olvidado. Eso no ha sido obstáculo para que ya haya varios bloques construidos y paralizados (es un decir) por la Justicia.  

 

Después de varios años de proyectos, aprobaciones iniciales, pleitos y reuniones de todo tipo, el 11 de agosto de 2008 el ayuntamiento aprobó el Plan Parcial del que hablamos. Está diseñado para ganar mucho dinero a costa de cargarse los acantilados que hay por encima de la Playa del Muerto y Los Berengueles. Aquí reproducimos el acta de ese Pleno en el que se ponen de manifiesto dos cosas: 

 

Primero, el silencio de los corderos. Sólo habla el concejal de IU

Segundo, los síes cómplices de Convergencia y el PP y las abstenciones que no vamos a calificar ahora de PSOE y PA. 

Luego dirán todos, los que votan sí y los que se abstienen, que es culpa exclusiva de Benavides.

 

5º.- Aprobación definitiva Plan Parcial Modificado Peñón del Lobo 1.-  

Se da cuenta de la documentación presentada por SVEND AAGE BRONDUM JENSEN  en calidad de Presidente de la JUNTA DE COMPENSACION DEL PLAN PARCIAL PEÑON DEL LOBO SECTOR 1, con fecha 27 de junio de 2.008, registro general de entrada nº. 9412, y que subsana las deficiencias puestas de manifiesto en el informe de la Consejería de obras Públicas y Transportes de fecha 13 de junio de 2.008. Vistos los antecedentes obrantes en el expediente e informe técnico emitido al respecto con fecha 1 de julio de 2.008.

  

Abierto el debate, el Sr. Tejero, de IU, señaló lo siguiente: “ Aquí tenemos un tema que yo creo que la definición exacta es… estamos con los poderosos. Los poderosos, se han cargado el entorno de la playa del Muerto, lo que se llama el Peñón del Lobo.

Llevan dando trechas los papeles desde que el 31 de Mayo de 2002, se hizo la aprobación inicial del PAU. Hay, en un resumen, tres folios con fechas de aprobaciones iniciales, definitivas, proyectos de urbanización, reparcelaciones, pero curiosamente, allí se empezaron las obras y el movimiento de tierras, sin licencia. Y a los seis meses, después de denuncias de particulares, parece que los servicios municipales no se habían dado cuenta, pues aquello está muy escondido, abrieron un expediente que se archivó después de que se le dio la licencia, y parece que no se abrió ninguno sancionador.

No sé si tendrá que ver con las nacionalidades de estos promotores, Keops, que además iba  ser una urbanización modélicamente sostenible, y que iba a tener en cuenta todos los parámetros medioambientales. Ejemplar y modélica. Solamente que hacen unas pantallas allí, que el que esté sentado en su salón va a ver el mar muy bien, pero el colmo del esperpento es que hace unos días, en una JGL, parece que el grupo de mujeres ecologistas sexitanas, denuncian, y ha ido a la JGL, denuncian un kiosko de madera que han puesto en la Playa del Muerto, y no se habían dado cuenta de los pantallones de hormigón que hay allí un poco más arriba.

Allí se cortó el camino de los Berengueles, que lleva cortado desde entonces, y después de todos esos rifirafes, el Ayuntamiento paraliza, casi un año después, la urbanización, y están paralizadas las 144 viviendas. Una de dos, o estos señores daneses tienen unos equipos técnicos horrorosamente malos, o nosotros no entendemos qué pasa aquí.

  

¿Para tramitar una promoción se necesitan seis años, más los que te rondaré?¿O es que siempre estamos rozando la legalidad? Y aunque fuera legal, ¿no sería una misión de los Servicios Técnicos Municipales, conservar un poco del entorno que todavía nos quedaba?

Pues bien, después de todos los informes, después de estar paralizadas las obras, después de haber denuncias de vecinos, se sigue diciendo en los condicionados de la Junta, que las pantallas de hormigón allí van a tener más de un 30 por ciento, y van a parecer bloques de más de diez plantas. Se come parte del camino de arriba que va hacia la Punta de la Mona, y nadie dice ni mu, y en la aprobación definitiva se tiene en cuenta siquiera.

Aquello es el colmo de los despropósitos. El Ayuntamiento siempre ha ido tomando actuaciones después de que ha habido denuncias, cuando debería ser al contrario, los Servicios Técnicos y los Inspectores, debería adelantarse, que para eso están, a que la iniciativa privada tengan que ser los que pongan denuncias sobre el tema.

  

También hubo lío con los deslindes de Costas, porque todo el mundo sabe que donde hay más de un 60 por ciento de desnivel, el deslinde de Costas se hizo desde arriba, desde donde está la casetilla pequeña blanca que se ve muy bonita. Y el Ayuntamiento hizo alegaciones para que el deslinde se hiciera desde el rebalaje, desde abajo. Parece ser que definitivamente se ha aprobado el deslinde, en Enero de este año, y esto lleva dando tumbos desde el 2002. Pero es que aunque lo dijera Costas, por sentido común y por la conservación paisajística de nuestro pueblo, tenían que haber sido los Servicios Municipales los que hubieran defendido que el deslinde se hiciera desde arriba, pero fue al contrario.

Después sorprende que esta empresa ha cambiado no sé cuantas veces de dirección, de Málaga a Fuengirola, de allí a otro sitio, cambian de gente, aparecen y desaparecen personajes contínuamente, y no sabemos muy bien lo que hay detrás.

Sí sabemos que se produjo una reunión especial, y no sé si en todos los procedimientos urbanísticos se tiene así, que alguien, antiguo poderoso de la estructura del PSOE de Andalucía, había juntado en la Consejería, allí, a todo el mundo, a ponerse de acuerdo sobre un tema, cuando los procedimientos es que informan los técnicos, y se habla sobre lo que hay.

Nos parece una tramitación horrorosa, que no se ha tratado a todo el mundo por igual, porque el Sr. Sven,- además las alegaciones las abrieron en su local, no se las enseñaban a nadie – tengo conocimiento de gente que fue a ver la parcelación, y después de insistir y amenazar con ir a la Guardia Civil, se admitió sacar un plano y dirigirse exclusivamente en inglés. Después de eso, estuvieron exponiendo nada más que dos semanas y ellos daban ya por hecho que habían sido tres… En fin una tramitación entendemos, horrorosa, pero que en todo este batiburrillo, hoy parece ya que una parte del Peñón del Lobo que hay sectores, uno y dos, hay ya un dictamen final. Nosotros entendemos que no se recoge suficientemente lo que han dicho los condicionados con respecto al camino de arriba, con respecto a las pantallas de hormigón, etc. y entendemos que muchas veces, aunque sea bordeemos lo que dice la Ley, deberíamos mirar por el entorno de lo que hay en nuestro pueblo, pero tristemente, aquello tiene poca marcha atrás, pues se han hecho modificaciones y estructuras que tienen poca marcha atrás si tuviera que retrotraerse a la situación que tenía inicialmente, aunque el tema está en los tribunales, las viviendas paralizadas, y la cosa puede seguir para largo”.

 

El Ayuntamiento Pleno, por mayoría de quince votos a favor de los concejales convergentes y populares, uno en contra de IU y cinco abstenciones de socialista y andalucista, acuerda:

PRIMERO.-  APROBAR DEFINITIVAMENTE el Plan Parcial Peñón del Lobo sector 1 promovido por D.  SVEND AAGE BRONDUM JENSEN  en calidad de Presidente de la JUNTA DE COMPENSACION DEL PLAN PARCIAL PEÑON DEL LOBO SECTOR 1,  así como la documentación presentada con fecha 27 de junio de 2.008, registro general de entrada nº. 9412, y que subsana las deficiencias puestas de manifiesto en el informe de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de fecha 13 de junio de 2.008.

SEGUNDO.- Dar traslado en el plazo de 15 días a la Delegación provincial de la Consejería de obras Públicas y Transportes del presente acuerdo acompañado de dos copias diligenciadas de la documentación presentada así como solicitar la preceptiva inscripción registral de acuerdo con el Decreto 2/2004 de 7 de enero.

TERCERO.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de conformidad con lo dispuesto en el Art. 134 del Reglamento de Planeamiento.

Benavides tiene pendientes 65 contenciosos

Colectivos y particulares han presentado más de 200 denuncias contra la gestión del alcalde de Almuñécar

La Opinión

M.A.R. El alcalde de Almuñécar, Juan Carlos Benavides, acaba de ser condenado a 28 meses de cárcel y a otros 28 de inhabilitación especial por un delito de coacciones cometido contra la empresa adjudicataria de la televisión municipal en 2004. No deja de resultar curioso que esta última sentencia judicial, que el regidor ha recurrido, se centre en un asunto que nada tiene que ver con el urbanismo, cuando es precisamente la ordenación urbanística la que lo ha llevado más veces a los tribunales.

En la actualidad, Benavides tiene pendientes más de 65 contenciosos administrativos interpuestos por la Junta contra acuerdos adoptados por el Ayuntamiento sexitano, lo que convierte a Almuñécar en el municipio granadino con mayor número de expedientes en materia de disciplina urbanística. Según fuentes judiciales, la mayoría de los casos (alrededor de medio centenar) se refiere a acuerdos municipales relativos a órdenes de ejecución, proyectos de urbanización o declaraciones de innecesariedad de licencia que infringen el ordenamiento territorial.

Durante la tramitación de estos procedimientos judiciales se ha dictado una quincena de medidas de suspensión cautelar, con la intención de obligar al Ayuntamiento a paralizar sus actuaciones para garantizar la finalidad del proceso legal y el interés general. Desde el año 2004, además, se han solicitado al gobierno municipal unas 35 revisiones de oficio de acuerdos municipales que la Junta consideraba contrarios a derecho.

Más enemigos. De todos es conocido el enfrentamiento abierto que Benavides mantiene con la Junta de Andalucía, a la que ha acusado en más de una ocasión de impulsar un "complot" contra su persona. Pero el alcalde sexitano tiene otros muchos frentes abiertos. De hecho, según fuentes cercanas al Ayuntamiento, desde el año 2004 se han presentado más de 220 denuncias contra acuerdos urbanísticos del gobierno local de Almuñécar, y la mayoría tenía detrás a colectivos o particulares, no a la Junta.

Lo que sí ha hecho en este tiempo la Consejería de Obras Públicas es realizar más de cien visitas de inspección en el municipio para comprobar la veracidad de esas denuncias interpuestas por terceros, una comprobación que, en algunos casos, ha dado lugar a nuevos trámites judiciales abiertos de oficio por los técnicos de la propia Consejería.

Durante su ´aventura´ como alcalde, la gestión de Benavides también ha sido seguida de cerca por otras administraciones o autoridades, que se han interesado por actuaciones urbanísticas concretas realizadas por el gobierno local sexitano. De hecho, según ha podido saber La Opinión, en los últimos cinco años la Junta ha tenido que emitir más de 15 informes a petición del ministerio fiscal, de los órganos jurisdiccionales o de la Guardia Civil.

A pesar del rosario de contenciosos que arrastra, Benavides continúa en su línea de defender su inocencia y recurrir, unas tras otra, todas las sentencias que se le imponen. Almuñécar, mientras tanto, sigue teniendo el ´honor´ de ser el pueblo granadino con más juicios abiertos por presuntos delitos urbanísticos.

IU denuncia un nuevo trato de favor a la Promotora Cercado de la Santa Cruz

Casi tres meses han pasado desde que el ayuntamiento ordenara a la Promotora Cercado de la Santa Cruz que retirara de forma inmediata las casetas de suministros colocadas junto a la carretera del Suspiro del Moro en Laderas de Castelar.

El 20 de abril se requirió a la citada empresa para que en un plazo improrrogable de 30 días, a partir de dicha fecha, procediera a la retirada de las edificaciones efectuadas en la Carretera suspiro del Moro, C/ Laderas de Castelar de este Término Municipal (vivienda joven), situándolas fuera del ámbito de protección de la citada carretera, todo ello por no ser compatible con el Planeamiento Urbanístico.

El servicio de inspección se personó en el lugar el día 2 de junio comprobando que las edificaciones aludidas siguen en su estado primitivo, como se observa en las fotografías que acompaña, haciendo de esta forma caso omiso a la orden dada.

El 8 de junio hay una reunión de la Junta de Gobierno Local donde se analiza este nuevo informe del servicio de inspección y el alcalde y su equipo de gobierno olvidan que el plazo de 30 días había finalizado el 20 de mayo y era improrrogable. En lugar de sancionar a la empresa por el incumplimiento de la orden acuerdan dar un nuevo plazo de treinta días, también improrrogable, que la empresa ha vuelto a incumplir porque las edificaciones siguen en su lugar.

Esta actitud permisiva del ayuntamiento contrasta con la actitud inflexible mantenida hacia otros vecinos a los que se dan órdenes ejecutivas de cierre y precinto o se imponen multas desmesuradas sin dar tantos plazos.

No es la primera vez que se mantiene un trato de favor hacia esa sociedad dirigida por Germán Ureña y Trinitario Betoret, promotores de la famosa Vivienda Joven y del ilegal Hotel Gran Cortijo así como del Club Náutico y ahora más recientemente, copropietarios del Supermercado Eroski.

En relación con este trato de favor, hay que recordar que a estos mismos señores el alcalde les regaló una gasolinera en los bajos del estadio municipal de fútbol a cambio de unas gradas innecesarias y desaprovechadas de manera permanente. Por cierto, tiempo le ha faltado a estos emprendedores para vender la gasolinera de tal manera que si los múltiples recursos que pesan sobre ella prosperan sea otro el que afronte el problema.

Greenpeace carga contra el urbanismo en Salobreña y Almuñécar

Andalucía es una de las regiones españolas que muestra "un mayor desprecio" por sus espacios naturales protegidos, según mantiene Greenpeace en su informe Destrucción a Toda Costa 2009. En su repaso al estado del litoral andaluz, se centra en dos puntos en la provincia de Granada: los fondos marinos del Tesorillo, en Salobreña; los acantilados de Maro-Cerro Gordo y los fondos marinos de la Punta de la Mona, ambos en Almuñércar.

Según el informe de la organización ecologista, el riesgo en el fondo marino de Salobreña se debe a un "urbanismo mal planificado" que ha llevado a la "destrucción" de la playa de La Cagadilla y de parte del delta del Guadalfeo, lo que podría repercutir negativamente en el ecosistema marino.

Por otro lado, Almuñécar es uno de los objetivos de crítica habitual de la formación ecologista porque su urbanismo,"alejado de la sostenibilidad", "está bajo sospecha de la justicia"

Benavides recurre para eludir otro juicio inminente, el del camping Carambolo

Granada Hoy

El alcalde de Almuñécar, Juan Carlos Benavides, ha recurrido también a la Audiencia Provincial el auto judicial que abre la puerta a la celebración de un nuevo juicio por prevaricación contra el regidor. El juez había señalado en su escrito que había "motivos suficientes" para sentarlo en el banquillo en el caso del Camping Carambolo.

Esta situación ha coincidido con la reciente condena a 28 meses de cárcel derivada de su actuación en el cierre de la televisión municipal. El alcalde de Almuñécar ya ha anunciado que tiene previsto recurrir a la Audiencia Provincial para que revoque la sentencia que le podría llevar a la cárcel y hacerle perder la alcaldía.

El otro caso por el que podría ser juzgado en breve es el del camping, un establecimiento de Almuñécar que el Ayuntamiento cerró y contra el que adoptó una serie de medidas contrarias a los intereses de sus propietarios. El juez expuso en su reciente auto, con el que daba por finalizada la investigación, que encontraba suficientes argumentos para que Benavides fuera juzgado por prevaricación.

El camping, que es propiedad del concejal de IU en Almuñécar, Fermín Tejero, fue cerrado por el Ayuntamiento de esta localidad en el verano de 2005 y actualmente se mantiene en esa situación desde marzo de 2008, cuando volvió a ser clausurado por el municipio. Esto motivó la denuncia contra el alcalde, el ex concejal de Urbanismo, Emilio González Pavesio y otro funcionario municipal. En el auto, el juez señala que "de las diligencias practicadas hasta ahora se desprende que, a sabiendas de su injusticia, se promovieron, ejecutaron y dictaron resoluciones administrativas en contra de la entidad de la que el denunciante es representante".

Después de la comunicación de este auto, el siguiente paso era esperar los escritos de las partes y el señalamiento de la fecha del juicio, ya que la Fiscalía se había mostrado partidaria de ello durante la instrucción. Pero el alcalde conseguirá al menos una ralentización de este proceso mediante un recurso remitido a la Audiencia contra el auto del juzgado de Motril.

Benavides también espera que la Audiencia revoque su reciente condena por el cierre de la televisión municipal, que el juez ha calificado como un ataque a la libertad de expresión.

Benavides se juega la alcaldía en la Audiencia

Los recursos de las partes dejan el fallo definitivo en manos de la instancia provincial, que revisará el caso antes de que acabe el año
QUICO CHIRINO Y M. NAVARRETE

Al alcalde sexitano Juan Carlos Benavides parecen no gustarle los jueces «sustitutos» que llevan sus asuntos en los juzgados de Almuñécar y Motril. Sin embargo muestra su «absoluta confianza en las altas instancias de la justicia», que hasta ahora le han sido favorables.

En su comunicado para valorar el fallo, que le condena a 28 meses de prisión e inhabilitación por coacciones a la televisión local, el alcalde subrayaba que todas las sentencias en primera instancia que le han condenado «dictadas por un juez sustituto» las ha tumbado la Audiencia Provincial, que le absolvió, por ejemplo, del cacareado caso Tropical Fruits, que ahora está en manos del Supremo.

Así que con «absoluta confianza» Benavides se encomienda a la Audiencia Provincial, que tendrá que revisar la sentencia, ya que ambas partes, tanto el alcalde de Almuñécar como la acusación particular -la empresa Medios Informativos de la Costa Tropical-, han anunciado que presentarán el correspondiente recurso contra la sentencia dictada por Francisco Pérez Venegas, magistrado del Penal de Motril.

La condena se verá así en la Audiencia y aquí Benavides sí que se la juega. No cabe recurso de casación en el Supremo. La pena de inhabilitación no sólo puede hacer que pierda la alcaldía de Almuñécar, lo que supondría una convulsión en el municipio costero, sino que, si se ratifica el fallo, el alcalde podría ir a la cárcel, al ser la pena superior a dos años de prisión. Claro, que también pueden absolverle, como Benavides espera, aunque sea por lógica estadística. En cualquier caso lo que resuelva la Audiencia será crucial ya que, según fuentes jurídicas consultadas, si la instancia superior ratifica la condena, al alcalde sólo le quedaría la posibilidad de interponer un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, pero éste no frenaría la ejecución del fallo, que si es condenatorio conllevaría por tanto inhabilitación y cárcel.

Revisión crucial

Y la crucial decisión puede estar cerca. Si se manejan los plazos habituales, la Audiencia Provincial revisará la sentencia antes de que acabe el año. Como quiera que sea, la sentencia condenatoria por coacciones a la televisión municipal que ha dictado el juez del Penal de Motril no ha dejado satisfechas a ninguna de las dos partes.

Tras realizar una primera valoración de la sentencia que no conoció hasta ayer, el abogado de la acusación, José Carlos López Pérez, confirmó a este periódico que también piensa recurrirla porque, aunque están de acuerdo con la condena por coacciones, cree que se ha quedado «corta», al no ver el juez delitos de prevaricación ni contra los derechos constitucionales.

El abogado de la acusación pedía una pena de tres años de cárcel para Benavides y veinte de inhabilitación para cargo público (10 de inhabilitación especial por prevaricación y otros 10 por atentado contra derechos constitucionales). Y aunque asegura que la indemnización económica no es lo más importante de este caso, sino que lo importante es que la actuación «burda y a la fuerza» del alcalde no quede impune, el denunciante tampoco está de acuerdo con la valoración de la responsabilidad civil que realiza el juez. El fallo estima así que se debe indemnizar a la empresa por las pérdidas que sufrió desde que se realizó el cierre forzoso hasta que entró en vigor el expediente por el que el Ayuntamiento rescató la concesión, apenas un mes, una cantidad que aún no se ha valorado.

Sin embargo, la acusación cree que ese expediente ya no tenía sentido «tras la desposesión violenta» y entiende que debería indemnizarse al empresario por una cantidad que cubra «como mínimo» los ingresos que debería haber percibido hasta el final de la concesión, unos 100.000 euros.

El Ayuntamiento de Almuñécar ya depositó 100.000 euros en concepto de fianza y será el que asuma los costes, sea cual sea finalmente, de la indemnización.

Los costes del proceso volverán a salir del bolsillo de los almuñequeros

El Ayuntamiento ha presupuestado este año 300.00 euros para gastos jurídicos y 219.000 para pagar indemnizaciones

IDEAL . 29.06.09 - M. N.| ALMUÑÉCAR

Los costes del procedimiento legal que ha supuesto la denuncia de la televisión y la posible indemnización a esta empresa volverán a salir del bolsillo de los almuñequeros, que llevan años asumiendo, con sus impuestos municipales, los gastos jurídicos que generan la maraña de pleitos que o bien promueve o bien le caen solitos a su alcalde.

El Ayuntamiento almuñequero tiene contratados actualmente los servicios de 17 asesorías jurídicas externas que además de asumir los procedimientos judiciales habituales que genera un Ayuntamiento grande como el de Almuñécar, con un importante grueso de contenciosos que el Consistorio sexitano mantiene con la Junta de Andalucía, también hace frente a otro tipo de denuncias como las que Benavides ha puesto a concejales y ex concejales de la oposición o la defensa del alcalde en pleitos como el de la televisión.

De ahí que este año, en los presupuestos municipales para 2009 aprobados el pasado viernes, se haya incluido una partida de 300.000 euros para los gastos jurídicos y otra de 219.000 euros para afrontar las indemnizaciones que previsiblemente tendrá que asumir el Ayuntamiento.

Suma y sigue

Y ésto es un suma y sigue, ya que en este 2008 el Ayuntamiento también se ha gastado 300.000 euros en pleitos, abogados y demás. Unos costes con los que todos los grupos municipales de la oposición, PP, PSOE PA e IU son muy críticos.

«El abogado del Ayuntamiento está en excedencia y la plaza municipal se ha sacado dos veces a concurso pero aunque ya se ha cubierto, el titular no ha tomado posesión. No hay quien se quede aquí a defender lo indefendible», señala Fermín Tejero, el concejal de IU. No es de extrañar que el edil sea uno de los más críticos con los gastos judiciales de Benavides ya que le afectan personalmente: el alcalde mantiene un pleito contra Tejero por el tema del Camping Carambolo.

Y en las filas populares también critican que se sustenten con dinero público denuncias y pleitos del alcalde. Contra ellos tiene interpuestas tres, correspondientes a su anterior etapa de gobierno.

También a Francisco Prados, del PSOE, le indigna que el dinero público «se emplee en las tropelías del alcalde». «Este es un alcalde irrespetuoso con la ley y despilfarrador del dinero público», lamenta Prados. «Y esto no es nada, hay un rosario de procedimientos abiertos, ahí está el alzamiento de bienes y como guinda la denuncia del Defensor del Pueblo». Resignado, Prados sentencia: «Benavides se irá y seguiremos pagando sus pleitos»

Benavides intenta trasladar su responsabilidad política y penal a otros concejales y empleados municipales

Ante la denuncia que ha presentado el Defensor del Pueblo contra Benavides, el alcalde le ha endosado la responsabilidad de esta obstrucción a la concejala de Relaciones Institucionales y a los empleados de diversos negociados municipales a los que Benavides culpa de no tramitar con diligencia las peticiones del Defensor del Pueblo. IU considera una cobardía culpar a la concejala Eva Gaitán y a los empleados municipales de actuaciones cuyo único responsable es el alcalde.

La actitud del alcalde no es nueva. Hace pocos días ocurrió algo parecido en el juicio por el cierre de la televisión local a principios de la anterior legislatura. En este caso fue Miguel Ávila, la mano derecha de Benavides en el ayuntamiento, quien asumió de manera voluntaria la responsabilidad por el cierre ilegal de la televisión local de Almuñécar. El gesto pierde valor si tenemos en cuenta que Miguel Ávila ya no es concejal y está jubilado pero no deja de ser un indicador de la catadura moral del alcalde el que permita que un viejo amigo suyo dé la cara por él arriesgándose a una condena que no le corresponde salvo en lo que pueda tener de complicidad como miembro de la Junta de Gobierno.

Asimismo,  un empleado jubilado del Ayuntamiento de Almuñécar se autoinculpó de haber cambiado la cerradura del estudio de televisión por propia iniciativa, sin que nadie se lo hubiese dicho. La jugada no le ha valido en este caso según se desprende la sentencia condenatoria que se ha divulgado este fin de semana, pero ahí queda el detalle de hasta donde llega la desfachatez de Benavides al permitir que un empleado que sólo cumplía órdenes afirme bajo juramento que cambió las cerraduras por su cuenta y riesgo.

Pero la cosa no queda ahí. Algunos servicios municipales se esmeran en hacer informes "a la carta" para satisfacer los deseos de un alcalde que, cuando se sienta en el banquillo, descarga toda su responsabilidad sobre los autores de los informes. El miedo o el servilismo cooperan en numerosas ocasiones para dar visos de legalidad a decisiones que chocan frontalmente con el ordenamiento jurídico. Cuando el aparejador técnico ha sido condenado por emitir un informe improcedente acerca de la vivienda de su jefe, el arquitecto municipal, el alcalde también se ha quitado de en medio alegando que él no puede hacer otra cosa más que respetar los informes técnicos.

Es más, en bastantes Juntas de Gobierno en las que se van a tomar acuerdos polémicos o que rozan la ilegalidad, el alcalde se va de viaje y delega en el Teniente de Alcalde toda la posible responsabilidad por las decisiones.

Es perversa esta actitud del alcalde proclamando su inocencia y justificando sus decisiones en unos proyectos que él mejor que nadie sabe cómo se han elaborado.

La mayoría de las personas que trabajan bajo las órdenes de Benavides tienen miedo a expresar sus opiniones y sienten pánico si han de hacer algún informe o tomar alguna decisión que pueda desagradar al alcalde. Y motivos no les faltan porque ya sabemos el proceder de este individuo cuando no se actúa de acuerdo a sus indicaciones.

IU se congratula por la sentencia condenatoria en el cierre por las bravas de la televisión municipal. Es justo que sea condenado puesto que nadie puede dudar de que aquello fue una tropelía ordenada directamente por él. Aunque aún le queda el recurso ante la Audiencia Provincial, nuevamente pagado por el contribuyente, cada vez está más claro que este hombre acabará mal porque son ya demasiados los años que lleva cometiendo ilegalidades de todo tipo. De muchas se ha escapado gracias a las mentiras, las coacciones y la ineficacia con que actúan en numerosas ocasiones los servicios jurídicos de la Junta, pero finalmente, su persistencia en actuar a su capricho le pasará factura.

Esperemos que la Justicia siga actuando y que este señor pague por los numerosos delitos que ha cometido y sigue cometiendo en perjuicio básicamente de los ciudadanos de Almuñécar

Benavides, condenado a 28 meses de cárcel por coacciones

El Juzgado de lo Penal de Motril responsabiliza al alcalde de Almuñécar del corte de suministros a la cadena municipal que emitió hasta 2004 y lo inhabilita para cargo público por otros 28 meses

P. MARISCAL / Á. CALLEJA El alcalde de Almuñécar, Juan Carlos Benavides, ha sido condenado a 28 meses de cárcel y a otros 28 de inhabilitación especial por un delito de coacciones cometido contra la empresa adjudicataria de la televisión municipal en 2004. El Juzgado de lo Penal de Motril condena al regidor de la localidad sexitana por autorizar el cambio de cerraduras de las instalaciones de la cadena y por cortarle el suministro de agua, luz y teléfono, según han confirmado fuentes judiciales. El contenido íntegro del fallo podría conocerse el próximo lunes, precisaron las fuentes.

La sentencia condenatoria rebaja en dos meses la pena del fiscal, que solicitó dos años y medio de prisión para Benavides más la correspondiente inhabilitación. El juez considera probado que el alcalde de Almuñécar fue el responsable de las órdenes que acabaron con el cierre de la empresa Medios Informativos Costa Tropical S.L., que emitía su programación por el canal municipal. En enero de 2004 se ejecutó el corte de los suministros básicos, así como el cambio de cerradura. El contrato con esta empresa finalizaba apenas unos meses después, en mayo de 2004.

El Juzgado de lo Penal de Motril da la razón al empresario Vicente Fernández Guerrero, propietario de la cadena que en el momento de las coacciones empleaba a 17 personas y facturaba seis mil euros al mes, según declaró en el juicio. El denunciante afirmó que Medios Informativos tenía autonomía para emitir y que la empresa concesionaria anterior no pagaba agua ni luz ni teléfono porque además tenía la "deferencia" con el Ayuntamiento de Almuñécar de cobrarle la mitad del coste de la publicidad.

El fiscal acusó a Juan Carlos Benavides de un delito de coacciones contra Medios Informativos Costa Tropical S.L., cometido cuando la junta de gobierno local que presidía autorizó el cambio de cerraduras de las instalaciones de la televisión y el "corte unilateral" de su suministro de agua, luz y teléfono "sin utilizar el procedimiento legal establecido". El ministerio público argumentaba que "el corte unilateral" del suministro a la empresa se hizo gracias al acuerdo de la junta de gobierno local y en fechas próximas a los cambios de cerradura "sin amparo legal" y con la intención de "eliminar" la emisión de la programación de la televisión. De hecho, en el juicio testificaron algunos ediles de la corporación anterior a la presidida por Benavides. El ex alcalde socialista Antonio Rebollo afirmó que días después de rescindir el servicio a Medios Informativos comenzó a emitir otra televisión municipal "afín" a Benavides por el mismo canal, una circunstancia que fue "pública y notoria".

El alcalde de Almuñécar defendió en el juicio que los cambios de cerradura se hicieron por orden del edil de Relaciones Institucionales, que recibió un oficio del jefe de la Policía Local en el que le advertía de las carencias de seguridad de una caseta situada en el Rancho de Río Verde –donde se encontraba la antena de emisión–. Benavides llegó a decir que si realmente hubiera querido "silenciar" a la televisión hubiera sido "más fácil", puesto que el Ayuntamiento se reservaba los derechos de emisión.

Benavides ha levantado el Pleno sin que se haya votado el rescate de los aparcamientos de San Cristóbal y Velilla

En el Pleno celebrado el viernes 26 de julio, el alcalde ha dado por finalizada la sesión sin que se vote nada acerca del rescate de los aparcamientos. La interpretación que ha hecho el alcalde contando como abstenciones los silencios de los concejales es inadecuada y fuera de la legalidad.

El alcalde de Almuñécar ha creado un estúpido problema de orden público al negar el uso de la palabra al concejal andalucista con la torpe excusa de que había utilizado un lenguaje inapropiado. El concejal andalucista se ha limitado a llamar mentiroso al alcalde porque éste había hecho en el turno anterior afirmaciones despreciativas e irónicas acerca del portavoz del PA. Cuando ha retomado la palabra Luis Aragón, ha utilizado la expresión 'manda cojones', momento en que el alcalde le ha apagado el micrófono y ha amenazado con echarlo del pleno.

En esas circunstancias, el portavoz de IU se ha negado a intervenir en solidaridad con Luis Aragón y lo mismo han hecho el resto de portavoces. El alcalde ha tomado la palabra pero con el tumulto provocado no se podía escuchar a nadie.

IU culpa al alcalde no haber sabido moderar la reunión, primero quitando la palabra sin motivo alguno porque de la boca del propio alcalde han salido insultos y descalificaciones de todo tipo en anteriores plenos. En una ocasión, Benavides le dijo al concejal socialista que le tocara los pirindolos, y más recientemente, llamó payaso a un ciudadano que manifestaba su malestar desde los asientos del público.

En cualquier caso, la obligación del alcalde es la de moderar el debate y garantizar que todos los portavoces puedan expresarse. Al no acabar con el tumulto, el alcalde ha impedido que los portavoces dieran su opinión acerca de la situación de los aparcamientos.

La irregularidad más grave la ha cometido el alcalde cuando ha pasado a votación el dictamen sin que nadie le oyera ni nadie votase y a grito pelado ha dicho que el dictamen quedaba aprobado con los votos de Convergencia y la abstención del resto de grupos.

IU califica este hecho de extremadamente grave pues en ningún momento se puede identificar el silencio con la abstención. La legislación establece con total claridad que la votación ha de producirse de manera inequívoca mediante la palabra o levantando la mano, así que en ningún caso cabe identificar el silencio con la abstención.

El artículo 101 del ROF establece que Las votaciones pueden ser ordinarias, nominales y secretas. Son ordinarias las que se manifiestan por signos convencionales de asentimiento, disentimiento o abstención.

Así mismo, el artículo 98.2 del ROF establece que antes de la votación el Alcalde o Presidente planteará clara y concisamente los términos de la misma y la forma de emitir el voto. Esta circunstancia tampoco se ha producido como pueden atestiguar todos los asistentes al Pleno.

El artículo 98.5 del ROF dice que Inmediatamente de concluir la votación nominal, el Secretario computará los sufragios emitidos y anunciará en voz alta su resultado, en vista del cual el Alcalde o Presidente proclamará el acuerdo adoptado. Dado que la secretaria no ha hablado en toda la sesión se puede concluir que no ha habido votación de acuerdo a lo previsto en la legislación.

No ha habido votación porque no ha habido tales signos de asentimiento, disentimiento o abstención y tampoco ha habido pronunciamientos de tipo alguno de viva voz. En tal sentido, los concejales de la oposición han elaborado un escrito dirigido a la Secretaria para que informe acerca de si ha habido votación o no.

IU cree que el alcalde está obligado a llevar a un nuevo pleno esos dos puntos porque si no podrían ser nulos de pleno derecho y constitutivas de delito las actuaciones que ponga en marcha el alcalde en base a unos acuerdos que no se han tomado conforme a la ley.

Benavides culpa a los empleados municipales y a una concejala de la falta de respuesta al Defensor del Pueblo

En una rueda de prensa cargada de embustes y demagogia, Benavides echó balones fuera ante la acusación del Defensor del Pueblo. Dijo que está agobiado por los pleitos que le ponen las administraciones y los particulares. Se le olvidó mencionar los pleitos que le hemos puesto desde Izquierda Unida. Lo que no dijo es que todos estos pleitos los podía evitar el ayuntamiento actuando conforme a derecho.

Luego dijo que no era para tanto, que él trata muy bien al Defensor del Pueblo y que está sorprendido por ser el único alcalde de toda Andalucía que ha sido denunciado por obstrucción al Defensor del Pueblo.

Para terminar, echó la culpa a los empleados municipales y a una concejala a la que pretende colgar el marrón. Esto fue lo que dijo de los empleados municipales:

Por último, indicó que si en algún momento se ha producido algún entorpecimiento "ha sido porque algún departamento municipal no ha funcionado como debería haberlo", y concluyó que "si por eso nos quieren criminalizar para que nos volvamos a pasear por la Fiscalía, tendremos que hacerlo, no es la primera vez, lamentablemente ya estamos acostumbrados".

Y esto fue lo que dijo de la concejala que tendrá que comerse el marrón porque al parecer va incluido en el sueldo de los concejales del equipo de gobierno comerse los marrones del alcalde:

En lo que respecta a las agilidad de las respuestas por parte de los responsables de los diferentes departamentos municipales  a los que van dirigidos, el alcalde sexitano aclaró que mediante resolución de alcaldía fechada el 25 de noviembre de 2008, se delegaban en la concejal de Relaciones Institucionales Eva Gaitán, las funciones para recibir, tramitar y responder todas las cuestiones relacionadas con la Oficina del defensor del Pueblo “con la intención de evitar atascos” .