Marbellécar

El Defensor del Pueblo denuncia a Benavides por su «actitud entorpecedora persistente»

Es la primera vez que se lleva a la Fiscalía a un alcalde por la obstrucción a la labor de la Institución, que le achaca un delito de «desobediencia»

El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, ha denunciado ante la Fiscalía Superior al alcalde de Almuñécar, Juan Carlos Benavides, por una «actitud entorpecedora persistente» a la labor de la institución basada en la falta de colaboración y desatención a la información solicitada por la misma en relación por más de una decena de quejas.

Según informaron fuentes de la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz es la primera vez que la institución acude a la justicia por «obstrucción» de su labor por parte de un representante de la Administración, una situación recogida en el Código Penal como un delito de «desobediencia» y que obliga al Defensor a dar cuenta de ello ante el Parlamento de Andalucía y el Ministerio Fiscal. Además, al tratarse de una autoridad o funcionario público «podría conllevar la imposición de una pena de suspensión de empleo o cargo por un tiempo de seis meses a dos años».

Tal y como explicaron, la institución acumuló hasta cinco expedientes de quejas ciudadanas sin resolver por la falta de colaboración del Ayuntamiento a la hora de facilitar los informes y datos requeridos, a las que se sumaron seis expedientes más desde el año 2007, ninguno de ellos «atendido», lo que ha producido una situación de «acumulación de no colaboración» que constituye un supuesto de «especial gravedad».

Todos estos expedientes, aclararon -la mayoría relacionados con el urbanismo-, siguieron su correspondiente tramitación, con la petición de informes iniciales, reiteración de petición colaboración en numerosas ocasiones, contactos frecuentes y declaración de actitud entorpecedora por parte del Defensor.

A pesar de ello, cinco expedientes «terminaron desatendidos», situación que se agravó con la suma de los últimos seis abiertos, «los cuales, uno detrás de otro, han sido completamente ignorados». No obstante, el Defensor envió un «enésimo» escrito a Benavides -que no obtuvo respuesta- trasladándole la situación y advirtiéndole de que si en un plazo estipulado no recibía la colaboración «legalmente debida por el Consistorio con el envío de la información requerida en los expedientes de queja» daría conocimiento de ello al Parlamento y al Ministerio Fiscal.

Según destacaron dichas fuentes, al problema de «dejar gravemente desatendido el derecho de los ciudadanos a formular quejas referidas al ayuntamiento de Almuñécar» se une el problema «de fondo» que representa que «un mecanismo de control de la actuación administrativa establecida en el Estatuto de Autonomía y la Constitución Española está paralizado porque el deber legal del alcalde de colaborar con el Defensor no se realiza».

La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz recordó que «es la primera vez en los 25 años de la historia de la institución» que se produce una situación de este calado, con la denuncia a un regidor, ya que lo común es una relación «normalizada y fluida con todas las administraciones».

De hecho, señaló que, el pasado año fueron miles los informes que se remitieron al Defensor en respuesta a otras tantas quejas abiertas.

Piden dos años de cárcel para Benavides

El ministerio público considera probado que hubo coacciones a la televisión local. El regidor alega que la empresa incumplió reiteradamente el contrato

B. G. CANO / E. PRESS. La Fiscalía de Granada mantuvo ayer en sus conclusiones definitivas su petición de dos años y medio de prisión para el alcalde de Almuñécar, Juan Carlos Benavides, por la posible comisión un delito de coacciones contra la que fuera adjudicataria de la televisión municipal Medios Informativos Costa Tropical S.L., después de que la junta de gobierno local que presidía autorizara el cambio de cerraduras de sus instalaciones y el "corte unilateral" de su suministro de agua, luz y teléfono "sin utilizar el procedimiento legal establecido".

El regidor sexitano, que llegó al Palacio de Justicia de Motril una hora antes de que comenzara la vista oral, prevista para las 12.00 horas en el Juzgado de lo Penal, alegó en su declaración que la concesionaria, que consiguió la adjudicación en el año 2000, incumplió el pliego de condiciones contratado, entre otros puntos, que debía pagar las facturas de luz, agua y teléfono y que no había abonado la fianza necesaria.

Así, según aseguró, fue el entonces concejal delegado de Hacienda el que detectó esas "anomalías" y el que llevó en noviembre de 2003 la propuesta del corte de suministro a la junta de gobierno local. Sin embargo, fue en enero de 2004 cuando, según mantuvo, se hizo efectivo el acuerdo adoptado, tras "reiteradas" notificaciones a la empresa de que debía contratar los servicios que utilizaba.

El alcalde señaló, además, que los cambios de cerradura de las instalaciones desde las que trabajaba Medios Informativos Costa Tropical se hizo por orden del edil de Relaciones Institucionales, que recibió un oficio del jefe de la Policía Local en el que le advertía de las carencias de seguridad de una caseta situada en el Rancho de Río Verde –donde se encontraba la antena de emisión–. Según dijo, esa caseta contenía efectos de Bomberos y Protección Civil y muchas personas tenían acceso a ella.

Preguntado por la "coincidencia" en fechas del corte de suministro y los cambios de cerradura tanto de esa caseta como de otra con medios técnicos de la empresa en la terraza de la Casa de la Cultura –-cuya segunda planta ocupaba la televisión–, Benavides respondió que desconoce cuándo se procedió a esos cambios, puesto que su actuación se limitó a aprobar la propuesta llevada ante la junta de gobierno local.

Asimismo, incidió en que la empresa informativa sólo fue contratada para la producción de programas, puesto que la normativa prohibía que una empresa privada emitiera contratada por el Consistorio. El alcalde se defendió argumentando que si realmente hubiera querido "silenciar" a la televisión hubiera sido "más fácil", puesto que el Ayuntamiento se reservaba los derechos de emisión y el contrato de la empresa concluía sólo unos meses después, en mayo de 2004.

La otra versión. Por contra, el denunciante, el administrador único de la empresa, aseguró que Medios Informativos tenía autonomía para emitir y que, como la empresa concesionaria anterior, no pagaba agua, ni luz, ni teléfono porque además tenía una "deferencia" con el Ayuntamiento de cobrarle la mitad del coste de la publicidad. Según aseguró Vicente Fernández, no se recibió aviso alguno del corte de los servicios de las instalaciones de la empresa, que facturaba 6.000 euros al mes y que entonces contaba con 17 empleados.

También declararon los guardias civiles que constataron el cambio de cerraduras de la caseta de Río Verde –donde pudieron ver una antena partida y un cable quitado– y de la terraza de la Casa de la Cultura, y que comprobaron que la segunda planta que ocupaba la televisión era la única dependencia sin luz en esas instalaciones.

Dieron además su testimonio los concejales que gobernaron con Benavides desde que fue elegido alcalde en el año 2003, ratificando la versión aportada por el regidor ante el juez. También testificaron los ediles de la anterior corporación, que afirmaron que días después de rescindir el servicio a Medios Informativos comenzó a emitir otra televisión municipal por el mismo canal "afín" a Benavides, una circunstancia que es "pública y notoria", según el ex alcalde socialista Antonio Rebollo.

El ministerio público, que pide también para el alcalde una multa de 36.000 euros, mantuvo que "el corte unilateral" del suministro a la empresa se hizo por acuerdo de la junta de gobierno local y en fechas próximas a los cambios de cerradura "sin amparo legal" y con la intención de "eliminar" la emisión de la programación de la televisión.

Requerimientos. Se hicieron una serie de requerimientos a la empresa para que diera de alta los servicios pero siempre después de los acuerdos adoptados, según el fiscal, que incidió en que ha quedado acreditado en el juicio, visto ayer para sentencia, que el alcalde fue el responsable de la toma de decisiones para coaccionar a la empresa con la circunstancia agravante de la utilización de medios públicos, fuerza y una posición de superioridad.

El empresario, Vicente Fernández Guerrero, manifestó que el cierre por la fuerza le causó un perjuicio moral y económico del que aún no se ha recuperado.

Por su parte, la acusación particular mantuvo su solicitud de tres años de prisión y 20 de inhabilitación para el alcalde por los delitos de coacciones, prevaricación y contra los derechos constitucionales.

IU califica de "calumnia" la denuncia de Benavides a una jueza del municipio

Granada Hoy

IU de Almuñécar calificó de "calumnia" y "chantaje" la denuncia que ha decidido interponer el alcalde, Juan Carlos Benavides, contra la magistrada del Juzgado número 2 de Almuñécar, Marta Cortés. Para esta formación, el primer edil estaría "preparando el terreno" a posibles actuaciones judiciales, tales como las que han tenido lugar en otros municipios como Marbella o Alhaurín.

El portavoz de IU, Fermín Tejero, cree que si el alcalde no tiene nada que ocultar, "en nada tendría que preocuparle la celebración de uno de veintiún juicios. Sólo puede tener miedo a la justicia si realmente ha cometido delitos". En su opinión, "está acusando a esta jueza de actuar por motivos diferentes a los judiciales, es decir, de prevaricar".

"Cuando Benavides dice que en el Juzgado no se sigue el turno habitual de reparto o que sus juicios van a un ritmo superior al esperado, en realidad está acusando a los trabajadores del Juzgado de cometer un delito, cuestión grave si no se dispone de pruebas", afirmó Tejero. Y añadió que "es una calumnia que sólo se puede entender desde la crispación que tiene un señor que va a seguir siendo imputado en muchos más delitos ".

La denuncia a la jueza, para IU, es "un chantaje que demuestra que el alcalde está preocupado por las imputaciones, y quizá está preparando el terreno a sus seguidores para una campaña de las que se suelen orquestar en los municipios en los que el alcalde acaba detenido por delitos diversos".

Para Fermín Tejero, es "inadmisible" que Benavides "pretenda involucrar a los técnicos del Ayuntamiento en unas decisiones tomadas por él".

Benavides se enfrenta a 2,5 años de cárcel por un delito de coacciones

Granada Hoy

La Fiscalía mantuvo ayer en el juicio la petición de dos años y medio de cárcel y 36.000 euros de multa para el alcalde de Almuñécar, Juan Carlos Benavides, por un presunto delito de coacciones realizadas a la empresa adjudicataria de la televisión local.

En el juicio celebrado ayer, que duró unas cinco horas, Benavides aseguró que la empresa había incumplido el pliego de condiciones al no hacer frente a la fianza que tenía que depositar y no pagar las deudas reclamadas por el Consistorio correspondiente a la luz, agua y teléfono. Resaltó que fue el entonces concejal de Hacienda el que detectó las "irregularidades", por lo que en noviembre de 2003 solicitó a la Junta de Gobierno el corte, pero la decisión no se tomó hasta enero de 2004 tras "reiteradas" notificaciones a la empresa.

Por contra, el denunciante, el administrador único de la empresa, Vicente Fernández Guerrero, indicó que ellos tenían autonomía para emitir y que, como la empresa concesionaria anterior, no pagaban agua, ni luz ni teléfono porque lo compensaban con el Ayuntamiento al cobrarle la mitad del coste de la publicidad que emitía.

Fernández aseguró que no recibieron aviso alguno del corte de los servicios de las instalaciones de la empresa, que entonces contaba con diecisiete empleados.

Sin embargo, el Ministerio Público consideró que quedan probadas las coacciones ejercidas en ese momento a la televisión, que tuvo que cerrar poco después cuando se le cortó el suministro de la luz. El Fiscal considera también el agravante de la utilización de medios públicos y aprovecharse de una posición de superioridad, además de que no se utilizaron los procedimientos establecidos legalmente para la rescisión del contrato a esta empresa.

Por su parte, la acusación particular, después de adherirse al informe de la Fiscalía, solicitó tres años de prisión por las coacciones y 20 de inhabilitación, por los delitos de prevaricación y contra los derechos constitucionales, como es el de la información, además de una indemnización de 100.000 euros.

El letrado apuntó que, desde que accedió a la Alcaldía, "existía un plan orquestado para echar a una televisión que no era de su cuerda", por lo que hubo una "continuada persecución" a la empresa, primero con el corte del teléfono y lo último el corte de luz y el cambio de cerraduras sin informarles.

La defensa de Benavides pidió la libre absolución del acusado al haberse desvirtuado durante todo el juicio el principio de inocencia que tiene, además se ha basado en que la decisión del corte del suministro eléctrico y el cambio de cerradura la tomó la Junta Gobierno.

Además hizo referencia a que la empresa concesionaria incumplía algunos de los requisitos que había en el pliego de condiciones, entre ellas el pago de los recibos de luz, agua o el teléfono que consumían. El abogado del Consistorio consideró que la actuación de Benavides fue "correcta" y que no llegó a enterarse del cambio de las cerraduras ni del corte de la luz hasta días después.

Benavides alega en el juicio que no tuvo nada que ver con el cierre por la fuerza de la tele

En enero de 2004, el Ayuntamiento almuñequero provocó la marcha de la empresa concesionaria de su televisión local tras cortarle la luz y cambiarle las cerraduras de las instalaciones que necesitaba para seguir emitiendo. Hasta aquí los hechos objetivos que, sin embargo, acusación y defensa interpretaron de formas radicalmente opuestas durante el proceso -ayer quedó visto para sentencia- que ha sentado al alcalde almuñequero, Juan Carlos Benavides, en el banquillo acusado de un supuesto delito de coacciones, prevaricación y contra los derechos constitucionales.

Para la empresa que gestionaba entonces la televisión local de Almuñécar, 'Medios Informativos de la Costa Tropical S. L.', aquello fue una maniobra «burda», por la fuerza y por la vía de los hechos consumados, «orquestada» por un alcalde que, envalentonado tras ganar unas elecciones municipales, quiso quitarse de en medio a un medio informativo que le era molesto y, de paso, meter a otra televisión, vinculada a su propio hijo, en el canal que ocupaba la anterior.

Y todo con prisas -no daba tiempo a practicar un procedimiento legal de rescisión del contrato- porque llegaban las elecciones autonómicas y hacia falta la tele para hacer campaña. Es la teoría que expuso ayer, en sus conclusiones finales, el abogado de la empresa Medios Informativos de la Costa Tropical, José Carlos López Pérez.

Sin embargo, para las defensas del alcalde almuñequero y del Ayuntamiento, al que le piden responsabilidad civil, no hubo un solo resquicio de actuación irregular por parte de Benavides. Todo lo contrario, el Ayuntamiento impulsó una actuación totalmente correcta para defender los «intereses públicos» ya que la empresa incumplió el pliego de condiciones que le obligaba, entre otros puntos, a pagar las facturas de luz, agua y teléfono. La defensa de Benavides se aferró así al «cúmulo de irregularidades» de la concesionaria y a sus incumplimientos para justificar el corte del suministro eléctrico, que se acordó en junta de gobierno y fue notificado correspondientemente a la concesionaria, según esgrimieron.

El propio alcalde almuñequero, durante su interrogatorio, se esforzó por demostrar que él no ordenó jamás ni tuvo relación alguna con los cambios de cerradura de las instalaciones de la televisión que estuvieron motivados, según declaró el alcalde, por otras cuestiones ajenas por completo a un intento de presión a la televisión.

Y así lo acreditaron los testigos de la defensa. El propio teniente de alcalde Miguel Ávila declaró ante el juez que fue él mismo, sin que el alcalde lo supiera, el que ordenó cambiar la torreta por motivos de seguridad mientras que un empleado municipal responsable de Mantenimiento asumió el cambio de la otra cerradura en la Casa de la Cultura, porque, según declaró, se había roto tras unas obras.

VIsto para sentencia el juicio a Benavides por clausurar la televisión local a la fuerza: El alcalde de Almuñécar se enfrenta a tres años de cárcel y 20 de inhabilitación

Ideal

A las cuatro y media de esta tarde -la vista comenzó a las doce del mediodía- ha quedado visto para sentencia el juicio contra el alcalde de Almuñécar, Juan Carlos Benavides, por en el cierre, por la fuerza, de la empresa concesionaria de la televisión local de Almuñécar.

La defensa del alcalde y del Ayuntamiento por un lado, y por el otro Ministerio Fiscal y Acusación han dado, durante la sesión, versiones muy distintas de los episodios que tuvieron lugar en enero de 2004, cuando el el Ayuntamiento almuñequero cambió las cerraduras de las instalaciones que empresa 'Medios Informativos de la Costa Tropical S. L.', concesionaria de la televisión local, necesitaba para emitir y la dejó sin suministro eléctrico.

La defensa de Benavides se ha aferrado a las múltiples irregularidades de la concesión a la empresa que dirigía Vicente Fernández y a sus incumplimientos para justificar el corte del suministro eléctrico, acordado en junta de gobierno y notificado correspondientemente a la empresa, según esgrimieron.

La defensa alegó que Benavides nunca dio la orden del cambio de cerraduras, "ni tuvo relación con estos hechos que estaban motivados" como acreditaron los testigos, entre ellos concejales del equipo de gobierno y empleados municipales. Así, el empleado responsable del mantenimiento de la Casa de la Cultura declaró que cambió la cerradura de la zona de la terraza porque se había roto por unas obras, mientras que el teniente de alcalde Miguel Ávila aseguró que él mismo dio la orden de cambiar la cerradura de la torreta de Río Verde, donde se encontraban los aparatos emisores de la televisión, por motivos de seguridad, ya que la Policía se había quejado de que demasiada gente tenía acceso a esa instalación.

Los abogados de la defensa subrayaron además que el corte del suministro eléctrico, acordado en jJunta de gobierno y "notificado a la empresa" se hizo en defensa del " interés público" para que los almuñequeros no pagaran los costes de luz, agua y limpieza de una sociedad privada.

Por su parte, el Ministerio Fiscal dio una versión totalmente contraria y considera probadas las coacciones, con el agravante de la utilización de medios públicos, fuerza y una posición de superioridad.

El abogado de la acusación, Jose Carlos López Pérez, fue más allá y planteó el cierre de la televisión local como el fin de un plan perfectamente orquestado por el equipo de gobierno de Benavides para echar a una televisión que le era molesta. López Pérez argumentó que se requirió a la empresa una "regularización imposible" y se procedió a echarla "por la vía de los hechos consumados". Habló así de "maniobra organizada" ya que coincide en el tiempo el cambio de cerradura en la Casa de la Cultura, con la de la torreta y el corte de luz. "Se priva de la posibilidad de emisión, se impide la libertad de expresión y se cercenan los derechos fundamentales mediante una actitud coactiva y prevaricadora con procedimientos burdos", sentenció el abogado de la defensa. Todo ello, "con finalidad tendenciosa para eliminar la televisión local que les resultaba incómoda políticamente".

El fiscal ha pedido una condena de dos años y seis meses de prisión por un delito de coacciones con la agravante de abuso de cargo público, además del pago de una multa de 36.000 euros e indemnización mientras que la acusación particular reclama tres años de cárcel y 20 años de inhabilitación (10 especial por prevaricación y otros 10 por atentar contra los derechos constitucionales) para ejercer cargo público.

Además de los funcionarios que cambiaron las cerraduras, los agentes de la Guardia Civil que notificaron el cambio de cerraduras, también declararon como testigos el propio dueño de la empresa concesionaria de la televisión, que aseguró que el cierre de la televisión destrozó la empresa y la vida "y desde entonces no he levantado cabeza" y concejales tanto del gobierno como de la oposición en aquellas fechas.

Para IU, las declaraciones de Benavides son un chantaje a una jueza que cumple con su trabajo

IU considera una burla a la ciudadanía el que este alcalde denuncie a una jueza sin dar argumento alguno en la patética rueda de prensa del martes 9 de junio.

IU muestra su sorpresa por esta denuncia ya que si el alcalde presume de no tener nada que ocultar y de actuar conforme a la ley en todo momento, en nada tendría que preocuparle la celebración de uno de veintiún juicios. Sólo puede tener miedo a la justicia si realmente ha cometido delitos.

La denuncia a la jueza es un vulgar chantaje que demuestra que el alcalde está seriamente preocupado por las recientes imputaciones y quizá está preparando el terreno a sus seguidores para una campaña de las que se suelen orquestar en aquellos municipios en los que el alcalde acaba detenido por delitos diversos. Esos montajes los hemos visto en Marbella, Alhaurín o Alcaucín, por no salirnos de Andalucía.

Los ataques directos e indirectos a la jueza del Juzgado número dos utilizando una y otra vez el término sustituta pasan la raya de lo que debe ser la crítica concreta de una actuación judicial ya que, en realidad, Benavides está acusando a esta jueza de actuar por motivos diferentes a los judiciales, es decir, la está acusando directamente de prevaricar.

Cuando Benavides dice que en el Juzgado no se sigue el turno habitual de reparto o que sus juicios van a un ritmo superior al esperado, en realidad está acusando a los trabajadores del Juzgado de cometer un delito, cuestión esta especialmente grave si no se dispone de pruebas. Es una calumnia que sólo se puede entender desde la crispación que tiene un señor que va a seguir siendo imputado en muchos más delitos de los que ahora se le achacan.

Es inadmisible que el alcalde pretenda involucrar a los técnicos del ayuntamiento y al resto de concejales en unas decisiones que han sido tomadas por él sólo siendo los demás meras comparsas en su proceder. Esto es algo que en Almuñécar todos sabemos y quiza también lo estén llegando a saber los tribunales. En cualquier caso, echamos en falta la solidaridad del alcalde con el aparejador del ayuntamiento, procesado por una actuación irregular en la que seguro que no fue el principal responsable.

El señor Benavides está en su derecho de presentar cuantas denuncias quiera con cargo a su bolsillo. Sin embargo, esta actuación de Benavides volverá a suponer un incremento importante del gasto que los ciudadanos de este municipio soportamos y que se sitúa muy por encima del que mantienen ayuntamientos con el doble y el triple de habitantes.

Entre la retahila de juicios de valor y descalificaciones que Benavides señaló como supuestos motivos de esta denuncia, IU señala la contradicción que supone el que este hombre hable de filtraciones y creación de corrientes de opinión. Desde IU acusamos a Benavides de ser el promotor número uno de filtraciones y manipulación de datos para linchar periodísticamente a sus rivales políticos. En este sentido, IU denuncia que desde el ayuntamiento se han filtrado al periódico Costa Tropical informes técnicos y jurídicos que han visto la luz antes de que los conocieran los afectados e incluso antes de que fueran a Junta de Gobierno. El periódico de Benavides es el ejemplo mejor de lo que se puede considerar un periodismo corrupto y desinformador que colabora con total impunidad en la difusión de informaciones falsas y calumniosas para intentar desprestigiar a rivales políticos. La actuación del alcalde y sus medios de comunicación en el caso Carambolo es uno de los múltiples ejemplos que se podrían citar.

Este montaje orquestado para dar esa rueda de prensa en la que no se admitieron preguntas había sido preparado con bastante tiempo de antelación pues se expuso con una parafernalia de cuadros con el escudo de Almuñécar, atril de metacrilato, etc, que hacen ver que todo ha sido encargado hace días para causar un impacto de imagen que quiza haya sido contraproducente, pero que también tendremos que añadir a la lista de gastos inútiles de este alcalde.

Benavides denuncia a una jueza de Almuñécar ante el CGPJ

Benavides ha anunciado hoy acompañado por una veintena de concejales -de esta corporación y de anteriores- que ha denunciado a la jueza del Juzgado de Instrucción número 2 de este municipio, por "unas reiteradas actuaciones que suponen la vulneración de nuestro derecho constitucional a una tutela efectiva por los Tribunales de Justicia".

Dice que, en este caso, "la justicia que busca el esclarecimiento de la verdad intenta sustituirse por una justicia inquisitorial, donde la presución de culpabilidad, sustitye a la presunción de inocencia".

Benavides se ha limitado a leer un papel en el que no explica las verdaderas razones de la denuncia y tampoco ha aceptado preguntas de los periodistas.

El fiscal pide cárcel para Benavides por coacciones a la tele municipal

EFE La Fiscalía ha solicitado una pena de dos años y seis meses de prisión para el alcalde de Almuñécar, Juan Carlos Benavides, por un delito de coacciones contra la empresa Medios Informativos de la Costa Tropical S.L., adjudicataria de la televisión local cuando ocurrieron los hechos.

El Ministerio Público pide igualmente para Benavides el pago de una multa de 36.000 euros y que en concepto de responsabilidad civil indemnice conjunta y solidariamente con el Ayuntamiento de Almuñécar a la empresa Medios Informativos Costa Tropical en las cantidades dejadas de percibir desde que ocurrieron los hechos y hasta la finalización del contrato de adjudicación.

Está previsto que el juicio por esta causa se celebre el próximo miércoles en el Juzgado de lo Penal 1 de Motril.

Según el escrito de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Efe, un acuerdo de la comisión municipal de gobierno del Ayuntamiento del 7 de abril de 2000 adjudicó por cuatro años a la empresa Medios Informativos Costa Tropical los servicios relativos al desarrollo, producción de programas, tiempo de difusión y publicidad institucional en medios audiovisuales de titularidad municipal.

Para el desarrollo de sus funciones la empresa utilizaba la segunda planta del edificio de la Casa de la Cultura y un cuarto situado en la terraza, así como una caseta en el Rancho de Río Verde, de titularidad municipal, lugares donde se encontraban todas sus instalaciones y material técnico necesario para dicha actividad.

Esta utilización fue concedida desde el primer momento por el Ayuntamiento, que suministraba el servicio de electricidad.

En enero de 2004, siendo alcalde Benavides, éste ordenó el cambio de cerradura de la caseta de emisión situada en Río Verde, así como en los locales de la Casa de la Cultura que utilizaba la empresa adjudicataria, mientras que en la Junta de Gobierno de ese mes se acordó el corte del suministro eléctrico de los locales.

Según el escrito del fiscal, la orden se hizo efectiva con fecha del 16 y 19 de enero, sin que previamente se comunicara ni notificara al representante de la empresa, circunstancia que impidió que ésta pudiera continuar con su actividad, con los consiguientes perjuicios económicos.

Esta circunstancia fue utilizada para acordar, el 21 de enero de ese año en la Junta de gobierno local, que se incoara contra la adjudicataria un expediente sancionador procediendo a la suspensión cautelar del contrato, el cual fue resuelto el 9 de febrero del 2004.

IU pide que se investige el papel de la Junta en el urbanismo local

Granada Hoy

El coordinador provincial de IU, Manuel Morales, ha reclamado a la Junta de Andalucía que abra una investigación interna con respecto al papel que está jugando el gobierno autonómico en el urbanismo de Almuñécar, después de que se le hayan rechazado varias denuncias interpuestas por licencias.

Según Morales, se deben esclarecer los "fallos" de los servicios jurídicos de la Junta en los contenciosos que mantiene con el Ayuntamiento sexitano, ya que en los últimos meses "se han acumulado retrasos, presentación de escritos fuera de plazo y otras actuaciones deficientes". Estos errores, según IU, han conllevado la emisión de sentencias favorables al alcalde, en casos "de evidente incumplimiento de la legalidad urbanística".

Exigen a la Junta que aclare los recursos fuera de plazo de varios pleitos urbanísticos

IDEAL. IU reclama que el Gobierno andaluz investigue los hechos que han permitido hasta tres sentencias favorables para Almuñécar

 

El coordinador provincial de Izquierda Unida, Manuel Morales, junto con el concejal de la coalición en el consistorio sexitano, han reclamado a la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada, el inicio de una investigación interna con respecto al papel que está jugando el Gobierno autonómico en el urbanismo de Almuñécar.

La denuncia de los representantes de IU alude a la información que publicaba ayer este periódico, en la que se recordaba que los fallos jurídicos al presentar fuera de plazo los recursos, ha permitido que la Junta pierda cuatro pleitos urbanísticos, uno en Armilla y tres en Almuñécar.

IU considera esta investigación necesaria «para esclarecer los reiterados fallos de los servicios jurídicos de la Junta en los contenciosos que ésta mantiene con el alcalde de Almuñécar». Y agrega: «En los últimos meses se han acumulado retrasos, presentación de escritos fuera de plazo y otras actuaciones deficientes, cuya consecuencia ha sido la emisión de sentencias favorables al alcalde, Juan Carlos Benavides, en casos de evidente incumplimiento, por parte de éste, de la legalidad urbanística».

Para Morales, la situación puede deberse «a la grave incompetencia de técnicos -cuya responsabilidad debería esclarecerse-, o también a unos servicios deficientes -incapaces de enfrentar la carga de trabajo existente-, lo que requeriría de la asunción de responsabilidades políticas». Morales añade en además «podríamos estar enfrentándonos a un caso de connivencia con las actuaciones ilegales en el municipio de Almuñécar, hipótesis que debería conllevar la inmediata puesta en marcha de una investigación interna».

Morales reclama a la Junta de Andalucía «que resuelva su incompetencia y dejadez de funciones para evitar que la ilegalidad campe a sus anchas por la costa granadina», opinión que coincide con la del concejal sexitano Fermín Tejero, quien reclama a la Junta «que haga los deberes y no deje desamparados a los almuñequeros frente a la arbitrariedad de Juan Carlos Benavides».

Benavides regala un millón de euros a la nueva empresa de la limpieza

Una vez conseguido su objetivo de echar al Mirlo, Benavides ha aprobado pagar a FCC, la nueva empresa de limpieza, 1.107.561 euros más de los que habían aprobado en diciembre de 2008, y eso que, en esta fecha, las cantidades asumidas como coste del servicio ya se habían aumentado bastante respecto a las que se pagaban al Mirlo.

 La Junta de Gobierno del 26 de mayo ha aprobado pagar a FCC 3.843.032 euros por su trabajo en 2008 y 3.861.407 por su trabajo en 2009. Esto hace un total de 7.704.439 en los dos años.

 Para pagar esta cantidad, la Junta de Gobierno Local se basa en un informe elaborado por un economista amigo de Benavides y que ya ha elaborado con anterioridad hasta cuatro informes distintos en los que daba cantidades completamente diferentes del coste del servicio. La elevada minuta que cobra este señor por unos informes que deberían hacer los técnicos municipales parece estar relacionada con su habilidad para dar cifras distintas acerca de una misma realidad en cada informe.

 El último informe de este economista, el señor Martín Recuerda, es de hace seis meses, concretamente del 16 de noviembre de 2008. En este informe, el experto economista decía que el coste de ese mismo servicio era de 3.152.190 euros para 2008 y de 3.444.688 para 2009.

 La diferencia entre uno y otro informe es escandalosa porque estamos hablando nada más y nada menos que de pagar algo setecientos mil euros de más por el trabajo de 2008 y cuatrocientos mil euros de más por el de 2009.

 Las diferencias serían mucho mayores si comparamos estas cifras con las que el mismo economista daba para el coste del servicio hace un año o año y medio, cuando todo el interés del ayuntamiento estaba en despedir al Mirlo.

 Sólo el 11 de octubre de 2007, el arquitecto técnico del ayuntamiento, el señor Alejandro Roldán Fontana, valoraba en un informe oficial el coste para 2008 del servicio que prestaba el Mirlo en 2.966.744 euros. Es decir, al Mirlo se le quería contentar con algo menos de 3 millones de euros y ahora le vamos a pagar a FCC cerca de 4 millones al año.

 Recordemos que durante un año largo, el ayuntamiento ha estado manejando cifras distintas para convencernos de que el Mirlo pedía más de lo que le correspondía y que, además, los ciudadanos estábamos pagando una cantidad razonable por la tasa de basura. Cuatro millones de euros en realidad es lo que los vecinos hemos pagado en 2008 por la tasa de basura.

 La actitud del equipo de gobierno y la del economista que se presta a estos cambalaches es una muestra más de la falta de legalidad que impera en el municipio. Ni los ciudadanos ni los empresarios pueden desarrollar su actividad de manera satisfactoria salvo que acepten todas las imposiciones del equipo de gobierno.

 Es un escándalo que se pague a esta empresa una cantidad económica tan elevada cuando el contrato es el mismo que se mantenía con el Mirlo. El escándalo es doble si tenemos en cuenta que esta empresa no ha ganado ningún concurso sino que está ahí puesta de manera provisional porque Benavides se cargó la estabilidad financiera del Mirlo y ha dado este regalito a FCC sin mediar concurso alguno.

 La presión del ayuntamiento fue tan fuerte imponiendo multas por cerca de un millón de euros y retrasando los pagos varios meses, que finalmente fue la propia empresa la que llegó a pedir la rescisión del contrato. Este hecho ha sido determinante para que el Consejo Consultivo acepte la resolución del contrato entre el ayuntamiento y El Mirlo.

IU exige que, una vez conocido el dictamen del Consejo Consultivo sobre este tema, la adjudicación del servicio de limpieza y recogida de residuos sólidos se saque a concurso de manera inmediata acabando con la situación de interinidad en que se mueve la empresa actual.

Almuñécar encabeza las modificaciones puntuales del PGOU en la provincia

La Opinión. P. M

Almuñécar es el municipio de la provincia que ha recurrido en más ocasiones a las modificaciones puntuales del PGOU como herramienta para materializar cambios urbanísticos. El pleno del Ayuntamiento ha aprobado en los últimos años 120 cambios del planeamiento mediante esta fórmula, que permite alterar el uso del suelo sin pasar por el control de la Comisión provincial de Ordenación del Territorio.

La Junta de Andalucía no ha dudado en calificar esta práctica como un "uso excesivo" de un recurso que fue ideado para corregir los errores del planeamiento de forma excepcional, de ahí que incluya en su denominación la palabra ´puntual´. En el caso de Almuñécar, las modificaciones son más usuales que puntuales. El PGOU actual lleva vigente 22 años (desde el año 1987) y la redacción del próximo ha cumplido 8 años de tramitación. Como la revisión global del PGOU siempre ha sido una empresa difícil, Benavides optó por explotar al máximo las posibilidades que ofrecen las modificaciones puntuales del plan general. Ciento veinte en total, de las que prácticamente el 97% se han realizado durante las etapas de Benavides como alcalde.

Los datos de las modificaciones puntuales aprobadas en otros municipios distan mucho de lo que sucede en Almuñécar. Motril, con el doble de habitantes que la localidad sexitana, ha efectuado unos setenta cambios de ese tipo. En municipios costeros como Gualchos-Castell de Ferro se han aprobado una treintena, que es la media de las localidades pequeñas, según han confirmado fuentes de la administración autonómica.

Almuñécar, con 120, lidera en solitario y con gran ventaja la lista de municipios de la provincia que recurren a las modificaciones puntuales. La mayoría de estas localidades las aprueban para corregir fallos o deficiencias detectadas en el PGOU en vigor (cambios de rasante, divisiones, etc) pero recurrir a las modificaciones puntuales para cambiar los usos del suelo "es emplear esta herramienta de forma fraudulenta", según han explicado fuentes de la Junta de Andalucía consultadas por este periódico.

De hecho, la administración autonómica ha mantenido -y mantiene- numerosos litigios contra Almuñécar ya que considera que estas modificaciones son en realidad una "modificación sustancial y encubierta" del Plan General de Ordenación Urbana. Esas palabras han sido asumidas por los magistrados del TSJA que anularon, a principios de 2008, dos acuerdos urbanísticos canalizados a través de esta fórmula con el objetivo de construir hoteles. También es cierto que los tribunales han dado la razón en varias ocasiones a Almuñécar en contra del criterio de la Junta, tal y como ocurrió con la alteración del planeamiento (la número 71) que permitió la construcción del hotel Playa de Cotobro.

Las consecuencias de estas modificaciones en Almuñécar no son un asunto baladí. El fiscal acaba de acusar al alcalde Juan Carlos Benavides y al jefe de Urbanismo Gerardo García de dos delitos, uno de prevaricación y otro contra la ordenación del territorio por los que solicita una condena a un año de cárcel y 18 de inhabilitación especial. También pide que sean condenados a 9 años de inhabilitación el arquitecto municipal José Luis Rodríguez Passolas y el ex secretario del Ayuntamiento Luis Oliveros, acusados de prevaricación.

El Ministerio Público considera que los cuatro actuaron "de común acuerdo y con la finalidad de favorecer en Almuñécar la construcción de diversos hoteles". Para lograr este objetivo efectuaron catorce modificaciones puntuales del PGOU que afectaban a zonas de equipamiento comunitario para darles un uso exclusivamente hotelero. El fiscal insiste en que los acusados "sabían de la ilegalidad que cometían" al intentar "eludir" el procedimiento establecido para los cambios sustanciales, que es la revisión global del PGOU.

Alteraciones. La diferencia entre un sistema y otro radica en que con la modificación puntual no es necesario someterse al control de la Comisión provincial de Ordenación del Territorio. De esta forma, con las 14 alteraciones de las que habla el fiscal, ocho hoteles de la localidad habrían logrado un incremento de ocupación de 89.590 metros cuadrados. Esta superficie, consolidada gracias a las gestiones urbanísticas de Juan Carlos Benavides y su equipo urbanístico, es similar a nueve campos de fútbol.

El fiscal ha pedido en el escrito de acusación presentado en el Juzgado de Instrucción 2 de Almuñécar la demolición "de todo lo indebidamente construido", tal y como informó ayer este periódico.

Reacciones. El edil de IU Fermín Tejero responsabilizó directamente al alcalde de las consecuencias que se deriven de la petición de demolición del fiscal en relación con los excesos urbanísticos propiciados por "las corruptelas" del equipo de gobierno. Tejero añadió que Benavides emplea estas modificaciones puntuales porque la Junta "no permite las pretensiones de este alcalde de arrasar con todo".

El concejal del PSOE Francisco Prados reconoció que la planta hotelera de Almuñécar quedó muy mermada hace años y que fue necesario liberar terrenos. Prados rechazó, no obstante, "el abuso" del alcalde en relación con las modificaciones puntuales.

Este periódico intentó, de nuevo sin éxito, conocer las explicaciones del alcalde o de algún concejal del equipo de gobierno sobre las acusaciones del fiscal y la petición de demolición parcial de ocho hoteles sexitanos.

IU denuncia que Benavides ha gastado 260.000 euros en abogados

El alcalde de Almuñécar, Juan Carlos Benavides, ha gastado en 2008 un total de 260.618 euros en asesorías jurídicas, casi el doble de los presupuestado para ese año, según un informe entregado por la interventora al grupo municipal de Izquierda Unida en la localidad costera.

La situación no es nueva, según IU, porque se vuelve a repetir la historia de los últimos años. De hecho, según informó en un comunicado el concejal de IU Fermín Tejero en 2007 el Ayuntamiento duplicó el presupuesto inicial al gastarse en este apartado 303.739,63 euros.

El edil consideró "inadmisible" que "año tras año" el alcalde se "salte a la torera" unos presupuestos aprobados por él mismo "dejando claro ante los ciudadanos que el respeto a los acuerdos plenarios es nulo porque, al fin y al cabo, Benavides obra a su antojo gastando lo que considera oportuno al margen de los presupuestos aprobados". En dos años, indicó, el Ayuntamiento ha gastado en asesoramiento jurídico casi 600.000 euros. "No es de extrañar que el Ayuntamiento tenga que recurrir a subir los impuestos", denunció Tejero.

Los asuntos judiciales de Benavides cuestan 260.000 euros a los almuñequeros

El alcalde de Almuñécar, Juan Carlos Benavides (CA), ha gastado en 2008 un total de 260.618 euros en asesorías jurídicas, casi el doble de los presupuestado para ese año, según un informe entregado por la interventora al grupo municipal de IU en la localidad.

La situación no es nueva, según IU, porque se vuelve a repetir la historia de los últimos años. De hecho, según informó el concejal de IU Fermín Tejero, en 2007 el Ayuntamiento duplicó el presupuesto inicial al gastarse en este apartado 303.739,63 euros. El edil consideró «inadmisible» que «año tras año» el alcalde se «salte a la torera» unos presupuestos aprobados por él mismo «dejando claro ante los ciudadanos que el respeto a los acuerdos plenarios es nulo porque, al fin y al cabo, Benavides obra a su antojo gastando lo que considera oportuno al margen de los presupuestos aprobados».

600.000 euros en dos años

En dos años, indicó, el Ayuntamiento ha gastado en asesoramiento jurídico casi 600.000 euros. Con este nivel de gasto, dijo Fermín Tejero, «no es de extrañar que el Ayuntamiento tenga que recurrir continuamente a subir los impuestos y las tasas que pagamos los vecinos». Para valorar la importancia de este gasto, el concejal de IU lo comparó con el destinado en los presupuestos a las retribuciones de todos los bomberos del municipio, que supone una cantidad de 269.094 euros.

Asimismo, con la cantidad invertida en abogados, el municipio podría haber contratado durante todo el año a diez o doce personas para la limpieza de las playas, el cuidado de los jardines o la atención a las personas mayores. El concejal cree que es «una estafa en toda regla» el que se destine una cantidad «tan impresionante» a pagar abogados privados en lugar de contratar profesionales de plantilla, puesto que sólo un despacho se ha llevado casi 200.000 euros.

Tejero apuntó además como «doblemente gravoso» este gasto ya que la mayor parte de los pleitos en los que intervienen estos profesionales tienen su origen en actuaciones irregulares del equipo de gobierno «que malgasta nuestro dinero en largos y costosos procesos judiciales, la mayoría de las veces en contra de los propios vecinos».

«A pesar de este derroche en servicios jurídicos, las tropelías del alcalde son tan importantes que una y otra vez el Ayuntamiento pierde los juicios, una tendencia que va en aumento y que le está suponiendo, además del gasto en abogados, el pago final de indemnizaciones a empresas y particulares que le ganan sus pleitos, algo que se puede comprobar fácilmente analizando las actas de las Juntas de Gobierno», señaló.

El fiscal pide el derribo parcial de ocho hoteles en Almuñécar

Diario La Opinión. PABLO MARISCAL.

Los excesos de edificación materializados por algunos hoteles de Almuñécar gracias a la intervención del alcalde Juan Carlos Benavides (Convergencia Andaluza) y su equipo urbanístico pueden acabar en la escombrera. El fiscal acaba de solicitar el "restablecimiento de la legalidad urbanística" en varios establecimientos del municipio donde se han edificado cerca de 90.000 metros cuadrados al margen de la ley.

El Ministerio Público pide concretamente la "demolición de lo indebidamente construido" gracias a catorce modificaciones puntuales del PGOU aprobadas por el consistorio, según consta en el escrito de acusación presentado en el Juzgado de Instrucción 2 de Almuñécar. Estas modificaciones afectan, al menos, a ocho establecimientos hoteleros, según han informado a este periódico fuentes del sector. Se trata del Bahía de Almuñécar, la ampliación del hotel Carmen, San Carlos, el recién inaugurado Playa de Cotobro, Best Alcázar, Bahía Tropical y otros que aún no se han materializado, entre ellos El Fuerte (sin construir) o el Gran Cortijo de Andalucía (paralizado desde hace más de dos años). El fiscal solicita la demolición de los incrementos de ocupación logrados por los hoteles gracias a las modificaciones del PGOU.

El juez Raúl Muñoz investiga los numerosos cambios de uso aprobados por el Ayuntamiento de Almuñécar, con Benavides al frente, que han "favorecido" la construcción en la localidad de diversos hoteles. El fiscal acusa al alcalde por estos hechos de un delito de prevaricación y otro contra la ordenación del territorio. Solicita por ellos la inhabilitación especial durante 18 años, más otro de prisión. La misma pena reclama para Gerardo García Guillén, jefe de la Sección de Urbanismo del Ayuntamiento de Almuñécar.

En el proceso hay otros dos imputados que también han sido acusados por el fiscal, pero sólo por el delito de prevaricación. Se trata del ex secretario municipal, Luis Oliveros Rodríguez-Varo, y el arquitecto del Consistorio sexitano, José Luis Rodríguez Passolas. Ambos se enfrentan a una petición de 9 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por prevaricación.

Un grupo bien definido. Los cuatro han dominado durante años el urbanismo municipal. Liderado por el alcalde, en el ´equipo´ figuraban el arquitecto jefe, el responsable del área y el secretario, a quien le corresponde la tarea de velar por la legalidad de los procesos.

Juntos, según el fiscal, diseñaron una estrategia "con la intención de eludir" los procedimientos legales para modificar los usos del suelo. La intención era "favorecer" la construcción "de diversos hoteles" en el término municipal de Almuñécar.

El cauce normal –la revisión global del PGOU de la localidad– presentaba"dificultades" tan insalvables para los objetivos de Benavides como el sometimiento de la propuesta al control de la Comisión provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Granada.

La "fórmula" elegida por los cuatro acusados para eludir la inspección de la comisión provincial fueron las modificaciones puntuales del PGOU y las normas subsidiarias.

Investigan 14 cambios. Benavides, García Villén, Oliveros y Rodríguez Passolas "efectuaron catorce modificaciones" puntuales del Plan General de Ordenación Urbana que afectaban a zonas de equipamiento comunitario (instalaciones religiosas, deportivas, recreativas o sociales). Con el cambio de uso, el suelo destinado a los vecinos pasó a ser de empresas promotoras de hoteles.

La alteración del PGOU de Almuñécar, en estos 14 casos y según una estimación del fiscal, supuso un incremento de ocupación cercano a los 89.590 metros cuadrados.

En el escrito de acusación se detalla el grado de participación de cada uno de los imputados. El que fuera secretario del Ayuntamiento de Almuñécar, Luis Oliveros, realizó los informes jurídicos que avalaron cada uno de los expedientes de modificación puntual. Para Oliveros, los cambios se adecuaban a la legislación.

Rodríguez Passolas, arquitecto municipal, se encargaba de elaborar los informes técnicos. En ellos, revela el fiscal, hacía constar que era necesario hacer las modificaciones puntuales del PGOU "dada la necesidad de plazas hoteleras en la localidad". Y bajo esa justificación se realizaron las catorce alteraciones del uso del suelo.

El fiscal analiza con detalle la modificación puntual número 65 del PGOU, que permitió ubicar el actual hotel Bahía de Almuñécar en un solar que estaba destinado a equipamiento comunitario administrativo. Benavides aprobó un hotel de siete plantas más bajo en un terreno donde se debían haber instalado servicios municipales, tal y como contemplaba el PGOU.

Lo hizo en 1998. Previamente, el alcalde "había suprimido del dictamen sobre la modificación puntual número 65 la ordenanza de aplicación y el proyecto del edificio, y ello a sabiendas de la ilegalidad que se cometía", señala el fiscal. Pese a ello, "votó a favor del mismo".

El asunto fue remitido a la Comisión provincial de Ordenación del Territorio. La Junta informó de forma desfavorable porque el Ayuntamiento no justificaba la pérdida de equipamiento ni la previsión de mayores espacios libres. El dictamen, que no comprometía a Benavides al no ser vinculante, recomendaba la realización de modificaciones y subsanaciones antes de aprobar de forma definitiva la modificación.

El alcalde convocó un pleno extraordinario en el que se aprobó la modificación puntual del PGOU sin tener en cuenta las apreciaciones de la Junta de Andalucía. El fiscal entiende que el resto de concejales "no eran conocedores" de la "ilegalidad" que cometía el alcalde ya que para los ediles se trataba de un asunto que contaba con el visto bueno de los informes elaborados por el secretario Luis Oliveros y el arquitecto José Luis Rodríguez Passolas, imputados por prevaricación precisamente por esta conducta.

Juan Carlos Benavides dio la licencia de obras para el hotel en febrero de 2005, "conocedor –insiste el fiscal– de la ilegalidad que cometía". Esa autorización, además, no respetaba las limitaciones acordadas en la modificación 65 en seis de sus plantas. El resultado fueron 850 metros cuadrados edificados de más y la pérdida de un equipamiento que no fue compensado en otra zona.

Benavides gasta en 2008 en asuntos judiciales casi el doble de lo presupuestado

En 2008, los gastos del ayuntamiento en asesorías jurídicas han sido de 260.618 euros, según un informe entregado al concejal de Izquierda Unida por la Interventora. Este tremendo gasto rompe el presupuesto aprobado para este tipo de gastos, que era de 148.000€. La situación no es nueva porque se vuelve a repetir la historia de los últimos años. IU recuerda que en 2007 el ayuntamiento duplicó el presupuesto inicial al gastarse en este apartado 303.739,63€.

IU considera inadmisible que año tras año el alcalde se salte a la torera unos presupuestos aprobados por él mismo dejando claro ante los ciudadanos que el respeto a los acuerdos plenarios es nulo porque, al fin y al cabo, Benavides obra a su antojo gastando lo que considera oportuno al margen de los presupuestos aprobados.

En dos años, este ayuntamiento ha gastado en asesoramiento jurídico casi cien millones de las antiguas pesetas. Con este nivel de gasto no es de extrañar que el ayuntamiento tenga que recurrir continuamente a subir los impuestos y las tasas que pagamos los vecinos.

Para valorar la importancia de este gasto, lo podemos comparar con el destinado en los presupuestos a las retribuciones de todos los bomberos del municipio, que supone una cantidad de 269.094€. Asimismo, con la cantidad invertida en abogados, el municipio podría haber contratado durante todo el año a diez o doce personas para la limpieza de las playas, el cuidado de los jardines o la atención a las personas mayores.

Teniendo en cuenta que Nieves Echevarría Giménez pertenece al despacho de Tastet, podemos comprobar como el negocio de este viejo amigo de Benavides se ha llevado casi doscientos mil euros de nuestros impuestos. IU considera una estafa en toda regla el que se destine una cantidad tan impresionante a pagar abogados privados en lugar de contratar profesionales de plantilla.

IU considera doblemente gravoso este gasto ya que la mayor parte de los pleitos en los que intervienen estos profesionales tienen su origen en actuaciones irregulares del equipo de gobierno que malgasta nuestro dinero en largos y costosos procesos judiciales, la mayoría de las veces en contra de los propios vecinos del municipio.

A pesar de este derroche en servicios jurídicos, las tropelías del alcalde son tan importantes que una y otra vez el ayuntamiento pierde los juicios en los tribunales, una tendencia que va en aumento y que le está suponiendo, además del gasto en abogados, el pago final de indemnizaciones a empresas y particulares que le ganan sus pleitos al ayuntamiento, algo que se puede comprobar fácilmente analizando las actas de las últimas Juntas de Gobierno.

La lista de servicios jurídicos que han sido pagados en 2008, según el informe de la Interventora, es la siguiente:

• Antonio Tastet Díaz: 100.000
• Nieves Echevarría Giménez: 98.901,50
• Urbalex: 30.599,88
• Norberto del Saz Catalá: 22.891,80
• Irene Ollero Robles: 4.931,03
• Manuel José Onrubia Baturone: 1.6669,49
• Fernando Cañavate Galera: 1.624

Los tribunales dan la razón al Mirlo

Los tribunales dan la razón al Mirlo en uno de los innumerables pleitos que tendrán que resolverse. La historia de este pleito es simple. El ayuntamiento, saltándose la legalidad a la torera, le ha quitado a esta empresa el servicio de limpieza y, no contentos con eso, le ha crujido innumerables multas de distinta cuantía por un valor superior al millón de euros.

Como parte de esta estrategia de no pagar a la empresa para tener liquidez, Benavides y sus concejales aprobaron en la Junta de Gobierno del 1 de diciembre de 2008 retenerle casi medio millón de euros de los que le debían a la empresa con cargo a unas multas por supuestos incumplimientos. Como es lógico, la empresa recurrió esta arbitraria decisión y los tribunales le han dado la razón así que en la Junta de Gobierno del 27 de abril de 2009, Benavides toma nota de la sentencia y ordena que se le pague al Mirlo ese medio millón de euros que le habían retenido por la cara.

Este es el texto de las acta de las dos Juntas de Gobierno, la de diciembre y la de abril:

1-12-08

Se da cuenta de Resolución de 28.11.08 del Instructor de los expedientes sancionadores, acordando lo siguiente:

1) Reconocer el derecho a una indemnización por importe de 372.748,58 € por los incumplimientos correspondientes a los meses septiembre 2007 a julio 2008.

2) Reconocer el derecho a una indemnización por importe de 40.108,13 € por los incumplimientos correspondientes al mes de agosto 2008.

3) Reconocer el derecho a una indemnización por importe de 49.509,81 € por los incumplimientos correspondientes al mes de septiembre 2008.

La Junta de Gobierno Local acordó:

1) Aprobar la resolución del Instructor de los expedientes anteriormente indicados.

2) Dar traslado a la Tesorería Municipal para su ejecución.

3) Notificar el presente acuerdo a la empresa Servicios Integrales El Mirlo, S.L.

27-4-09

Se da cuenta de Auto del Juzgado de lo Contencioso núm. 4 de Granada, estimando la solicitud de Servicios Integrales El Mirlo, S.L., acordando la suspensión de la resolución de 1-12-08 de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Almuñécar hasta que se dicte sentencia firme que ponga fin al proceso, acordando la JGL dar traslado a Intervención.

Catetos codiciosos

Habla Ideal de una feria de turismo a la que van representantes del sector. Y, como es habitual, los lectores hacen sus comentarios. Reproducimos éste que cuenta bastante bien la opinión de muchos forasteros que llegaron a esta tierra y se quedaron enamorados de su paisaje. Ese amor inicial hoy ya es desamor para muchos de ellos.

Luis Caldery

Almuñecar, Costa Tropical deliciosa que fuiste un verdadero ejemplo de la generosidad de la naturaleza llevada al límite de lo bello, lástima que tus legisladores te fueron llenando de edificios ilegales, de favoritismos lacayos, de obras inacabadas, de pobretones, de paro y como no de multas a tu Ayuntamiento por cientos de irregularidades urbanísticas bajo cualquier gobierno.

Te fueron vaciando de Edificios Protegidos que eran Patrimonio Cultural de España y hoy en su lugar podéis ver los ruines esqueletos de hierro que se apresuraron a construir quienes los demolieron para lucrarse ilegalmente y que han sido parados por la Justicia. Qué poca clase y que mala gestión la de sus próceres.

Sexitania romana, me enamoré de tí a primera vista hace 35 años, te he vivido casi 10, ya no me gustas, no me gusta el destino a que te han condenado quienes por codicia y no por amor te han gobernado, no me gusta el aborto sin gracia en que habéis convertido Marina del Este, llámalo Velilla II, construída inicialmente con gusto elitista y culto, arruinada despues de 30 años con tal aglomeración de edificios construidos por gente que no tiene idea de lo que significan esas dos palabras: elitismo y cultura. Gobernada por cortijeros catetos codiciosos y para CATETOS SIN OPINIÓN NI CAPACIDAD DE CRÍTICA.

Terminad, Gobernantes, al menos, las obras que han arruinado los paseos marítimos, no vendáis como algo bueno la enorme aglomeración de coches en verano o la vergüenza que da ver esos dos enormes agujeros de varios kilometros, que son los " futuros aparcamientos " pestilentes e inacabados durante años (si es que teneis dinero suficiente para ello), ¿Es cierto, como se ha dicho en la prensa, que su Ayuntamiento está en bancarrota ?.

Malos Gobernantes y peores administradores faltos de amor por su tierra y con un exceso irreverente de insana codicia, sólo sabeis mandar sobre gente sin información. Los pueblos teneis lo que os mereceis.

Granada-Sub: otra cacicada que tenemos que pagar a escote

Para instalar la Estación Naútica, el alcalde no encontró otra solución que echar a la empresa Granada Sub del local. La veterana empresa de buceo presentó un recurso y lo ganó. El ayuntamiento recurrió y perdió. Los tribunales han obligado al ayuntamiento a indemnizar a la mencionada empresa.

Según los cálculos del ayuntamiento, habrá que pagar algo más de 10.000 euros. Eso, contando con que los propietarios de la empresa estén conformes con la cantidad. Ese dinero lo pagaremos entre todos los ciudadanos aunque tenía que pagarlo el cacique que actúa como un elefante en una cacharrería atropellando la legalidad a cada paso que da. El acta de la Junta de Gobierno del 27 de abril lo cuenta así:

Informe del Director Técnico del Patronato de Turismo de Almuñécar, al objeto de dar cumplimiento a la Sentencia núm. 1615 del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, correspondiente al procedimiento ordinario 183/2004 en el que es recurrente Granadasub, S.L. Conforme al fallo recaído, el importe a abonar sería:

1.- Anualidad: 7.212,12 €.

2.- Renta media 3 últimos años, con IPC incluidos desde 1.997: 707,56 €.

3.- Importe 7 anualidades más el 3% de afección y por 2: 10.203,02 €.

La Junta de Gobierno Local acordó aprobar el informe y dar traslado al Juzgado de lo Contencioso Administrativo núm. 3 de Granada.