La exportación de material militar español alcanzó el año pasado los 845 millones de euros. La cifra supone más del doble que el año anterior, y refleja una progresión ascendente que ha llevado a que el volumen de venta se haya multiplicado por seis desde el año 2000. Sin embargo, más allá de las cifras, diferentes ONG denuncian que se está violando el código de conducta de la UE al enviar armas españolas a países en conflicto o donde se producen frecuentes abusos de los derechos humanos. Y la falta de transparencia sobre las ventas hace aún más difícil su control.
Vehículos de combate para Marruecos (más de tres millones de venta de material militar entre 2002 y 2005, incluyendo sustancias químicas, bombas y misiles), materiales y equipos nucleares de doble uso a China (entre otros productos incluidos en los 25 millones de euros de armas vendidos al país asiático en el mismo período); además de las ventas a Estados Unidos, Pakistán, Camerún, Emiratos Árabes o Tanzania.
La exportación militar española no hace apenas distinciones políticas (pudiendo vender armas a países ideológicamente tan diferentes como Venezuela o Colombia). Ni tampoco se detiene demasiado en valorar su probable uso: Israel, en los últimos años, invirtió más de tres millones y medio de euros en la industria española para hacerse con torpedos y cohetes, entre una larga lista de materiales. Es más, en este caso se da la paradoja de que las tropas españolas en Líbano realizan tareas de desactivación de bombas lanzadas por Israel; un material que, además de a otros países, el Estado hebreo compra a la industria española.
Estos datos aparecen recogidos en el informe Comercio de armas en España: Una ley con agujeros, un dossier elaborado por Amnistía Internacional, Intermón Oxfam y Greenpeace que denuncia que el Gobierno español sigue violando el código de conducta de la Unión Europea que prohíbe vender armas a países con conflictos abiertos o donde se vulneran los derechos humanos.
Las críticas llegaron esta vez en un momento especialmente importante en el plano político. A finales de diciembre de 2006, el Consejo de Ministros aprobaba el proyecto de ley sobre el control del comercio exterior de material de Defensa y doble uso. El proyecto, que llega tras años de presiones por una mayor transparencia en el control de armas, lleva desde entonces en trámite parlamentario. Pero, en opinión de las ONG, es poco probable que con el actual borrador vayan a desaparecer las lagunas habituales de Defensa al dar las cuentas sobre este asunto.
En opinión de Mónica Costa, de Amnistía Internacional, “la información que se ofrece es claramente insuficiente”. A su juicio, el actual proyecto supone un avance en dos puntos. Por primera vez se informa la naturaleza del destinatario (público, fuerzas armadas o privado) y se señalará además el volumen de material de caza. Sin embargo, considera Costa, “seguimos sin saber qué exportamos exactamente, cuáles son los criterios que se siguen y por qué se autorizan las licencias. Pensamos que es el momento de hacer un esfuerzo para tener una buena ley, no una propuesta de mínimos”.
Desde Intermón Oxfam, Ricardo Magán lamenta además la lentitud con la que se está llevando el trámite parlamentario. “Los plazos se están retrasando de manera injustificada. Hemos llegado al verano y no se ha constituido la ponencia para discutir el texto. Pensamos que no ha habido voluntad política para meterlo en la agenda”, afirma.
Además, mejorar la transparencia actual sobre el comercio de armas no debería ser complicado. Un aspecto que genera grandes críticas es que los informes oficiales de Defensa no especifican los productos concretos, sino que se continúa usando un sistema de categorías. Y cada una de ellas abarca materiales muy diferentes.
“El problema es que las categorías son muy amplias. Algunas van desde vehículos sumergibles a equipos de natación subacuática. A China, por ejemplo, se vende material de la categoría 0, que incluye desde uranio empobrecido a electrodos de grafito. Vender millones de euros sin decir si estás vendiendo una cosa u otra. cuando menos, despierta sospechas”, apunta Ricardo Magán.
A esto se suman casos de ventas de las que directamente no se informa. Los datos de Defensa y los de aduanas no siempre coinciden. “El caso más específico es Colombia, donde no aparecen datos de guerra, sino material de doble uso, que puede ser utilizado como material de Defensa”, señala Mónica Costa, quien denuncia cómo “la falta de información genera menos control”. Así, la venta de 15 carros lanzaobuses a Colombia por valor de 13 millones de euros ‘desapareció’ de los informes.
Y la falta de control sobre el doble uso también se nota en África subsahariana, donde España ocupa el primer lugar como exportador de munición, con un volumen dos veces superior al de Francia y tres veces mayor que el de EE UU en 2005. Ghana, donde el año pasado se exportó un total de 3,2 millones de euros, es el principal destinatario de municiones de fábricas españolas. Este comercio no está sujeto a control ni aparece en las estadísticas oficiales. Para el Gobierno se trata en exclusiva de material de “caza y tiro”.
Pero Ricardo Magán desconfía. “Es algo lo suficientemente sintomático como para que los políticos decidan que este material debería tenerse en cuenta. No tiene mucho sentido que vendamos 500 millones de cartuchos a un país que tiene 20 millones de habitantes y que practica poco el tiro deportivo”.
De cara al proyecto de ley, Amnistía Internacional, Greenpeace e Intermon Oxfam han exigido un cambio drástico en la política de Defensa. En el informe sobre comercio de armas recogen una serie de prácticas (descripción del producto exportado, medidas de control de intermediarios, financiación de las transferencias) que ya se aplican en otros países. De hecho, la falta de transparencia en el comercio de armas contrasta con la información que ofrecen otras potencias. “Países con mayores industrias armamentísticas son más transparentes con la venta de armas a su ciudadanía. Explican qué están exportando exactamente.
A EE UU se le puede hacer críticas por vender armas a todo el mundo, pero en sus informes aparece todo detallado”, apunta Magán. Con un fuerte gasto en inversión militar (58 millones de euros diarios, si se calculan los últimos presupuestos militares, la industria española de armamento figura como octava del mundo). La mayor parte del comercio termina en países de la OTAN y la órbita europea. Pero la falta de control genera polémicas cada cierto tiempo. Como en 2003, cuando el envio de munición a Sudán en medio de la crisis humanitaria entre las milicias del Gobierno y los grupos rebeldes violó el embargo de la UE.
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la condena a dos años de prisión impuesta en noviembre de 2006 a un sacerdote por abusar sexualmente de un menor tanto en su vivienda como en la Vicaría de la parroquia de Santo Domingo Guzmán, en Madrid, entre 1999 y 2001. En una sentencia, el alto tribunal desestimó el recurso interpuesto por Rafael S.N. contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, que le condenó por un delito continuado de abusos sexuales. Por ello, el cura tendrá ahora que indemnizar al joven con 30.000 euros por los daños materiales y morales causados. La Sección Quinta declaró como responsable civil subsidiario al Arzobispado de Madrid, teniendo en cuenta que el acusado era el secretario de la Vicaría de una parroquia dependiente de esta institución, donde se produjeron parte de los abusos sexuales. 
El Ayuntamiento de Almuñécar deberá restituir a su estado original un tramo de acequia perteneciente a la Comunidad de Regantes de Río Verde que fue embovedada sin darle vista previa a los titulares de la actuación que se iba a realizar, según ha determinado el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 1 de Granada. Las obras han causado daños al colectivo agrícola al impedir el normal riego de parte de la vega del río Verde, así como permitir el vertido de desagües sobre la acequia procedentes de una zona recreativa cercana. 
La Delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Granada aprobará en los próximos días una resolución con medidas para solucionar los problemas de ordenación de tráfico del paraje natural de Maro-Cerro Gordo, con el objetivo de controlar la contaminación y facilitar el acceso. La principal de ellas consiste en habilitar un servicio de transporte en autobús que durante todo el día trasladará al paraje a todas las personas que lo deseen, desde su entrada a la altura de la Carretera Nacional 340.