Convergencia Andaluza ha dado a los medios de comunicación una información parcial que, sin faltar a la verdad, oculta ciertos elementos que es interesante conocer para valorar en sus justos términos los decretos de Fiscalía acerca de dos denuncias interpuestas por Izquierda Unida.
Como consideración global, la decisión de Fiscalía de no interponer denuncia por estos hechos no supone en absoluto una legitimación de los hechos cuestionados ni una deslegitimación de los denunciantes. Supone, simple y llanamente, que la Fiscalía entiende que no hay suficientes datos como para acreditar las irregularidades y que, en consecuencia, no se ve viable una acción penal.
Las discrepancias entre la Fiscalía y los ciudadanos, o entre la Fiscalía y los jueces, son tan cotidianas que, esta misma semana, todos hemos podido ver la pugna entre el juez Garzón y la Fiscalía acerca de la procedencia o no de una acción judicial. Suponemos que la iniciativa del fiscal general no implica la legitimación del franquismo y sus crímenes sino una discrepancia jurídica acerca del criterio seguido, en este caso, por el juez.
De igual manera, los dos decretos de Fiscalía a los que alude Convergencia en su comunicado, no valoran ni legitiman nada. Se limitan a considerar inapropiada la denuncia penal que proponía Izquierda Unida. Lamentamos esta decisión del fiscal, porque estamos convencidos de que hay bastantes irregularidades en estos temas, pero respetamos, lógicamente, su criterio y ahora estudiaremos si Izquierda Unida directamente interpone las demandas que pedíamos a Fiscalía que interpusiera.
La primera denuncia se refiere al restablecimiento del desequilibrio económico en tres grandes obras del municipio, que son la gasolinera del estadio y los aparcamientos del Altillo y la Avenida Juan Carlos. El criterio sostenido por IU en su escrito a Fiscalía es que, al admitir las pretensiones de las empresas, el ayuntamiento ha hecho un flaco favor a los ciudadanos.
En relación a la gasolinera, la empresa argumentaba que el coste de la obra se había disparado a más del doble. El ayuntamiento aceptó este argumento y compensó, en vez de con dinero, con suelo público. Sobre este tema, el fiscal ni siquiera entra a analizarlo porque ya está siendo juzgado. Dice textualmente el fiscal que estos hechos ‘fueron objeto de las Diligencias de Investigación Penal 262/06, remitidas al Juzgado de Instrucción Número Uno de Almuñécar para su unión a las Diligencias Previas 433/07, que se tramitaba sobre los mismos hechos. Por lo tanto, el objeto de la presente investigación se circunscribe únicamente a la presunta naturaleza penal de las (otras dos) actuaciones'.
En relación con los desequilibrios económicos supuestamente producidos en los aparcamientos del Altillo y la Avenida Juan Carlos, IU denunció que al aceptar las pretensiones de las empresas se estaba perjudicando seriamente a los almuñequeros ya que, mientras en los convenios originales se había pactado que las plazas a residentes se venderían a 10.000€ en el primer caso y a 9.015€ en el segundo, ahora se les permitía vender estas plazas a 30.000€.
En relación a este tema de los desequibrios económicos, el decreto de la Fiscalía dice textualmente que: ‘es difícil que, aún en este momento procesal, pueda inducirse el acuerdo delictivo inicial al que hemos hecho referencia como una hipótesis que permita el ejercicio de la acción penal ante la jurisdicción competente'. El decreto añade que: ‘Al margen de las dificultades probatorias, la segunda cuestión sería considerar los reequilibrios económicos aprobados como presuntamente delictivos en sí mismos... entiende este Fiscal que estas consideraciones no tienen entidad suficiente como para integrar un delito de prevaricación administrativa del artículo 404 del Código Penal... el delito de prevaricación administrativa ha de partir de una ilegalidad, pero no se agota en ella. Como establece la STS 986/2005, de21 de julio: "No basta que sea contraria a derecho. Para que constituya delito se requiere que sea injusta, lo que supone un ‘plus' de contradicción con el derecho. Es preciso que la ilegalidad sea evidente, patente, flagrante y clamorosa.' En consecuencia, el Fiscal concluye de la siguiente manera: ‘Pues bien, y teniendo en cuenta los extremos aludidos en el apartado anterior, estas notas aparecen bastante desdibujadas en las decisiones administrativas adoptadas, cuya impugnación hubiera encontrado un cauce más propicio en la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa'.
Con esta resolución, el Fiscal está afirmando que los hechos analizados no revisten la gravedad suficiente como para interponer una demanda penal, y que lo más apropiado sería interponer un recurso contencioso - administrativo. La asesoría jurídica de IU ya está estudiando el tema por si procede adoptar esta vía.
Con las sucesivas modificaciones de los contratos, las empresas constructoras de los aparcamientos han hecho un magnífico negocio porque han conseguido aumentar el número de plazas, han triplicado el precio de las que tenían que ofrecer a los residentes y han duplicado la tarifa que se cobra por hora.
La otra denuncia presentada por IU hacía referencia a un hotel que se está construyendo en Cotobro. Esta denuncia coincide, en el fondo, con un recurso contencioso presentado por la Junta de Andalucía el 7 de junio de 2005. La denuncia se basa en distintas irregularidades observadas tanto por la Junta como por IU y consisten básicamente en una construcción distinta a la que figuraba en la licencia y en la que, supuestamente, se habrían ocupado espacios libres. Según explica el fiscal, este recurso de la Junta ha sido desestimado por una sentencia de 4 de enero de 2.008 y, por estos motivos, procede el archivo de esta investigación.
En relación con este tema, IU quiere hacer constar que, gracias a la insistencia de Iván Sánchez, anterior concejal de IU, ante Cultura y ante los medios de comunicación, hoy podemos contemplar, integrados en el hotel, unos restos romanos de una gran importancia y que estuvieron a punto de desaparecer. Sobre este punto también queremos reconocer la importante labor que ha desempeñado y está desempeñando la Entidad de Conservación de Cotobro.
