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Almuñécar contra la corrupción

HOMENAJE A LAS VICTIMAS DEL FRANQUISMO EN LA TAPIA DEL CEMENTERIO EN GRANADA

HOMENAJE A LAS VICTIMAS DEL FRANQUISMO EN LA TAPIA DEL CEMENTERIO EN GRANADA

DIA: MARTES, 20 DE JULIO
LUGAR: TAPIA DEL CEMENTERIO DE GRANADA (Por el camino del Llano de la Perdiz, detrás de los tanatorios)
HORA: SIETE DE LA TARDE
Homenaje a los 3.900 republicanos fusilados por los franquistas en la tapia cel cementerio de Granada que está en proceso de ser declarada Lugar de Memoria. Habrá ofrenda floral y los familiares colocarán una placa en recuerdo de las víctimas.
 
Organizan:
Asociación Granadina para la Recuperación de la Memoria Histórica
Foro por la Memoria de Granada
Unión Cívica Andaluza por la Republica

La fiscalía investiga si el pleno de Ferrol delinquió al defender a Garzón

La fiscalía investiga si el pleno de Ferrol delinquió al defender a Garzón

Esto no pasará en Almuñécar ya que el alcalde prohibió el debate sobre este tema y se negó a que se discutiese la moción presentada por Izquierda Unida.

La moción que el pleno del Ayuntamiento de Ferrol aprobó a propuesta de Izquierda Unida para solidarizarse con los trabajos del juez Garzón en defensa de la recuperación de la memoria histórica se ha convertido ya en materia judicial. El Tribunal Supremo ha instado a la Fiscalía General del Estado a que investigue el acuerdo plenario que aprobó el Ayuntamiento de Ferrol, el pasado 25 de marzo, en apoyo de Garzón. La petición al ministerio público procede de la sala de lo penal del Tribunal Supremo, que el 18 de mayo dictó una providencia firmada por cinco magistrados.

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, atendió su petición y ya ha remitido un escrito a la Fiscalía Superior de Galicia, a fin de "determinar las circunstancias y la posible trascendencia jurídica de los hechos". Fuentes de la fiscalía confirmaron ayer que ese documento, fechado el 29 de junio en Madrid, ya se derivó a los juzgados de Ferrol, a los que compete iniciar las diligencias previas.

"Es una tormenta en un vaso de agua", le restó importancia ayer el alcalde socialista de Ferrol, Vicente Irisarri, muy sorprendido por el alcance de un simple acuerdo que adoptó su ayuntamiento "en el ejercicio de la autonomía local". La moción, presentada por Izquierda Unida, se debatió a finales de marzo en sesión ordinaria, en plena polémica sobre el futuro y las competencias del juez estrella de la Audiencia Nacional.

El acuerdo municipal denunciaba un campaña de desprestigio contra el juez orquestada desde "la derecha y extrema derecha" mediante "querellas criminales constantes" con el ánimo de "minar la independencia judicial". Se pedía, además, a los órganos judiciales que no amparasen "un pulso inaceptable a la democracia y a la Justicia".

La moción salió adelante con el apoyo de PSOE, IU y BNG, y la abstención del PP local. Debía remitirse al Consejo General del Poder Judicial. El 15 de abril, el alcalde de Ferrol, Vicente Irisarri, del PSdeG, remitió el texto íntegro de la moción a nombre del magistrado Luciano Varela Castro. Su contenido disgustó al alto tribunal.

Un mes después, el 18 de mayo, la sala segunda del Tribunal Supremo, mediante una providencia, instó a la fiscalía para que revisase el acuerdo del pleno ferrolano "a los efectos que procedan".

Irisarri aseguró ayer que al Gobierno local "no se le ha notificado formalmente nada". El regidor volvió a mostrar su total desconcierto por el revuelo que ha levantado una moción "muy similar a la que se aprobó en otros municipios de España" en las mismas fechas. "El Ayuntamiento hace su trabajo", replicó a quien "pueda estar molesto por alguna frase".

Desde las filas de Izquierda Unida en Ferrol cargaron las tintas contra el poder judicial y calificaron como "muy grave" que se "utilice a la fiscalía para atacar un acuerdo político democrático".

La coordinadora de IU-EU en Galicia, Yolanda Díaz, pidió al Gobierno central, que ordene a la fiscalía que retire de inmediato de una causa "peligrosamente antidemocrática". "Serán cómplices y protagonistas de los que ocultan los crímenes del franquismo y la rampante corrupción de la trama Gürtel", añadió Díaz.

La moción, que presentó Izquierda Unida, se debatió en el pleno del Ayuntamiento de Ferrol, el pasado 25 de marzo. Era un texto extenso y articulado en cinco puntos. Se votaron de uno en uno, y se aprobó con el respaldo unánime de PSOE, IU y BNG. Los siete ediles del Partido Popular se abstuvieron en la votación. Independientes por Ferrol sólo votó en contra de algunos puntos.

El texto aprobado a propuesta de IU

Lo que sigue es el contenido íntegro del acuerdo del pleno municipal de Ferrol que investiga ahora la fiscalía y que en su día se aprobó tras la propuesta de Izquierda Unida:

"El Grupo Municipal de Izquierda Unida propone al Pleno del Concello de Ferrol la siguiente propuesta de acuerdos:

-Mostrar la solidaridad y apoyo al juez Baltasar Garzón, ante la campaña de acoso y derribo a la que está siendo sometido.

-Exigir al Consejo General del Poder Judicial que actúe con soluta imparcialidad en el presente asunto, sin proceder a tomar decisiones de suspensión de las funciones del juez Baltasar Garzón, mientras no se produzcan resoluciones judiciales en relación con los hechos que se le imputan.

-Exigir que las víctimas del franquismo que instaron el comienzo del procedimiento judicial abierto por los crímenes de la dictadura franquista puedan ser parte en el procedimiento judicial abierto contra el juez Baltasar Garzón por el Tribunal Supremo.

-Garantizar que los procedimientos por corrupción, investigados hasta el momento por el juez Garzón o por cualquier otro juez continúen y amplíen el ámbito de investigación al objeto de esclarecer las responsabilidades penales a que haya lugar.

-Dar traslado de la siguiente propuesta de acuerdos a la Presidencia del Consejo General del Poder Judicial".

IU duda del 'déficit tarifario' y pide al Gobierno una evaluación contrastada para aclarar "quién debe a quién"

IU duda del 'déficit tarifario' y pide al Gobierno una evaluación contrastada para aclarar "quién debe a quién"

El diputado de Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados, Gaspar Llamazares, ha mostrado este viernes sus dudas sobre la existencia real del 'déficit tarifario' defendido por las compañías eléctricas para incrementar las tarifas. Por ello, solicita al Gobierno que realice una evaluación contrastada que permita aclarar "quién debe a quién", si los consumidores a las eléctricas o a la inversa.

"Estoy convencido de que las eléctricas son las que deben a los ciudadanos", defendió Llamazares que ofreció una rueda de prensa en la sede de IU en Oviedo. El diputado resaltó que nadie ha visto ni conoce a ciencia cierta qué es ni cuanto supone el llamado 'déficit tarifario'.

Por eso, insta al Ejecutivo a que actúe con "responsabilidad" y evalúe la situación antes de dar por hecho y asumir las demandas de las compañías eléctricas. "Antes de reconocer el déficit debe haber una transparencia total para ver quién tiene que pagar a quién y en qué plazos", remarcó.

Además, dijo que "la gran coalición" entre el PSOE y el PP para "paralizar" la subida del precio de la electricidad, "no ha durado" porque "ya se está hablando de una subida permanente".

Así, Llamazares advirtió de la "fragilidad" de los acuerdos entre PSOE y PP cuando benefician a los ciudadanos, y remarcó que el supuesto del 'déficit tarifario' es un misterio "como el de la santísima trinidad". "Nadie lo ha visto, nadie lo ha comprobado", apuntilló.

"Llevamos pagando a las empresas eléctricas el coste de la transición a la competencia con millones de euros durante más de una década", resaltó incidiendo en que hay que aclarar "quién debe a quién".

Debate energético

De este modo, Gaspar Llamazares considera fundamental que se abra un "debate energético". Al respecto, comentó que la próxima semana se presentará una interpelación al Gobierno sobre el 'déficit tarifario'.

El diputado de IU remarcó que durante el Gobierno del PP se inició la liberalización "total" del sector eléctrico que "no ha traído buenas consecuencias". Por eso, se mostró partidario de garantizar la transparencia sobre "quién debe a quién", así como de asegurar una "mayor ordenación del sector" desde los poderes públicos "para que una parte de los beneficios sean distribuidos y otra parte reinvertidos en la mejora del sector".

"No se puede tratar igual a todas las empresas eléctricas, ni tampoco se puede tratar igual al consumidor familiar y al gran consumidor", apuntó Llamazares pidiendo al Gobierno "que abra el debate energético" y que lo haga "no solo con las compañías, sino también con el conjunto de las fuerzas políticas y con los ciudadanos, que tienen mucho que decir en esta materia".

IU cree "escandalosa e hipócrita" la "doble moral" de Zapatero

IU cree "escandalosa e hipócrita" la "doble moral" de Zapatero

El secretario de Derechos Humanos y Solidaridad Internacional de Izquierda Unida (IU), Francisco Pérez, ha calificado de "escandalosa e hipócrita, la doble moral" del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, por haber cancelado su encuentro con su homólogo ruandés, Paul Kagame, y enviar en cambio al titular de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, a la cita, este viernes.

   "Aunque decidió no reunirse personalmente con Kagame debido a las denuncias de varias ONG y varios diputados, entre ellos el de Izquierda Unida, acaba permitiendo que su ministro Moratinos tenga un encuentro con el presidente ruandés, ignorando los terribles crímenes de que es responsable", ha criticado Pérez en un comunicado.

   Ante este cambio de interlocutor para Kagame, IU ha querido advertir al jefe de la Diplomacia española de que "va a estrechar una mano manchada de sangre", gesto que, en su opinión, constituirá "una burla a la justicia que merecen las víctimas y a esas violaciones de Derechos Humanos".

   Sin embargo, tras recordar que "Moratinos ya recibió sin ningún problema moral ni político al dictador guineano, Teodoro Obiang N'gema, y tiene la mejor relación con el presidente colombiano Uribe, quien tiene procesados a 70 miembros de su bancada parlamentaria por vínculos con el narcotráfico y el paramilitarismo" la reunión entre Moratinos y Kagama "no sorprende nada".

   "Aunque el Gobierno repite constantemente que los Derechos Humanos forman parte de su política exterior, la realidad es la contraria. Al reunirse ahora con Kagame, por más presidente que sea, olvida entre otras su obligación de apoyar a los familiares de los ciudadanos españoles asesinados, que siguen reclamando justicia", ha recalcado, en alusión a los nueve misioneros y cooperantes españoles que se encuentran entre los más de cuatro millones de víctimas de la matanza de Ruanda.

   Pérez ha recordado que el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu determinó la "existencia de indicios" ya en 2008 de la posible participación del propio Kagame en la matanza. A pesar de que Kagame está acusado de delitos de genocidio, terrorismo y crímenes contra la humanidad "el magistrado no pudo procesarle únicamente porque como jefe de Estado tiene inmunidad de jurisdicción y de ejecución".

   El dirigente de izquierdas también consideró "terrible" que el presidente ruandés copresida con España el grupo de expertos que deben valorar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. "Mal va a intentar acabar con la pobreza, la desigualdad y la injusticia quien es responsable de miles de asesinatos, injusticias terribles, y torturas atroces", ha denunciado, en alusión a Kagame.

   Además, Pérez aprovechó para dejar claro que, para IU, "Rodríguez Zapatero no puede dar lecciones en el ámbito de la lucha para lograr los Objetivos del Milenio" dado que su Gobierno "ha reducido" en 800 millones de euros el presupuesto de la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo (AECID) dentro del plan de reajuste recientemente aprobado.

La Inspección de Trabajo obliga al ayuntamiento a sacar una amplia oferta de empleo público en 2010

La Inspección de Trabajo obliga al ayuntamiento a sacar una amplia oferta de empleo público en 2010

Las visitas de la Inspección de Trabajo al ayuntamiento de Almuñécar en 2010 han terminado con la imposición de cuantiosas multas y la prohibición de seguir utilizando contratos en fraude de ley en las distintas dependencias.

Las sanciones de la Inspección se han centrado en dos ámbitos: de un lado, el de los contratos de colaboración social, y de otro, los peculiares contratos que se hacían en Peña Escrita.

Respecto a los contratos de colaboración social, la Inspección ha sancionado al ayuntamiento porque se estaba burlando la ley al sustituir puestos de trabajo fijos por contratos eventuales de colaboración social que se encadenaban uno con otro de manera fraudulenta.

En Peña Escrita, la Inspección de Trabajo encontró numerosas irregularidades, como el hecho de tener trabajando en tareas de mantenimiento o cuidando animales a personas que figuraban como peones agrícolas. También fue sancionado el ayuntamiento por tener como autónomos al biólogo y al veterinario.

Estas sanciones de la Inspección han obligado al ayuntamiento a ampliar la plantilla de funcionarios y laborales de manera significativa.

Además, el hecho de que la recaudación se haya pasado a una empresa privada ha motivado el que muchas de las gestiones que antes realizaba la APAT las tenga que estar haciendo, con una gran sobrecarga de trabajo, el personal funcionario del ayuntamiento.

Como ya habíamos anunciado desde IU cuando se produjo esta privatización, era inevitable que el ayuntamiento contratara más personal para esta tarea. Al final, resulta que la gestión actual de los impuestos será más cara que antes al incluir el sobre coste que representarán estos nuevos contratos de Jefe de Recaudación, Jefe de Contabilidad, Técnico de Administración Financiera y Auxiliar de Inspección Fiscal. Son cuatro nuevos puestos que antes no había que tener porque su trabajo lo hacían desde la APAT.

Por último, hay una serie de puestos de trabajo que estaban siendo ocupados de manera provisional y que había que sacar a concurso para darles legalidad como es el caso de los bomberos cuya situación no se ha regularizado a pesar de haberse creado el Cuerpo de Bomberos del ayuntamiento hace ya varios años.

En virtud de estas cuatro circunstancias, se ha hecho pública en el Boletín Oficial de la Provincia la Oferta Pública de Empleo con las plazas que se tienen que ir cubriendo a lo largo del año en distintas convocatorias que, asimismo, saldrán publicadas en el citado boletín.

Las 37 plazas que saldrán a concurso o concurso oposición en los próximos meses son las siguientes:

  • Veterinario.
  • Biólogo.
  • Jefe Servicio de Recaudación.
  • Jefe de Contabilidad.
  • Técnico de Administración Financiera.
  • 4 Monitoras de Escuelas Infantiles.
  • Arquitecto Técnico.
  • Educador/ a Social.
  • 2 Delineantes
  • Auxiliar de Inspección.
  • Auxiliar de Inspección Fiscal.
  • Auxiliar Administrativo.
  • 3 Notificador - Mensajero.
  • Conductor.
  • Mecánico de Mantenimiento.
  • 2 Monitores de Mantenimiento Físico.
  • Oficial de Primera, Oficios.
  • 3 Operarios de Medio Ambiente.
  • Ordenanza Conserje.
  • 7 Bomberos - Conductores.
  • 2 Administrativos del Patronato Municipal de Turismo.

La formación de izquierdas opina que todos los contratos que estaban y siguen estando en fraude de ley, deben ser recurridos por los trabajadores que se encuentran en situación anómala con el fin de que Magistratura les reconozca su relación laboral, antigüedad, derechos y fijeza con el Ayuntamiento, todo ello en consonancia con el resultado del acta de la inspección laboral.

El Ayuntamiento saca a concurso la privatización de las guarderías lo que implica empeorar las condiciones laborales de las trabajadoras y la calidad del servicio

El Ayuntamiento saca a concurso la privatización de las guarderías lo que implica empeorar las condiciones laborales de las trabajadoras y la calidad del servicio

El alcalde de Almuñécar ha acordado con fecha 22 de junio sacar a concurso la gestión de las guarderías del municipio. El pliego contempla la adjudicación a una empresa privada de diez aulas con un total de 161 alumnos como máximo.

El importe global anual de licitación de la totalidad de las guarderías infantiles es de 271.917´25 €. Esta cantidad es la que el ayuntamiento pagará a la empresa que se quede con el servicio. Se dice en el pliego que si el dinero que la Junta envía para este concepto aumenta o disminuye, el concesionario recibirá más o menos.

Las aulas que se privatizan son las siguientes: La Herradura, Los Marinos, La Carrera, Torrecuevas y la denominada Escuela Infantil Al-Andalus. Todas ellas estarán abiertas de 7,30 a 17 horas salvo en el mes de agosto.

Para IU, las condiciones en las que se privatiza el servicio son un ataque tremendo a las condiciones de trabajo de las trabajadoras y, consecuentemente, al servicio de guardería que, sin lugar a dudas, verá mermada su calidad. La plantilla incluye tres categorías: maestras, educadoras y monitoras, aunque en la mayoría de los centros sólo habrá una maestra y una monitora que se harán cargo de quince alumnos con edades mezcladas desde los cuatro meses hasta los tres años.

Al parecer, las actuales trabajadoras de las guarderías municipales que tienen contrato fijo van a ser agrupadas en el Centro Reina Sofía, que seguirá siendo de gestión municipal.

Según el pliego aprobado por Benavides, el salario bruto incluyendo IRPF, pagas extras, vacaciones y seguridad social de una maestra con once meses de trabajo y 35 horas semanales será de 22.094,49 €. Estas maestras ejercerán en la mayoría de los centros como tutoras, coordinadoras y directoras con un horario que va de 9 a 15 y de 16 a 17 horas.

Para las educadoras infantiles, el pliego no ha fijado el horario. El salario bruto anual es de 14.514,17€.

En el caso de las monitoras, el horario va de 7,30 a 9,30 y de 12 a 17 horas y el sueldo anual bruto es de 10.917,17 €. Si a un sueldo bruto de menos de once mil euros se le quita el IRPF, la Seguridad Social y las pagas extras, queda un salario mensual inferior a los 600 euros. Ese es el empleo que propone el alcalde para todos menos para él y su tropa de concejales y asesores.

Con los salarios fijados por Benavides, resulta que el sueldo del alcalde es igual a casi cuatro maestras, seis educadoras infantiles u ocho monitoras, con la diferencia de que estas trabajarán once meses mientras que él está once meses de vacaciones. Es una barbaridad el punto al que ha llegado este antiguo sindicalista al que no se le cae la cara de vergüenza cuando dice que hay que trabajar más y cobrar menos pero negándose a aplicar los salarios fijados por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias.

Además de pagar un salario de vergüenza, el alcalde se reserva el derecho de enchufar al personal. Para eso ha puesto en el convenio la siguiente cláusula: “El personal que la empresa adjudicataria ponga a disposición de los centros municipales de educación infantil deberá ser presentado al ayuntamiento, con anterioridad al inicio de las actividades, para que éste dé el visto bueno y realice cuantas puntualizaciones considere oportunas.” En todos los contratos, adjudicaciones y privatizaciones que hace Benavides planea el tufo de la sumisión y su red de favores electorales: Benavides se ha equivocado de época, la suya es la época de la dictadura, de los caciques y del derecho de pernada.

Igualmente, el alcalde se reserva el derecho de despedir a aquellos trabajadores que se le hayan atravesado por algún motivo. La cláusula que lo permite dice que: “En caso de comportamiento indebido, faltas muy graves, faltas graves, faltas leves reiteradas o incumplimiento de las labores a desarrollar por el personal contratado por la empresa adjudicataria, el ayuntamiento podrá exigir la sustitución de dicho personal, la cual deberá ser atendida por el adjudicatario.” Es decir, que un trabajador puede ser despedido, aunque el empresario no quiera, si comete varias faltas leves que no están tipificadas, o si tiene un comportamiento indebido, que es un cajón de sastre donde cabe todo.

La situación laboral es completamente precaria. Tal y como está redactado el pliego, serán contratados año por año o incluso mes por mes ya que si no, el empresario se arriesga a que el ayuntamiento le deje colgadas una o dos unidades cuando ya tenga a los trabajadores contratados. Dice el pliego textualmente que “Si las matrículas en cada uno de los módulos existentes, no se cubren en su totalidad, el ayuntamiento se reserva el derecho de la no apertura del centro que no cumpla con el presente requisito, sin perjuicio alguno para el mismo.” Es decir, que basta con que haya diecinueve niños en vez de veinte en un aula de dos a tres años, o catorce en vez de quince en un aula mixta de varias edades, para que ese centro no se abra y los trabajadores vayan a la calle.

Además de las penosas condiciones de trabajo y salariales de las personas que sean contratadas, el pliego está hecho sólo para que un empresario amigo pueda quedarse con este servicio ya que se dejan en manos del ayuntamiento tantas prerrogativas que sería un atrevimiento presentarse al concurso sabiendo que puedes acabar arruinado si se le cruzan los cables al alcalde.

Por último, es curioso que se obligue a los centros a prestar el servicio de comedor, pero sin embargo, no se les permite elaborar la comida o contratar el catering ya que eso es algo que se reserva el ayuntamiento para que lo siga prestando la misma empresa que ahora lleva ese servicio.

IU pide a las Delegaciones de Educación e Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía que hagan las alegaciones necesarias para evitar que este esperpento siga adelante.

 

Cayo Lara considera que en el debate sobre el Estado de la Nación Zapatero ha dado todos los motivos para ir a la huelga general

Cayo Lara considera que en el debate sobre el Estado de la Nación Zapatero ha dado todos los motivos para ir a la huelga general

El coordinador federal de IU señala que el presidente del Gobierno “no ha hecho ni un solo guiño a los trabajadores, a los sindicatos o a la izquierda. Sólo se ha preocupado de asegurar a los especuladores financieros que podrán seguir haciendo negocios en España”.
 
El coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, ha valorado hoy tras escuchar la intervención del presidente del Gobierno que iniciaba el debate sobre el estado de la nación que “el discurso de Rodríguez Zapatero confirma el drástico giro a la derecha de la política de su Gobierno. Cada explicación dada por el jefe del Ejecutivo supone un argumento más para participar en la Huelga General convocada por los sindicatos para el próximo 29 de septiembre”.
 
Lara ha asistido desde la tribuna de invitados del Congreso a la sesión matinal del debate. Tras ello ha asegurado que “el presidente del Gobierno ha hecho suyos los argumentos del gran capital financiero al tiempo que se ha plegado a sus intereses. Pero parece que no contento con ello ha anticipado ya el empeoramiento de las condiciones para acceder a una pensión pública aumentando en dos años la edad de jubilación, en entre otras cuestiones”.
 
El máximo responsable de IU lamenta que “Rodríguez Zapatero no ha hecho ni un solo guiño a los trabajadores, a los sindicatos o a la izquierda. Sólo se ha preocupado de asegurar a los especuladores financieros que podrán seguir haciendo negocios interesantes en España”.
 
“El líder socialista –señala Cayo Lara- presenta sus medidas como inevitables, lo que es del todo falso. Frente a unas propuestas que sólo sirven para pasar de garantizar a la Banca un buen año a hacerlo para todo un decenio, todo ello sin mejorar la situación de la crisis, desde Izquierda Unida queremos insistir en coincidencia con los sindicatos que existe otra alternativa que pasa por crear empleo y apoyar de forma decidida a la economía productiva”.
 
El coordinador federal reprocha a Rodríguez Zapatero que “haya sacado de nuevo del baúl la Ley de Economía Sostenible de la que ya habló hace un año y que él mismo guardó en el cajón, ahora para decir que aquí hay negocio financiando la inversión pública”.
 
Lara critica duramente que el presidente del Gobierno “haya presentado como una modernización lo que no es otra cosa que el mayor regalo de la historia reciente de nuestro país a la gran Banca: controlar la gestión del 50% de los ahorros de los españoles mediante la privatización de las cajas de ahorros. Así, el Gobierno ayuda a los bancos a pagar las deudas que tienen como consecuencia de la situación que ellos mismos crearon con la especulación inmobiliaria que, además, ha presentado escamoteando la responsabilidad de los gobiernos del PSOE para que se desarrollara”.
 
A juicio de Cayo Lara, “la  solución que el Gobierno nos ofrece para salir de esta crisis será dolorosa y larga para los trabajadores. No menciona siquiera ni una sola medida para hacer que los poderosos contribuyan de alguna forma en la salida de ésta, excluyendo cualquier medida fiscal para hacer que contribuyan aquellos que sí se han beneficiado de la crisis”.

Izquierda Unida plantea un posible recurso a la sentencia del Nevada

Izquierda Unida plantea un posible recurso a la sentencia del Nevada

El contenido de la sentencia del “caso Nevada” ha sido calificado por Manuel Morales, coordinador provincial de IU, de unas consecuencias catastróficas para la el medio ambiente y la movilidad en el área metropolitana, para el pequeño comercio de Granada y Armilla. “La calidad democrática se ve también severamente perjudicada por la sensación de impunidad que deja una sentencia que impone penas muy leves a irregularidades notorias y que han generado una considerable alarma social”.

Los servicios jurídicos de Izquierda Unida están estudiando la sentencia con la finalidad de impulsar, de acuerdo con alguna de las organizaciones personadas en el caso, el posible recurso de la actual sentencia, con la finalidad de evitar que siga en pié una edificación que según la formación de izquierdas, daña de forma irreparable la calidad de vida de los granadinos y que nunca debió levantarse.

“Se trata de contrarrestar la política de hechos consumados, de no tolerar que se imponga a la ciudadanía un atentado urbanístico escandaloso y cuya mera existencia supone un verdadero estímulo al incumplimiento de la ley” ha declarado Morales. En este sentido, IU considera "sencillamente intolerable" que se esgrima el argumento de lo costoso que sería acometer la demolición de una obra ya casi terminada, pues "lo que supone un coste inasumible para una sociedad democrática es que los poderes económicos vulneren impunemente la ley atentando contra el interés general".

Asimismo, Izquierda Unida considera llegado el momento de que la justicia se plantee, de forma ineludible, la investigación de los intereses económicos que pueda haber detrás de unos actos de prevaricación que, a la espera de la sentencia firme, parecen probados y que explicarían el por qué de esta aberración urbanística. “Nadie cree en toda Granada que una irregularidad de este calibre se comete a cambio de nada”. 

Willy Meyer: Afganistán necesita una solución política, no hay posibilidad de solución duradera sin reducción de la pobreza

Willy Meyer: Afganistán necesita una solución política, no hay posibilidad de solución duradera sin reducción de la pobreza

En la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo han tenido lugar dos debates sobre la situación de Iraq y Afganistán.
 
Sobre Iraq, el embajador ante la UE quiso insistir en que, a pesar de las dificultades con las que se puede encontrar el próximo gobierno, el país está preparado para caminar solo.
 
El eurodiputado de Izquierda Unida Willy Meyer quiso reiterar que desde el Grupo de la Izquierda Unitaria Europea-Izquierda Verde Nórdica "hemos estado siempre en contra de la invasión. Ha quedado claro que no había armas de destrucción masiva ni está Al Qaeda. Lo que sí que existe es un interés por el petróleo. Iraq ha recibido ayuda por valor de 9.000 millones de dólares para alcanzar los niveles de extracción anteriores a la guerra. El 95% de los ingresos del Estado depende de la producción de crudo. Y la explotación de este crudo la están llevando a cabo, entre otras, la empresa británica BP, la holandesa Shell y la estadounidense Exon Mobil".
 
Willy Meyer alertó de que "el próximo presidente pueda ser un hombre de paja, porque está claro que el que más influye es el que más ocupa, y que actualmente hay 110.000 soldados norteamericanos en territorio iraquí".
 
La Comisión de Asuntos Exteriores también discutió un informe sobre la nueva estrategia de la UE para Afganistán.
 
Meyer, por su parte, reiteró que "como ha quedado demostrado después de 9 años, la solución para Afganistán no puede ser una solución militar. Afganistán necesita una solución política". Y quiso recordar las palabras del propio Obama en El Cairo cuando constató que ningún sistema de gobierno puede ser impuesto".
 
El eurodiputado de IU se mostró muy crítico con la ineficacia de los fondos que la UE está enviando a Afganistán "porque la situación de la población sigue deteriorándose. Los índices de la mortalidad y los de pobreza siguen empeorando".
 
"El Congreso de los Estados Unidos ha reconocido que de los 2.000 millones que ha enviado una gran parte se han utilizado para proteger a los jefes mafiosos y a los talibanes. Además, sólo en el mes de junio 102 soldados han muerto, y ya van 320 en la primera mitad de año. Por no hablar de las víctimas civiles que se multiplican por miles."
 
"Y para Afganistán -continuó Meyer- no hay posibilidad de solución duradera sin reducción de la pobreza". Meyer quiso alertar de las palabras del general Petrus ante el Senado de los Estados Unidos advirtiendo de que "lo peor está por llegar".
 
"En definitiva -finalizó Meyer- Afganistán necesita de una solución política donde se involucre a actores internacionales tan importante para la región como la comunidad árabe, Rusia, China y Pakistán".
 
Del mismo modo, ha querido demandar de la Comunidad Internacional un sistema de verificación de los fondos que se envían al país para realmente garantizar que se están utilizando para erradicar la pobreza, para controlar la explotación del opio y en definitiva, para la reconstrucción del país".

El reino mágico

El reino mágico

Eduardo Galeano

Pacho Maturana, colombiano, hombre de vasta experiencia en estas lides, dice que el fútbol es un reino mágico, donde todo puede ocurrir. El Mundial reciente ha confirmado sus palabras: fue un Mundial insólito.

Insólitos fueron los diez estadios donde se jugó, hermosos, inmensos, que costaron un dineral. No se sabe cómo hará Suráfrica para mantener en actividad esos gigantes de cemento, multimillonario derroche fácil de explicar pero difícil de justificar en uno de los países más injustos del mundo.

Insólita fue la pelota de Adidas, enjabonada, medio loca, que huía de las manos y desobedecía a los pies. La tal Jabulani fue impuesta aunque a los jugadores no les gustaba ni un poquito. Desde su castillo de Zurich, los amos del fútbol imponen, no proponen. Tienen costumbre.

Insólito fue que por fin la todopoderosa burocracia de la FIFA reconociera, al menos, al cabo de tantos años, que habría que estudiar la manera de ayudar a los árbitros en las jugadas decisivas. No es mucho, pero algo es algo. Ya era hora. Hasta estos sordos de voluntaria sordera tuvieron que escuchar los clamores desatados por los errores de algunos árbitros, que en el último partido llegaron a ser horrores. ¿Por qué tenemos que ver en las pantallas de televisión lo que los árbitros no vieron y quizá no pudieron ver? Clamores de sentido común: casi todos los deportes, el basquetbol, el tenis, el béisbol y hasta la esgrima y las carreras de autos, utilizan normalmente la tecnología moderna para salir de dudas. El fútbol, no.

Los árbitros están autorizados a consultar una antigua invención llamada reloj, para medir la duración de los partidos y el tiempo a descontar, pero de ahí está prohibido pasar. Y la justificación oficial resultaría cómica, si no fuera simplemente sospechosa: el error forma parte del juego, dicen, y nos dejan boquiabiertos descubriendo que errare humanum est.

Insólito fue que el primer Mundial africano en toda la historia del fútbol quedara sin países africanos, incluyendo al anfitrión, en las primeras etapas. Sólo Ghana sobrevivió, hasta que su selección fue derrotada por Uruguay en el partido más emocionante de todo el torneo.

Algunos resentidos llegamos a sospechar que el pulpo era un corrupto

Insólito fue que la mayoría de las selecciones africanas mantuvieran viva su agilidad, pero perdieran desparpajo y fantasía. Mucho corrieron, pero poco bailaron. Hay quienes creen que los directores técnicos de las selecciones, casi todos europeos, contribuyeron a este enfriamiento. Si así fuera, flaco favor han hecho a un fútbol que tanta alegría prometía. África sacrificó sus virtudes en nombre de la eficacia, y la eficacia brilló por su ausencia.

Insólito fue que algunos jugadores africanos pudieran lucirse, ellos sí, pero en las selecciones europeas. Cuando Ghana jugó contra Alemania, se enfrentaron dos hermanos negros, los hermanos Boateng: uno llevaba la camiseta de Ghana, y el otro la camiseta de Alemania.

De los jugadores de la selección de Ghana, ninguno jugaba en el campeonato local de Ghana. De los jugadores de la selección de Alemania, todos jugaban en el campeonato local de Alemania. Como América Latina, África exporta mano de obra y pie de obra.

Insólita fue la mejor atajada del torneo. No fue obra de un portero, sino de un goleador. El atacante uruguayo Luis Suárez detuvo con las dos manos, en la línea del gol, una pelota que habría dejado a su país fuera de la Copa. Y gracias a ese acto de patriótica locura, él fue expulsado pero Uruguay no.

Insólito fue el viaje de Uruguay, desde los abajos hasta los arribas.

Nuestro país, que había entrado al Mundial en el último lugar, a duras penas, tras una difícil clasificación, jugó dignamente, sin rendirse nunca, y llegó a ser uno de los mejores. Algunos cardiólogos nos advirtieron, desde la prensa, que el exceso de felicidad puede ser peligroso para la salud. Numerosos uruguayos, que parecíamos condenados a morir de aburrimiento, celebramos ese riesgo, y las calles del país fueron una fiesta. Al fin y al cabo, el derecho a festejar los méritos propios es siempre preferible al placer que algunos sienten por la desgracia ajena.

Terminamos ocupando el cuarto puesto, que no está tan mal para el único país que pudo evitar que este Mundial terminara siendo nada más que una Eurocopa. Y no fue casual que Diego Forlán fuera elegido mejor jugador del torneo.

Insólito fue que el campeón y el vicecampeón del Mundial anterior volvieron a casa sin abrir las maletas. En el año 2006, Italia y Francia se habían encontrado en el partido final. Ahora se encontraron en la puerta de salida del aeropuerto. En Italia, se multiplicaron las voces críticas de un fútbol jugado para impedir que el rival juegue.

En Francia, el desastre provocó una crisis política y encendió las furias racistas, porque habían sido negros casi todos los jugadores que cantaron la Marsellesa en Suráfrica. Otros favoritos, como Inglaterra, tampoco duraron mucho. Brasil y Argentina sufrieron crueles baños de humildad. Medio siglo antes, la selección argentina había recibido una lluvia de monedas cuando regresó de un Mundial desastroso, pero esta vez fue bienvenida por una abrazadora multitud que cree en cosas más importantes que el éxito o el fracaso.

Insólito fue que faltaran a la cita las superestrellas más anunciadas y más esperadas. Lionel Messi quiso estar, hizo lo que pudo, y algo se vio. Y dicen que Cristiano Ronaldo estuvo, pero nadie lo vio: quizás estaba demasiado ocupado en verse.

Insólito fue que una nueva estrella, inesperada, surgiera de la profundidad de los mares y se elevara a lo más alto del firmamento futbolero. Es un pulpo que vive en un acuario de Alemania, desde donde formula sus profecías. Se llama Paul, pero bien podría llamarse Pulpodamus.

Al fin se hizo justicia, lo que no es frecuente en el fútbol ni en la vida

Antes de cada partido del Mundial, le daban a elegir entre los mejillones que llevaban las banderas de los dos rivales. Él comía los mejillones del vencedor, y no se equivocaba.

El oráculo octópodo influyó decisivamente sobre las apuestas, fue escuchado en el mundo entero con religiosa reverencia, fue odiado y amado y hasta calumniado por algunos resentidos, como yo, que llegamos a sospechar, sin pruebas, que el pulpo era un corrupto.

Insólito fue que al fin del torneo se hiciera justicia, lo que no es frecuente en el fútbol ni en la vida. España conquistó, por primera vez, el campeonato mundial de fútbol. Casi un siglo esperando.

El pulpo lo había anunciado, y España desmintió mis sospechas: ganó en buena ley, fue el mejor equipo del torneo, por obra y gracia de su fútbol solidario, uno para todos, todos para uno, y también por las asombrosas habilidades de ese pequeño mago llamado Andrés Iniesta. Él prueba que a veces, en el reino mágico del fútbol, la justicia existe.

Cuando el Mundial comenzó, en la puerta de mi casa colgué un cartel que decía "Cerrado por fútbol". Cuando lo descolgué, un mes después, yo ya había jugado 64 partidos, cerveza en mano, sin moverme de mi sillón preferido.

Esa proeza me dejó frito, los músculos dolidos, la garganta rota; pero ya estoy sintiendo nostalgia.

Ya empiezo a extrañar la insoportable letanía de las vuvuzelas, la emoción de los goles no aptos para cardíacos, la belleza de las mejores jugadas repetidas en cámara lenta. Y también la fiesta y el luto, porque a veces el fútbol es una alegría que duele, y la música que celebra alguna victoria de esas que hacen bailar a los muertos, suena muy cerca del clamoroso silencio del estadio vacío, donde ha caído la noche y algún vencido sigue sentado, solo, incapaz de moverse, en medio de las inmensas gradas sin nadie.

Fuente:http://www.publico.es/deportes/3276...

Las pensiones, el nuevo botín de la banca

Las pensiones, el nuevo botín de la banca

Attac

Hace unos meses el gobierno español lanzó un “globo sonda” al anunciar que estaba estudiando alargar la vida laboral hasta los sesenta y siete años. Con dicho anuncio el gobierno tenía como objetivo averiguar cuál era el grado de apoyo potencial que tendría la medida en caso de aplicarse.

La masiva respuesta social en contra consiguió frenar la medida. Sin embargo, tal anuncio también consiguió recuperar, y poner encima de la mesa, un debate que cada poco tiempo asoma en la vida política y económica: la supuesta insostenibilidad del sistema público de pensiones.

El debate, como decimos, no es nuevo. Los partidarios de la privatización del sistema público de pensiones llevan muchos años elaborando gran cantidad de trabajos académicos en los cuales se desarrollan diversos modelos econométricos y matemáticos que, partiendo de unas determinadas hipótesis de partida, acaban supuestamente revelando que el actual sistema de pensiones está condenado al fracaso. Éste necesitaría, en consecuencia y según esta opinión, ser reformado y sustituido por uno privado lo antes posible. Sin embargo, un análisis más profundo de dichos trabajos rápidamente hace emerger a la superficie aquellas ideas que se encuentran atrapadas tras las ecuaciones de los modelos.

Es ideología, y no ciencia, lo que aparece cuando el halo de cientificismo desaparece de la escena. No obstante, y como ocurre en cualquier truco de magia, muchas han podido ser las personas engañadas y estafadas por el camino.

Y ese es el principal objetivo de tales informes: avivar el miedo de los ciudadanos a quedarse sin la que es la principal fuente de ingresos durante la jubilación. Pero, ¿qué hay detrás de esta amenaza permanente al sistema de pensiones público? La respuesta hay que buscarla en la evolución reciente de las finanzas. El crecimiento extraordinario de los flujos financieros, y su conversión en un ámbito en donde se pueden obtener hoy día ganancias privilegiadas, ha hecho especialmente atractivo para los intereses privados la gestión de los recursos que movilizan las pensiones públicas.

Y más allá del papel pernicioso que tienen los movimientos financieros de los fondos de pensiones privados la cuestión está clara: son un instrumento más, y cada vez más importante, para el beneficio de los bancos y las entidades financieras en general

Éstas se han convertido en un botín con el que muchas entidades privadas sueñan quedarse. Una de las nuevas líneas de negocio abierta por los bancos en las últimas décadas tiene que ver con los fondos de inversión colectiva y, en particular, con los fondos de pensiones. Esta forma de negocio se caracteriza porque el banco recoge dinero de diferentes clientes, forma un fondo con ellos e invierte en los mercados financieros en busca de su revalorización. Si ésta se produce se devuelven ganancias financieras al cliente después de que el banco se haya quedado con la mayor parte. Y más allá del papel pernicioso que tienen los movimientos financieros de los fondos de pensiones privados la cuestión está clara: son un instrumento más, y cada vez más importante, para el beneficio de los bancos y las entidades financieras en general. Y el obstáculo principal que enfrentan es la supervivencia del sistema público de pensiones, que desvía hacia el Estado recursos económicos que los bancos buscan para proseguir sus lucrativas actividades económicas.

En España los fondos de pensiones privados han pasado de representar un 0’04% sobre el PIB en 1989, a significar un 8’39% del PIB en 2009. Una tendencia similar a la del resto de países desarrollados, a pesar de que el grado de evolución de este mercado es muy distinto entre los diferentes países, ya que obviamente depende de la fortaleza del sistema público de pensiones.

En todo caso, en los últimos diez años tampoco esta fórmula de ahorro se ha mostrado capaz de cumplir sus promesas, ya que el 96% de los fondos privados ofrecía una rentabilidad menor que la inversión.

La sostenibilidad del sistema público de pensiones ha sido demostrada en numerosas ocasiones, a pesar de tener que enfrentar un ataque mucho mejor organizado y con más recursos, pero también es fuerte el apoyo que el sistema público tiene de la población. Un reciente estudio indicaba que un 75% de los españoles considera que el Estado tiene “mucha” responsabilidad a la hora de asegurar una pensión suficiente para las personas jubiladas, frente a un 22,4% que considera que tiene “bastante” responsabilidad y un insignificante 2,6% que considera que tiene “poca” o “ninguna” responsabilidad.

No es, definitivamente, la sociedad la que no puede soportar por más tiempo un sistema público de pensiones. La sociedad puede y debe mantener dicho sistema. Son los bancos quienes desean acabar con este sistema para aumentar sus volúmenes de negocio y poder competir en mejores condiciones con otros bancos extranjeros

Caso Nevada: cárcel e inhabilitación para el ex alcalde y ex edil de Urbanismo de de Armilla

Caso Nevada: cárcel e inhabilitación para el ex alcalde y ex edil de Urbanismo de de Armilla

El Juzgado de lo Penal 3 de Granada ha condenado a siete meses de cárcel y siete años de inhabilitación al ex alcalde y al ex edil de Urbanismo de Armilla por un delito de prevaricación urbanística relacionado con la tramitación irregular del centro comercial Nevada.
La sentencia condena también a Tomás Olivo, promotor del centro comercial, a siete meses de cárcel, siete años de inhabilitación y multa por un delito contra la ordenación del territorio por la construcción, en zona verde, de la zona del centro comercial conocida como el laboratorio.
El resto de los acusados -los cuatro concejales miembros de la junta de gobierno local que otorgaron, con su voto a favor, la licencia de obras, dos arquitectos técnicos y dos abogados- han sido absueltos.
La sentencia, que acuerda también derribar la parte del centro comercial que invadía zona verde, absuelve al ex alcalde y al ex edil de Urbanismo, José Antonio Morales Cara y Gabriel Cañavate, de los otros dos delitos que les atribuía la Fiscalía: infidelidad en la custodia de documento público y un segundo delito de prevaricación urbanística por la aprobación del plan parcial.

El día que Catalunya dictó su sentencia

El día que Catalunya dictó su sentencia

La manifestación del 10 de julio en Barcelona con el lema “Som una nació, nosaltres decidim” (somos una nación, nosotros decidimos), convocada en reacción a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía de Catalunya, tuvo una participación ciudadana que desbordó incluso las previsiones más optimistas. Más allá del consabido baile de cifras, incluso la prensa más conservadora y centralista se ha visto obligada a asumir la valoración general: una manifestación inmensa, una de las principales desde el fin del franquismo y la más importante en la historia del catalanismo (1).

El camino recorrido hasta llegar a esta manifestación del 10 de julio convocada por Òmnium Cultural y a la que se adhirieron más de 500 entidades entre las que hay que contar a los partidos que forman el 88% del parlamento catalán (los únicos partidos parlamentarios que no apoyaron la manifestación fueron el Partido Popular, que solamente tiene 14 diputados, y Ciudadanos que tiene 3) y los principales sindicatos de clase de Catalunya (CCOO, UGT) junto a otros como USOC e Intersindical, así como el sindicato campesino Unió de Pagesos, puede ser resumido en las siguientes importantes etapas.

En 2003, y en un contexto de fuertes agresiones centralistas por parte del gobierno del PP de José María Aznar, el Partit dels Socialistes de Catalunya, Esquerra Republicana de Catalunya e Iniciativa per Catalunya Els Verds-EUiA se comprometieron a conformar un gobierno “de izquierdas y catalanista”. Uno de los objetivos de ese gobierno era impulsar una reforma del Estatut que permitiera, en el marco de una lectura “abierta” de la Constitución española, profundizar en el autogobierno y en el reconocimiento de la identidad singular de Catalunya (2).

En el año 2005, y siendo presidente de la Generalitat Pasqual Maragall, se realizó un primer borrador de la reforma del Estatut. El entonces nuevo presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, se comprometió entonces a apoyar el Estatut que saliera del Parlamento de Catalunya. Pocos meses después, el Estatut fue aprobado en el Parlamento catalán por una amplia mayoría que incluyó a la formación nacionalista conservadora Convergència i Unió. El 5 de octubre del mismo año, el Estatut entró en el Congreso español. Como ya había ocurrido con el Estatut de Núria de 1932, durante la República española, fue sensiblemente recortado con el supuesto propósito de “ajustarlo” a la Constitución (3). El 30 de marzo de 2006 el Estatut reformado (“cepillado”, en palabras del diputado actual del PSOE y vicepresidente de los gobiernos presididos por Felipe González, Alfonso Guerra) fue aprobado por las Cortes. El 18 de junio de aquel año la población catalana fue convocada a un referéndum para votar sobre el texto final. A pesar del creciente desencanto respecto de los recortes y de la manipulación partidista del texto, la mayoría ratificó el nuevo contenido.

Inmediatamente después, el 31 de julio, el PP presentó un recurso de inconstitucionalidad contra 114 artículos y 12 disposiciones del Estatut, argumentando que se trataba de una “reforma constitucional encubierta” y de una “constitución paralela”. A pesar de que el texto había sido aprobado por dos parlamentos, el catalán y el español, y por un referéndum popular, sólo un magistrado de los doce que integran el TC, Eugeni Gay Montalvo, se pronunció contra la admisión a trámite del recurso. Una vez admitido, el PP recusó de manera jurídicamente discutible a uno de los magistrados del TC, lo cual propició un escenario de bloqueo y de instrumentalización partidista del texto. Con varios magistrados con sus mandatos ya caducados y sin que se produjera renovación alguna, comenzaron a filtrarse a la prensa diferentes proyectos de sentencia en los que el Estatut resultaba recortado en aspectos sustanciales vinculados al autogobierno y al reconocimiento nacional de Catalunya.

Finalmente, tras cuatro años de incidentes múltiples y en un contexto de crisis económica rampante, el llamado sector “progresista” del TC, encabezado por la presidenta María Emilia Casas, conseguía convencer al magistrado Manuel Aragón y a algún magistrado del sector “conservador” para alcanzar una decisión común, a cambio de marcar una serie de líneas rojas al tono federalizante y pluralista del Estatut.

El 28 de junio de 2010 el TC dio a conocer el fallo de su sentencia. En él, se declaran inconstitucionales, total o parcialmente, 14 artículos del texto aprobado por las Cortes y ratificado en referéndum. Buena parte de estas nulidades aparecen vinculadas a cuestiones que resultarían perfectamente asumibles en un régimen con genuina vocación federalista, como la eventual desconcentración del Poder Judicial, la consolidación de un Consejo de Garantías Estatutarias capaz de emitir decisiones vinculantes, la limitación a la legislación básica invasiva por parte del Estado central o el establecimiento de un sistema de financiación solidario pero a la vez, transparente y equitativo. Otras suponen una auténtica cortapisa a exigencias identitarias hace tiempos consagradas legislativamente, como la superación del menoscabo histórico padecido por el idioma catalán y su consolidación como lengua propia.

Aunque el fallo del TC supone un rechazo de la mayoría de reclamos de inconstitucionalidad planteados por el PP, no es de extrañar que su publicidad haya caldeado aún más los ánimos entre la población catalana (4). Y es que junto a los 14 artículos o preceptos declarados inconstitucionales, el voto mayoritario del TC entiende que hay 27 preceptos más que sólo podrán ser considerados constitucionales en la medida en que se ajusten a la interpretación, casi siempre restrictiva, que de ellos realiza el propio TC. Así ocurre, por ejemplo, con las obligaciones en materia de inversiones que el Estado adquiere respecto de Catalunya, relegadas a una mera sugerencia al legislador. O con los derechos y deberes lingüísticos. O con el reconocimiento, en fin, de Catalunya como nación; un reconocimiento democrático al que machaconamente se insiste en privar de virtualidad jurídica y de subordinar a la “indisoluble unidad” de la “Nación española” (mencionada con mayúsculas por el propio TC en reiteradas e innecesarias ocasiones) (5).

Ciertamente, el voto mayoritario no refleja las posiciones granespañolistas más recalcitrantes. De hecho, los magistrados más conservadores, en sintonía con algunos dirigentes del PP, han dedicado votos particulares a dejar claro que el Estatuto “colapsa el Estado”; que intenta “imponer un idioma” desde “la radicalidad” y que conceptos aprobados por el Parlamento catalán y por las Cortes como los de “nación” catalana o “derechos históricos” directamente deberían haber desaparecido del texto.

Dicho esto, es imposible no ver en la sentencia mayoritaria un reflejo del sentido común medio dominante en el PSOE y PP en materia territorial. Este sentido común, a más de treinta años de muerto Franco, continúa anclado en la defensa obsesiva de la indisoluble unidad “española”, siendo extraordinariamente hostil a cualquier lectura federalizante y pluralista de la Constitución española.

Aunque habrá que dilucidar qué instituciones o políticas se ven afectadas por las decisiones del TC y cuáles pueden seguir negociándose con el Estado central, el sentimiento de un progresivo agotamiento de la vía constitucional como vía de garantía del autogobierno es cada vez más extenso. Los partidos situados más a la izquierda en el arco parlamentario catalán −Esquerra Republicana e Iniciativa per Catalunya Verds− lo han reconocido explícitamente. Y aunque todavía no ha sido aceptado por otros como Convergència i Unió o el Partit dels Socialistes de Catalunya, será un factor de indudable tensión, cuando no de desestabilización política a lo largo de los próximos años.

Desde una perspectiva de izquierdas, es evidente que el pueblo de Catalunya, como cualquier otro, está atravesado por diversos intereses políticos y culturales, así como por diferentes conflictos de clase. Para las clases trabajadoras y para los sectores populares catalanes, muchos de esos intereses son comunes a los de las clases trabajadoras del resto del Estado y de Europa. De hecho, a juzgar por la numerosa presencia de sindicalistas y organizaciones de izquierdas en las calles de Barcelona, es muy probable que muchos de los que marcharon juntos el 10 de julio vean enfrentados sus intereses en la huelga general del próximo 29 de septiembre (6).

Lo cierto, sin embargo, es que la burda manipulación del Estatut por parte de los dos grandes partidos españoles y, a resultas de ello, del propio TC, ha sido suficiente para juntar, en una manifestación sin precedentes, a federalistas, independentistas, autonomistas y, en general, a muchas personas unidas por el reclamo de respeto a una aspiración nacional democrática y pacíficamente expresada. Cuando la única vía admisible para canalizar esa aspiración democrática es la reforma de una Constitución pensada para ser irreformable, no debería sorprender que las posiciones independentistas crezcan, incluso entre quienes no se considerarían nacionalistas. Durante los siglos XVII, XIX y XX, sentimientos y razones similares a los expresados este 10 de julio en Barcelona inspiraron a quienes, una y otra vez, defendieron el horizonte de una república catalana. A menos que la tan mentada “segunda transición” sea un hecho efectivo –lo cual, como mínimo, exigiría el concurso fraterno de las izquierdas y de las gentes democráticas fuera y dentro de Catalunya− nada hace pensar que esos sentimientos y esas razones vayan a remitir.

Notas:

(1) Además de la manifestación celebrada en Barcelona, otras similares tuvieron lugar en Donosti, Berlín, Buenos Aires, Londres, Irlanda, o Nueva York. Los organizadores del acto han calculado la asistencia en un millón y medio de personas (Catalunya tiene unos siete millones de habitantes). La policía municipal ha rebajado esa cifra a un millón. La prensa moderada y conservadora –desde la Vanguardia a ABC- han dado por buena esa cantidad. Una excepción llamativa es la del diario El País. A pesar de reconocer la importancia de la manifestación, recoge los datos de la Agencia EFE y de una empresa de medición llamada Lynce, según la cual los asistentes no habrían pasado de 56.000. Según sus propios directivos, uno de los objetivos de Lynce es probar que “en España nunca ha habido manifestaciones millonarias”. Más allá de la fiabilidad de sus instrumentos de medición, lo que llama la atención es que es una de las primeras ocasiones en el que el Grupo Prisa apela a los datos de esta empresa para medir el alcance de una manifestación. Incluso en 2009, cuando el Partido Popular convocó a una manifestación anti-abortista en Madrid, y Lynce dijo que habían asistido 55.000 personas, El País optó por decir que el total de asistentes había rondado los 265.000.

(2) La defensa del propio autogobierno no era una cuestión menor. Baste recordar que durante la última legislatura del gobierno Aznar las Cortes españolas ni siquiera admitieron a trámite el proyecto de reforma del Estatuto vasco (el llamado Plan Ibarretxe) al tiempo que se modificó el código penal para tipificar como delito la convocatoria de referendos. 

(3) El Estatut de Núria fue plebiscitado ante la ciudadanía catalana en 1931. Con un 75% de participación, obtuvo una aprobación del 99% de los votantes. Una de las reacciones a la propuesta fue el fallido golpe de Estado del general Sanjurjo. Aplacado el golpe, el Estatut, a pesar de su abrumadora legitimidad de origen, fue recortado y aprobado en las Cortes. Para evitar que este efecto se repitiera, la Constitución española previó que el referéndum aprobatorio se realice una vez que el texto pase por las Cortes y no antes, con lo que se conseguía limitar su legitimidad de origen y se forzaba a la población de la Comunidad Autónoma a asumir la lógica del “mal menor”.

(4) No puede extrañar que hasta un periódico tan moderado como La Vanguardia titulase en grandes letras de portada el mismo 10 de julio: “Provocación”.

(5) Algunos importantes constitucionalistas andaluces, como Javier Pérez Royo o Francisco Balaguer, también han cuestionado el innecesario afán restrictivo de algunas de las interpretaciones del TC. Ello no es casual, si se tiene en cuenta que muchas de ellas pueden afectar a otros Estatutos de Autonomía, comenzando por el andaluz.

(6) Estas contradicciones podrían extenderse a otros ámbitos. Muchas de las asociaciones vecinales y movimientos sociales que se manifestaron contra los recortes al autogobierno, vincularon sus reivindicaciones a una crítica sin ambages de la dirigencia política que ha permitido, también en Catalunya, la irrupción de sonados casos de corrupción como los derivados del llamado caso Millet.

Gerardo Pisarello y Daniel Raventós son miembros del Comité de Redacción de SinPermiso

Fuente: http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=3479

Yo soy español, español, español

La fórmula mágica del fútbol

La fórmula mágica del fútbol

Pablo Jato

España gana el mundial y la alegría se adueña del país. La locura recorre las calles como una estampida de caballos salvajes. Contagiado el mundo de esta fiebre deportiva, celebra al unísono la fiesta. El país entero se une en una marea roja que hierve por las calles.

Por un instante desaparecen los nacionalismos, los catalanes, los vascos, los madrileños... todos españoles por un día y eso es lo más interesante de este fenómeno deportivo, justo en los días en que el tribunal Constitucional trata de bajar las aspiraciones nacionales de los catalanes, que pretenden ser una nación aparte. Y es un catalán el que mete el gol que llevó a España a la final. Un deportista que supuestamente iba a participar bajo otra bandera. Todo un contrasentido.

La codiciada copa, cual objeto mágico, santo grial, crea una adoración hipnótica capaz de congregar a las masas. Suenan trompetas y cánticos, se agitan las banderas… Todo son vítores a los héroes, a los semidioses… y quizá lo sean, ya que de un plumazo han sido capaces de borrar de los titulares de todos los periódicos, los males del país… de tantos países.

Un gol y desaparece la crisis, las guerras, el precio del petróleo, del pescado, de la carne... las listas del paro, los salarios mínimos… Desaparece la miseria mundial, la sed, el cambio climático… Desaparece el problema de los transportistas, de los pescadores, de los agricultores. La crisis.

Por un instante desaparece en España el presidente, los ministros, la oposición, los escándalos, los alcaldes detenidos, los jueces condenados. Desaparece la incompetencia, los errores, la injusticia del sistema. Desaparecen las multas de tráfico, las normas urbanas. Se torean vehículos con banderas nacionales, se despierta a los vecinos con los gritos de alegría. Un diminuto carnaval improvisado.

Los goles actúan de amuleto para todos los fantasmas. ¡GOOOL! Y adiós al senado, al Rey, al congreso… ¡GOOOL! Y desaparecen las hipotecas, las letras sin pagar, las facturas abusivas... ¡GOOOL! Y todos a la calle. Todos los políticos, ¡a la calle! Zapatero ¡a la calle! Rajoy ¡a la calle! ¡A gritar! A rebosar felicidad.

Lo que darían los políticos por saber conjugar semejante poder para su beneficio electoral. Lo que darían los maestros por encontrar la manera de que los niños aprendan los nombres de los reyes y países igual que aprenden el de los jugadores.

No salimos a la calle por los que mueren de hambre, por los que mueren en las guerras. No salimos tantos a la calle ni tan unidos para evitar que nos envíen al matadero, que nos manden al precipicio económico, que nos conviertan en esclavos. No por los o­nce millones de niños que mueren de hambre cada año. Ni para expulsar a los políticos que mienten o a los incompetentes. No salimos a la calle para defender nuestros derechos o nuestras libertades. No salimos unidos a la calle para pedir justicia, pero sí para celebrar la hazaña de nuestros futbolistas. Sí, para cantar el gol. ¡Qué simple es hacer feliz a las masas!

El secreto de la simplicidad, porque el juego no esconde falsedades. No tiene efectos especiales de grandes ordenadores. No tiene saborizantes ni edulcorantes, ni E-506 o E-309. Quizá sea esa la X de la ecuación: la autenticidad. Por eso ni políticos ni publicistas son capaces de resolverla. Tan solo de imitarla.

Un gol, y se realiza el milagro de la ilusión, de la esperanza hecha realidad. ¿Tiene algo de malo?

Cayo Lara anuncia la presentación de una iniciativa en el Parlamento para que se nacionalicen las cajas de ahorro y tengamos una banca pública en España

Cayo Lara anuncia la presentación de una iniciativa en el Parlamento para que se nacionalicen las cajas de ahorro y tengamos una banca pública en España

El coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, ha anunciado la presentación de una iniciativa en el Parlamento para que se nacionalicen las cajas de ahorro y "tengamos una banca pública en España, que esté pegada a los territorios como están las cajas; una banca que acompañe al nuevo modelo de economía en nuestro país".
 
Lara se ha manifestado así en declaraciones a los medios de comunicación en Zaragoza, después de que el Consejo de Ministros haya aprobado este viernes el Real Decreto por el que se modifica la actual Ley de Órganos Rectores de Cajas de Ahorros, que permitirá a estas entidades emitir cuotas participativas con derechos políticos, similares a las acciones, por un importe no superior al 50% de su patrimonio.
 
El máximo dirigente federal de IU ha calificado de "ataque a la democracia" ese Real Decreto porque "han quitado de la representación pública de las cajas a los representantes elegidos por el pueblo" y "no se puede hablar democracia cuando se quita a los representantes elegidos democráticamente en instituciones tan importantes como las cajas de ahorro".
 
Lara ha afirmado que con el acuerdo alcanzado por el presidente del Gobierno central, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, y del presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, principal grupo de la oposición, en esta materia, ambos dirigentes "han decidido entregarle a la banca española el 50 por ciento del ahorro de nuestro país, que está en las cajas de ahorro".
 
Para el coordinador federal de IU, éste es el "mejor regalo" que se le ha hecho a la banca española "desde hace muchos años en nuestro país", a pesar de que esta última "no es un ejemplo" porque "gracias a la banca española hemos tenido una crisis financiera internacional, pero también nacional".
 
Cayo Lara ha continuado criticando la "economía especulativa que ha desarrollado" la banca, la "usura", a pesar lo cual "tuvieron que correr cuando organizaron el fiasco" para que "el Estado, es decir, los ciudadanos, salváramos y protegiéramos a la banca".
 
El coordinador federal de IU ha estimado que si en España hubiera banca pública "no tendrían tanta ruina muchas medianas y pequeñas, que han sido asfixiadas por esa banca a la que hoy se le entrega el patrimonio de las cajas de ahorro" por parte Rodríguez Zapatero y Rajoy.
 
Al respecto, ha recordado que "en España tuvimos banca pública con Argentaria, el Banco de Crédito Industrial y el Banco de Crédito Agrícola" y ha argumentado que el modelo que propone el Gobierno central de economía sostenible "no es posible sin que esté acompañado por una banca pública".
 
Cayo Lara ha señalado que van pedir "alianzas y apoyos" para "que no se privaticen las cajas de ahorro", sino que "sigan con la función de ser las cajas pegadas al territorio para desarrollar economías productivas y para que sirvan de soporte a los autónomos, familias y pequeñas y medianas empresas, que están necesitando del crédito y de la ayuda de un nuevo modelo de banca pública en nuestro país".

Llamazares tacha la reforma de las cajas de ahorro que plantea el Gobierno como el mayor escándalo en materia económica de los últimos años

Llamazares tacha la reforma de las cajas de ahorro que plantea el Gobierno como el mayor escándalo en materia económica de los últimos años

El portavoz parlamentario de Izquierda Unida en el Congreso, Gaspar Llamazares, rechazó hoy la reforma de la Ley de Órganos de Representación de las Cajas de Ahorro (LORCA) aprobada hoy por el Consejo de Ministros y la tachó como el “escándalo más importante en materia económica de los últimos años”. En su opinión, supone un “ejercicio antidemocrático” que beneficia ante todo a los “especuladores privados” al suponer la “privatización práctica” de estas instituciones y acabar con su fin “social y redistributivo”.
 
Llamazares advirtió en rueda de prensa en el Congreso que gracias a las cuotas participativas con derechos políticos, el capital privado podrá aprovecharse de los 13.500 millones de dinero público que ha costado el saneamiento de las entidades a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) gracias al “regalo” del Gobierno.
 
Reclamó a José Luis Rodríguez Zapatero que “no engañe a los ciudadanos y no dé el cambiazo”, después de que su Ejecutivo haya “dedicado dinero público a financiar beneficios privados”.
 
El dirigente de IU denunció que Rodríguez Zapatero ha actuado “al dictado oscuro del Fondo Monetario Internacional y del Banco de España para volar el último baluarte de la economía mixta y social” que recoge la Constitución con esta privatización de hecho, todo ello avalado por los “presidentes eventuales” de algunas de las cajas.
 
Gaspar Llamazares indicó que el Ejecutivo ha actuado “de forma antidemocrática” ya que ha elaborado su reforma sin contar ni con los representantes de instituciones sociales en los consejos ni con los gobiernos autonómicos y ayuntamientos, utilizando “el deterioro de lo público para profundizar en la privatización de cajas de ahorro”.
 
En este sentido, auguró que la reforma aprobada hoy por decreto ley puede tener el rechazo de comunidades autónomas y ayuntamientos, que podrían llegar incluso a los tribunales, “a no ser –dijo irónico- que lo impida algún partido (el PP) que se considera representante de las comunidades”.
 
Consideró “inaceptable y escandaloso” que las cajas de ahorros, importantes para la economía de las últimas décadas y que hasta ahora no sólo pertenecen a sus impositores sino también a entidades como municipios y comunidades autónomas hayan sido “cambiadas en su naturaleza” por una decisión impuesta.
 
Llamazares avanzó que el Gobierno tiene previsto que el decreto ley se vote el próximo 21 de julio, un día después de votarse las propuestas de resolución del Debate sobre el estado de la Nación, el techo de gasto y las enmiendas de totalidad a la reforma laboral, algo que puede convertir los plenos en un “pandemónium” de votaciones cruzadas.

La zona azul crece hacia Cotobro

La zona azul crece hacia Cotobro

Ideal
La zona azul sigue ganando terreno en la primera línea de la playa de Almuñécar. En los próximos días está previsto el Ayuntamiento amplíe la regulación mediante aparcamiento de pago a casi un centenar de aparcamientos hasta ahora gratuitos, desde la zona de Jardines Mariotte hasta el final de la urbanización 'Los Ramos', en dirección a la playa de Cotobro.
Así lo han comunicado los servicios técnicos municipales y la Policía Local. En el informe al que ha tenido acceso este periódico se subraya «la necesidad de implantar como zona de estacionamiento regulado la zona del Rincón de la China, en el paseo de San Cristóbal, en su tramo comprendido entre urbanización Jardines Mariotte y cruce con avenida Mediterráneo y desde ésta hasta la piscina comunitaria de la urbanización Los Ramos».
La propuesta ha sido elevada a la Junta de Gobierno Local. En principio los aparcamientos regulados serán una medida «provisional» para los meses de julio, agosto y septiembre. Por tanto, se aplicarán este verano «de forma transitoria, en tanto en cuanto se redactan los pliegos técnicos-administrativos definitivos». La empresa concesionaria de la zona azul abonará al Ayuntamiento un canon trimestral de 3.272,96 euros por la explotación de estos aparcamientos.
Por otro lado, el Ayuntamiento sexitano ha aplazado la puesta en marcha de zona azul en la avenida Adolfo Suárez, el vial que accede a la playa Calabajío, y que iba a afectar a unas 200 plazas. Por el momento la medida se congela y las plazas de aparcamiento seguirán siendo gratuitas, a pesar de que en un primer momento se dio la orden a los técnicos municipales de que tramitaran la conversión en zona azul con máxima prioridad.

IU denuncia el nuevo intento de injerencia de la derecha del Parlamento Europeo en el sistema político de Venezuela

IU denuncia el nuevo intento de injerencia de la derecha del Parlamento Europeo en el sistema político de Venezuela

El pleno del Parlamento europeo ha votado esta tarde, con la presencia tan solo de 67  de los 735 eurodiputados una resolución sobre Venezuela promovida por los grupos de la derecha, la extrema derecha y los liberales.
 
Willy Meyer, eurodiputado de IU, ha declarado que “este es un ejemplo más de la injerencia de la derecha europea en los asuntos venezolanos”. “Esta vez han utilizado como pretexto el caso de la jueza Maria Lourdes Afiuni, que se encuentra en prisión preventiva acusada de corrupción, en estricta aplicación de la legislación de la República Bolivariana de Venezuela”.
 
“Ha quedado claro, una vez más que esta resolución es una maniobra de la derecha del Parlamento Europeo, que instrumentaliza el tema de los derechos humanos, utilizando una doble vara de medir”.
 
Los diputados que han promovido y votado esta resolución son los mismos que se niegan una vez tras otra a tratar el tema de los presos políticos saharauis en cárceles marroquíes, que guardan silencio ante los asesinatos de sindicalistas y líderes sociales en Colombia, o que impidieron que el Parlamento Europeo condenara el golpe de Estado en Honduras”- explicó Meyer.
 
El eurodiputado apuntó también que “el verdadero propósito de la derecha y de los liberales es deslegitimar el sistema político de la República Bolivariana de Venezuela ante los próximos comicios de septiembre”.
 
“Esta resolución no es más que un nuevo intento de desprestigio en la campaña organizada por grupos de la oposición venezolana, de la mano de ciertos grupos mediáticos y la derecha europea.”
 
En definitiva, “los votos a favor de la derecha y liberales, junto con la extrema derecha, frente a los votos en contra de socialistas, verdes y la Izquierda Unitaria,  ha dejado bien claro quien en el Parlamento Europeo se presta a ese juego de manipulación”-  finalizó Meyer.

IU pide que se respete el carácter público de las cajas

IU pide que se respete el carácter público de las cajas

El anuncio de la reforma de la Ley de de Cajas anunciada por el Gobierno, no deja de plantear nuevas dudas de cómo pueden afectar a CajaGranada los cambios propuestos por el ejecutivo de Zapatero que abren la puerta a la privatización de las cajas y reducen la capacidad de decisión de los representantes democráticos.
 
Manuel Morales, coordinador provincial de Izquierda Unida de Granada, pide al Partido Popular y PSOE el compromiso público, para que esta reforma no afecte al carácter público de las cajas, y que le digan a la ciudadanía antes de consumar ninguna fusión "si acaso tienen la intención de utilizar los fondos públicos del FROB para posteriormente facilitar la venta de la caja de los granadinos a la banca privada".
 
Desde IU consideran que si al final todos estos movimientos están encaminados a la privatización de la caja granadina, "es una mala noticia para Granada". Desde Izquierda Unida se valora muy negativamente lo que puede ser el proceso privatizador más agresivo y con la mayor enajenación de bienes públicos de la propiedad de los españoles en la historia de España.
 
Para Izquierda Unida es necesario garantizar la presencia de los representantes públicos en sus órganos de gobierno, "la mejor garantía para los granadinos de que el poder financiero se utiliza en interés del bien general es una Caja gestionada por el poder público y nunca dejándola en las manos privadas que han provocado esta crisis" ha sentenciado Morales
 
Finalmente, el coordinador provincial de IU, ha reiterado la convicción de su fuerza política de que "salir de la crisis requiere de una banca pública", ha lamentado la falta de liderazgo del gobierno andaluz a la hora de hacer posible una Gran Caja Pública Andaluza. "algo que sólo es posible con impulso político y compromiso presupuestario por parte del Presidente de la Junta, que en lugar de hacer discursos sobre las cajas, debería hacer valer su poder y su autoridad para ofrecer a Caja Granada una salida que no sea la de fusionarse fuera de Andalucía"