Abusos de zona azul en Almuñécar

Juan Luis Delgado Mansilla

Sr. Director de IDEAL: Los vecinos de Playa Velilla queremos expresar nuestro malestar y nuestra impotencia por el trato que se nos está dando por el Ayuntamiento de Almuñécar, y nos sentimos indignados con la medida adoptada al implantar en toda la Playa de Velilla y el Paseo Reina Sofía la 'zona azul'. Creemos que esto no representa ningún beneficio para los vecinos y pensamos que va a suponer un inconveniente añadido al que ya padecemos y que sólo tiene un afán recaudatorio, un impuesto suplementario para poder aparcar en un pueblo que registra el Impuesto Municipal de Circulación más elevado de los municipios de la provincia.

Los vecinos, los negocios, trabajadores y turistas, padecemos desde que comenzaron las obras del parking los inconvenientes de las propias obras, además de ruidos, polvo, tráfico cortado, y encima nos hemos visto privados de una línea regular de autobús. Eso ha supuesto para muchos un gravísimo problema, ya que, teniendo en cuenta la edad avanzada de muchos vecinos, y de otros muchos que no poseen otro medio de transporte más que el público, un sacrificio bastante grande ya que han tenido que realizar el trayecto a pie para poder ir al centro, a la hora de hacer sus compras, o no les ha quedado otro remedio que utilizar el taxi.

Se supone que hemos estado aguantando porque nuestras esperanzas se basan en que, una vez finalizado el parking, la zona va a quedar mejorada y se va a descongestionar el aparcamiento con la rotación que va a existir con el parking subterráneo ya que quedará mayor disponibilidad en las plazas sobre la cubierta del restante paseo, pero sinceramente también creemos que, tras todo lo que llevamos ya padecido, nos merecemos un poco más de miramiento y un poquito de consideración.

Hemos podido constatar que no se nos ofrece ninguna otra alternativa de aparcamiento y que sólo existe la de pago, y creemos que no se puede obligar a todos los residentes y trabajadores de la zona a aparcar en zona azul ya que supone un gasto considerable e innecesario y además, no se puede vivir con la continua pesadilla de que el límite horario excede y hay que dejar los quehaceres para coger un nuevo ticket y no multen. Encontramos que, con los inconvenientes que ya presenta Playa Velilla por la obra del parking, es un abuso marcar toda la playa como zona azul.

Entendemos que si lo que pretende el ayuntamiento es evitar que los no residentes aparquen y cubran sus vehículos con un toldo durante todo el verano, a lo cual también nos oponemos, deben existir otros medios para evitarlo y deberían ser estudiados. Por último, si lo que pretende es ahuyentar cualquier turismo de la zona y que cualquier persona opte por pasar de largo, lo va a conseguir, ya que en este pueblo al turista que viene a veranear, aparte de incrementársele el presupuesto de su estancia con el aparcamiento, no se le ofrece ninguna otra alternativa, ni medio de transporte público en condiciones, fiable en sus horarios y cuya frecuencia sea mayor.

Con esta fórmula no se consiguen paliar los problemas sino únicamente incrementarlos y además penalizar al visitante y a todos los terceros implicados que viven de una de las fuentes de riqueza de este pueblo, que seguro buscarán y encontrarán otros pueblos que, deseosos de mayor afluencia de turistas a sus playas, los traten mucho mejor.

Por último, lo que no podemos admitir tanto los residentes habituales, trabajadores y turistas, es tener que sufrir el sufragar un gasto suplementario de una zona azul además de los inconvenientes de las obras durante los meses de verano, a lo cual nos oponemos rotundamente.

A través de esta carta rogamos al ayuntamiento, en especial al alcalde, que reconsidere las medidas adoptadas y proceda a quitar la zona azul, tome medidas contra aquel que plante el toldo encima del coche para invernar todo el verano, considere dar, en caso de seguir adelante con la imposición de la zona azul, una alternativa satisfactoria a los contribuyentes implantando un eficiente transporte público que lo mantenga comunicado con el centro del pueblo y otras propuestas para que no perjudiquen tanto a los residentes y a los trabajadores que venimos sufriendo muchos inconvenientes desde que se empezó la obra.

De PP a Don José y sin San Josemari

Ramon Reig

El PP ha estado este fin de semana de congreso porque quiere pasar de Pepe a Don José quitándose de encima, en la medida de lo posible, a San Josemari. Ya sé que hay de por medio ambiciones personales y de poder (la voluntad de poder como motor del ser humano) pero me gusta enfocar la situación así, es como más riguroso, como puede que aparezca en el futuro en los libros de Historia: la derecha española, una parte, en junio de 2008 desea de una puñetera vez quitarse de encima a la España de sotana y sacristía que la tiene paralizada, fuera de la ilustración y de la ideología liberal auténtica, un papel que asume el PSOE, sólo que el mayordomo siempre imita al señor pero no es el señor y por eso le añade esas pamplinas de las leyes de la supuesta Igualdad y payasadas varias.

 

La ley de los 2.500 euros por niño parido en suelo español es una ayuda para la madre legal, por tanto ni es para el padre ni es para el padre español de una mujer extranjera embarazada que esté regulando su situación. La ley de la Igualdad es de la desigualdad y anticonstitucional. Los divorcios no defienden a la mujer si no trabaja porque permite al hombre dejarla en la indigencia. El feminismo sólo está en los papeles de los periódicos y en las bocas falsas y enseñadientes de los políticos. Y la solidaridad también, ya sabemos lo que han hecho los señores y sus mayordomos en la UE en relación con los inmigrantes. Pero vamos a lo que vamos.

            El PP de Rajoy fue a las pasadas elecciones con la bendición de la Iglesia y de los fachas menos el puñadito que se presenta por Falange y que si lo buscas no tiene ni sede. Se presentó con la sombra de Aznar y sus guerras santas en pro del cristianismo, al que utiliza como excusa ante su poca valentía de admitir que lo que desea es arrancar para Occidente toda la riqueza energética que pueda a costa de sus dueños y de matar inocentes de allá y de aquí. Este tipo es despreciable porque no tiene huevos para admitir sus tendencias fascistas, me caen mejor los fachas que vienen de frente pero le agradezco a su mujer, Ana Botella, relacionada con organizaciones religiosas fundamentalistas bien vistas por el Vaticano y sin embargo sectarias, que durante la invasión de Irak en 2003, cuando los daños colaterales (o sea, el asesinato de civiles) estaban a la orden del día, declarara que la culpa la tenía Sadam Husein. Eso se agradece porque ya sé con qué tipo de señora me juego los cuartos para disparar yo primero antes de que ella me mate a mí. No hay enemigo pequeño.

            Esta gentuza y una Iglesia arcaica que no se acostumbra a no tener al Estado a sus pies para que la ayude a lavarle los cerebros a la gente y así llenar sus arcas es lo que está detrás del PP que se presentó a las elecciones para quitarle el puesto al mayordomo Zapatero. Y no pudo. Estaban convencidos de que el hombre de los ojitos claros y la voz aparentemente persuasiva que parece que está pronunciando aforismos de los buenos pero apenas dice algo notable, había ganado las anteriores elecciones por el bombazo de Madrid y que como encima había negociado con ETA no aguantaría una nueva embestida. Y sobre esas premisas montaron la campaña electoral. Un mediocre contra otro mediocre: el hombre de paja de Aznar contra el hombre de paja de González. Debates cara a cara que daban pena y demostraban en manos de quiénes estamos y de quiénes seguimos. Ni una reflexión fuera de lo común, todo anodino, ni un análisis con perspectiva histórica y con contexto, no han aprendido nada de Suárez, de Carrillo, de Anguita, de Tierno Galván, del mismo González, de Alfonso Guerra, incluso de Fraga o Garrigues Walker, don Joaquín. La niña de Rajoy fue la gran aportación, copiada de campañas estadounidenses y mexicanas. Y perdieron.

            Empezó entonces la crisis. Desde luego Rajoy ya está casi acabado pero no lo iban a largar así como así, quedaba feo. El mismo Rajoy se ha dado cuenta de que aún tiene posibilidades de resucitar colocando al PP a la altura de la sociedad española, muy por delante de sus políticos. El PSOE logra conectar mejor no porque tenga algo innovador que ofrecer sino porque su maquinaria mediática y de poder es más lista (no inteligente, eso ya no se lleva) y hace las cuentas: tantas mujeres, tantos gays, tantas lesbianas, igual a equis votos, más el voto cautivo, más el progrerío con cursos de CCC por correspondencia, más el voto útil, igual a una ligera victoria. La izquierda de verdad se queda en casa y muchos jóvenes también. Pero eso no importa.

            El PP se apuntó al nacionalismo castellano, el de en el Imperio nunca se pone el sol, el que exportó a América Latina (Hispanoamérica, dicen ellos) todo lo rancio y contrarreformista que ha destrozado las mentes de aquellos habitantes que han mezclado el catolicismo hipócrita y negro con sus supersticiones y sus ignorancias, a esto se apuntó el PP. Y la sociedad de las células madre, del aborto amplio, de la reproducción asistida, de las terapias génicas, de los matrimonios gays, los jóvenes de las relaciones sexuales plenas a los 14 años, los de las generaciones bit, las mujeres y los hombres que estiman que lo que dicen los curas a estas alturas no se lo creen ni ellos, los profesionales que saben que la vida no es blanca o negra y que España no se va a desintegrar porque se siente uno a hablar con ETA, todos esos y los abuelos del Inserso le dieron la espalda al PP. Ahora Mariano quiere de una vez hacerle caso a los de la Generación del 98 y quitarse de en medio, en lo posible, al Opus de San Josemari (que hasta el nombre lo tiene pijo, como son pijos muchísimos de sus seguidores). Lo siento, ese mundo tan ordenado de la familia perfecta y la España como unidad de destino en lo universal ya no existe. Era demasiado hermoso para ser verdad. Ahora estamos en una travesía del desierto. La del PP no ha hecho más que empezar, aún no se llama ni Don José.

 

Los centros de internamiento son cárceles para inmigrantes

Campaña para cerrar los 174 Centros de Detención Temporal de migrantes repartidos en los 25 países de la Unión Europa.

 

Mauricio Vaiente

   

En los últimos meses se han sucedido las denuncias sobre maltratos y abusos en los Centros de Internamiento para Extranjeros (en adelante CIE's). La reacción oficial ha consistido en rechazar las imputaciones, acusando a las organizaciones de inmigrantes y de derechos humanos de pretender engañar a la opinión pública con montajes y manipulaciones.

 

Sin embargo, la falta de transparencia en la gestión de los CIE's y los obstáculos para el acceso a los mismos de familiares, abogados, trabajadores sociales y asociaciones, es un claro síntoma de que algo se pretende ocultar.

 

En un reciente informe encargado por el Parlamento Europeo , se señala que las condiciones de los CIEs en España son "innecesariamente severas, similares a las de la cárcel (casi permanente confinamiento en celdas, posibilidades limitadas de ejercicio al aire libre)". El informe resalta que "el personal de los centros es casi exclusivamente de seguridad", y que "no hay o es difícil obtener información sobre los derechos de los internados, sobre asistencia legal o servicios de traducción.

 

Hay centros que están cerrados al exterior (con presencia limitada de ONGs por la dificultad de obtener autorización de entrada)". Por otro lado, varias organizaciones sociales han pedido a la administración repetidamente que reglamente por ley el funcionamiento de los CIEs contando con el consenso de los grupos parlamentarios y no a golpe de orden ministerial.

En España hay diez CIEs, con una capacidad total para 2.284 personas, y repartidos entre Canarias (cuatro centros), Cataluña (un centro en Barcelona), Andalucía (un centro en Algeciras y otro en Málaga), Madrid (un centro), Murcia (un centro) y Valencia (un centro). El PSOE propone en su programa electoral ampliar su número y capacidad. Pero además, el gobierno ya ha anunciado que es necesario ampliar el periodo de internamiento más allá de los cuarenta días que establece la normativa vigente.

 

Esta última propuesta está en consonancia con la directiva europea de "retorno", llamada "de la vergüenza" por las organizaciones de derechos humanos. Según la directiva propuesta, las personas que se encuentren en territorio europeo en situación irregular serán detenidas por un periodo de hasta 18 meses. Esta directiva permitiría además que menores no acompañados fueran también internados en CIEs en algunos casos, y contempla la prohibición de entrada en territorio de la Unión Europea por cinco años para las personas que hayan sido expulsadas por estar en situación irregular.

 

Ante este peligroso retroceso normativo, que debilita gravemente los derechos fundamentales, hay que recordar que estos inmigrantes no han cometido ningún delito, puesto que estar en situación irregular no es sino una infracción administrativa, y por tanto la privación de libertad debe ser una medida excepcional tal y como recoge el derecho internacional. Europa, olvidando (una vez más) los principios democráticos y de preservación de los derechos humanos que se recogen en las cartas de constitución de la Unión Europea, condena a la cárcel a personas expulsadas de sus países de origen por las políticas económicas de la globalización neoliberal, y ante las que los países ricos emplean un doble rasero: que vengan a trabajar, pero sin exigir derechos.

 

El grupo de la Izquierda Unitaria Europea está llevando a cabo una iniciativa para recoger firmas contra esta iniciativa (http://www.no-fortaleza-europa.eu/showPage.jsp), que estrenará el procedimiento de codecisión con el mayor retroceso en materia de derechos humanos de la historia de la Unión Europea.

 

Como señala el grupo de la Izquierda Unitaria Europea, las condiciones en los centros de detención temporal de migrantes son muy similares a las que imperan en las prisiones, y a veces incluso peores. Después de haber visitado estos centros, ONG, agencias internacionales, delegaciones parlamentarias y periodistas han denunciado la iniquidad, la deshumanización y la degradación de estos lugares, donde se violan con frecuencia los derechos humanos y las libertades fundamentales y los migrantes son víctimas de violencia.

 

El hecho de que el gobierno español se haya mostrado favorable a la directiva europea de retorno y que haya anunciado la ampliación del plazo de internamiento en nuestro país demuestra que se sigue sin dar prioridad a la construcción colectiva de un modelo de integración y de convivencia intercultural frente a la política efectista de apostar por las expulsiones y el control de fronteras. La izquierda española tiene también el deber de trabajar de manera prioritaria por este modelo democrático de convivencia plural, en unas sociedades que, como la nuestra, son decididamente mestizas.

 

Lo ocurrido en los últimos tiempos en Italia no es extraño en este contexto de endurecimiento de las políticas de inmigración. Cuando el gobierno italiano legisla alentando una alarma social contra los inmigrantes que está totalmente injustificada, cuando hace declaraciones racistas sin que haya una condena comunitaria contundente, no está haciendo más que participar en esta peligrosa competición europea para ver quién establece la mano más dura contra los inmigrantes.

 

Quizás en Italia, al tipificar como delito la inmigración irregular y a los que alojen a los inmigrantes irregulares, se muestra sin hipocresía lo que se pretende hacer en otros sitios enmascarándolo con un lenguaje correcto.

Llevan al juez papeles que prueban que Del Ojo perdonó supuestamente dinero a un promotor

Pronto tendremos noticias de una investigación que, a denuncia de IU, está llevando Fiscalía acerca de casos parecidos a este que contamos de Ogíjares. Aquí se está investigando cómo es posible que unas gradas que eran gratis acaben costando casi un millón de euros. O como se entiende que un aparcamiento (el del Altillo y el del Hotel Bahía) acabe vendiendo las plazas de residentes al doble de lo comprometido en el Pliego de Condiciones). Por eso nos interesa contar lo que ocurre en otras localidades donde los trapos sucios van saliendo. Porque, al fin y al cabo, tampoco lo de aquí es tan novedoso ni tan original. Es lo mismo de siempre. Nosotros pagamos (basura, IBI, zona azul) y otros se ponen las botas.

El Ayuntamiento de Ogíjares entregó el pasado lunes al juez del 'caso Del Ojo' una documentación que acreditaría que el antiguo gobierno municipal supuestamente 'perdonó' a un promotor una licencia de obras y su fianza por valor de 45.000 euros -siete millones y medio de pesetas-. Según los informes aportados por el Ayuntamiento -ahora en manos del PSOE- el dinero nunca se llegó a ingresar.

El expediente está fechado en 2005. El ex diputado nacional del PP José Luis del Ojo compatibilizó su acta en el Congreso con la concejalía de Urbanismo de Ogíjares hasta octubre de 2006, un puesto del que dimitió tras desvelar IDEAL presuntas irregularidades en su gestión. Informaciones que dieron pie una investigación por parte de la Fiscalía del TSJA, que tras múltiples vicisitudes acaba de llegar a un juzgado de instrucción de Granada. Entre otras cosas, se detectaron contrataciones de obras por encima del presupuesto que había autorizado el pleno del Ayuntamiento o facturas autorizadas en contra de los informes de la interventora.

Especial relevancia para la investigación tuvo la aparición de una carta en la que un promotor asegura que Del Ojo, siendo alcalde en funciones, le invitó verbalmente a acometer una serie de trabajos en la localidad, una propuesta que se haría realidad pocas semanas después. En esta misiva, el promotor reclamaba al Ayuntamiento una deuda que casi alcanza los 160.000 euros.

Los protagonistas coinciden en varias ocasiones. Son los mismos que después intervienen en la contratación de las obras del pabellón por un millón de euros más de lo que había autorizado el pleno.

En la documentación aportada al juez por el Ayuntamiento vuelven a aparecer las mismas personas. Se trata de la licencia de una obra que, a tenor de la base imponible, estaba presupuestada en 690.560,64 euros -más de cien millones de pesetas-. El constructor tenía que pagar en tasas e impuestos 39.361,96 euros y otros 6.905,61 en concepto de fianza. Pero ninguna de las dos cantidades figuran después en las cuentas municipales, según el informe encargado por el Ayuntamiento.

En uno de los documentos incorporados al expediente aparece una nota manuscrita en la que el funcionario advierte de que «por orden de José Luis del Ojo han retirado la licencia pero no han pagado» y que había que «concretar» con el Ayuntamiento. Una 'concreción' que presuntamente nunca se produjo.

Las mismas fuentes apuntan que la colaboración del Ayuntamiento está siendo determinante en la investigación. El actual gobierno municipal también encargó una auditoría externa que reveló -entre otras cosas- que Del Ojo siguió autorizado tras su dimisión para acceder a todas las cuentas bancarias -cuatro en total- de la empresa municipal de suelo (Emogisa), de la que era miembro. El consejo de administración de Emogisa fue informado de la renuncia del ex edil el 26 de octubre de 2006 pero Del Ojo continuó con permiso para entrar en las cuentas, al menos, hasta el 31 de diciembre. El informe no aclara sin embargo si llegó a hacer uso o no de esos privilegios, aunque advierte de que había un descontrol tremendo de la contabilidad. Hasta el extremo -dice textualmente- de que «hay posibilidad de que existan apuntes registrados por el banco y no contabilizados por la sociedad (Emogisa)».

Desde esta sociedad se firmaron los contratos millonarios de la piscina y el pabellón municipal, dos obras denunciadas por la Fiscalía. Entre las dos se produjo una desviación de 2,6 millones de euros sobre el presupuesto que aprobó el pleno inicialmente.

Son las cifras por aclarar del 'caso Del Ojo', que después de tanto rodar no ha hecho más que empezar. La única referencia por ahora es la extensa denuncia elaborada por la Fiscalía del TSJA, la que después viajó hasta el Supremo. En su relato, el fiscal enumera casi seis millones de euros que no están claros, aunque parte de este dinero no se ha llegado a pagar. La cifra es la diferencia que va surgiendo de los distintos proyectos que se hacen para una misma obra. Las cantidades que cuestiona la Fiscalía son 63.073 euros por un lote de obras en calles; 3.125.496 euros por la casa de la cultura; 1.245.601 euros por el pabellón; y 1.464.511 por la piscina.

Concentración el lunes 14 a las 11 de la mañana en el Puerto de Motril

SOS RACISMO GRANADA CONVOCA A TOD@S LOS CIUDADANOS, A UNA CONCENTRACIÓN PARA DENUNCIAR LA POLITICA EUROPEA Y ESPAÑOLA DE INMIGRACIÓN QUE VULNERA LOS DERECHOS HUMANOS.

En esta concentración se arrojarán en un acto simbólico flores por las persona fallecidas. 

LUGAR: PUERTO DE MOTRIL. LUNES 14 A LAS 11:00 AM.

VOLVEMOS A LAMENTAR INJUSTAS MUERTES EN EL ESTRECHO

La Federación estatal de asociaciones de SOS Racismo expresa su pesar por las 28 muertes, de las que hemos tenido conocimiento esta semana, de personas que intentaban llegar en embarcaciones a las costas españolas. En esta ocasión, además,  hay que sumar que entre los muertos hay nueve niños y niñas de entre uno y cuatro años, y la dramática situación física y psicológica de las personas que han llegado con vida, habiendo perdido familiares, compañeras y compañeros, en el camino.

Asistimos a una lamentable, grave, pero sobre todo indignante cronificación de muertes y desapariciones de personas que asumen arriesgar su vida movidas por el impulso de conseguir un futuro mejor con más oportunidades que en sus países de origen. Con la llegada del buen tiempo se intensifica la salida de embarcaciones desde África hacia costas españolas, pero estas muertes se deben al blindaje cada vez más fuerte de las fronteras y la vigilancia en el mar, en especial respecto al continente africano, que obligan a las embarcaciones a realizar rutas cada vez más peligrosas. Se contabilizan 4.003 muertes y desapariciones entre el año 1998 y 2007. Seguramente un dato que es tan sólo una aproximación a la realidad, que posiblemente es aun mucho más dramática.

La frecuencia y la cotidianeidad de la repetición de estas tragedias puede hacer que nos acostumbremos a ello hasta convertirse en algo a lo que la sociedad sea indiferente, pero no podemos mirar hacia otro lado o ignorarlo, y no debemos olvidar que esto es una consecuencia directa de la política de inmigración que cierra las vías normales de entrada dejando como única alternativa viajes cada vez más caros y peligrosos.

Ante este drama humano evitable, Europa y el Estado español cierran los ojos, e impasibles, como hemos visto estos días con la aprobación de la Directiva de retorno y la propuesta del Pacto europeo de inmigración, continúan apostando por la Europa fortaleza mediante el blindaje de fronteras, control marítimo, expulsiones, etc., de lo que ya conocemos el resultado: continuamos dejando a miles de personas en situación irregular; favoreciendo el tráfico ilegal de personas; y continuamos promoviendo la tragedia de más muertes en el mar.

Desde SOS Racismo denunciamos que la política europea y española de inmigración vulneran los derechos humanos y estas muertes son su consecuencia más flagrante. Por ello, hacemos un llamamiento a la ciudadanía, para que no sea indiferente a esta injusticia y reclame responsabilidades a sus gobernantes, que están permitiendo esta situación.

10 de julio de 2008

Federación de asociaciones de SOS Racismo en el Estado español

 

Portavoces:

Javier Ramírez 610764638

Begoña Sanchez  687731335

Ana Cruz de Izquierda Unida tendrá que ir a declarar al Juzgado de Cuenca.

Falta una semana para que la portavoz del Área de la Mujer de Izquierda Unida de Cuenca, Ana Cruz Muñoz, acuda al juzgado de Cuenca en relación a su denuncia sobre la situación en el sistema sanitario público para la interrupción voluntaria del embarazo.

Además también tendrá que declarar sobre su autoinculpación de haber interrumpido su embarazo. Por tal motivo Cruz está recibiendo numerosas muestras de apoyo respaldando la postura adoptada. 

En este caso una de las últimas adhesiones llegaban del sindicato Comisiones Obreras de Cuenca, firmada por el responsable de Organización, Inocencio Martínez, sumándose así al respaldo que dio en su momento la Federación de Servicios y Administración de esta organización, y a muchos afiliados de Comisiones Obreras de la provincia y de Castilla-La Mancha.  

Además en la última semana también se han adherido a la resolución de apoyo y solidaridad con Ana Cruz Muñoz, su compañera de IU y concejal en el Ayuntamiento de Albacete, Charo Gualda, en nombre propio y en el de su grupo municipal. A su vez, desde Córdoba, la Asamblea de Mujeres “Hierbabuena” también han enviado su apoyo con la representante de Izquierda Unida.  

Dentro de esta campaña de IU para recoger apoyos a su compañera Ana Cruz, desde la asamblea local de Izquierda Unida de la localidad de Motilla del Palancar en apenas una semana se ha desarrollado una recogida de firmas de mujeres y hombres que han suscrito la resolución aprobada por la asamblea de IU de la capital conquense, para “manifestar su apoyo y solidaridad con Ana Cruz Muñoz, quien en nombre de muchos más ha sido citada a declarar ante un juez por defender los derechos y libertades de las personas y por ser una mujer que está representando legítimamente los valores más auténticos de la histórica y constante lucha de las mujeres por su liberación, su igualdad y por su derecho a decidir”, consiguiendo más de 150 firmas de ciudadanos de Motilla del Palancar, “se constata con esto que los motillanos y motillanas se comprometen con una mujer y de izquierdas como es Ana Cruz.

Llamazares pide una Ley de plazos 'sólida y creíble'

El coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, insistió hoy en la necesidad de avanzar hacia una ley de plazos del aborto "sólida y creíble" y avanzó su apoyo al Gobierno para todas las iniciativas que se activen con ese objetivo, pero no para aquellas que contribuyan a perpetuar la "insuficiente legislación actual" sobre la interrupción voluntaria del embarazo.

En una rueda de prensa en el Congreso, el líder de IU volvió a reclamar que la ley española se "homologue" a la europea en esta materia y que dé respuesta a los derechos de las mujeres sobre el control de su maternidad.

"Seremos críticos con las iniciativas contrarias a la consecución de una ley de plazos sólida y creíble", advirtió el coordinador de la federación de izquierdas.

LA VERDADERA CARA Y EFECTOS DEL NEOLIBERALISMO

Ángel Coello Infantes

Se miren como se miren, los acentuados procesos de desregulación y liberalización de los últimos años no han traído nada más que un aumento de las desigualdades, de la precariedad laboral y del peligro de recesión económica. El salario promedio (de los trabajadores en España) en el año 2005 tenía la misma capacidad adquisitiva que en 1997 y había crecido sólo el 0,4% en 10 años". Esto afecta principalmente a los más jóvenes, los llamados mileuristas, cuya alta edad de emancipación, que en España alcanza los 34 años, pone en peligro el relevo generacional y por tanto la estabilidad de la propia economía.

Según el Banco de España, la renta media del 20% de hogares de menor ingreso, bajó de 8.500 euros en 2002, a 6.500 en 2005, es decir, un 23,6%. Mientras que la del 10% de las familias con más ingresos pasó de 102.300 euros a 118.100, aumentando, por tanto, más del 15%. Por otro lado, según la OCDE, España es el único de sus países miembros que ha tenido durante el periodo 1995-2005 un descenso del salario promedio, el 4%, mientras que la renta de los que obtienen ingresos de la propiedades ha crecido un 73%. Es evidente que si esta tendencia se mantiene España se convertirá más pronto que tarde en un paraíso para los ricos pero también en un desgraciado ejemplo de injusticia distributiva e insolidaridad. Por tanto, actuar contra la desigualdad es ya una tarea urgente e inexcusable.

Las reformas laborales que han sido desarrolladas en España, principalmente, las de 1984, 1994 y 1997, han tenido como consecuencias principales, por un lado, la reducción de los costes salariales para la empresa (abaratamiento de los despidos, subvenciones por la creación de empleo) y, por otro, la precarización de las relaciones laborales y la flexibilización. Ambos tipos de medidas han sido reiteradamente justificadas desde la Administración y sindicatos “firmantes” por la necesidad de incentivar la actividad económica, por la obtención de una sustancial mejora en la competitividad frente al exterior y el consecuente incremento del empleo. Sin embargo, estos quince años de desregulación de las relaciones laborales no han conseguido las finalidades que le han servido de coartada, sino que han tenido como consecuencia no sólo el que gran parte de los nuevos contratos fuesen precarios, sino también la sustitución de trabajo regular y, en menor medida, desempleo real, por trabajo precario (empleos de jornada laboral completa por otros a tiempo parcial, contratos indefinidos por otros temporales).

En síntesis, la profundización en la dualización o segmentación del mercado de trabajo, es decir, en la brecha existente en las condiciones de vida entre unas personas con empleos estables y bien remunerados y otras desempleadas o con trabajos precarios y menos remunerados o, dicho de otro modo, en la profundización de las desigualdades sociales y en la taiwanización de nuestra economía. En todo caso, este fenómeno incide negativamente y de forma significativa en el bienestar social colectivo, toda vez que los ingresos por trabajo son los únicos de los que dispone la mayor parte de la gente. La pretendida mejora en la flexibilidad laboral se ha traducido casi exclusivamente en un incremento de la tasa de temporalidad desde el 15% al 35%, muy superior a la media comunitaria (12%), que ni siquiera las subvenciones a la contratación indefinida contenidas en la Ley 64/1997 han conseguido reducir.

 En este sentido, las corrientes de opinión progresista, los sindicatos, los partidos de la izquierda transformadora y verdadera y los movimientos sociales, deberían tener claro y al mismo tiempo tratar de aclarar al conjunto de la sociedad, que la desigualdad es un lastre, que no solo nos ha de preocupar, digámoslo así, como un simple asunto moral, que lo es, y muy importante. Es preciso también que la sociedad sepa, y para ello es necesario que todos estemos convencidos, que, además de eso, la desigualdad que se está generando es una inmensa rémora para la propia actividad económica y para la estabilidad política. De hecho, y aunque no se quiera reconocer, el incremento de la desigualdad en España es el efecto del progresivo empobrecimiento de nuestra economía, de su especialización en actividades de menor valor añadido, de nuestra incapacidad para competir a través de la calidad y de la excelencia y de nuestra dependencia de un modelo de crecimiento sin futuro, por muchos y altos que hayan sido los beneficios que haya podido proporcionar en forma de plusvalías.

Hemos de convencernos así mismo de que la igualdad no puede ser solamente un asunto relativo a las discriminaciones, ni de los que tienen que ver exclusivamente con las llamadas “políticas sociales”, sino que debe ser una materia que se conforme como aspiración social en el corazón mismo de las políticas económicas, al igual que hoy día forman parte de él objetivos como el crecimiento, la competitividad, el equilibrio, la estabilidad de precios o la creación de empleo. A la postre, de nada sirve que con la mano de lo social se quiera aliviar la desigualdad, si con la que maneja los hilos de la economía, se está generando en mucha mayor dimensión, como hoy día viene sucediendo. Por tanto, el compromiso debiera ser el de forjar un modo de crear actividad que implique un reparto más equitativo.

El problema es que la fe en el liberalismo es un virus ya muy extendido y con demasiada buena prensa, asumido tanto por el PP como por el PSOE, los creadores de opinión  y los “sindicatos mayoritarios” Así, tenemos a un presidente del Gobierno obsesionado con el superávit presupuestario, la reducción de impuestos o medidas populistas como el reparto de los 400€, en un país cuyo estado del bienestar es claramente deficitario. Según el INE el porcentaje del PIB destinado a gasto en protección social en 2005 (último año con datos) representa sólo el 19,54%. Hay que tener en cuenta que Eurostat sitúa la media del gasto en protección social en el 27,3% del PIB para la Europa a 15; es decir, estamos 7 puntos por debajo. Por otro lado, fue este Gobierno socialista el mismo que apoyó la fallida Constitución Europea que consagraba la nefasta directiva Bolkenstein, privatización de los servicios públicos o la reciente jornada de 60h., esas normas que son una puerta abierta a la proliferación del dumping y la exclusión social.

Las fuerzas progresistas y sobre todo la izquierda de este país, tienen que asumir cuanto antes y de forma sincera, un verdadero compromiso con lo que representan, que es la antítesis del modelo neoliberal. Los derechos de los ciudadanos y el desmembramiento del estado del bienestar son conceptos incompatibles por naturaleza.

El que fue ministro de economía español, Carlos Solchaga, lo reconoció claramente en su libro El final de la edad dorada (p. 183): "La reducción del desempleo, lejos de ser una estrategia de la que todos saldrían beneficiados, es una decisión que si se llevara a efecto podría acarrear perjuicios a muchos grupos de intereses y a algunos grupos de opinión pública".

Se están olvidando de que la actividad económica no es un fin en sí mismo o que, por ejemplo, la simple producción de mercancías, para cuya obtención se deteriora peligrosamente el medio ambiente, necesita en su caso, una explícita justificación social, es decir, que, en beneficio social de las generaciones actuales y venideras, por ejemplo, las ofertas no pueden crear sus propias demandas, sino que, en todo caso, tiene que producirse al revés. Por esta razón, debemos situar a los seres humanos como centro del eje de la vida social y de la actividad política. En definitiva, que el único objetivo de la política, de la política económica es, o debe ser, mejorar las condiciones de vida de la mayoría de los ciudadanos, es decir, principalmente constituir un instrumento para que la gente (la mayor parte de la gente) viva mejor.  En este sentido, bastantes dirigentes sociales olvidan, desconocen u ocultan que cada vez más se abre la brecha existente entre el creciente ejército de marginados y los «honrados ciudadanos».

Estepona: IU insta al PP a que participe en el futuro Consistorio y que deje la política de "tierra quemada"

El coordinador provincial de Izquierda Unida, José Antonio Castro, hizo hoy un llamamiento al Partido Popular para que deje de practicar una política de "tierra quemada" en Estepona (Málaga) y ejerza "su responsabilidad" participando en el futuro del Gobierno municipal de la localidad.

Castro realizó estas declaraciones tras conocer que el PP no presentará candidato a alcalde. Asimismo, afirmó que los partidos políticos y los concejales no imputados de todas las formaciones, "salvo los ex gilistas, tenemos la obligación y la responsabilidad de trabajar para el futuro de la ciudad y el PP parece preferir la política de cuanto peor, mejor."

Al mismo tiempo, el coordinador de la coalición en Málaga explicó que "ese esfuerzo y responsabilidad" de las formaciones políticas incluye exponer y desarrollar un programa de gobierno común.

"Lo que queremos es un gobierno fuerte, comprometido para regenerar la vida política y que dé seguridad a los ciudadanos", para lo que aseguró que "hace falta un programa que no sea de ningún partido".

Castro insistió en que "debemos asumir que en Estepona hay un problema y que somos los partidos los que debemos arrimar el hombro; sin desechar el programa y la ideología de cada uno, pero poniéndonos al servicio de la ciudad".

Por último, el máximo responsable provincial de la organización de izquierdas también pidió al PP que mire hacia otros municipios de la Costa y dé "un toque" a alcaldes de su formación como Torremolinos, Marbella o Fuengirola, "donde la opacidad de sus ayuntamientos es patente y el urbanismo que se practica deja mucho que desear.

Desde Almuñécar compartimos las reflexiones que hace el coordinador malagueño. En Almuñécar debemos afrontar con valentía una solución unitaria en la que, prescindiendo de nuestro programa particular, nos pongamos manos a la obra y saquemos del ayuntamiento a las personas que nos están arruinando y llevando a la institución al margen de la legalidad y la democracia.

El PP de Alhaurín de la Torre vota NO a una Moción de IU que solicita la retirada de la Directiva Europea sobre Tiempo de Trabajo

Mercedes Avila. Portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre

En Alhaurín de la Torre, el PP no ha realizado su viaje al Centro y se nos ha presentado en el Pleno de Hoy como el más genuino representante del ala dura y derechista del PP, puesto que ha votado  en contra de solicitar a la UE la retirada de la Directiva Europea sobre el Tiempo de Trabajo.

 El PP y su Alcalde Joaquín Villanova desconocen que El 1º de mayo de 1886, el proceso de huelga de los obreros de Chicago en defensa de la Jornada Laboral de 8 horas diarias, culminó con una masacre contra los trabajadores de índoles insospechadas para el Capitalismo emergente internacional.

El PP y su Alcalde Joaquín Villanova desconocen que Hace ya casi un siglo, el Primer Convenio de la OIT, de 1919, recogía de manera clara la reducción de la jornada laboral a 48 horas semanales para el sector industrial. Posteriormente fueron apareciendo otros convenios en el mismo sentido para otros sectores productivos.           

El PP y su Alcalde Joaquín Villanova, desconocen El artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores recoge, en su epígrafe primero, que la jornada laboral en España no podrá exceder de 40 horas semanales.           

El PP y su Alcalde Joaquín Villanova quiere que en pleno siglo XXI, la Comisión Europea nos impongan  la jornada laboral de 60 horas semanales para el conjunto de los trabajadores, de 65 para el caso específico de los médicos y de hasta 78 horas en cómputos mensuales, bajo el amparo de la “libertad de elección” acordada individualmente entre empresario y trabajador.  

El PP y Joaquín Villanova presenten aumentar  la flexibilidad en la jornada de trabajo, lo cual atenta gravemente contra las ideas de reparto del empleo y de las riquezas, en un modelo social de bienestar y justicia, sino que además constituye un grave ataque contra la organización de los y las trabajadores, puesto que se priman los acuerdos laborales de carácter individual sobre los colectivos, con lo negativo que esto representa para la organización de los trabajadores, la sindicación y la propia capacidad de intervención real de las organizaciones obreras en el plano de la regulación laboral. 

El PP y su Alcalde Joaquín Villanova están de acuerdo con esta Directiva aunque pueda suponer la perdida de conquistas ciudadanas  tan básicas como la estabilidad en el empleo de los trabajadores, la conciliación de la vida laboral y familiar, la salud y prevención de riesgos en el trabajo, la igualdad entre hombres y mujeres..

Para que los ciudadanos conozcan hasta que punto llega el sectarismo del Alcalde y sus Concejales, estos son los puntos propuestos por Izquierda Unida rechazados por el PP 

Primero.- Solicitar a la Comisión Europea la retirada inmediata de la propuesta de Directiva de Tiempo de Trabajo que se está debatiendo esta semana en la Unión Europea. 

Segundo.- Instar al resto de las Administraciones Públicas españolas y en concreto a todos los Ayuntamientos españoles a que se sumen al rechazo de la medida que se pretende sacar adelante por parte de la Comisión Europea. 

Tercero.-Hacer un llamamiento al conjunto de las organizaciones políticas, sindicales y en definitiva a la sociedad española para abrir, desde el encuentro y la unidad, un proceso de movilizaciones que tengan como objetivo la retirada inmediata de la propuesta de Directiva. 

La cortedad de miras del Alcalde y de sus Concejales llega a tal límite que por no votar una moción de IU, prefieren votar a favor de la sesenta horas de trabajo y en contra de los derechos sociales de los trabajadores.

Asamblea de Madrid: IU presenta una iniciativa parlamentaria contra la ‘Directiva de la vergüenza’

La Portavoz de Izquierda Unida en la Asamblea de Madrid, Inés Sabanés ha afirmado que “para IU es un tema prioritario que una directiva de las características de la Directiva del retorno, también llamada Directiva de la vergüenza, sea debatida en la Asamblea de Madrid. Por eso hemos presentado una iniciativa en la que expresamos nuestro más absoluto rechazo, y reclamamos al gobierno regional que tome partido, porque hay muchas cuestiones que afectarán a nuestra Comunidad”.

En este sentido, la diputada regional y Portavoz de IU en la Comisión de Inmigración, Caridad García, ha explicado que “la iniciativa presentada por IU insta al gobierno regional a mostrar su oposición a esta Directiva, que significa un importante paso atrás en los valores democráticos, y a trasladar esta postura al Parlamento Europeo y al gobierno español”.

García también señaló que la iniciativa quiere garantizar que el retorno de los menores, de producirse, debe hacerse con todas las garantías y “si no es posible la vuelta al entorno familiar o no puede acogerse a la tutela de los servicios de protección de su país, debe ser la Comunidad la que se comprometa al acogimiento y a proporcionar aquellos recursos que le permitan una vida digna. Además, la PNL presentada por el Grupo Parlamentario de IU insta al gobierno central a no aplicar la normativa.”

Por su parte, Sabanés ha denunciado “la hipocresía” de los que lamentan las tragedias de la Inmigración mientras apoyan directivas como ésta que “eliminen derechos en Europa, España y Madrid, y que crean categorías distintas de personas, incluyendo a los menores”

Para la Portavoz del Grupo Parlamentario de IU “es indecente que con la excusa de la crisis económica, se criminalice a las personas que llegan a Europa buscando una vida mejor, olvidando además que esta crisis es general y puede provocar una crisis alimentaria y humanitaria”.

Iu denuncia la pasividad del Gobierno ante el genocidio en el Mediterráneo

La coordinadora provincial de Izquierda Unida en Almería, Rosalía Martín, en nombre de su organización, lamenta los hechos sucedidos esta madrugada en la que han perdido la vida 15 inmigrantes que trataban de llegar hasta nuestra provincia y se solidariza con los supervivientes ante lo que considera una "pasividad por parte del Gobierno y los efectivos de seguridad que han permitido que durante seis días estas personas anduviesen a la deriva en alta mar si ser socorridos a pesar de que los radares han tenido que localizarlos en este tiempo".

Para Martín se ha actuado "con una dejadez total y se ha permitido un genocidio en aguas del Mediterráneo. La muerte se ha cebado además con los más débiles: mujeres, y niños. Esta situación se ha permitido desde el Estrecho y se ha puesto de manifiesto la necesidad de una actuación política contundente así como de prevención y de seguridad, un fallo que ha acabado con la vida de muchas personas y desde IULV-CA no podemos tolerarlo". Por ello, se pide que se investigue este suceso, una posible negligencia, "y se depuren responsabilidades".

Para Izquierda Unida es inconcebible que una embarcación con casi 50 personas a bordo no haya sido localizada en ese margen de seis días desde que salieron de su destino "cuando los radares hoy en día detectan hasta una botella en las aguas", por lo que la organización de izquierdas se pregunta si es que "estas personas son molestas y por eso se prefirió no actuar y dejarlas a su suerte en el mar.

Ya está bien de hacer oídos sordos ante estas situaciones", por lo que pide "más implicación desde los gobiernos, porque no basta con dar el pésame a la vez que se eluden responsabilidades". Asimismo Rosalía Martín quiere recordar a quienes hablan de manera hipócrita de facilitarles una situación de legalidad a estas víctimas de la actual política en inmigración, que "unos papeles no contrarrestan la pérdida de un hijo a esas madres que han tenido que lanzar a los niños muertos al agua".

Por otro lado Rosalía Martín felicita a los efectivos como Cruz Roja que han actuado en la ayuda y rescate de estos inmigrantes a su llegada a Almería y agradece a estas personas "su dedicación ante quien lo ha perdido todo".

65 horas semanales y móviles explosivos

Pascual Serrano

Mientras los ministros de Trabajo de la Unión Europea aprobaban la ampliación de la jornada laboral a 65 horas semanales, en la localidad donde vivo los vecinos distribuyen folletos advirtiendo del peligro de recoger teléfonos móviles abandonados porque pueden ocultar una bomba de ETA “con dinamita”.

Creo que esta escena ilustra mejor que ninguna otra la victoria del proyecto político y mediático que tenía como objetivo grabar en las mentes ciudadanas la psicosis terrorista y evitar cualquier crítica, reivindicación o ni siquiera el intento de comprender la realidad. Se desplazan de la mentalidad del individuo necesidades o deficiencias no resueltas, se aceptan limitaciones a la libertad en aras de la anhelada seguridad y se convierte al individuo en más conformista en la medida en que adopta la psicología de animal amenazado y atemorizado.

Somos muchos los que llevábamos tiempo advirtiendo que, independientemente de quien estuviera detrás de atentados terroristas o acciones armadas, el poder había encontrado el patrón psicológico perfecto que terminaría con ciudadanos pidiendo policías, guardias civiles, militares, vigilantes jurados, controles de carretera, de aeropuerto, en la recepción de los hoteles, en las grandes autopistas, en la carreteras comarcales, cámaras de vigilancia –sólo en el Reino Unido hay 4’2 millones de cámaras de circuito cerrado de televisión-, control de los correos electrónicos…

Hemos llegado a una sociedad que, obsesionada con asedios yihadistas, mafias procedentes de Europa del Este y nacionalismos desesperados, ve con tranquilidad tres guardias jurados en el control de equipajes de una estación de tren aunque no haya ningún operario que ayude a una anciana a subir al vagón. En el supermercado no nos importa que falten cajeras –o cajeros- mientras comprobemos que existan vigilantes a la salida que garanticen nuestra seguridad.

El pasado mes participé el día de San Isidro en una especie de romería popular de un pueblo de Castilla donde todos los vecinos de una localidad de mil habitantes pasaban el día en el campo. La ambulancia de la Cruz Roja estuvo presente para atender cualquier necesidad apenas unas horas, pero durante toda la jornada hubo tres vehículos de la Guardia Civil. La ambulancia, además, debe ser pagada por el Ayuntamiento y se nutre de profesionales voluntarios mientras que la Guardia Civil, como todos sabemos, forma parte de la plantilla del ministerio de Defensa. La sensación de terror creada, paradójicamente, por las políticas antiterroristas ha provocado que la ciudadanía pida y pida presencia de fuerzas de seguridad sin pensar si sus necesidades son otras. Los poderes públicos lo saben y optan por aparentar políticas eficaces con medidas y agentes del orden innecesarios. De ahí que con toda seguridad los vecinos protestarían más por el cierre de un cuartel de la Guardia Civil que por un ambulatorio. La humillación de la incautación de mi espuma de afeitar o una pequeña botella de agua mineral antes de subir a un avión no solamente no indigna, sino que crea la sensación de que nos están protegiendo nada menos que del viajero que se sienta al lado. El prójimo se ha convertido en un peligro que los cuerpos de seguridad neutralizan mediante la incautación de su botella de agua mineral. Sería una locura pretender unirme a él para protestar contra el aumento de la jornada laboral si hasta pido que lo “desarmen” para que me acompañe en el avión.

Si la psicosis terrorista permitió en Estados Unidos que el resultado de las elecciones presidenciales de 2001 fuese un tema menor comparado con la cruzada contra el terror en la que estaban inmersos, ¿cómo no va dejar a un lado en Europa algo tan irrelevante como el número de horas a trabajar cada semana, para centrarnos en la vigilancia de teléfonos móviles itinerantes que se emboscan a la espera de incautos a los que explotarles mediante la carga de dinamita que portan? Atrás queda la regulación de la Conferencia General de la OIT en Washington de octubre de 1919 que estableció el convenio por el que se limitaban las horas de trabajo a ocho diarias y cuarenta y ocho semanales. Hay que modernizarse.

Naomi Klein en su magnífico libro La doctrina del shock, ya explica cómo ha llegado a la conclusión de que la paz ha dejado de ser pretendida por los gobernantes y los grandes grupos empresariales. La situación de que no podía haber prosperidad económica en medio de la violencia y la inestabilidad ha quedado atrás. El psicópata modelo económico al que nos hemos abocado ha desarrollado toda una infraestructura de negocio en torno al terror y la inseguridad. No sólo se trata del tradicional beneficio de los fabricantes de armas, hablamos de enormes ganancias para el sector de seguridad de alta tecnología, aseguradoras que se lucran del miedo, servicios de vigilancia hasta el infinito. Si el índice Dow Jones bajó en 2001 tras los atentados del 11-S, el Nasdaq subió siete puntos tras las bombas en el metro de Londres. Además el terror paraliza reivindicaciones laborales, desplaza los controles sobre los gobiernos y multinacionales e inhibe propuestas ciudadanas de regeneración democrática. En este momento el fin de la amenaza terrorista y la estabilidad mundial sería un desastre económico y político para gran parte de consorcios y gobiernos.

La expresión reaccionaria de que no es bueno cambiar de caballo cuando se está cruzando el río se ha vuelto más eficaz que nunca en la actual situación de psicosis mundial. Cómo vamos a movilizarnos contra el aumento de la jornada laboral si estamos a punto de morir por la onda expansiva de un móvil que han dejado Bin Laden y la guerrilla colombiana de Tirofijo con el asesoramiento de ETA.

Llamazares se compromete a trasladar a la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso la propuesta de COAG, UCE y CEACCU sobre márgenes comerciales

Gaspar Llamazares se comprometió ayer a trasladar a los representantes parlamentarios que integran las Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados la proposición no de ley planteada por la Unión de Consumidores de España, COAG y CEACCU sobre márgenes comerciales.

Llamazares recibió en el Congreso de los Diputados a una representación de estas tres organizaciones quienes expusieron la necesidad de que la Cámara Baja debata sobre los abusos que se están produciendo en la cadena agroalimentaria con altísimos márgenes comerciales que perjudican a consumidores y a agricultores. 

Además, el líder de IU mostró su interés por la necesidad de otorgar mayores competencias al Observatorio de Precios, tal y como reclamaron las tres organizaciones, y la aplicación efectiva del artículo 13 de la Ley del Comercio que establece que el Gobierno del Estado “podrá fijar los precios o los márgenes de comercialización de determinados productos, así como someter sus modificaciones a control o a previa autorización administrativa,  cuando se trate de productos de primera necesidad o de materias primas estratégicas”.

El Comité de Aguas y Servicios se reúne con IU

El 7 de julio se ha mantenido una reunión entre el Comité de Empresa de Aguas y Servicios y responsables de IU. Por parte del Comité estuvieron presentes Mari Carmen Ruiz, presidenta; Salvador Morón, secretario, y Pablo José Moraga, vocal. En representación de IU asistieron a la reunión Fermín Tejero, como representante de IU en la Mancomunidad, Antonio Leyva, coordinador local de Almuñécar, y Antonio Aragón, responsable de movimiento obrero del Consejo Local de Almuñécar.

 

La representación del Comité explicó los numerosos conflictos que mantienen los trabajadores con el gerente de la empresa por su falta de respeto a la legislación laboral. La actitud de la empresa ha llevado a la Inspección de Trabajo a multarla con 300.000 €. En lugar de sentarse a negociar, la empresa ha despedido a dos trabajadores con el único objetivo de presionar a la plantilla.

 

El Comité de Aguas y Servicios mostró sus quejas por la pasividad de los responsables de la Mancomunidad. Ni Carlos Rojas, ni Pedro Álvarez han hecho nada por solucionar los problemas de los trabajadores a pesar de que en el pliego de condiciones por el que se adjudicó el servicio se establece con claridad que la Mancomunidad tiene el derecho y el deber de supervisar la actuación de la empresa en todos los ámbitos, incluido el laboral.

 

La representación del Comité y los responsables de IU coincidieron en la necesidad de exigir al PP y al PSOE que se impliquen directamente en este problema que no es el asunto interno de una empresa privada sino algo que afecta directamente a la gestión de la Mancomunidad. Asimismo, pidieron a Benavides, vicepresidente de la Mancomunidad, que no se esconda y asuma sus responsabilidades como máximo representante de este organismo tras la dimisión del presidente.

 

Tanto IU como el Comité critican la forma en que se está llevando a cabo la implantación de contadores electrónicos. Estos nuevos aparatos van a costar a la Mancomunidad un millón de euros, mientras que todos los beneficios van a ser para la empresa, que va a mejorar sensiblemente sus ingresos. El gasto es público pero el beneficio es privado. Igualmente, se criticó el hecho de que se estén sustituyendo contadores que tienen menos de un año y están en perfectas condiciones, lo que supone un derroche importante que luego recaerá sobre el bolsillo de los consumidores. También sobre el bolsillo de los consumidores está repercutiendo toda la política antilaboral de la empresa ya que los gastos de abogados e indemnizaciones se cargan en la partida de gastos generales y ese dato luego interviene en la fijación de las tarifas.

 

Los representantes de IU expusieron al Comité que es inadmisible que se esté haciendo con el agua un negocio tan descarado para aumentar las arcas de FCC y Acciona, que son quienes se están forrando con el agua de la costa. El poder de estas empresas a nivel estatal condiciona, sin duda alguna, las decisiones de los distintos gobiernos de la Mancomunidad.

 

En opinión de IU, la única solución estable a este conflicto pasa por recuperar la gestión pública del agua, rescatando la concesión, pero que ello sólo será posible si otros grupos políticos apoyan la idea, cosa que hasta ahora no ha ocurrido pues las mociones que IU ha presentado en diversos ayuntamientos de la comarca han contado con el voto en contra del PSOE y del PP.

 

Como solución intermedia, ambas partes convinieron en trasladar al conjunto de los ayuntamientos la posibilidad de aprobar un rescate temporal de la concesión, algo que está previsto en el pliego de condiciones por una mala gestión de la empresa.

La nueva semana laboral europea

Ignacio Sotelo. Catedrático excedente de Economía

 

Los ministros de Trabajo de la Unión Europea proponen una directiva comunitaria que permita al trabajador acordar una semana laboral de hasta 60 horas, y en profesiones en las que se hacen guardias, como los médicos o los bomberos, hasta de 65. La conmoción que ha producido la noticia tiene la virtud de mostrar a las claras la situación a la que hemos llegado.

Los gobiernos mayoritariamente conservadores de la Europa de los 27, capitaneados por la Italia de Berlusconi y la Francia de Sarkozy, apelan a la libertad del trabajador para permitir que cada cual pacte lo que quiera. Lo verdaderamente grave es que con ello se quiebra uno de los logros históricos del movimiento sindical: la negociación colectiva. El afán de seguir flexibilizando el mercado de trabajo ni siquiera se detiene ante la jornada simbólica de las 48 horas que, tras muchos años de lucha, en las condiciones excepcionales de la guerra, la clase obrera conquistó en 1917.

En los años 60, conocidos como la edad de oro del Estado de bienestar, se estrenó también la Comunidad Económica Europea. Y aunque el artículo 118 del Tratado de Roma reconociera a los entonces seis Estados miembros la competencia exclusiva en política social y laboral, los dos procesos se reforzaron mutuamente, al basarse el Estado social en el crecimiento que potenció la Comunidad.

A la larga, sin embargo, la integración económica europea ha ido creando un marco supraestatal de carácter neoliberal que pone límites muy precisos al Estado social. La UE ha rehusado implantar una política social comunitaria, pero obliga a los socios a que desarrollen la que consideren oportuna dentro de los estrechos márgenes económicos establecidos.

La ampliación al Este ha reforzado aún más la debilidad social de la Unión, al adherirse unos países que han desmontado prácticamente por completo las instituciones sociales provinientes del Estado colectivista.

La política social, incluyendo la lucha contra la pobreza en el sentido más amplio, es responsabilidad de los Estados; la Unión únicamente se encarga de la coordinación de estas políticas, tal como se concretó en el Consejo Europeo de Niza, en diciembre de 2000. Y justamente, las políticas comunitarias que han contribuido al desmontaje del Estado de bienestar explican el distanciamiento de una buena parte de la población. Si hubieran celebrado consultas populares, muchos otros países habrían tenido el mismo resultado negativo que el del referéndum irlandés.

En los años 80 se abrió paso la idea de que la automatización y la informática llevarían en su seno el fin del trabajo asalariado, o al menos lo modificarían de manera sustancial. Así como la mecanización del campo expulsó mucha mano de obra hacia la industria, la automatización la arroja a los servicios. Cada vez se necesitan menos personas empleadas en la producción, y las que quedan se dedican esencialmente a vigilar que un proceso totalmente automatizado transcurra sin incidentes. La industria del acero, y luego la del automóvil, son ejemplos patentes de la eliminación de cientos de miles de puestos de trabajo. Primero la máquina sustituyó al esfuerzo muscular, luego la automatización al trabajo y al final la inteligencia artificial acabará por desalojar a buena parte de los empleados en los servicios.

En lo que atañe a la demanda de mano de obra, lo probable es que las diferencias entre los servicios vayan en aumento, pero casi todos, por no decir todos, antes o después se verán afectados por las nuevas tecnologías. El progreso tecnológico aumenta exponencialmente la productividad, y con ella la riqueza, pero a costa de suprimir puestos de trabajo.

Los que consideran el trabajo como algo cada vez más residual en un mundo totalmente automatizado, en el que los robots terminarán por llevar a cabo hasta las más simples tareas domésticas, se preguntan de qué va a vivir la multitud creciente de desempleados.

¿Acaso cabe un capitalismo sin la díada, antagónica o no, de capital y trabajo? ¿O es el mercado, y no el trabajo, como quiere el marginalismo de la segunda economía clásica, el agente creador de riqueza y, por tanto, cabría un capitalismo en el que el capital no necesitase ya del trabajo ajeno?

Lo paradójico, al menos a primera vista, es que se tolere ampliar la jornada laboral, cuando el pleno empleo ha desaparecido de un horizonte creíble y la preocupación principal se centra en cómo repartir el trabajo y luego la renta nacional para que lo producido por una minoría esté también al alcance de los que se han quedado sin empleo. De lo contrario, el capitalismo se desmoronaría en una enorme crisis de superproducción. En el capitalismo tecnológicamente desarrollado la persona pierde relevancia como trabajador, pero la mantiene, e incluso la aumenta, como consumidor. El capitalismo podría tal vez subsistir sin trabajo asalariado, pero en ningún caso sin consumidores de lo que produce.

La tesis de que con el desarrollo tecnológico alcanzado desaparecerá el trabajo muestra una cierta verosimilitud desde la mera abstracción lógica, pero empíricamente nada se descubre que lleve trazas de que esto vaya a ocurrir en un futuro previsible. A nivel mundial el trabajo asalariado ha aumentado, como corresponde a la expansión de la producción capitalista por todo el planeta. También en los países de la OCDE, pese a que el desempleo se mantenga cerca del 10%, ha crecido la población activa. Entre 1981 y 1997, el empleo aumentó casi un 20%, es decir, una tasa media del 1,06% anual.

El incremento de la población activa se debe tanto a la incorporación de la mujer al mercado laboral, la verdadera revolución del siglo XX, como a la inmigración, que será la del siglo XXI. Lo cierto es que no se han concretado los planes de reparto del trabajo, o se han suprimido allí donde habían comenzado a ponerlos en marcha. Tampoco ha aumentado el tiempo libre para los que aún gozan de un empleo fijo; al contrario, cuanto mayores sean las competencias o las responsabilidades, la jornada laboral muestra también una tendencia a alargarse. Para la mayoría de los asalariados de los países de la OCDE, la llamada flexibilización del mercado de trabajo lo único que les ha traído es mayor precaridad.

Hay que tener muy en cuenta que, de aprobarse, la directiva comunitaria no significará un aumento de la jornada laboral en el conjunto de los sectores productivos. De lo que se trata es de permitir una mayor diferenciación de los horarios y de las jornadas laborales, acorde con las necesidades peculiares de cada rama. Que se atrevan a plantearlo ahora se debe a la escasez de puestos de trabajo, el factor que más debilita a los asalariados y a sus organizaciones.

También conviene insistir en que no tendrá la misma repercusión en todos los socios de la Unión. Los países menos avanzados de la Europa del Este, o aquellos con organizaciones sindicales más débiles, intentarán competir con salarios más bajos -ya lo hacen- y con jornadas laborales más largas, que es lo que ahora se quiere legalizar.

 

Denuncian al ex alcalde de Seseña por aprobar el PAU del "Pocero"

La Fiscalía Anticorrupción ha denunciado al ex alcalde de Seseña José Luis Martín (PSOE) por prevaricación, cohecho y delito contra la hacienda pública en la aprobación del PAU de El Quiñón de Seseña (Toledo), donde Francisco Hernando, 'Paco el Pocero', prevé la construcción de 13.508 viviendas.

Anticorrupción, que ha investigado la autorización de ese PAU durante dos años a instancias de Izquierda Unida, ha encontrado "unos incrementos patrimoniales injustificados" por parte de Martín, que gobernó en Seseña entre 1999 y 2003, por lo que ha presentado una denuncia ante el juzgado de instrucción de Illescas (Toledo).

El actual alcalde de Seseña, Manuel Fuentes, de Izquierda Unida, denunció ante la Fiscalía el 14 de julio de 2006 un presunto trato de favor por parte del anterior gobierno municipal y de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en la tramitación y aprobación del PAU.

La denuncia de la Fiscalía, fechada hoy 9 de julio, sostiene que el alcalde forzó el último día hábil de la legislatura la aprobación de un PAU que iba a quintuplicar la población del municipio a sabiendas de que faltaban informes preceptivos de la Comisión Provincial de Urbanismo o la evaluación ambiental de la Consejería de Agricultura de la comunidad.

Entre 2002 y 2005, Martín realizó sucesivas inversiones y desembolsos de importantes cantidades de dinero, incremento patrimonial que justificó ante la Fiscalía alegando haber cobrado un cupón de la ONCE premiado con 144.000 euros en el año 2000 y las sucesivas reinversiones de ese dinero.

La Fiscalía considera que esas afirmaciones no quedan acreditadas "al no constar declarados los incrementos patrimoniales relacionados con ese u otros ingresos".

Según la denuncia, en 2002 coincidió la presentación por parte de la empresa ONDE 2000 SL, propiedad de Francisco Hernando, del PAU en el Ayuntamiento con la suscripción por parte del Martín de dos fondos de inversión y seguros por importe de 158.000 euros y 1.800 euros, respectivamente.

También adquirió entonces un bien inmueble en Málaga por importe de 9.617 euros a pesar de que su salario entre 2001 y 2005 fue de 27.806 euros brutos, excepto en 2003, cuando, al dejar en junio el Ayuntamiento, sólo percibió 17.074 euros.

El 13 de mayo de 2003, cinco días después del pleno municipal en el que se aprobó el PAU, Martín suscribió tres fondos de inversión a favor de sus hijos por importe de 48.000 euros cada uno (un total de 144.000 euros).

Ese año también firmó fondos de inversión por importe de 20.000 euros a dos de sus hijos, realizó un desembolso en efectivo de 77.208 euros y se subrogó en dos préstamos hipotecarios por importe conjunto de 250.244 euros para comprar dos viviendas de la sociedad Promociones del Saz 2000 SL, empresa vinculada a ONDE 2000 SL, a la que ya se había adjudicado el PAU de El Quiñón.

En 2004, cuando José Luis Martín ya había dejado el Ayuntamiento, adquirió nuevos fondos de inversión por importe de 60.000 euros, mientras que el año siguiente firmó dos fondos de inversión por 15.000 y 110.113 euros, y desembolsó 71.334 euros a Promociones Zapata y Muñoz y 14.921 a Mapfre Mutualidad.

La Fiscalía relata en la denuncia el proceso de autorización del PAU, en el que el alcalde convocó tres plenos extraordinarios en los últimos meses de la legislatura para sacar adelante el proyecto, que aún no contaba con el visto bueno de la Comisión Provincial de Urbanismo ni con el informe ambiental de la Consejería de Agricultura.

Martín ignoró en varias ocasiones las advertencias de la oposición y el PSOE sacó adelante con sus votos el proyecto, aprobación que fue anulada por el Ayuntamiento después de las elecciones, que ganó Manuel Fuentes (IU).

La Fiscalía cierra la investigación con una denuncia que sólo afecta al ex alcalde, a pesar de que IU había pedido que se investigara la actuación de Hernando, la de varios ediles del PSOE y del PP y la del entonces consejero de Obras Públicas, Alejandro Gil, puesto que el informe de Urbanismo salió de la Consejería el mismo 8 de mayo en que se aprobó el PAU.

Asimismo, IU pidió la investigación de la relación del entonces presidente regional, José Bono, con la empresa ONDE 2000, que, según IU, habría realizado trabajos en la Hípica Almenara, de la que era accionista el actual presidente del Congreso.

La corrupción en Marbella deja un 'agujero' de 253 millones de euros

Nada menos que 253,5 millones de euros, más de 40.000 millones de las antiguas pesetas, en tan sólo cuatro años. Ése es el agujero que dejó la corrupción en Marbella entre 2002 y 2006, de acuerdo al informe aprobado por el Tribunal de Cuentas y que fue hecho público ayer.

El órgano fiscalizador hace un dibujo desolador del Consistorio bajo los gobiernos de los entonces alcaldes Julián Muñoz y Marisol Yagüe y la sombra del todopoderoso asesor de Urbanismo por aquellos años, Juan Antonio Roca: el saqueo fue continuado, con un Ayuntamiento que pagaba sin problemas obras inexistentes, que cobraba lo que quería por las licencias o que adjudicaba a dedo los concursos. Y todo ello, sin respetar las más mínimas normas administrativas.

El tribunal fiscalizador asegura que esos más de 250 millones de euros desaparecieron en las cuentas de las 31 sociedades mercantiles creadas por el Ayuntamiento y se convirtieron en la gran herramienta de los corruptos. Un turbio entramado empresarial, se afirma en el informe fiscalizador, para crear una administración paralela sin ningún tipo de «control financiero». Nadie «exigía la justificación del empleo dado a las transferencias o las deudas asumidas» por esas empresas del consistorio.

Todo era descontrol, según el estudio del tribunal. Los responsables de esas empresas municipales no tenían problemas para pagar, sin que constara en libro de contabilidad alguno, «con talones al portador o en metálico importes elevados» a supuestos prestadores de servicios. Incluso, se agrega, «las sociedades municipales aceptaban facturas de proveedores por obras en las que no constaban presupuestos ni proyectos técnicos».

La trama tejida por los herederos políticos de Jesús Gil se encargó de que nadie fuera de sus acólitos pudiera saber lo que estaba pasando. Durante los últimos años de la corrupción en Marbella, «el Pleno del Ayuntamiento no tuvo información ni ejerció ningún control sobre la gestión económica de las actividades municipales en general y de la sociedades mercantiles en particular», apunta tajante el organismo fiscalizador. Y aunque la oposición hubiese tenido oportunidad, tampoco hubiera podido enterarse de nada. Los equipos de Muñoz y Yagüe, como sus antecesores, trabajaban sin «presupuestos específicos».

No había presupuestos, por lo que tampoco había que ajustar las cuentas. Las partidas, a través de las empresas del Ayuntamiento, salían de las arcas municipales sin fiscalización alguna. Bastaba con coger el dinero y hacer una anotación en el registro: «A justificar». El tribunal concluye que «con carácter general se utilizó el procedimiento 'a justificar' para atender todo tipo de operaciones sin que existieran condicionantes objetivos que impidiesen su tramitación ordinaria».

No se controlaban los gastos, pero, aunque sorprenda, tampoco los ingresos. En la recaudación de las tasas municipales intervenían, cómo no, las empresas ligadas al Ayuntamiento. El Tribunal de Cuentas dice haber localizado todo tipo de irregularidades en los cobros: tarifas «excesivas» por licencia de construcción, obra o apertura de establecimientos; falta de ingresos por «cánones de concesiones» y dinero desaparecido de las multas de tráfico, entre otras muchas irregularidades detectadas.

Los chanchullos también se extendían a la contratación de personal. «El Ayuntamiento contrató trabajadores fuera de la plantilla sin realizar convocatorias públicas y sin una selección objetiva con base en procedimientos formalmente instituidos», relata el tribunal. Hubo incrementos de sueldos que «contravenían el régimen de la función pública», el Ayuntamiento pagó horas extras a sus funcionarios que superaban con mucho los límites legales establecidos y los regidores pusieron sueldos a simples trabajadores de hasta 100.000 euros.

Otro agujero negro de la corrupción marbellí se abrió en las obras y en los suministros. En esa partida contable cabía todo. La comisión de gobierno municipal no tuvo empacho en aprobar «proyectos y presupuestos inexistentes».

Tampoco había, subraya el informe del Tribunal de Cuentas, «ni controles técnicos» ni «controles financieros». El Ayuntamiento de la localidad costasoleña encargó proyectos a empresas constructoras «sin acudir a ningún procedimiento objetivo de selección» e incluso, en ocasiones, dio obras a compañías con objeto social que nada tenía que ver con el trabajo que se encargaba.

El Consistorio decía 'sí' a cualquier factura que viniera de las empresas consideradas 'amigas' Se aceptaron pagos por obras o suministros «no ejecutados o por un volumen superior a lo realmente ejecutado», se facturaron trabajos con precios mucho mayores que los existentes en el mercado y se aceptaron operaciones que superaban con mucho el presupuesto inicialmente acordado.

El descontrol también se apoderó de los convenios urbanísticos. Durante los cuatro años objeto de análisis del tribunal se aprobaron en total 98 planes, con el objetivo «habitual» de «recalificar terrenos». Sólo 48 de este casi centenar de convenios urbanísticos recibieron luz verde de la comisión de gobierno.

El urbanismo en Marbella fue convertido en una cuestión privada, en un negocio. «La planificación urbanística municipal fue sustituida por la firma de convenios particulares», denuncia el Tribunal de Cuentas en su informe. Este documento, explicaron fuentes judiciales, será uno de los ejes de las acusaciones de la Fiscalía Anticorrupción en el 'caso Malaya'.

El Parlamento Europeo pide que se investigue el trasvase del río Castril

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha solicitado a la Comisión Europea la apertura de una investigación sobre el trasvase del río Castril, tras admitir a trámite la petición presentada por la Plataforma en Defensa del Río Castril para que se paralice esta operación. El presidente de la plataforma, Miguel Ortiz López, señaló a este respecto que “el hecho de que Bruselas haya admitido a trámite la queja demuestra que el intento de trasvase del río desde el pantano del Portillo va en contra de varias directivas europeas, como las de Hábitat, Medio Ambiente y Agua”.

En este sentido, Ortiz reclamó “coherencia y sentido común” a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) y a los gobiernos central y autonómico porque, “a pesar de decir que el abastecimiento de agua está garantizado para la provincia de Granada y que ha desaparecido la emergencia, aún continúan con este proyecto sin la búsqueda de uno alternativo donde se sienten todas las partes y el río Castril no resulte perjudicado”.

Por su parte, el parlamentario andaluz de Izquierda Unida, Pedro Vaquero, denunció la “complicidad de la Junta” y la actitud “torticera” del PSOE en la mesa del Parlamento Andaluz para evitar el debate de una proposición no de ley presentada por la coalición de izquierdas. “Aunque el PSOE pretenda que este asunto no se trate en el Parlamento Andaluz, éste ya ha llegado al Parlamento Europeo”, aseguró, y añadió que el europarlamentario de IU Willy Meyer ya ha presentado varias iniciativas y visitará la zona el próximo 21 de julio en una jornada de trabajo que desarrollará en la provincia de Granada.

Asimismo, Vaquero aseguró que las poblaciones de Cortes de Baza y Castril no son insolidarias y tienen un proyecto alternativo para este trasvase “cuando sea necesario, que es tomar el agua desde la desembocadura del río y no desde la mitad del cauce”. Vaquero añadió que esta opción alternativa es la propuesta por el estudio de Tecnoma para la CHG “y para la que hubo una inversión de alrededor de 460.000 euros”.